Sentencia CP-36-12 — Registro 5793
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Secuestro, resolviendo en segunda instancia Parcialmente HA Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...DE LA PROCEDENCIA DEL MOTIVO.- El Motivo es de Recibo Parcialmente.- Nuevamente el Censor erra en el planteamiento del Motivo, si bien denuncia la violación de las Reglas de la Sana Crítica, ha quedado a deber el señalar cuál de estas Reglas fue la inobservada por el Tribunal de Sentencia inobservo y además ha obviado realizar un análisis de la Motivación en la Sentencia que juzga como violatoria.- Téngase en cuenta que éste tipo de motivo exige confrontar los razonamientos valorativos consignados en la Sentencia por los juzgadores frente a los conceptos que definen las Reglas que componen la Sana Critica y así demostrar la disparidad entre unos y otros.- En su lugar el Censor desarrolla dos argumentos que no conducen a atacar el razonamiento valorativo de los Juzgadores, sino que son meras posturas subjetivas de la prueba aportada, siendo únicamente el tercer argumento el que es propio respecto al recurso interpuesto, a pesar de haberse planteado sumariamente. Con lo señalado es oportuno resaltar que la Sala de lo Penal ha resuelto en numerosas ocasiones que impera en todo recurso el Principio de Tutela Judicial Efectiva contenido en el artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, por ello aspectos de forma no deben de imperar sobre los aspectos de fondo, con ello ha señalado que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma ello no significara el rechazo ad portas del conocimiento del recurso siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el alegato central y la pretensión del Recurrente, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad, precisión de los argumentos recursivos y sobre todo en relación a la propiedad entre el motivo planteado y los argumentos desarrollados. Así las cosas, lo alegado por el Censor merece las consideraciones siguientes: 1).- Indica que las ofendidas L. M. V. y P. V., se contradijeron en sus dichos; Habiendo revisado estas declaraciones, esta contradicción es inexistente, puesto que ambas concuerdan de que las personas que les privaron de la libertad se ofrecieron a ayudarles a pasar una bolsa de agua estancada que estaba en la calle.- Además y en el supuesto de que la contradicción existiese, no señala el Censor que relevancia tiene ésta con respecto a la valoración hecha por el Tribunal de Sentencia y, específicamente su mella en cuanto a la conclusión de que su representado es responsable del ilícito Juzgado; 2).- Indica que la declaración de la Testigo C. G. M. G. es inconsistente y contradictoria entre sí; Habiendo dos declaraciones de la testigo que fueron tomadas en cuenta por el Tribunal de Sentencia, una de manera presencial en la audiencia de debate y otra introducida por lectura rendida bajo el protocolo de la prueba anticipada, el Censor no ocupo espacio para señalar si se refería a ambas declaraciones o a alguna en particular, tampoco se ocupó de señalar al Tribunal de Casación cuales eran esas inconsistencias y contradicciones y finalmente, siendo lo relevante, no puntualizo como se tradujo en una valoración que violento uno o varios de los componentes de la reglas de la sana critica; y 3).- Reciente el Censor que el Tribunal de Sentencia no haya hecho una debida valoración conjunta de los medios de prueba, explayando las razones en las que fundamentaron sus conclusiones. Este argumento es idéntico al tercer motivo del recurso de casación por quebrantamiento de forma presentado por el Abogado J. de la C. G., a favor del acusado W. O. C. E., por ello y para no corear las motivaciones que esta Sala de lo Penal expuso líneas atrás, se declara que lo señalado en aquella oportunidad da respuesta a éste tercer argumento planteado por el Abogado M. de J. A.. Como consecuencia se declara Parcialmente Con Lugar el Segundo Motivo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto a favor del acusado F. L. M. H., cuyo efecto es extensivo para los co imputados W. O. C. E. y N. S...."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres (03) días del mes de marzo del año dos mil quince (2015), por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO, en su calidad de Coordinador, JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ y RAUL HENRIQUEZ INTERIANO llamado a integrar por excusa justificada del Magistrado C. D. C. V., dicta sentencia conociendo de los Recursos de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma, interpuestos contra la sentencia de fecha ocho de diciembre del año dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual condenó a los señores F. L. M. H., W. O. C. E. Y N. S., como autores responsables del delito de SECUESTRO, en perjuicio de las señoras L. M. V. G. y P. V. G., a la pena de VEINTICINCO (25) años de reclusión, asimismo se le condenó a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la condena principal, más la responsabilidad civil que consiste en la restitución de QUINIENTOS SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps.506,000.00).- Interpusieron los Recursos de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, el Abogado J. DE LA C. G., actuando en su condición de Defensor del señor W. O. C. E. y el Abogado M. DE J. A., en su condición de Apoderado Defensor del señor F. L. M. H.. SON PARTES: El Abogado J. de la C. G., Defensor Privado del Acusado W. O. C., y el Abogado M. de J. A., Defensor Privado del Acusado F. L. M., en su condición de Recurrentes y la Abogada Y. M. M. L., Agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrida. HECHOS PROBADOS En la Sentencia que hoy se impugna, se fija por el Tribunal de Sentencia como hechos probados los siguientes: “PRIMERO: El jueves dos de octubre del dos mil ocho entre las seis y siete de la mañana las señoras L. M. V. G. Y P. V. G., ambas mayores de setenta años al momento de los hechos, caminaban por el sector de la colonia Teodoro Rodas Valle en la carretera que conduce hacia la salida de Danli, momentos en los cuales fueron interceptadas por los señores F. L. M. H., W. O. C. E. Y N. S. quienes las introdujeron en un vehículo, vendándoles los ojos, siendo trasladadas a un lugar no determinado en donde fueron mantenidas cautivas. SEGUNDO: Ese mismo día a eso de las diez de la mañana el señor J. A. C. F. recibe una llamada en su casa de habitación donde le manifiestan que su esposa y su cuñada están secuestradas y le solicitan por el rescate de éstas la cantidad de siete millones de lempiras. TERCERO: El seis de octubre de ese mismo año el Doctor C. D. C. V. quien se había constituido en negociador se trasladó hasta la ciudad de Tegucigalpa a la altura de la colonia hato de En medio en donde lanzó una bolsa conteniendo la cantidad de doscientos cincuenta y tres mil lempiras que se había pactado por el rescate de las víctimas, quienes no fueron liberadas en dicha oportunidad. Posteriormente el diez de octubre del dos mil ocho se entregó la cantidad de doscientos cincuenta y tres mil lempiras en la ciudad de Comayagua, sin haber liberado a las víctimas, las cuales fueron dejadas libres hasta el día veintiuno de octubre del dos mil ocho”. CONSIDERANDO I.- Los Recursos de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- El Recurrente, Abogado J. DE LA C. G., formalizó su recurso de casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: “CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL MOTIVO UNICO. Infracción, por falta de aplicación, del artículo 89 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Estimo que este motivo se encuentra comprendido en lo que dispone el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: En el artículo 89 de nuestra Carta Magna se consagra el estado de inocencia de toda persona, hasta tanto no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente. Ese principio corresponde al que en la doctrina y en la normativa constitucional de otros países, a partir del artículo 9 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, de Francia, se conoce como presunción de inocencia, el significado de la cual se divide en tres facetas distintas: a)En la fase de la prueba, como presunción legal relativa, en relación a la inversión del onus de la prueba; b) Al momento decisorio, como principio in dubio pro reo; y, c) Durante el transcurso de todo el proceso como norma de trato hacia el acusado. En cuanto al momento decisorio lo que se exige, de conformidad a este principio, es que se condene al imputado solamente cuando se haya probado plenamente, sin que haya quedado margen a la duda, la participación de él en el delito de Que se trata. En el caso que nos ocupa tenemos que en los autos no existe ninguna prueba, ni testimonial, ni pericial, ni documental, ni de ninguna otra naturaleza, con la que se haya acreditado que W. O. C. E. tuvo la más mínima participación en el secuestro de las señoras V. G. Es cierto que la testigo C. G. M. G. afirmó que conoce “a las personas que agarraron a las señoras que están secuestradas” y, además, reconoció en rueda a determinadas personas, entre ellas a W. O. C. E., pero con esta diligencia lo Que se acreditó es que ella, la testigo, conoce a esas pero no demuestra en manera alguna que a ella le conste que tuvieron participación en el ilícito de Que se trata. O sea, que se le condenó, a C. E., por el secuestro en referencia, sin que se haya probado de manera concluyente que haya tomado parte en la ejecución del delito objeto del proceso, para que pudiera ser considerado autor del mismo, y ni siquiera cómplice de tal ilícito. Es decir que se dictó un fallo de condena en su contra sin que se haya quebrado, mediante prueba contundente, la presunción de inocencia que le favorece. Y de esta manera se infringió, por no habérsele dado aplicación, el derecho consagrado en el artículo 89 de la Constitución de la República, conformándose así el presente motivo de casación. III.- Continúa manifestando el Recurrente, Abogado J. DE LA C. G. en su Recurso de: “CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: MOTIVO PRIMERO: La sentencia se basa en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio, con inobservancia de lo que dispone el artículo 338, regla cuarta, numerales uno y dos, del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362, preámbulo y numeral uno, del Código Procesal Penal; en la parte que se lee así: “El recurso de casación por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes: ... 2) Cuando (la sentencia) se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio,…” EXPLICACION DEL MOTIVO: Para poder entrar a la explicación del presente motivo, permítasenos transcribir el texto completo de la declaración de hechos probados contenida en la sentencia de que se recurre, en la cual se expone: “Este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: “PRIMERO: El jueves dos de octubre del dos mil ocho entre las seis y las siete de la mañana las señoras L. M. V. G. y P. V. G., ambas mayores de setenta años al momento de los hechos caminaban por el sector de la colonia Teodoro Rodas Valle en la carretera que conduce hacia la salida de Danlí, momentos en los cuales fueron interceptadas por los señores F. L. M. H., W. O. C. E. y N. S. quienes las introdujeron en un vehículo vendándoles los ojos, siendo trasladadas a un lugar no determinado en donde fueron mantenidas cautivas”. “SEGUNDO: Ese mismo día a eso de las diez de la mañana el señor J. A. C. F. recibe una llamada en su casa de habitación donde le manifestaron que su esposa y su cuñada están secuestradas y le solicitan por el rescate de éstas la cantidad de siete millones de lempiras”. “TERCERO: El seis de octubre de ese mismo año el Doctor C. D. C. V. quien se había constituido en negociador se trasladó hasta la ciudad de Tegucigalpa a la altura de la Hato de En Medio en donde lanzó un bolsa conteniendo la cantidad de doscientos cincuenta y tres mil lempiras que se había pactado por el rescate de la víctimas, quienes no fueron liberadas en dicha oportunidad. Posteriormente el diez de octubre del dos mil ocho se entregó la cantidad de doscientos cincuenta y tres mil lempiras en la ciudad de Comayagua, sin haber liberado las víctimas, las cual fueron dejadas libres el día veintiuno de octubre del dos mil ocho”. Frente a lo que se declara probado como hecho primero, cabe plantearse la siguiente pregunta: ¿Cuál es el medio probatorio legalmente incorporado al juicio que pudiera haber servido al Tribunal, para dar por probado que W. O. C. E. y otras dos personas interceptaron a las señoras L. M. y P. de apellidos V. G., por el sector de la Colonia Teodoro Rodas Valle, en la ciudad de Danlí, y las introdujeron en un vehículo, en el que las condujeron a un lugar no determinado, en donde fueron mantenidas cautivas? La respuesta que de manera contundente se puede dar a esa interrogante es que no existe ningún medio probatorio, del cual se desprenda como verdad ese hecho. Pues la realidad procesal nos indica que no existe en el juicio ni un solo medio de prueba al respecto. Véanse todos los testimonios rendidos en este proceso y no encontraremos ni uno sólo en el que se afirme, por parte de algún testigo, que él vio al procesado W. O. C. E. participar en el hecho relacionado. No pudo hacerse antes ninguna reclamación contra el vicio en que consiste este motivo, porque se produjo en el pronunciamiento mismo de la sentencia que estoy impugnando. MOTIVO SEGUNDO: Haberse incorporado en el juicio por lectura, según se afirma en la sentencia, un medio probatorio en violación del artículo 311 del Código Procesal Penal, comprendido en el Libro II, Título IV. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362, preámbulo y numeral dos, del Código Procesal Penal; en la parte que se lee así: “El recurso de casación por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes:... 2) Cuando (la sentencia) se base en medios o elementos probatorios,... incorporados (al juicio) por lectura en violación de las normas contenidas en el Título Cuarto del Libro Segundo,... (Del Código Procesal Penal)...” EXPLICACION DEL MOTIVO: En el apartado referente, en la sentencia, a la “VALORACIÓN DE LA PRUEBA” y en el ordinal segundo, el Tribunal expone que “Se incorporó mediante lectura la declaración rendida mediante prueba anticipada de la testigo C. G. M. G., también identificada como testigo protegido “R”. Hay que señalar que esa “testigo” constituye la prueba estrella de la parte que acusa. Pues bien, según su testimonio, de conformidad a lo que se incluye en el fallo, ella expuso lo siguiente: “Conozco a las personas que agarraron a las señoras que están secuestradas, a unos los conozco por el nombre a los otros sólo por sus apodos pero al verlos los podría identificar, uno se llama F. M., y vive en el Pantanal, en un casa de ladrillo con puertas de balcones donde también hay una pulpería, el otro es conocido como Cobra el cual es chaparro, pelo indio, trigueño, narizón y tercer sujeto es calvo de frente, medio grueso, piel trigueña, usa barbita y candado, a este no sé el nombre pero lo podría identificar al verlos, hay otro sujeto conocido como “El C.” que es el que les dio la información para realizar el secuestro y fue el que prestó su vivienda, también hay otro sujeto involucrado que se llama F. V. que vive en Jacaleapa y que el secuestro lo realizaron en un vehículo turismo cuatro puertas color oro y negro en la parte de arriba. Agregó que tiene conocimiento de los hechos porque un día antes que “extrajeron” a las señoras recibió una llamada de F. comunicándole que estaban en su ciudad Danlí haciendo un trabajito y que ya habían agarrado a unas señoras que andaban haciendo ejercicio. Refirió que la llamada la recibió en su celular número 9654-94-52, proveniente del número 96404136 y que le preguntaban sobre que había escuchado al respecto en las noticias, que después recibió otra llamada de F. preguntándole por El C., que también recibió llamada de El C., y que éste en una ocasión le pidió prestado el teléfono a su hermana para hablarle a F.. Que F. se reunió con el C. en la Gasolinera Texaco Tegucigalpa, cuando ya les habían pagado el dinero del secuestro y quien coordinó el secuestro fue F. porque era el que más llamaba”. “Como complemento de la anterior declaración se expone siempre en el acápite sobre Valoración de la Prueba, contenido en la sentencia de que se recurre se practicó diligencia de reconocimiento en rueda por parte de la referida testigo la cual se incorporó mediante lectura al debate en la cual se establece lo siguiente: “Una vez verificada la presencia de las partes ... el señor Juez solicitó a la testigo R que describiera las características físicas de los supuestos imputados involucrados en el ilícito que se investiga manifestando de la siguiente manera: de N. A., z., p. c., n. p., b., W. es medio alto, fornido, ojos gateados, pelo negro, blanco y un brazo medio chueco, F . M., alto, fornido, pelo parado, trigueño, ojos pequeños color negro, cara redonda, indiado, después de ésto no he vuelto a ver a estas personas. Posteriormente se procedió a colocar frente al despacho del señor Juez a los imputados con seis personas más para que la testigo manifieste si entre ellos se encuentran las personas involucradas en el ilícito de secuestro en perjuicio de las señoras L. M. V. y P. V. G., reconociendo a los señores No. 1 de nombre N. S., No. 3 F. M. H., No. 9 W. O. C. ... acto seguido se mostró a la testigo R un álbum fotográfico en el cual reconoce al señor F. V.”. La declaración de la señora C. G. M. G. que, se dice en la sentencia, fue incorporada por lectura al debate fue la que ella rindió en la etapa preparatoria como testigo protegida y como prueba anticipada, por manera que ese testimonio, según lo dispone el artículo 311 numeral 1 del Código Procesal Penal, solamente podía haberse leído por el Secretario durante el debate de haber resultado imposible su reproducción en el mismo, situación Que no se dio en la realidad pues la mencionada testigo estuvo presente en el juicio oral público con el fin de rendir declaración en esa etapa, por lo que al tenor de lo que dispone el artículo antes citado en su numeral 6, sí podía haberse incorporado por lectura, de haber resultado contradicciones entre ambos testimonios, y para el fin, solamente para el fin de que las partes pudieran interrogar al deponente acerca de tales contradicciones. Lo que, siguiendo siempre el texto de la sentencia, no se dio en el juicio. O sea, pues, que la incorporación por lectura de que se habla en la sentencia impugnada lo fue en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo del Código Procesal Penal, una de las cuales lo es el citado artículo 311 de ese ordenamiento; es en esa violación que, precisamente, consiste el presente motivo de casación por quebrantamiento de forma. No pudo hacerse antes ninguna reclamación contra el vicio en que consiste este motivo, porque se produjo en el pronunciamiento mismo de la sentencia que estoy impugnando”. MOTIVO TERCERO: En la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica, con inobservancia de lo que se dispone en los artículos 202 y 336 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Se considera que este motivo se comprende en el artículo 362, preámbulo y numeral 3, del Código Procesal Penal, en la parte que se lee así: “El recurso de casación por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes:... 3) Que... si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica”. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO En la regla cuarta, numeral 1, artículo 338 del Código Procesal Penal, se dispone que la fundamentación de las sentencias definitivas debe iniciarse con la declaración de los hechos que el Tribunal estima que han sido probados en el juicio; y, en el numeral 2, establece que “Seguidamente se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio,...”. Pues bien, en el proceso se declararon probados los hechos siguientes: “PRIMERO: El jueves dos de octubre del dos mil ocho entre las seis y las siete de la mañana las señoras L. M. V. G. y P. V. G., ambas mayores de setenta años al momento de los hechos caminaban por el sector de la colonia Teodoro Rodas Valle en la carretera que conduce hacia la salida de Danlí, momentos en los cuales fueron interceptadas por los señores F. L. M. H., W. O. C. E. y N. S. quienes las introdujeron en un vehículo vendándoles los ojos, siendo trasladadas a un lugar no determinado en donde fueron mantenidas cautivas”. “SEGUNDO: Ese mismo día a eso de las diez de la mañana el señor J. A. C. F. recibe una llamada en su casa de habitación donde le manifiestan que su esposa y su cuñada están secuestradas y le solicitan por el rescate de éstas la cantidad de siete millones de lempiras”. “TERCERO: El seis de octubre de ese mismo año el Doctor C. D. C. V. quien se había constituido en negociador se trasladó hasta la ciudad de Tegucigalpa a la altura de la hato de En medio en donde lanzó una bolsa conteniendo la cantidad de doscientos cincuenta y tres mil lempiras que se había pactado por el rescate de la víctimas, quienes no fueron liberadas en dicha oportunidad. Posteriormente el diez de octubre del dos mil ocho se entregó la cantidad de doscientos cincuenta y tres mil lempiras en la ciudad de Comayagua sin haber liberado las víctimas, las cuales fueron dejadas libres el día veintiuno de octubre del dos mil ocho”. Veamos, ahora, cuales fueron la pruebas tenidas en cuenta por el Tribunal para declarar probados los hechos contenidos en el apartado de la sentencia que antes se trascribe. La verdad es que jamás señaló de manera expresa cuáles fueron las pruebas que le sirvieron para declarar probados los hechos que, como tales, aparecen en el fallo. Pero sí, en el acápite que aparece con el título de “Valoración de la Prueba”, hace una relación de las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, las que, según se expone en la misma sentencia, fueron valoradas de acuerdo a los criterios de la sana crítica. En esa relación se hace referencia a las siguientes pruebas: Declaración del testigo Doctor C. D. C. V., en la que hace un relato de su actuación como negociador, en representación de la familia de las víctimas, que culminó con el pago del rescate, hecho en dos entregas sucesivas de dinero, porque después de haber recibido la primera, quienes las tenían cautivas, que según la prueba toda vertida en el proceso no se sabe quiénes eran, exigiendo otra cantidad igual. Declaraciones de las señoras L. M. y P., de apellidos V. G., quienes narran la odisea que sufrieron desde su aprehensión hasta que fueron liberadas. No identifican a ninguna de las personas culpables del ilícito. Declaración del esposo de una de ellas, señor J. Á. C. F., con quien se comunicaron unos sujetos, que no identifica, los que le hicieron saber que se trataba de un secuestro y que querían cuatro millones por su liberación. Declaración del Agente de Investigación R. A. O., el que expuso: después de haber recibido la denuncia del secuestro de las señoras, se obtuvo una testigo, de quien no da el nombre, la que manifestó que el señor F. L. M., a quien conoció en Támara, le había solicitado ayuda para poder esconder a unas señoras que había secuestrado en Danlí. Esa mismo testigo, dice Oseguera, involucró también en el hecho sin expresar cómo ni en qué momento, a unos señores de apellido V., C. y N.. Además dicho testigo manifestó que los números utilizados por esos sujetos era el 9978-1629 Y otro que no recuerda. Ahora, llegamos a la declaración rendida como prueba anticipada, por la señora C. G. M. G., e incorporada por lectura al juicio, según se expresa en la sentencia. Esta testigo afirma: “conozco a las personas que agarraron a las señoras que están secuestradas”, pero no indica cómo sabe y, menos, cómo le consta, que esas personas fueron las que incurrieron en el secuestro. A continuación hace referencia a F. M., a otro conocido como “Cobra”, a un tercero a quien no le conoce el nombre, a uno más conocido como “El C.” y a otro sujeto que se llama F. V.. No menciona a mi defendido, W. O. C.. B.. “Agrega que tiene conocimiento de los hechos porque un día antes que “extrajeron” a las señoras recibió una llamada de F. comunicándole que estaban en su ciudad Danlí, haciendo un trabajito y que ya habían agarrado a unas señoras que andaban haciendo ejercicio". “Refirió que la llamada la recibió en su celular número 9654-9452, proveniente del número 9640-4136 y que le preguntaban sobre qué había escuchado al respecto en las noticias, que después recibió otra llamada de F. preguntándole por El C., que también recibió llamadas de El C. y que éste en una ocasión le pidió prestado el teléfono a su hermana para hablarle a F.”. “Que F. se reunió con El C. en la Gasolinera Texaco Tegucigalpa cuando ya les habían pagado el dinero del secuestro y quien coordinó el secuestro fue F. porque era el que más llamaba”. A continuación se practicó diligencia de reconocimiento en rueda por parte de la testigo M. G., en la que ésta reconoció a N. S., F. M. H. y W. O. C.. Y aquí se impone una pregunta ¿Con base en qué antecedente puede sostenerse que esta testigo vio a W. O. C. E. participar en el delito por el cual se le ha condenado? Es la verdad que no aparece en la prueba vertida en el juicio que ella fue testigo presencial, Es llegado el momento de confrontar las conclusiones valorativas de la prueba a que llegó el Tribunal con la prueba producida en el juicio a la luz de las reglas de la sana crítica. Veamos: expone el Tribunal: “Con los medios de prueba anteriormente señalados el Tribunal tiene por acreditada la participación de los acusados N. A., W. C. E. y F. L. M.”, y precisa a continuación: “La testigo C. G. M. G., en la declaración tomada mediante prueba anticipada ha sido congruente al afirmar que recibió una llamada del señor F. L. M., afirmándole que se encontraba en la ciudad de Danlí realizando un trabajo refiriéndose al secuestro de dos señoras que estaban realizando ejercicios”. Si se leen detenidamente las declaraciones del Agente de Investigación R. A. O. y de la señora C. G. M. G., que son las pruebas “anteriormente señaladas” en la sentencia, se verá que ninguno de esos testigos afirma haber percibido con sus sentidos los hechos en que, se afirma, participó W. C. E.. El primero intervino, después que el secuestro se hubo producido, en las labores de investigación del mismo, obviamente después que el hecho se había producido. Y, en cuanto a la segunda, lo único que expuso con relación a ese hecho fue que recibió una llamada de F. L. M., “afirmándole que se encontraba en la ciudad de Danlí realizando un trabajo refiriéndose al secuestro de dos señoras que estaban realizando ejercicios”; asimismo afirmó, según lo que se expone en la sentencia, que “cruzó llamadas telefónicas con los otros participantes del hecho quienes le pedían colaboración para lograr sus actos ilícitos”. A mi defendido W. O. C. E. no lo menciona señalándolo como una de las personas con quienes cruzó llamadas telefónicas; pero sí lo reconoció en la rueda de presos, aunque, y es ésto de importancia decisiva, no dijo en ningún momento haberlo visto intervenir en los actos constitutivos del secuestro; y, entonces, cómo sabe que participó en el hecho. Para que la declaración de un testigo haga prueba debe indicar la razón de su dicho; y hemos visto que esta testigo no dio ninguna en relación a la supuesta participación de C. E.. No dijo porqué lo incluye entre los participantes, quién se lo dijo, porque ella, en ningún momento, ha afirmado haber sido testigo presencial. Si nos remitimos a los principios de la Lógica, que forman parte de la sana crítica, nos encontraremos que con esa valoración de la prueba hecha por el Tribunal, se ha inobservado el principio de la razón suficiente, según el cual, expuesto en sentido afirmativo “todo lo que es tiene su razón de ser” y, en sentido negativo, “nada hay sin razón suficiente”, pues si la testigo M. G. ha reconocido a C. E. como participante en el secuestro de las señoras V. G., sin exponer razón alguna que le haya servido de base para tal reconocimiento, tenemos que con fundamento en el mencionado principio lógico, el mismo carece de razón suficiente, y, por lo tanto, no puede aceptarse que tenga existencia como verdad, es decir que no puede reconocérsele ningún valor probatorio para tener como hecho probado su participación en el hecho que nos ocupa. Es decir que al haberlo tenido como tal, no se han observado, en su valoración, la reglas de la sana crítica, en particular el principio de la razón suficiente. Y así se ha configurado el presente motivo. En el tercer párrafo del ordinal primero del acápite “FUNDAMENTACION JURIDICA”, el Tribunal reitera “A la luz del resultado probatorio resulta evidente que los señores F. L. M. H., W. O. C. E. y N. S. retuvieron en contra de su voluntad por más de veinticuatro horas a las señoras L. M. V. G. y P. V. G.”, sin que, como ya lo hemos visto, exista ningún medio de prueba con el cual se acredite la participación de C. E. en los hechos relacionados. No pudo hacerse antes ninguna reclamación contra el vicio en que consiste este motivo, porque se produjo en el pronunciamiento mismo de la sentencia que estoy impugnando”. IV.- El recurrente, Abogado M. DE J. A., formalizó su recurso de casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: “POR INFRACCION DE LEY. EXPOSICION DEL MOTIVO. Por haberse infringido un precepto legal de carácter sustantivo que deba ser observado para la aplicación de la penal. Precepto autorizante: el presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. Explicación del motivo: el fallo impugnado en su hecho probado PRIMERO se señala: el jueves dos de octubre del dos mil ocho como a las seis y siete de la mañana, las señoras L. M. V. G. Y P. V. G., ambas mayores de setenta años al momento de los hechos, caminaban por el sector de la colonia Teodoro Rodas Valle, en la carretera que conduce a la salida de Danli. Momento en los cuales fueron interceptadas por los señores F. L. M. H., W. O. C. E. y N. S., quienes las introdujeron en un vehículo, vendándole los ojos, siendo trasladadas a un lugar no identificado, en donde fueron mantenidas cautivas. En el SEGUNDO: del fallo, se dice que como a las diez de la mañana de ese mismo día, el señor J. A. C. F., recibió una llamada telefónica exigiéndole la suma de siete millones por la libertad de su esposa y su cuñada, quienes están secuestradas; sin especificar quienes eran las personas que estaban secuestradas y por quienes se pedía tal suma por su liberación. Y, en el hecho TERCERO: se dice que el Doctor C. D. C. V. el día seis de octubre del año en mención (2008), se trasladó desde la ciudad de Danli hasta esta capital; y, en una bolsa que contenía la suma de doscientos cincuenta y tres mil lempiras arrojó la misma en un sector de la colonia hato de en medio, de Tegucigalpa. Posteriormente, el diez del mes y año citados, ya en la ciudad de Comayagua, se entregó igual suma. Es el caso que en estos dos últimos numerales (SEGUNDO Y TERCERO) no se dice a quien se entregó el dinero; porque motivo se entregó ya que lanzar una bolsa en un sector de la colonia Hato de En medio no nos está diciendo que en su interior contenga alguna suma de dinero; y solamente cabe dentro de una suposición que así fuera, no existe una relación entre el hecho PRIMERO, y los dos restantes; son hechos vagos no confirmados; de lo cual podemos deducir que nunca llegó a manos de los supuestos secuestradores. En tal sentido se infiere que solamente está claro que el imputado F. L. M. y otros dos sujetos privaron de su libertad a ambas señoras, y que, en ningún momento estos hayan pedido o solicitado dinero a cambio de su libertad. El artículo 192 del penal vigente reseña que será sancionado con la pena de veinte años de reclusión a privación de la libertad de por vida, quien con violencia, intimidación, siguientes: a) obtener a cambio de la libertad de la o las personas(s) secuestradas dinero, bienes, títulos u otra utilidad o beneficio, b)..., C)….,Es el caso que, en autos y de los mismos hechos probados no se establece en forma alguna que mi representado haya percibido dinero, bienes, títulos u otra prebenda; por lo que falta este elemento que distingue el ilícito de secuestro. En tal virtud se ha infringido por aplicación indebida, el precepto legal contenido en el artículo 192 del Código Penal vigente. Aplicación pretendida: es el derecho, porque los hechos así lo exigen, le sea aplicado al imputado F. L. M. H., lo dispuesto en el artículo 193 del Código Penal, que la letra dice: artículo 193. Quien fuera de los casos previsto en el artículo anterior, prive injustamente a otro de su libertad, será sancionado con reclusión de tres (3) a seis (6) años. Por haberse producido el vicio en la propia sentencia objetada, no ha sido posible reclamar su subsanación”. V.- Continua manifestando el Recurrente Abogado M. DE J. A. en su Recurso de Casación POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. Primer motivo: por haberse empleado en la sentencia, precisamente en los hechos probados, conceptos que, por su carácter exclusiva jurídicos dan lugar a la predeterminación del fallo. Precepto autorizado: el presente motivo de casación se encuentra comprendido. En el artículo 362 No.1) del Código Procesal Penal. Explicación del motivo: el presente penal adjetivo que se invoca infringido reza: artículo 338. Las sentencias se redactaran por escrito, con sujeción a las reglas siguientes: primera: Segunda: Tercera: Cuarta: se considera la fundamentación del fallo de la manera siguiente: 1) declaración de hechos probados sin emplear conceptos que por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse. El tribunal sentenciador, en el hecho probado TERCERO, entre otros dice: “el seis de octubre de ese mismo año que se había pactado por el rescate de las víctimas (el subrayado es nuestro) luego, ya continuación señala: en la ciudad de Comayagua sin haber liberado a las víctimas el término o vocablo víctima es un tecnicismo propiamente y con exclusividad JURIDICO, el cual no debió emplearse, pues ya el mismo Código Procesal Penal en su artículo 16 lo consigna, al decir derechos de la víctima de un delito o falta, nuevamente, en su artículo 98 se refiere a la víctima y quien ejercerá su representación y precisamente el artículo 17 del mismo cuerpo de leyes recoge quienes tienen el carácter de víctimas, en su numeral 1) el directamente ofendido por el delito Así es que no puede dudarse que el término víctima es inmanentemente jurídico, como así igualmente lo designan los textos legales en cuanto se refiere a la persona ofendida, tal como acontece con las señoras L. M. y P. ambas de apellido V. G., SEGUNDO MOTIVO: no haber observado el sentenciador el la valoración del la prueba, las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: el presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final de numeral 13) del Artículo 362 del Código Procesal Penal. Para los efectos de este motivo de cita como infringido el artículo 202 del Código Procesal Penal que dice: las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica todo en relación con el artículo 338 del mismo cuerpo de leyes el tribunal sentenciador valoró la prueba de cargo no de acuerdo a las reglas de la sana crítica, esencialmente la lógica. Así vemos que existen discrepancias entre lo manifestado por ambas ofendidas que en ningún momento reconocieron a las personas que las privaron de su libertad: luego discrepan en cuanto momento en que abordaron el vehículo: la señora L. M. enfatizó que subió mediante intimidación al mostrarle armas a los imputados su hermana, P. la asevera que gentilmente los hechores les sugirieron que ellos les iban a ayudar a cruzar un charco de agua: y para eso era menester que se subieran al vehículo. La declaración de la testigo C. G. M. G., propuesta por el Ministerio Público acusa muchas inconsistencias y totalmente se contradice. Tal testigo no era confiable y de ningún crédito. Primeramente manifestó conocer perfectamente a los Encausados y todo el plan que los llevó al secuestro de las hermanas V. G., dijo haber recibido llamadas a su celular proveniente específicamente del teléfono móvil del señor F. L. M., igualmente, los reconoció al serles puestos a la vista mediante prueba Anticipada. La señora M. G. se constituyó para el tribunal una testigo de entero crédito: y al ser analizada esta prueba juntamente con la del testigo F. A. O., y la de N. O. M., se concluyó que existían los suficientes elementos para dictar un fallo condenatorio. Entendemos que no existen una prueba directa de incriminación en los hechos pues no hay testigos presenciales, por lo que el ente acusador tuvo que recurrir a la prueba indiciaria: sin embargo, el tribunal solo hace un análisis de cada prueba, en forma parcial, nunca formuló un consenso y un razonamiento global de cada indicio para resumir porque medios (de razonamientos) podía concluir la responsabilidad penal de los acusados. Según la doctrina el que debe dar a la sentencia una forma lógica para garantizar que cumple con las exigencias del superior y esa estructura lógica es la que debe controlar el ad quem. Entonces el juicio de culpabilidad o de inocencia que emite el juez de mérito debe tener una estructura de pensamientos que controle casaciones a través de las leyes de la lógica. En el proceso penal no puede tenerse algún hecho por cierto como un artículo de fe, sino que por el contrario, toda afirmación debe ser demostrada o fundamentada. Cada elemento debe estar probado por otros, de tal manera que entre todos formen un engranaje sólido donde cada pieza es sostenida por las otras, pero a la vez aquellas forman parte del conjunto que sostiene a las demás. Cada elemento es prueba de los otros y los otros de éste. Conclusiones de los anteriores es que un elemento aislado no prueba nada por mucho que sea de la confianza del juzgado. Las sentencias recapitulo los indicios allegados al juicio y sustentó y fallos en base a la prueba indiciaria, la cual por llevar una alta dosis de subjetivismo requiere que cuando se considere acreditados determinados por hechos, se explique de forma adecuada y detallada el procedimiento intelectual seguido para enlazar el indicio con el hecho declarado probado; lo cual no ha acontecido en autos, pues, como se dijo, el tribunal valoró separadamente cada elemento probatorio que, a su entender lo llevaría a la convicción plena de la responsabilidad penal del enjuiciado, sin lograr un todo armónico ni explicar que lo llevó arribar a tal conclusión. No apreció la prueba en su conjunto y conforme a las reglas de la sana crítica, que es un parámetro cultural que remite la labor de razonar a criterios de experiencias comunes vulgar o de la vida. Es por lo anterior que el honorable tribunal de sentencias no ha observado las reglas de la sana crítica, que exige que las conclusiones a que se llegue sea el fruto razonado de las pruebas en que se apoye, respetando los principios de la recta razón, es decir las normas de las lógicas (constituidas por las leyes fundamentales de la coherencia y la derivación y por los principios de la psicología y de la experiencia común. Y es en este punto donde el tribunal ha incurrido en vicios de forma, a no derribar de las pruebas sometidas al contradictorio una conclusión de hechos que reprodujeran la verdad material de lo acontecido en la fecha indicada. Por haberse producido el vicio en la propia sentencia objetada, no ha sido posible reclamar su subsanación”. RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR EL ABOGADO J. DE LA C. G., APODERADO DEFENSOR PRIVADO DEL ACUSADO W. O. C. E.; PRECEPTO AUTORIZANTE ARTÍCULO 361 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL; NORMA INFRINGIDA ARTÍCULO 89 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. VI.__ El Artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse Recurso de Casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo en la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la Ley Procesal y ello obedece a la intención del Legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el Artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general, toda norma legal puede vincularse con una norma constitucional, más el Recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de Recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los Recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Forma, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores[2] (Recursos Extraordinarios). La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. VII. Expone el Recurrente que los Juzgadores violentaron el Principio de Inocencia debido a que en el caso que nos ocupa no existe ninguna prueba, ni testimonial, ni pericial, ni documental, ni de ninguna naturaleza que acredite la responsabilidad del acusado W. O. C. E.; analiza el Recurrente que la testigo C. G. M. G., en el Medio de Prueba Reconocimiento en Rueda, señalo reconocer al acusado C. E., lo que prueba que lo conocía, no que era la persona responsable del secuestro; Concluye que en este caso se ha dictado un fallo condenatorio sin que exista prueba contundente. VIII. El derecho al Estado de Inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su Artículo 89 establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, éste derecho-principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías. De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del Derecho al Estado de Inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del Acusado. El Estado de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio: El Proceso Penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el Tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; Para el pronunciamiento de la Sentencia Condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al Juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. Mediante el fallo de fecha catorce de mayo del 2007, en el Expediente 312-2006, esta Sala de lo Penal ha declarado que el Estado de Inocencia es “… es un estado inherente a la persona humana …”, éste derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.” (Fallo de la Sala de lo Penal de fecha 30 de Mayo del 2011, en el Exp 304-2010). En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, podrá pedirse a la Sala de lo Penal verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se podrá de examinar (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp 042-2009 de la Sala de lo Penal): a).- Licitud de la Prueba: si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; b).- Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c).- Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos.- IX.__ DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO.- El Recurso no es de Recibo.- El Censor desarrolla un libelo lacónico, esbozando afirmaciones generales sin hacer un análisis detallado y científico de la infracción que alega existente.- Indica que el reconocimiento hecho por la testigo C. G. M. G., implica que conocía al acusado W. O. C. E. y no un señalamiento que éste era responsable del delito de secuestro, más el Censor olvido encuadrar éste alegato en alguno de los temas que interesa al Principio de Inocencia antes explicados (suficiencia probatoria, prueba ilícita, ilegalidad del proceso probatorio, falta de motivación o indebido razonamiento motivacional). Así las cosas y al ser el recurso tan impreciso que impide conocer a esta Sala de lo Penal el sentido del reclamo, no es posible dar una respuesta al mismo, debiendo ser declarado sin lugar el recurso de casación por infracción a un precepto constitucional en su único motivo. RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR EL ABOGADO J. DE LA C. G., APODERADO DEFENSOR PRIVADO DEL ACUSADO W. O. C. E. , EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA OCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ, DICTADA POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. X.__ En El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del mismo, que desemboca en una sentencia en la cual el Órgano Jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que ésta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto a las formalidades establecidas en la Ley, no sólo para la emisión de la misma, sino durante el curso total del Proceso Penal. Es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las Normas de Derecho Procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el Órgano Juzgador debe subordinar su actividad, pues le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el Proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la Ley, no se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por ella y por el contrario, se ejecutan actos contra su voluntad, se produce entonces una Inejecución de la Ley Procesal, (Inejecución In Omitiendo). En consecuencia se ejecuta lo que la Norma Procesal prohíbe (Inejecución In Faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone aquella; Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el Proceso que se denomina Actividad Procesal Defectuosa o Defecto de Construcción y que el derecho común llama Vicio In Procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene precisamente la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales fijadas en la Ley. XI.__ El Censor expone su desacuerdo con la sentencia impugnada, alegando la existencia de varios vicios in procedendo que explica en tres motivos diferentes: 1).- La Sentencia se basa en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente a juicio; 2).- Se incorporó por lectura un medio de prueba con violación a lo preceptuado en el artículo 311 del Código Procesal Penal; 3).- En la valoración de los medios de prueba se irrespeto las reglas de la sana critica. Primer Motivo De Casación Por Quebrantamiento De Forma Interpuesto Por El Abogado J. De La C. G., Apoderado Defensor Privado Del Acusado W. O. C. E..- Precepto Autorizante Artículo 362.2, Norma Infringida Artículo 338 Regla Cuarta, Numerales 1 Y 2, Todo Del Código Procesal Penal.- Se Denuncia Valoración De Medios De Prueba No Incorporados Legalmente Al Juicio. XII.__ Plantea el Censor que frente a los Hechos probados no existe un medio de prueba incorporado legalmente que pueda servir de apoyo para que el Tribunal de Sentencia pudiese afirmar que el acusado W. O. C. E. junto con otras dos personas hayan secuestrado a las Señoras L. M. y P., ambas de apellidos V. G.. XIII.__ En relación al motivo invocado es importante apuntar que el diseño del proceso penal previsto en el Código Procesal Penal está dispuesto de modo que la legalidad del Debido Proceso impere en todas sus etapas, legalidad que incluye el Principio Probatorio de Aportación de Parte, el cual interesa que todos los medios de prueba que sean finalmente valorados por el Tribunal de Sentencia hayan sido previamente reproducidos en el debate como consecuencia de petición de alguna de las partes intervinientes en el proceso, dicho de otro modo: como regla general la carga de la prueba en sentido formal corresponde a las partes, estándole vedado al Tribunal de Sentencia incorporar y valorar a su iniciativa medios de prueba que no hayan sido propuestos por las partes, (Salvo las excepciones apuntadas en el artículo 333 del Código Procesal Penal, mismas que deben de ser analizadas bajo un criterio restrictivo).- Señala el Artículo 317 del Código de Rito que el Tribunal de Sentencia convocara a las partes para la celebración de los medios de prueba que respalden sus respectivas teorías del caso, donde además de realizarse el control de admisibilidad, los intervinientes del proceso podrán enterarse de los medios de prueba de su contra parte (Principio de Igualdad de Armas) y así tendrán la oportunidad de controvertirlos debidamente en la audiencia de debate (Principio de Defensa); Se relaciona con lo anterior el Artículo 333 que señala que como regla general solo podrán reproducirse en el debate aquellos medios de prueba que hayan sido propuestos por las partes y admitidos por el Tribunal de Sentencia y, finalmente, el Artículo 202 vinculado con la regla Tercera numeral 2) del Artículo 338 que señalan que los Juzgadores solo podrán valorar, para formarse su convicción respecto al caso, los medios de prueba que hayan sido legalmente reproducidos en la audiencia de debate.- Así las cosas, prevé el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia incurrirá en un vicio in procedendo cuando: 1. Cuando se haya incorporado a la audiencia de debate un medio de prueba que no sea parte del abanico probatorio propuesto por alguna de las partes intervinientes en el proceso y no se trate de la excepción prevista en la segunda parte del Artículo 333 procesal. Al acontecer lo descrito, no solo compromete la imparcialidad de los Jueces, ya que los ubicaría, de inicio y en apariencia, en una posición de interés frente al resultado del proceso, sino que además provocaría indefensión a la parte litigante que vea la incorporación de un medio de prueba del cual no pudo prepararse para efecto de hacer el debido contradictorio, mucho menos poder proponer contra prueba para desvirtuarlo. 2. En la sentencia se valora un medio de prueba que no haya sido reproducido en la audiencia de debate. El perjuicio material de éste supuesto estriba igualmente en la violación del derecho de defensa, al haber los Juzgadores contado y valorado un medio de prueba el cual no ha sido controlado ni controvertido por las partes litigantes, quienes ven como los Juzgadores en su sentencia hacen cuenta de un medio de prueba que no fue parte del debate. XIV.__ DE LA PROCEDENCIA DEL MOTIVO.- El Motivo no es de Recibo.-.- Al contraponer lo alegado por el Censor y el sentido del motivo de casación explicado en el párrafo anterior la Sala de lo Penal llega a la fácil conclusión que el Censor ha hecho un erróneo planteamiento del motivo que acarrea como suerte que sea desestimado. El Censor indica que no existe un medio de prueba legalmente incorporado que apuntale las conclusiones que hicieron los juzgadores en los hechos declarados probados, es pues que lo que lo alegado es una protesta de las derivaciones valorativas de los Juzgadores y no en cuanto a que éstos indebidamente reprodujeron en el debate un medio de prueba que no era parte de la carga probatoria admitida o, en su caso, que se haya valorado un medio de prueba en la sentencia que no haya sido reproducido en la audiencia de debate. Lo alegado por el Censor se asemeja al contenido de otro motivo de casación distinto al que ha acudido como vía recursiva, por lo que es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Primer Motivo. Segundo Motivo De Casación Por Quebrantamiento De Forma Interpuesto Por El Abogado J. De La C. G., Apoderado Defensor Privado Del Acusado W. O. C. E..- Precepto Autorizante Artículo 362.2, Norma Infringida Artículo 311, Todo Del Código Procesal Penal.- Se Denuncia Incorporación Indebida De Un Medio De Prueba Por Lectura. XV.__ Aqueja el Censor que durante la audiencia de debate se incorporó indebidamente por lectura la declaración testifical que en la etapa preliminar rindiera como prueba anticipada la Señora C. G. M. G., en aquella ocasión identificada como Testigo “R”; Señala que al haber estado presente la testigo en la audiencia de debate no era procedente la incorporación por lectura de una declaración anterior rendida por ésta, salvo para efectos de evidenciar contradicciones entre una y otra declaración. XVI.__ Interesa al motivo presentado lo relativo a la Oralidad en el Proceso Penal y las excepciones de ésta permite la ley. Por oralidad debe de entenderse como el conjunto de sonidos articulados y pre definidos que emite una persona con el habla, con los cuales da a conocer su pensamiento y que son interpretados por otra persona al escucharlos. La oralidad es uno de los principios rectores del Proceso Penal, derivado del Artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, del Artículo 14.1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y del Artículo 94 de la Constitución de la República, éste último al indicar que “A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio…”; el ser “oído” implica una comunicación oral. Estas normas son desarrolladas en el Código Procesal Penal en el Artículo 1 y en especial en el Artículo 4 que señala que esta forma de comunicación será la regla general en el proceso, salvo las excepciones que la misma ley prevea como permisibles. Las disposiciones legales nos indican que el Proceso Penal se regirá por el Principio de Oralidad, donde los actores del proceso se comunicaran entre sí, por ésta vía, de manera directa durante las audiencias que la ley procesal prevé, principio que adquiere más relevancia en la fase de juicio, ya que posibilita que otros principios rectores sean igualmente observados, ello a causa de su interdependencia, como ser: la Inmediación (Art. 306), la Contradicción (Art. 4 CPP), la Concentración (Art. 306 y 312 CPP) y la Publicidad (Art. 308 CPP).- La Oralidad es uno de los elementos esenciales del proceso penal predominantemente a base de audiencias, como el vigente, mismo que debe de observar no solo los actores del proceso, sino que también a todos aquellos sujetos llamados a participar en él, de modo que el Artículo 310 del Código Procesal Penal ordena que cuando imputados, testigos, peritos y demás intervengan lo harán, como regla general, de manera oral. Ahora bien y como sucede normalmente en el derecho, éste Principio no es de carácter absoluto, estipulándose como excepciones a la Oralidad: 1. Excepción a la Interacción Personal: Como norma la oralidad en el proceso penal debe de ser desarrollada mediante la interacción de los actores y sujetos del proceso penal, quienes deben estar presentes físicamente en un lugar. Como excepción dicha interacción puede ser realizada de manera remota mediante la video conferencia, cuando exista causa justificada para ello. (Ver al respecto el Convenio Iberoamericano sobre el Uso de la Videoconferencia en la Cooperación Internacional entre Sistemas de Justicia); 2. Excepción por Prebenda Diplomática: Como deferencia del Estado de Honduras, los diplomáticos acreditados ante el Gobierno de la República y los representantes de organismos internacionales que gocen de inmunidad podrán prestar su declaración por escrito si así lo tuviesen a bien (Art. 227 último párrafo del CPP); y 3. Excepción por Imposibilidad del Ejercicio de la Oralidad: Las personas que no puedan darse a entender de palabra, podrán comunicarse por escrito con los actores del proceso durante el juicio, ya sea para formular peticiones o rendir su declaración (Art. 101.9, 125 segundo párrafo, 310 y 311.3 del CPP); 4. Excepción por la Indispensabilidad del Medio de Prueba: Los testimonios recibidos o pericias practicadas previo a la audiencia de debate, cuando sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en el acto del juicio oral, incluyendo aquí los testimonios recibidos y pericias realizadas bajo el protocolo de prueba anticipada; a. La Imposibilidad involucra la incapacidad sobrevenida y permanente del testigo de dar a conocer lo que sabía de los hechos o del Perito de rendir su dictamen, esto por muerte o por enfermedad incapacitante; b. La dificultad extraordinaria de comparecer al debate se produce cuando el testigo o el perito no comparecer a la audiencia de debate el día en que se previó su comparecencia o durante un término no mayor de quince días después de iniciado el debate (Art. 312 del CPP), como es en los casos de que el testigo o perito se encuentre fuera del país o no pueda ser localizado dentro del territorio nacional aun cuando se hayan realizado diligencias para ello. 5. Excepción por la Forma de Registro del Medio de Prueba: Se introducirán por lectura en la audiencia de debate, como medios de prueba documental (Art. 332 del CPP): a. Las actas que documentan inspecciones, reconocimientos, registros o allanamientos que se hayan obtenido o realizado en cumplimiento de lo dispuesto en el Código Procesal Penal, a ser ratificadas cuando sea posible por la persona que elaboro el documento (Art. 203.4, 206 párrafo tercero, 208 y 311.4 del CPP); b.Los informes periciales realizados durante la etapa preparatoria, para efectos de ser ratificadas por el Perito que lo elaboro (Art. 245 y 311.5 del CPP); 6. Excepción para Efectos de Valorar Credibilidad: A petición de parte interesada, el Tribunal de Sentencia, para efectos de valorar el medio de prueba que se esta recibiendo en la audiencia de debate, podrá ordenar la introducción por lectura de: a. Los informes periciales realizados durante la etapa preparatoria cuando su contenido sea contradictorio con lo manifestado por el Perito en el debate, con el objeto de que las partes interroguen sobre la contradicción; y b. Las declaraciones del acusado y los testimonios practicados durante la etapa preparatoria, cuando incurran en contradicción con lo manifestado en el debate, a fin de que las partes puedan interrogar sobre la contradicción apreciada. 7. Excepción Por Aseguramiento de una Fuente de Prueba: Establece el artículo 277 del Código Procesal Penal, que procederá el recibimiento de prueba anticipada, entre otras cosas, cuando exista riesgo fondado de que el testigo o el perito sea sometido a amenazas, presiones, sea objeto de promesa remuneratoria o a cualquier tipo de beneficio análogo, con el fin de que en el futuro se abstenga de declarar o de que cambie su declaración en un sentido diferente a la verdad; La prueba anticipada entonces tiene por objeto asegurar la fuente de prueba. Si llegada la audiencia de debate el testigo que ha prestado su declaración o el perito que ha rendido su peritaje oral en una etapa anterior bajo el protocolo de prueba anticipada, depone de manera diferente a como lo hizo en aquella ocasión al grado de que su relato sea tan distinto que su contenido se vuelva nuevo e impredecible, la parte interesada podrá solicitar al Tribunal de Sentencia que se reproduzca mediante lectura, como nueva prueba documental, su declaración anterior rendida como prueba anticipada. Ahora bien la introducción por lectura de la prueba anticipada en este caso no podría fundamentarse en el artículo 311 del Código Procesal Penal, debido a que: a. Si se solicita la aplicación del numeral 5 o 6, la introducción de lectura será solo para efectos de valorar por qué el testigo o perito se está contradiciendo en la audiencia de debate con lo dicho en una etapa anterior, el fin entonces es auditar la credibilidad de la declaración del testigo y perito rendida en el debate sin que sea posible tomar como un medio de prueba independiente y objeto de valoración, la prueba anticipada de la que se hizo la lectura; b. La introducción por lectura de manera íntegra de una prueba anticipada para ser valorada a la par de la declaración que en la audiencia de debate ofrezca el mismo testigo o perito, no está contemplado como supuesto en los seis numerales del artículo 311 del Código Procesal Penal, teniendo en cuenta que dicha enumeración es cerrada (numerus clausus) debido a que la misma norma indica que fuera de los supuestos señalados ningún otro medio de prueba podrá ser introducido por lectura. Por ello, para que la prueba anticipada pueda ser introducida por lectura y más aún, siendo lo más importante, para que pueda ser valorada en todo su contexto, la parte interesada deberá solicitar al Tribunal de Sentencia la aplicación del segundo párrafo del artículo 333 del Código Procesal Penal: Como auto para mejor proveer, ante un hecho nuevo que es el cambio en su declaración que de manera improvista hace un testigo o perito en la audiencia de debate, la introducción de la prueba anticipada como un nuevo medio de prueba documental introducido al debate mediante lectura. XVII.__ DE LA PROCEDENCIA DEL MOTIVO.- El Motivo es de Recibo.- La Sala de lo Penal examinada la foliada judicial y habiendo escuchado el registro de audio de la audiencia de debate, ha concluido que el Tribunal de Sentencia introdujo el medio de Prueba Declaración como Medio de Prueba anticipada del Testigo “R”, quien más adelante se identificaría como C. G. M. G., mediante una Aplicación Indebida del Artículo 311 del Código Procesal Penal. A la audiencia de debate fue llamada para rendir declaración testifical por parte de la Defensa Privada la Señora C. G. M. G., quien declaro no saber nada de los hechos, de que fue presionada por Agentes de Policía del Grupo especial Anti Secuestros para declarar en contra de los acusados, que conoce a los Señores F. L. M. porque fue compañero de su hermano cuando ambos estaban internos en un Centro Penal y que conoce al Señor N. S., porque era compañero de trabajo de su hermano y que al practicarse el reconocimiento en rueda los señalo precisamente porque los conocía anteriormente y no porque tuviesen que ver con el secuestro que se estaba juzgando. Ante tales declaraciones consta en el registro de audio (CASETE NO. 4, LADO A), que el Ministerio Público planteo al Tribunal de Sentencia que la testigo M. G. había declarado anteriormente, bajo el protocolo de prueba anticipada, como testigo protegido con la clave “R” y que para efectos de interrogarla del porqué de su declaración contradictoria entre lo dicho anteriormente con lo que estaba declarando en la audiencia de debate, en base al Artículo 311.6 del Código Procesal Penal, solicitaba la introducción por lectura de parte de aquella declaración rendida como prueba anticipada, solicitando que se leyera desde el folio 13 hasta la mitad del folio 14; ante esta petición el Presidente del Tribunal de Sentencia indico que “… para generar controversia… para que se hagan las preguntas en torno a lo que se va a leer” se admitía la solicitud del Ministerio Público y fue así que la Señora Secretaria del Despacho hizo la lectura de los folios 13 y media página del folio 14, dándosele nuevamente la palabra a la Agente Fiscal para que continuara su interrogatorio (f. 819).- Es claro para la Sala de lo Penal que tal introducción por lectura era para efectos de preguntar el porqué de las contradicciones y así valorar de mejor manera la declaración que en ese momento estaba rindiendo la Testigo C. G. M. G., más al momento del dictar la sentencia los Juzgadores dispusieron algo diferente: los Jueces indicaron que se había introducido por lectura la declaración rendida por la Señora C. G. M. G. como prueba anticipada bajo la Clave “R” (F. 834) y procedieron a valorar esta declaración anterior como si se tratara de un medio de prueba nuevo e independiente a la declaración que la testigo estaba dando en la audiencia de debate, en otras palabras indebidamente los Juzgadores resolvieron en su sentencia, de manera retroactiva, que durante el debate se había introducido por lectura el medio de prueba y así procedieron a valorarlo en su sentencia aun cuando durante la audiencia de debate habían resuelto algo muy distinto. Este error resulta relevante dado que es precisamente la valoración del medio de Prueba Anticipado el pilar que sustenta el razonamiento mediante el cual los Juzgadores llegaron al convencimiento de la culpabilidad de los acusados. Habiéndose infringido el Artículo 311.6 del Código Procesal Penal es procedente declarar CON LUGAR el recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales, en su segundo motivo, el cual si bien fue interpuesto a favor del acusado W. O. C. E., sus efectos deben de extenderse a los pronunciamientos condenatorios en contra de los acusados F. L. M. H. y N. S., por encontrarse éstos en la misma situación jurídica de aquel, tal y como lo prevé el Artículo 349 del Código Procesal Penal (Efecto Extensivo de los Recursos). Tercer Motivo De Casación Por Quebrantamiento De Forma Interpuesto Por El Abogado J. De La C. G., Apoderado Defensor Privado Del Acusado W. O. C. E..- Precepto Autorizante Artículo 362.3, Normas Infringidas Artículos 202 Y 336, Todo Del Código Procesal Penal.- Se Denuncia Violación de la Sana Critica En El Proceso Valorativo Probatorio. XVIII.__ A criterio del Censor se resiente de la sentencia que no se indica de manera expresa cuales fueron las pruebas que le sirvieron a los Juzgadores para declarar probados los hechos y por ello se violentó el principio lógico de razón suficiente; Señala que en la sentencia se hace relación de los medios de prueba declaración de los testigos C. D. C. V., L. M. V. G., P. V. G. y J. Á. C. F., quienes relatan sobre los hechos mas no identifican a nadie como responsable de los mismos; el testigo R. A. O., quien como policía reproduce lo que escucho de la testigo protegido; la testigo C. G. M. G., en su declaración de prueba anticipada no hace mención del acusado W. O. C. E., y si bien en el reconocimiento en rueda lo señala, no establece el por qué lo hace tal reconocimiento; Cuestiona que los Juzgadores afirman en una parte de su sentencia que “Con los medios de prueba anteriormente señalados el Tribunal tiene por acreditada la participación de los acusados N. Á., W.r C. E. y F. L. M.”, pero que los medios de prueba “anteriormente señalados” son la declaración de R. A. O. y C. G. M. G. aun cuando ninguno de ellos declaro haber visto al acusado W. C. E. participar en los hechos. XIX.__ Esta Sala de lo Penal, por alusión a la violación de las Reglas de la Sana Critica, considera pertinente recordar que el Artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.” Al respecto, se ha señalado que “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp 385-09). En el apartado de la valoración intelectiva el Juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la sana crítica; es éste último el que debe de observar el Juzgador Penal Hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En cuanto a la Sana Crítica como Sistema de Valoración de la Prueba, esta Sala ha señalado que en “…la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común…” (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Partiendo de la Doctrina Legal sentada por esta Sala de lo Penal, en los fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, del Exp 194-2009, de fecha 30 de noviembre del 2011, contenido en el Exp 297-09, de fecha 02 de noviembre del 2011, en el Exp 242-09 y de fecha 30 de noviembre del 2011 que resuelve el caso del Exp 125-2010, componen la Sana Crítica: 1).- Reglas de la Experiencia Común: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el Juzgador, sin relación alguna con el caso concreto que se Juzga, y que se adquieren a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por éste hecho son compartidas con las demás personas, aún cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a los fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del Juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El Juzgador deberá de analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de un fenómeno natural. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el Juzgador valora un hecho, considerara el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él por qué lo considera así; 2).- Las reglas de la Psicología: Están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el Juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3).- Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de identidad: Una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”; ii. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera; iii. El principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. b. La Derivación: De este se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando. Exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga. XX.__ DE LA PROCEDENCIA DEL MOTIVO.- El Motivo es de Recibo.- Convergiendo con lo expuesto por el Censor, la Sala de lo Penal es del criterio que los Juzgadores derivaron del debate que se probó la responsabilidad penal de los acusados F. L. H., W. O. C. E. y N. S., sin compartir los razonamientos que, de manera suficiente, les llevaron a tal conclusión. El Tribunal de Sentencia hizo una valoración por bloques de los medios de prueba: 1).- En primer bloque relaciono las declaraciones testifícales de los Señores C. D. C. V., L. M. V. G., P. V. G. y J. Á. C. F., a los que tildo de concluyentes, acreditándose así la privación de la libertad de las Señoras mencionadas causada por personas quienes exigían la entrega de dinero a cambio de su liberación; 2).- En el segundo bloque los Juzgadores relacionaron las declaraciones testifícales de los Señores R. A. O., la declaración como medio de prueba anticipada rendida por la Testigo Protegido “R” identificada después como C. G. M. G., la declaración testifical que rindiera en el debate la Señora C. G. G. y el reporte de llamadas Telefónicas.- De estos medios de prueba el Tribunal de Sentencia derivo que los acusados eran responsables del delito de secuestro que se les imputaba, conclusión que tiene las siguientes falencias: a) Todos los razonamientos en cuanto a la participación de los acusados gravitan alrededor de la prueba anticipada consistente en la declaración de la Testigo “R”, (C. G. M.) tomada en la Etapa Preparatoria del Proceso, indicándose en la sentencia que fue introducida por lectura autorizada, aun cuando ello no está autorizado por el artículo 311 del Código Procesal Penal, tal y como se explicó en el motivo de casación que antecede; b) Los Jueces indican que existe coincidencia entre la declaración rendida como prueba anticipada y el cruce de llamadas telefónicas entre la testigo “R” y los imputados, sin explicar COMO LLEGARON A TAL CONCLUSIÓN; El Tribunal de Sentencia hace afirmaciones sin señalar cual es el respaldo probatorio de donde se extrae las mismas, así indica en la sentencia que el número 96549452 pertenecía a la testigo C. M., que los números 97378134 y 96404136 pertenecían al Señor F. M. y que el número 96603700 era utilizado por los Secuestradores (F. 834 v.) Más cualquier lector de la sentencia impugnada, incluyendo esta Sala de lo Penal, no llega a saber de cual prueba deriva estas aseveraciones; Además los Juzgadores señalan que “existe cruce de llamadas entre la testigo C. G. M. y los imputados” (F. 835), sin igualmente explicar cómo dedujeron éste hecho. La Prueba que al respecto se reprodujo en la audiencia de debate no ayuda a saber el origen de las afirmaciones señaladas: i) Fue convocado el Señor N. O. M. (f. 814 v.) para ratificar informe de escuchas de llamadas que recibieron los familiares de las víctimas de parte de las personas que exigían una cantidad de dinero a cambio de su liberación; Este medio de prueba fue valorado negativamente por el Tribunal de Sentencia por considerar que el procedimiento de las escuchas fue ilegal (f. 835) y por ende nada de lo que éste perito dijo fue considerado como válido por los Jueces, entonces la fuente de las afirmaciones no es este medio de prueba.- ii) El Testigo C. D. C. indico que los números donde se recibían las llamadas de los secuestradores fueron 98912584 y 95976027 (F. 810), pero tampoco este testigo es la fuente de las afirmaciones puesto que estos números no son los que menciona el Tribunal de Sentencia.- iii) La testigo Protegida “R”, identificada después como C. G. M. (Cuya relación es invalida conforme se ha explicado ya), en su declaración como prueba anticipada el único número de teléfono que menciona es el 96549452 (F. 14) explicando que es el número del cual recibió una llamada de F. M.; Esta testigo no menciona el número de celular 906404136 como falsamente lo afirma el Tribunal de Sentencia (F. 834), ni tampoco puede ser fuente de las demás afirmaciones que expone los Juzgadores.- iv) Finalmente se presentó el Informe de la Empresa CELTEL S.A., de fecha 31 de Octubre del 2008 (f. 390 yss), donde no se hace ningún tipo de análisis cualitativo o cuantitativo, sino que solo se presenta una lista detallada de llamadas entrantes y salientes de los siguientes números de celular: 99781629: Mencionado por el Perito N. O. M., como uno de los que usaban los secuestradores para llamar, sin que se identificara a quien pertenecía dicho número y por lo tanto sin poderlo vincular a ninguno de los acusados, ello adicionando la dicho por el Tribunal de que el peritaje del Señor N. O. M., no tiene valor probatorio alguno; 98969594: Número de Celular que no fuere mencionado por ningún testigo ni perito y por lo tanto se desconoce su relación con el caso Juzgado; 96549452: Mencionado por la Testigo Protegida “R”, como el número que utilizo F. M. para llamarle.- En el reporte de llamadas entrantes y salientes el número no aparece vinculado con ninguno de los números de teléfono que fueron identificados como los usados por los familiares para recibir las llamadas de los secuestradores (F. 399 al 409); 7632226: Mencionado por el Perito N. O. M., como el usado por la Familia para recibir llamadas de los secuestradores, pero igualmente ésta información no fue considerada por el Tribunal de Sentencia al haber valorado negativamente lo dicho por el perito; 7632069: Numero de Teléfono que no fue mencionado por ningún testigo o perito y por tanto se desconoce su relación con el caso que se Juzga. El Tribunal de Sentencia, en la valoración de los hechos de prueba, ha comprometido el respeto a las Reglas de la Sana Crítica, su razonamiento colisiona frontalmente con el Principio Lógico de Derivación con tal gravedad que la invalidez de la sentencia no solo debe de favorecer al acusado W. C. E. a favor de quien se interpuso el recurso, sino que debe de ser extensivo para los acusados F. L. M. H. y N. S., conforme lo dispone el artículo 349 del Código Procesal Penal (Efecto Extensivo de los Recursos). En consecuencia se declara Con Lugar el Tercer Motivo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY INTERPUESTO POR EL ABOGADO M. DE J. A., DEFENSOR PRIVADO DEL ACUSADO F. L. M. H.; PRECEPTO AUTORIZANTE ARTÍCULO 360 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL; NORMA SUSTANTIVA INFRINGIDA ARTÍCULO 192 DEL CÓDIGO PENAL. XXI.- Establece el Artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al Recurso de Casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo Resaltado es Nuestro). Así pues, son dos los elementos del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato de un acontecimiento histórico declarado por el Tribunal de Sentencia, respecto al asunto debatido, mismos que se desprenden de la valoración hecha a los medios de prueba reproducidos en juicio y de los cuales los Juzgadores han podido apreciar de manera directa, colocándolos en una posición exclusiva de valoración. Por ello, el artículo 369 del Código de Procesal Panal, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos declarados probados, lo que se conoce como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados en Casación; El Recurso de Casación por Infracción de Ley deberá de tener como base los hechos probados, sin pretender la inclusión o exclusión de ninguna de sus partes; y 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. La Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia, su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia a partir de los hechos declarados probados. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley, debe estructurarse o partir su alegación, de los Hechos Probados que contenga la resolucim b,ón cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). En conclusión, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia.- XXII.- El Censor, sin señalar en que consiste la infracción cometida por los Juzgadores, arguye en su recurso que los hechos probados segundo y tercero de la sentencia no indican a quien se le entrego el dinero, porque motivo se entregó, ni tampoco se señala que en el interior de las bolsas había dinero y que por lo tanto no es posible señalar que el acusado F. L. M. y los otros dos acusados hayan pedido dinero a cambio de la libertad de las Señoras L. M. V. G. y P. V. G.. XXIII.__ DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO.- El Recurso no es de Recibo.- Para la Sala de lo Penal el recurso interpuesto resulta improcedente, no solo porque el Censor obvio explicar concretamente cual era la infracción denunciada: no se indica si se trata de la falta de aplicación de una norma o de una doctrina legal, si se traba de una indebida aplicación o de una mala interpretación de una norma sustantiva; Adicionalmente el argumento del Censor es falas, al tomar el hecho probado segundo y terceros como afirmaciones fácticas independientes del restante relato que inicia en el hecho probado primero.- Los hechos probados constituyen uno solo, donde se describe lo acontecido en varios escenarios, dividiendo el relato en tres numerales para diferenciar mejor cada uno de ellos, lo que no implica independencia de lo narrado. Con todo, lo anterior es sin perjuicio de lo resuelto respecto a los recursos de casación interpuestos a favor del acusado W. O. C. y que son extensivos a favor del representado del Censor. RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR EL ABOGADO M. DE J. A., DEFENSOR PRIVADO DEL ACUSADO F. L. M. H., EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA OCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ, DICTADA POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. XXIV.- Por considerar que la Sentencia se erige sobre vicios in procedendo, el Censor presenta su recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, planteando dos motivos diferentes: 1).- Expone que indebidamente los hechos declarados probados incluyen conceptos que por su naturaleza jurídica exclusiva, predeterminan el fallo, y 2).- Aqueja que los sentenciadores no observaron las reglas de la sana critica en la valoración de los medios de prueba. Primer Motivo De Casación Por Quebrantamiento De Forma Interpuesto Por El Abogado M. De J. A., Defensor Privado Del Acusado F. L. M. H..- Precepto Autorizante Artículo 362.1, Norma Infringida Artículo 338, Todo Del Código Procesal Penal.- Se Denuncia la Inclusión de Conceptos Jurídicos en los Hechos Declarados Probados que Predeterminan el Fallo. XXV.__ Expone el Censor que el Tribunal sentenciador en su hecho probado tercero se refiere unas personas como víctimas, concepto que es jurídico y que no debió emplearse puesto que el Código Procesal Penal en el Artículo 17 define quienes tienen tal categoría y el Artículo 16 enumera sus derechos. XXVI.__ DE LA PROCEDENCIA DEL MOTIVO.- El Motivo no es de Recibo.- La Sala Penal considera importante recordar que el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma es un recurso extraordinario, llamado así debido a que las causas por las cuales puede interponerse el mismo están previamente determinadas en la Ley (Art. 362 1er. párrafo del CPP), siendo estas taxativas, ninguna parte podrá alegar otro motivo diferente a los enumerados (numerus clausus). El Censor ha errado en la vía recursiva ya que, a diferencia del otrora vigente Código de Procedimientos Penales, no está previsto como motivo sustentador del recurso de casación por Quebrantamiento de forma la violación de la regla cuarta del Artículo 338, que prohíbe la inclusión de conceptos que por su carácter jurídico exclusivo predeterminen el fallo (Art. 362 del CPP), siendo éste vicio propio del Recurso de Casación por Infracción del Precepto Constitucional al Debido Proceso (Art. 90 de la Constitución de la República). Sin perjuicio de lo expuesto, haciendo eco al Principio de Tutela Judicial Efectiva, la Sala de lo Penal se permite agregar a la motivación anterior las siguientes reflexiones: 1. El Termino víctima no es un término exclusivamente jurídico, al grado que el legislador no lo define en la Ley Procesal. El Artículo 17 del Código de Rito determina a que personas naturales o jurídicas los órganos jurisdiccionales deberán de considerar como víctimas, es pues una enumeración de quienes deberán ser considerados como tales en el proceso penal. Por su parte el Artículo 16 de la misma normativa define los derechos procesales de las personas víctimas. No se aprecia en ningún articulado procesal que el legislador defina el concepto de víctima, ya que tal tarea le corresponde a la Jurisprudencia, quien además debe de trazar la línea diferenciadora entre persona víctima y persona perjudicada del delito; 2. El Censor obvia un aspecto relevante del recurso, explicar porque el término “Víctima” determina el fallo, es decir porque al consignar el termino víctima en los hechos probados los Juzgadores predeterminaron el fallo y principalmente porque es vinculante con el tipo penal que a la postre sustento la sentencia condenatoria. Tal omisión hace que el motivo no tenga ninguna posibilidad de éxito. Por lo expuesto es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su primer motivo, interpuesto a favor del Acusado F. L. M., sin perjuicio de lo que ha resuelto esta Sala de lo Penal en relación al Recurso de Casación interpuesto a favor del Acusado W. O. C. E.. Segundo Motivo De Casación Por Quebrantamiento De Forma Interpuesto Por El Abogado M. De J. A., Defensor Privado Del Acusado F. L. M. H..- Precepto Autorizante Artículo 362.3, Norma Infringida Artículo 202, Todo Del Código Procesal Penal.- Se Denuncia Violación De La Sana Critica En El Proceso Valorativo Probatorio. XXVII.__ En su Segundo Motivo el Censor interesa se declare invalida la sentencia condenatoria por sustentarse en valoración de prueba hecha con violación a las Reglas de la Sana Crítica. Expone el Censor que estas violaciones consisten en: 1).- La Ofendida Señora L. M. V., indico en su declaración que se introduce al vehículo de sus captores porque éstos la amenazaron con un arma de fuego, contradiciéndose con la declaración de la Ofendida P. V., quien relato que sus captores en un inicio se presentaros gentiles ofreciéndoles ayudarlas a pasar un “charco” de agua; 2).- La Declaración de la Testigo C. G. M. G., tiene muchas inconsistencias y se contradice en sí; 3).- El Tribunal solo hace un análisis de cada prueba en forma parcial, pero obvio formular un consenso y un razonamiento global de cada indicio para resumir porque medios concluyo la existencia de la responsabilidad penal de los acusados. XXVIII.__ DE LA PROCEDENCIA DEL MOTIVO.- El Motivo es de Recibo Parcialmente.- Nuevamente el Censor erra en el planteamiento del Motivo, si bien denuncia la violación de las Reglas de la Sana Crítica, ha quedado a deber el señalar cuál de estas Reglas fue la inobservada por el Tribunal de Sentencia inobservo y además ha obviado realizar un análisis de la Motivación en la Sentencia que juzga como violatoria.- Téngase en cuenta que éste tipo de motivo exige confrontar los razonamientos valorativos consignados en la Sentencia por los juzgadores frente a los conceptos que definen las Reglas que componen la Sana Critica y así demostrar la disparidad entre unos y otros.- En su lugar el Censor desarrolla dos argumentos que no conducen a atacar el razonamiento valorativo de los Juzgadores, sino que son meras posturas subjetivas de la prueba aportada, siendo únicamente el tercer argumento el que es propio respecto al recurso interpuesto, a pesar de haberse planteado sumariamente. Con lo señalado es oportuno resaltar que la Sala de lo Penal ha resuelto en numerosas ocasiones que impera en todo recurso el Principio de Tutela Judicial Efectiva contenido en el artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, por ello aspectos de forma no deben de imperar sobre los aspectos de fondo, con ello ha señalado que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma ello no significara el rechazo ad portas del conocimiento del recurso siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el alegato central y la pretensión del Recurrente, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad, precisión de los argumentos recursivos y sobre todo en relación a la propiedad entre el motivo planteado y los argumentos desarrollados. Así las cosas, lo alegado por el Censor merece las consideraciones siguientes: 1).- Indica que las ofendidas L. M. V. y P. V., se contradijeron en sus dichos; Habiendo revisado estas declaraciones, esta contradicción es inexistente, puesto que ambas concuerdan de que las personas que les privaron de la libertad se ofrecieron a ayudarles a pasar una bolsa de agua estancada que estaba en la calle.- Además y en el supuesto de que la contradicción existiese, no señala el Censor que relevancia tiene ésta con respecto a la valoración hecha por el Tribunal de Sentencia y, específicamente su mella en cuanto a la conclusión de que su representado es responsable del ilícito Juzgado; 2).- Indica que la declaración de la Testigo C. G. M. G. es inconsistente y contradictoria entre sí; Habiendo dos declaraciones de la testigo que fueron tomadas en cuenta por el Tribunal de Sentencia, una de manera presencial en la audiencia de debate y otra introducida por lectura rendida bajo el protocolo de la prueba anticipada, el Censor no ocupo espacio para señalar si se refería a ambas declaraciones o a alguna en particular, tampoco se ocupó de señalar al Tribunal de Casación cuales eran esas inconsistencias y contradicciones y finalmente, siendo lo relevante, no puntualizo como se tradujo en una valoración que violento uno o varios de los componentes de la reglas de la sana critica; y 3).- Reciente el Censor que el Tribunal de Sentencia no haya hecho una debida valoración conjunta de los medios de prueba, explayando las razones en las que fundamentaron sus conclusiones. Este argumento es idéntico al tercer motivo del recurso de casación por quebrantamiento de forma presentado por el Abogado J. de la C. G., a favor del acusado W. O. C. E., por ello y para no corear las motivaciones que esta Sala de lo Penal expuso líneas atrás, se declara que lo señalado en aquella oportunidad da respuesta a éste tercer argumento planteado por el Abogado M. de J. A.. Como consecuencia se declara Parcialmente Con Lugar el Segundo Motivo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto a favor del acusado F. L. M. H., cuyo efecto es extensivo para los co imputados W. O. C. E. y N. S.. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360, 361 y 362 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su ÚNICO MOTIVO, interpuesto por el Abogado J. de la C. G., en su condición de Defensor Privado del acusado W. O. C. E.. SEGUNDO: Declarando SIN lugar el MOTIVO PRIMERO del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por el por el Abogado J. de la C. G., en su condición de Defensor Privado del acusado W. O. C. E.. TERCERO: Declarando CON lugar los MOTIVOS SEGUNDO y TERCERO del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por el Abogado J. de la C. G., en su condición de Defensor Privado del acusado W. O. C. E., con efecto extensivo para los acusados F. L. M. H. y N. S.. CUARTO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su ÚNICO MOTIVO, interpuesto por Abogado M. de J. A., en su condición de Apoderado Legal del acusado F. L. M. H.. QUINTO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su PRIMER MOTIVO, interpuesto por Abogado M. de J. A., en su condición de Apoderado Legal del acusado F. L. M. H.. SEXTO: Declarando CON lugar PARCIALMENTE el SEGUNDO MOTIVO del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por Abogado M. de J. A., en su condición de Apoderado Legal del acusado F. Leonel M. H., con efecto extensivo para los acusados W. O. C. E. y N. S.. SÉPTIMO: Como consecuencia de lo señalado en los numerales Tercero y Sexto, se decreta la NULIDAD de la sentencia impugnada de fecha ocho (08) de Diciembre y del debate que le origina celebrado en fecha trece (13) de Octubre, ambos del año dos mil diez (2010). MANDA: I.- Observando estrictamente los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, proceda a celebrar un nuevo debate en el presente caso, en el cual deberán de participar Jueces de Sentencia distintos a los que concurrieron a emitir la sentencia de fecha ocho (08) de Diciembre del año dos mil diez (2010); y II.- Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- MAGISTRADO PONENTE ZUNIGA MEDRANO.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- ABOG. MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- ABOG. JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- ABOG. RAUL HENRIQUEZ INTERIANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de abril del año dos mil quince.- Certificación de la sentencia de fecha tres de marzo del año dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-36-2012.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
[2] Vid en este sentido: LLORENTE FERNANDEZ DE LA REGUERA, ÁNGEL, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115, cuando expresa que “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”