Sentencia CP-43-14 — Registro 7843
Resumen
En primera instancia se condenó a imputado del delito de extorsión en el grado de ejecución de tentativa en perjuicio de la propiedad de un testigo protegido.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...El Censor invoca como motivo de casación la prevista en el artículo 362 No. 1) del Código Procesal Penal, que consiste en la falta de claridad y determinación en los hechos probados. Esta Sala considera oportuno destacar, tal como lo hizo en la sentencia del 29 de septiembre de 2011 (Expediente de Casación No. 218.-2010), que el vicio procesal denunciado por el recurrente se origina cuando la redacción de los hechos probados aparece confusa, dubitativa o imprecisa, de modo que por su insuficiencia o oscuridad, o por no expresar en forma conclusiva, imperativa, terminante o categórica, sino vacilante o dubitativa, puede conducir a subsunciones alternativas, en definitiva, a consecuencia de la ambigüedad del relato. La falta de claridad puede venir determinada por haber empleado expresiones ininteligibles u oscuras que hacen difícil la comprensión del relato o cuando incurre en omisiones que alteran su significación y dejan prácticamente sin contenido específico la narración de los hechos; se produce, pues, cuando lo narrado es incomprensible por su deficiente redacción, oscuridad, ambigüedad o imprecisión, también cuando por omisión de elementos o circunstancias importantes, se impide conocer la verdadera realidad de lo ocurrido con la lógica consecuencia de que falta base fáctica para determinar si los hechos son o no constitutivos de la infracción penal, o cual ha sido la participación concreta de los acusados en la ejecución del delito; por consiguiente, no basta para apreciar el defecto procesal que la narración se ofrezca oscura o ininteligible en alguna de las partes, o en términos de ambigüedad o imprecisión que haga difícil su comprensión, sino que es necesario que tales defectuosidades se hallen en conexión con los condicionamientos determinantes de la calificación penal asignada a los hechos probados, provocando una laguna o vacío en la descripción histórica de los mismos, que determina una falta de premisa fáctica para formular la calificación jurídica, de forma que no pueda orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda estructurada, el pronunciamiento condenatorio o absolutorio, es decir, que resulta inadecuada para servir de argumentación lógica al fallo, y ello porque la “quaestio facti” debe servir de apoyo y sustento a la calificación jurídica o “quaestio iuris”.A partir de lo antes explicado, el reclamo del Censor no es atendible, pues su reproche no recae sobre la falta de claridad o redacción terminante de los hechos declarados probados, sino que en torno a las supuestas contradicciones existentes entre testimonios rendidos en juicio por los testigos de cargo. Finalmente el Censor invoca como motivo de casación la inobservancia de las reglas previstas en el código procesal penal para la realización del juicio oral y público que prevé el artículo 362 No. 5) del texto legal antes mencionado. Esta Sala de lo Penal considera importante recordar que en este motivo deben considerarse las reglas esenciales para el desarrollo de la parte más importante del proceso como lo es el juicio oral y público, de tal manera que estas reglas deben referirse a los principios sobre los cuales descansa esta etapa del procedimiento: oralidad, publicidad, inmediación, contradicción y concentración. De ello se desprende que el vicio no estará constituido por una simple infracción a una norma procesal relativa a la forma en que se debe desarrollar un acto particular de la fase del juicio, sino que se refiere a la vulneración de una norma de tal incidencia, que su violación afecte sustancialmente al proceso. Las normas que informan la manera de desarrollar el juicio oral están comprendidas del artículo 304 al 346 del Código Procesal Penal. El vicio será de estimar cuando se trate de una violación de esas normas, pero esencialmente de aquellas fundamentales, es decir las que desarrollan los principios antes apuntados, como por ejemplo, no permitir a una de las partes el ejercicio de su derecho a interrogar los testigos de su contendor, lo cual vulneraría lo dispuesto en el artículo 330 del Código Procesal Penal, y con ello se afectarían los principios de contradicción y defensa. Más no es suficiente la existencia del vicio procesal, se hace necesario el formal reclamo del acto irregularmente desarrollado, a efecto de que pueda ser subsanado, por exigirlo así el párrafo tercero del artículo 363 del Código Procesal Penal en relación al numeral 6) del artículo 346 del mismo texto legal. En consecuencia deberán tomarse en cuenta dos aspectos: la trascendencia de la infracción y la protesta del acto viciado para lograr su corrección y generar la facultad de recurrir a través de esta vía[3].Al tenor de lo antes señalado, el reclamo del Censor no es atendible ya que no se ha señalado cuales son las reglas esenciales, como pueden ser las concernientes a los principios de oralidad, contradicción, publicidad y concentración que pudieran haber sido soslayados por el Tribunal de instancia en la tramitación del juicio oral y público, amén de que esta Sala no ha logrado encontrar en la sentencia impugnada como lo sostiene el Censor, la referencia de algún arma que haya sido presentado como evidencia como instrumento de ejecución del hecho objeto de juzgamiento. Por todas las razones anteriormente expuestas el presente recurso de casación interpuesto por la Defensa del imputado J. DE LA C. M. M. ha de ser desestimado..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de noviembre de dos mil quince, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO en su calidad de Coordinador, JACOBO A. CALIX HERNANDEZ, y, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintisiete de noviembre de dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual Condenó al señor J. D. L. C. M. M., como autor del delito de EXTORSION EN EL GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, en perjuicio de LA PROPIEDAD DEL TESTIGO PROTEGIDO “A”, a la pena de DIEZ (10) años de reclusión más la pena de MULTA de TREINTA Y TRES PUNTO TREINTA Y CUATRO (33.34) SALARIOS MINIMOS.- Más las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la condena principal.- Asimismo se declaró la responsabilidad civil al condenado J. D. L. C. M. M..- Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, el Abogado I. A., actuando en su condición de Defensor Privado del imputado J. D. L. C. M. M..- SON PARTES: El Abogado I. A., actuando en su condición de Apoderado Defensor del encartado J. D. L. C. M. M., parte recurrente, y la Abogada D. E. R., en su calidad de Agente de Tribunales del Ministerio Público, como parte recurrida. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma es admisible en tanto que reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo ahora debemos pronunciarnos sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- “HECHOS PROBADOS.- Este Tribunal de sentencia declara probados de manera expresa y terminante los siguientes hechos: PRIMERO: El día uno de diciembre del año dos mil doce, el Testigo Protegido A recibió una llamada en su negocio de una persona que se identificaba como miembro de la mara 18, en la que le exigía dinero si no quería ser objeto de secuestro o derramamiento de sangre. SEGUNDO: El día cinco del mismo mes, J. de la C. M. M. conduciéndose en una motocicleta, interceptó a Testigo Protegido B cuando éste circulaba en otra motocicleta por la cuesta de El Centavo, entregándole una nota dirigida al testigo protegido A, en la que le hacía las mismas advertencias, exigiéndole la cantidad de cuarenta mil Lempiras. Ante ello, el Testigo Protegido A interpuso la denuncia en la Unidad anti extorsión donde se planificó una entrega controlada. TERCERO: El día siete de Diciembre como a la una de la tarde J. de la C. M. llegó al negocio del testigo A, ubicado en el Barrio Guanacaste de la ciudad de Tegucigalpa, a solicitar la entrega del dinero, lo que el Testigo A no hizo en ese momento, diciéndole que no estaba listo. El señor J. de la C. M. regresó a las dos y media de la tarde y el Testigo Protegido A procedió a entregarle un sobre conteniendo dos billetes de quinientos Lempiras y papeles blanco, el que había preparado en la unidad Anti extorsión; al momento en que J. de la C. disponía a alejarse del lugar fue detenido por los agentes de policía que estaban haciendo vigilancia y se le decomisó el sobre y un celular.”. III.- El recurrente, Abogado I. A., formalizó su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: ““EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION”. PRIMER MOTIVO: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba, las reglas de la sana critica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el art. 362.3 parte final del Código Procesal Penal. Los preceptos penales adjetivos que se invocan como infringidos por falta de aplicación, prescriben: art. 202: “las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. Por su parte el párrafo 1 del art. 336 de la misma ley señala: “El Tribunal para resolver solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana critica. Así el art. 338, que regula la forma de estructurar la sentencia, ordena al juez sentenciador: “Valoración de la prueba”. Seguidamente se expresaran las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados los hechos, justificando según las reglas de la sana critica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de los indicios, igualmente declarados probados. Los hechos probados en juicio oral y público, la fundamentación probatoria se divide en dos fases la descriptiva y la intelectiva, en la 1 el Tribunal describe c/u de las pruebas que le dan sustento a su decisión en la 2 (Fundamentación intelectiva), el Juzgador debe explicar porque un medio probatorio le merece fe y otro no además porque un medio de prueba u otro le llevan a una conclusión determinada. Sobre esta 2 operación es que recae el reproche del RECURSO DE CASACION por violación de las reglas de la sana critica de acuerdo con el motivo planteado, de tal suerte que la violación a esas reglas que corrigen el correcto entendimiento humano, constituye un problema de fundamentación de la sentencia; por ello el legislador en el art. 338 del CPP, ubica dentro de la “fundamentación del fallo” (regla 4), la valoración de la prueba. Las reglas de la sana crítica entonces constituyen la especie dentro del género conocido como fundamentación. En el sistema de sana critica racional que implementa nuestro sistema procesal penal, en cuanto a la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se las apoye. En este sistema el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia condicional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Dentro de las reglas de la lógica, a las que debe sujetarse el juzgador en la valoración de las pruebas, según lo exigen los arts. 202 y 336 del CPP y que recalca el art. 338, sección 4, numeral 2 (“...Justificando según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio...”), aparece la característica exigida por ellas, denominada, según (1) FERNANDO DE LA RUA (LA CASACION PENAL), como DERIVADA según la cual, la motivación debe respetar el principio de razón suficiente. Para lo cual “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vallan determinado.”. Para ello la motivación debe ser CONCORDANTE: a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder convenientemente un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. RESULTA, QUE LA SENTENCIA QUE HOY SE CUESTIONA por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta con las reglas de la sana critica a observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte en consecuencia, en la violación de los arts. Mencionados: El defecto se encuentra en el presente fallo resulta del desprecio valorativo, que este Tribunal hace de las pruebas físicas, materiales, técnicas y científicas que relacionadas de manera armónica y conjunta nos hace arribar a una conclusión de razonable duda o presunta inocencia del imputado, situación que no sucedió en el caso que nos ocupa. Para ello es imprescindible hacer un repaso a esta prueba para los efectos de imponernos de su contenido y por consiguiente extraer de ella la correcta valoración a la misma, y así Vosotros como Tribunal de Justicia podáis corregir el grave entuerto que se ha causado con el fallo condenatorio. Además estima el recurrente que el A QUO concedió credibilidad a la prueba de testigos con motivación falaz por lo que atenta contra la exigencia de DERIVACION en la fundamentación intelectiva de la prueba. ***FUNDAMENTO EL RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, EN LOS SIGUIENTES RAZONAMIENTOS Y OBSERVACIONES DE LA SENTENCIA TST-S5-107-2013 DE FECHA 27 DE NOV. DEL AÑO 2013. Según el No2 del art. 362 En el Juicio Oral y Público no se consideraron pruebas de valor decisivo, es decir no se practicaron pruebas físicas, materiales, técnicas o científicas, que nos lleven a establecer la verdad de los hechos o ha establecer la participación del imputado del ilícito que se le imputa. Precepto jurídico infringido art. 362.2 del Código Procesal Penal, ultimo párrafo, que se excluya o se deje de considerar una prueba de valor decisivo. (1) De la Rua Fernando, La Casación Penal Ediciones Desalma 1994, pag. 163. - SECRETARIA 1- No se realizó o practicó. La identificación de las huellas dactilares en el supuesto sobre y billetes de la entrega controlada, ya que puede haber un error en la planificación de la entrega controlada, en la fecha que el Ministerio Publico presenta la acusación la policía antiextorsión es de reciente creación. El Ministerio Publico no presentó prueba material o física para establecer que el imputado toco o manipulo el sobre y los billetes de la entrega controlada. Precepto jurídico infringido art. 362.2 ultimo párrafo del Código Procesal Penal, que se excluya o se deje de considerar una prueba de valor decisivo. 2- No se realizó el Peritaje Caligráfico para determinar fehacientemente que la letra de las supuestas notas extorsivas que dicen el ofendido testigo protegido “A” y el empleado testigo protegido “B”, esa letra pertenece al imputado, es de hacer valer que estamos en pleno siglo XXI, y porque el Ministerio Publico no practica pruebas físicas, materiales, técnicas o científicas que nos lleven objetivamente al esclarecimiento de la verdad y no de repente penalizar a un inocente. Al abog. Defensor se le llamó para la diligencia de peritaje caligráfico, pero el representante del Ministerio Publico no se presentó y porque a sabiendas de este hecho el Tribunal de Sentencia valora como medio de prueba dichas notas a pesar de su inconsistencia objetiva. Precepto jurídico infringido art. 362.2 ultimo párrafo del Código Procesal Penal, que se excluya o se deje de considerar una prueba de valor decisivo. 3- No se realizó o practico el peritaje del vaciado del celular para comprobar o determinar que el celular del que dicen el ofendido y el testigo protegido “B”, de donde se hicieron las supuestas llamadas pertenece al imputado, es más el Tribunal de Sentencia lo desestimo como medio de prueba en la oferta de medios de prueba para el juicio oral y público. Precepto jurídico infringido art. 362. 2 ultimo párrafo del Código Procesal Penal, que se excluya o se deje de considerar una prueba de valor decisivo. 4- Física, material, técnica y científicamente no se demostró que se haya puesto en peligro o lesionado un bien jurídico protegido por la ley penal. Me refiero específicamente a las supuestas amenazas. Por lo que por el delito que se penaliza al imputado es típico pero no antijurídico. Por lo que faltaría un elemento básico y fundamental para configurar legalmente el delito. El ofendido y los testigos protegidos hablan de un bebé pero no dicen de que edad, de ese supuesto bebé ni tan siquiera se presentó una fotografía en todo el proceso judicial. La ley penal establece taxativamente en el art. 90 del Código Procesal Penal que en la investigación de los hechos el Ministerio Publico debe ser objetivo en su investigación, pero en el caso concreto que nos ocupa tanto el Ministerio Publico, como el Tribunal de Sentencia, muestran falencias por no decir deficiencias del Sistema Judicial que perjudican una vida humana y a su familia. Precepto jurídico infringido art. 362.2 del Código Procesal Penal, que se excluya o se deje de considerar una prueba de valor decisivo. 5- En la declaración de los testigos se observan claras contradicciones: a) El testigo protegido “A” dice que el imputado andaba vestido con jean azul y camisa de la selección y tenis no dice que color, también hace referencia o menciona la amenaza a un bebe, como es posible que el imputado se dé cuenta de la existencia de un bebe hijo del ofendido, para confirmar este hecho ni tan siquiera se mostró una fotografía en el juicio, el testigo protegido “A” dice que el imputado andaba en una moto azul marca Yamaha. b) El testigo protegido “B” declaro que empezó el 5 de septiembre. El testigo protegido “A” lo contradice declarando que todo empezó el 1 de diciembre. El testigo “B” en su declaración dice que el imputado andaba en una moto azul y verde. El testigo protegido “B” declara que la nota se la dieron el 5 de septiembre cuando se dirigía a su trabajo y luego se contradice cuando dice que se la entregaron el 5 de diciembre. Se contradice con el testigo “A” con la declaración de la vestimenta del imputado porque el testigo “B” dice que andaba con tenis pantalón Jean y con suéter azul y el testigo “A” lo describe con una camisa de la selección con la H, y declara el testigo “A” y “B” que la moto es color azul y verde y la moto decomisada es de color azul y negro. Donde se evidencia una clara y precisa contradicción, se adjunta fotografía de la motocicleta decomisada para que se establezca la verdad. 6- El testigo “B” dice que le entregan la nota el 5 de diciembre y que ese mismo día se la entrega al jefe y luego el testigo “A” dice que el 7 de diciembre recibe la nota del testigo protegido “B” y que luego interpone la denuncia. 7- La contradicción se evidencia en que el testigo “B dice que recibe la nota el 5 de diciembre y ese mismo día se la entrega a su jefe y el testigo “A” dice que la recibe el 7 de diciembre, en estas declaraciones hay una clara contradicción que el tribunal desestimo en la valoración de las pruebas. Precepto jurídico infringido art. 362.2 del Código Procesal Penal ultimo párrafo, que se excluya o se deje de considerar una prueba de valor decisivo y el art. 362.1 ultimo párrafo, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 8- Declaración de policías. a) M. E. T.. De las amenazas que declara el policía M. E., no hay prueba física, técnica ni científica. En el supuesto sobre de la entrega controlada no se realizó el peritaje correspondiente de huellas digitales para demostrar o probar si hay huellas en el sobre que correspondan al imputado, no se ha demostrado con certeza sino que existe una duda razonable. Estamos en pleno Siglo XXI porque en el caso concreto que nos ocupa el Ministerio Publico no realizo peritajes técnicos o científicos. Precepto jurídico infringido art. 362.2 ultimo párrafo, que se excluya o se deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. b- En la declaración del policía M. A. H. G. hay una precisa contradicción en la declaración cuando dice que al imputado se le detuvo el 7 de diciembre del 2012 y luego declara que le hacen el acta de decomiso al imputado el día 5 de diciembre del año 2013. Precepto jurídico infringido art. 362.1 último párrafo, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. c- En la valoración de pruebas, no se aplicaron los criterios de la Sana Critica por que los jueces no valoraron el hecho de no hubieron medios probatorios físicos, materiales, técnicos, ni científicos. No se realizó ni se practicó algún tipo de peritaje caligráfico y ni el vaciado del celular para afirmar o confirmar que verdaderamente existieron dichas amenazas. Precepto jurídico infringido art. 362.3 último párrafo, o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica. 9- Como abogado defensor considero que pueden existir errores técnicos, materiales o humanos en la planificación de la entrega controlada, en esa fecha de los hechos la policía anti extorsión era de reciente creación. 10- En la valoración de medios de prueba el tribunal estimo como medios de prueba actas que fueron firmadas en sede administrativa y que solo tienen valor probatorio los medios probatorios presentados en juicio porque en sede administrativa al imputado se le pudo obligar a firmar, o el imputado firmo por temor. Precepto jurídico infringido art. 362.3 del Código Procesal Penal, ultimo párrafo, o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica. 11- En las conclusiones finales la defensa del acusado argumento que en ningún momento se probó que su defendido haya amenazado o intimidado o puesto en peligro un bien jurídico protegido por la ley penal y que aplicando el principio de legalidad el delito no se consumó, con fundamentación jurídica en el art. 2 y 14 del Código Penal. Cita en los antecedentes procesales numeral 2, de la sentencia. 12- Y para terminar de perjudicar al imputado en la Sentencia se estima o se considera como medio de prueba el comiso del arma con que supuestamente se ejecutó el hecho y que se dice que obra como medio de convicción. Como abogado defensor manifiesto categóricamente que al imputado no se le encontró ningún tipo de arma y que en ninguna instancia del proceso judicial fue objeto de prueba es más ni se cuenta como medio de convicción. Considero que el Tribunal debe ser más cuidadoso por no decir más responsable, ya que de lo que se trata en el juicio es de la privación de la libertad de una persona que es parte elemental de la vida humana. Por tal razón pido a la honorable sala de lo penal que solicite como medio de prueba la grabación magnetofónica del juicio para que valoren más objetivamente los medios probatorios. Precepto jurídico infringido art. 362.5 del Código Procesal Penal. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público.” IV.- RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR EL LA DEFENSA DEL IMPUTADO J. DE LA C. M. M. Resulta de gran complejidad para esta Sala, dar una respuesta adecuada sobre el planteamiento del Recurso de Casación en su único motivo, en tanto que el planteamiento carece de la debida claridad y precisión, toda vez que el impetrante invoca en un solo motivo, cuatro vicios de casación y cuatro preceptos autorizantes previstos en los artículos 362.3; 362.2; 362.1; 362.5 del Código Procesal Penal. Del “Principio de Debida Técnica”, se desprenden los requisitos formales para la interposición del recurso los cuales“ constituyen los mínimos requerimientos que debe contener el Recurso de casación a efectos de ser tenido como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso[1].Este principio asume vigencia plena en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 363 del Código Procesal Penal, que establece los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “tratándose de casación en la forma, deberá también, de manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad, para subsanarlos”. No obstante lo anterior, en aras de satisfacer de manera motivada la demanda de justicia como uno de los fines esenciales del Estado de Derecho en que Honduras se ha constituido al tenor de lo previsto en el artículo 1 de la Constitución, esta Sala da respuesta al Censor, en los términos que a continuación se exponen, Conforme a lo dispuesto en el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal : “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que..en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica..”. El proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque en virtud del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí[2], su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotiD.s agregan innumerables posibilidades. El límite de las reglas de la experiencia está en los conocimientos técnicos especializados. En lo que concierne a las reglas de la lógica tenemos que la regla de identidad nos dice que una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Es decir, J. solo puede ser J. y no Juan. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, un argumento "X" solo puede ser "X". No podría por ejemplo una sentencia decir en una parte que se absuelve bajo la certeza de la inocencia, para afirmar más adelante que se absuelve por duda, porque viola el principio de identidad (en lo que interesa al Ministerio Público), pues estaría diciendo que "A" es "B". Diría que la certeza de la inocencia es la duda de la culpabilidad, y eso viola el principio de identidad. El principio de contradicción nos dice que una persona o cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, o sea el tribunal no puede aseverar algo y luego desvirtuarlo, porque solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Y el principio de tercero excluido nos dice que de dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa. A contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. En cuanto a las reglas de la psicología, éstas no están referidas a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos, como la observación del tribunal de mérito en caso de que un testigo se muestre nervioso al contestar una pregunta, que fue disperso al construir sus repuestas, ignorante en cuanto al idioma o cultura general básica, etc. Eso tiene que incluirse en el fallo al hacer la valoración. Podría ser que diga el tribunal, que no se cree al testigo porque se puso nervioso (más de lo normal), o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una de sus respuestas lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración. En el caso bajo examen el Censor no indica cual o cuáles fueron las reglas de la sana crítica, es decir, de la lógica, máximas de la experiencia o normas de la psicología que fueron vulneradas por el Juzgador de instancia en el proceso intelectivo de la valoración de la prueba, de ahí que su recurso carece de los mínimos requerimientos de claridad y precisión cuando se limita a expresar sin más, que el Tribunal incurrió en un “desprecio valorativo de la pruebas físicas, materiales, técnicas y científicas. Es importante recordar que el Proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el Tribunal de Sentencia, pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del principio de legalidad y el debido proceso.- Entre esos actos están los que conforman el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; este proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del CPP), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley (Art. 199 del CPP), seguidamente se celebra la audiencia de juicio en donde sólo se deben reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Art. 333 del CPP) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Art. 320 del CPP) o como auto para mejor proveer (Segunda parte del Art. 333 del CPP) y finalmente como resultante del debate, el Tribunal dictará sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe ser motivada, descriptiva e intelectivamente (Art. 202 y 338.2 del CPP), sin que se pueda considerar otra prueba distinta a las que han sido incorporadas al proceso.- Así las cosas se produce una actividad procesal defectuosa cuando el Tribunal de Sentencia irrespeta el proceso probatorio, siendo uno de éstos vicios el previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal que reprocha cuando la sentencia “excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo”; La exclusión de prueba es distinta a la falta de consideración, de este modo: 1).- Existe exclusión de prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno al medio de prueba, es decir hace mención del medio de prueba pero no externa las razones porque el mismo carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia en una incorrecta aplicación de la ley, tacha un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras negándole valor alguno como consecuencia de un desatinado criterio jurídico; 2).- Existe falta de consideración de medios de prueba cuando a pesar de haber sido admitidos durante la etapa de juicio y reproducidos en la audiencia de debate, el órgano juzgador no hace alusión alguna sobre éstos, es decir que no existe ninguna mención al medio de prueba en su sentencia.- La norma procesal además exige para la configuración del vicio que el medio de prueba excluido o dejado de considerar posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en Casación se efectúa conforme al método de la Inclusión Hipotética, que consiste en agregar hipotéticamente el medio de prueba excluido o no considerado a la ecuación valorativa, a fin de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario aun cuando la exclusión o la falta de consideración sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, el mismo no se estima de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal.- El Censor denuncia que no se realizaron las siguientes diligencias probatorias: la identificación de huellas dactilares en el sobre y billetes utilizados en la entrega controlada, un peritaje caligráfico para determinar la autoría de la letra contenida en los mensajes amenazantes, un vaciado del teléfono celular receptor de las supuestas llamadas intimidatorias, sin que se lograra acreditar la lesión del bien jurídico protegido y que no se logró constatar la existencia de un bebé como si pudo haber sido por ejemplo, a través de una fotografía. Un examen detenido de los antecedentes revela que ninguna de las diligencias mencionadas por el Censor fueron evacuadas en juicio por lo que no forman parte del acervo probatorio, de ahí que no cabe entrar en el análisis si se produjo respecto a ellas una exclusión indebida o falta de consideración. En lo que concierne a la falta de afectación del bien jurídico protegido es un alegato que ha debido plantearlo en el análisis de los elementos del tipo penal a través de otro cauce procesal como ha podido ser la infracción de ley a partir de los hechos declarados probados que prevé el artículo 360 del Código Procesal Penal. En cuanto al rechazo del vaciado telefónico como medio de prueba, el Censor no indica cuales fueron los recursos que interpuso para lograr su admisión. En todo caso y como antes lo dijimos, por no formar parte del acervo probatorio evacuado en el juicio oral y público el reclamo ha debido ser articulado por otro cauce procesal como podría haber sido la infracción del derecho de defensa que reconoce el artículo 82 de la Constitución de la República, a través del artículo 361 como precepto autorizante, lo mismo cabe decir respecto al alegato de que el imputado pudo haber sido obligado a firmar en sede administrativa varias actas. El Censor invoca como motivo de casación la prevista en el artículo 362 No. 1) del Código Procesal Penal, que consiste en la falta de claridad y determinación en los hechos probados. Esta Sala considera oportuno destacar, tal como lo hizo en la sentencia del 29 de septiembre de 2011 (Expediente de Casación No. 218.-2010), que el vicio procesal denunciado por el recurrente se origina cuando la redacción de los hechos probados aparece confusa, dubitativa o imprecisa, de modo que por su insuficiencia o oscuridad, o por no expresar en forma conclusiva, imperativa, terminante o categórica, sino vacilante o dubitativa, puede conducir a subsunciones alternativas, en definitiva, a consecuencia de la ambigüedad del relato. La falta de claridad puede venir determinada por haber empleado expresiones ininteligibles u oscuras que hacen difícil la comprensión del relato o cuando incurre en omisiones que alteran su significación y dejan prácticamente sin contenido específico la narración de los hechos; se produce, pues, cuando lo narrado es incomprensible por su deficiente redacción, oscuridad, ambigüedad o imprecisión, también cuando por omisión de elementos o circunstancias importantes, se impide conocer la verdadera realidad de lo ocurrido con la lógica consecuencia de que falta base fáctica para determinar si los hechos son o no constitutivos de la infracción penal, o cual ha sido la participación concreta de los acusados en la ejecución del delito; por consiguiente, no basta para apreciar el defecto procesal que la narración se ofrezca oscura o ininteligible en alguna de las partes, o en términos de ambigüedad o imprecisión que haga difícil su comprensión, sino que es necesario que tales defectuosidades se hallen en conexión con los condicionamientos determinantes de la calificación penal asignada a los hechos probados, provocando una laguna o vacío en la descripción histórica de los mismos, que determina una falta de premisa fáctica para formular la calificación jurídica, de forma que no pueda orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda estructurada, el pronunciamiento condenatorio o absolutorio, es decir, que resulta inadecuada para servir de argumentación lógica al fallo, y ello porque la “quaestio facti” debe servir de apoyo y sustento a la calificación jurídica o “quaestio iuris”.A partir de lo antes explicado, el reclamo del Censor no es atendible, pues su reproche no recae sobre la falta de claridad o redacción terminante de los hechos declarados probados, sino que en torno a las supuestas contradicciones existentes entre testimonios rendidos en juicio por los testigos de cargo. Finalmente el Censor invoca como motivo de casación la inobservancia de las reglas previstas en el código procesal penal para la realización del juicio oral y público que prevé el artículo 362 No. 5) del texto legal antes mencionado. Esta Sala de lo Penal considera importante recordar que en este motivo deben considerarse las reglas esenciales para el desarrollo de la parte más importante del proceso como lo es el juicio oral y público, de tal manera que estas reglas deben referirse a los principios sobre los cuales descansa esta etapa del procedimiento: oralidad, publicidad, inmediación, contradicción y concentración. De ello se desprende que el vicio no estará constituido por una simple infracción a una norma procesal relativa a la forma en que se debe desarrollar un acto particular de la fase del juicio, sino que se refiere a la vulneración de una norma de tal incidencia, que su violación afecte sustancialmente al proceso. Las normas que informan la manera de desarrollar el juicio oral están comprendidas del artículo 304 al 346 del Código Procesal Penal. El vicio será de estimar cuando se trate de una violación de esas normas, pero esencialmente de aquellas fundamentales, es decir las que desarrollan los principios antes apuntados, como por ejemplo, no permitir a una de las partes el ejercicio de su derecho a interrogar los testigos de su contendor, lo cual vulneraría lo dispuesto en el artículo 330 del Código Procesal Penal, y con ello se afectarían los principios de contradicción y defensa. Más no es suficiente la existencia del vicio procesal, se hace necesario el formal reclamo del acto irregularmente desarrollado, a efecto de que pueda ser subsanado, por exigirlo así el párrafo tercero del artículo 363 del Código Procesal Penal en relación al numeral 6) del artículo 346 del mismo texto legal. En consecuencia deberán tomarse en cuenta dos aspectos: la trascendencia de la infracción y la protesta del acto viciado para lograr su corrección y generar la facultad de recurrir a través de esta vía[3].Al tenor de lo antes señalado, el reclamo del Censor no es atendible ya que no se ha señalado cuales son las reglas esenciales, como pueden ser las concernientes a los principios de oralidad, contradicción, publicidad y concentración que pudieran haber sido soslayados por el Tribunal de instancia en la tramitación del juicio oral y público, amén de que esta Sala no ha logrado encontrar en la sentencia impugnada como lo sostiene el Censor, la referencia de algún arma que haya sido presentado como evidencia como instrumento de ejecución del hecho objeto de juzgamiento. Por todas las razones anteriormente expuestas el presente recurso de casación interpuesto por la Defensa del imputado J. DE LA C. M. M. ha de ser desestimado. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 362, 363 párrafo tercero y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: Declarando NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por la Defensa del procesado J. D. L. C. M. M.. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda con arreglo a Derecho. Redactó EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- JACOBO A. CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA C. MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de enero del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha veinticinco de noviembre del año dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-43-2014.
LUCILA C. MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] Vid. Pabón Gómez, Germán, De la Casación y la Revisión Penal, Ediciones Doctrina y Ley, Colombia, 2003, Pág. 144.
[2] En virtud del principio de inmediación el Juez se relaciona directamente con los medios de prueba sobre los que ha de formar su convicción. Significa dicho principio que la actividad probatoria ha de transcurrir ante la presencia o intervención del órgano jurisdiccional encargado de pronunciar la sentencia. Un procedimiento está presidido por el principio de inmediación cuando el Juez o Tribunal están obligados a formar su íntima convicción y a fundamentar su sentencia exclusivamente con el resultado probatorio que ha podido formarse bajo su directa intervención en el juicio oral. De este modo el proceso lógico seguido por el Tribunal de Instancia en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto a control a través del examen casacional.
[3] Vid. en este sentido: LOPEZ ZUNIGA, EDUARDO JAIR / FERNANDEZ ENTRALGO, JESUS, en AAVV, Derecho Procesal Penal de Honduras, Manual Teórico-Práctico, LITICOM, Tegucigalpa, 2004, págs. 601-602.