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Sentencia CP-430-12 — Registro 5785

Resumen

En primera instancia se absolvió al imputado por el delito de Violación especial, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"... b) Esta Sala considera que en el presente caso correspondía al Ministerio Público acreditar más allá de toda duda razonable que el acusado conocía con certeza, al momento de los hechos, que la ofendida era menor de 14 años de edad. Lo anterior, en virtud que la carga de la prueba corresponde al ente acusador. De los medios de prueba agregados al proceso por la Fiscalía, consistentes en las pericias psiquiátrica, psicológica, de evaluación física y testifical, de las declaraciones de la menor victima y de la madre de ésta, no se logra derivar que el acusado conocía la verdadera edad de la ofendida N. F. S. S.. Por el contrario, de las declaraciones de la madre de ésta, señora N. L. S., se deriva de la primera que “mintió al acusado sobre su edad, pensando que si le decía la verdadera edad el imputado la iba a despreciar” y la segunda, manifestó que “se dio cuenta de la relación cuando su hija tenía cinco meses de embarazo, pues le preguntó a su hija, sintiéndose molesta cuando supo lo sucedido e interpuso la denuncia ante la Fiscalía porque tenía cólera, por último expresó que el acusado y su hija quieren formar un hogar junto con su hijo y que ha venido a declarar para darle la libertad al acusado”. Por lo anterior, esta sala considera que fue probado que el acusado no actuó a sabiendas que la ofendida tenía trece años de edad o con el dolo que requiere el tipo penal de violación especial, establecida en el Art.140.1 del Código Penal, figura delictiva que no puede ejecutarse por quien actúa en forma imprudente o culposa. Por otra parte, tampoco el ente Fiscal ha acreditado en juicio, que el error de tipo fuera invencible, es decir que el acusado antes de cometer del acceso carnal y durante el tiempo de sostener las relaciones sexuales con la menor, tenía los medios idóneos para llegar a conocer su verdadera edad. Si bien es cierto de la propia declaración de la menor, resulta que el acusado era amigo de las primas de la ofendida, quienes se lo presentaron a ella y que el acusado bien podía haber preguntado a estas o a la propia madre de la ofendida sobre la verdadera edad de la menor, lo cierto es que también en este caso, que correspondía a la Fiscalía acreditar que efectivamente el acusado tenía esos medios y que de ellos ya había indagado sobre su verdadera edad, para concluir que actuó con toda malicia o dolosamente. c) Por lo anterior, esta Sala concluye que las razones para considerar que el A Quo debió restar credibilidad a la declaración de la menor ofendida N. F. S. S., rendida en la sala de juicio, en atención a la relación victima-acusado y llegar a la conclusión que la menor le mintió al tribunal por salvar la responsabilidad del acusado con quien ya estaba casada y con un hijo común de ambos, lo cierto es que la mayoría del tribunal, con la inmediación de las pruebas, no vio motivos para dudar de dicha versión; asimismo por haber declarado la madre de la menor que ella denunció al acusado ante la Fiscalía porque tenía cólera pero que su hija y el acusado ahora tenían un hogar junto al hijo de ambos y por eso venía a declarar a favor del acusado para que lo pusieran en libertad. Asimismo esta Sala considera que con la prueba pericial, psicológica y psiquiátrica no se acredita un daño psíquico en la menor provocado a consecuencia de los hechos sometidos a juzgamiento. Y finalmente de la prueba física practicada a la menor, resulta que al momento de ser examinada por el médico tratante del Ministerio Público “…estaba con 22 semanas de gestación, ….con fecha probable de parto el 10 de agosto de 2009, …que la ofendida dijo haber existido mutuo consentimiento en la relación”. Por lo expuesto, esta Sala declara sin lugar el motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma, invocado por la recurrente..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...

d) Argumenta la recurrente en el motivo de casación la infracción por violación del artículo 124 de la Constitución de la República, en relación con el artículo 141 literal ch) del Código de la Niñez y la Adolescencia, así como el Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño. El artículo 124 Constitucional en su parte conducente dice: “Todo niño debe de ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata”.- El artículo 141 literal ch) del Código de la Niñez y la Adolescencia prescribe: “Un menor se encontrará en situación de abandono o peligro cuando: [....] ch) Sea objeto de acciones u omisiones que tiendan a pervertir su personalidad, tales como promover o facilitar la prostitución o cualquier otra forma de abuso sexual en general, todas las incitaciones que afecten el desarrollo psicológico, la dignidad, la autoestima y el sano juicio de los niños.- [...]“.Y el Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño dispone: “El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño.” La recurrente considera que la resolución emitida por el A Quo es una puerta abierta al irrespeto de los derechos de los menores y a las exigencias mínimas de moralidad de la actividad estatal, al darle visos de legalidad a una vulneración de los derechos del niño ofendido en la presente causa, generando la anulación de los derechos que le asisten, específicamente el derecho de ser protegidos de todo abuso sexual, al no aplicar sanción al responsable de la vulneración en los derechos de la menor N. F. S., que fue sometida a abuso sexual, aprovechando de su inmadurez cognoscitiva propia de su edad (13 años) e madurez psicológica necesaria para abordar su sexualidad. Esta Sala de lo Penal, considera que en el presente caso, si bien la menor N. F. S. S, resultó embarazada por el acusado H. F. C. A., cuando éste actuaba bajo la creencia que tenía catorce años de edad, lo cierto es que la norma sustantiva que el Ministerio Público considera infringida, contenida en el artículo 124 de la Constitución de la República, en relación con el artículo 141 literal ch) del Código de la Niñez y la Adolescencia, y el Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño no tienen aplicación en el presente caso. Lo anterior, en virtud que fue probado que la menor al momento de los hechos se encontraba estudiando su primer año de colegio, bajo el cuidado directo de su madre N. L. S., por lo que a pesar que salió embarazada del acusado en su minoría de edad, no por ello, procede considerar que la mencionada menor en ese momento se encontraba en estado de abandono, riesgo social, situación de crueldad o explotación laboral o sexual. Tampoco amerita en el presente caso, que la menor y su menor hijo sean institucionalizados, todo ello en virtud que prevalece el principio del interés superior del niño (a) y en el presente caso, en defecto del acusado, que ahora es el marido de la menor y la madre de ésta, cualquiera de ellos ofrecen suficientes condiciones de seguridad, cuidado y protección, como para garantizar el bienestar de la ofendida y del hijo de ésta, mientras la menor no logra valerse por su propia cuenta. Por lo anterior, esta Sala declara sin lugar el motivo de Casación de Infracción de Precepto Constitucional, invocado por la recurrente..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.SENTENCIA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS. El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, quien actúa como Coordinador, RAFAEL BUSTILLO ROMERO y ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, la siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-434-2012 por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha diecinueve de junio de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: 1) ABSOLVIENDO al señor H. F. C. A., del delito de Violación Especial en perjuicio de N. F. S. S. 2) NO DECLARÓ la responsabilidad civil del condenado H. F. C. A.. 3) NO CONDENÓ al Ministerio Público al pago de costas procesales, ni personales. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, y por Infracción de Precepto Constitucional, la Abogada K. L. M., en su condición de Fiscal del Ministerio Público. SON PARTES: La Abogada K. L. M., Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente; y el Abogado W. D. C. L., Apoderado Defensor del acusado señor H. F. C. A., como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS “Esta Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, valorando las pruebas practicadas en el juicio, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, declara expresa y terminantemente probados los siguientes hechos. UNO: A finales del mes de octubre e inicio de noviembre de 2008, la menor N. F. S. S. y el señor H. F. C. A., quienes tenían una relación de noviazgo, de manera concertada tuvieron relaciones sexuales, desconociendo el señor C. A., que N. F., tenía en ese momento trece años de edad.” III. ADMISION El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por la Abogada K. L. M., en su condición de fiscal del Ministerio Público, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. IV. RECURSO DE CASACIÓN La recurrente abogada K. L. M., fiscal del Ministerio Público procedió a formalizar su recurso de casación por quebrantamiento de forma y violación de precepto constitucional, de la manera siguiente: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS.- I. POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. UNICO MOTIVO: Que al haber dictado el Juzgador, sentencia absolutoria por el delito de Violación Especial lo hizo valorando la prueba inobservando las reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: De manera sucinta la mayoría de los miembros del Tribunal de Sentencia al valorar la prueba estimaron para emitir el fallo que ahora impugnamos: Que de acuerdo a la prueba evacuada consistente en las pericias psiquiátrica, psicológica, de evaluación física y testifical, no se tiene por acreditado que al momento de suceder el hecho relacionado, el acusado conociese la edad de la menor; es decir, que el acusado no conocía un elemento esencial del tipo de violación, el cual según nuestra norma penal en su artículo 140 numeral 1), consiste en el acceso camal con una persona menor de 14 años. Que lo anterior constituye la existencia de un “error”, mismo que se produce cuando la persona tiene una falsa representación de la realidad, pudiendo ser en el caso de merito, un “error de tipo” que sucede cuando el actor desconoce alguno de los elementos objetivos del tipo penal, por ejemplo: la minoría de edad de la víctima, como sucede en la presente causa; por lo que este desconocimiento repercute en la tipicidad, porque excluye el dolo, y que si bien es cierto con alguna diligencia de su parte el acusado pudo haber superado el error, puesto que el mismo error es vencible no es menos cierto que la ausencia de ésta diligencia no lo convierte en un autor doloso del hechos sino en uno imprudente, pero el tipo penal de violación no es de los que admite su comisión culposa, por tanto no se le puede atribuir al acusado bajo ningún titulo, corresponde por tanto la emisión de una sentencia absolutoria a su favor. Y es precisamente sobre ésta valoración de la prueba es que se centra nuestro reproche recursivo, pues estimamos que la probanza allegada al juicio resultó ser suficiente y contundente para establecer tanto la concurrencia del delito por el cual el Ministerio Público vino gestionando desde su génesis el presente proceso, así como la autoría del procesado sin que le favorezca a éste ninguna causa de exculpación; circunstancia ésta que incluso es compartida por la Juez, integrante del Tribunal sentenciador, quien en un loable voto disidente manifiesta estar en desacuerdo con el fallo emitido por la mayoría de sus compañeros de Sala, exponiendo de manera clara y precisa que su disidencia se fundamenta, al momento de valorar la prueba practicada en la audiencia de juicio oral y público, especialmente de la declaración de la testigo víctima N. F. S., por las razones siguientes: Ese Tribunal ha reiterado en fallos emitidos, que en los delitos contra la libertad sexual dado que su concurrencia no suele suceder en presencia de testigos, la declaración de la víctima exige una cuidadosa y prudente valoración, ponderando su credibilidad en relación con todos los factores, subjetivos y objetivos que concurran en la causa para dotarlos de credibilidad como prueba de cargo, tales como: ausencia de incredibilidad subjetiva derivada de las relaciones acusado-víctima, que pudieran conducir a la deducción cíe la concurrencia de un móvil de resentimiento o enemistad que privase al testimonio de la aptitud para generar ese estado subjetivo de certidumbre en que la convicción judicial estriba. Que en el presente caso, dicha valoración se exige respecto de la víctima en cuanto a la existencia de un propósito de favorecerlo, la menor ha manifestado que es la esposa del imputado, que lo ama y desea formar una familia con él, este tipo de relación entre imputado-víctima incide directamente en la credibilidad de la joven, quien al igual que su madre la testigo N. L. S., se ha mostrado reticente al rendir su testimonio, especialmente al responder las interrogantes del Ministerio Público, con lo que desde un primer momento la víctima denotó su interés de beneficiar con su dicho al acusado; pues es a interrogante de la defensa que la testigo refirió que ella le dijo al imputado que tenía 14 años cuando empezaron su noviazgo, siendo ésta pregunta, la utilizada por la defensa para sostener la postura de la existencia de un error de tipo; por lo que a criterio de la Juzgadora disidente, ello sólo responde a encaminar una estrategia de defensa para lograr la exculpación del imputado en la presente acusación. Que si bien la mayoría de sus compañeros Jueces integrantes del Tribunal Sentenciador, optaron por aceptar la tesis de la defensa respecto a la concurrencia de un error de tipo, otorgándole el carácter de invencible; a criterio de la Juzgadora, en el caso de mérito debió aplicarse lo que establece la jurisprudencia española, que enfatiza que dada la dificultad de determinar la existencia del error, por pertenecer éste a lo más íntimo de la conciencia de cada individuo, por tanto, para afirmar su existencia no basta su mera alegación, sino que deberá probarse, tanto en su existencia, como en su carácter invencible, y que necesita de otros elementos probatorios que le sirvan de apoyo y le permitan sostener desde un punto de vista objetivo su concurrencia; tomando en consideración las condiciones del sujeto activo, en relación con las que podría considerarse el hombre promedio, combinando así los criterios subjetivo y objetivo, partiendo de la naturaleza del delito que se afirma cometido. En el caso de mérito, de la prueba se deriva que el imputado conocía que la víctima se encontraba estudiando en el Colegio, cursando apenas el primer curso de ciclo común; de la evaluación física practicada a la víctima, se estableció que su contextura física es acorde a la estatura promedio de las niñas de su edad; y además de la conducta asumida por el imputado de esperarla a la salida del colegio, llevarla a un estacionamiento de un centro comercial para allí sostener relaciones sexuales con la menor en el interior del taxi que conducía el procesado y después llevarla a la estación de buses, para que ésta llegara a tiempo a su casa, aparentando que venía del colegio; todo ello refleja que la conducta del encausado es en afán de ocultar su relación con la menor y en especial de los padres de ella, pues la madre de la menor ofendida se enteró del embarazo de su hija, cuando ésta contaba con cinco (5) meses de embarazo; en consecuencia todo ello revela que el acusado debido a la diferencia de edad entre él (24 años) y la de la menor ofendida (13 años) sabía que la relación estaba mal y estaba consciente de que la menor estaba muy pequeña, por lo que la prueba en su conjunto hacen inaplicable la apreciación de la mayoría de la Sala respecto a la concurrencia del error en el tipo. No obstante a lo anterior, en el hipotético y lejano caso, de que concurriese el error en mención, tampoco la mayoría de los miembros del Tribunal Juzgador estimó, si dicho error pudo ser ó no vencible por parte del acusado, lo cual a criterio de la disidente si se pudo superar, precisamente por las razones señaladas en el párrafo anterior, y además de éstas, muy bien quedó también establecido que el acusado conocía a las primas de la víctima, que en todo caso constituían el medio de información fehaciente accesible y capaz de desvanecer el supuesto error alegado, como tampoco el acusado se abocó a los padres de la niña; que en todo caso de haberlo realizado hubiese dado sustento a la versión de la defensa de que la relación con la menor, era con la mejor de las intenciones, ya que en estos casos, un acercamiento a la casa y familia de la menor era lo esperado. Finalmente la Juez disidente puntualizó, que el hecho de usar un taxi para procurar sus propósitos, la actitud del imputado de alejamiento aún y cuando sabía del embarazo de la menor, ello solo indica que el señor H. F. C. sostuvo relaciones sexuales con la niña N. F. S., con el único propósito de satisfacer su apetencia sexual, aprovechándose de que él es un adulto plenamente capaz y la víctima, era una niña de tan sólo trece años de edad, la cual resulta muy escasa para tener la capacidad de discernir. Del contenido del voto disidente, queda plenamente evidenciado la inobservancia de las reglas de la sana crítica por parte de la mayoría de los Sentenciadores al momento de valorar la prueba y emitir un fallo incorrecto; es así, que si el Juzgador hubiese apegado la sentencia a la regla lógica de la derivación en su postulado de razón suficiente en su característica de suficiencia y de las máximas de la experiencia, al armonizar la prueba en su conjunto, el resultado del proceso hubiese sido un fallo distinto al emitido y por ende ajustado a derecho, por cuanto la prueba de descargo basada únicamente en la declaración de la menor-víctima y específicamente en la respuesta de que ella le mintió al acusado respecto a que su verdadera edad superaba los 14 años, cuando ella inició relaciones sexuales con el imputado, esto no resulta suficiente para desacreditar los extremos que refleja la totalidad de la prueba de cargo, de que los hechos no pudieron haber ocurrido de manera distinta que la descrita en la formalización de la acusación. Es así que además de lo establecido por la Juez disidente en su voto particular, por nuestra parte debemos agregar, que a excepción de la respuesta antes mencionada y citada por la menor ofendida, el resto de su deposición refleja el grado de inmadurez de la víctima y de la revictimización de la cual sigue siendo objeto, por los siguientes hechos: La menor N. F. S. al momento de declarar en juicio oral y público de manera sucinta depuso “que a través de sus primas conoció a H. F. C. hace cuatro (04) años, cuando ella contaba con trece (13) años de edad y H. veinticuatro (24) años de edad, que se enamoraron y tomaron la decisión de mantener una relación de noviazgo; que en aquél momento ella estudiaba en el Instituto Polivalente Mateo y que cómo producto de esa relación quedó embarazada, naciendo su hijo en Diciembre del 2009; a las preguntas de las partes: ¿tú le dijiste la edad? Ella contestó: Le mentí sobre la edad, le dije que tenía 14 años; ¿Por qué le mentiste? Contestó: Porque si le decía mi edad, me iba a despreciar; ¿En qué momento Usted le dice su verdadera edad? Contesta: Cuando me di cuenta que estaba embarazada; ¿Cuánto tiempo tenía de embarazo? Contesta: 4 meses; al interrogatorio del Tribunal: ¿En qué curso estaba? Contesta: En primero de ciclo; Qué tan cerca vivía el uno del otro? Contesta: Yo vivo en la aldea y él en otra; ¿actualmente sigue así? Y contestó: Si. Por su parte la declaración de la señora N. L. S. (madre de la menor) depuso, que ella puso la denuncia en contra del acusado, porque ella se dio cuenta de la relación entre el imputado y su hija cuando ésta última contaba con 05 meses de embarazo, por lo que se sintió molesta y ello la motivo a denunciarlo; pero que a llegado a declarar para dejarlo en libertad; no obstante a las preguntas de la Juez . ¿Actualmente que ha pasado con su hija y H. F.? Ella contestó: ellos quieren formar un hogar junto con su nieto ¿Quién tiene el bebé? Contestó: Esta en mi casa, pero a veces se lo llevamos a la casa de él. Por su parte el dictamen pericial psicológico estableció: “Que la menor presenta una inmadurez en el conocimiento cognoscitivo y que toma decisiones por emociones; que no se descarta la posibilidad de un trauma emocional a futuro y que se estima que la joven no ha asimilado totalmente su situación; recomendando de tal manera: que la evaluada se incorpore a un programa de psicoterapia para ayudarle a mejorar su calidad de vida e igualmente que los padres de ella, también se incorporen al mismo”. Y el dictamen Psiquiátrico Forense, concluyó que si bien la menor en su examen mental es normal y que no presentó un trastorno depresivo, si se evidenció en ella, un daño moral, al tener ella ideas de culpa y vergüenza. De la relación de todos éstos medios de prueba, indudablemente, se concluye que la declaración de la menor carece del requisito de Ausencia de incredibilidad subjetiva derivadas de las relaciones procesado — víctima, pues tal como muy bien lo estimó la Juzgadora disidente, en la víctima se evidenció la concurrencia de un móvil que priva su testimonio de la aptitud para generar ese estado subjetivo de certidumbre que la convicción judicial demanda; como ser: que a pesar de su edad, ella fue sometida a un matrimonio sin tener la madurez cognoscitiva de saber la magnitud de responsabilidad que ello genera; matrimonio éste, que resulta ilusorio, porque si bien existe legalmente, en la práctica no es así, por cuanto víctima e imputado no conviven juntos, como requiere cualquier matrimonio normal, lo que evidencia que la génesis del mismo únicamente surgió como un mecanismo de exculpar al acusado de su falta criminal; pues tal como concretamente lo establece la Juzgadora disidente, el hecho de usar un taxi para procurar sus propósitos, la actitud del imputado de alejamiento de la menor una vez que supo de su embarazo, y el surgimiento de un matrimonio en las condiciones antes mencionadas cuando ya el proceso criminal se esta gestando, ello sólo es indicativo de que el imputado sostuvo relaciones sexuales con la víctima, cuando ella contaba con trece (13) años de edad, únicamente con el propósito de satisfacer sus apetencias sexuales, aprovechándose de la falta de madurez de la ofendida.

Es por ello que el A quo vulneró las máximas de experiencia las cuales son aquellas que conoce el hombre común y que nos permiten establecer que el supuesto error argumentado, resultaba evidentemente vencible por parte del procesado, pues tal y como se refirió con anterioridad, el imputado es una persona con educación completa, que sabía sin lugar a dudas que la víctima cursaba el primer año de ciclo común, siendo evidente la diferencia de edad existente entre ambos. Es así que si el Juzgador hubiese apegado la sentencia a la regla lógica de la derivación en su postulado de razón suficiente en su característica de suficiencia, tal como hemos señalado, al armonizar la prueba en su conjunto, el resultado del proceso hubiese sido un fallo distinto al emitido y por ende ajustado a derecho, por cuanto la versión del desconocimiento de la verdadera edad de la menor por parte del acusado, cuando éste inició relaciones sexuales con ella, no cuenta con prueba sólida y suficiente que desacreditar los extremos que refleja la prueba de cargo, de que los hechos no pudieron haber ocurrido de manera distinta que la expuesta en la formalización de la acusación. Es así que instamos a Vosotros Magistrados que se le de la oportunidad al Ministerio Publico en un nuevo debate, para lograr la realización de justicia en el caso que hoy nos ocupo; haciendo la aclaración que el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, se produjo en el acto mismo de sentenciar.” Sigue manifestando la recurrente en su recurso de casación por infracción de precepto constitucional: “SEGUNDO MOTIVO: Infracción por violación del artículo 124 de la Constitución de la República, en relación con el artículo 141 literal ch) del Código de la Niñez y la Adolescencia, así como el Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO. Los preceptos constitucionales de niñez e internacionales citados como infringidos por violación textualmente dicen: El artículo 124 Constitucional en su parte conducente dice: “Todo niño debe de ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata.- [...]“.El artículo 141 literal ch) del Código de la Niñez y la Adolescencia prescribe: “Un menor se encontrará en situación de abandono o peligro cuando: [....] ch) Sea objeto de acciones u omisiones que tiendan a pervertir su personalidad, tales como promover o facilitar la prostitución o cualquier otra forma de abuso sexual en general, todas las incitaciones que afecten el desarrollo psicológico, la dignidad, la autoestima y el sano juicio de los niños.- [...]“.Por su parte, el precepto internacional enmarcado en el Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño dispone: “El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño.” Las condiciones de vulnerabilidad del grupo social que conforma a los niños ha sido una de las razones que ha motivado la creación, tanto internacional como interna, de un conjunto normativo que procure la protección de ese grupo social. Pero la satisfacción de esa exigencia no se agota con la sola creación de un conjunto normativo que regule esas situaciones, es evidente que toda creación de normas implica, para la implementación de su efectividad, un respeto irrestricto a aquellas disposiciones. Esa exigencia nos lleva hasta el hecho de que los organismos estatales, sin importar que Poder del Estado emanen, tienen la obligación de tomar sus resoluciones en apego a aquellos preceptos que pretenden garantizar los derechos de los niños. En el presente caso, la resolución emitida por el Tribunal Sentenciador se alza como una puerta abierta al irrespeto de los derechos de los menores, y es así, en tanto que las exigencias mínimas de moralidad de la actividad estatal, se encuentra afectadas al ser disminuidas al extremo de darle visos de legalidad a una vulneración de los derechos del niño ofendido en la presente causa, generando una apariencia de anulación de los derechos que le asisten, específicamente al derecho de ser protegidos de todo abuso sexual, como parece que sucede en el presente caso al no procurarse la sanción del responsable de una vulneración en los derechos del niño y por consiguiente dejando al desamparo de cualquier protección estatal los derechos específicos de la menor N. F. S. Es evidente entonces que en el caso en estudio se está privando de protección a la menor y aún más generando un ambiente de crueldad, en tanto que se permite una situación en la cual se hace burla del derecho de los menores y se le ha instrumentado para efectos de burlar esa cobertura. La referida protección se expande a varios ámbitos de la vida de la menor, desde el ámbito físico, ya que evidentemente dicha menor fue sometida a abuso sexual, mediante el aprovechamiento de parte de su abusador de la inmadurez cognoscitiva propia de su edad (13 años), lo cual sin lugar a dudas despliega en la personalidad psicológica de la niña en un futuro (tal como lo establece la pericia psicológica), aunado al continúo sometimiento a la práctica de reiteradas relaciones sexuales, sin contar ella con la madurez psicológica necesaria para abordar su sexualidad, al haberla sometido por parte de sus progenitores a un ilusorio matrimonio, en el afán: primero, que según con ello se salvaguarda la imagen de la niña ante la sociedad; y segundo, exculpar al acusado de su responsabilidad penal y que se haga cargo tanto de la víctima, como del niño que resultó producto de la relación, siendo ésta última circunstancia no concretizada, por cuanto la misma ofendida y su madre afirmaron que ambos viven en lugares distintos; y que en todo caso ni lo primero, ni lo segundo desvanecen el hecho investigado. Es así que con el presente fallo que ahora impugnamos, que se evidencia como el Estado a través del Tribunal de Sentencia Juzgador de la causa de mérito ha colocado a la menor N. F. S., en condición de riesgo social, al declarar inocente al acusado, pues ha quedado impune los hechos de los cuales el andamiaje probatorio nos dice que es responsable; también el Estado le falla a la víctima, por su condición de ser una niña, en lo que teóricamente le garantiza la Constitución de la República; todo ello únicamente porque la menor al momento de rendir su declaración ante los excelentísimos miembros del Tribunal de Sentencia, “respondió a una pregunta: Que ella le mintió al acusado respecto a su edad, para que él no la fuese a despreciar” circunstancia ésta que en el juicio no tuvo ningún ápice de certeza al no existir ningún medio de prueba que corroborara lo depuesto por la menor, y aún más que de la misma declaración de la menor, resulta obvio que la apreciación de la edad por parte del acusado, era visiblemente y sencilla de advertir y superar, por las razones que muy bien fueron apreciadas por la Juez , quien como dijimos en el motivo anterior, estructuró un loable voto particular disidente. Lo que hace desembocar en que por parte del mismo Estado se genere, una falta de protección de los ambientes mínimos que dispongan los medios que permitan el desarrollo físico, moral, espiritual y social saludables, formales y dignos a la menor. Y para efectos de ilustración nos permitimos transcribir lo que al respecto señala el jurista Juan Busto Ramírez[1]: “...se estima que debe protegerse el libre desarrollo sexual del menor en relación a los mayores, dadas las interferencias que puede sufrir por parte de éstos en cuanto a la estimación de la significación de sus actos. Se trata pues de una circunstancia objetiva que debe ser considerada dentro de los presupuestos del desarrollo de su capacidad de actuación “. Para los efectos del artículo 363 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público expresa que la interpretación pretendida del precepto penal relacionado, está orientada a que la Corte Suprema de Justicia decrete que se ha conformado un inobservancia de la obligación estatal de proteger a la menor N. F. S., de todo tipo de desamparo ante el abuso sexual del que fue objeto, que se materializa en haberse permitido que la menor sea sometida a un ambiente en el cual se pervierte su personalidad (específicamente en lo que respecta a su vida sexual) afectando el desarrollo psicológico y su sano juicio, y que decir de su implicaciones físicas (cuerpo que no ha terminado de desarrollarse y por consiguiente no apto para esa vida sexual). Así las cosas se afirma que el sentenciador, con su decisión jurídica, ha producido en consecuencia la Infracción del Precepto Constitucional que contiene el Derecho de los Niños a ser Protegido (artículo 124), relacionado con el artículo 141 literal ch) del Código de la Niñez y la Adolescencia, así como el Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño, mismos que deben ser enmendados a través del fallo que resuelve el presente motivo de casación.” V. FUNDAMENTACION JURIDICA a) Esta Sala de lo Penal, reitera que todo problema de inobservancia de las normas del correcto entendimiento humano constituye una violación a las reglas de la sana crítica. Las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las máximas de la experiencia se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica exigen que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. Asimismo, la derivación, a la obligatoriedad que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). La regla 1ógica de derivación requiere que la motivación deba respetar el principio de razón suficiente, por el cual “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando". Debe ser concordante, es decir, que a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder convenientemente al elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Se afirma que la derivación es una exigencia de la razón suficiente, porque se entiende que el razonamiento de los jueces de sentencia, ha de estar constituido por deducciones razonables originadas de las pruebas. Por el Principio de razón suficiente se entiende “que no se produce ningún hecho, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo”[2]. b) La situación de riesgo social, de niños, niñas y adolescentes consiste en: “El abandono total o parcial en que se encuentre el niño o niña, obliga al Estado a través de sus órganos competentes a tomar de inmediato las medidas necesarias para su protección. Esta situación de riesgo para los niños, que es muy amplia, ciertamente puede involucrar a menores de edad de cualquier estrato social pues implica desde el abandono de un recién nacido hasta la amenaza a la salud del niño (a) por las desavenencias entre la pareja, pasando por la falta temporal de los padres, las acciones u omisiones de perversión o corrupción en el medio ambiente del niño, la explotación y los problemas de comportamiento o desadaptación social del niño, también representa un área de competencia para el Ministerio Público, según lo establece la ley especial. En este campo la Fiscalía está obligada a prestar atención inmediata a cualquier denuncia, procurando tomar las acciones de protección necesarias para el caso concreto. Tales medidas de protección para el niño o niña, están destinadas a: separarlo del lugar o de las personas que representan el peligro y buscar su ubicación en un sitio que permita su abrigo y cuidado, conseguir de la autoridad judicial competente, una declaración formal de abandono o peligro, que consiste en una resolución, que luego de seguir un trámite que la ley exige, particularmente para la localización de los posibles padres, en el caso de abandono, o para determinar la idoneidad de los mismos para asegurar la sobrevivencia y desarrollo del niño (a), en el caso de que existan pero representen peligro para el niño, permitirá que al infante se le ofrezca la posibilidad de colocación en una familia sustituta de la biológica, por la vía de un programa temporal o de la adopción plena”. [3] VI. DECISIÓN a) Esta Sala considera que en el presente caso, la recurrente considera que al dictar sentencia absolutoria por el delito de Violación Especial el A Quo al valorar las pruebas ha inobservado las reglas de la sana crítica, por estimar la mayoría del Tribunal de juicio que con la prueba de cargo consistente en las pericias psiquiátrica, psicológica, de evaluación física y testifical, no logró acreditar que el acusado H. F. C. A. al momento de los hechos conociese la edad de la menor N. F. S. S., es decir que no conocía un elemento esencial del tipo de violación, conforme al artículo 140 numeral 1 del Código Penal, como lo es el acceso camal con una persona menor de 14 años. Reprocha que el A Quo haya considerado la existencia de un “error de tipo” sobre alguno de los elementos objetivos del tipo penal, en este caso, la minoría de edad de la víctima, desconocimiento que repercute en la tipicidad, porque excluye el dolo y que por no admitir el tipo penal de violación, una comisión culposa, debía en consecuencia dictarse una sentencia absolutoria a su favor, por estimar que las pruebas aportada por el Ministerio Público al juicio fue insuficiente. Basa su reproche recursivo en el voto razonado del Juez disidente por el que alega la inobservancia de las reglas de la sana crítica de la mayoría de los jueces al valorar la prueba de cargo. Reprocha que la prueba de descargo se basa únicamente en la declaración de la menor-víctima al responder que ella mintió al acusado respecto a que su verdadera edad superaba los 14 años cuando ella inició relaciones sexuales con el imputado, lo cual considera que no resulta suficiente para desacreditar los extremos que refleja la totalidad de la prueba de cargo. Por otra parte alega que el resto de la declaración de la menor refleja la inmadurez de la víctima y de la revictimización; el dictamen Psiquiátrico Forense refiere que el examen mental es normal, que no presenta trastorno depresivo, pero evidencia daño moral por tener ella ideas de culpa y de vergüenza. Alude a que de la declaración de la menor resulta que la menor carece del requisito de ausencia de incredibilidad subjetiva derivada de las relaciones procesado-víctima, por entender que la víctima evidenció la concurrencia de un móvil que priva su testimonio de la aptitud para generar certidumbre que la convicción judicial demanda. Y se vulneran las máximas de experiencia al considerar que el error del acusado es vencible por ser una persona con educación completa, que sabía que la víctima cursaba el primer año de ciclo común y por la diferencia de edad entre ambos. Por lo anterior concluye que el A Quo ha incurrido en violación a la regla de la sana crítica, lógica de derivación, en su postulado de razón suficiente y característica de suficiencia y de las máximas de la experiencia. b) Esta Sala considera que en el presente caso correspondía al Ministerio Público acreditar más allá de toda duda razonable que el acusado conocía con certeza, al momento de los hechos, que la ofendida era menor de 14 años de edad. Lo anterior, en virtud que la carga de la prueba corresponde al ente acusador. De los medios de prueba agregados al proceso por la Fiscalía, consistentes en las pericias psiquiátrica, psicológica, de evaluación física y testifical, de las declaraciones de la menor victima y de la madre de ésta, no se logra derivar que el acusado conocía la verdadera edad de la ofendida N. F. S. S.. Por el contrario, de las declaraciones de la madre de ésta, señora N. L. S., se deriva de la primera que “mintió al acusado sobre su edad, pensando que si le decía la verdadera edad el imputado la iba a despreciar” y la segunda, manifestó que “se dio cuenta de la relación cuando su hija tenía cinco meses de embarazo, pues le preguntó a su hija, sintiéndose molesta cuando supo lo sucedido e interpuso la denuncia ante la Fiscalía porque tenía cólera, por último expresó que el acusado y su hija quieren formar un hogar junto con su hijo y que ha venido a declarar para darle la libertad al acusado”. Por lo anterior, esta sala considera que fue probado que el acusado no actuó a sabiendas que la ofendida tenía trece años de edad o con el dolo que requiere el tipo penal de violación especial, establecida en el Art.140.1 del Código Penal, figura delictiva que no puede ejecutarse por quien actúa en forma imprudente o culposa. Por otra parte, tampoco el ente Fiscal ha acreditado en juicio, que el error de tipo fuera invencible, es decir que el acusado antes de cometer del acceso carnal y durante el tiempo de sostener las relaciones sexuales con la menor, tenía los medios idóneos para llegar a conocer su verdadera edad. Si bien es cierto de la propia declaración de la menor, resulta que el acusado era amigo de las primas de la ofendida, quienes se lo presentaron a ella y que el acusado bien podía haber preguntado a estas o a la propia madre de la ofendida sobre la verdadera edad de la menor, lo cierto es que también en este caso, que correspondía a la Fiscalía acreditar que efectivamente el acusado tenía esos medios y que de ellos ya había indagado sobre su verdadera edad, para concluir que actuó con toda malicia o dolosamente. c) Por lo anterior, esta Sala concluye que las razones para considerar que el A Quo debió restar credibilidad a la declaración de la menor ofendida N. F. S. S., rendida en la sala de juicio, en atención a la relación victima-acusado y llegar a la conclusión que la menor le mintió al tribunal por salvar la responsabilidad del acusado con quien ya estaba casada y con un hijo común de ambos, lo cierto es que la mayoría del tribunal, con la inmediación de las pruebas, no vio motivos para dudar de dicha versión; asimismo por haber declarado la madre de la menor que ella denunció al acusado ante la Fiscalía porque tenía cólera pero que su hija y el acusado ahora tenían un hogar junto al hijo de ambos y por eso venía a declarar a favor del acusado para que lo pusieran en libertad. Asimismo esta Sala considera que con la prueba pericial, psicológica y psiquiátrica no se acredita un daño psíquico en la menor provocado a consecuencia de los hechos sometidos a juzgamiento. Y finalmente de la prueba física practicada a la menor, resulta que al momento de ser examinada por el médico tratante del Ministerio Público “…estaba con 22 semanas de gestación, ….con fecha probable de parto el 10 de agosto de 2009, …que la ofendida dijo haber existido mutuo consentimiento en la relación”. Por lo expuesto, esta Sala declara sin lugar el motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma, invocado por la recurrente. d) Argumenta la recurrente en el motivo de casación la infracción por violación del artículo 124 de la Constitución de la República, en relación con el artículo 141 literal ch) del Código de la Niñez y la Adolescencia, así como el Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño. El artículo 124 Constitucional en su parte conducente dice: “Todo niño debe de ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata”.- El artículo 141 literal ch) del Código de la Niñez y la Adolescencia prescribe: “Un menor se encontrará en situación de abandono o peligro cuando: [....] ch) Sea objeto de acciones u omisiones que tiendan a pervertir su personalidad, tales como promover o facilitar la prostitución o cualquier otra forma de abuso sexual en general, todas las incitaciones que afecten el desarrollo psicológico, la dignidad, la autoestima y el sano juicio de los niños.- [...]“.Y el Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño dispone: “El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño.” La recurrente considera que la resolución emitida por el A Quo es una puerta abierta al irrespeto de los derechos de los menores y a las exigencias mínimas de moralidad de la actividad estatal, al darle visos de legalidad a una vulneración de los derechos del niño ofendido en la presente causa, generando la anulación de los derechos que le asisten, específicamente el derecho de ser protegidos de todo abuso sexual, al no aplicar sanción al responsable de la vulneración en los derechos de la menor N. F. S., que fue sometida a abuso sexual, aprovechando de su inmadurez cognoscitiva propia de su edad (13 años) e madurez psicológica necesaria para abordar su sexualidad. Esta Sala de lo Penal, considera que en el presente caso, si bien la menor N. F. S. S, resultó embarazada por el acusado H. F. C. A., cuando éste actuaba bajo la creencia que tenía catorce años de edad, lo cierto es que la norma sustantiva que el Ministerio Público considera infringida, contenida en el artículo 124 de la Constitución de la República, en relación con el artículo 141 literal ch) del Código de la Niñez y la Adolescencia, y el Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño no tienen aplicación en el presente caso. Lo anterior, en virtud que fue probado que la menor al momento de los hechos se encontraba estudiando su primer año de colegio, bajo el cuidado directo de su madre N. L. S., por lo que a pesar que salió embarazada del acusado en su minoría de edad, no por ello, procede considerar que la mencionada menor en ese momento se encontraba en estado de abandono, riesgo social, situación de crueldad o explotación laboral o sexual. Tampoco amerita en el presente caso, que la menor y su menor hijo sean institucionalizados, todo ello en virtud que prevalece el principio del interés superior del niño (a) y en el presente caso, en defecto del acusado, que ahora es el marido de la menor y la madre de ésta, cualquiera de ellos ofrecen suficientes condiciones de seguridad, cuidado y protección, como para garantizar el bienestar de la ofendida y del hijo de ésta, mientras la menor no logra valerse por su propia cuenta. Por lo anterior, esta Sala declara sin lugar el motivo de Casación de Infracción de Precepto Constitucional, invocado por la recurrente. VII. RESOLUCIÓN POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS de la Sala de lo Penal y en aplicación de los Artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360, y 362.3 del Código Procesal Penal.- FALLA: Declara sin lugar los recursos de casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo; y de Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo, interpuestos por la Abogada K. L. M., Fiscal del Ministerio Público, interpuesto contra la sentencia de fecha diecinueve de junio de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los fines y efectos legales correspondientes.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- MAGISTRADO.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- MAGISTRADA.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRÚZ MENÉNDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de agosto del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha quince de junio del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-430-2012.

LUCILA CRÚZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Bustos Ramírez, Juan. Manual de Derecho Penal. Segunda Edición,1991.Página 119

[2] Los Principios lógicos. Capitulo II de la lógica, René Guenon, curso de Filosofía, revista Science Sacrée numero 7, 2005

[3] Manual de Derecho de la Niñez y la Adolescencia. Honduras. Corte Suprema de Justicia de Honduras. Programa de Modernización de la Administración de Justicia de Honduras. Banco Interamericano de Desarrollo, Consejo General del Poder Judicial de España y Agencia Española de Cooperación Internacional. Septiembre 2000. Impreso en Imprenta y Serigrafía Godoy. Página 274.