Sentencia CP-341-12 — Registro 5742
Resumen
Se condenó al imputado por el delito de violación especial se declaar sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El Recurso de Casación no es de Recibo.- La Sala de lo Penal ha leído detenidamente el libelo del Recurso, al final de lo cual desconoce cuál es el reproche en que fundamenta la Censora su recurso; Indica ésta que se ha violentado el debido Proceso y el Derecho de Defensa, más no señala de qué forma ha acontecido esa violación; Reprocha que se ha admitido y valorado prueba Ilícita sin puntualizar cual es esa prueba y porque tiene dicho carácter; Agrega que al acusado se le ha limitado y despojado del derecho de demostrar sus argumentos sin determinar el acto procesal que provocó tal limitación y desprevisión de defensa. Se concluye que el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional debe de ser declarado SIN LUGAR por carácter éste de contenido al grado que no permite a este Tribunal Ad-quem, saber si quiera en que consiste en reproche que se intenta formular, puesto que la Censora simplemente se ha explayado en consideraciones abstractas que no concretizan nada..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."El Recurso de Casación no es de Recibo.- La Censora ha hecho un incorrecto planteamiento del Recurso de Casación originado del desconocimiento sobre su norma reguladora, contenida en el artículo 360 del Código Procesal Penal, como precepto autorizante y que se ha analizado líneas atrás. Ya ha explicado la Sala de lo Penal que cuando se trata del Recurso de Casación por Infracción de Ley, la denuncia debe de estribar sobre la inobservancia, errónea aplicación o errónea interpretación de una norma sustantiva, es pues de una norma que regula las conductas de los justiciables, como ser las contenidas en los artículos que tipifican tipos penales; Contrario a ello la Censora fustiga la sentencia por considerar que se han inobservado normas de carácter procesal, lo que es incompatible con la naturaleza del recurso que la misma Censora a elegido como medio de impugnación.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."El Motivo no es de Recibo.- El Censor erra el planteamiento al denunciar falta de consideración de medios de prueba como medio de protesta al no estar de acuerdo con la valoración que de ellos realizo el Iudex.- El error en el planteamiento se revela tras la revisión de la sentencia de la primera instancia al constatarse que aquellos medios probatorios que se denuncian como faltos de consideración fueron tomados en cuenta en la valoración descriptiva e intelectiva, siendo ajeno al motivo si tal valoración es correcta o no. Se aprecia en el numeral Tercero de la Valoración de los medios de prueba que los Juzgadores relacionan el Allanamiento practicado a la casa de habitación del acusado (f. 392 v.), para luego relacionar el Acta de Inspección que se realizó del lugar donde además de describirse las características del lugar se enumeran los objetos encontrados que más tarde fueron catalogados como indicios (f. 393), consignando a continuación lo dicho por el Señor M. F. S. V., encargado del estudio de uno de esos indicios como ser la Computadora portátil encontrada en el lugar y lo dicho por el Señor F. D. L. L., quien presento estudio de comparación de imágenes obtenidas de las fotografías tomadas al momento del allanamiento y las obtenidas del teléfono celular decomisado al acusado al momento de su detención (f. 393) y finalmente el acta de Diligencias elaborada por el Señor J. O. F. C., a quien se le encargo elaborar un álbum de las fotografías encontradas en la casa de habitación del acusado.- Todos estos medios de prueba fueron valorados por la mayoría del Tribunal, señalando que son producto de un allanamiento ilícito y por lo tanto son nulas e ilícitas también, no debiendo ser consideradas en la sentencia. Es pues que para los efectos jurídicos del artículo 362.2 del Código Procesal Penal, los medios de prueba denunciados fueron CONSIDERADOS, entendiéndose que fueron mencionados en la sentencia, tomados en cuenta, relacionados y calificados carentes de valor.- El Ministerio Público no debe de equiparar el término “dejar de considerar” de que habla el artículo 362.2 del Código Procesal Penal con la afirmación hecha por el Tribunal de Sentencia de que estos medios de prueba no deben de ser considerados (F. 393 v.), puesto que la expresión usada por los Juzgadores contextualmente refiere a que los medios de prueba carecen de valor por ser ilícitos. Por lo expuesto es procedente declarar SIN LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su primer motivo..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos (02) días del mes de Septiembre de dos mil quince (2015), por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO, en su calidad de Coordinador, JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo de los Recursos de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Ley, interpuestos contra la sentencia de fecha veintiocho días del mes de febrero del año dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia del Departamento de Francisco Morazán y El Paraíso, mediante la cual Condenó al señor J. N. Z. A., como autor responsable de los delitos de VIOLACIÓN ESPECIAL, en perjuicio de la menor K. S. C. E., a la pena de QUINCE (15) años de reclusión; más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena principal; se Declaró responsable civilmente al imputado J. N. Z. A., por lo que deberá indemnizar a la víctima; se Absolvió por mayoría de votos al señor J. N. Z. A., como autor responsable de los supuestos delitos de PORNOGRAFÍA INFANTIL y VIOLACIÓN AGRAVADA (violación especial) en perjuicio de las menores K. S. C. E. Y N. M. M. M.; se ordenó la devolución de las evidencias decomisadas por haber sido declarado ilegal el allanamiento las que deberán ser devueltas a su legítimo propietario o a quien éste autorice.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma la Abogada Y. M. M. L., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Recurso de Casación por Infracción de Ley e Infracción de Precepto Constitucional la Abogada B. A. G. M., actuando en su condición de Apoderada Defensora del señor J. N. Z. A.. SON PARTES: La Abogada B. A. G. M., en su condición de Apoderada Defensora del Señor J. N. Z. y la Abogada Y. M. M. L., en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público. HECHOS PROBADOS En la Sentencia que se impugna, se fija por el Tribunal de Sentencia como hecho probado el siguiente: “PRIMERO: En fecha 20 Diciembre del año 2007, fue interpuesta una denuncia por el señor E. M. V. padre de la menor N. M. M., en las oficinas de la Dirección de Investigación Criminal y misma que fuera remitida la Fiscalía Especial de la Niñez, en la cual se relata que su hija N. M. M., le manifestó varios días después que el día 27 de noviembre del año 2007 a las diez de la mañana la menor que en ese entonces contaba con de doce años, se dirigía a la pulpería en la cual está ubicada en la colonia Villa Franca de Comayagüela que es el lugar donde ella reside, es en ese momento cuando es interceptada por un vehículo de color blanco turismo en cuyo interior se encontraba la joven N. B. quien es su prima, la toma de la mano y le dice de que se suba al vehículo; petición a la cual N. M. se niega hacer y es introducida a la fuerza al vehículo conducido por el señor J. N. Z. quien la amenaza con un arma de fuego para que suba al mismo y es traslada hasta una casa de habitación donde en cuyo interior proceden despojarla de su ropa tomarle fotografías en posiciones eróticos o pornográficas y posteriormente el señor J. N. Z. le dice a N. B. que se salga de la habitación, ésta obedece del señor J. N. Z. y encontrándose a solas con N. M. M. procede a tocarla y besar su cuerpo e introducir su pene en el área vaginal, dejándole que se marchara a su casa luego de finalizar el acto, por lo que lo cuenta a su hermana y posteriormente a su padre que interpone la denuncia, días después. SEGUNDO: En fecha en fecha 20 de diciembre del año 2007, el Ministerio Público enterado sobre los hechos el Ministerio Público ordena una allanamiento de morada en la casa de habitación del señor J. N. Z. cita en la colonia Alemania sector dos y en su interior se creía que se iba a encontrar evidencias, de la denuncia interpuesta por el padre de N. M. M., sin embargo al interior de esta vivienda se encontró a la menor K. S. C. E., en ese momento tenía 13 años de edad y quien se encontraba en ese lugar bajo engaños, había sido traída desde la ciudad del progreso hasta Tegucigalpa por el señor J. N. Z. y que desde ese momento ella había mantenido relaciones sexuales con el señor J. N. Z. vía vaginal, ocurriendo esa circunstancias desde el 2 de diciembre del año 2007, explorando todo el interior de la vivienda y decomisando varias Pertenencia de la misma; procediendo a darle captura a J. N. Z., decomisándole una pistola calibre 9ml, marca tauros, color, blanco, con empuñadura negra, modelo PT92AFS, serie TAN11590, dos cargadores, para pistola 9ml, color negro, con capacidad de 15 proyectiles cada uno, 29 proyectiles color amarillo, que en su base se leen, águila 9mm, un teléfono móvil, color, negro y plateado, marca Motorola, modelo A1200, serie CHWF1397BF 0206 motorola con su respectiva batería y cobertor color negro, un teléfono color gris oscuro, marca Ig, singular, serie SIN:511CQT8048441-C GR—P64, con su respectiva batería, color gris, serie, AEMSSBO1224, con su respectiva tarjeta sim color blanco serie 84504, con cobertor color negro.”. CONSIDERANDO I.- Los Recursos de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Ley reúnen los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de los mismos. II.- La recurrente, Abogada Y. M. M. L., formalizó su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN.- POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL: MOTIVO PRIMERO: “Por aplicación indebida del artículo 99 de la Constitución de la República en relación 212 del Código Procesal Penal”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El derecho al debido proceso, el cual se encuentra regulado en el artículo 99 de la Constitución de la República, establece que “el domicilio es inviolable. Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente. No obstante puede ser allanado en caso de urgencia, para impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a la persona o a la propiedad.”; la norma constitucional indica como excepción que puede verificarse el ingreso al domicilio con el consentimiento de la persona que lo habita y que puede ser allanado en caso de urgencia para impedir la comisión o impunidad de delitos; el cual se relaciona al artículo 212 del Código Procesal Penal que señala: “El allanamiento de una morada, casa o lugar en que viva una persona, solo podrá efectuarse previa orden escrita del órgano jurisdiccional competente. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable en el caso de flagrancia o cuando la medida sea necesaria para impedir la comisión de un delito, para evitar la fuga de un delincuente o la destrucción, pérdida u ocultamiento de las evidencias con miras a lograr la impunidad de los responsables y no sea posible esperar el tiempo necesario para solicitar la autorización judicial. En estos casos, el Ministerio Público, una vez practicado el allanamiento lo pondrá inmediatamente en conocimiento del Juez competente, al que explicará las razones que lo determinaron”. En el presente caso se el Tribunal de Sentencia declaró prueba ilícita la diligencia de allanamiento practicado en fecha 21 de diciembre del año 2007, considerando que no reúne los requisitos establecidos en el artículo 99 constitucional, debido a que la autorización de ingreso a la vivienda la otorga una persona que no tiene las facultades para hacerlo, porque no es el titular de la vivienda, declarando por ende la nulidad de las diligencias derivadas de dicho medio de prueba. Considerando que las mismas norma constitucional y procesal citadas anteriormente facultan al ente acusador a fin de que en casos urgentes y que taxativamente señala el Código Procesal Penal se realice dicha diligencia, en el caso que nos ocupa el Juzgador parte de que no se siguieron las formalidades procesales establecidas para la práctica de la misma, particularmente que la persona que dio la autorización de ingreso no es el titular del domicilio; sin embargo en el apartado segundo de la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida conceptualiza la frase siguiente: “el domicilio inviolable”... Más ampliamente se ha dicho que el domicilio como lugar cerrado constitucionalmente protegido, puede ser cualquier habitáculo, incluso una construcción provisionalísima y perecedera, con independencia de su estructura y de los materiales de que se componga, debe considerarse domicilio a los efectos de la entrada en los mismos con tal de que sea susceptible de albergar la vida privada de una o varias personas con independencia del título jurídico que ostente su titular o titulares sobre el mismo.” En el presente caso el Ministerio Público legitimado para realizar la diligencia de allanamiento, en virtud de una denuncia interpuesta por el padre de la menor N. M. M., por el delito de VIOLACIÓN ESPECIAL y PORNOGRAFÍA INFANTIL, se encontró en la acera de la vivienda del acusado al señor S. M. Z.; quien manifestó que era el padre de J. N. Z. A.; por lo que el ente acusador procedió a hacer su ingreso a la vivienda con autorización del señor S. M. Z., bajo la percepción de que éste vivía permanentemente en dicho domicilio, debido a que es trascendente indicar que el Ministerio Público no es acusador a ultranza, sino que se rige por el principio de objetividad y ostenta la condición de garante de legalidad, por lo que evidentemente se considera que la diligencia de allanamiento fue realizada en el marco de legalidad de los artículos 99 de la Constitución de la República y 212 del Código Procesal Penal; asimismo en concordancia con lo anterior, la Juez L. M. L. en su voto disidente señaló lo siguiente: “en cuanto al ingreso a la vivienda del imputado, autorizado por el padre de éste, no se trata de un allanamiento de morada, pese a que se levantó un acta que así se denominó, puesto que este es un derecho disponible con el consentimiento de la persona que lo habita; siendo que el allanamiento de morada se da cuando se ingresa a un domicilio sin la autorización de quien lo habita y en el presente caso, se encontró que en la parte exterior del domicilio del imputado se encontraba como único adulto, el padre del imputado y en el interior solo se encontraban menores de edad; por otra parte, el padre del imputado nunca manifestó que él no residía en dicho lugar, ni que se oponía al ingreso, por lo que las actuaciones de la policía se consideran efectuadas en el marco de la ley y no violatorias del artículo 99 de la Constitución de la República.” En virtud de lo anterior solicitamos que el presente motivo sea declarado con lugar, a fin de tener por realizada en el marco de legalidad la diligencia de allanamiento de morada y restituir al defensor de la sociedad hacer uso de los instrumentos probatorios que derivaron de ella y le permitan correctamente perseguir su finalidad en igualdad de armas. MOTIVO SEGUNDO: “Por violación de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República en relación con la Convención de los Derechos del Niño y artículo 8 numeral 3 del Protocolo Facultativo de tal cuerpo jurídico, relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El derecho al debido proceso, el cual se encuentra regulado en el artículo 90 de la Constitución de la República, establece que “nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”; el cual requiere mínimamente, la fijación legal de un programa de carácter legal e inalterable para la investigación y juzgamiento de delitos en el que se resguarde la observancia de formas relacionadas con la acusación, defensa, prueba sentencia y recursos; derecho éste que se encuentra vulnerado cuando en audiencia de debate oral y público se decretó prueba prohibida la diligencia de allanamiento realizada por el ente acusador en los términos expuestos en el motivo anterior y por ende la ilegalidad de las pruebas encontradas en esa diligencia y cuyo contenido será abordado en los motivos que se promueven más adelante en este escrito, por medio del sendero de quebrantamiento de forma. De igual forma la nulidad de los medios de prueba supra relacionados causó perjuicio a la sociedad al quebrantarse el artículo 82 de la Constitución de la República el cual establece que “El Derecho de Defensa es inviolable” el cual tiene entre sus alcances el Derecho a un proceso con todas las garantías dentro de las que se destacan a) “El Derecho a la igualdad de armas procesales” entendiéndose por ésta, tal y como lo desarrolla (Junio Joan Pico 1. las garantías constitucionales del Proceso. Editor Barcelona, 1997, Pág. 132) “como aquella exigencia de que las partes cuenten con medios parejos de ataque y defensa, para evitar el desequilibrio entre ellas, por lo que resulta necesario que ambas dispongan de las mismas posibilidades y cargas de alegación prueba e impugnación, es decir tiene por objeto evitar la situación de privilegio o supremacía de una de las partes, garantizando así la igualdad efectiva de las posibilidades y cargas del actor y del demandado en la alegación y prueba de los hechos controvertidos para lograr la plenitud del resultado probatorio”; b) “El derecho de intervenir probatoriamente en el proceso penal”, cuya intervención probatoria alcanza su esplendor en el juicio, sin embargo para que ello suceda corresponde que previamente al debate se tomen ciertos recaudos que permitan bajo el principio de concentración, reunir todo el plexo probatorio, permitiendo a cada parte proponer la prueba propia. Sobre este último aspecto si bien es cierto el Tribunal de Sentencia admitió los medios de prueba descritos, a través de audiencia de proposición de pruebas; consideró en el acto del debate que la diligencia de allanamiento vició los medios de prueba que derivaron de tal diligencia, medios de prueba considerados útiles y pertinentes para lograr la pretensión fiscal en la acusación planteada contra el señor J. N. Z. A., por el delito de PORNOGRAFÍA INFANTIL; que además se encuentra amparada por la Convención de los Derechos de Niño, que establece en su preámbulo: “Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, “el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”, El Código de la Niñez y Adolescencia de Honduras establece en el artículo 2 lo siguiente: “El objetivo general del presente Código es la protección integral de los niños en los términos que consagra la Constitución de la Republica y la Convención sobre los Derechos del Niño, así como la modernización e integración del ordenamiento jurídico de la República en esta materia. Por protección integral se entenderá el conjunto de medidas encaminadas a proteger a los individualmente considerados y los derechos resultantes de las relaciones que mantengan entre sí y con los adultos.” Asimismo el Protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía en el artículo 8 establece: “.3. Los Estados Partes garantizarán que en el tratamiento por la justicia penal de los niños víctimas de los delitos enunciados en el presente Protocolo, la consideración primordial a que se atienda sea el interés superior del niño”(lo resaltado es nuestro). Partiendo de lo anterior y tal como podréis observar Honorables Magistrados, en el caso sub judice el Ministerio Público desde el inicio de la causa calificó los hechos como constitutivos de Pornografía Infantil, para lo cual recabó la prueba pertinente para acreditar el mismo, cumpliendo con los requisitos legales establecidos, como es el caso de las actas de inspección, de diligencias y Pericia de elementos que fueron encontrados en la diligencia de allanamiento realizado en la vivienda del señor J. N. Z. A., la cual resultó útil y pertinente para las pretensiones de este garante de legalidad, ya que la acusación era por la producción y reproducción de material pornográfico de menores de edad, considerados estos verbos rectores dentro del delito imputado; sin embargo al no permitírsele al ente acusador hacer uso de los medios de prueba relacionados con el delito objeto del proceso, por considerarlos prohibidos en virtud de la forma en que fueron obtenidos, se ha violentado el derecho al Debido Proceso, y consecuentemente el derecho de Defensa social, que incluye el ofrecimiento de pruebas que apoyen fácticamente sus pretensiones, y que harán valer en juicio ante el respectivo Tribunal. En virtud de lo anterior solicitamos que el presente motivo sea declarado con lugar, a fin de restituir al defensor de la sociedad hacer uso de los instrumentos probatorios necesarios que le permitan correctamente perseguir su finalidad en igualdad de armas.”. POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: MOTIVO PRIMERO: “Falta de consideración de prueba de valor decisivo”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 2, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Basándonos en el principio de libertad probatoria que rige en el sistema acusatorio, donde los hechos y circunstancias relacionados con el delito objeto del proceso, podrán ser demostrados utilizando cualquier medio probatorio; sin embargo en el caso sub judice el vicio se presenta, porque el Tribunal dejó de considerar, las actas de inspección, de diligencias y pericia de medios probatorios que efectivamente fueron incautados en la vivienda del señor J. N. Z. A., descritos en el acta de inspección de la forma siguiente: a) Un estuche plástico color transparente, conteniendo en su interior cuarenta y siete CDS de diferentes marcas y colores; b) Una cámara filmadora marca Pentax, modelo número PV-C66A con serie número 80205023 de color negro; c) Una computadora portátil marca Panasonic color gris y negro, modelo n. CF-28 con serie t0824za en cuya parte superior se lee Toughbook y 19 casetes de diferentes marcas y colores; d) Una tarjeta bancaria plástica del Banco HSBC, a favor del señor N. Z.; e) Cinco Álbumes fotográficos grandes y cinco álbumes pequeños, conteniendo en su interior fotografías sueltas; f) Cuatro negativos fotográficos; g) Una mochila color azul conteniendo en su interior una cámara fotográfica marca Kodak, conteniendo en su interior un rollo fotográfico; Asimismo se señala en dicha acta que dentro de la vivienda se encontraban los jóvenes, una llamada E. L. M. V. de años de edad, que se dedicaba a las labores domésticas de la vivienda; N. Z. R. de nueve años; N. S. Z. R. de dieciséis años (hijos del imputado) y la menor K. S. C. E. de 13 años de edad; quien se identificó como pareja del acusado. 2.- Acta de diligencias elaborada por el Agente J. O. F. C., de evidencia que lo vincula directamente con el delito de Pornografía Infantil por el cual se le acusó. 3.- Pericia de vaciado de computadora decomisada en la vivienda del acusado, donde se encontró fotografías de colegialas donde mostraban su ropa interior. Considerando que la calificación legal expuesta por el Ministerio Público desde el inicio del proceso consistió en un delito de Pornografía Infantil, los medios de prueba supra mencionados sí resultaban útiles y proporcionales para la acreditación del delito, resultando evidente que al dejar de considerarlos, imposibilitó al ente acusador apoyar fácticamente sus pretensiones. Asimismo debemos referir que la probanza ya indicada, además de haber sido dejada de considerar, la misma se considera de valor decisivo, ya que al incurrir al juicio de inclusión hipotética, la cual consiste en incluir la prueba no considerada, junto con las restantes, las conclusiones de hecho hubieran sido necesariamente distintas, es decir, nos conduce a modificar la reconstrucción del hecho efectuada por el Tribunal de sentencia; y en el caso que nos ocupa de haberse incluido tales probanzas y valorarlas con el resto de la prueba, el juzgador hubiera llegado a la conclusión indefectible de que el enjuiciado es responsable del delito imputado por el ente fiscal. El vicio denunciado en el presente motivo, se produce en el acto de la sentencia por lo que el Representante del Ministerio Público no tuvo la oportunidad de reclamar previamente. MOTIVO SEGUNDO: Que al haber dictado el Juzgador, sentencia absolutoria a favor de J. N. Z. A.; lo hizo valorando la prueba inobservando las reglas de la Sana Crítica. PRECEPTOS AUTORIZANTES: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del Artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Invocamos que en la sentencia ya referida adolece de vicio, pues se infringe el artículo 202 del Código Procesal Penal, que establece: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. En el caso que nos ocupa, el Juzgador al momento de dictar sentencia absolutoria en fecha 28 de Febrero del 2011, respecto al imputado J. N. Z. A., lo hizo incurriendo en violación a las reglas de la Sana Crítica; vulnerando específicamente el postulado de Derivación, específicamente la razón suficiente, en la manera que a continuación desarrollamos: Asimismo en relación a la valoración de la prueba de cargo ofrecida en relación a la acción ilícita en perjuicio de la menor N. M. M., el Juzgador expone: “… de la prueba pericial de evaluación y de las declaraciones referidas tanto por la ofendida como por su hermana y su padre quienes manifiestan hechos que no les consta por no haberlos percibido a través de sus sentidos y que sin referencia de lo contado por N. M., estas declaraciones resultan difíciles de acreditarse mediante otros medios probatorios en lo que a su contenido se refiere... y esta causa comienza, precisamente con la noticia críminis originada por la denuncia interpuesta por su padre, por lo que este Tribunal concluye que debe restar credibilidad a su declaración, por no resultar objetiva ni poder ser acreditativa mediante otros medios probatorios, siguiendo igual contexto las declaraciones de referencia que su hermana y su padre vertieran de los hechos que ella misma refirió.”. De lo anterior cabe citar entonces, en primer término que una de las razones por las cuales el Tribunal de Sentencia, absuelve al encartado J. N. Z. A., es porque declaró la nulidad de los medios de prueba que acreditaron la participación del mismo en el delito de Pornografía Infantil y no le da credibilidad a la declaración de la menor N. M. M. restándole valor probatorio a la evaluación realizada por el Doctor C. E. V. G. a la menor y a las declaraciones vertidas por el señor E. M. V. y la j. E. M. M. M.; padre y hermana de N. respectivamente. En tal sentido la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia a través de sentencia número 191-2006 de fecha 14 de mayo de 2007 ha vertido lo siguiente: “El A Quo no ha valorado la prueba pericial en forma aislada, sino que la ha ponderado conjunta y armoniosamente con la totalidad de la prueba incorporada al juicio, de la que ha derivado su convicción judicial. En delitos en perjuicio de la libertad sexual, la declaración de la víctima revierte importancia por la naturaleza de la forma en que se cometen estos ilícitos; sin embargo la prueba que gira alrededor de dicho testimonio fundamenta la convicción del Juzgador; al respecto Caferatta Nores en la obra “La además, luego de la valoración individual de cada testimonio, cotejarlo con el resto de las pruebas reunidas, a fin de lograr una correcta evaluación de su eficacia probatoria[1] Ante la premisa del Juzgador, no podemos obviar que se aleja de las normas de recto entendimiento humano en la valoración fáctica, si éste únicamente se enfoca en “el desconocimiento de los medios probatorios”; sin embargo; al Juzgador nuestra Norma Penal Adjetiva le manda que debe ir más allá, debiendo revisar y valorar la probanza allegada al juicio en su conjunto y de manera armónica, lo cual en el caso de mérito no sucede. En este punto se aprecia de importancia enfatizar que adentrándonos en el contenido de la declaración de la víctima N. M. M. M., quien al momento de ocurrencia de los hechos tenía la edad de once, como se estableció a través de certificación de acta de nacimiento y quien a interrogatorio del Ministerio Público manifestó lo siguiente: Que conoció al imputado cuando vivía con su prima que se llama N. P. y en relación a los hechos indica que cuando vivía con su papá en la Colonia Villa Franca, su hermana le mandó a comprar en la Pulpería de la escuela y cuando venía de comprar su prima le habló y le dijo que si se iba a tomar unas fotos y que le iban a regalar un celular, que ella no quiso ir pero su prima la agarró a la fuerza y la subió a un carro; que N. andaba con J. N., que el vehículo que andaban ellos era un blanco turismo; que no vio donde la llevaron porque le llevaban los ojos tapados, que fue N. quien le tapó los ojos; que una vez que llegan al lugar N. le empezó a quitar la ropa y le tomó unas fotos desnuda, no recuerda donde tomó el acusado esas fotos; que la esposa de él salió para afuera refiriéndose a N.; que N. se quitó la ropa y la empezó a tocar, le tocó todo el cuerpo y abusó de ella, que él se subió encima de ella; que N. y N. le tomaron fotos con una cámara, que recuerda que N. estuvo encima de ella por espacio de diez minutos; que el imputado le abrió las piernas, estaba sin ropa y se movía encima de ella, que ella sintió dolor en su vulva, que las partes íntimas de una mujer y un hombre se llaman vulva y pene; que N. se movía encima de ella después de haberla penetrado; que N. le dieron que si le contaba a su mamá y a su papá la iban a matar, que solo se acuerda del color del arma; que N. le mandaba a decir con su hermana que le quitara la denuncia a N., procediendo a amenazarle; a interrogatorio de la Defensa respondió: que salió de su casa a la Pulpería como a las diez, que hay una distancia de cuatro casas de la suya a la pulpería, que conoce al acusado porque ella vive al frente de la casa de N.; que N. tiene como quince años de vivir con N., que en el momento que N. la agarró ella vivía al frente de su casa, que el vehículo era conducido por N. , que ella no se quería subir al automóvil pero el acusado le dijo que si no se subía la iba a matar, que N. la subió a la fuerza, le tapó los ojos y la subieron al carro en el asiento de atrás; que la amenazaron cuando la iban a subir al carro y después de que le tomaron las fotos le dijeron que si le decía a su mamá o a su papá la iban a matar; que al lugar donde la llevaron el imputado le dijo a N. que se saliera para afuera y luego abusó de ella; que N. le dijo después que el acusado le había mandado hablar para tomarle otras fotos y le iban a dar pisto y ropa; que su hermana le dijo a su padre sobre lo ocurrido y él interpuso la denuncia, que el Doctor que le realiza la evaluación le revisó la vulva, que el Médico evaluador habló con su papá, describe a N. poco más alta que ella, blanca y como chinos los ojos; señala que N. Z. solo abusó de ella la vez que le llevaron a tomarle las fotos a pregunta de miembro del Tribunal responde: que ella regresó ese día de los hechos a su casa porque a N. la llamó la hermana que se fuera rápido porque el niño que tenía con el acusado estaba llorando, entonces N. la fue a dejar por la escuela donde vive ella, después se fue para su casa y le contó a su hermana lo ocurrido porque su papá no estaba; que fue N. quien le amenazó con pistola. La testigo E. M. M. M., hermana de la menor manifestó que es enemiga del acusado en virtud de lo que le hizo a su hermana; que su hermana no aparecía, y como a las horas apareció y notó su comportamiento bien raro, que ella le preguntó que le pasaba y le comentó lo ocurrido y luego ella le dijo a su padre; que N. la había agarrado a la fuerza y la había subido al carro, después dice que la llevaron a una casa donde había dos cuartos y un garaje, que le habían tomado unas fotos desnuda y que le quitaron la ropa y que después N. la dejó sola con N. en el cuarto y que él abusó de ella y le tomó las fotografías y le dijo que si ella hablaba la iba a matar a ella, a su mamá o a su papá; que N. les dijo que si declaraban en contra de ellos iban a derramar sangre; a interrogatorio del Ministerio Público respondió: que el día de los hechos ella mandó a su hermana a la pulpería a comprar un limón, que en la casa se encontraban la menor N., ella y dos hermanos menores, que su papá andaba trabajando; que cuando N. llega a su casa iba desarreglada y despeinada, que N. con N. son primas y el señor N. con N. son pareja; que a N. le quitaron la ropa y luego le tomaron fotografías desnuda en varias posiciones, que cuando le preguntó que posiciones eran esas se puso a llorar; que después que le toman esas fotografías N. se salió del cuarto y los dejó solos y fue cuando ella dice que abusó de ella; que tiene conocimiento que N. amenazó otra vez a N. de que si decía lo que le había pasado los iba a matar; que N. vive en frente de la casa; que como a los quince o veinte días ella le cuenta a su papá lo ocurrido con N.; que les ha afectado dicha situación y antes N. estudiaba y ahora no lo hacía; a preguntas de la Defensa respondió: que las fotos que le tomaron a N. fue con una cámara; que cuando N. llegó el día de los hechos la observó nerviosa, se venía tapando la ropa; que cuando le preguntó que le pasaba se puso a llorar. El testigo E. M. V.; padre de la ofendida, declaró que al regresar de su viaje miró que habían cambiado de actitud sus hijas, que les preguntaba qué había sucedido y no le decían nada, como a los veintiún días le relataron lo que había ocurrido que el señor N. había amenazado a N. que no le dijera nada a él porque la iba a matar; que el día martes 27 de noviembre del año 2007 la niña salió a la pulpería a hacer un mandado entre nueve o diez de la mañana; al regresar N. pasó en un vehículo de él tipo turismo blanco, vidrios oscuros, con la presencia de N. P. y la llamaron hasta el vehículo de él, la niña se acercó y le dijo ella que si se tomaba unas fotografías, que le iba a regalar un celular, la menor le dijo que no pero N. la agarró y la metió al carro a la fuerza, le tapó los ojos y la inclinó a sus piernas y se la llevaron a un lugar desconocido, al llegar al lugar N. amenazó a la menor con una pistola, la desnudó y le tomó fotografías pornográficas, después salió N. de la habitación y el acusado abusó sexualmente de ella; al terminar eso regresaron a la niña al lugar donde la habían recogido; que la menor recibió una llamada de N., manifestando que no se presentara él (dicente) a declarar, porque de todos modos él (enjuiciado) iba a salir siempre y que iban a tener problemas cuando saliera; a preguntas del Fiscal respondió: que salió de viaje el 26 de noviembre del 2007, que durante él estuvo de viaje quedaron en su casa, su mamá que trabaja por las mañanas y llega por las tardes, que sus hijas se llaman N. M. M. y E. M. M., que ellas quedaron en la casa; que N. con su hija son primas, que no sabe hacia dónde se llevaron a su hija; que a cambio de las fotografías a su hija le ofrecieron un celular; que al decir abusó sexualmente de ella, se refiere a que tuvo relaciones sexuales a la fuerza o sea que hubo penetración, porque su hija le comentó; que al darse cuenta de los hechos él se indignó; a interrogatorio de la Defensa respondió: que tuvo conocimiento de los hechos porque sus hijas se lo dijeron; que después que se da cuenta de los hechos él piensa en denunciar al imputado, que no se acuerda de la fecha en que presentó la denuncia, que fue como dos o tres días después, que fueron al “Core” a hacer unos trámites y luego a Medicina Forense para que evaluaran a la menor, que el Médico le dijo que su hija había sido abusada; que N. le manifestó que le habían tomado fotografías en varias formas, que esas fotografías se las tomaron a la menor con una cámara, que tiene conocimiento que fue N. quien le tomó esas fotografías. Se presentó Dictamen Forense de evaluación física a la menor N. M. M., que fue realizada por el Doctor C. E. V. G., en fecha 19 de diciembre del año dos mil siete, en el cual establece Vulva sin lesiones, ni cicatrices, himen de orificio único (anular) íntegro, sin rupturas, ni escotaduras congénitas, que permite el paso de dos dedos al examinador, que podrían permitir el paso de un pene erecto adulto. El Tribunal de Sentencia respecto a dicha evaluación señala: “Este dictamen resulta ser contradictorio en relación a sus hallazgos debido a que el médico forense manifiesta que lo que ve a través de sus sentidos es un himen perfecto, sin ruptura alguna, de forma íntegra, pero por otra parte sin hacer un comportamiento con un microscopio, para observar más de cerca el himen o la distinción del mismo, previo a tomar la decisión de hacer una exploración palpar a través de sus dedos, manifiesta que efectivamente introduce no uno sino dos de sus dedos, sin constatar la supuesta elasticidad o distinción himeneal, antes de poder haber producido un daño irreparable, manifestando con esta acción que realizó que así constata que es un himen complaciente y que podría permitir la entrada de un pene erecto, una conjetura subjetiva porque debe referirse al caso concreto que nos ocupa; además de parecer manifiestamente parcial la conclusión con el ánimo de que las mismas coincidan con la historia narrada por la evaluada, sí que a través de métodos científicos, utilizados en medicina forense pueda establecer de forma indubitable no una probabilidad, sino una certeza de que sus conclusiones son contestes, veraces y objetivamente confiable, por lo tanto irrefutables, por lo que al carecer de estos elementos la pericia efectuada debe ser desestimada la misma por este tribunal y considerar que el himen de la evaluada se encuentra intacto y que una cúpula no pudo por lo tanto ser posible.” Respecto a la valoración hecha por el Juzgador en cuanto a la pericia presentada de la evaluación física de la menor, es importante mencionar lo referido por el José Cafferata Nores en la obra “La Prueba en el Proceso Penal” refiere: “El Juez no podrá descalificar el dictamen desde el punto de vista científico, técnico o artístico, ni modificar el alcance de sus conclusiones[2]. La apreciación pericial de la entrada de dos dedos del examinador que pueden permitir el paso de un pene erecto adulto, responde a una normativa internacional que los peritos oficiales del Ministerio Público manejan y es de conocimiento en la mayoría de los Tribunales del país; cuando se observa la elasticidad de himen señalan los peritos, se puede determinar si ha habido penetración con la entrada de dos dedos, al no haber penetración se permite la entrada de uno, pero no dos de los dedos del examinador, que equivalen al diámetro de cinco centímetros. Como se puede observar de lo anterior, de las declaraciones de los testigos de cargo, a las que no les da credibilidad el Juzgador porque a su criterio no son objetivas y confiables, es menester señalar que en un abuso sexual el único testigo de los hechos es la propia víctima en relación a la naturaleza de las condiciones en que se comete la acción ilícita y muchas veces esa versión es apoyada por prueba circunstancial como ocurrió en el caso de mérito; la menor N. M. M. fue contundente y espontánea al manifestar que el día 27 de noviembre del año 2007 salió de su casa con dirección a una pulpería que distaba cuatro casas en virtud de que su hermana le había mandado a comprar un limón y cuando regresaba, se encontró con N. quien se hacía acompañar del acusado J. N. Z. A., quienes le llamaron al vehículo y le dijeron que se tomara unas fotografías y a cambio le iban a dar un celular, pero ella les dijo que no, por lo que N. la agarró por la fuerza y la subió al vehículo, llevándola a un lugar desconocido, en el que le despojaron de su ropa y con una cámara el acusado le tomó varias fotografías, luego N. salió de la habitación y N. abusó sexualmente de ella, describiendo claramente como lo hizo, se subió encima de ella por espacio de diez minutos y la penetró en su vulva; luego la fueron a dejar al lugar de donde la habían recogido, es decir cerca de su casa, cuando llegó a la misma su hermana E. M. M. manifestó que la observó nerviosa, desarreglada, despeinada y se venía tapando la ropa, por lo que ella le preguntó que le pasaba y se puso a llorar, comentándole lo ocurrido; la declaración de E. fortalece el dicho de la menor afectada, ya que es la primera persona con la que tiene contacto después de los hechos y describe haberla visto en condiciones congruentes relativas al abuso sufrido por la menor, posteriormente la declaración del señor E. M. V. complementa el dicho de la víctima, cuando manifiesta que el día de los hechos él andaba de viaje, pero al regresar observó raras a sus hijas y le manifestaron lo ocurrido, por lo que él se indignó e interpuso la denuncia, donde la menor fue evaluada por el Perito Forense, quien si bien es cierto señaló en su dictamen que el himen de N. se encuentra íntegro, manifiesta que permite el paso de dos dedos del evaluador, que podría permitir la entrada de un pene erecto adulto; por lo que nos encontramos ante la presencia de elasticidad en el himen de la ofendida, lo cual fortalece la declaración de la menor; por lo que los dichos de la ofendida, de su hermana y de su padre han sido congruentes en establecer que N. M. M. fue víctima de abuso sexual por parte de J. N. Z. A.. Asimismo que el acusado tomó fotografías a N. de sus partes íntimas, utilizando para ello una cámara fotográfica, tomando en consideración que cuando se lleva a la menor en compañía de N., le hizo el ofrecimiento de las fotografías a cambio de un celular; es preciso indicar que cerca de la fecha en que ocurren los hechos en perjuicio de N., precisamente el día 2 de diciembre del 2007, el imputado trajo de la ciudad de El Progreso Yoro a la menor K. S. C. E., quien fue encontrada en casa del imputado el día que fue practicada diligencia de allanamiento con ocasión de la denuncia interpuesta por el señor E. M., padre de N.; es menester hacer referencia a lo dicho por la menor K. Estrada, en virtud de que existe en el imputado una conducta similar a lo ocurrido con N.., manifestando K. en su declaración rendida en debate; que salió en compañía del acusado a comprar unos pollos para comer, que iban en compañía de una amiga; que cuando llegaron la amiga se bajó y ella se iba a bajar pero N. le dijo que no lo hiciera, que iban a dar una vuelta y en el camino él le iba haciendo preguntas; que ella le preguntó por dónde venían y él le contestó: “no mamita ya aquí la llevó para mi casa”, que iban por el lugar denominado la Barca, que llegaron a San Pedro y él buscó un hotel y ahí tuvieron relaciones sexuales, al día siguiente la trajo para Tegucigalpa, le presentó a sus hijas y a su niño, pasó el tiempo pero él no le decía nada y siguieron teniendo relaciones sexuales, pero ya con el consentimiento de ella y el 21 de diciembre del 2007, llegó la Fiscalía a la casa del acusado y le preguntaron por él, pero N. había salido arreglar el carro porque ese día saldrían para Colón a visitar a su mamá; le dijo todo a la Fiscalía y se encontraron unas fotografías de ella que el imputado le tomó con el celular de sus partes íntimas y de la última vez que tuvieron relaciones sexuales fue el día 21 de diciembre de 2012 a preguntas del Ministerio Público respondió: que tenía trece años, que no recuerda en qué lugar de la casa tomaba esas fotografías el señor N., que conoció al acusado porque un amigo de él que es amigo a su vez de la muchacha con la que fueron a comprar los pollos el día que se la trajo de Progreso, Yoro; se la presentó. Como podemos observar tanto N. como K. manifestaron que el acusado les tomó fotografías de sus genitales y en el caso de K. hasta de la última vez que tuvieron relaciones sexuales; si bien es cierto no se precisa en el material encontrado por la Fiscalía de la Niñez en fecha 21 de diciembre del año 2007, en el allanamiento realizado en la vivienda del acusado las fotografías que indican las menores, pero si se encontró material que vincula al señor J. N. Z. A. con la comisión del delito de Pornografía Infantil, describiendo a continuación: Un acta de Inspección con número 3057/2007 realizada en el interior de la vivienda del acusado y en la que se describe que fueron encontrados un estuche plástico color transparente, conteniendo en su interior cuarenta y siete CDS de diferentes marcas y colores; una cámara filmadora marca Pentax, modelo PV-C66A con serie número 80205023 de color negro, una computadora portátil marca Panasonic color gris y negro, modelo CF-28 con serie t0824za en cuya parte superior se lee Toughbook 19 casetes de diferentes marcas y colores; una tarjeta bancaria plástica a favor del acusado; cinco álbumes fotográficos grandes y cinco álbumes pequeños, conteniendo en su interior fotografías sueltas; cuatro negativos fotográficos; una mochila color azul contendiendo en su interior una cámara fotográfica marca Kodak contendido en su interior un rollo fotográfico; dicha acta fue ratificada por M. F. V.. Acta de diligencias que fue ratificada por el Perito J. O. F. C., en la cual establece el contenido de 96 fotografías en un álbum, mencionando genitales infantiles, describiendo que es un álbum fotográfico normal y que entre las 96 fotografías, se encontraron seis que son recortes, pero son tomas de fotografías y a simple vista se mira que son genitales de niños, los órganos de un niño; se le puso a la vista al Perito por el Fiscal el álbum señalado, mismo que fue reconocido por el señor F. C.. El Perito N. A. M. O. ratificó el contenido de su informe de vaciado de la computadora que fue decomisada en el allanamiento realizado en la vivienda del señor J. N. Z., describiendo el Perito el Perito que encontró fotografías de féminas vistiendo ropas colegiales, realizando poses que mostraban parte de su ropa interior. Como se indicó antes las declaraciones de las menores K. S. C. y N. M. M. fueron congruentes y coincidentes al manifestar el tratamiento que recibieron del acusado, señalando ambas que éste les tomó fotografías en poses íntimas, de sus genitales; siendo vinculante el material encontrado en la vivienda del imputado, ya que en el álbum fotográfico que ratificó el Perito J. F. menciona haber encontrado seis fotografías donde se reflejan órganos íntimos de niños; asimismo el Perito N. M. O. refirió que en el vaciado de computadora que fue encontrada en la vivienda del acusado se encontró fotografías de colegialas, mostrando su ropa interior; indiferente a que en ese material no se haya encontrado escenas de las fotografías que mencionan K. y N. les fueron tomadas por el acusado, no indica que N. Z. no haya producido material pornográfico, por lo que se considera establecer su participación en dicho ilícito al penetrar una deleznable acción que encaja a plenitud en los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Pornografía y en el delito de Violación Especial en perjuicio de N. M. M.. Por todo lo anterior, concluimos que el A quo, en la sentencia vulnera la regla lógica de la Derivación en su apartado de Suficiencia que exige que el proceso intelectivo de valoración de las probanzas se fundamente en una serie de inferencias que se desprendan del contenido de dichas probanzas y cuyo cúmulo indefectiblemente desembocan en una conclusión de absolver o condenar al enjuiciado; pues de la prueba evacuada se desprende que el acusado llevó a N. M. M. a un lugar desconocido y le tomó fotografías después de quitarle la ropa y luego abusó sexualmente de ella; asimismo se le encontró material reproducido por él, tal como lo indicaron las menores K. y N., conteniendo fotografías de menores mostrando sus genitales y de colegialas mostrando su ropa interior; siendo evidente que del andamiaje probatorio se acreditó sin lugar a dudas, que J. N. Z. A., ha tenido participación en los delitos de Pornografía Infantil y Violación Especial, de acuerdo a lo establecido en los artículos 149D y 140 numeral 1 del Código Penal. En consecuencia el Ministerio Público, como recurrente es del firme criterio, que se violentó en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica que le debe merecer al juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, tal y como lo expresa el artículo 202 del Código Procesal Penal, dejando de lado la valoración de prueba de una manera armónica y concatenada; no habiéndose reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto de la sentencia.”. III.- La recurrente Abogada B. A. G. M., formalizó su Recurso de Casación por Infracción de Ley y Preceptos Constitucional de la siguiente manera: “MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY O DE DOCTRINA LEGAL: El Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, Sala Primera, integrada por las honorables jueces, K. L. R. D., L. M. H. L. y L. M. N. C., con voto Particular disidente, de la Abogada L. M. H. L., en la Sentencia Condenatoria Dictada contra el Encartado J. N. Z. A., cometió Infracción de ley en la Sentencia Definitiva, al NO OBSERVAR LO ESTABLECIDO EN LA LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL, ESPECÍFICAMENTE EL PRINCIPIO DEL DERECHO A LA DEFENSA.- Vicio que lo hizo violentar a éste Tribunal de Sentencia los Lineamientos de la Ley Vigente.- PRECEPTO AUTORIZANTE: En el Artículo 360, PÁRRAFO PRIMERO 1º , de nuestro Código Procesal Penal, se Instituye el Vicio en la Sentencia Definitiva, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la LEY PENAL… Los Preceptos Penales Adjetivos que se invocan como infringidos por falta de aplicación, rezan: ARTÍCULO 94: “ ILEGALIDAD DE LAS PRUEBAS, Cuando los fiscales tengan en su poder pruebas y sepan que fueron obtenidas por métodos ilícitos, especialmente… y otros abusos de los Derechos Humanos se abstendrán de utilizarlas… y adoptarán todas las medidas necesarias para asegurar que los responsables comparezcan ante la justicia”.- ARTÍCULO 101 PÁRRAFO 2°, NUMERALES 6 y 10: “A toda persona imputada se le garantiza su defensa, tendrá derecho en consecuencia a;” 1…,2…, 3… 4…., 5…, 6) A que no se empleen en su contra , medios que de cualquier modo lastimen su dignidad personal”, 7…,8…,9…, 10) A estar presente con su defensor, en todos los actos que impliquen elementos de prueba… y 11….- OBSERVACIÓN: Los Artículos anteriormente señalados se encuentran enunciados en nuestro Código Procesal Penal.- Nuestro Código Penal Vigente expresa: ARTÍCULO 338: “Requisitos de la Sentencia: Las Sentencias se Redactaran por escrito con sujeción a las Reglas siguientes: Primera: …. Segunda…. Tercera…. Cuarta: Se consignara la fundamentación del Fallo de la manera siguiente: 1…, 2 Valoración de la Prueba.- SEGUIDAMENTE, SE EXPRESARAN LAS PRUEBAS TENIDAS EN CUENTA PARA DECLARAR PROBADOS ESOS HECHOS, JUSTIFICANDO, SEGÚN LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA, EL VALOR QUE SE LES HAYA DADO A LAS PRACTICADAS EN JUICIO y en su caso, el Razonamiento utilizado para obtener Conclusiones por Presunción a partir de los Indicios, igualmente Declarados Probados”.- EXPLICACIÓN DEL PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY: Para los efectos de este motivo se citan como infringidos los Artículos 94 y 101 numerales 6 y 10 del Código Procesal Penal, en las partes que dicen: “ILEGALIDAD DE LAS PRUEBAS, cuando los Fiscales tengan en su poder pruebas y sepan que fueron obtenidas por métodos ilícitos… se abstendrán de utilizarlas…, asimismo cuando refiere al derecho de Defensa que tiene toda persona imputada, específicamente A QUE NO SE EMPLEEN EN SU CONTRA MEDIOS DE QUE CUALQUIER MODO LASTIMEN SU DIGNIDAD PERSONAL, así como A ESTAR PRESENTE, CON SU DEFENSOR, EN TODOS LOS ACTOS QUE IMPLIQUEN ELEMENTOS DE PRUEBA…”, Las señores Jueces integrantes de la sala Primera del Honorable Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, con voto, particular disidente de la Abogada L. M. H. L.,, condenó a mi defendido J. N. Z. A., por cometer el delito de VIOLACIÓN ESPECIAL, en perjuicio de K. S. C. E., a la Pena de Quince (15) años de reclusión, Sentencia que no se encuentra ajustada a Derecho en vista que, SE ADMITIÓ y evacuo PRUEBA ILÍCITA, prueba que se le valoro como fundamental para decretar la sentencia condenatoria, refiero específicamente a la prueba pericial a cerca de la Extracción de muestras biológicas hecha al acusado, en relación a dicho medio de Prueba, manifiesto que la Extracción de muestras biológica, fue hecha de manera ilegal, degradante y por ende en total abuso a los derechos humanos, dado a que se afecta el derecho a su integridad física , a su intimidad y a su Derecho de Defensa, según nuestra legislación para poder realizar dicha diligencia se requiere de Autorización Judicial o si es hecha por la fiscalía se requiere de su convalidación, en el caso de mérito si se autorizó por el tribunal pero, ojo puesto que aparece AUTORIZACIÓN PARA EXTRAER MUESTRAS DE SEMEN, pero la extracción hecha al imputado fue muestra de SANGRE, QUE PARA TAL EFECTO CARECÍA DE AUTORIZACIÓN, SIN EMBARGO SE LE EXTRAJO DICHA MUESTRA, creyendo entonces que al realizarse la extracción de muestra de sangre para comparación genética no autorizada, el procedimiento viene a ser ilegal, violatorio de sus garantías constitucionales, ya señaladas, constituyéndose entonces en lo que en derecho se denomina PRUEBA ILÍCITA careciendo por ende de todo valor probatorio.-EN CONCLUSIÓN EL HONORABLE TRIBUNAL NO DEBIÓ DARLE VALOR ALGUNO A ESTE MEDIO DE PRUEBA, continuo relacionando que entre otras situaciones, es el hecho que al realizarse la extracción de muestra de Sangre, se emplearon en su contra medios que de cualquier modo lastimaron su dignidad personal, se entiende tal extremo en el hecho que no es fácil estar en esa situación en la que lo hace sentirse humillado, sin quedarle alternativa alguna para poder mostrar oposición o más bien haciendo sentirse impotente ante semejantes vejámenes, otra de las cosas por las cuales aseguro se le han violentado sus derechos fundamentales viene a ser el hecho que al momento de la Extracción de muestras de sangre, el imputado no estaba siendo acompañado por su Abogado defensor, dado a que este es un acto que implica la producción de elementos de prueba, en tal sentido y a falta de pasar inadvertidos tal extremo considero de que en efecto, la Fiscalía del Ministerio Publico nunca debió de valerse de este medio de prueba, FALTANDO ENTONCES A LO QUE REFIERE EL PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD, principio que debe de imperar en las actuaciones competentes e inherentes a estos servidores públicos, asimismo el Honorable Tribunal jamás debió de aceptar tal medio de Prueba , ni mucho menos a considerarlo como medio de prueba toral, para llegar a concluir que en efecto mi cliente fue partícipe de la comisión del delito por el cual se le condenó.- RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE RECEPTOS CONSTITUCIONALES El Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C, Departamento de Francisco Morazán, Sala Primera, en la Sentencia Condenatoria dictada contra el acusado J. N. Z. A., Cometió INFRACCIÓN DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES, de los Artículos 82 y 90 como Garantía Constitucionales que son; EL DERECHO A LA DEFENSA y EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, que todo encausado tiene derecho, así como INFRACCIÓN A LOS TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES, relativos a dichas garantías. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal, en donde se instituye el vicio en la Sentencia Definitiva en el caso; “RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL.- en todos los casos en que con arreglo a este código pueda interponerse Recurso de Casación contra una Resolución Judicial, será suficiente para fundamentarlo, la infracción de precepto constitucional”. PRECEPTOS CONSTITUCIONALES INFRINGIDOS; “Articulo 82; EL DERECHO DE DEFENSA ES INVIOLABLE.- Los habitantes de la República,…………..,………..”.- “Articulo 90; NADIE PUEDE SER JUZGADO SINO POR JUEZ O TRIBUNAL COMPETENTE CON LAS FORMALIDADES, DERECHOS Y GARANTÍAS QUE LA LEY ESTABLECE.- Se reconoce, ……………….. , …………….”.- EXPLICACIÓN DEL MOTIVO POR CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES.- Se recurre ante la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, bajo este motivo de Casación se alude a la infracción del precepto Constitucional del derecho a la Defensa y al debido proceso, de la Sentencia Definitiva ahora Recurrida en Casación, cuando el tribunal de Sentencia al dictar la Sentencia Definitiva ahora en casación no hace una correcta valoración de la prueba vertida en la Audiencia de Juicio Oral y Público, al ADMITIR Y VALORAR PRUEBA ILÍCITA, sobrevalorar la prueba de cargo, dándole el valor a Medios de Prueba que carecían de él, sin justificar motivadamente dicha sobrevaloración como lo manda la Ley; sin justificar motivadamente tal desvalorización como lo manda también la Ley; Cuando Infringe Preceptos Legales de manera antojadiza, sin lógica, sin razón, utilizando solamente criterios personales y no jurídicos.- La Sentencia Condenatoria de fecha Treinta de Enero del año Dos Mil Once, hoy objeto de Casación, POR LA ABIERTA VIOLACIÓN A LAS FORMALIDADES, DERECHOS Y GARANTÍAS, EN DONDE LA CARTA MAGNA LE OTORGA A TODO CIUDADANO, COMO LO ES EL DEBIDO PROCESO (ARTICULO 90 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DE HONDURAS) POR EL NO CUMPLIMIENTO DE EL DERECHO A LA DEFENSA QUE TODO IMPUTADO TIENE (ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS) POR HABER DICTADO EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C, DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, UNA SENTENCIA CONDENATORIA CONTRARIA A LO QUE PRESCRIBE EL ARTICULO 360, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 94 Y 101, DEL MISMO CÓDIGO PROCESAL PENAL, ASÍ COMO, EN ABIERTA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 90 DE NUESTRA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, AL NO CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y REQUISITOS QUE NUESTRA CONSTITUCIÓN ORDENA CON RESPECTO AL DEBIDO PROCESO AL QUE TIENE DERECHO TODO IMPUTADO.- Señores de la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, la SENTENCIA CONDENATORIA emitida por el Honorable Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C, Departamento de Francisco Morazán a través de la sala Primera, RESTRINGE, LIMITA Y TERGIVERSA, EL DERECHO DE DEFENSA CONTENIDO EN EL ARTICULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA, por cuanto a mi Representado en el Tribunal de Sentencia, se le ha limitado y despojado del Derecho que tiene para demostrar sus argumentos en defensa de sus Derechos que las Leyes le Otorgan, en cuanto se refiere a la NO VALORACIÓN O DESVALORIZACIÓN DE LA PRUEBA DE DESCARGO PRESENTADA EN EL JUICIO ORAL Y PUBLICO y a la forma en que se ha desarrollo, todo el Proceso penal de mérito.- Sus Señorías, todas las Actuaciones, del Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C, del Departamento de Francisco Morazán, en la sala Primera, la Sentencia condenatoria de mérito, RESTRINGE, LIMITA Y TERGIVERSA, EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, CUANDO VIOLENTA NORMAS PROCEDIMENTALES SEÑALADAS EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL, VIOLANDO ENTONCES, EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y FORMALIDADES LEGALES QUE EN TODO JUICIO, DEBEN INSOSLAYABLEMENTE CUMPLIRSE AL PIE DE LOS SEÑALADO EN LA NORMA GENERAL (CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DE HONDURAS) COMO EN LA LEY ESPECIFICA (CÓDIGO PROCESAL PENAL y CÓDIGO PENAL).- Señores de la sala de lo Penal de ésta Honorable Corte Suprema de Justicia; ACTUALMENTE INTERPONGO RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES, CUYO RECURSO AHORA ESTOY PRESENTANDO, PARA QUE DESPUÉS DE PERMITÍRSEME FORMALIZARLO, ANTE ESTE HONORABLE TRIBUNAL DE JUSTICIA, SE DICTEN LAS RESOLUCIONES APEGADAS A DERECHO QUE CORRESPONDAN, REVOCANDO LA SENTENCIA CONDENATORIA, EMITIDA POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, SALA PRIMERA, RESTITUYÉNDOLE A MI REPRESENTADO, LOS DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, AHORA VIOLENTADAS, PROCEDIENDO A LA ADMISIÓN DEL PRESENTE RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN A PRECEPTOS CONSTITUCIONALES, PROCEDIENDO A DECRETAR LA ABSOLUCIÓN DE TODA RESPONSABILIDAD PENAL POR EL DELITO POR EL CUAL SE LE ACUSO EN SU OPORTUNIDAD POR LA FISCALÍA, A MI DEFENDIDO, PROCEDIENDO A ORDENAR A QUIEN CORRESPONDA, EMITA LA CARTA DE LIBERTAD DEFINITIVA A FAVOR DEL ENCARTADO.”.- RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DE DOS MIL ONCE (2011), DICTADA POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. V.— El Artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la Ley Procesal y ello obedece a la intención del Legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el Artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[3]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores[4] (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. V.— Son dos los recursos de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuestos en contra de la Sentencia venida a conocimiento de esta Sala de lo Penal: 1).- El Ministerio Público arguye violación de los Artículos 82, 90 y 99 de la Constitución de la República, que recoge el Derecho a la Defensa, el Principio del Debido Proceso y el Principio de la Inviolabilidad al Domicilio; 2).- La Abogada B. A. G. M., Apoderada Defensora Privada del acusado J. N. Z. A., expone que ha existido violación al Derecho de Defensa y al Debido Proceso. Recurso De Casación Por Infracción De Precepto Constitucional Interpuesto Por El Ministerio Público.- Precepto Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal.- Denuncia Indebida Aplicación del Artículo 99 y Violación del Artículo 82 Y 90 de la Constitución de la República. VI.— El Ministerio Público sustenta el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en dos motivos diferentes: El Primero alega una mala interpretación de la mayoría de los Juzgadores del Artículo 99 de la Constitución de la República que contiene el Principio de Inviolabilidad del Domicilio, debido a que se declaró ilícito el ingreso a la vivienda del acusado; En su Segundo motivo denuncia violación del Artículo 82 y del Artículo 90 de la Constitución de la República, que contiene el Derecho a la Defensa y la garantía al Debido Proceso, como consecuencia que se excluyó toda la prueba obtenida del allanamiento al domicilio del acusado, por considerarla ilícita. Como se aprecia, si bien son dos motivos diferentes, ambos se relacionan en un mismo hecho, el cuestionamiento a los Juzgadores por la declaratoria de ilicitud del allanamiento efectuado a la casa del acusado J. N. Z. A., en la Colonia Alemania, Sector dos de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por ello es que corresponde resolver ambos motivos en un solo pronunciamiento. VII.— El constituyente hondureño determino la necesidad de declarar en el Artículo 99 superior la Inviolabilidad del Domicilio, como instrumento para la salvaguarda el Derecho a la Intimidad, en éste especifico ámbito. El Domicilio es el espacio físico delimitado estructuralmente, bajo el dominio, uso o goce de una o más personas determinadas, destinado para realizar en él, de manera permanente o temporal, un conjunto de actos privados, generalmente emancipados de las normas sociales imperantes en el exterior. El domicilio comprende no solo el lugar o edificación de la residencia, sino cualquier extensión que la componga, como patios interiores, bodegas, sótanos, etc. que se interconecten entre si y en donde se evidencia que forman parte de un todo, conforme lo conceptualista el Artículo 220 del Código Penal.- Son elementos del Domicilio: 1. Elementos Objetivos: a) Espacio físico, debidamente delimitado y separado del exterior por una estructura de cualquier tipo; b) Que se impida desde el exterior acceso visual de todos los espacios internos de la estructura; y c) Que sea apto para el desarrollo de la vida privada; y 2. Elementos Subjetivos: a) Que el espacio físico esté siendo usado –permanente o temporalmente- para el desarrollo de la esfera privada de la vida; y b) Aprovechar las condiciones físicas estructurales para excluir la participación de terceros en las actividades de la vida personas, segregando los mismos ha dicho espacio. En conclusión el domicilio, con independencia de la relación jurídica entre el lugar y sus moradores, puede consistir en una estructura natural o artificial, mueble o inmueble, siempre que sea un ambiente cerrado al cual solo tenga acceso aquellas personas que moran en él, usándolo para resguardar sus actos y posesiones intimas.- Ahora bien como consecuencia de la inviolabilidad del Domicilio, ningún ingreso o registro podrá verificarse sin el consentimiento de cualquiera de las personas que lo habitan o sin que sea por cumplimiento de orden emanada de autoridad competente, es decir que como regla general el ingreso a un domicilio debe ser mediando consentimiento de sus moradores y como excepción en virtud de cumplimiento de una orden emitida por autoridad competente o cuando exista una causa de gravedad calificada, de allí la diferencia entre un ingreso y/o registro autorizado, un allanamiento como acto investigativo y un allanamiento ante un Estado de Necesidad o delito flagrante: 1).- Ingreso y/o registro Autorizado es el permiso otorgado por cualquier persona mayor de edad que more en el domicilio para que un tercero ajeno a éste ingrese y, en algunas ocasiones, pueda hacer un registro como acto de investigación, pudiendo efectuarse a cualquier hora, en cualquier día y que tendrá validez para efectos procesales siempre que se sigan las siguientes reglas: a. Que la persona a ingresar se identifique de manera previa como autoridad en el ejercicio de su cargo, explicándole las consecuencias en caso de encontrar dentro del interior de la vivienda indicios relacionados con un delito; b. Que una persona mayor de edad que more el domicilio se manifieste de acuerdo con el ingreso, documentando su consentimiento en acta u hoja de autorización donde estampe su firma o huella dactilar; c. Hacerse acompañar los Agentes de la Autoridad, de ser posible, de dos personas que sirvan de testigo de la diligencia, ajenos al domicilio y ajenos a la institución donde trabajen las personas que solicitan el ingreso; d. Solo podrán ingresar al domicilio las personas autorizadas por el morador, por lo que vecinos, medios de comunicación y demás no podrán ingresar si no están autorizados; e. Que se le permita a uno de las personas moradores, mayor de edad, presenciar el acto de ingreso y registro, siempre que no exista peligro para la vida y que no vaya a entorpecer el resultado de la diligencia; f. Los agentes de la autoridad deberán de abandonar el domicilio de manera inmediata y en cualquier momento, a petición de la persona que autorizo el ingreso, salvo en los casos donde en el proceso de registro se revele la perpetración de un delito, sus instrumentos o efectos; g. Dejar constancia en acta de todo lo actuado inventariando los objetos que hayan sido decomisado, de la cual tendrá derecho a una copia la persona que autorizo el ingreso al domicilio. 2).- El allanamiento por Orden Judicial: Es el acto de investigación consistente en la penetración de un determinado recinto aislado del exterior, sin la autorización de sus moradores, con la finalidad de buscar, identificar y recoger fuentes de investigación y/o a la propia persona del imputado. El Código Procesal Penal, en su Artículo 212, establece que la autoridad competente para emitir orden de allanamiento a que se refiere el Artículo 99 de la Constitución de la República es el órgano jurisdiccional que ejerza su competencia en el lugar en donde se encuentre el domicilio. Establece el Artículo 99 Superior que el allanamiento, aun con orden judicial deberá de iniciarse entre las seis de la mañana y las seis de la tarde; el Constituyente aprecio que el Estado de Honduras, en las diligencias que practique en busca de la aplicación de la Ley, deberá de actuar sin ampararse de la oscuridad de la noche, ergo deberá de actuar a la luz del día, posibilitando que todas las personas puedan ver y saber las acciones que realiza el Estado en aras de la seguridad pública.- El propósito de que la Ley establezca que solamente un Órgano jurisdiccional podrá ordenar el allanamiento de un domicilio es debido a que el Tribunal evaluara la necesidad y proporcionalidad, entre el principio Pro-Societate de la persecución e investigación de un hecho delictivo y la garantía constitucional a la inviolabilidad del domicilio, para la práctica de estas diligencias. El Órgano Jurisdiccional, bajo su responsabilidad, podrá ordenar un allanamiento, cuando resulte LA NECESIDAD RACIONAL para su práctica, dadas las evidencias que hasta ese momento se cuenten como producto de las investigaciones realizadas por los entes Policiales. Todas las diligencias relacionadas con las investigaciones, incluyendo el allanamiento deberán de mantenerse en Secretividad hasta su práctica, con el fin de garantizar el resultado del mismo, tal y como se contempla en el Artículo 278 del Código Procesal Penal. El Decreto Judicial que ordene la práctica de un allanamiento deberá de reunir los requisitos señalados en el Artículo 213 del Código Procesal Penal, ordenado por el Órgano Jurisdiccional con competencia en el lugar en donde se lleve a cabo. Aun con orden judicial, el allanamiento que se practique irrespetando el protocolo contemplado para el efecto en los Artículos 214 y 215 del Código Procesal Penal, será calificado como ilegal. 3).- Allanamiento por Estado de Necesidad: Finalmente, en cuanto a los allanamientos por un Estado de Necesidad o delito flagrante, establece el Artículo 99 de la Constitución que se exceptúa a lo anterior, es decir que se podrá realizar un allanamiento sin autorización de las personas que lo habitan o sin orden de autoridad competente y aun fuera de las horas establecidas para ello (06:00 a.m. a 06:00 pm), cuando sea con el objeto de impedir la comisión de un delito, para pedir la impunidad de delitos, para impedir daños graves a la persona o para impedir daños graves a la propiedad. Lo anterior es desarrollado por el Código Procesal Penal en su artículo 212, estableciendo los supuestos en donde el Ministerio Público podrá ordenar un allanamiento sin orden judicial y los supuestos en donde la autoridad policial, sin orden judicial y sin orden del Ministerio Público puede practicar un allanamiento: a) El Ministerio Público, cuando no pueda obtener autorización judicial para la práctica de un allanamiento o cuando el trámite para la obtención de la misma represente grave peligro de perder el objetivo de su ejecución, podrá ordenar su práctica: i. Ante casos de flagrancia, , cuya noción se forma de tres elementos[5] tal y como lo conceptualiza el artículo 175 No. 1 del Código Procesal Penal: 1) Inmediatez Temporal, referida a la comisión del delito que dentro de poco se perpetrara, la que se está ejecutando o a la que hace instantes se ejecutó; 2) Inmediatez Personal, que vincula a una persona determinada, ya sea porque se encuentre en el lugar con intención de cometer el delito, ejecutándolo o próximo al lugar en donde se ejecutó; 3) Urgencia de intervención para evitar el mal del delito o asegurar al delincuente.- ii. Cuando la medida sea necesaria para evitar la comisión de un delito; iii. Para evitar la fuga de un delincuente; iv. Para evitar la pérdida o destrucción de pruebas o evidencias; y, v. En los casos en que la Policía Nacional pueda practicar allanamiento por propia iniciativa en casos urgentes. El Ministerio Público, en estos casos, solicitará a la autoridad Judicial competente en forma inmediata la convalidación del acto, fundamentando por qué no se pudo obtener la autorización correspondiente y acompañando el fundamento que motivo la práctica de la diligencia. b) La Policía Preventiva o la Policía de Investigación, cuando no pueda obtener autorización del Ministerio Público o autorización judicial por medio del Ministerio Público para la práctica de un allanamiento o cuando el trámite para la obtención de la misma represente grave peligro de perder el objetivo de su ejecución, podrá practicarlo: i. Cuando exista noticia fundada de que una persona extraña a las que habitan una morada, casa, lugar en que viva una persona, fue vista en el momento en que se introducía a esta en circunstancias inusuales; ii. Cuando la persona que es perseguida para su captura, entra a una casa habitada, sea propia o ajena; iii. Cuando de una morada, se oyen voces o gritos de alarma que pongan de manifiesto que se está cometiendo un delito o que alguien solicita auxilio; iv. Cuando el allanamiento se haga necesario por causa de incendio, terremoto, inundación, epidemia u otro peligro semejante, para efectos de impedir o minimizar los daños a la vida y a los bienes. En estos casos, la autoridad policial deberá, en lo posible, hacerse acompañar de dos testigos que no tengan ninguna vinculación con los cuerpos de investigación, levantando el acta respectiva de lo actuado, la que deberá de ser firmada por los agentes policiales y por las personas en cuya presencia se haya realizado la diligencia o en su caso, se deberá de consignar su negativa de no hacerlo. Los Agentes de Policía pondrán en conocimiento inmediatamente al Ministerio Público sobre la práctica del allanamiento, para que éste sin demora alguna solicite su convalidación a la autoridad judicial correspondiente, explicando las razones por las cuales no se pudo obtener la misma en forma previa y acompañando el fundamento para la práctica de la diligencia. Delito Flagrante en Interior de Domicilio: Especial atención merece los hechos constitutivos como flagrancia domiciliaria, (primer motivo de allanamiento de emergencia regulado en el artículo 212 del CPP) entendidos como los casos en donde nos encontremos ante un delito flagrante cometido en el interior de un domicilio.- La calificación de delito flagrante cometido en público se deriva de la percepción de quienes presencian cualquiera de las circunstancias señaladas en el artículo 175 del Código Procesal Penal: 1).- Flagrancia Propia: Art. 175.1 cpp; 2).- Flagrancia Impropia, conocida como cuasiflagrancia: art. 175.2 cpp; y, 3).- Flagrancia Impropia conocida como Flagrancia presunta: 175.3 cpp; como consecuencia se presenta la dificultad que cuando el delito flagrante es ejecutado en el interior de un domicilio no se cuenta con “publicidad” que facilita el conocimiento de las mencionadas circunstancias, entonces es menester determinar qué condiciones permitirán poder establecer su existencia y que justifique emergentemente el ingreso como condición límite al derecho fundamental de la inviolabilidad del domicilio, esas condiciones son la existencia de evidencia y la urgencia de intervención[6]:
- La Evidencia, (cuya acepción en este caso significa certeza de tener el conocimiento de algo) puede adquirirse a través de la percepción o a través del conocimiento: a. La percepción involucra información obtenida por los sentidos, por cuanto estamos hablando en los casos de: i) Los agentes de policía, a través de ventanas o puertas abiertas logran ver la ejecución del delito flagrante en el interior del domicilio; ii) Cuando por resultado de intervenciones telefónicas autorizadas se escucha evidencia del delito flagrante; iii) Cuando los agentes han observado la comisión de un delito en el exterior de la vivienda cuyos participes inmediatamente ingresan al domicilio, en el caso previsto en el artículo 212.3 del CPP y; iv) en general en los casos en donde los agentes de la autoridad perciban directamente hechos de los que se coliga un acto delictivo en flagrancia; b. Conocimiento adquirido a través de actos de inteligencia policial, informantes, testigos, agentes encubiertos, prueba en general, que una vez procesada y analizada arrojen evidencia de la existencia de un delito en flagrancia; La mera sospecha o conjeturas respecto a la existencia del delito flagrante no será causa legítima para el ingreso al domicilio; 2. La Urgencia es el segundo elemento que debe de observarse y es la necesidad temporal de intervención de los agentes de la policía, sin la cual no se lograría el objetivo de impedir la comisión de un delito, la detención de los culpables o el aseguramiento de elementos de prueba, implica: a. Inmediatez entre la obtención de la evidencia y el ingreso al domicilio; y b. La entrada al domicilio debe de realizarse en un momento en que sea posible alcanzar el objetivo perseguido. La práctica de un allanamiento con violación a lo relacionado constituye un delito, tipificado en los artículos 202 y 203 del Código Penal, mismo que es de orden público.- Ahora bien cuando el allanamiento ilegal se produce en perjuicio del acusado, puede tener repercusiones en dos sentidos: 1).- En el ámbito Penal, ajeno al proceso penal que se conoce en contra de la persona acusada (que se convertiría en ofendida de un allanamiento ilegal): En este caso el Ministerio Público deberá de proceder criminalmente en contra de la persona o personas que hayan cometido un allanamiento ilegal, una detención ilegal, en su caso, y en general todo acto que este tipificado como delito sin importar que estos actos hayan sido cometidos en perjuicio de una persona que esté siendo investigada o procesada por un delito; La Sala de lo Penal quiere ser clara respecto a que un allanamiento ilegal o una detención ilegal en perjuicio del acusado no nulifica el proceso criminal en contra de éste, no lo exime de responsabilidad de los actos criminales que pudiese haber cometido y por tanto no podrá oponerse éstos hechos como argumentos de defensa exculpatorios, como bien lo señala el artículo 101 del Código Procesal Penal en su último párrafo; y 2).- En el ámbito procesal, la repercusión de un allanamiento o una detención practicada fuera del marco de la ley, tiene como imperativa consecuencia su declaratoria de ilicitud. Señala el artículo 1 de la Constitución de la República que Honduras es un Estado de Derecho, ello es ciertamente la base de todo el sistema estatal, por cuanto los Poderes del Estado, instituciones Centralizadas, Descentralizadas y Desconcentradas y con ello todo funcionario público y empleado público debe de desarrollar sus funciones, asir su comportamiento, bajo lo preceptuado en las normas legales válidas y vigentes, a efecto de que éstas sean positivas y eficaces.- El Estado de Honduras, no puede basarse en actuaciones realizadas al margen de la ley o contrarias a la ley, por cuanto sería un contrasentido que queriendo hacer prevalecer el imperio de la ley, se valga de actos ejecutados al margen de ésta.- Particularmente en el Proceso Penal, el respecto al Derecho, a la ley, constituye su fundamento existencial, es a través del proceso penal que el Estado de Honduras imputa a una persona un acto contrario a la ley, debiendo celebrar dicho proceso con estricto ajuste a las normas para que la consecuencia del juicio sea válida. Concretamente interesa que en el proceso penal la prueba que se reproduzca sea de carácter lícita y de carácter legal.- La Prueba es de carácter licita cuando ha sido obtenida mediante un acto o procedimiento estipulado o permitido por la ley, ergo, la prueba es de carácter ilícita cuando para su obtención se ha violentado la ley, causando la violación o la disminución ilegitima de derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República o violación o disminución ilegitima de los Derechos Humanos establecidos en los Tratados y Convenios que formen parte del Derecho Interno Hondureño y que compongan el bloque Constitucional.- De lo anterior se concluye que para la existencia de prueba ilícita se requiere los siguientes presupuestos: a. Que se haya obtenido una prueba o una fuente de prueba; b. Que dicha obtención haya sido contrario a la ley, es decir no amparada por la ley; Incluye aquí el prevalecimiento de la supremacía de la Constitución de la República o de las normas que integran el bloque constitucional, por cuanto aun cuando un reglamento o una ley autorice la obtención de la fuente de prueba, ésta se considerara ilícita si se contradice con normas fundamentales; c. Que la obtención de la fuente de prueba haya significado la violación o disminución ilegitima de garantías fundamentales o de derechos humanos, reconocidos en la Constitución de la República o en los Tratados y Convenios que formen parte del derecho interno del Estado, respectivamente; d. Que la violación o disminución ilegitima de ese derecho fundamental o de ese derecho humano, sea en perjuicio de una persona o un grupo de personas determinadas, ya sea que éstas personas participen como actores del proceso o que sean terceros desligados a éste; e. Que sin la inobservancia o disminución ilegitima del derecho fundamental o del derecho humano, no hubiese sido posible la obtención de la prueba; y, f. Que la inobservancia o disminución ilegitima del derecho fundamental o del Derecho Humano sea anterior o simultánea a la obtención de la prueba.- El Legislador Hondureño, ha previsto que cuando se reproduzca un medio de prueba ilícito en el proceso, la sanción procesal será el desconocimiento de cualquier valor probatorio de ésta –Árbol Envenenado-; Pero además el legislador hondureño ha establecido que también carecerán de eficacia probatoria todo medio de prueba que se derive directamente de aquella que ha sido obtenida mediante la violación o disminución ilegitima de garantías fundamentales o derechos humanos –Frutos del Árbol Envenenado[7]-. Un medio de prueba se deriva de otro ilícito, cuando suprimiendo hipotéticamente el segundo, automáticamente el primero se vería igualmente suprimido, debido a su dependencia existencialista; A partir de ésta última idea, la prueba ilícita no puede ser apreciada valorativamente, pero si es posible apreciar aquella que se le derive, siempre que concurra cualquiera de las siguientes circunstancias consideradas excepciones a la Teoría del Fruto del Árbol Envenenado: a. Hallazgo Inevitable o Descubrimiento Inevitable: Cuando la prueba derivada, con o sin la prueba ilícita, estaba destinada a ser encontrada; Dependerá aquí hacer una relación suficientemente razonada del porque la prueba derivada hubiese sido inevitablemente encontrada, aun cuando no hubiese existido la prueba ilícita; y, b. Fuente Independiente: Cuando la prueba derivada se desprenda al mismo tiempo e inevitablemente de otro medio de prueba lícito e independiente al de carácter ilícito; Entre la fuente independiente y la prueba ilícita no debe de haber dependencia existencial, relación o subordinación. El estudio a desarrollar por los Juzgadores es la relación causal entre la prueba ilícita y la fuente independiente y al determinarse que no existe ninguna, la ilicitud de la prueba no alcanza la prueba derivada, por cuanto ésta última se desprende igualmente de una fuente independiente lícita. El control procesal de la prueba ilícita puede ser de previo o a posteriori: De previo inadmitiendo el medio de prueba en la audiencia de proposición de ésta a consecuencia de su ilicitud (Art. 317 del CPP) o denunciando su ilícito en la etapa de incidentes del debate por hechos nuevos o hechos antes no conocidos hasta entonces (Art. 320 CPP); o a posteriori cuando el Tribunal de Sentencia, en su valoración, niegue crédito a la prueba y a toda aquella que se derive de ésta (Art. 220 CPP) o mediante un recurso de casación. VIII.— De La Procedencia Del Recurso.- El Recurso de Casación no es de Recibo.- Comparte esta Sala de lo Penal el criterio de la mayoría del Tribunal de Sentencia en cuanto a que el ingreso a la casa de habitación del acusado J. N. Z. A., es una franca violación al Artículo 99 de la Constitución de la República que promulga la inviolabilidad del domicilio como escudo protector del Derecho a la Intimidad, y que por ello éste acto es ilícito (Árbol Envenenado), ilicitud que se extiende a todo objeto y fuente de prueba que haya sido obtenida como consecuencia del allanamiento (Frutos del Árbol Envenenado), sin que concurra ninguna de las dos excepciones que permitan apreciarla. La Policía Nacional explica que el ingreso a la vivienda se debió como consecuencia de la autorización que brindara el Señor S. M. Z. H., de 80 años de edad, padre del acusado y quien en ese momento se encontraba sentado en una acera en el exterior de la vivienda (F. 45), sin embargo tal autorización no es válida por cuanto el Señor M. Z. no residía en la vivienda, no existía ningún vínculo entre éste y el inmueble, por ello no estaba facultado para permitir la entrada de extraños a una vivienda distinta a la suya; El grado de parentesco de primer grado entre el acusado y el Señor M. Z. y el hecho que éste último fuese encontrado en la acera de la vivienda al momento de la llegada de los Agentes Policiales no son justificaciones para que la policía realizara el ingreso a la vivienda. La Sala de lo Penal declara que el ingreso de la Policía Nacional a la casa de habitación No. 3 de la Colonia Alemania, Sector 2, Bloque “U”, en fecha veintiuno de Diciembre de 2007, es ilícito por ser contrario al Artículo 99 de la Constitución de la República, por lo que conforme al Artículo 200 del Código Procesal Penal, carece de valor alguno, al igual que todo elemento de prueba que fue obtenido como consecuencia directa e indefectible de éste, como ser: 1. Evidencia encontrada en la Vivienda: 47 CDs, Cámara de Video Pentax, Computadora Portátil Panasonic, 19 Casetes de VHS, 05 álbumes fotográficos grandes, 05 álbumes fotográficos pequeños, 20 fotografías separadas, 02 libretas de espiral con manuscritos; 01 tarjeta bancaria del Banco HSBC a nombre del acusado, Cámara Fotográfica Kodak, 03 preservativos marca “Vive”, 15 pastillas color amarillo marca Jazmín; y 2. Medios de Prueba: Acta de Allanamiento (f. 46), Acta de Allanamiento y Registro (f. 53), Acta de Inspección Ocular (f. 48), Acta de Diligencias de Investigación (f. 75), Informe Pericial Sobre el Contenido de una Computadora Portátil marca Panasonic (f. 313), Informe Pericial de Comparación de Fotografías (f. 342), Álbum Fotográfico (f. 345), Informe Pericial respecto al Revelado de Rollos Fotográficos (f. 363). Por lo expuesto es procedente declarar SIN LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por el Ministerio Público, en sus dos motivos. Recurso De Casación Por Infracción De Precepto Constitucional Interpuesto Por La Abogada B. A. G. M., Apoderada Defensora Privada Del Acusado J. N. Z. A..- Precepto Autorizante: Artículo 361 Del Código Procesal Penal.- Denuncia Violación De Los Artículos 82 Y 90 De La Constitución De La Republica. IX.- Afirma la Censora que se ha violentado el Derecho de defensa y el Debido Proceso en perjuicio de su representado, al haber admitido y valorado el Tribunal de Sentencia prueba de carácter ilícita; agrega que igualmente se ha limitado y despojado a su representado del derecho de demostrar sus argumentos de defensa de sus derechos que las leyes le otorgan (SIC). X.— De La Procedencia Del Recurso.- El Recurso de Casación no es de Recibo.- La Sala de lo Penal ha leído detenidamente el libelo del Recurso, al final de lo cual desconoce cuál es el reproche en que fundamenta la Censora su recurso; Indica ésta que se ha violentado el debido Proceso y el Derecho de Defensa, más no señala de qué forma ha acontecido esa violación; Reprocha que se ha admitido y valorado prueba Ilícita sin puntualizar cual es esa prueba y porque tiene dicho carácter; Agrega que al acusado se le ha limitado y despojado del derecho de demostrar sus argumentos sin determinar el acto procesal que provocó tal limitación y desprevisión de defensa. Se concluye que el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional debe de ser declarado SIN LUGAR por carácter éste de contenido al grado que no permite a este Tribunal Ad-quem, saber si quiera en que consiste en reproche que se intenta formular, puesto que la Censora simplemente se ha explayado en consideraciones abstractas que no concretizan nada. RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY INTERPUESTO POR LA ABOGADA B. A. G. M., APODERADA DEFENSORA PRIVADA DEL ACUSADO J. N. Z. A..- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 360 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- DENUNCIA VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 94 Y 101.2 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.-SE DENUNCIA INOBSERVANCIA DE LA LEGISLACIÓN PROCESAL. XI.— Establece el Artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…”. Así pues son dos los elementos del recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato de un acontecimiento histórico declarado por el Tribunal de Sentencia, respecto al asunto debatido, mismos que se desprenden de la valoración hecha a los medios de prueba reproducidos en juicio y de los cuales los Juzgadores han podido apreciar de manera directa, colocándolos en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados; y 2. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; De allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). XII.- La Censora alega la inobservancia de la legislación procesal, denunciando que los Juzgadores violentaron los artículos 94 y 101 del Código Procesal Penal. XIII.— De La Procedencia Del Recurso.- El Recurso de Casación no es de Recibo.- La Censora ha hecho un incorrecto planteamiento del Recurso de Casación originado del desconocimiento sobre su norma reguladora, contenida en el artículo 360 del Código Procesal Penal, como precepto autorizante y que se ha analizado líneas atrás. Ya ha explicado la Sala de lo Penal que cuando se trata del Recurso de Casación por Infracción de Ley, la denuncia debe de estribar sobre la inobservancia, errónea aplicación o errónea interpretación de una norma sustantiva, es pues de una norma que regula las conductas de los justiciables, como ser las contenidas en los artículos que tipifican tipos penales; Contrario a ello la Censora fustiga la sentencia por considerar que se han inobservado normas de carácter procesal, lo que es incompatible con la naturaleza del recurso que la misma Censora a elegido como medio de impugnación. RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PUBLICO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DE DOS MIL ONCE (2011), DICTADA POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. XIV.- El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto; Para que ésta sentencia tenga validez debe de estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; Es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio.- Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso.- Si no se cumplen con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. XV.- El Ministerio Público acusa que la sentencia adolece de vicios in procedendo que ocasionan su invalidez; Explica que son dos los motivos que fundamentan tal señalanmiento: La falta de consideración de prueba de valor decisivo en la sentencia y la violación a las reglas de la sana critica en el proceso de valoración probatorio. Primer Motivo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Ministerio Público.- Precepto Autorizante: Artículo 362.2 del Código Procesal Penal..- No se cita norma infringida.- Se denuncia Falta de Consideración de Prueba de Valor Decisivo. XVI.- Explica el Ministerio Público que indebidamente los Juzgadores no consideraron en su valoración probatoria las actas de inspección, las diligencias y pericias de medios probatorios que efectivamente fueron incautados en la vivienda del Señor J. N. Z. A.. Agrega que de igual modo no fueron considerados la evidencia del delito de Pornografía Infantil consistentes en las diligencias que realizo el Agente J. F. C. Concluye que toda esta prueba es de valor decisivo que su consideración afecta los pronunciamientos de la parte dispositiva de la sentencia. XVII.- El Proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el Tribunal de Sentencia, pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del principio de legalidad y del debido Proceso. Entre esos actos está el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; éste proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del Código Procesal Penal), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley (Art. 199 del Código Procesal Penal), seguidamente se celebra la audiencia de juicio en donde solo se deben de reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Art. 333 del Código Procesal Penal) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Art. 320 del Código Procesal Penal) o como auto para mejor proveer (Segunda parte del Art. 333 del Código Procesal Penal) y finalmente como resultante del debate, el Tribunal dictara sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe de ser motivada descriptiva e intelectivamente (Art. 202 y 338.2 del Código Procesal Penal), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formo parte del proceso. Así las cosas, constituye actividad procesal defectuosa cuando el Tribunal de Sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de éstos vicios el previsto por el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal que reprocha cuando la sentencia “deje de considerar alguna prueba de valor decisivo”. Existe Indebida Falta de Consideración de Prueba cuando a pesar de haber sido admitidos durante la etapa de juicio y reproducidos en la audiencia de debate, el órgano juzgador no hace alusión alguna sobre éstos en su sentencia, es decir, que no existe ninguna mención al medio de prueba en la sentencia. La norma procesal además exige para la configuración del vicio que el medio de prueba dejado de considerar posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en Casación se efectúa conforme al método la Inclusión Hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba no considerado a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así, el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario, aun cuando la falta de consideración sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. XVIII.- De La Procedencia Del Primer Motivo.- El Motivo no es de Recibo.- El Censor erra el planteamiento al denunciar falta de consideración de medios de prueba como medio de protesta al no estar de acuerdo con la valoración que de ellos realizo el Iudex.- El error en el planteamiento se revela tras la revisión de la sentencia de la primera instancia al constatarse que aquellos medios probatorios que se denuncian como faltos de consideración fueron tomados en cuenta en la valoración descriptiva e intelectiva, siendo ajeno al motivo si tal valoración es correcta o no. Se aprecia en el numeral Tercero de la Valoración de los medios de prueba que los Juzgadores relacionan el Allanamiento practicado a la casa de habitación del acusado (f. 392 v.), para luego relacionar el Acta de Inspección que se realizó del lugar donde además de describirse las características del lugar se enumeran los objetos encontrados que más tarde fueron catalogados como indicios (f. 393), consignando a continuación lo dicho por el Señor M. F. S. V., encargado del estudio de uno de esos indicios como ser la Computadora portátil encontrada en el lugar y lo dicho por el Señor F. D. L. L., quien presento estudio de comparación de imágenes obtenidas de las fotografías tomadas al momento del allanamiento y las obtenidas del teléfono celular decomisado al acusado al momento de su detención (f. 393) y finalmente el acta de Diligencias elaborada por el Señor J. O. F. C., a quien se le encargo elaborar un álbum de las fotografías encontradas en la casa de habitación del acusado.- Todos estos medios de prueba fueron valorados por la mayoría del Tribunal, señalando que son producto de un allanamiento ilícito y por lo tanto son nulas e ilícitas también, no debiendo ser consideradas en la sentencia. Es pues que para los efectos jurídicos del artículo 362.2 del Código Procesal Penal, los medios de prueba denunciados fueron CONSIDERADOS, entendiéndose que fueron mencionados en la sentencia, tomados en cuenta, relacionados y calificados carentes de valor.- El Ministerio Público no debe de equiparar el término “dejar de considerar” de que habla el artículo 362.2 del Código Procesal Penal con la afirmación hecha por el Tribunal de Sentencia de que estos medios de prueba no deben de ser considerados (F. 393 v.), puesto que la expresión usada por los Juzgadores contextualmente refiere a que los medios de prueba carecen de valor por ser ilícitos. Por lo expuesto es procedente declarar SIN LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su primer motivo. Segundo Motivo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Ministerio Público.- Precepto Autorizante: Artículo 362.3 del Código Procesal Penal.- Norma Infringida: Artículo 202 del Código Procesal Penal.- Se denuncia Violación de las Reglas de la Sana Critica. XIX.- Afirma el Ministerio Público que se ha violentado el Principio Lógico de Derivación, componente de las Reglas de la Sana Critica, cuando los Juzgadores en la Sentencia restan indebidamente valor probatorio a la Declaración testifical de la menor N. M. M. y que además no se realizó una valoración conjunta de ésta declaración con el Dictamen Pericial de Evaluación Física, la declaración testifical de la hermana de la ofendida E. M. M. M., que en suman hacen derivar que existe responsabilidad penal del acusado por el delito de Violación en perjuicio de la menor N. M. M.. Agrega el Ministerio Público que igualmente existe medios de prueba suficiente encontrados en la casa de habitación del acusado al momento del allanamiento que acreditan el delito de Pornografía infantil, prueba que es coincidente con las declaraciones de las ofendidas quienes señalan que el acusado les tomo fotografías de sus partes genitales y que el Tribunal de Sentencia valoro incorrectamente. XX.- Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.” Al respecto, se ha señalado que “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp 385-09). En el apartado de la valoración intelectiva el Juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la sana crítica; es éste último el que debe de observar el Juzgador Penal Hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En cuanto a la Sana Crítica como Sistema de Valoración de la Prueba, esta Sala ha señalado que en “…la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común…” (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Partiendo de la Doctrina Legal sentada por esta Sala de lo Penal, en los fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, del Exp 194-2009, de fecha 30 de noviembre del 2011, contenido en el Exp 297-09, de fecha 02 de noviembre del 2011, en el Exp 242-09 y de fecha 30 de noviembre del 2011 que resuelve el caso del Exp 125-2010, componen la Sana Crítica: 1).- Reglas de la Experiencia Común: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el Juzgador, sin relación alguna con el caso concreto que se Juzga, y que se adquieren a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por éste hecho son compartidas con las demás personas, aún cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a los fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del Juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El Juzgador deberá de analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de un fenómeno natural. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el Juzgador valora un hecho, considerara el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él por qué lo considera así; 2).- Las reglas de la Psicología: Están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el Juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3).- Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”; ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera; iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. a. La Derivación: De este se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando. Exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga. XXI.__ De la Procedencia del Segundo Motivo.- El Motivo no es de Recibo.- La Sala de lo Penal se manifiesta en desacuerdo con el Ministerio Público, dado que independientemente a la justicia que encierra la valoración, ésta no se aleja de los postulados de la Sana Crítica, punto que de manera exclusiva debe de auditar éste Tribunal de Casación, y como consecuencia su contenido es válido. 1).- Respecto al delito de Violación en perjuicio de la niña N. M. M.: El Tribunal de Sentencia, armado del Principio de Inmediación, valoro la declaración testifical de la menor determinando que los hallazgos en la evaluación médica forense realizada por el Doctor C. E. V., no concuerdan con lo narrado por aquella, puesto que la ofendida narra que fue abusada sexualmente, explicando tal acto como el hecho de que el acusado introdujo el pene en su vulva, sintiendo dolor, más el dictamen médico revela la ausencia de lesiones extra genitales, para genitales o genitales, además constato la integridad de la membrana himenial, advirtiendo que ésta permitía el paso de dos dedos del examinador sin romperse y que es posible que haya existido contacto sexual sin que el himen se haya rasgado dado su condición de elasticidad; En la valoración la mayoría del Tribunal relaciono que no existe evidencia científica de agresión sexual, no existe evidencia física lícita de que ésta haya existido como ser las fotografías que la menor indica le fueron tomadas, además la menor al ser interrogada señala no recordar cómo era el lugar donde ocurrieron éstos hechos, tampoco la menor K. S. C., hace mención en su declaración sobre los hechos que narra N. M. M., aun cuando ésta señala que aquella fue protagonista de los mismos (f. 396); Es pues que la única presunción deriva de la similitud de la declaración de N. M. M., con la declaración de K. S. C. E., en cuanto a que fue el acusado quien la agredió sexualmente y en cuanto a que éste les tomo fotografías, que si bien constituye indicio racional de participación no constituyo prueba suficiente para que la mayoría del Tribunal concluyera la existencia del delito de violación en perjuicio de N. M. M., lo que fue diferente en cuanto a K. C. al existir otros medios de prueba que así lo revelaron. 2).- Respecto al delito de Pornografía Infantil: Ya ha señalado esta Sala de lo Penal, al resolver sobre los recursos por Infracción de Precepto Constitucional, que tanto el allanamiento efectuado a la casa del acusado, así como todo medio de prueba derivado de dicho acto constituyen prueba ilícita al haber transgredido el Artículo 99 de la Constitución de la República y por tanto carecen de valor alguno; Siendo así las cosas los medios de prueba respecto a la existencia de Pornografía Infantil son la declaración de K. C., que señala que el acusado le tomo fotografía a sus partes genitales desnudos y la información contenida en el celular decomisado al acusado al momento en que fue aprehendido en la vía pública. El Tribunal de Sentencia, al hacer el análisis del contenido del Celular, (f. 395), protesto por el mal procedimiento seguido, señalando violación al secreto de las comunicaciones, puesto que si bien el vaciado del teléfono fue autorizado, el resultado de la operación debía de presentarse al Tribunal que lo ordeno, pero en lugar de ello fue puesto a la orden del Ministerio Público quien a su vez se lo facilito a un tercero para la realización de un dictamen de comparación de imágenes. La Sala de lo Penal reflexiona que en la actualidad existen muchos dispositivos que permiten a los usuarios tener al alcance la tecnología necesaria para realizar diferentes tareas; Así entonces en la actualidad un teléfono celular no solo sirve para realizar o recibir llamadas y así comunicarse en tiempo real y mediante la voz con otra u otras personas, sino que a la vez cumple las funciones aparato emisor y receptor de mensaje de texto y mensaje de voz, radio, cámara fotográfica, cámara de video, dispositivo de almacenamiento de imágenes, videos, música, documentos, correo electrónico, etc. El Teléfono Celular, es pues un dispositivo que por su portabilidad y su versatilidad, cumple un sin número de tareas, donde las personas guardan archivos que versan desde lo más trivial hasta información de carácter personal y confidencial.- La capacidad de almacenamiento del Teléfono Celular y de recaudo de la información de manera privada sin que sea posible su acceso sino por la voluntad de su tenedor, hace que el proceso de vaciado de esa información para efectos de análisis sea llevado a cabo en estricto respecto al derecho a la Intimidad Personal (Art. 76 de la Constitución de la República), y ante silencio de la ley para el momento en que ocurrieron los hechos (Previo a la vigencia de la Ley de Intervención de las Comunicaciones Privadas el 26 de enero de 2012) dicho procedimiento debía de ser equiparado a aquel que se llevaba a cabo para la intercepción de las comunicaciones y la correspondencia, regulado por el Código Procesal Penal. La Sala de lo Penal, al seguir los pasos seguidos para el vaciado de la información del Celular decomisado al acusado en fecha 21 de Diciembre de 2007, en la calle Principal de Sector No. 2 de la Colonia Alemania de Comayagüela (F. 64), se llevó a cabo irrespetando el procedimiento ordenado por el Juzgado de Letras, dispuesto conforme lo ordenaba el otrora vigente artículo 223 del Código Procesal Penal, convirtiendo la diligencia en ilegal; En fecha 26 de Diciembre de 2007, el Perito W. A. B., por orden del Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, recibió el Teléfono Celular decomisado al acusado, marca Motorola, modelo A1200, color negro con plateado, serie CHWF139BF0206, para que procediera al vaciado Telefónico, encontrando siete archivos de imágenes de interés para la causa criminal, levantando el acta respectiva (f. 76), en donde se indica que dichos archivos fueron grabados en un Cd para ser entregado al Juzgado Competente (f. 77), pero en lugar de ello fue entregado a la Fiscal C. S. (f. 343), quien a su vez lo facilito al Señor F. L. L. para que realizara un análisis comparativo entre éstas y las fotografías tomadas en el allanamiento efectuado a la casa del acusado, el cual rindió el 28 de Diciembre de 2007 (F. 342), acompañando a su informe la impresión de varias fotografías, incluidas las contenidas en el CD proporcionado por el Señor W. B.; Es oportuno agregar que el informe del Señor F. L. fue propuesto como medio de prueba, más no el Cd elaborado por el Señor W. B.. El proceder de la Fiscal C. S. fue contrario a lo que disponía el artículo 223 del Código Procesal Penal que ordena que el resultado de la intervención telefónica deberá de ser entregado exclusivamente al Tribunal Jurisdiccional que lo ordeno, quien examinara si éste tiene alguna relación de la causa, autorizando o descartando su uso, ello con el objeto de resguardar la intimidad de la persona dueña de la información; El uso abusivo de la Fiscal Actuante de la información que le proporcionara el Perito autorizado W. B., hizo que el Tribunal de Sentencia resolviera que las diligencias posteriores hayan sido calificadas ilegales (f. 395), es decir contrarias al derecho pautado y por tanto carentes de valor, diligencia que consiste en el Dictamen de Comparación realizado por el Señor F. L.. Lo anterior ocasiono que no existiera prueba del delito de Pornografía Infantil, por cuanto por una parte lo incautado en el allanamiento carece de validez por ilicitud, el peritaje del vaciado del teléfono celular decomisado al acusado, ordenado judicialmente y practicado por el Señor W. B., se encuentra incompleto, puesto que fue presentado el informe escrito, más no fue proporcionado al Tribunal de Sentencia el CD que contenía las imágenes para así evaluar si se trataban de imágenes pornográficas, y el Peritaje del Señor F. L., al cual si se acompañaron las imágenes encontradas en el teléfono, es ilegal, por haberse usado sin autorización judicial dichas imágenes que debían de ser presentadas al órgano jurisdiccional para validarlas. La Sala de lo Penal concluye que el Tribunal de Sentencia ha hecho una correcta derivación de los medios de prueba y por tanto no existe violación a las Reglas de la sana Critica, debiendo declararse el segundo motivo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma: Sin Lugar. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los Artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360, 361 y 362 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en sus dos motivos, interpuesto por el Ministerio Público; SEGUNDO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su Único Motivo, interpuesto por la Abogada B. A. G. M., apoderada defensora Privada del acusado J. N. Z. A.; TERCERO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su Único Motivo, interpuesto por la Abogada B. A. G. M., en su condición antes indicada; CUARTO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en sus dos motivos, interpuesto por el Ministerio Público; QUINTO: Se declara firme y ejecutable la Sentencia fecha veintiocho (28) de Febrero de dos mil once (2011) dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán. MANDA: Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- MAGISTRADO PONENTE ZUNIGA MEDRANO.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de noviembre del año dos mil quince.- Certificación de la sentencia de fecha dos de septiembre del año dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-341-2012.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL.- José I. Cafferata Nores. Ediciones Desalma Buenos Aires, 1998.
[2] LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL.- José Cafferata Nores. Ediciones Desalmaa Buenos Aires, 1998.
[3] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
[4] Vid en este sentido: LLORENTE FERNANDEZ DE LA REGUERA, ÁNGEL, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115, cuando expresa que “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”
[5] Cabezudo Bajo, María Jose; La Inviolabilidad del Domicilio y el Proceso Penal, Iustel Publicaciones, 2004, Madrid, España, Pag 263.
[6] Cabezudo Bajo, María José, Ob. Cit., Pag. 274.
[7] Teoría originaria de los Estados Unidos de Norte América plasmada en los fallos de la Corte Suprema de Justicia: Silverthorne Lumber Co. Vrs. United State (1920), Nardone vrs. United States, (1939), Mapp vrs Ohio (1961), Escobedo vrs Illinois (1964), Miranda vrs Arizona (1966), Shapman vrs Arizona (1967), Katz vrs United Sates (1967) y Orozco vrs Texas (1969).