Sentencia CP-365-12 — Registro 5748
Resumen
En primer instancia se condena a los imputados por los delitos de de homicidio simple en su grado de ejecución de tentativa y robo agravado, se declara sin lugar el recurso de casación interpuest por su defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El Recurso no es de Recibo. El Hecho Primero declarado probado por el Tribunal de Sentencia, hace una descripción de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Homicidio Tentado, del cual el acusado R. R. C. M., participó como coautor. 1) El hecho primero señala que los Agentes de Policía J. L. P. y J. B. B. P., resultaron heridos ya que fueron atacados por disparos de arma de fuego por los acompañantes del ahora acusado R. R. C. M. es decir, que estas personas actuaban bajo un acuerdo común y persiguiendo un mismo objetivo. De esta manera el acusado, sumo sus acciones a las de sus acompañantes, convirtiéndose en coautor del delito que estaban ejecutando, por lo que resulta indiferente cual de los atacantes fue quien infirió las heridas a los ofendidos, ya que al haberla producido cualquiera de éstos, el resto responderá por la coautoría aditiva por las acciones realizadas de manera conjunta que buscaban el mismo resultado; 2) El hecho primero declarado probado, describe como los acompañantes del acusado, dispararon sus armas de fuego en contra de los agentes policiales, es decir, los acompañantes dispararon en contra de los Agentes Policiales sin esperar a que estos se bajaran de la patrulla, esto solo puede ser debido a que se tenía intención de darles muerte, entonces el hecho de que los ofendidos solo presenten heridas no responde a que aquellos solo querían herirle, sino a la fortuna de que no acertaron en el objetivo por la acción huir del lugar donde se cometía la acción de Robo; 3) El hecho primero declarado probado, permite determinar que las acciones del acusado y sus acompañantes responde al grado de ejecución de tentativa: Explica este hecho que entretanto los ofendidos J. L. P. y J. B. B. P. estaban siendo agredido por arma de fuego, llegaron al lugar otros agentes de policía, quienes también hicieron uso de sus armas de fuego, lo que provocó que el acusado R. R. C. M., con los otros sujetos buscaran huir del lugar, es pues, que ha sido la acción de los agentes de policía que acudieron al socorro de los ofendidos lo que evitó que los acompañantes del acusado lograran dar muerte a los ofendidos. 4) Que en el presente caso y con las explicaciones derivadas del hecho primero probado se denota la correcta aplicación del Artículo 116 del Código Penal en la parte resolutiva de la Sentencia que ordena que la pena abstracta a imponer al acusado es de 20 a 30 años de reclusión, rebajada en un tercio (1/3), resultando la nueva pena abstracta en 13 años con 4 meses, en virtud de lo anterior, corresponde declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su PRIMER MOTIVO..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."El Recurso no es de Recibo Esta Sala de lo Penal da respuesta al Recurso de Quebrantamiento de Forma en base a las consideraciones siguientes: 1) La motivación contradictoria puede darse entre la valoración probatoria y los Hechos Probados como cuando se da por probado un hecho contrario al que se dedujo de la valoración probatoria, tal es el caso por ejemplo que se valore en la prueba que el resultado se produjo a causa de un disparo y que se consigne en el Hecho Probado que fue a causa de una herida con arma blanca. Puede presentarse la contradicción también entre los Hechos Probados y la Fundamentación Jurídica, por ejemplo, que se describa en los hechos probados una conducta de complicidad en un delito pero en la fundamentación jurídica se determine una autoría. La contradicción en la motivación puede aparecer en forma interna en la valoración probatoria como cuando se exprese que no fue posible determinar la edad de la víctima y en la misma relación probatoria se exprese que con el atestado correspondiente se probó la edad específica. Puede aparecer también en la fundamentación jurídica internamente, por ejemplo cuando se exprese en una parte que la conducta se cataloga como actos de lujuria y en otra parte se exprese que es violación consignando los preceptos penales de ambos injustos. 2) Examinada tanto la motivación factica como la jurídica de la Sentencia, no se aprecia la concurrencia de una motivación de contradicción entre los hechos probados y las deducciones probatorias pues es factible describir el hecho como lo hizo el Tribunal A-quo partiendo de la valoración probatoria efectuada. Tampoco existe motivación contradictoria entre los hechos probados y la fundamentación jurídica pues la descripción de los primeros es coherente con las determinaciones del Juzgador de instancia con respecto al grado de participación del Acusado en el Delito de Tentativa de Homicidio Simple, de igual forma no estima este Tribunal que exista una motivación jurídica interna contradictoria, pues las apreciaciones jurídicas del Juzgador de Instancia son congruentes en sus razonamientos para llegar a concluir que la tipificación que corresponde a los hechos llevados a juicio es el delito de tentativa de homicidio simple y que el señor R. R. C. M., puede ser considerado autor de tales hechos, no apreciándose argumentos excluyentes en la fundamentación jurídica, en consecuencia, no procede el motivo de casación invocado..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."A criterio de esta Sala de lo Penal, el reclamo formulado mediante el Recurso, no se enmarca en las normas constitucionales que se citan como violentadas, toda vez que el mismo no gravita en la inexistencia de la posibilidad material para la Defensa de los Imputados de realizar actos procesales en defensa de los intereses de sus representados, como la presentación de argumentos, presentación de prueba, contradicción, audiencia, presentación de peticiones y de Recursos. Asimismo la Sala, considera pertinente recordar que la condición jurídica de inocencia consagrada en el Artículo 89 de la Constitución de la República, establece una presunción “Juris Tantum”, misma que puede ser enervada con la producción de un mínimo de prueba de cargo, evacuada en un juicio legal seguido con todas las garantías. Corresponde al ente acusador investigar, ejercer la acción penal pública y probar la imputación criminal, y a la Defensa censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a las formalidades, derechos y garantías dispuestas en las leyes a favor del acusado, lo que no le impide participar en la producción de prueba a favor del Acusado. En el presente caso, el principio-derecho a la Presunción de Inocencia dispuesto en el Artículo 89 de nuestra ley fundamental a favor del Imputado, se ha desvanecido, por la actividad probatoria del Acusador, al incorporar al juicio prueba de cargo suficiente valorada y enlazada con indicios derivados de inferencias y razonamientos lógicos con que formado su convicción el juzgador de instancia más allá de toda duda ha declarado probado que los procesados de los hechos sometidos a juzgamiento tiene participación directa en los hechos donde resultaron heridos los agentes policiales y esa relación con las personas que dispararon a los agentes de policía. Del fáctum de desprende que los acompañantes de los ahora acusados dispararon en contra de los agentes policiales, acción de la que resultaron dos policías. Asimismo que la acción violenta de los acompañantes de los mismos tuvo por objetivo facilitar la fuga de los ahora acusados, objetivo que no fue efectivamente logrado con el resultado lesivo en la integridad físico de dos Policías. Si bien es cierto, aunque los acusados no hayan realizado materialmente los disparos de arma de fuego que dieron por resultado las heridas en dos efectivos policiales, desde el punto de vista penal resulta penalmente responsable de la acción de los demás a título de coautores necesarios, habida cuenta que eran concientes antes de se iniciaran los actos ejecutivos propiamente dichos del propósito manifiesto de los autores materiales, esto es, de facilitar la fuga del lugar donde se verificaba el Robo, por lo que no cabe duda que ante el cúmulo de indicios aportados en juicio contra los acusados ya insertos en los hechos declarados probados derivados de la prueba directa e indiciaria, el Juzgador ha logrado enervar la presunción de inocencia que existía a favor de los mismos, y consecuentemente ha dictado un veredicto condenatorio. Por las razones anteriormente expuestas esta Sala de lo Penal considera que el Tribunal de Instancia no ha vulnerado el Principio Derecho a la Presunción de Inocencia ni tampoco el Principio de Debido Proceso, que consagran respectivamente los Artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, de ahí que el motivo formulado por la Defensa de los encartados sea declarado SIN LUGAR..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el diecinueve (19) de Mayo del año dos mil quince (2015), por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO en su calidad de Coordinador, JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo los Recursos de Casación por Infracción de Ley Sustantiva, Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Precepto Constitucional, interpuestos contra la sentencia de fecha veintinueve de Marzo de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falló: CONDENANDO: 1) a los Señores R. R. C. M., B. R. C. E., J. M. L. y W. J. W., a la pena de TRECE (13) AÑOS CUATRO (4) MESES DE RECLUSION, por el delito de HOMICIDIO SIMPLE en su grado de ejecución de TENTATIVA, en perjuicio de J. L. P.; 2) a la pena de TRECE (13) AÑOS CUATRO (4) MESES DE RECLUSION, por el delito de HOMICIDIO SIMPLE en su grado de ejecución de TENTATIVA, en perjuicio de J. B. B. P.; 3) a la pena de SEIS (6) AÑOS OCHO (8) MESES DE RECLUSION, por el delito de ROBO AGRAVADO, en perjuicio de la Institución Bancaria denominada BANCO ATLANTIDA S.A., mas las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL.- 4)NO CONDENO en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley Sustantiva y Quebrantamiento de Forma, el Abogado J. A. P. A., actuando en su condición de Defensor Privado del encausado R. R. C. M.; y el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional las Abogadas A. M. L. y G. E. B., la primera actuando en su condición de Defensora Pública de los encausados B. R. C. y J. M. L., y la segunda del señor W. J. W.. SON PARTES: La Abogada D. M. R. actuando en su condición de Defensora Pública de los encausados W. J. W., B. R. C. y J. M. L.; El Abogado R. A. I. actuando en su condición de Defensor del encausado R. R. C. M.; como RECURRENTES y la Abogada I. A. F. en su condición de Representante del MINISTERIO PÚBLICO, como RECURRIDA. HECHOS PROBADOS “Este Tribunal de Sentencia valorando conjuntamente, conforme a las reglas de la sana crítica, las pruebas practicadas en juicio, ha llegado a las siguientes conclusiones: PRIMERO: El día viernes veintidós de mayo del año dos mil nueve, a eso de las ocho y treinta minutos de la mañana, varias personas que portaban chalecos anaranjados y cascos de color amarillo, similares a los que se usan en la construcción, llegaron a bordo de un vehículo tipo pick-up color rojo, marca Nissan, Frontier y de X-Terra color gris, al local que ocupa la agencia sucursal de Banco Atlántida S.A., en las inmediaciones del centro comercial Metro Plaza de la ciudad de Choloma, departamento de Cortés, de las cuales, unas se quedaron fuera y otras ingresaron al interior de la Agencia Bancaria, fingiendo ser clientes, ya en el interior y cuando los empleados se disponían a iniciar sus labores, éstos haciendo uso de sus armas de fuego, sometieron, primero, a los guardias de seguridad, iniciando por el señor W. J. W., quien redujo a la impotencia al guardia de la entrada rodeando con sus brazos el cuerpo de este y simultáneamente otros, entre ellos los señores R. R. C. M., J. M. L. Y B. R. C., obligaron al gerente, colocándole un arma de fuego en la cabeza , abrir la bóveda, de donde extrajeron dinero, mismo que depositaron en una funda de almohada, así como también a clientes y al personal de dicha agencia bancaria, indicándoles que se trataba de un asalto, inmediatamente obligaron a las cajeras a entregar el dinero que había en las cajas, haciendo una suma total de quinientos sesenta y cinco mil doscientos diez lempiras (Lps. 565,210.00); manteniendo sometidas a las personas que estaban en el interior de la agencia bancaria e impidiendo la salida o ingreso de personas al local; mientras esto ocurría, miembros de la Policía Nacional Preventiva, llegaron a dicho lugar, a bordo de una patrulla policial, sin esperar que estos se bajaran, los otros acompañantes de los que habían ingresado a la agencia bancaria, abrieron fuego con los Agentes de la Policía, resultando heridos los Agentes Policiales J. L. P. Y J. B. B. P., llegando en ese preciso instante otros Agentes de la Policía Preventiva a bordo de otra patrulla, quienes les brindaron apoyo, logrando disuadir el ataque. SEGUNDO: En el transcurso del tiroteo, varios de los que habían ingresado al local de la Agencia Bancaria lograron salir del establecimiento, inclusive W. J. W. y la persona que portaba la maleta negra conteniendo en su interior ochenta y seis mil cuatrocientos veinte lempiras (Lps. 86,420.00), suma que constituye el faltante en efectivo, quienes se retiraron del lugar junto a los que se encontraban afuera en un vehículo rojo marca Nissan modelo Frontier, míentras tanto, el acusado, R. R. C. M., encargado de sacar la funda conteniendo la suma de cuatrocientos setenta y ocho mil setecientos noventa lempiras (Lps.478,790.00), no pudo hacerlo porque en ese momento se produjo el enfrentamiento con los Agentes de la Policía, por lo que decidió colocarla en el suelo junto a él, tirándose al suelo fingiendo ser uno de los clientes sometidos, al igual que B. R. C. E. y J. M. L., quienes después no pudieron salir pues, como medida de seguridad las autoridades ordenaron el cierre del local, reteniendo a las personas que se encontraban en su interior, por lo cual procedieron a detenerlos y ponerlos a la orden de la Policía Preventiva.” C O N S I D E R A N D O I.- Los Recursos de Casación por Infracción de Ley Sustantiva, Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Precepto Constitucional, interpuestos por el Abogado J. A. P. A., en su condición de Defensor Privado del encausado R. R. C. M.; y por las Abogadas A. M. L. y G. E. B., la primera actuando en su condición de Defensora Pública de los encausados B. R. C. y J. M. L., y la segunda del señor W. J. W., reúnen los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de los mismos. II.-EL RECURRENTE ABOGADO J. A. P. A., EN SU CONDICION DE DEFENSOR PRIVADO, DEL ENCAUSADO R. R. C. M., PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY SUSTANTIVA Y QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, DE LA MANERA SIGUIENTE: “PRIMER MOTIVO: INFRACCION DE LEY SUSTANTIVA POR APLICACION INDEBIDA DE LOS ARTICULOS 116 en relación con el 15, y 32 DEL CODIGO PENAL y por falta de aplicación del artículo 33 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: PRIMERO Plantea la defensa del señor R. R. C. M., la Infracción de 4 preceptos de orden público sustantivo como lo son los artículos 116 en relación con el 15,32 Y 33 párrafo segundo del Código Penal, los artículos 116, 15 y 32 por aplicación indebida y el artículo 33 por falta de aplicación. La ley penal establece: Artículo 116: Quien de muerte a una persona sin concurrir las circunstancias que se mencionan en los siguientes artículos del presente capítulo, comete el delito de Homicidio simple, e incurrirá en la pena de 15 a 20 años. Artículo 15: Hay tentativa cuando, con la intención de cometer un delito determinado, se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del Agente. Respetando como estamos obligados, los hechos declarados probados por el Tribunal de Sentencia, entendemos que estos son para el Tribunal, el producto de la apreciación de la prueba ejecutada en juicio por efecto de la inmediación y que esta descripción fáctica, es la que el Tribunal debe usar para, aplicar la ley en la parte resolutiva de la sentencia: Describir la conducta de un imputado y fallar aplicando la Ley Sustantiva Penal en la que se subsume esta conducta. Honorables Magistrados, en opinión del recurrente, la conducta descrita en los hechos declarados probados no se subsumen en el tipo penal de Homicidio en su grado de ejecución de Tentativa, por el que fue condenado el señor R. R. C. M., aplicando indebidamente los artículos 116 y 15 del Código Penal. El Tribunal de Sentencia declaró como hechos probados los siguientes: HECHOS PROBADOS Valorando las pruebas practicadas en el acto del Juicio Oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: El día viernes veintidós de mayo del año dos mil nueve, a eso de las ocho y treinta minutos de la mañana, varias personas que portaban chalecos anaranjados y cascos de color amarillo, similares a los que se usan en la construcción, llegaron a bordo de un vehículo tipo pick-up color rojo, marca Nissan, Frontier y de X-Terra color gris, al local que ocupa la agencia sucursal de Banco Atlántida S.A., en las inmediaciones del centro comercial Metro Plaza de la ciudad de Choloma, departamento de Cortés, de las cuales, unas se quedaron fuera y otras ingresaron al interior de la Agencia Bancaria, fingiendo ser clientes, ya en el interior y cuando los empleados se disponían a iniciar sus labores, éstos haciendo uso de sus armas de fuego, sometieron, primero, a los guardias de seguridad, iniciando por el señor W. J. W., quien redujo a la impotencia al guardia de la entrada rodeando con sus brazos el cuerpo de este y simultáneamente otros, entre ellos los señores R. R. C. M., J. M. L. Y B. R. C., obligaron al gerente, colocándole un arma de fuego en la cabeza , abrir la bóveda, de donde extrajeron dinero, mismo que depositaron en una funda de almohada, así como también a clientes y al personal de dicha agencia bancaria, indicándoles que se trataba de un asalto, inmediatamente obligaron a las cajeras a entregar el dinero que había en las cajas, haciendo una suma total de quinientos sesenta y cinco mil doscientos diez lempiras (Lps. 565,210.00); manteniendo sometidas a las personas que estaban en el interior de la agencia bancaria e impidiendo la salida o ingreso de personas al local; mientras esto ocurría, miembros de la Policía Nacional Preventiva, llegaron a dicho lugar, a bordo de una patrulla policial, sin esperar que estos se bajaran, los otros acompañantes de los que habían ingresado a la agencia bancaria, abrieron fuego con los Agentes de la Policía, resultando heridos los Agentes Policiales J. L. P. Y J. B. B. P., llegando en ese preciso instante otros Agentes de la Policía Preventiva a bordo de otra patrulla, quienes les brindaron apoyo, logrando disuadir el ataque. SEGUNDO: En el transcurso del tiroteo, varios de los que habían ingresado al local de la Agencia Bancaria lograron salir del establecimiento, inclusive W. J. W. y la persona que portaba la maleta negra conteniendo en su interior ochenta y seis mil cuatrocientos veinte lempiras (Lps. 86,420.00), suma que constituye el faltante en efectivo, quienes se retiraron del lugar junto a los que se encontraban afuera en un vehículo rojo marca Nissan modelo Frontier, míentras tanto, el acusado, R. R. C. M., encargado de sacar la funda conteniendo la suma de cuatrocientos setenta y ocho mil setecientos noventa lempiras (Lps.478,790.00), no pudo hacerlo porque en ese momento se produjo el enfrentamiento con los Agentes de la Policía, por lo que decidió colocarla en el suelo junto a él, tirándose al suelo fingiendo ser uno de los clientes sometidos, al igual que B. R. C. E. y J. M. L., quienes después no pudieron salir pues, como medida de seguridad las autoridades ordenaron el cierre del local, reteniendo a las personas que se encontraban en su interior, por lo cual procedieron a detenerlos y ponerlos a la orden de la Policía Preventiva. Son, los antes enunciados los hechos probados, Como base a efecto de interponer el presente recurso. En lo atinente al presente recurso, los hechos probados expresan: A.- Que R. R. C. entró al banco. B.- Que llego con otras personas. C.- Que las personas que estaban fuera del banco dispararon a la policía, hiriendo a dos de ellos. D.- Que R. R. Estaba dentro del banco cuando suceden los disparos en la parte de afuera. E.- Que hubo un intercambio de disparos entre la Policía y las personas que estaban afuera. Es evidente, en el presente caso que la intención de las personas dentro y fuera del banco era cometer un ROBO. El artículo 15 del Código penal establece con claridad, que la tentativa se sucede cuando el Agente: 1.- Actúa con la intención de cometer un delito determinado 2.-Realiza actos inequívocos de ejecución 3.- El delito no se consuma por causas ajenas a la voluntad del Agente (aparición de un elemento exógeno) En el presente caso R. R. C. NO REALIZA NINGUNA DE ESTAS ACCIONES. VEAMOS: a.-La tentativa requiere actuar con la intención de cometer un delito determinado, NO CUALQUIER DELITO, es obvio que la intención de los que llegan a la Agencia Bancaria tenían la intención de ejecutar un Robo, de manera que ese elemento de la tipicidad esta ausente. b.-La tentativa requiere la realización de actos inequívocos de ejecución, mi representado estaba dentro del banco y no realizo NINGUNA actividad relacionada con el ataque a los policías, de manera que ese elemento tampoco esta presente en la actividad descrita en los hechos declarados probados. c.- El tercer elemento que es la cesación del acto motivado por un elemento exógeno, es inaplicable, pues al no estar presente el acto inequívoco de ejecución, no tiene sentido este tercer elemento. Los hechos declarados probados establecen que “Los otros compañeros de los que habían ingresado a la Agencia Bancaria abrieron fuego”, de manera que la imputación de la acción de los que estaban afuera es absurda, pues aquí resulta que el tribunal presume que había un concierto para realizar la acción homicida, presunción que no tiene fundamento en la prueba ejecutada. Honorables magistrados, el hecho de que hubiesen llegado juntos, por si solo no necesariamente significa que todos tuviesen la intención de dispararle a la Policía, el sentido común indica que los que se quedaron fuera tenían la intención de alertar a los de adentro, era impredecible que llegara la Policía y era impredecible que en vez de alertar a los de adentro decidieran disparar, por otra parte, la decisión de disparar la toman los que están afuera y los que están adentro no participan de esa decisión, A MENOS QUE ESO SE HUBIESE PROBADO, lo cual no sucedió, específicamente el recurrente reclama que el tribunal supone que las personas dentro del banco tienen control del acto que se realiza afuera, esta suposición no tiene fundamento y es en base a esa suposición que deciden condenar a un ciudadano por una acción que no realizó. Con todo respeto el casacionista considera, que la acción declarada probada no se subsume en el supuesto normativo de la tentativa, Mi representado estaba dentro del banco participando en el robo, sin embargo al ser detenido sin desapoderar al banco de el dinero, habría incurrido en una conducta de Robo agravado en su grado de ejecución de tentativa, nunca EN UN HOMICIDIO INTENTADO, como erróneamente se dicta en la sentencia. Con el anterior fundamento hemos explicado que la sentencia contiene una infracción a los artículos 116 y 15 del código penal, por aplicación indebida. SEGUNDO.- En relación con la infracción que se sucede por falta de aplicación del artículo 33 párrafo segundo 35 del Código penal, el recurrente alega: Tal y como están construidos los hechos declarados probados, a mi representado se le imputa la acción siguiente: “el acusado, R. R. C. M., encargado de sacar la funda conteniendo la suma de cuatrocientos setenta y ocho mil setecientos noventa lempiras (Lps. 478,790.00), no pudo hacerlo porque en ese momento se produjo el enfrentamiento con los Agentes de la Policía, por lo que decidió colocarla en el suelo junto a él, tirándose al suelo fingiendo ser uno de los clientes sometidos”. Aquí los hechos probados describen claramente 2 actividades: 1.-Sucede un tiroteo fuera del banco y los participantes del tiroteo huyen. 2.-Mi representado era el encargado de sacar una funda de almohada con dinero, lo cual no realiza porque fuera del banco se sucedió el tiroteo, es decir mi representado quedo dentro del banco. La sentencia en su parte resolutiva lo declara culpable por los hechos que suceden afuera, mientras el estaba adentro, además no se ejecutó ningún acto de prueba que indicara que los actos homicidas que realizan los de afuera, fuesen parte del plan de los asaltantes, de lo anterior el recurrente reclama que no le es imputable a mi representado los actos que realizaron las personas que estaban afuera, aquí se sucede la infracción al párrafo segundo del artículo 33 del Código penal, que manda: Artículo 33: Son cómplices los que no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan en la ejecución del hecho por actos anteriores y simultáneos. Si de las circunstancias particulares del proceso resultare que el acusado de complicidad no quiso cooperar sino en un acto menos grave que el cometido por el autor, la pena será aplicada al cómplice solamente en razón del acto que pretendió ejecutar. Honorables magistrados este artículo que es una norma sustantiva penal vigente, se infringe en la sentencia pues en el presente caso: un grupo de personas participan en un robo, luego al aparecer la policía se sucede un tiroteo entre unas personas, y se ha declarado probado que un grupo de personas no participa en el tiroteo, pero el tribunal condena por el resultado del tiroteo a los que NO PARTICIPARON, A LOS QUE NO DISPARARON, A LOS QUE ESTABAN EN UN LUGAR DIFERENTE A DONDE SUCEDE EL TIROTEO. En opinión del recurrente y dados los hechos declarados probados, la participación de mi representado solo es imputable la comisión del Robo, pues de acuerdo a las circunstancias del proceso se evidencia que los que estaban dentro del banco no tenían la intención de participar en otra cosa que no fuese un robo. Aquí el recurrente sigue, describe esa hipótesis, siguiendo la línea descrita en la sentencia, pues de acuerdo a la construcción de la sentencia, mi representado ha participado en el robo, o sea podría inclusive imputarse la participación a titulo de cómplice en el robo que sucede respecto al dinero que uno de los asaltantes sustrajo del banco, sin embargo la actividad descrita en la persona de mi representado se subsume en el delito de Robo en su grado de participación de tentativa, pues según los hechos declarados probados, no sacó dinero del banco o sea que el propietario del bien nunca fue desapoderado, pues mi representado no tuvo en ningún momento disponibilidad del bien. La sentencia alude como fundamentación del fallo condenatorio, la aplicación de una doctrina o teoría del DOMINIO FUNCIONAL DEL HECHO, con el debido respeto, en el derecho penal hondureño, la autoría esta definida de tal forma que no admite la aplicación de tal teoría. Honorables Magistrados, esta teoría es incompatible con la construcción de la autoría en el Código Penal hondureño, y mientras la institución de la autoría no sea adecuada a la teoría doctrinaria, no puede ser aplicable por el estado hondureño. En honduras son autores quien realizan materialmente la acción, los que fuerzan o inducen a otros y los que participan en actos sin los cuales no se podría realizar la acción, en este caso, el que le disparó a fulano, el que indujo a otro a dispararle a fulano y el que realizó una actividad sin la cual no se le hubiera dado muerte a fulano, NADA MAS, tanto la teoría del dominio funcional del hecho, como la teoría de la unidad de imputación, se originan en países donde la autoría es abierta, de manera que en España por ejemplo son autores los que participan… EN HONDURAS NO, NUESTRO LEY PENAL DEFINE CLAMANETE LA AUTORIA. La teoría mas moderna es la TEORIA DEL DOMINIO DEL HECHO, que afirma que tiene el dominio del hecho el que lo configura realmente y sabe que tiene esa configuración real La acción descrita en los hechos declarados probados no se subsumen en el homicidio en su grado de ejecución de tentativa pues mi representado no realizó la actividad homicida, en consecuencia la actividad descrita se subsume en el delito de Tentativa de robo agravado y no en una tentativa de homicidio. RECLAMO Respecto a la obligación contenida en el artículo 363 del Código Procesal Penal en el sentido de señalar el reclamo que se haya realizado para subsanar el vicio procesal, señaló que el vicio se sucede en la sentencia definitiva, razón por la cual: El reclamo lo constituye el presente recurso.” III.- SIGUE MANIFESTANDO EL RECURRENTE ABOGADO J. A. P. A. EN SU SEGUNDO MOTIVO DE CASACION. QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: “PORQUE EN LA SENTENCIA SE CONTIENE UNA MOTIVACION CONTRADICTORIA. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: El recurrente alega que la declaración de hechos probados que contiene la sentencia SE FUNDAMENTA EN UNA MOTIVACION CONTRADICCTORIA. PRIMERO: El vicio se encuentra al contrastar la fundamentación jurídica con el fallo, resulta Honorables Magistrados toda la fundamentación jurídica es contradictoria con el fallo, al abordar los elementos del tipo subjetivos y objetivos y mas específicamente al tocar la tipicidad esta se refiere a la actividad desplegada por personas distintas de mi representado, pero se dicta un fallo condenando a R. R. C.; Para demostrarlo solicito su atención al contenido de la pagina once numeral segundo literal A, en esta parte la sentencia se refiere a la fundamentación jurídica de la existencia del delito de Homicidio, la sentencia dice “pero para que el delito se perfeccione como tal, es necesario que mediante aquella acción desencadenada sobre el objeto material, se produzca un resultado”… luego mas adelante agrega “Resultando heridos a consecuencia de los disparos de arma de fuego que le hicieran los acompañantes de los acusados”, después vuelven a “fundamentar” De lo anterior se colige que la intención de los acompañantes de los acusados era causarles la muerte”… LOS ACOMPAÑANTES, aquí los jueces describen el presupuesto exigible para la aparición del delito de homicidio y la actividad que resultó probada, pues se admite aquí que fueron otras personas las que realizan la acción típica que produjo el resultado imputable, luego entonces la contradicción consiste en que en la fundamentación dice que unas personas ejecutaron el hecho y se condena a personas diferentes de los autores, pero existe otra contradicción donde los jueces admiten su error; En el numeral tercero, pagina 13 la sentencia dice: “Si bien es cierto nuestro ordenamiento jurídico no establece la figura de la coautoría, esta se perfila cuando a varias personas se les imputa un mismo hecho criminoso por haber intervenido en la realización del mismo, considerándose en tal caso autores a todos los partícipes, con todo respeto hacia los jueces, talvez tenían mucho trabajo o hicieron esta sentencia innubilados por cualquier motivo y no se percataron de lo que estaban escribiendo, SI NUESTRO ORDENAMIENTO JURIDICO, NO ESTABLECE LA FIGURA DE LA COAUTORIA, LOS JUECES NO PUEDEN CREARLA, NI PUEDEN APLICARLA… nulla poena, sine lege, solo el Congreso Nacional puede crear la ley, y solo la ley puede crear figuras delictivas, precisamente ese es el reclamo del recurrente, que mi representado tiene derecho a ser juzgado conforme la legislación del Estado de Honduras, al respecto el Código Penal establece en su artículo 1 “Nadie será penado por Infracciones que no estén determinadas en una ley anterior a la perpetración de un delito”, Honorables Magistrados si los mismos jueces en su sentencia admiten que la actividad de mi representado, no esta contenida en la ley, luego entonces es ilegal condenarlo. Así las cosas de la simple lectura de la sentencia se advierte que la misma tiene una motivación contradictoria, y es esto lo que se reclama en le presente recurso como Quebrantamiento de forma tal y como lo posibilita el numeral 3 del artículo 362 del Código Procesal Penal.- RECLAMO Respecto a la obligación contenida en el artículo 363 del Código Procesal Penal en el sentido de señalar en reclamo que se haya hecho para subsanar vicio procesal, señalo que el vicio se produce en la sentencia definitiva, razón por la cual el reclamo lo constituye el presente recurso.” IV.-LAS RECURRENTES ABOGADAS A. M. L. y G. E. B., EN SU CONDICION DE DEFENSORAS PUBLICAS, LA PRIMERA DE LOS SEÑORES B. R. C. y J. M. L., Y LA SEGUNDA DEL SEÑOR W. J. W., PROCEDIERON A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, DE LA MANERA SIGUIENTE: EXPLICACION DEL MOTIVO DE CASACION: MOTIVO UNICO: Violación de los artículos 89 y 90, párrafo primero de la Constitución de la República, en relación a los artículos 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 337 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: Las normas constitucionales que se invocan como infringidas son el artículo 89 que establece: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente.” Y, a su vez, el Artículo 90, párrafo primero indica que “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece” Estas normas constitucionales tienen una directa relación con el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre las Garantías Judiciales: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.” Asimismo, con el artículo 337 del Código Procesal Penal sobre el principio de congruencia: “Congruencia de la Sentencia con la Acusación. La Sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean las descritas en la formalización de la acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación y en la contestación de ésta, ni calificar los hechos, en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas. Sí el Tribunal considera que el hecho enjuiciado es constitutivo de falta, podrá apreciarlo así en su sentencia sin perder su competencia para el enjuiciamiento del caso.” PRIMERO: Con base a lo anterior, es obligación del Estado velar por el cumplimiento del debido proceso, respetando todas las garantías que el mismo establece. Siendo nuestro sistema penal uno de tipo acusatorio, donde las funciones de cada uno de los sujetos procesales se encuentran bien delimitadas no es menester del juzgador encargarse de la acusación del delito, debido a que esta actividad se ha delegado en una autoridad especial, que en nuestro caso, es el Ministerio Público. La Ley del Ministerio Público en su artículo 16.2 y el Código Procesal Penal en su artículo 92 atribuyen a dicha Institución del Estado, de forma oficiosa e ineludible, la facultad de ejercer la acción pública. Por lo anterior, es el Ministerio Público quien establecerá en la petición de su requerimiento un abstracto de la pena a aplicar, en concordancia con el principio de legalidad. Siguiendo a CALAMADREI[1], las facultades del juzgador o tribunal con el sistema acusatorio se condicionan a una solicitud particular de protección jurídica en la que se le permite evaluar el delito y cambiar su tipo penal por uno menos gravoso al solicitado, mas no está facultado para cambiar el tipo penal a una situación más gravosa para el imputado. Lo anterior es lo que ha ocurrido con nuestros representados a quienes se les ha acusado de Homicidio en su grado de ejecución de Tentativa conforme al artículo 116 párrafo primero del Código Penal, pero se les ha condenado por parte del Tribunal conforme al artículo 116 párrafo segundo donde el tipo penal constituye uno más gravoso. El debido proceso aludido en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Constitución de la República establece un juicio lógico, integrado en tres elementos: la tesis del acusador o actor, la antítesis del imputado y la síntesis contenida en la sentencia del juzgador, por lo que debe referirse al hecho del proceso y fundarse en el derecho. Ello significa que la sentencia condenatoria no puede captar otro material fáctico distinto al contenido en la acusación, en cuanto cuestión juzgable integrada con los hechos contrapuestos por el imputado, ni referirse a una persona distinta del imputado[2]. Por lo anterior el juzgador debió haber establecido en su sentencia la síntesis del caso acorde con lo solicitado por el Ministerio Público y la Defensa. No obstante, al leer el Considerando Décimo Primero de la sentencia nos encontramos con una calificación del delito de Homicidio Simple agravado en relación a la solicitada en la acusación del Ministerio Público. SEGUNDO: Otra de las garantías del debido proceso es el principio de congruencia establecido en el artículo 337 del Código Procesal Penal, en el cual la sentencia debe ir fundada y acorde con los que fue pedido por las partes. VÉSCOVI[3] indica que la congruencia, constituye un requisito que han de cumplir las sentencias sobre el fondo, consistente en la adecuación, correlación o armonía entre las peticiones de tutela realizadas por las partes y lo decidido en el fallo de la sentencia. De esta forma, si el juez omite resolver sobre todos y cada uno de los puntos que han sido objeto del debate, la sentencia estará viciada de incongruencia por omisión de pronunciamiento. Pero ésta puede también estar viciada de incongruencia cuando se otorga más de lo pedido (incongruencia por ultra petita) o cuando se concede algo que no es precisamente lo que se ha pedido por alguna de las partes o bien hace declaración que no se corresponde con las pretensiones deducidas por los litigantes (incongruencia por extra petita). En el presente caso y como anteriormente hemos indicado, el Ministerio Público pidió para nuestros representados la aplicación del artículo 116, párrafo primero del Código Penal, para el cual se establece una pena abstracta de 15 a 20 años a aquellos a quienes cometieren el delito de Homicidio Simple. Circunstancia que difiere significativamente del tipo penal establecido sin explicación alguna por parte del Tribunal, donde se aplica el Homicidio Simple del artículo 116, párrafo segundo del Código Penal, para el cual se establece una pena abstracta de 20 a 30 años, siendo ésta considerablemente mayor y más perjudicial para nuestros representados. TERCERO: Es importante destacar que en el presente juicio, el Honorable Tribunal se contradice a sí mismo, debido a que en la audiencia del juicio oral y público expresa en su fase conclusiva que sus facultades se encuentran delimitadas por el sistema acusatorio que nos rige, citando textualmente: “Estos juzgadores no pueden dejar de apreciar que, sí bien, la Agente del Ministerio Público, ha encuadrado los hechos en el párrafo primero del artículo 116 relacionado con el artículo 15 del Código Penal, pues se trata de una tentativa, como ya se dijo, los mismos son subsumibles en el tipo agravado contenido en el párrafo segundo de esa norma penal, por tratarse de que los ofendidos tenían la calidad de autoridad policial en ese momento, sin embargo, dado que, de conformidad con los principios que rigen el sistema acusatorio, estamos vinculado a lo peticionado por el ente acusador y siendo, además, que técnicamente no es posible agravar la condición de las personas sometidas al proceso, estos Juzgadores devienen obligados a tomar como parámetro lo solicitado, esto para respetar el principio de congruencia que debe existir entre la acusación y la sentencia.” Por lo anterior, consideramos que el juzgador ha incurrido en una contradicción cometiendo una incongruencia por ultra petita, condenando a nuestros representados a una pena superior a la solicitada por el Ministerio Público, violentando el debido proceso en cuanto a los principios dispositivo y de congruencia como parte de nuestro sistema acusatorio penal. Por consiguiente, la Sala Penal debe enmendar esta contradicción, estableciendo una pena para nuestros representados de acuerdo al párrafo primero del artículo 116 del Código Penal, el cual establece una pena abstracta de 15 a 20 años de reclusión. Sólo de esa manera se estaría respetando el derecho constitucional que tienen nuestros representados a un debido proceso acorde con las garantías que el mismo contiene. De lo antes expuesto, la defensa Pública solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa penal citada.” DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA INTERPUESTO POR EL ABOGADO J. A. P. A., APODERADO DEFENSOR DEL ACUSADO R. R. C. M., DENUNCIANDO INDEBIDA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 116, EN RELACIÓN AL ARTÍCULO 32 Y 15 DEL CÓDIGO PENAL Y POR FALTA DE APLICACIÓN DEL ARTICULO 33 DEL CODIGO PENAL. PRECEPTO AUTORIZANTE ARTÍCULO 360 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. Señala el Censor, que el Tribunal de Sentencia ha realizado una Indebida Aplicación del Artículo 116 del Código Penal al condenar al Acusado R. R. C. M., por el Delito de HOMICIDIO TENTADO en perjuicio de los Policías J. L. P. y J. B. B. P.; señala que en los hechos probados no se afirma que haya sido el Acusado quien disparara contra los policías, ya que la decisión de disparar la toman los que están afuera del Banco y los que están adentro no participan en esa decisión, por lo que en la propia opinión del Recurrente y dada la declaración de los Hechos Probados a su representado solo se les imputable la comisión del Robo, pues de acuerdo a la circunstancias del proceso se evidencia que los que estaban dentro del Banco no tenían la intención de participar en otra cosa que no fuese un robo. Denuncia la Falta de Aplicación del Artículo 33 párrafo segundo del Código Penal ya que refiere el Censor que en el presente caso, un grupo de personas participan en un ROBO luego al aparecer la Policía se sucede un tiroteo entre unas personas, y se ha declarado probado que un grupo de personas no participa en el tiroteo, pero el tribunal condena por el resultado del tiroteo a los que no participaron, a los que no dispararon, a los que estaban en un lugar diferente a donde sucede el tiroteo. II. Son tres los temas que merecen ser analizados por esta Sala de lo Penal para dar Respuesta al Censor: Naturaleza del tipo penal de Homicidio, la Tentativa y la Coautoría:
- El Delito de Homicidio Simple: Interpretando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esta Sala de lo Penal, indica que la vida (Art. 3) y la dignidad humana (Art. 1), junto con los derechos asociados de integridad corporal (Art. 3) y la libertad (Art.3), respectivamente, constituyen los derechos primarios por excelencia, de los que derivan las cuatro generaciones de derechos humanos reconocidos posteriormente. La Vida también constituye un derecho de primera categoría para la Constitución de la República, (Art. 65), para la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 4.1) y para el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 6.1), que en resumen la declaran como derecho inherente a la persona humana de carácter inviolable. Con el afán de proteger éste derecho el legislador nacional ha previsto en el Título I del Libro Segundo del Código Penal, un conjunto de delitos que protegen la vida y la integridad corporal, entre éstos, en el Capítulo I, el Delito de Homicidio. El delito de HOMICIDIO protege la vida independiente como bien jurídico protegido y está tipificado en el Artículo 116 que indica “Quien de muerte a una persona (…) comete el delito de Homicidio Simple e incurrirá en la pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión”. Son los elementos objetivos del tipo penal: a) Sujeto Activo: Puede ser cualquier persona; b) Sujeto Pasivo podrá ser cualquier persona diferente a: i) Los ascendientes o descendientes del sujeto activo, ya que de lo contrario podría configurarse otro tipo de delito (Parricidio o Infanticidio); ii) Los Jefes de Estado o Jefes de Gobierno Extranjeros que se encuentren en Honduras en visita oficial, porque ello podría constituir un delito contra el Derecho de Gentes; y iii) Diferente al Presidente de un Poder del Estado de Honduras, porque daría paso al delito de Magnicidio; c) Objeto material del delito, es la vida de la persona como bien jurídico protegido, por cuanto el sujeto pasivo debe de ser un ser humano ya nacido y que además, aunque parezca obvio, que se encuentre vivo al momento de sufrir el delito; d) Conducta criminosa centrada en el verbo rector, que en este caso matar, que dicho de otra manera implica privar de la vida; d) Modalidad criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en este caso el tipo penal determina que puede llevarse a cabo de cualquier manera, siempre que no sea de forma alevosa, premeditada, con ensañamiento o por medio de grandes estragos, ya que ello desplazaría el delito de HOMICIDIO para darle paso al delito de ASESINATO; e) La Penalidad, está fijada por el legislador con una sanción de quince (15) a veinte (20) años de reclusión, misma que se cualifica cuando al momento del delito el sujeto pasivo estuviese realizando sus funciones como autoridad judicial, policial, miembro del Ministerio Público o funcionario o empleado de un Establecimiento Penal. Como elemento subjetivo el tipo penal de HOMICIDIO SIMPLE es el dolo especifico de matar (animus necandi), de carácter directo o eventual, conformado por el conocimiento del sujeto activo de que la conducta desplegada puede producir o producirá la muerte de otra persona y de la voluntad de querer realizar la acción y conseguir el resultado como propósito perseguido o aceptar el resultado como consecuencia aceptada. Partiendo de lo anterior, se identifican como características del tipo penal de HOMICIDIO SIMPLE: A) Según Su Estructura: i) Tipo Penal básico: por describir de manera independiente un modelo de comportamiento humano; ii) Tipo Penal Simple: Ya que describe un solo modelo de comportamiento: dar muerte; B) Según su Contenido; i) Tipo Penal de resultado que exige el cambio en el mundo físico traducido en la muerte de una persona; ii) Tipo de Conducta Instantánea al contener un supuesto de hecho cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento; iii) Tipo Penal de Acción: Porque describe un modelo de comportamiento comisivo; iv) Tipo Penal cerrado porque el supuesto de hecho determina con precisión la circunstancia típica, de tal manera que la conducta prohibida de matar se desprende con claridad; C) Según el Sujeto Activo: i) Unisubjetivo al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; ii) Tipo Penal Común ya que no exige que el sujeto activo tenga una condición especial o cualidad personal; D) Según el Bien Jurídico Tutelado: i) Tipo Penal Monoofensivo, al proteger un único bien jurídico, el cual es la vida independiente; ii) Tipo Penal de lesión al significar un menoscabo del bien jurídico tutelado al traducirse la conducta humana en la muerte de una persona. 2) La Tentativa: Conocido como delito tentado o delito frustado y existe cuando, con la intención de cometer un delito determinado, se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente (Art. 15 del Código Penal). Es un dispositivo amplificador del tipo penal, cuya justificación es reprochar la puesta en peligro de un bien jurídico protegido como consecuencia de poner en marcha un comportamiento dañoso, siendo sus elementos: A) Elemento Subjetivo: El elemento subjetivo en la tentativa es esencial para poder realizar la subsunción del hecho en un tipo penal determinado, por ello, solo es posible en los delitos dolosos porque en ellos van encaminada “la intención de cometer un delito determinado” (Art. 15 del Código Penal). El dolo debe de coincidir idénticamente con el del tipo penal en su versión consumada, así por ejemplo, debe de existir animus necandi, animus leadendi o ánimo de lucro, en la tentativa de homicidio, lesiones y robo, respectivamente. B) Comienzo de la Ejecución del Delito: Al mencionar el Artículo 15 del Código Penal la realización de actos de ejecución, refiere a aquellos actos que deben de llevar al sujeto activo a la consumación del delito, para ello, en cada caso será preciso estudiar la naturaleza del delito, para así identificar los actos de ejecución elegidos por el sujeto activo en su plan delictivo que representen un peligro al bien jurídico protegido. C) Actos Inequívocos: Exige el Artículo 15 del Código Penal, que los actos de ejecución deben de ser inequívocos, es decir, acciones realizadas por el sujeto activo inequívocamente dirigidos a la consumación del delito partiendo de una visión objetiva (naturaleza del tipo penal) y subjetiva (plan del autor). D) Actos Idóneos: El Artículo 16 del Código Penal además exige que los actos realizados sean idóneos, es decir, el autor debe de realizar actos que objetivamente puedan consumar el delito. De lo contrario, cuando los medios elegidos son inadecuados o recaen sobre objetos impropios, la acción podrá ser declarada no punible por no representar peligro alguno al bien jurídico protegido (Tentativa Inidonea). E) Involuntaria Consumación: Como requisito final la consumación no debe de producirse “por causas ajenas a la voluntad del agente” (Art. 15 del Código Penal), es decir, la falta de consumación por factores extraños y externos al querer del sujeto activo. Cuando tales factores provienen del mismo agente estamos ante un desistimiento en la acción delictiva, por lo que ya no habría tentativa, pero el agente deberá de responder por los delitos que se hubiesen consumado hasta el momento del desistimiento. 3) La Coautoría: Se presenta cuando dos o más personas, en base a un acuerdo común, llevan a cabo un hecho de manera mancomunada, mediante una distribución objetiva de funciones para su realización, de modo que existe un dominio del hecho común, en donde cada coautor domina todo el suceso en unión a los otros coautores. En la coautoría todos son autores, por consiguiente, cada uno de ellos deberá de tener las características típicas exigidas para ser autor del delito y así responder por las acciones ejecutadas en conjunto y las ejecutadas por los demás que formen parte del acuerdo común, de allí que existan dos clases de coautoría: i) Coautoría por codominio material del hecho, que se presenta cuando cada uno de los coautores realiza la misma acción en una ejecución conjunta del hecho; ii) Coautoría por Codominio Funcional del Hecho o división Tareas, en donde existe una división funcional de roles entre los coautores, cada uno de ellos realizando tareas distintas, pero que en suma tiene como objetivo la ejecución del delito, debiendo responder cada uno de ellos por las acciones individuales que constituyan delito que sean parte del acuerdo previo y por el resultado final de la ejecución. Son Requisitos para que se presente la coautoría: A) Acuerdo Común (Pactum Sceleris): Reunión de Voluntades en un dolo común en donde cada coautor se compromete en igualdad de condiciones con los demás de realizar una tarea parcial en la realización del hecho, es pues el acuerdo común es el nexo que les une. El acuerdo puede ser expreso o tácito: i) El acuerdo es expreso cuando los coautores externan su aprobación en participar en el hecho delictivo, siendo aceptado por el resto; ii) El acuerdo es tácito cuando, sin haber acuerdo expreso previo el coautor colabora con la ejecución de una tarea en la realización del acto delictivo, siendo aceptada y aprovechada dicha colaboración por el resto de los coautores para alcanzar la empresa delictiva. B) Aporte Objetivo (Codominio del hecho): El Coautor debe de aportar una contribución objetiva a la empresa delictiva, de tal manera que sea producto de la división del trabajo entre todos los intervinientes, dando vida a un plan general, por ello, no se requiere que cada coautor realice totalmente la acción típica, pues las contribuciones concretadas por cada uno pueden imputarse a todos en virtud del acuerdo suscrito; B) Aportación en la Fase de Ejecución: La aportación del Coautor deberá de realizarse en el momento o en los momentos de la ejecución del delito, es decir, al momento de la realización del tipo penal. Explica M. C.[4] que existen varias clases de coautoría, entre ellas la Coautoría aditiva que se produce cuando varias personas, en una unión de voluntades, realizan de manera conjunta la acción ejecutiva logrando solo una o alguna de ellas realizar el delito, como cuando varias personas disparan en contra de otra, quien muere como consecuencia de un solo disparo. III. El Recurso no es de Recibo. El Hecho Primero declarado probado por el Tribunal de Sentencia, hace una descripción de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Homicidio Tentado, del cual el acusado R. R. C. M., participó como coautor. 1) El hecho primero señala que los Agentes de Policía J. L. P. y J. B. B. P., resultaron heridos ya que fueron atacados por disparos de arma de fuego por los acompañantes del ahora acusado R. R. C. M. es decir, que estas personas actuaban bajo un acuerdo común y persiguiendo un mismo objetivo. De esta manera el acusado, sumo sus acciones a las de sus acompañantes, convirtiéndose en coautor del delito que estaban ejecutando, por lo que resulta indiferente cual de los atacantes fue quien infirió las heridas a los ofendidos, ya que al haberla producido cualquiera de éstos, el resto responderá por la coautoría aditiva por las acciones realizadas de manera conjunta que buscaban el mismo resultado; 2) El hecho primero declarado probado, describe como los acompañantes del acusado, dispararon sus armas de fuego en contra de los agentes policiales, es decir, los acompañantes dispararon en contra de los Agentes Policiales sin esperar a que estos se bajaran de la patrulla, esto solo puede ser debido a que se tenía intención de darles muerte, entonces el hecho de que los ofendidos solo presenten heridas no responde a que aquellos solo querían herirle, sino a la fortuna de que no acertaron en el objetivo por la acción huir del lugar donde se cometía la acción de Robo; 3) El hecho primero declarado probado, permite determinar que las acciones del acusado y sus acompañantes responde al grado de ejecución de tentativa: Explica este hecho que entretanto los ofendidos J. L. P. y J. B. B. P. estaban siendo agredido por arma de fuego, llegaron al lugar otros agentes de policía, quienes también hicieron uso de sus armas de fuego, lo que provocó que el acusado R. R. C. M., con los otros sujetos buscaran huir del lugar, es pues, que ha sido la acción de los agentes de policía que acudieron al socorro de los ofendidos lo que evitó que los acompañantes del acusado lograran dar muerte a los ofendidos. 4) Que en el presente caso y con las explicaciones derivadas del hecho primero probado se denota la correcta aplicación del Artículo 116 del Código Penal en la parte resolutiva de la Sentencia que ordena que la pena abstracta a imponer al acusado es de 20 a 30 años de reclusión, rebajada en un tercio (1/3), resultando la nueva pena abstracta en 13 años con 4 meses, en virtud de lo anterior, corresponde declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su PRIMER MOTIVO. DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR EL ABOGADO J. A. P. A., APODERADO DEFENSOR DEL ACUSADO R. R. C. M., DENUNCIANDO QUE LA SENTENCIA RECURRIDA CONTIENE MOTIVACION CONTRADICTORIA. PRECEPTO AUTORIZANTE ARTÍCULO 362 NUMERAL 3 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. El Recurrente alega que los Hechos Probados que contiene la Sentencia se fundamentan en una motivación contradictoria, ya que al contrastar la fundamentación jurídica con el fallo al abordar los elementos de tipicidad esta se refiere a la actividad desplegada por personas distintas de su representado, pero se dicta un fallo condenando a su representado, pues el mismo Tribunal de Sentencia admite que fueron otras personas que realizan la acción típica que produjo el resultado imputable, por lo que la contradicción consiste en que la fundamentación dice que unas personas ejecutaron el hecho y se condena a personas diferentes de los autores. II. El Recurso no es de Recibo Esta Sala de lo Penal da respuesta al Recurso de Quebrantamiento de Forma en base a las consideraciones siguientes: 1) La motivación contradictoria puede darse entre la valoración probatoria y los Hechos Probados como cuando se da por probado un hecho contrario al que se dedujo de la valoración probatoria, tal es el caso por ejemplo que se valore en la prueba que el resultado se produjo a causa de un disparo y que se consigne en el Hecho Probado que fue a causa de una herida con arma blanca. Puede presentarse la contradicción también entre los Hechos Probados y la Fundamentación Jurídica, por ejemplo, que se describa en los hechos probados una conducta de complicidad en un delito pero en la fundamentación jurídica se determine una autoría. La contradicción en la motivación puede aparecer en forma interna en la valoración probatoria como cuando se exprese que no fue posible determinar la edad de la víctima y en la misma relación probatoria se exprese que con el atestado correspondiente se probó la edad específica. Puede aparecer también en la fundamentación jurídica internamente, por ejemplo cuando se exprese en una parte que la conducta se cataloga como actos de lujuria y en otra parte se exprese que es violación consignando los preceptos penales de ambos injustos. 2) Examinada tanto la motivación factica como la jurídica de la Sentencia, no se aprecia la concurrencia de una motivación de contradicción entre los hechos probados y las deducciones probatorias pues es factible describir el hecho como lo hizo el Tribunal A-quo partiendo de la valoración probatoria efectuada. Tampoco existe motivación contradictoria entre los hechos probados y la fundamentación jurídica pues la descripción de los primeros es coherente con las determinaciones del Juzgador de instancia con respecto al grado de participación del Acusado en el Delito de Tentativa de Homicidio Simple, de igual forma no estima este Tribunal que exista una motivación jurídica interna contradictoria, pues las apreciaciones jurídicas del Juzgador de Instancia son congruentes en sus razonamientos para llegar a concluir que la tipificación que corresponde a los hechos llevados a juicio es el delito de tentativa de homicidio simple y que el señor R. R. C. M., puede ser considerado autor de tales hechos, no apreciándose argumentos excluyentes en la fundamentación jurídica, en consecuencia, no procede el motivo de casación invocado. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, INTERPUESTO POR LAS ABOGADAS A. M. L. Y G. E. B. EN SU CONDICION DE DEFENSORAS LA PRIMERA DE LOS SEÑORES B. R. C. y J. M. L. Y LA SEGUNDA DEL SEÑOR W. J. W., DENUNCIANDO INOBSERVANCIA DE LOS ARTÍCULOS 89 Y 90 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA; PRECEPTO AUTORIZANTE ARTÍCULO 361 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. El Artículo 361 del Código Procesal Penal, introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse Recurso de Casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un Precepto Constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la Ley Procesal y ello obedece a la intención del Legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el Artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[5]. En general toda norma legal puede vincularse con una norma constitucional, más el Recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de Recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los Recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Forma, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores[6] (Recursos Extraordinarios). La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. II. En análisis del Recurso interpuesto, las Censoras desarrollan sus motivos denunciando la violación de las garantías constitucionales contenidas en los Artículos 89 y 90 Principio de Inocencia y del Debido Proceso respectivamente, ambas normas relacionadas a la actividad procesal y de observancia obligatoria por el órgano jurisdiccional. Las Censoras, en su Recurso alega que se han violentados los Principio de Inocencia y del Debido Proceso de los Ofendidos, en virtud de que al leer el Considerando Décimo Primero de la Sentencia nos encontramos con una calificación del Delito de Homicidio Simple Agravado en relación a la solicitada en la acusación, por lo que el Tribunal de Sentencia incurre en contradicción cometiendo una incongruencia por ultra petita, condenando a sus representados a una pena superior a la solicitada por el Ministerio Público, violentando el Debido Proceso en cuanto a los principios dispositivos y de congruencia. III. Esta Sala, considera importante recordar que la Garantía genérica del Debido Proceso que consagra el Artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes en el proceso, dentro de tal garantía deben incluirse el Derecho de Acceso a los tribunales, a la Justicia Gratuita, al Juez predeterminado por la Ley, a la Defensa, a la Imparcialidad del Juez, a la Igualdad de Armas Procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un Proceso público sin dilaciones indebidas, el Derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el Derecho a impugnar las resoluciones judiciales, entre otros, en fin el Principio del Debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. IV. Respecto al Derecho de Inocencia esta Sala de lo Penal ha señalado que el Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con el Debido Proceso Probatorio: El Proceso Penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso, es precisamente en virtud de ella que el Tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad. Para el pronunciamiento de la Sentencia Condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al Juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del Imputado con certeza, más allá de cualquier duda razonable.- Mediante el fallo de fecha catorce de mayo de 2007, en el Expediente 312-2006, esta Sala de lo Penal ha declarado que el Estado de Inocencia es “… es un estado inherente a la persona humana …”, éste derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 ) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el Derecho de todo Acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.” (Fallo de la Sala de lo Penal de fecha 30 de Mayo del 2011, en el Expediente 304-2010).- En sede de Casación, al alegarse la vulneración de la Presunción de Inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad, así pues deberá de determinarse: a) Licitud de la Prueba: si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos, b) Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la Etapa Preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el Artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos.- (Ver al respecto el fallo de fecha cinco de abril del 2011, en el Expediente 042-2009 de la Sala de lo Penal).- IV. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. A criterio de esta Sala de lo Penal, el reclamo formulado mediante el Recurso, no se enmarca en las normas constitucionales que se citan como violentadas, toda vez que el mismo no gravita en la inexistencia de la posibilidad material para la Defensa de los Imputados de realizar actos procesales en defensa de los intereses de sus representados, como la presentación de argumentos, presentación de prueba, contradicción, audiencia, presentación de peticiones y de Recursos. Asimismo la Sala, considera pertinente recordar que la condición jurídica de inocencia consagrada en el Artículo 89 de la Constitución de la República, establece una presunción “Juris Tantum”, misma que puede ser enervada con la producción de un mínimo de prueba de cargo, evacuada en un juicio legal seguido con todas las garantías. Corresponde al ente acusador investigar, ejercer la acción penal pública y probar la imputación criminal, y a la Defensa censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a las formalidades, derechos y garantías dispuestas en las leyes a favor del acusado, lo que no le impide participar en la producción de prueba a favor del Acusado. En el presente caso, el principio-derecho a la Presunción de Inocencia dispuesto en el Artículo 89 de nuestra ley fundamental a favor del Imputado, se ha desvanecido, por la actividad probatoria del Acusador, al incorporar al juicio prueba de cargo suficiente valorada y enlazada con indicios derivados de inferencias y razonamientos lógicos con que formado su convicción el juzgador de instancia más allá de toda duda ha declarado probado que los procesados de los hechos sometidos a juzgamiento tiene participación directa en los hechos donde resultaron heridos los agentes policiales y esa relación con las personas que dispararon a los agentes de policía. Del fáctum de desprende que los acompañantes de los ahora acusados dispararon en contra de los agentes policiales, acción de la que resultaron dos policías. Asimismo que la acción violenta de los acompañantes de los mismos tuvo por objetivo facilitar la fuga de los ahora acusados, objetivo que no fue efectivamente logrado con el resultado lesivo en la integridad físico de dos Policías. Si bien es cierto, aunque los acusados no hayan realizado materialmente los disparos de arma de fuego que dieron por resultado las heridas en dos efectivos policiales, desde el punto de vista penal resulta penalmente responsable de la acción de los demás a título de coautores necesarios, habida cuenta que eran concientes antes de se iniciaran los actos ejecutivos propiamente dichos del propósito manifiesto de los autores materiales, esto es, de facilitar la fuga del lugar donde se verificaba el Robo, por lo que no cabe duda que ante el cúmulo de indicios aportados en juicio contra los acusados ya insertos en los hechos declarados probados derivados de la prueba directa e indiciaria, el Juzgador ha logrado enervar la presunción de inocencia que existía a favor de los mismos, y consecuentemente ha dictado un veredicto condenatorio. Por las razones anteriormente expuestas esta Sala de lo Penal considera que el Tribunal de Instancia no ha vulnerado el Principio Derecho a la Presunción de Inocencia ni tampoco el Principio de Debido Proceso, que consagran respectivamente los Artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, de ahí que el motivo formulado por la Defensa de los encartados sea declarado SIN LUGAR. POR TANTO.- La Corte Suprema de Justicia, UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 359, 360 y 362 del Código Procesal Penal.- FALLA: I.- Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su Motivo Único interpuesto por el Abogado J. A. P. A. Defensor del Acusado R. R. C. M.. II.- Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Motivo Único interpuesto por el Abogado J. A. P. A. Defensor del Acusado R. R. C. M.. III.- Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su Motivo Único, interpuesto por las Abogadas A. M. L. y G. E. B. en su condición de Defensoras Públicas, la primera de los señores B. R. C. y J. M. L., y la segunda del señor W. J. W.. IV. Declarando firme y ejecutable la sentencia de fecha veintinueve (29) de marzo del año dos mil doce (2012), dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortes.- MANDA.- Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- MAGISTRADO PONENTE ZUNIGA MEDRANO.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- COORDINADOR.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de julio del año dos mil quince.- Certificación de la sentencia de fecha diecinueve de mayo del año dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-365-2012.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] Calamandrei, Piero, CHIOVENDA: RECUERDO DE JURISTAS, Trad. Melendo, Santiago, pág. 44, Editorial Astrea, Buenos Aires Argentina, 1959.
[2] Clariá Olmedo, Jorge A. DERECHO PROCESAL, Pág. 70, Editorial Desalma, Buenos Aires, Argentina, 1982.
[3] Véscovi, Enrique. TEORIA GENERAL DEL PROCESO. Editorial Temis. Segunda Edición. Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1999.
[4] Véase. Márquez Cárdenas, Álvaro Enrique; La Coautoría en la Dogmática Penal; Universidad Libre, Facultad de Derecho; Alvi Impresores litda, Bogotá Colombia, 2008, Pag. 74.
[5] Véase. El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
[6] Véase. Vid en este sentido: LLORENTE FERNANDEZ DE LA REGUERA, ANGEL, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115, cuando expresa que “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto.”