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Sentencia CP-355-12 — Registro 5746

Resumen

En primera instancia se absolvió al imputado por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas. En casación se declara sin lugar la casación

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...La Sala de lo Penal, realizado el examen de este motivo, a efecto de determinar si el juzgador de instancia no consideró prueba de valor decisivo, o si por el contrario fue considerada, resuelve en base a las consideraciones siguientes: 1) El artículo 202 del Código Procesal Penal impone la obligación de valorar la prueba y el artículo 336 párrafo primero del mismo Código, especifica que sólo se valorará aquella prueba que se halla ejecutado durante el debate, relacionado con el artículo 338 preámbulo, regla cuarta numeral 2) que manda dar valor a cada prueba en base a un razonamiento de conformidad con las reglas de la sana crítica; en suma, la observación de esta normativa es lo que podemos identificar como consideración de prueba y cuya inaplicabilidad constituye la concurrencia del motivo citado por el censor, implica pues una falta de valoración de determinada prueba de valor decisivo. 2) Son dos los medios de prueba que aduce el impetrante fueron excluidos o dejados de considerar por el tribunal de instancia, uno es el Acta de Registro y otra es el Acta de Allanamiento; sin embargo, un examen detenido de los medios de prueba apuntados por el impetrante, revela que dichas pruebas si fueron incluidas y consideradas por el Tribunal de Sentencia, al establecer el A-quo: “El Acta de allanamiento, la evidencia recolectada en ocasión del registro, y el dictamen de la evidencia, constituyen prueba que se origina verticalmente de una misma actuación. Es por ello, que el análisis que puede hacerse de ello no puede realizarse de manera separada, pues el resultado o el efecto que pueden producir dependen del origen de su obtención…. Al desprenderse el hallazgo de la droga de un registro ilegal”, entre otras valoraciones que realiza el A-quo, tal como consta visible a los folios 122 frente, 122 vuelto y 123 frente- sentencia recurrida), estableciendo el A-quo la concurrencia de prueba ilícita o prohibida (allanamiento de morada), y por ende, careciendo de eficacia probatoria, así como cuantos son consecuencia necesaria de tales actos o hechos y que no hubiese sido posible su obtención sin la información derivada de ellos, no siendo posible valorar dichos medios de prueba para determinar la responsabilidad penal del imputado, al obtenerse producto del allanamiento ilícito realizado. III.- El Tribunal de Casación no advierte que el A-quo haya excluido prueba de valor decisivo, pero si el casacionista estima que las conclusiones a que arribó el juzgador de instancia a partir de las valoraciones de esos medios de prueba son incorrectas, debió plantear dichos argumentos con otro motivo de casación (violación de las reglas de la Sana Crítica), haciendo imposible la resolución por la vía escogida por el censor; asimismo, la Sala, con el ánimo de no ser reiterativo, respecto al alegato de prueba ilícita formulado nuevamente por el recurrente, mantiene el criterio esgrimido y plasmado en la resolución del motivo de casación que antecede. Por las razones antes expuestas, no procede el motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma invocado por el recurrente..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de junio de dos mil quince, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO en su calidad de Coordinador, JACOBO CALIX HERNANDEZ y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo el Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha uno de junio de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual falló: 1) ABSOLVIENDO al señor H. A. G. por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS.- 2)NO CONDENO en costas procesales, personales y gastos ocasionados por dicho Juicio.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, la Abogada V. O. B. F., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público.- SON PARTES: El Abogado S. C. A., en su calidad de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente y el Abogado A. A. G., en su condición de Defensor Público del procesado H. A. G., como parte recurrida. HECHOS PROBADOS PRIMERO: El día tres de noviembre del año dos mil once, aproximadamente a las dos de la mañana, los Agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal D. H. C. G., H. N. S. G. y B. J. C., realizan un operativo en el barrio el Ticket ubicado en Coxen Hole, del municipio de Roatán, Islas de la Bahía; porque tenían conocimiento que en una calle del mencionado lugar, personas indeterminadas consumían y vendían droga. SEGUNDO: Al llegar a una calle del mencionado barrio el Ticket, los Policías de Investigación antes mencionados, observan a un grupo de varias personas entre las cuales de encontraba el señor H. A. G. quien al igual que sus acompañantes salen corriendo, actitud que les pareció sospechosa a los policías; por lo cual disponen seguirlos, dirigiéndose únicamente al señor H. A. G., quien ingresa a su casa de habitación y es seguido por uno de los Agentes de Policía, quien sin estar autorizado legalmente ingresa a la vivienda, donde lo detienen y proceden al registro de su vivienda. TERCERO: Del ingreso y registro irregular que realizan los Agentes en la mencionada casa, obtienen el hallazgo de la cantidad de 580 lempiras que portaba el señor H. A. G., así como una bolsa de regalo que se encontraba sobre una mesa la cual contenía bolsas plásticas transparentes con marihuana en cantidades de 46.00 y 6.52 gramos, cocaína en cantidad de 1.54 gramos y Cocaína crack en cantidades de 0.58 y 3.05 gr. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por la Abogada V. O. B. F., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- La recurrente Abogada V. O. B. F., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “POR INFRACCION DE LEY. MOTIVO UNICO: Infracción por violación del artículo 18 de la Ley sobre el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, en relación con el artículo 99 Constitucional y 212 del Código Procesal Penal”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido dentro del párrafo primero del artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: El precepto penal sustantivo que se invoca como infringido por falta de aplicación, prescribe: “El que trafique con drogas, estupefacientes o sustancias controladas, será penado con reclusión de quince a veinte años y multa de un millón a cinco millones de Lempiras.” El Tribunal de instancia declaró expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: “Primero: El día tres de noviembre del año dos mil once aproximadamente las dos de la mañana, los Agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal D. H. C. G., H. N. S. G. y B. J. C., realizan un operativo en el barrio el Ticket ubicado en Coxen Hole, del municipio de Roatán, Islas de la Bahía; porque tenían conocimiento que en una calle del mencionado lugar, personas indeterminadas consumían y vendían droga. Segundo: Al llegar a una calle del mencionado barrio el Ticket, los Policías de Investigación antes mencionados, observan a un grupo de varias personas entre las cuales de encontraba el señor H. A. G. quien ingresa a su casa de habitación y es seguido por uno de los Agentes de Policía, quien sin estar autorizado legalmente ingresa a la vivienda, donde lo detienen y proceden al registro de su vivienda. Tercero: Del ingreso y registro irregular que realizan los Agentes en la mencionada casa, obtienen el hallazgo de la cantidad de 580 lempiras que portaba el señor H. A. G., así como una bolsa de regalo que se encontraba sobre una mesa la cual contenía bolsas plásticas transparentes con marihuana en cantidades de 46.00 y 6.52 gramos, cocaína en cantidad de 1.54 gramos y Cocaína crack en cantidades de 0.58 y 3.05 gr.” Del factum antes relacionado se desprende, que el encausado se dedica al tráfico de drogas prohibidas, pues encontraron en su vivienda cantidades suficientes para ese fin, contenidas en una bolsa de regalo que se encontraba en la mesa, produciéndose la intervención oportuna de la policía de investigación, la que se originó debido a la información que tenían que en el barrio el Ticket personas consumían y vendían droga. Estimamos que el juzgador compromete su criterio, al declarar en el relato fáctico ilícito el registro de morada donde se decomisó la evidencia, pasando por alto la verdadera interpretación y alcance que debe darse al artículo 99 Constitucional y 212 del Código Procesal Penal, por lo que consecuentemente infringió el artículo 18 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, pues la acción del señor H. A. G., se encuentra enmarcada perfectamente en el cuadro fáctico del fallo recurrido, es por ello, que consideramos necesario referir que la norma constitucional invocada como infringida establece: “El domicilio es inviolable. Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente. No obstante puede ser allanado en caso de urgencia, para impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a las personas o a la propiedad.- Exceptuado los casos de urgencia, el allanamiento del domicilio no puede verificarse de las seis de la tarde a las seis de la mañana, sin incurrir en responsabilidad. La ley determinará los requisitos y formalidades para que tenga lugar el ingreso, registro o allanamiento, así como las responsabilidades en que pueda incurrir quien lo lleve a cabo.”; de lo anterior se deriva, que el registro al domicilio debe realizarse con el consentimiento del morador o la existencia de resolución de autoridad competente, pero excepcionalmente autoriza el registro a cualquier hora en los casos de urgencia, para impedir la comisión o impunidad de delitos y evitar daños graves a la persona o a la propiedad sin la autorización del morador u orden judicial; entendiéndose como urgencia aquéllas situaciones que exigen la imperiosa necesidad de los policías de entrar en el domicilio del acusado, no con el fin de evitar la consumación del delito, sino con la finalidad de detener a la persona presuntamente responsable y evitar que por cualquier circunstancia los efectos del delito corrieran el riesgo de desaparecer, esto también en armonía con lo preceptuado en el artículo 212 del Código Procesal Penal, párrafo segundo: “Requisitos para practicar allanamiento de moradas. El allanamiento de una morada, casa o lugar en que viva una persona, sólo podrá efectuarse previa orden escrita del órgano jurisdiccional competente. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable en caso de flagrancia o cuando la medida sea necesaria para impedir la comisión de un delito, para evitar la fuga de un delincuente o la destrucción, perdida u ocultamiento de las pruebas o evidencias con miras a lograr la impunidad de los responsables y no sea posible esperar el tiempo necesario para solicitar la autorización judicial”, tal y como ocurre en el caso subjudice, donde según se desprende de los hechos estimados y declarados probados los Agentes de Investigación ingresaron a la vivienda del imputado en virtud que existía el peligro de la destrucción, perdida u ocultamiento de la droga, poniendo en conocimiento de tal actuación al órgano jurisdiccional competente para su convalidación. Es importante acotar, que el legislador ha extendido la interpretación del concepto flagrancia, con lo cual ha incorporado una serie de situaciones en las cuales la policía puede ingresar a registrar una morada sin la respectiva autorización judicial en los casos que existan indicios muy fundados de haberse cometido un delito y la persona aprehendida haya sido sorprendida teniendo en su poder armas, instrumentos o efectos procedentes de delito o falta, o se presente señales o vestigios que permitan inferir la participación del aprehendido en la infracción cometida o intentada, extremos que concurren en el caso concreto, donde los Agentes de Investigación vieron la necesidad de actuar de forma inmediata para evitar en primer lugar la fuga del encartado y en segundo la destrucción, pérdida u ocultamiento de la droga. El Tribunal sentenciador ha declarado en el párrafo tercero del numeral tercero de la fundamentación jurídica que el allanamiento practicado es ilegal y por ende es nulo el acto, así como los demás actos que se deriven del mismo, como el dictamen toxicológico, parecer que resulta superficial, ya que la propia ley autoriza la intervención policial sin orden escrita de autoridad en estos casos, en atención a las circunstancias de flagrancia, urgencia y perdida o destrucción de pruebas, en el presente caso, sino se actuaba con la debida diligencia, se corría el riesgo de la ocultación o destrucción de la droga encontrada en la vivienda del encartado, provocando la impunidad, aunado a esto, se debe considerar la circunstancia de que esta diligencia fue convalidada por el órgano jurisdiccional desde el momento mismo que el acusado fue puesto a la disposición judicial para su juzgamiento; aspecto este, que provoca efectuar un análisis legal de esta actuación no desde el punto de vista procesal, sino que constitucional, de lo que resulta que es una diligencia legítima y demuestra en forma irrebatible la responsabilidad del encausado en el delito que se le imputa. La Corte Suprema de Justicia Hondureña, ha establecido en la Sentencia dictada en el Expediente N° 57-2005, de treinta y uno de Julio del dos mil siete, que: “…La ilicitud de la prueba es totalmente improcedente en vista que la captura del imputado se hizo en Flagrancia y por tal razón no era necesario la convalidación del allanamiento. Es importante destacar que en este caso deben valorarse dos derechos fundamentales consagrados en la constitución de la República “la inviolabilidad del domicilio y la Impunidad de un delito”. En cuanto a la inviolabilidad del domicilio debe de atenerse a lo dispuesto en el artículo 212 del Código Procesal Penal, cuya excepción es en los casos de urgencia, más que de urgencia cuando se encuentre en flagrancia, considerada esta por el hecho de que a escasas horas se había pagado el rescate y cuando se captura al imputado se le encuentra treinta mil lempiras de los cuales cincuenta y seis billetes de quinientos Lempiras estaban marcados, en ese sentido siendo que la ley tutela que la impunidad se da por invencibles obstáculos en la investigación, todas aquellas infracciones punibles en que, por desconocerse la comisión delictiva, por desconocerse el cuerpo del delito, por frustrarse la identificación del responsable y no ser habido, queda sin sanción un hecho delictivo. Del análisis de ambos derechos fundamentales se concluye que el A Quo aplicó indebidamente el artículo 192 numeral 3 del Código Penal, por cuanto el delito de Secuestro es un delito permanente y al allanarse el domicilio del procesado Servellón y encontrarle la cantidad de dinero instrumento del delito, es un delito en flagrancia y como tal era de suma urgencia el referido allanamiento tomando en consideración a su domicilio, por ser una cuartería donde habitan varias personas, se corría el riesgo a que el imputado se fugara, y ocultara el dinero (evidencia) con miras a lograr la impunidad. Por lo expuesto el presente motivo se declara con lugar…”. En el juicio de mérito al no haber condenado el Tribunal al imputado por el delito de Tráfico de Drogas, infringió por Violación los preceptos sustantivos citados como quebrantados, por lo que en apego al Principio de Legalidad debe necesariamente enmendarse esa sentencia restableciéndose por esta vía el orden jurídico sustantivo. Por las argumentaciones antes expuestas, el Ministerio Público solicita se admita este motivo y consecuentemente se case el fallo censurado.” III.- Sigue manifestando la recurrente en su MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. “MOTIVO UNICO: Haber incurrido el Sentenciador en Exclusión de prueba de valor decisivo”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: El precepto penal adjetivo que se invoca como infringido prescribe: “Artículo 202. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. En relación con el párrafo primero del artículo 336 del Código Procesal Penal. Este vicio ocurre cuando el sentenciador ha excluido prueba de valor decisivo incorporada legalmente al juicio, violentando en consecuencia las reglas de la Sana Crítica, como en el caso subjudice donde el Tribunal en el tercer párrafo del numeral tercero de la fundamentación jurídica ha expuesto: “Como consecuencia de lo expuesto no es posible valorar, para determinar la responsabilidad penal del imputado los medios de pruebas de cargo evacuados en juicio, como son el acta de allanamiento, así como la información que los Agentes de Policía obtuvieran producto del allanamiento efectuado; debido a que es el resultado de diligencia policial realizada en vulneración al derecho a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio que ampara al imputado, a su vez carecen de eficacia probatoria la evidencia y la información derivada para la obtención del peritaje toxicológico…”, desprendiéndose de esta afirmación por parte del juzgador, que se ha excluido prueba de valor decisivo como son el acta de registro y el acta de decomiso de la droga encontrada en la vivienda del encausado, que de acuerdo al dictamen toxicológico relacionado, son cantidades no aptas para consumo personal, por considerar que esta se deriva de un acto nulo o sea el allanamiento practicado sin cumplir con los requisitos que exige la norma constitucional y procesal penal. En el presente caso no puede señalarse la prueba como espuria o ilícita, sino que más bien la misma posee absoluta eficacia probatoria, ya que el Allanamiento se realizó dentro de los parámetros de excepcionalidad que señalan el artículo 99 Constitucional y 212 del Código Procesal Penal, y no como refiere el sentenciador en el numeral segundo del acápite de la valoración probatoria: “…ante las circunstancias en la que los Agentes se encontraban era menester practicar vigilancia de los sospechosos para obtener motivos racionales y así solicitar la intervención del juez de garantía, a efecto de autorizar el allanamiento y de la habitación de la persona sobre la cual depende la sospecha todo con el objeto de garantizar la efectividad y legalidad de sus acciones, pues no se estaba en persecución de una persona la cual hubiera sido sorprendida en la comisión de delito alguno, por lo cual devenían en la obligación de ingresar a la habitación del imputado única y exclusivamente mediante los mecanismos legales ya establecidos y utilizar el tiempo que se tomó para ingresar ilegalmente a su habitación, para obtener la autorización judicial, ante una negativa del imputado de permitir voluntariamente el ingreso que seria el otro mecanismo legal que tendría efectos positivo. Es así que la prueba que se relaciona con el hallazgo sólo tiene un resultado negativo, pues con ella sólo se constata el ingreso ilegal que se realiza por parte de los Agentes a la casa del imputado, no siendo posible para este tribunal valorar la información y evidencia obtenida de ella, para condenar al imputado; tal apreciación de ineficacia probatoria también se aplica para el análisis que se realizó, convirtiendo inútil su incorporación al debate.” En este sentido, estimamos importante acotar, que precisamente las circunstancias a que hace alusión el sentenciador en el citado numeral, es lo que hace surgir la situación de urgencia que faculta a los policías para practicar el allanamiento sin orden judicial, pues previa a la entrada en el domicilio existían indicios racionales de que en el mismo se ocultaba un presunto y flagrante participante de un delito y de la valoración de tales indicios, es que los Agentes pudieron adquirir un conocimiento evidente acerca de la existencia de la infracción penal. Lo anteriormente expuesto, es lo que nos lleva a no coincidir con la conclusión a la que arriba el juzgador, ya que como lo hemos relacionado en los párrafos anteriores, se debe tomar en cuenta que un registro domiciliario consiste en la búsqueda de cosas relacionadas con el delito que se investiga o que puedan servir como prueba de él o de sus supuestos partícipes; en el caso subjudice se debe analizar los aspectos periféricos que provocaron sospecha en los Agentes Policiales, como es el hecho de que el encartado salió corriendo cuando los miró acercarse, aunado a la circunstancia, que tenían denuncias vía teléfono que en ese lugar varias personas todas las noches consumían droga, siendo esta la razón por la cual procedieron a ingresar a su vivienda encontrando droga suficiente para justificar la urgencia del allanamiento, fueron esos los motivos por las cuales el juez de instrucción convalidó dicha diligencia, considerando que el mismo se practicó dentro de los parámetros legales, pues existía una situación de urgencia y además de flagrancia, constituyendo estas actas y la droga decomisada una prueba absolutamente legítima. Como se ha indicado en el motivo por infracción de ley, se entiende como urgencia aquéllas situaciones que exigen la imperiosa necesidad de los policías de entrar en el domicilio del acusado, no con el fin de evitar la consumación del delito, sino con la finalidad de detener a la persona presuntamente responsable y evitar que por cualquier circunstancia los efectos del delito corrieran el riesgo de desaparecer. Como se puede apreciar, se encuentra claramente establecido que en la casa de habitación del encausado se encontró la droga descrita en el acta del allanamiento y de decomiso, misma que fue objeto de pericia toxicológica; probanza que constituye la piedra angular del delito de Trafico ilícito de Droga y que fue obtenida de manera lícita en sintonía con lo preceptuado en el artículo 99 Constitucional y 212 del Código Procesal Penal, como ha quedado expuesto en el presente motivo; aspectos que desacreditan lo expuesto por el juzgador tanto en la declaración de hechos probados, como en la valoración de la prueba y en la fundamentación jurídica, por lo que evidentemente el Tribunal Sentenciador incurrió en error al excluir indebidamente el acta de registro y el acta de decomiso de la evidencia encontrada en la vivienda del imputado, a pesar de constituir el elemento de prueba fundamental que vincula al mismo con la comisión del delito, por lo que se convierte en la prueba de valor decisivo en el juicio, merecedora de la correspondiente valoración. De acuerdo a las razones legales antes expuestas se concluye, que si el juzgador hubiere apreciado la prueba citada, ineludiblemente habrían determinado que el encausado H. A. G., es responsable de la comisión del delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. Por haberse producido el vicio en el propio acto de sentenciar, no ha sido posible reclamar su subsanación”. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE LEY O DE DOCTRINA LEGAL EN SU UNICO MOTIVO, CONSIGNADO EN LOS ARTÍCULOS No. 18 DE LA LEY SOBRE USO INDEBIDO Y TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS EN RELACIÓN CON EL ARTICULO No. 99 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA Y No. 212 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO. I.- Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal, que “Habrá lugar al Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” De esta norma se puede determinar la configuración del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: A) Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato de un acontecimiento histórico declarado por el Tribunal de Sentencia, respecto al asunto debatido, mismos que se desprenden de la valoración hecha a los medios de prueba reproducidos en juicio y de los cuales los Juzgadores han podido apreciar de manera directa, colocándolos en una posición exclusiva de valoración. Por ello, el artículo 369 del Código de Procesal Penal, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos declarados probados; el Recurso de Casación por Infracción de Ley deberá de tener como base los hechos probados, sin pretender la inclusión o exclusión de ninguna de sus partes.- B) Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo como consecuencia de la infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: 1) Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; 2) Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; 3) Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; 4) Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y 5) Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. Corresponde a la Sala de lo Penal, tratándose del motivo invocado, actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva realizada por el Tribunal de Sentencia, su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia a partir de los hechos declarados probados; en este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley, debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia, consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). II.- La recurrente invoca como infringido por falta de aplicación, el precepto penal sustantivo que prescribe: “El que trafique con drogas, estupefacientes o sustancias controladas, será penado con reclusión de quince a veinte años y multa de un millón a cinco millones de Lempiras” (artículo No. 18 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas). Argumenta la recurrente que del hecho declarado probado se desprende, que el encausado se dedica al tráfico de drogas prohibidas, pues encontraron en su vivienda cantidades suficientes para ese fin, contenidas en una bolsa de regalo que se encontraba en la mesa, produciéndose la intervención oportuna de la policía de investigación, la que se originó debido a la información que tenían que en el barrio el Ticket personas consumían y vendían droga. Estima la recurrente que el juzgador compromete su criterio, al declarar en el relato fáctico ilícito el registro de morada donde se decomisó la evidencia, pasando por alto la verdadera interpretación y alcance que debe darse al artículo 99 Constitucional y 212 del Código Procesal Penal, por lo que consecuentemente infringió el artículo 18 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas. III.- La Sala de lo Penal, ha realizado un análisis del cuadro fáctico de la sentencia recurrida, inalterable en casación, confrontándolo con la norma penal sustantiva aplicada por el Tribunal A-quo, que se refiere al delito de Tráfico de Drogas, norma que la recurrente argumenta ha sido infringida por falta de aplicación. Bien entiende la doctrina que: “La falta de aplicación consiste en la falta de aplicación de ley o doctrinas legales que corresponde o se ajustan a los hechos probados que enuncia la sentencia. En la omisión, de parte del juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia”[1]. En el caso examiné, si bien, la recurrente argumenta que de la relación de hechos probados se identifican los elementos del tipo penal de Tráfico de Drogas, pero debe verse también, que el A-quo apreció la existencia de Prueba Ilícita que vulnera la garantía a la inviolabilidad del domicilio, estableciendo en su sentencia: “Decimos que el ingreso no esta justificado, porque si analizamos detenidamente las afirmaciones de los testigos antes descritos, nos damos cuenta que hasta el momento en que se decide la persecución, no existía motivo para realizar la detención del acusado y mucho menos existía la urgencia para realizar el ingreso al domicilio de este…; afirman los testigos, que el grupo de personas que visualizan salen corriendo y aunque les resulte sospechoso y sea válida la persecución hasta ese momento, tampoco tal sospecha les autoriza como para considerar una flagrancia porque no se persigue a una persona porque se hubiese visto cometiendo un determinado delito o momentos después de haberlo cometido…” (Folios 120 vuelto y 121 frente). Al establecer el A-quo el ingreso y registro irregular referido en los hechos probados, los mismos ya no denotan la configuración de una conducta que se haya acreditado legítimamente como ilícita. Nótese además, que el hecho probado segundo describe que al llegar al barrio El Ticket, la Policía observa un grupo de personas entre ellas el acusado, quienes salen corriendo,“actitud que le pareció sospechosa a los policías”, no se describe en los hechos probados que el acusado hubiese estado “traficando” con drogas o estupefacientes de algún tipo al momento de llegar la policía al lugar, por lo cual no se puede ajustar el relato de hechos probados al ámbito normativo que se aduce dejado de considerar en su aplicación. IV.- La Sala observa, que de las afirmaciones de los testigos de cargo, los agentes policiales H. N. S. y D. H. C.G. (folios 119 frente al 120 frente) no se aprecia la existencia de delito flagrante alguno, sino únicamente mera sospecha o conjeturas respecto a la existencia del delito flagrante, no siendo ello causa legítima para el ingreso al domicilio realizado por los agentes policiales. Considera la Sala de lo Penal, oportuno ilustrar la definición doctrinal de flagrancia, entendida como “situación fáctica en la que queda excusada aquella autorización judicial, precisamente porque la comisión del delito se percibe con evidencia y exige de manera inexcusable un inmediata intervención… una hipótesis excepcional en la que, por las circunstancias en las que se muestra el delito, se justifica la inmediata intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad” “En síntesis debe concurrir actualidad e inmediatez del hecho y percepción directa y sensorial del mismo, lo que excluye la sospecha, conjetura, intuición o deducciones basadas en ello[2]”. De lo relacionado anteriormente y aplicándolo al caso concreto, se concluye que ha sido acertado el criterio del Tribunal de Instancia, siendo claro que la situación que describe la sentencia, lo que revela es el hallazgo de droga en el interior de la vivienda del encausado, posterior a una persecución, ocurrida en un momento en que no existía ningún motivo para realizar la detención del encausado, mucho menos situación de urgencia para realizar tal ingreso y vulnerar la garantía de inviolabilidad de domicilio. Es decir, que siguiendo la línea jurisprudencial, no “concurrieron las condiciones que permitieran poder establecer su existencia y que justifique emergentemente el ingreso como condición límite al derecho fundamental de la inviolabilidad del domicilio, esas condiciones son la existencia de evidencia y la urgencia de intervención: 1. La Evidencia, (cuya acepción en este caso significa certeza de tener el conocimiento de algo) puede adquirirse a través de la percepción o a través del conocimiento: a. La percepción involucra información obtenida por los sentidos, por cuanto estamos hablando en los casos de: i) Los agentes de policía, a través de ventanas o puertas abiertas logran ver la ejecución del delito flagrante en el interior del domicilio; ii) Cuando por resultado de intervenciones telefónicas autorizadas se escucha evidencia del delito flagrante; iii) Cuando los agentes han observado la comisión de un delito en el exterior de la vivienda cuyos partícipes inmediatamente ingresan al domicilio, en el caso previsto en el artículo 212.3 del Código Procesal Penal y; iv) en general, en los casos en donde los agentes de la autoridad perciban directamente hechos de los que se colija un acto delictivo en flagrancia; b. Conocimiento adquirido a través de actos de inteligencia policial, informantes, testigos, agentes encubiertos, prueba en general, que una vez procesada y analizada arrojen evidencia de la existencia de un delito en flagrancia; la mera sospecha o conjeturas respecto a la existencia del delito flagrante no será causa legítima para el ingreso al domicilio; 1. La Urgencia es el segundo elemento que debe de observarse y es la necesidad temporal de intervención de los agentes de la policía, sin la cual no se lograría el objetivo de impedir la comisión de un delito, la detención de los culpables o el aseguramiento de elementos de prueba, implica: a. Inmediatez entre la obtención de la evidencia y el ingreso al domicilio; y b. La entrada al domicilio debe de realizarse en un momento en que sea posible alcanzar el objetivo perseguido”[3]. La Sala de lo Penal aprecia, que los hechos probados y la norma aplicada por el Tribunal de instancia son congruentes, no percibiéndose un error de subsunción de los hechos en relación con la disposición legal aplicada por el Tribunal A-quo, la diagnosis efectuada por el juzgador no refleja impertinencia de la ley al confrontarla con los hechos declarados probados, siendo claro que en los hechos declarados probados, el precepto Penal sustantivo reclamado por el recurrente no puede ser aplicado, pues si bien, describen una conducta Ilícita; sin embargo, también relaciona el A-quo la apreciación de prueba ilícita, lo cual, inevitablemente ha producido un fallo de absolución a favor del encausado, ya que aun cuando se produjo el hallazgo de droga denominada marihuana y cocaína, dicho hallazgo se produjo vulnerándose garantías procesales, pues el constituyente hondureño determinó la necesidad de declarar en el artículo 99 la inviolabilidad del domicilio, como instrumento para la salvaguarda el derecho a la intimidad, en este específico ámbito. Por las razones antes expuestas, no procede el motivo de casación invocado por el Ministerio Público. DE LA IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA POR HABERSE EXCLUIDO O DEJADO DE CONSIDERAR PRUEBA DE VALOR DECISIVO EN SU MOTIVO UNICO, INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO. I. La recurrente cita como precepto autorizante el artículo 362 numeral 2) del Código Procesal Penal, explicando que el precepto penal adjetivo que se invoca como infringido prescribe: “Artículo 202. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica”. Este vicio ocurre cuando el sentenciador excluye prueba de valor decisivo incorporada legalmente al juicio, violentando en consecuencia las reglas de la Sana Crítica. Por parte del juzgador, se ha excluido prueba de valor decisivo como son el acta de registro y el acta de decomiso de la droga encontrada en la vivienda del encausado, que de acuerdo al dictamen toxicológico, son cantidades no aptas para consumo personal, por considerar que esta se deriva de un acto nulo o sea el allanamiento practicado sin cumplir con los requisitos que exige la norma constitucional y Procesal Penal. Argumenta, no puede señalarse la prueba como espuria o ilícita, sino que más bien la misma posee absoluta eficacia probatoria, ya que el Allanamiento se realizó dentro de los parámetros de excepcionalidad que señalan el artículo 99 Constitucional y 212 del Código Procesal Penal. II.- La Sala de lo Penal, realizado el examen de este motivo, a efecto de determinar si el juzgador de instancia no consideró prueba de valor decisivo, o si por el contrario fue considerada, resuelve en base a las consideraciones siguientes: 1) El artículo 202 del Código Procesal Penal impone la obligación de valorar la prueba y el artículo 336 párrafo primero del mismo Código, especifica que sólo se valorará aquella prueba que se halla ejecutado durante el debate, relacionado con el artículo 338 preámbulo, regla cuarta numeral 2) que manda dar valor a cada prueba en base a un razonamiento de conformidad con las reglas de la sana crítica; en suma, la observación de esta normativa es lo que podemos identificar como consideración de prueba y cuya inaplicabilidad constituye la concurrencia del motivo citado por el censor, implica pues una falta de valoración de determinada prueba de valor decisivo. 2) Son dos los medios de prueba que aduce el impetrante fueron excluidos o dejados de considerar por el tribunal de instancia, uno es el Acta de Registro y otra es el Acta de Allanamiento; sin embargo, un examen detenido de los medios de prueba apuntados por el impetrante, revela que dichas pruebas si fueron incluidas y consideradas por el Tribunal de Sentencia, al establecer el A-quo: “El Acta de allanamiento, la evidencia recolectada en ocasión del registro, y el dictamen de la evidencia, constituyen prueba que se origina verticalmente de una misma actuación. Es por ello, que el análisis que puede hacerse de ello no puede realizarse de manera separada, pues el resultado o el efecto que pueden producir dependen del origen de su obtención…. Al desprenderse el hallazgo de la droga de un registro ilegal”, entre otras valoraciones que realiza el A-quo, tal como consta visible a los folios 122 frente, 122 vuelto y 123 frentesentencia recurrida), estableciendo el A-quo la concurrencia de prueba ilícita o prohibida (allanamiento de morada), y por ende, careciendo de eficacia probatoria, así como cuantos son consecuencia necesaria de tales actos o hechos y que no hubiese sido posible su obtención sin la información derivada de ellos, no siendo posible valorar dichos medios de prueba para determinar la responsabilidad penal del imputado, al obtenerse producto del allanamiento ilícito realizado. III.- El Tribunal de Casación no advierte que el A-quo haya excluido prueba de valor decisivo, pero si el casacionista estima que las conclusiones a que arribó el juzgador de instancia a partir de las valoraciones de esos medios de prueba son incorrectas, debió plantear dichos argumentos con otro motivo de casación (violación de las reglas de la Sana Crítica), haciendo imposible la resolución por la vía escogida por el censor; asimismo, la Sala, con el ánimo de no ser reiterativo, respecto al alegato de prueba ilícita formulado nuevamente por el recurrente, mantiene el criterio esgrimido y plasmado en la resolución del motivo de casación que antecede. Por las razones antes expuestas, no procede el motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma invocado por el recurrente. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 360, 362 preámbulo y número 2) y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. SEGUNDO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes.- Redactó EL MAGISTRADO CALIX HERNANDEZ.- NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.. LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL.-”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticuatro días del mes de Agosto del año dos mil quince.- Certificación de la sentencia de fecha dieciséis de junio de dos mil quince, recaída en el recurso de casación ingresado en este Supremo Tribunal bajo el número S.P.355=2012.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Véase. Fernández Entralgo, Jesús; Derecho Procesal Penal de Honduras, Litocom, S. de R.L. de C.V, 2004, Tegucigalpa, Honduras. Pag. 589.

[2] Véase. Climent Durán, Carlos; la Prueba Penal, Litocom, Tirant Lo Blanch, 2da. Edición. 2005, Valencia. Págs. 1307 y 1309.

[3] Véase. Sentencia penal 3030-2010 de fecha 11 de junio del 2013.