Sentencia CP-361-12 — Registro 5448
Resumen
En primera instancia se absolvió a los imputados del delito de Malversación de Caudales Públicos, resolviendo en segunda instancia Con Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL EN SU ÚNICO MOTIVO, INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO, DENUNCIANDO VIOLACIÓN A LA GARANTIA CONSTITUCIONAL DEL DEBIDO PROCESO Y AL DERECHO DE DEFENSA. 1) Estableció la Recurrente que el Tribunal Sentenciador incurrió en transgresión a los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, que refiere al Derecho de Defensa y al Debido Proceso; consignando como Norma que le permite la presentación del Recurso, en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. Consideró el Censor, que en base a las Garantías Constitucionales del Debido Proceso y del Derecho de Defensa, se establece que en el desarrollo del Proceso Penal deben observarse todas las formalidades y procedimientos que la ley establece, sin embargo, en el caso de autos el Sentenciador a obviado dicho precepto y con sus actuaciones violentó gravemente el Derecho de Defensa que ostenta el Ente Fiscal en representación de la sociedad y el Debido Proceso. Continua explicando la Impetrante, que en la audiencia de Debate no se permitió a la Representación Fiscal la evacuación del medio de prueba documental consistente en el Informe de Auditoría Forense, en el cual se ofrece información acerca de que los imputados tomaron fondos de la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (FENAFUTH) por un valor de Quinientos Mil Lempiras (Lps 500.000); el Juzgador justificó su error, estableciendo que el referido documento tenía adjuntado en sus anexos, copias fotostáticas de documentos con los cuales se había realizado el informe, así que para el A-quo, tanto el documento original como sus anexos constituían consustancialmente un mismo cuerpo documental y por tanto no cumplían con los formatos de originalidad; a pesar que el Ente Acusador les explicó que la únicas fotocopias eran los anexos adjuntos al informe y que el perito había salvado en su escrito estableciendo que las copias que se adjuntaban se extraían de sus originales; sin embargo el Sentenciador persistió en su ilegal decisión de no evacuar la prueba debidamente admitida. 2) Esta Sala de lo Penal ha reiterado en otros fallos, que la esencia del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional estriba en la observancia de Derechos, Garantías y Principios Constitucionales en el Juicio Penal, sabedores que por su propia naturaleza el derecho penal es un medio de control social que implementa los instrumentos más represivos del Estado, y en consecuencia necesita como limite a ese derecho de persecución de infracciones penales, la gama de derechos y garantías constitucionales que hagan de esa persecución un proceso que se ajuste a las reglas señaladas por la ley, teniendo así como contrapeso el respeto a la dignidad humana de la persona sometida al ius puniendi. El Código Procesal Penal de Honduras, señala en dicho artículo 361, que para interponer el recurso por infracción de precepto constitucional bastará para fundamentarlo la señalización de la infracción. Lo anterior no debe significar que será suficiente únicamente la cita de la norma constitucional vulnerada, sino que el recurrente deberá sujetarse a las reglas básicas de preparación del recurso, citadas en el artículo 363 del Código Procesal Penal Hondureño, es decir señalar de forma concreta la norma constitucional violentada, la manera en que dicha infracción ocurrió, indicando como el vicio ha repercutido en su perjuicio. 3) Analizados los preceptos invocados por la Censora, concluye esta Sala, que uno de los requisitos Constitucionales del Proceso Penal, lo constituye el Derecho de Defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en Principio como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno Proceso Penal, en ese sentido, al garantizar la Carta Magna que el Derecho de Defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en Juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la Defensa en juicio, de tal forma que la Normativa Procesal reguladora del debate público, deba comprender la observación de tal Derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el Juicio, como una manifestación del denominado Derecho al Debido Proceso que supone: “ Un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a sí mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la Dignidad Humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de Garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado”[1]. Así tenemos que la Constitución de la República precisamente establece que nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las Formalidades, Derechos y Garantías que la Ley establece, de manera que todo procedimiento o juzgamiento deberá estar sujeto a las Formalidades de Ley como instrumento de Garantía de los Derechos del Justiciable, por otra parte, si bien es cierto que los Derechos de Defensa y Debido Proceso, aparecen en la Constitución de la República en el capítulo concerniente a los Derechos Individuales, es igualmente cierto que el Ministerio Público, legítimo Representante de los intereses de la sociedad, como poseedor del monopolio de la Acción Penal, se presenta como un legítimo medio de las víctimas para acceder al Proceso Penal y concretizar los Derechos Individuales de éstas; así las cosas, en una amplia interpretación de los derechos otorgados por la Constitución, el Ministerio Público puede reclamar en ese sentido la observancia de esos derechos Constitucionales, en consecuencia tratándose del ente fiscal, habrá que examinar si la intervención de este ha posibilitado su libre acceso al órgano jurisdiccional a efecto de concretizar mediante la acción el derecho de defensa de los intereses generales que suele representar en juicio, en ese sentido existe una gama de preceptos de orden procesal que llevan justamente a concretar este derecho del Ministerio Público así comprendido, por ello los artículos 25, 272, 273, 284 entre otros del Código Procesal Penal, hacen factible el acceso del Ente Fiscal como defensor de los intereses de la Sociedad, a los Órganos de Justicia a fin de hacer valer los intereses que representa, entendemos pues en el caso del Ministerio Público, el Derecho de Defensa como la potestad de instar la acción ante los Juzgados y Tribunales con todas las incidencias pero respetando las Normas del Debido Proceso previamente establecidas porque ello contempla garantizar la Igualdad de las Partes involucradas en el Proceso, de tal suerte que tanto la intervención del Ministerio Público como la de los indiciados está marcada por la obligatoria observancia de una serie de requisitos impuestos para acceder al proceso[2]. 4) Resta ahora analizar si el accionar del Ministerio Público y las decisiones del Tribunal Sentenciador, están enmarcadas dentro de la Normativa Procesal vigente y si las decisiones adoptadas por el Tribunal A-quo colisionan con el Derecho de Defensa del Ministerio Público. Este Tribunal de Casación aprecia que antes de la evacuación de los Medios Probatorios, la defensa solicitó que no se evacuara un medio de prueba documental consistente en el Informe de Auditoría, al considerarlo ilícito pues los anexos del informe contenían copias fotostáticas de documentos con los cuales el perito había realizado el informe, situación que a pesar de la oposición del Ente Acusador, el Juzgador declaró con lugar y por tanto no procedió a evacuar el medio de prueba documental antes referido. Se pudo corroborar en el Acta de Proposición de Prueba que corre agregada a folio 752, que el Ministerio Público presentó como medio de prueba documental un Informe de Auditoría con su ampliación y anexos, pero además ofertó el Informe de la Comisión Nacional de Fútbol; la Defensa objetó el informe de la comisión de fútbol por considerarlo desproporcional, pues ambos tenían la misma finalidad probatorio y por esa misma razón el Juez A-quo no lo aceptó , ahora bien sí admitió el medio de prueba Informe de Auditoría con su ampliación y sus anexos; así las cosas era en el momento de la proposición de pruebas que para efectos de admisión se podía cuestionarse el respectivo medio de prueba y no en el momento del Juicio Oral y antes de iniciada la evacuación de los medios de prueba, pues para eso las partes contaban con la etapa de conclusiones en donde se podía establecer todas las falencias observadas en las pruebas evacuadas. El Artículo 325 del Código Procesal Penal establece: “Rendida la declaración del imputado, cuando lo haya, se recibirán las pruebas propuestas por las partes, en el orden indicado por éstas...” En tal sentido, no es potestad del Juzgador establecer qué medios de pruebas se evacuaran en el debate, pues para determinarlo se contó con una audiencia de proposición de pruebas en el cual y con conocimiento de la parte contraria, se determinó qué prueba recibir; en el caso subjudice el hecho de que el Sentenciador permitiera la evacuación del medio de prueba documental no significaba que le estaba concediendo confiabilidad y credibilidad, pues esos aspectos tendrían que haberlos expuesto en la valoración probatoria, pues es ahí, al externar sus Juicios de Valor y tomando en consideración las objeciones hechas en las conclusiones de las partes, que el Sentenciador deviene en la obligación de determinar por qué le merecen credibilidad los medios de prueba ó por qué los excluye de su valoración apartándolos de sus razonamientos, pero lo que no puede bajo ningún motivo el Sentenciador, es no permitir la práctica de una prueba legalmente admitida, pues al hacerlo deja en indefensión a la parte que la propuso. 5) Se hace evidente que en el presente caso el Ministerio Público no ha tenido la misma oportunidad procesal que su contraparte, quedando en desventaja, estas oportunidades no fueron satisfechas en el juicio oral y público, pues no se le permitió al ente acusador someter al contradictorio un medio de prueba que ya había sido anteriormente admitido lo que constituye una violación al Derecho de Defensa y al Debido Proceso del Ministerio Público como representante de la víctima, consecuentemente es procedente el motivo de casación invocado. Para esta Sala de lo Penal, resulta imposible resolver en el fondo el caso conocido en Casación, en virtud de que no se puede tener la inmediación en relación al medio de prueba que no fue evacuado por el Tribunal de instancia por lo que resulta necesario acceder al presente Motivo de Casación con los efectos del Recurso de Casación en la forma, a efectos de que el nuevo Tribunal de Casación proceda a realizar un nuevo Juicio con todas las Garantías Procesales para ambas partes y resolver conforme a Derecho en base a las Pruebas que se reproduzca en el acto del Juicio Oral y Público..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte (20) días del mes de octubre del año dos mil quince (2015), por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS MARCO VINICIO ZÚNIGA MEDRANO en su calidad de Coordinador, JACOBO ANTONIO CÁLIX HERNÁNDEZ y CARLOS DAVID CÁLIX VALLECILLO, dicta Sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la Sentencia de fecha veintinueve de Febrero de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falló: 1) ABSOLVIENDO a los Señores G. E. A. A. y M. S. T., por el delito de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.- 2) NO CONDENÓ en Costas Procesales, Personales y Gastos ocasionados por dicho Juicio.- Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, la Abogada S. D. M., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público.- SON PARTES: La Abogada M. E. G. en su condición de Representante del MINISTERIO PÚBLICO como RECURRENTE; los Abogados C. D. P. y M. A. G. en su calidad de Defensores Privados del señor G. E. A. A. y el Abogado R. D. T. A. en su condición de Defensor Privado del imputado M. S. T.; como RECURRIDOS. HECHOS PROBADOS ÚNICO: Que con fecha siete de noviembre del año dos mil cinco, el Ministerio Público promovió requerimiento fiscal contra los ciudadanos G. E. A. A. y M. S. T., a quienes bajo la premisa de desempeñarse como funcionarios públicos de la Federación Nacional de Football de Honduras (FENAFUTH), supuestamente desviaron recursos económicos por la cantidad de QUINIENTOS MIL LEMPIRAS de una cuenta perteneciente a dicha Institución Autónoma del Estado, basándose la acusación en el hecho de que con fecha siete de diciembre del año dos mil uno, mancomunadamente, G. A. y M. S., libraron los cheques números 71000022 por la cantidad de CUATROCIENTOS MIL LEMPIRAS y 71000023 por la cantidad de CIEN MIL LEMPIRAS , ambos de la cuenta número 01860246 de Banco del País.- G. E. A., Proyectos FENAFUTH a favor de la empresa Depósito Internacional Ferretero (DINFER), propiedad de G. E. A., cheques que, con fecha veintisiete de diciembre de ese mismo año, fueron cobrados por el mismo señor A. (Gerente de DINFER), mediante la compra en el mismo acto, del cheque de caja número 07663 por la cantidad de QUINIENTOS MIL LEMPIRAS a favor de L. C. P., a quien el cheque referido le fue entregado, para saldar un compromiso de pago existente con M. S. T., por la compra de una propiedad ubicada en el Barrio Paz Barahona de esta ciudad.” C O N S I D E R A N D O I.- El Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma, interpuesto por la Abogada S. D. M., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- LA RECURRENTE ABOGADA S. D. M., EN SU CONDICIÓN DE FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, PROCEDIÓ A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL Y QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, DE LA MANERA SIGUIENTE: “1.- POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL: MOTIVO ÚNICO: “Por violación de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El derecho al Debido Proceso, el cual se encuentra regulado en el artículo 90 de la Constitución de la República, establece que “Nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”; el cual requiere mínimamente, la fijación de un programa de carácter legal e inalterable para la investigación y juzgamiento de delitos en el que se resguarde la observancia de formas relacionadas con la acusación, defensa, prueba, sentencia y recursos; derecho éste que se encuentra vulnerado cuando en audiencia de debate no permitió a la representante de la sociedad la evacuación del medio de prueba documental, consistente en el Informe de Auditoría Forense elaborado en la denuncia contra los señores G. E. A. y M. S. T., en sus condiciones de funcionarios de la FEDERACION NACIONAL AUTONOMA DE FUTBOL DE HONDURAS (FENAFUTH), y que fue propuesta por el ente acusador como prueba documental, por considerar que al momento de la vista oral y pública no se presentó en el formato de originalidad, en virtud que tanto el informe como sus anexos conforman o constituyen consustancialmente un mismo cuerpo documental; criterio que no compartimos, pues el perito forense a lo largo del referido informe expone que los documentos que constituyen el anexo, fueron extraídos del expediente investigativo de la Comisión Nacional de Disciplina, es decir, fueron documentos que tuvo a la vista al momento de realizar la auditoria, del cual se desprende de acuerdo a la conclusión número once, página 10, que los señores G. E. A. y M. S. T., el 27 de Diciembre del 2001, de la cuenta número 01860246, a nombre de G. A. / PROYECTO FENAFUTH, aperturada en el Banco del País y donde según la constancia extendida por la misma institución bancaria, agregada como anexo No.12, tienen firmas autorizadas los referidos señores, extendieron dos cheques, el número 71000022, por la cantidad de cuatrocientos mil lempiras (L.400,000.00), y el número 71000023, por la cantidad de cien mil lempiras (L.100,000.00), estos a favor de la empresa DINFER, propiedad del señor A. por deuda pendiente, la cual según el perito y conforme a la documentación soporte revisada no existía; cheques que fueron pagados por el banco a través de un comprobante de caja número 07663, por la cantidad de Quinientos Mil Lempiras (L 500,000.00), a favor del señor L. C. P., con quien de acuerdo a su declaración ante la Comisión de Disciplina, la que se encuentra en el expediente investigativo que tuvo a la vista el perito, agregada en el anexo 18, esta cantidad se la pagó el señor M. S. T., por la venta que le hizo de un terreno ubicado en la Barrio Paz Barahona, fondos que nunca fueron reintegrados a la FENAFUTH, los cheques relacionados se encuentran agregados al informe financiero en el anexo 17. Del contenido del informe anteriormente expuesto, se aprecia que la prueba que el juzgador no ha permitido evacuar, evidentemente nos ofrece información indiciaria que los señores G. E. A. y M. S. T., tomaron la cantidad de Quinientos Mil Lempiras (L.500.000.00) de los fondos de la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (FENAFUTH), con el propósito de saldar una deuda que el señor S. tenia con L. C. P., por un inmueble que éste le había vendido y que hasta el momento esta cantidad no ha sido devuelta, lo que nos obliga a concluir que los encausados efectivamente incurrieron en el delito que se les imputa, de modo que de haber sido evacuada esta prueba documental, no cabe duda que la sentencia hubiera arribado a una conclusión diferente y los encartados hubiesen sido declarados culpables. Sobre éste último aspecto, si bien es cierto el Tribunal tiene que fundar un juicio de certeza respecto de la circunstancia que amerite el rechazo de la prueba o bien constatar su ineficacia probatoria o ilegalidad; en el caso que nos ocupa como se viene indicando, no sucedieron ninguna de las dos, pues el ente jurisdiccional amparado en un fundamentando carente de soporte legal, imposibilita que se evacue un medio probatorio relevante para el esclarecimiento de la verdad de los hechos, a pesar de haber sido admitido legalmente, cuestionando su valía probatoria, por el hecho de no acompañar los anexos originales, cuando del propio documento se desprende, que los peritos R. A. M. y H. W. S. han manifestado “Que la Licenciada S. H., Auditora Interna de la FENAFUTH, les entregó libretas de ahorro y soportes de gastos, formalizando la entrega mediante un informe de liquidación de todo lo cual sacaron fotocopia, después de verificar los originales”. Es decir, el informe fue elaborado con documentos originales, que posteriormente fueron entregados a la FENAFUTH; de manera que no resulta acertado que el Tribunal exprese en el numeral cuarto del apartado de valoración probatoria, que el informe no se ha presentado en el formato original que requiere la ley, pues dicho documento es original, lo que son fotocopias son los anexos del mismo, y si bien constituyen un mismo cuerpo documental, ha quedado salvado este aspecto, cuando se expresa que se tuvo a disposición los originales y se devolvieron a la mencionada entidad. De igual forma, la no practica del medio de prueba supra relacionado causo perjuicio a la sociedad al quebrantarse el artículo 82 de la Constitución de la República que establece que: “El Derecho de Defensa es inviolable” el cual tiene entre sus alcances el Derecho a un proceso con todas las garantías dentro de las que se destacan a) “El Derecho a la igualdad de armas procesales” entendiéndose por ésta, tal y como lo desarrolla (Junio Joan Pico 1. las garantías constitucionales del Proceso. Editor Barcelona, 1997, Pág. 132) “como aquella exigencia de que las partes cuenten con medios parejos de ataque y defensa, para evitar el desequilibrio entre ellas, por lo que resulta necesario que ambas dispongan de las mismas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación, es decir tiene por objeto evitar la situación de privilegio o supremacía de una de las partes, garantizando así la igualdad efectiva de las posibilidades y cargas del actor y del demandado en la alegación y prueba de los hechos controvertidos para lograr la plenitud del resultado probatorio”; b) “El derecho de intervenir probatoriamente en el proceso penal”, cuya intervención probatoria alcanza su esplendor en el juicio, sin embargo para que ello suceda corresponde que previamente al debate se tomen ciertos recaudos que permitan bajo el principio de concentración, reunir todo el plexo probatorio, permitiendo a cada parte proponer la prueba propia.
Establecido lo anterior debemos señalar, que era procedente por parte del juzgador permitir la evacuación de la prueba documental en referencia, ya que resulta trascendente para determinar la responsabilidad del imputado, sin embargo al no permitírsele al ente acusador hacer uso del medio de prueba relacionado con el delito objeto del proceso, se ha violentado el derecho al Debido Proceso, y consecuentemente el derecho de Defensa, que incluye el ofrecimiento de pruebas que apoyen fácticamente sus pretensiones, y que harán valer en juicio ante el respectivo Tribunal. Asimismo, esta omisión por parte del juzgador, lo ha llevado también a la aseveración errada, que no se probó en juicio el carácter de funcionarios de las personas imputadas dejándolo así establecido en el numeral quinto de la sección de valoración probatoria, característica que se logra determinar del informe no evacuado, cuando indican los peritos; M. S. era miembro de la Comisión Permanente, bajo el cargo de vocal l y G. A., Presidente de la referida comisión. En virtud de lo anterior, solicitamos que el presente motivo sea declarado con lugar, a fin de restituir al defensor de la sociedad hacer uso de los instrumentos probatorios necesarios que le permitan correctamente perseguir su finalidad en igualdad de armas.” III.- CONTINUA MANIFESTANDO LA RECURRENTE EN SU RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: MOTIVO ÚNICO: “Que Falte la Declaración de Hechos que el Tribunal Estime Probados”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 1 del artículo 362 del CPP. El precepto penal adjetivo que se invoca como infringido prescribe: “Artículo 338. Las sentencias se redactarán por escrito, con sujeción a las reglas siguientes: CUARTA: Se consignará la fundamentación del fallo de la manera siguiente: 1.- Declaración de Hechos Probados. En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse…” Atendiendo lo anterior y al revisar el fallo cuestionado, observamos que el mismo carece del apartado fundamental que son los hechos probados, los cuales constituyen el conjunto de requisitos mínimos que concurren a perfilar un plano histórico o una narración fáctica, a la que debe haber arribado el sentenciador producto de las pruebas válidamente incorporadas y evacuadas en el juicio, mismos que deben poseer suma claridad, precisión y coherencia. Es decir, el factum no puede estar estructurado por actuaciones procesales, una trascripción del contenido de la prueba o exposiciones de algunas de las partes; y su omisión produce la imposibilidad de poder otorgarle sustento jurídico a la decisión final, por estar ante una verdad desconocida a la que no puede asignársele la norma que resuelva el caso ya que una incorrecta determinación del hecho repercute, en una incorrecta aplicación del derecho y en el caso subjudice el sentenciador ha expuesto como hechos probados: “Que con fecha siete de noviembre del año dos mil cinco, el Ministerio Público promovió requerimiento fiscal contra los ciudadanos G. E. A. A. y M. S. T., a quienes bajo la premisa de desempeñarse como funcionarios públicos de la Federación Nacional de Fútbol de Honduras (FENAFUTH), supuestamente desviaron recursos económicos por la cantidad de QUINIENTOS MIL LEMPIRAS de una cuenta perteneciente a dicha Institución Autónoma del Estado, basándose la acusación en el hecho de que con fecha siete de diciembre del año dos mil uno, mancomunadamente, G. A. y M. S., libraron los cheques números 71000022 por la cantidad de CUATROCIENTOS MIL LEMPIRAS y 71000023 por la cantidad de CIEN MIL LEMPIRAS , ambos de la cuenta número 01860246 de Banco del País.- G. E. A., Proyectos FENAFUTH a favor de la empresa Depósito Internacional Ferretero (DINFER), propiedad de G. E. A., cheques que, con fecha veintisiete de diciembre de ese mismo año, fueron cobrados por el mismo señor A. (Gerente de DINFER), mediante la compra en el mismo acto, del cheque de caja número 07663 por la cantidad de QUINIENTOS MIL LEMPIRAS a favor de L. C. P., a quien el cheque referido le fue entregado, para saldar un compromiso de pago existente con M. S. T., por la compra de una propiedad ubicada en el Barrio Paz Barahona de esta ciudad.”, claramente evidenciamos, que esta no es la información que en forma fragmentaria ha llegado al proceso, pues debe contener un suceso histórico de relevancia, lo que culmina con la construcción de la versión oficial de lo acontecido mediante un acto de poder, y este acto de poder se da cuando el juzgador asigna el valor verdad a un relato que resulta definitivo, ya que el hecho en primer lugar, debe estar representado por las circunstancias del mundo material sobre las que versan las alegaciones, integradas por enunciados sobre eventos concretos y particulares que se sostiene han acontecido con ciertas modalidades, por lo que el Tribunal en el presente caso ha incurrido en el vicio in procedendo alegado. Debemos señalar que más bien, lo que ha colocado el ente jurisdiccional en el apartado que corresponde al relato fáctico, es el contenido intacto del requerimiento fiscal presentado contra los encausados, diferente a lo que necesariamente deben contener los hechos estimados y declarados probados, ya que de acuerdo a éste, el sentenciador deberá construir la resolución Judicial del caso, lo que no ocurre en el juicio de mérito. En virtud de haberse producido el vicio en el propio acto de sentenciar, no ha sido posible reclamar su subsanación.” IV.- DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL EN SU ÚNICO MOTIVO, INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO, DENUNCIANDO VIOLACIÓN A LA GARANTIA CONSTITUCIONAL DEL DEBIDO PROCESO Y AL DERECHO DE DEFENSA. 1) Estableció la Recurrente que el Tribunal Sentenciador incurrió en transgresión a los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, que refiere al Derecho de Defensa y al Debido Proceso; consignando como Norma que le permite la presentación del Recurso, en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. Consideró el Censor, que en base a las Garantías Constitucionales del Debido Proceso y del Derecho de Defensa, se establece que en el desarrollo del Proceso Penal deben observarse todas las formalidades y procedimientos que la ley establece, sin embargo, en el caso de autos el Sentenciador a obviado dicho precepto y con sus actuaciones violentó gravemente el Derecho de Defensa que ostenta el Ente Fiscal en representación de la sociedad y el Debido Proceso. Continua explicando la Impetrante, que en la audiencia de Debate no se permitió a la Representación Fiscal la evacuación del medio de prueba documental consistente en el Informe de Auditoría Forense, en el cual se ofrece información acerca de que los imputados tomaron fondos de la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (FENAFUTH) por un valor de Quinientos Mil Lempiras (Lps 500.000); el Juzgador justificó su error, estableciendo que el referido documento tenía adjuntado en sus anexos, copias fotostáticas de documentos con los cuales se había realizado el informe, así que para el A-quo, tanto el documento original como sus anexos constituían consustancialmente un mismo cuerpo documental y por tanto no cumplían con los formatos de originalidad; a pesar que el Ente Acusador les explicó que la únicas fotocopias eran los anexos adjuntos al informe y que el perito había salvado en su escrito estableciendo que las copias que se adjuntaban se extraían de sus originales; sin embargo el Sentenciador persistió en su ilegal decisión de no evacuar la prueba debidamente admitida. 2) Esta Sala de lo Penal ha reiterado en otros fallos, que la esencia del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional estriba en la observancia de Derechos, Garantías y Principios Constitucionales en el Juicio Penal, sabedores que por su propia naturaleza el derecho penal es un medio de control social que implementa los instrumentos más represivos del Estado, y en consecuencia necesita como limite a ese derecho de persecución de infracciones penales, la gama de derechos y garantías constitucionales que hagan de esa persecución un proceso que se ajuste a las reglas señaladas por la ley, teniendo así como contrapeso el respeto a la dignidad humana de la persona sometida al ius puniendi. El Código Procesal Penal de Honduras, señala en dicho artículo 361, que para interponer el recurso por infracción de precepto constitucional bastará para fundamentarlo la señalización de la infracción. Lo anterior no debe significar que será suficiente únicamente la cita de la norma constitucional vulnerada, sino que el recurrente deberá sujetarse a las reglas básicas de preparación del recurso, citadas en el artículo 363 del Código Procesal Penal Hondureño, es decir señalar de forma concreta la norma constitucional violentada, la manera en que dicha infracción ocurrió, indicando como el vicio ha repercutido en su perjuicio. 3) Analizados los preceptos invocados por la Censora, concluye esta Sala, que uno de los requisitos Constitucionales del Proceso Penal, lo constituye el Derecho de Defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en Principio como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno Proceso Penal, en ese sentido, al garantizar la Carta Magna que el Derecho de Defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en Juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la Defensa en juicio, de tal forma que la Normativa Procesal reguladora del debate público, deba comprender la observación de tal Derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el Juicio, como una manifestación del denominado Derecho al Debido Proceso que supone: “ Un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a sí mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la Dignidad Humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de Garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado”[1]. Así tenemos que la Constitución de la República precisamente establece que nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las Formalidades, Derechos y Garantías que la Ley establece, de manera que todo procedimiento o juzgamiento deberá estar sujeto a las Formalidades de Ley como instrumento de Garantía de los Derechos del Justiciable, por otra parte, si bien es cierto que los Derechos de Defensa y Debido Proceso, aparecen en la Constitución de la República en el capítulo concerniente a los Derechos Individuales, es igualmente cierto que el Ministerio Público, legítimo Representante de los intereses de la sociedad, como poseedor del monopolio de la Acción Penal, se presenta como un legítimo medio de las víctimas para acceder al Proceso Penal y concretizar los Derechos Individuales de éstas; así las cosas, en una amplia interpretación de los derechos otorgados por la Constitución, el Ministerio Público puede reclamar en ese sentido la observancia de esos derechos Constitucionales, en consecuencia tratándose del ente fiscal, habrá que examinar si la intervención de este ha posibilitado su libre acceso al órgano jurisdiccional a efecto de concretizar mediante la acción el derecho de defensa de los intereses generales que suele representar en juicio, en ese sentido existe una gama de preceptos de orden procesal que llevan justamente a concretar este derecho del Ministerio Público así comprendido, por ello los artículos 25, 272, 273, 284 entre otros del Código Procesal Penal, hacen factible el acceso del Ente Fiscal como defensor de los intereses de la Sociedad, a los Órganos de Justicia a fin de hacer valer los intereses que representa, entendemos pues en el caso del Ministerio Público, el Derecho de Defensa como la potestad de instar la acción ante los Juzgados y Tribunales con todas las incidencias pero respetando las Normas del Debido Proceso previamente establecidas porque ello contempla garantizar la Igualdad de las Partes involucradas en el Proceso, de tal suerte que tanto la intervención del Ministerio Público como la de los indiciados está marcada por la obligatoria observancia de una serie de requisitos impuestos para acceder al proceso[2]. 4) Resta ahora analizar si el accionar del Ministerio Público y las decisiones del Tribunal Sentenciador, están enmarcadas dentro de la Normativa Procesal vigente y si las decisiones adoptadas por el Tribunal A-quo colisionan con el Derecho de Defensa del Ministerio Público. Este Tribunal de Casación aprecia que antes de la evacuación de los Medios Probatorios, la defensa solicitó que no se evacuara un medio de prueba documental consistente en el Informe de Auditoría, al considerarlo ilícito pues los anexos del informe contenían copias fotostáticas de documentos con los cuales el perito había realizado el informe, situación que a pesar de la oposición del Ente Acusador, el Juzgador declaró con lugar y por tanto no procedió a evacuar el medio de prueba documental antes referido. Se pudo corroborar en el Acta de Proposición de Prueba que corre agregada a folio 752, que el Ministerio Público presentó como medio de prueba documental un Informe de Auditoría con su ampliación y anexos, pero además ofertó el Informe de la Comisión Nacional de Fútbol; la Defensa objetó el informe de la comisión de fútbol por considerarlo desproporcional, pues ambos tenían la misma finalidad probatorio y por esa misma razón el Juez A-quo no lo aceptó , ahora bien sí admitió el medio de prueba Informe de Auditoría con su ampliación y sus anexos; así las cosas era en el momento de la proposición de pruebas que para efectos de admisión se podía cuestionarse el respectivo medio de prueba y no en el momento del Juicio Oral y antes de iniciada la evacuación de los medios de prueba, pues para eso las partes contaban con la etapa de conclusiones en donde se podía establecer todas las falencias observadas en las pruebas evacuadas. El Artículo 325 del Código Procesal Penal establece: “Rendida la declaración del imputado, cuando lo haya, se recibirán las pruebas propuestas por las partes, en el orden indicado por éstas...” En tal sentido, no es potestad del Juzgador establecer qué medios de pruebas se evacuaran en el debate, pues para determinarlo se contó con una audiencia de proposición de pruebas en el cual y con conocimiento de la parte contraria, se determinó qué prueba recibir; en el caso subjudice el hecho de que el Sentenciador permitiera la evacuación del medio de prueba documental no significaba que le estaba concediendo confiabilidad y credibilidad, pues esos aspectos tendrían que haberlos expuesto en la valoración probatoria, pues es ahí, al externar sus Juicios de Valor y tomando en consideración las objeciones hechas en las conclusiones de las partes, que el Sentenciador deviene en la obligación de determinar por qué le merecen credibilidad los medios de prueba ó por qué los excluye de su valoración apartándolos de sus razonamientos, pero lo que no puede bajo ningún motivo el Sentenciador, es no permitir la práctica de una prueba legalmente admitida, pues al hacerlo deja en indefensión a la parte que la propuso. 5) Se hace evidente que en el presente caso el Ministerio Público no ha tenido la misma oportunidad procesal que su contraparte, quedando en desventaja, estas oportunidades no fueron satisfechas en el juicio oral y público, pues no se le permitió al ente acusador someter al contradictorio un medio de prueba que ya había sido anteriormente admitido lo que constituye una violación al Derecho de Defensa y al Debido Proceso del Ministerio Público como representante de la víctima, consecuentemente es procedente el motivo de casación invocado. Para esta Sala de lo Penal, resulta imposible resolver en el fondo el caso conocido en Casación, en virtud de que no se puede tener la inmediación en relación al medio de prueba que no fue evacuado por el Tribunal de instancia por lo que resulta necesario acceder al presente Motivo de Casación con los efectos del Recurso de Casación en la forma, a efectos de que el nuevo Tribunal de Casación proceda a realizar un nuevo Juicio con todas las Garantías Procesales para ambas partes y resolver conforme a Derecho en base a las Pruebas que se reproduzca en el acto del Juicio Oral y Público. V.- DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA EN SU ÚNICO MOTIVO, INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO, ARGUYENDO FALTA DE DECLARACIÓN DE HECHOS PROBADOS. Esta Sala de lo Penal, se abstiene de pronunciarse sobre este motivo de Casación por haber prosperado el motivo de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 325, 338, 359, 361, 362 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: 1) Declarando CON LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su Único Motivo interpuesto por la Abogada S. D. M., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la causa instruida contra los señores G. E. A. A. y M. S. por el delito de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS en perjuicio de por LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 2) CASA LA SENTENCIA 3)Declara la Nulidad del Debate y de la Sentencia de fecha veintinueve de febrero del dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortes.- Y MANDA: I.- Que se repita el Debate con un Tribunal integrado por Jueces distintos a los que conocieron el Juicio Anulado. II.- Que con Certificación del presente Fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que se proceda conforme a Derecho.- REDACTÓ EL MAGISTRADO ZÚNIGA MEDRANO.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de enero del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha veinte de octubre del año dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-361-2012.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] VID Pavón Gómez Germán. De la Casación y la Revisión Penal. 2ª edición. Doctrina y Ley. 2003. Colombia. P 48 y 49
[2] VID Sentencia de Casación Penal N° SP 40-2011 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 10 de enero del 2013