Sentencia CP-339-12 — Registro 5505
Resumen
Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa del imputado, contra la sentencia de primer instancia que lo condena por el delito de estafa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Esta Sala constata que el recurrente incurre en un defecto de técnica recursiva al desarrollar dos motivos diferentes de manera simultánea, soslayando que conforme al artículo 363 párrafo segundo del Código Procesal Penal, “el recurrente deberá indicar separadamente cada motivo..”. No obstante lo anterior, esta Sala en su más alta función de tutela judicial en el orden penal, en aras del garantizar el goce de la justicia como uno de los fines esenciales del Estado de Derecho en el que Honduras se ha constituido al tenor de lo previsto en el artículo 1 de la Constitución de la República, procederá a resolver motivadamente los reclamos formulados por el Censor. Esta Sala considera pertinente recordar que conforme a lo dispuesto en el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal : “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que..en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica..”. El proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque en virtud del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí[1], su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. El límite de las reglas de la experiencia está en los conocimientos técnicos especializados. En lo que concierne a las reglas de la lógica tenemos que la regla de identidad nos dice que una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Es decir, José solo puede ser José y no Juan. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, un argumento "X" solo puede ser "X". No podría por ejemplo una sentencia decir en una parte que se absuelve bajo la certeza de la inocencia, para afirmar más adelante que se absuelve por duda, porque viola el principio de identidad (en lo que interesa al Ministerio Público), pues estaría diciendo que "A" es "B". Diría que la certeza de la inocencia es la duda de la culpabilidad, y eso viola el principio de identidad. El principio de contradicción nos dice que una persona o cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, o sea el tribunal no puede aseverar algo y luego desvirtuarlo, porque solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Y el principio de tercero excluido nos dice que de dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa. A contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. En cuanto a las reglas de la psicología, éstas no están referidas a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos, como la observación del tribunal de mérito en caso de que un testigo se muestre nervioso al contestar una pregunta, que fue disperso al construir sus repuestas, ignorante en cuanto al idioma o cultura general básica, etc. Eso tiene que incluirse en el fallo al hacer la valoración. Podría ser que diga el tribunal, que no se cree al testigo porque se puso nervioso (más de lo normal), o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una de sus respuestas lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración. Una lectura detenida de las declaraciones rendidas en el debate por los testigos de cargo revela que La señora S. E. T. G. manifestó que a través de los señores y también testigos de cargo F. M. C. L. y D. M. A. G., ambos esposos entre sí, tuvo conocimiento que una vivienda para cuya adquisición había contraído un préstamo hipotecario mancomunado con su ex esposo, el señor J. L. A. A., estaba próxima a ser rematada, por lo que le ofrecieron su intermediación para que el Apoderado Judicial del INPREMA como institución acreedora, el acusado G. A. B. L., lograra impedir la ejecución de dicho bien inmueble. La testigo declara que junto a su entonces compañero de hogar, señor M. E. A. G.. observó desde un sillón ubicado en una sala, que en la mesa de comedor de la vivienda habitada por los esposos M. C. y D. A. G., el primero le entregó al acusado la cantidad de sesenta mil lempiras tras lo cual observó los movimientos propios de quien firma un recibo, tras lo cual el encausado se marchó y que seguidamente la señora D. A. le hizo entrega de un recibo firmado por el procesado, dándose la circunstancia que posteriormente y a pesar de haber realizado dicho pago, la casa en la que vivía fue finalmente rematada (vid. Folios No. 543 vuelto al 546 vuelto). Este Tribunal considera que si bien es cierto que el Tribunal de instancia ha tenido la inmediación de la prueba evacuada en juicio y que afirma que las declaraciones de los testigos son coherentes entre sí (vid. Folio No. 561 vuelto), no es menos cierto que esta Sala ha podido constatar que entre la declaración de la señora S. E. T. y el contenido de las declaraciones rendidas por los demás testigos se desprenden contradicciones e inconsistencias que no son de carácter periférico o de menor importancia, sino que relevantes y de trascendencia significativa. Así tenemos que el entonces compañero de hogar de la señora S. E. T. G., el señor M. E. A. G. manifiesta que acompañó a la primera en una visita que hicieran a la casa de los señores F. C. y D. A. G., y que ahí observó a estos dos últimos que conversaban con el imputado, pero que no pudo escuchar cual fue el objeto de la conversación, que ignoraba la cantidad de dinero que su entonces compañera decía portar y haber entregado para que se le diese al procesado, ni observó nada más que una breve conversación, salvo que al final de la reunión la señora S. T. le mostró un recibo por lo que al constatar diferencias entre lo descrito en letras y números se lo hizo saber, a lo cual la señora S. T. le expresó que no importaba pues que en todo caso la finalidad era evitar que la casa le fuera rematada. De este modo podemos constatar que si bien es cierto que el testigo M. E. A. G. dice haber acompañado a su entonces compañera de hogar S. T. y que esta a su vez expresa que se encontraban ubicados desde un lugar donde observó la entrega del dinero y movimientos propios de quien firma un documento por parte del acusado, tales extremos no son corroborados por aquel (vid. Folios No. 547 vuelto al 548). En cuanto al testigo F. M. C. L., señala que habiéndose enterado por los periódicos que la casa de la señora S. T. estaba en proceso de ser rematada, se lo comentó a su esposa D. A. G. proponiéndole a ésta que conjuntamente hicieran las gestiones conducentes para quedarse, es decir para adquirir el referido inmueble, señalando textualmente que con ese propósito consideraba pertinente “hablar con la señora, darle la diferencia y nosotros pagar la hipoteca que se establecía”. En principio el deponente refiere que en su casa de habitación le fue entregada una cantidad de dinero en un monto que no recuerda al imputado G. A. B., sin embargo, más adelante señala que el dinero que se habría dado al acusado como el recibo que tenía en su poder la señora S. T. no fueron entregados en su presencia, ya que el día en que tales acciones se realizaron no se encontraba en su casa de habitación, extremo de relevante importancia y que no coincide con la versión de la ofendida puesto que ésta asegura que observó cuando el señor F. C. le hacía entrega del dinero al acusado con la finalidad de que no se procediera al remate de su vivienda embargada por el INPREMA, en tanto que el testigo antes mencionado expresa que fue no fue él sino que su esposa, es decir, la señora D. A. G. quien hizo entrega del dinero, añadiendo que ésta última le confió que el dinero se había entregado al encartado y que este había firmado un recibo como comprobante de la operación (vid. Folios 549-550). Examinada que fue la testigo D. M. A. G., esta expresó que la señora S. T. llegó a su casa donde dejó una cantidad de dinero, misma que ella entregó al ahora imputado G. A. B., agregando que éste le firmó un recibo. Sometida que fue al interrogatorio indicó que no recordaba cuanto fue el monto del dinero entregado (vid. Folios 550 vuelto a 551 vuelto). Respecto a este testimonio igualmente se constata que existen contradicciones sustanciales con respecto al vertido por la señora S. T., pues mientras D. A. G. dice que entregó la suma de dinero que le fuera dejada en su casa de habitación por la señora S. T.al acusado, ésta aseguró que en compañía de su entonces marido, el señor M. E. A. G. observó cuando dicha suma fue entregada al encartado por el señor F. C.. Por otro lado a tales contradicciones se suma la circunstancia de que practicado que fueron dos dictámenes del Departamento de Documentología del Ministerio Público a fin de determinar si la letra y números que fueron puestos en el recibo de pago fechado el “29/08/05” a favor de la señora “S. E. T. G.” por la suma de “cincuenta mil” en concepto de “gastos legales de Imprema”, apareciendo en números la cifra “60,000” y en el que se observa estampada una firma, se desprende que salvo la frase “cincuenta mil” que tiene los rasgos o característicos de la escritura del procesado, las demás palabras y particularmente la firma que calza el documento y que la señora D. A. G. dice haber sido puesta por el encartado G. A. B. LAGOS como comprobante de haber recibido una suma de dinero, no se corresponde con los rasgos o características propias de la escritura del procesado (vid. Folios No. 52-60, 351-352). Esta Sala estima que de los datos arriba señalados y que se infieren de los medios de prueba indicados no han sido analizados conjunta y armónicamente. El Tribunal de instancia ha estimado que existe coherencia en la prueba evacuada en juicio, sin embargo se han puesto de manifiesto contradicciones sustanciales y por ende incoherencias que no han sido tomadas en consideración por el Tribunal A Quo al emitir el veredicto condenatorio, de tal modo que de haber observado las reglas de la sana crítica podría haberse arribado a un resultado distinto. En lo que concierne a la supuesta falta de correlación entre la acusación y la sentencia, esta Sala ya expresó que el recurrente falta a una adecuada técnica recursiva al plantear este motivo de manera conjunta con el que se basa en la vulneración de las reglas de la sana crítica[2], sin embargo, en aras de garantizar la tutela judicial del goce de la justicia que como uno de los valores esenciales del Estado de Derecho proclama el artículo 1 de la Constitución de la República procederemos a darle una respuesta motivada..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de septiembre de dos mil quince, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS MARCO VINICIO ZÚNIGA MEDRANO en su calidad de Coordinador, JACOBO ANTONIO CÁLIX HERNÁNDEZ y CARLOS DAVID CÁLIX VALLECILLO, dicta Sentencia conociendo el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, Infracción de Ley e Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la Sentencia de fecha siete de Mayo de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: 1) CONDENANDO al Señor G. A. B. L., a la pena de CUATRO (04) AÑOS DE RECLUSIÓN, por el delito de ESTAFA, en perjuicio de S. E. T. G., y una multa de SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps 6,000.00), mas las Penas Accesorias de INHABILITACIÓN ESPECIAL e INTERDICCIÓN CIVIL.- 2) NO CONDENÓ en Costas procesales, Personales, ni Gastos ocasionados por dicho Juicio.- Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, Infracción de Ley e Infracción de Precepto Constitucional, el Abogado E. G. E. A., actuando en su condición de Defensor Privado del señor G. A. B. L..- SON PARTES: El Abogado J. M. V. en su condición de Apoderado Defensor del imputado G. A. B. L. como RECURRENTE y el Abogado S. C. A. en representación del MINISTERIO PÚBLICO como RECURRIDO. DECLARACIÓN DE HECHOS PROBADOS PRIMERO: En fecha veinte de noviembre de mil novecientos noventa y cinco la señora S. E. T. G. y su esposo en ese entonces J. L. A. G., solicitaron un préstamo hipotecario con el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA), por la cantidad de ciento cuarenta y seis mil quinientos veinticinco lempiras exactos, los cuales debían pagar una cuota mensual de un mil seiscientos treinta cinco lempiras con ochenta centavos cada uno, en un plazo de veinticinco años, mismos que hacían efectivos, ante la tesorería de dicha institución. SEGUNDO: En fecha once de mayo del año de mil novecientos noventa y ocho el señor J. L. A. G., realizó un último pago a dicha institución, sin volver a realizar los subsiguientes mensualidades. La señora S. E. T. G., realizó el último a dicha institución en fecha en julio del año dos mil, entrando en mora con el préstamo hipotecario que ambos tenían con instituto Nacional De Previsión Del Magisterio. TERCERO: En el mes de marzo del año dos mil cinco recibió la visita del señor G. A. B. L., en su casa de habitación quien le dijo que iba a proceder a embargar al señor J. L. A. G., quien para esa fecha se había divorciado de la señora S. E. T. G., para que este pagara la cuota que le correspondía y así evitar el remate de su casa. CUARTO: En fecha Veintitrés de agosto del año dos mil cinco, llegó a la casa de habitación de S. E. T. G., su amiga D. de C., informándole que su casa iba a ser rematada, por lo que se reunió ese mismo día en horas de la noche en la casa de D. y su esposo F. C., quienes conocían al señor G. A. B. L., por lo que lo llamaron por teléfono, este les pidió la cantidad de setenta mil lempiras a cambio de parar el remate, monto que no podía conseguir la señora T. G., llegando a un acuerdo de que aceptaría la cantidad de sesenta mil lempiras exactos, motivo por el cual en fecha veintinueve de agosto del mismo año a la una de la tarde, en la casa de los señores C., doña S. E. entregó al señor G. A. B. L. la cantidad de sesenta mil lempiras exactos a cambio de parar el remate de la vivienda en mención, lo cual no ocurrió así, ya que las a casa de la señora T. G. pues el nueve de enero del año 2006 en horas de la mañana se llevó a cabo el remate de la dicha casa, y desalojada de la misma la señora T. G..” C O N S I D E R A N D O I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, Infracción de Ley e Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por el Abogado E. G. E. A., en su condición de Defensor Privado del encausado G. A. B. L.; reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- EL RECURRENTE ABOGADO E. G. E. A., EN SU CONDICIÓN DE DEFENSOR PRIVADO, DEL ENCAUSADO G. A. B. L., PROCEDIÓ A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, INFRACCIÓN DE LEY E INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, DE LA MANERA SIGUIENTE: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. MOTIVO NUMERO UNO: “No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica: PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el numeral 3 del artículo 362 del Código Procesal Penal y el artículo 337 del mismo cuerpo legal. El precepto penal adjetivo que se invoca como infringido prescribe: en el artículo 202 del Código Procesal Penal que dice: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El Órgano Jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida” ello en relación con el párrafo primero del artículo 336 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DE MOTIVOS: Para los efectos de este motivo se cita como infringido el artículo 202 del Código Procesal Penal, en la parte que dice: “Las pruebas serán valoradas conforme a las reglas de la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida, y el artículo 337 del Código Procesal Penal, de la congruencia de la sentencia con la acusación que establece: “LA SENTENCIA NO PODRA DAR POR ACREDITADOS OTROS HECHOS U OTRAS CIRCUNSTANCIAS, QUE NO SEAN DESCRITAS EN LA FORMALIZACION DE LA ACUSACION, EN LA CONTESTACION DE CARGOS Y EN EL AUTO DE APERTURA A JUICIO O EN SU CASO, EN LA AMPLIACION DE LA ACUSACION DEL ACUSADO EN FORMA DISTINTA DE LA RESULTE DE LAS ACTUACIONES ANTES INDICADAS. Se ataca la sentencia dictada por el A-quo por considerar que el órgano sentenciador no valoró la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, llevándolo a formar su convicción sin valorar la prueba producida de manera conjunta y armónica, así como que la sentencia recurrida no tiene ese elemento esencial que es el de la congruencia entre el contenido de las sentencias y la acusación por lo que lo llevo a incurrir en un error improcedendo. Tomando en cuenta HONORABLE CORTE que la sana crítica es la operación intelectual realizada por el Juez y destinada a la correcta apreciación del resultado de las Pruebas judiciales, realizada con sinceridad y Buena Fe. Y que ha sido definida como “la lógica interpretativa y el común sentir de las gentes” y como la combinación de criterios lógicos y de experiencia que debe aplicar el juzgador.- En otras palabras, la sana crítica es el método de apreciación de la prueba, donde el juez la valorará de acuerdo a la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. Situación esta o definición de la sana crítica que a todas luces el ente Juzgador no observó en el presente proceso, es más Honorable Corte en una clara violación a este debido proceso y a la observancia de la sana crítica, el ente Juzgador plasma en la Sentencia de fecha siete de Mayo de 2012, situaciones o hechos completamente distintos a los que se evacuaron o salieron a la luz en el juicio oral y público que se realizó en el presente caso, YA QUE AL REVISAR EL ACTA DE DEBATE Y COMPARARLA CON LA SENTENCIA SE OBSERVAN VARIAS INCONSISTENCIAS ENTRE CADA UNA POR EJEMPLO SE OBSERVA QUE EN LA SENTENCIA SE ESTABLECE QUE LA CANTIDAD DEFRAUDADA HA SIDO DE SESENTA MIL LEMPIRAS Y EN EL ACTA O SEA EN EL DESARROLLO REAL DEL JUICIO ORAL Y PUBLICO CLARAMENTE VERSA QUE EL TRIBUNAL DE SENTENCIA ESTIMA QUE SE HA DEFRAUDADO A LA SUPUESTA OFENDIDA POR LA CANTIDAD DE CINCUENTA MIL LEMPIRAS, EN LA MISMA ACTA ESTIMA EL TRIBUNAL DE SENTENCIA QUE EXISTE UNA CONGRUENCIA ENTRE LA SENTENCIA Y LA ACUSACION, SITUACION ESTA QUE SE ENCUENTRA COMPLETAMENTE FUERA DE LA VERDAD YA QUE SE OBSERVA EN LA MISMA ACTA QUE NUNCA HUBO UNA ACUSACION POR EL DELITO DE ESTAFA, SINO QUE TANTO LA ACUSACION Y LA FORMALIZACION ASI COMO LAS CONLCUSIONES DEL MINISTERIO PUBLICO FUE POR EL DELITO DE APROPIACION INDEBIDA, POR LO TANTO TAMPOCO CUMPLE CON ESE REQUISITO DE LA CONGRUENCIA ENTRE LA SENTENCIA Y LA ACUSACION, QUEBRANTANDO ASI CUALQUIER REGLA DEL DEBIDO PROCESO ESTABLECIDA EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURIDICO VIGENTE Y QUE REVISTE DE TODA LEGALIDAD UN PROCESO JUDICIAL. La sentencia que ahora se recurre y que fuera dictada por la sala Tercera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán, declaró como hechos probados los siguientes: PRIMERO: En Fecha veinte de Noviembre de mil novecientos noventa y cinco la señora S. E. T. G. y su esposo en ese entonces J. L. A. G., solicitaron un préstamo hipotecario con el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA), por la cantidad de ciento cuarenta y seis mil quinientos veinticinco lempiras exactos, los cuales debían pagar una cuota mensual de un mil seiscientos treinta y cinco lempiras con ochenta centavos cada uno en un plazo de veinticinco años, mismos que hacían efectivos ante la tesorería de dicha institución. SEGUNDO: En fecha once de Mayo del año de mil novecientos noventa y ocho el señor J. L. A. G., realizó un último pago a dicha institución sin volver a realizar las siguientes sub mensualidades, la señora S. E. T. G., realizó el último a dicha institución en fecha Julio del año dos mil dos entrando en mora con el préstamo hipotecario que ambos tenían con el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio. TERCERO: En el mes de Marzo del año dos mil cinco recibió la visita del señor G. A. B. L., en su casa de habitación quien le dijo que iba a proceder a embargar al señor J. L. A. G., quien para esa fecha se había divorciado de la señora S. E. T. CUARTO: En fecha veintitrés de Agosto del año dos mil cinco, llegó a la casa de habitación de S. E. T. G., su amiga D. de C., informándole que su casa iba a ser rematada, por lo que se reunió ese mismo día en horas de la noche, en la casa de D. y su esposo F. C., quienes conocían al señor G. A. B. L., por lo que lo llamaron por teléfono, este les pidió la cantidad de setenta mil lempiras a cambio de parar el remate monto que no podía conseguir la señora T. G., llegando a un acuerdo de que aceptaría la cantidad de sesenta mil lempiras exactos, motivo por el cual en fecha veintinueve de agosto de del mismo año a la una de la tarde, en la casa de los señores C., doña S. E. T. G., entregó al señor G. A. B. L., la cantidad de sesenta mil lempiras exactos a cambio de parar el remate de la vivienda en mención lo cual no ocurrió así, ya que la casa de la señora T. G. pues el nueve de Enero del año dos mil seis en horas de la mañana se llevó a cabo el remate de la dicha casa y desalojada de la misma la señora T. G.. Por otro lado la sala Tercera del Honorable Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa establece en el enunciado denominado VALORACION DE LA PRUEBA, de esta sentencia referida que: el Tribunal de Sentencia valorando conjuntamente conforme a las reglas de la sana crítica las pruebas practicadas en juicio ha llegado a las siguientes conclusiones; a continuación veamos esos medios de prueba de los cuales habla la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia referido. Habiendo esta defensa ya anteriormente HONORABLE CORTE, manifestado cuales elementos deben de observarse al momento de VALORAR UNA PRUEBA EN BASE A LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA, elementos estos que en ningún momento se observan por parte del ente Juzgador al momento de hacer la valoración necesaria de la prueba que se evacue en el Juicio Oral y Público al cual fue sometido mi representado; ya que al momento en que el ente Juzgador no valora las pruebas en base a la formalización y a las conclusiones vertidas por el Representante del Ministerio Público, elaborando una sentencia en la cual manifiesta que se a demostrado la culpabilidad del imputado en un DELITO DISTINTO AL DELITO QUE SE ENCUENTRA FORMALIZADO POR EL MINISTERIO PUBLICO Y DELITO MISMO POR EL CUAL ELABORO SUS CONCLUSIONES EN EL JUICIO ORAL Y PUBLICO EL MISMO REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PUBLICO. PRUEBA DE CARGO DEL MINISTERIO PUBLICO: DECLARACIONES DE LOS TESTIGOS DE CARGO PROPUESTOS POR EL MINISTERIO PUBLICO: 1) La declaración de la señora ofendida en el presente caso establece que ella junto a su esposo en ese momento hipotecaron un lote de terreno ubicado en la colonia Jardines del Loarque de esta Ciudad Capital, ante (INPREMA), que por alguna razón se separaron como era mancomunado ella no podía seguir pagando ambas cuotas quería saldar la parte que le tocaba a ella, el mes de Marzo del año 2005, tocaron la puerta de su casa, él le pregunto dónde trabajaba su ex esposo, él Trabajaba en la comisión de Banca y Seguros, por lo que le solicitó que lo embargaran para el pago de la cuota que a él le correspondía, el Abogado G. A. B., le dijo que no se preocupara, que él iba a trabar un embargo a su ex esposo siguió pagando la cuota que a ella le corresponde confiando que a su ex esposo le iban a embargar el sueldo esta fue la palabra que le dio el abogado B..- El 23 de Agosto del 2005, una amiga de ella de nombre D. C., llegó a su casa le manifestó que su casa iba a ser rematada y como siempre la ha conocido y son amigas por eso le avisaba, le aconsejó llegara esa misma noche a su casa de habitación a fin de que hablara con el esposo de ella refiriéndose al esposo de D. C. de nombre F. C., para ver cómo le ayudaban a salvar su casa, ese día fue con M. su actual pareja, F. estaba allí le preguntó cómo se llamaba el apoderado legal de lnprema, ella le dijo que su nombre era G. A. B., ella refiriéndose a D. le dijo que su mamá lo conocía que lo iban a llamar.- Ella siempre se preguntaba cómo es posible que le estuvieran rematando la casa si el papá de su hijo esta embargado y según ella su ex esposo por medio del embargo seguía pagando su parte… al día siguiente llegó a la casa de los señores C., hablaron por teléfono con el Abogado G. A. B. que es apoderado legal de INPREMA, quien le manifestó que necesitaba la cantidad de setenta y cinco mil lempiras exactos para parar el remate, eso si dicho dinero ella (S.), no podía ir a dejarlo a INPREMA, personalmente ya que como la casa estaba para remate no se lo iban a aceptar, se angustió mucho y le dijo a su amiga D. C., que no podía conseguir setenta y cinco mil lempiras, solo sesenta mil lempiras el Abogado B. le dijo que el siguiente Jueves 31 de Agosto le iban a rematar su casa que era lo que más quería era salvar. Siguió manifestando la ofendida que el Abogado G. A. B., el trabo el embargo a su ex esposo.- Pero que el día siguiente el mismo Abogado G. B. lo quitó por que la Comisión de Banca y seguros no acepta embargos sobre sus empleados su ex le dijo que le pagó a el Abogado B. para que retirara el embargo el Abogado G. B. dijo que estaba bien la cantidad de sesenta mil lempiras por lo que por medio de su mamá consiguió el dinero prestado el día sábado de esa semana firmó letras de cambio por ese dinero, luego se volvieron a reunir en la casa de los C., a la una de la tarde llegó ella y M., allí estaba D. y F., C., estando allí ella le dio el dinero a F. C., a los diez minutos apareció el Abogado B. L., ellos refiriéndose a (ella y su pareja M.), se sentaron en el comedor ella se quedo en la sala con su esposo fue rápido, recuerda que D. dijo, ahora hay que hacer un recibo porque somos de la muerte ella vio como el Abogado G. B., escribió algo en el recibo, D. le entregó el recibo a ella cuando salió de la casa de los C., le mostró el recibo a su entonces pareja M., este le dijo que en números decía sesenta y en letras cincuenta mil ella le dijo que así lo dejaran pues pensó que esos diez mil lempiras eran los honorarios del Abogado G. B., a la semana siguiente llamó al abogado y le dijo que no se preocupara que iba a readecuar la deuda, volvió a llamar al Abogado B. este le dijo que tenía un hijo enfermo y que no podía atenderla, llamo una tercera vez mas y este no le contestó luego una vez mas y tampoco le contestó llegó noviembre nunca le contestó el teléfono.- El nueve de Enero del año dos mil seis a eso de las seis y media de la tarde tocaron el timbre y aparecieron unos señores diciéndole que ellos eran los nuevos dueños de su casa, ella les dijo que ella tenía un recibo de pago, allí le deje en la corte 180,000 lempiras yo le dije que no le importaba el dinero, lo que quería era su casa al día siguiente fue a INPREMA, pidió una audiencia con el director para decirle que ella tenía un recibo, G. B. estaba allí, y dijo yo a esa señora no la conozco, cuando él había llegado en dos ocasiones cuando ella le dijo sobre el embargo y cuando había recibido el dinero, al mostrarle el recibo dijo que esa no era su firma entonces se fue a poner la denuncia a la Dirección Nacional de Investigación Criminal, de lo que sí está segura es cuando el abogado G. escribió algo en ese recibo, el acusado le contestó yo a usted ni la conozco al día siguiente llamó a José Luis este le dijo que allí no aceptan embargos que ella le mando un abogaducho, solo le pago para que le retirara el embargo su casa fue rematada por la cantidad de 300,001.00 lempiras. A las preguntas del Ministerio Público dijo el Abogado B. llegó una vez a su casa y en persona solo converso esa vez por teléfono en varias ocasiones en la casa de los C. se encontraban F. D. E. M. Y EL ABOGADO, eran como la una y diez de la tarde el llegó solo hasta la casa de los C. primera persona con quien habla es con D., porque ella es la que abre la puerta, se sentaron en el comedor de la casa ella estaba con Marlon ella observa cuando F. LE DA EL DINERO AL ABOGADO G. B., se reunieron en la casa de los C. por que cuando ésta llegó por primera vez a su casa a decirle que su casa estaba en remate se pusieron de acuerdo para encontrarse al día siguiente en la casa de ellos. A las preguntas del Abogado defensor dijo que los señores C. le estaban informando que su casa iba a ser rematada el Abogado B. F. y D. pasaron al comedor luego F. le dio el dinero que ella le había dado al Abogado B., ella vio que el dio el dinero y que el Abogado B. hizo algo en el recibo porque sabe diferenciar un recibo de una hoja en blanco, posteriormente D. le da el recibo el señor G. B. se va de la casa, D. le da además del recibo el número de teléfono de el Abogado G. B. es M. que se fija que había una discrepancia en el contenido del recibo, no sabe para qué iba a utilizar el Abogado el dinero ese lo estaba dando para abonar a la deuda de su casa y que no se la remataran. A las preguntas del Tribunal dijo conocer a los señores C. de hace mucho. 2) La declaración del señor M. E. Á. G., quien dijo que mientras él vivió con S. ella hacía sus cosas y no le comunicaba a nadie, un día llegó D. C. y les dijo que esa casa estaba en remate y que ella la podía comprar D. les ofreció dinero por la casa y les pidió que fueran a su casa estos dijeron que eran amigos de G. B. y que le iban a ayudar, F. dijo que le dejaran los tramites a su cargo a los días fue citada a la casa de ellos recuerda que fue un día lunes S. le contó que estaba pidiendo sesenta mil lempiras para parar el embargo, el la acompañó pero nunca intercambio palabra con F. y D. ni con el acusado ese día llegaron a la casa de los C. al rato llegó el acusado, todos se dirigieron al señor F. no supo que hablaban salió el acusado F. habló con S. esta le mostró el recibo que le había dado D. y él se fijo que había incongruencia en el contenido de el recibo específicamente en la cantidad consignada en el S. le dijo no le pares bola yo lo que quiero es no perder la casa. A las preguntas del Ministerio Público eso fue algo fugaz no vi mas nada solo platicaron suavemente no se escuchaba no sabe qué cantidad de dinero solo le mencionó que si llevaba dinero este solo estuvo cinco minutos. A las preguntas de la defensa dijo que el saludó, él estuvo como oyente nunca se habló con nadie de las personas que estuvieron allí fue fugazmente luego de siete minutos llegó el abogado B. y estuvo diez minutos y luego se fue. 3) La declaración del señor F. M. C. L., que dice que lo que pasó en un momento dado por los periódicos leyó un anuncio que decía que se remataba la casa de la señora S. T., dicha casa estaba ubicada a diez casas de la suya el no conocía a doña S. pero si a su esposo J. L. A., la casa estaba a nombre de ambos le dijo a su esposa que si esa casa se estaba perdiendo que negociaran para quedarse con el bien, con la señora T. pagando la Hipoteca para que no se rematara y darle la diferencia a la señora T. de lo que aparecía en los diarios, cuando su esposa le dijo a T., esta llegó a su casa llorando porque no sabía que le estaban rematando su casa, la señora T. dijo que el Abogado del remate era el Abogado G. B. L., de quien su esposa conocía a su familia de hace mucho a través del hermano de este que vive al lado de su casa se contactó con él para ver como se le podía ayudar a doña S., para que el bien no fuera rematado al final se llegó a un arreglo, PARECE QUE SE IBA A MANTENER EN SUSPENSO EL EMBARGO, a cambio el Abogado B. se cobró una cierta cantidad de dinero después de allí no sé nada. A las preguntas del Ministerio Público dijo que conoce al acusado pues se han visto en ocasiones por que son correligionarios, se han visto desde hace unos años en relación de hola como esta, pero no una relación de amistad, a su casa llegó solo ese día de los hechos, antes dos veces, mas la verdad es que la relación se inicia en función de ayudar a la señora S. T., en efecto el remate se estaba llevando a cabo, incluso había establecida una fecha ese día se le hizo un planteamiento la señora le había quedado mal y no había solo su esposa y Enid, el planteamiento G. dijo que por que eran conocidos llegaran a un arreglo REFINANCIAR LA DEUDA NO SE, S. llegó tres veces a su casa el Abogado G. B. estableció cierta cantidad de dinero que con eso iban a ser las gestiones para el remate.- Cantidades no sabe cuánto fue se hablaba de las costas del juicio de los asuntos profesionales no se hablaba una cosa irregular, el llegó a recoger el dinero a su casa lo llevó S. no sabe la cantidad en su casa le entregó un recibo que se le dio a T., no sabe quien hizo el recibo, si hubo un recibo de por medio EL NO SE ENCONTRABA EN SU CASA, S. entregó y se dio el recibo. A LAS PREGUNTAS DE LA DEFENSA DIJO QUE S. LE ENTREGO EL DINERO A SU ESPOSA Y SU ESPOSA A USTED REFIRIENDOSE AL ACUSADO, el recibió después se le dio a T. después llamó agradeciendo a la casa, que dios les bendijera por que ya había entablado conversación con usted refiriéndose al imputado, el arreglo era entre T. y usted refiriéndose al imputado era pagar cierta cantidad de dinero a cambio de parar el remate lo que inició como un negocio por parte de él y su esposa D. terminó en un acto de buena fe; SU ESPOSA LE DIJO QUE EL DINERO SE HABIA ENTREGADO AL ABOGADO G. B., sabe del pago que se le hizo al imputado por que el llegó a recoger el dinero a su casa el dinero fue llevado por S. T. en efectivo lo llevó y allí se lo entregó al Abogado G. B.. A las preguntas de los miembros del Tribunal, dijo que el Abogado G. A. B., soy enfático en el momento en que se entabló con el Abogado eran costas del juicio honorarios profesionales y posteriormente iba a arreglar lo de la hipoteca, el pidió el dinero por esas acciones, faltaban quince días para el remate, no sé qué acciones iba a interponer en los juzgados para parar el remate. En la VALORACION DEL TRIBUNAL, de estos medios de prueba establece este entre otras cosas que efectivamente la sala ha tenido como hecho probado que existía un acuerdo entre la ofendida y el imputado el cual se basaba en el cobro de la cantidad de sesenta mil lempiras por parte del imputado para evitar el remate de la casa de habitación de la ofendida S. E. T., entregando esta por medio de el matrimonio C. y en casa de estos al Abogado G. A. B., la cantidad antes referida y entregando la señora D. C., un recibo como respaldo del dinero entregado al Abogado G. A. B. ESTIMANDO EL TRIBUNAL DE SENTENCIA, QUE DICHOS TESTIMONIOS HAN SIDO COHERENTES ENTRE SI Y QUE CON DICHOS TESTIMONIOS SOLO VIENEN A CONFIRMAR QUE EFECTIVAMENTE EXISTIA UN ACUERDO ENTRE EL ACUSADO Y LA OFENDIDA EN EL CUAL EL ACUSADO PROMETIO DETENER EL REMATE DE LA CASA DE LA OFENDIDA, A CAMBIO DE QUE ESTA LE DIERA LA CANTIDAD DE SESENTA MIL LEMPIRAS LOS CUALES DEBIA PAGARLE PERSONALMENTE Y NO EN LA TESORERIA DE INPREMA, POR LO QUE ESTE TRIBUNAL LES DA PLENO VALOR PROBATORIO. DE ESTA VALORACION SE DESPRENDE QUE EFECTIVAMENTE EL TRIBUNAL NO HA OBSERVADO LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA, POR QUE BASTA CON EXAMINAR EL ACTA DE DEBATE ASI COMO LA SENTENCIA EN DONDE SE PUEDE OBSERVAR MUCHAS INCONGRUENCIAS ENTRE LOS TESTIMONIOS DE ESTOS TESTIGOS, YA QUE EL SENOR F. C. DICE QUE EL NO SE ENCONTRABA EN SU CASA DE HABITACION EL DIA EN QUE EL ABOGADO G. A. B., LLEGA A RECOGER EL DINERO QUE LE HABIA DEJADO LA SEÑORA T. A SU ESPOSA Y QUE ESTA SE LO ENTREGO AL IMPUTADO, SIENDO QUE LA SENORA T. DICE EN SU DECLARACION Y A LAS PREGUNTAS DEL MINISTERIO PUBLICO QUE QUIEN HABIA ENTREGADO EL DINERO AL IMPUTADO MANIFIESTA QUE EFECTIVAMENTE FUE EL SENOR F. C., QUIEN ENTREGO EL DINERO AL IMPUTADO Y QUE A ELLA POSTERIORMENTE LE ENTREGA UN RECIBO A LA SUPUESTA OFENDIDA EN EL CUAL SE PLASMABA LA CANTIDA QUE HABIA ENTREGADO, POR OTRO LADO LA OFENDIDA MANIFIESTA QUE ERA LA MAMA DE D. C. LA QUE CONOCIA AL ABOGADO G. B. Y QUE IBA A COMUNICARSE CON EL, PERO OBSERVAMOS QUE EN LA DECLARACION DE F. C. DICE EL QUE QUIEN CONOCIA AL ABOGADO B. L. ERA SU ESPOSA POR QUE ELLA LO CONOCIA POR MEDIO DEL HERMANO DEL IMPUTADO, POR OTRO LADO NO SE QUEDO CLARAMENTE ESTABLECIDO EL HECHO QUE EXISTIERE UN ACUERDO ENTRE EL IMPUTADO Y LA OFENDEDIA YA QUE LA MISMA OFENDIDA HA MANIFESTADO QUE ELLA NUNCA HABLO CON EL IMPUTADO SOBRE UN ACUERDO PARA PARAR DICHO REMATE, TODO EL ACUERDO SUPUESTAMENTE LO HABIA HECHO EL IMPUTADO CON LOS SEÑORES C. Y SIENDO QUE NO COINCIDEN SUS DECLARACIONES, ¿COMO PODER EL TRIBUNAL ARGUMENTAR QUE EFECTIVAMENTE SE HAN OBSERVADO LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA? SI PRECISAMENTE LAS MISMAS DEBERIAN DE VERSAR EN OBSERVAR CON TODA LA OBJETIVIDAD NECESARIA EL DESARROLLO DE CADA UNA DE LAS MISMAS EN EL JUICIO ORAL Y PUBLICO, PARA DETERMINAR SI EXISTIAN O NO COINCIDENCIAS ENTRE CADA UNA DE LAS DECLARACIONES DE LOS TESTIGOS, LO CUAL EN LA SENTENCIA RECURRIDA NO FUE ASI YA QUE NO SE OBSERVO DETALLADAMENTE CADA UNO DE LOS ASPECTOS DECLARADOS POR LOS TESTIGOS EXISTIENDO INCONGRUENCIAS CLARAS ENTRE CADA DECLARACION, POR LO QUE NO SE HAN OBSERVADOS LAS REGLAS ANTES MENCIONADAS. DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL MINISTERIO PUBLICO COMO MEDIOS DE PRUEBA: 1. Recibo de pago de fecha 29 de Agosto de año dos mil cinco 2. Constancia extendida por el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio INPREMA, de fecha 16 de diciembre de dos mil cinco 3. Acta de embargo de fecha 12 de Abril de dos mil cinco 4.Contrato de prestación de servicios profesionales, celebrado entre el señor I. R. R. en su condición de representante legal del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio y el señor G. A. B. L.. 5. Constancia extendida por el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio donde consta del préstamo que tenían la ofendida junto a su ex esposo con el Inprema. En la VALORACION DEL TRIBUNAL, de estos medios de prueba, establece el tribunal que ha quedado claramente establecido el préstamo que gozaba la ofendida junto a su ex esposo por parte del Inprema y que era por la cantidad de 146,525.00 lempiras y el cual dejaron de pagar por lo que generó intereses llegó a ser por la cantidad de 347,869.07 lempiras por toda la deuda, y que el imputado laboró en la institución para recuperar la mora de los créditos pendientes, así mismo queda acreditado que el imputado no tiene más facultades que para realizar cobros judiciales y no recibir dinero por parte de las personas morosas, y que queda acreditado que recibió de parte de la ofendida la cantidad de sesenta mil lempiras con la finalidad de parar el embargo que pesaba sobre el Inmueble el cual era propiedad de la ofendida y su esposo, dinero que recibió y por lo cual extendió un recibo a la ofendida. Y que siendo que dichos documentos son respaldados por los medios de prueba testifícales, incluyendo la ofendida este TRIBUNAL le da pleno valor probatorio. Como puede establecer el Tribunal de sentencia que le da pleno valor probatorio a los documentos y establecer que el recibo lo extendió el Imputado a favor de la señora T. si observamos la declaración del perito obviamente y en el dictamen se establece que la firma que reza en el recibo no es la firma de el imputado así como no es concluyente el dictamen en cuanto al extremo de quien o cuantas personas participaron en la confección del documento pero si establece que NO FUE EL IMPUTADO quien hizo el recibo, siendo que no observa en esta valoración TAMPOCO LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA QUE DEBE DE OBSERVAR LA PRUEBA EN CONJUNTO PARA PODER DETERMINAR SI ES UNA PRUEBA QUE REALMENTE MAS ALLA DE LA DUDA RAZONABLE ESTABLECERIA LA CULPABILIDAD Y LA PARTICIPACION A TITULO DE AUTOR DIRECTO DEL IMPUTADO EN LOS HECHOS QUE SE SUPONE QUE PARTICIPO SIENDO QUE EN EL PRESENTE CASO NO HA PODIDO SER DE ESA MANERA, POR LO TANTO NO DEBERIA DE DARLE PLENO VALOR PROBATORIO. DECLARACION DE LOS TESTIGOS PROPUESTOS POR LA ACUSACION PRIVADA. Declaración de la señora D. G. de C. quien en su declaración dice ser esposa de el señor F. M. C., conoce a S. E. porque eran vecina ella vio en el periódico el anuncio donde se anunciaba que a S. que le iban a rematar la casa su esposo tenía interés que en vez de que se perdiera que el pagara la diferencia motivo por el cual fue hasta su casa y le contó S. se puso a llorar y no sabía qué hacer dijo que no sabía que le estaban rematando su casa, cuando le preguntó quién era el Abogado que le llevaba su caso esta le dijo que se llamaba G. A. B. L., a lo que ella respondió que lo conocía por además de ser correligionarios su mamá lo conocía que Juan Carlos su vecino era hermano de el Abogado como su esposo F. tenía interés en la casa le dijo S. que se reunieran en su casa para ver de qué manera le ayudaban, en una ocasión S. fue a la casa allí esperaron al acusado y S. le entregó una cantidad de dinero a su esposo, y este a la vez se lo dio al acusado G. A. B.. A las preguntas del Ministerio Público entre otras manifestó que ella fue la que le entregó el dinero al imputado que no se acuerda de la cantidad y que le entregó un recibo a S.. En la VALORACION DEL TRIBUNAL, establece este que la declaración de dicho testigo es congruente y es respaldo del resto de la prueba testifical y documental presentada por el Ministerio Público y la Acusación Privada y viene a confirmar los dichos por el resto de los testigos de cargo, por lo que el Tribunal le da PLENO VALOR PROBATORIO. Tomando en cuenta que dicho testigo establece una gran INCONGRUENCIA ENTRE SU DECLARACION Y LA DE LOS OTROS TESTIGOS EN CUANTO A QUE FUE ELLA PERSONALMENTE LA QUE LE DIO EL DINERO AL IMPUTADO Y LOS OTROS TESTIGOS DICEN QUE FUE EL SEÑOR F. C., EL QUE ENTREGO EL DINERO REFERIDO AL IMPUTADO VEMOS QUE DICHO TRIBUNAL NO HA OBSERVADO TAMPOCO EN ESTA VALORACION DE LA PRUEBA LAS REGLAS MAXIMAS DE LA EXPERIENCIA Y LA SANA CRITICA YA QUE EL SOLO HECHO DE QUE HAYA UNA INCONGRUENCIA DE ESTE TIPO DEJA MANIFESTADO CLARAMENTE QUE EXISTE MAS QUE UNA DUDA RAZONABLE DE LA QUE EL IMPUTADO NO HAYA PARTICIPADO EN LOS HECHOS QUE SE LE IMPUTAN, POR QUE ¿COMO PODER DAR PLENO VALOR PROBATORIO A UNAS DECLARACIONES LAS CUALES NO SE ENCUENTRAN EN CONCORDANCIA UNAS CON LAS OTRAS? O ESTA MINTIENDO UNO O TODOS LOS TESTIGOS YA QUE SI OBSERVAMOS LAS DECLARACIONES PODEMOS VER NO SOLO ESA INCONGRUENCIA SINO MAS COMO SER EL QUE UNOS TESTIGOS MANIFIESTAN QUE EL RECIBO LO ENTREGARON CUANDO SE HABIA IDO DEL LUGAR EL IMPUTADO OTROS MANIFIESTAN QUE EN EL MISMO MOMENTO LE ENTREGARON EL RECIBO A LA OFENDIDA, O SEA QUE TODAVIA SE ENCONTRABA EL IMPUTADO EN EL LUGAR DONDE SUPUESTAMENTE LE ENTREGARON EL DINERO, POR LO QUE SE VIENE A PRODUCIR UNA DUDA DEBIDAMENTE RAZONABLE EN LA CUAL NO PODRIA EL TRIBUNAL DE SENTENCIA, DICTAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA CON ESOS ASPECTOS DESNUDADOS EN LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL Y PÚBLICO”. RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ACUSADO G. A. B. L., ARGUYENDO QUE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL DICTAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA HA VULNERADO LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN EL PROCESO DE VALORACION DE LA PRUEBA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 3) PARRAFO FINAL DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- En síntesis, el Censor considera que el Tribunal de instancia ha vulnerado las reglas de la sana crítica, ya que una lectura detenida de las declaraciones testificales propuestas por la Representación del Ministerio Público revela la existencia de grandes contradicciones entre las mismas. Por otro lado considera en abono de su tesis, que el Juzgador A Quo no tomó en consideración que conforme al dictamen caligráfico practicado sobre un recibo que acreditaría la entrega de una suma de dinero al encartado, la firma que calza dicho documento no se corresponde con las características de la escritura del encausado; de ahí que en su opinión, un análisis armónico y conjunto de la prueba evacuada en juicio no genera la certeza más allá de toda duda razonable que el endilgado es responsable del delito de estafa que se le atribuye. Por otro lado, el recurrente sostiene que el imputado fue acusado en el transcurso del proceso por el delito de apropiación indebida tipificado en el artículo 242 No. 8) del Código Penal, pero que finalmente el Tribunal de Sentencia le condenó por un delito de estafa, tipificado en el artículo 240 del mismo texto punitivo, de tal manera que con ello se ha infringido lo dispuesto en el artículo 337 del Código Procesal Penal, en tanto que no existe la debida correlación entre la acusación y la sentencia, lo que se tradujo en una situación de indefensión en perjuicio de su cliente. Esta Sala constata que el recurrente incurre en un defecto de técnica recursiva al desarrollar dos motivos diferentes de manera simultánea, soslayando que conforme al artículo 363 párrafo segundo del Código Procesal Penal, “el recurrente deberá indicar separadamente cada motivo..”. No obstante lo anterior, esta Sala en su más alta función de tutela judicial en el orden penal, en aras del garantizar el goce de la justicia como uno de los fines esenciales del Estado de Derecho en el que Honduras se ha constituido al tenor de lo previsto en el artículo 1 de la Constitución de la República, procederá a resolver motivadamente los reclamos formulados por el Censor. Esta Sala considera pertinente recordar que conforme a lo dispuesto en el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal : “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que..en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica..”. El proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque en virtud del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí[1], su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. El límite de las reglas de la experiencia está en los conocimientos técnicos especializados. En lo que concierne a las reglas de la lógica tenemos que la regla de identidad nos dice que una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Es decir, José solo puede ser José y no Juan. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, un argumento "X" solo puede ser "X". No podría por ejemplo una sentencia decir en una parte que se absuelve bajo la certeza de la inocencia, para afirmar más adelante que se absuelve por duda, porque viola el principio de identidad (en lo que interesa al Ministerio Público), pues estaría diciendo que "A" es "B". Diría que la certeza de la inocencia es la duda de la culpabilidad, y eso viola el principio de identidad. El principio de contradicción nos dice que una persona o cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, o sea el tribunal no puede aseverar algo y luego desvirtuarlo, porque solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Y el principio de tercero excluido nos dice que de dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa. A contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. En cuanto a las reglas de la psicología, éstas no están referidas a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos, como la observación del tribunal de mérito en caso de que un testigo se muestre nervioso al contestar una pregunta, que fue disperso al construir sus repuestas, ignorante en cuanto al idioma o cultura general básica, etc. Eso tiene que incluirse en el fallo al hacer la valoración. Podría ser que diga el tribunal, que no se cree al testigo porque se puso nervioso (más de lo normal), o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una de sus respuestas lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración. Una lectura detenida de las declaraciones rendidas en el debate por los testigos de cargo revela que La señora S. E. T. G. manifestó que a través de los señores y también testigos de cargo F. M. C. L. y D. M. A. G., ambos esposos entre sí, tuvo conocimiento que una vivienda para cuya adquisición había contraído un préstamo hipotecario mancomunado con su ex esposo, el señor J. L. A. A., estaba próxima a ser rematada, por lo que le ofrecieron su intermediación para que el Apoderado Judicial del INPREMA como institución acreedora, el acusado G. A. B. L., lograra impedir la ejecución de dicho bien inmueble. La testigo declara que junto a su entonces compañero de hogar, señor M. E. A. G.. observó desde un sillón ubicado en una sala, que en la mesa de comedor de la vivienda habitada por los esposos M. C. y D. A. G., el primero le entregó al acusado la cantidad de sesenta mil lempiras tras lo cual observó los movimientos propios de quien firma un recibo, tras lo cual el encausado se marchó y que seguidamente la señora D. A. le hizo entrega de un recibo firmado por el procesado, dándose la circunstancia que posteriormente y a pesar de haber realizado dicho pago, la casa en la que vivía fue finalmente rematada (vid. Folios No. 543 vuelto al 546 vuelto). Este Tribunal considera que si bien es cierto que el Tribunal de instancia ha tenido la inmediación de la prueba evacuada en juicio y que afirma que las declaraciones de los testigos son coherentes entre sí (vid. Folio No. 561 vuelto), no es menos cierto que esta Sala ha podido constatar que entre la declaración de la señora S. E. T. y el contenido de las declaraciones rendidas por los demás testigos se desprenden contradicciones e inconsistencias que no son de carácter periférico o de menor importancia, sino que relevantes y de trascendencia significativa. Así tenemos que el entonces compañero de hogar de la señora S. E. T. G., el señor M. E. A. G. manifiesta que acompañó a la primera en una visita que hicieran a la casa de los señores F. C. y D. A. G., y que ahí observó a estos dos últimos que conversaban con el imputado, pero que no pudo escuchar cual fue el objeto de la conversación, que ignoraba la cantidad de dinero que su entonces compañera decía portar y haber entregado para que se le diese al procesado, ni observó nada más que una breve conversación, salvo que al final de la reunión la señora S. T. le mostró un recibo por lo que al constatar diferencias entre lo descrito en letras y números se lo hizo saber, a lo cual la señora S. T. le expresó que no importaba pues que en todo caso la finalidad era evitar que la casa le fuera rematada. De este modo podemos constatar que si bien es cierto que el testigo M. E. A. G. dice haber acompañado a su entonces compañera de hogar S. T. y que esta a su vez expresa que se encontraban ubicados desde un lugar donde observó la entrega del dinero y movimientos propios de quien firma un documento por parte del acusado, tales extremos no son corroborados por aquel (vid. Folios No. 547 vuelto al 548). En cuanto al testigo F. M. C. L., señala que habiéndose enterado por los periódicos que la casa de la señora S. T. estaba en proceso de ser rematada, se lo comentó a su esposa D. A. G. proponiéndole a ésta que conjuntamente hicieran las gestiones conducentes para quedarse, es decir para adquirir el referido inmueble, señalando textualmente que con ese propósito consideraba pertinente “hablar con la señora, darle la diferencia y nosotros pagar la hipoteca que se establecía”. En principio el deponente refiere que en su casa de habitación le fue entregada una cantidad de dinero en un monto que no recuerda al imputado G. A. B., sin embargo, más adelante señala que el dinero que se habría dado al acusado como el recibo que tenía en su poder la señora S. T. no fueron entregados en su presencia, ya que el día en que tales acciones se realizaron no se encontraba en su casa de habitación, extremo de relevante importancia y que no coincide con la versión de la ofendida puesto que ésta asegura que observó cuando el señor F. C. le hacía entrega del dinero al acusado con la finalidad de que no se procediera al remate de su vivienda embargada por el INPREMA, en tanto que el testigo antes mencionado expresa que fue no fue él sino que su esposa, es decir, la señora D. A. G. quien hizo entrega del dinero, añadiendo que ésta última le confió que el dinero se había entregado al encartado y que este había firmado un recibo como comprobante de la operación (vid. Folios 549-550). Examinada que fue la testigo D. M. A. G., esta expresó que la señora S. T. llegó a su casa donde dejó una cantidad de dinero, misma que ella entregó al ahora imputado G. A. B., agregando que éste le firmó un recibo. Sometida que fue al interrogatorio indicó que no recordaba cuanto fue el monto del dinero entregado (vid. Folios 550 vuelto a 551 vuelto). Respecto a este testimonio igualmente se constata que existen contradicciones sustanciales con respecto al vertido por la señora S. T., pues mientras D. A. G. dice que entregó la suma de dinero que le fuera dejada en su casa de habitación por la señora S. T.al acusado, ésta aseguró que en compañía de su entonces marido, el señor M. E. A. G. observó cuando dicha suma fue entregada al encartado por el señor F. C.. Por otro lado a tales contradicciones se suma la circunstancia de que practicado que fueron dos dictámenes del Departamento de Documentología del Ministerio Público a fin de determinar si la letra y números que fueron puestos en el recibo de pago fechado el “29/08/05” a favor de la señora “S. E. T. G.” por la suma de “cincuenta mil” en concepto de “gastos legales de Imprema”, apareciendo en números la cifra “60,000” y en el que se observa estampada una firma, se desprende que salvo la frase “cincuenta mil” que tiene los rasgos o característicos de la escritura del procesado, las demás palabras y particularmente la firma que calza el documento y que la señora D. A. G. dice haber sido puesta por el encartado G. A. B. LAGOS como comprobante de haber recibido una suma de dinero, no se corresponde con los rasgos o características propias de la escritura del procesado (vid. Folios No. 52-60, 351-352). Esta Sala estima que de los datos arriba señalados y que se infieren de los medios de prueba indicados no han sido analizados conjunta y armónicamente. El Tribunal de instancia ha estimado que existe coherencia en la prueba evacuada en juicio, sin embargo se han puesto de manifiesto contradicciones sustanciales y por ende incoherencias que no han sido tomadas en consideración por el Tribunal A Quo al emitir el veredicto condenatorio, de tal modo que de haber observado las reglas de la sana crítica podría haberse arribado a un resultado distinto. En lo que concierne a la supuesta falta de correlación entre la acusación y la sentencia, esta Sala ya expresó que el recurrente falta a una adecuada técnica recursiva al plantear este motivo de manera conjunta con el que se basa en la vulneración de las reglas de la sana crítica[2], sin embargo, en aras de garantizar la tutela judicial del goce de la justicia que como uno de los valores esenciales del Estado de Derecho proclama el artículo 1 de la Constitución de la República procederemos a darle una respuesta motivada. Esta Sala, conforme a la doctrina mayoritariamente aceptada, estima que los aspectos relevantes del “principio acusatorio” son: 1) No puede existir proceso sin acusación previa formulada por persona distinta del acusador; y, 2) No cabe condena por hechos distintos, ni persona distinta a los señalados por la acusación”[3]. En orden a resolver esta cuestión es pertinente recordar que conforme a lo dispuesto en el artículo 337 del Código Procesal en su versión vigente al momento del juzgamiento, “la sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean descritas en la formalización de la acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación y en la contestación de ésta, ni calificar los hechos en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas”[4]. El principio acusatorio admite y presupone el derecho de defensa del imputado y, consecuentemente, la posibilidad de contestación y rechazo de la acusación. Provoca en el proceso penal la aplicación de la contradicción, o sea, el enfrentamiento dialéctico entre las partes, y hace posible el conocer los argumentos de la otra parte, el manifestar ante el Juez los propios, el indicar los elementos fácticos y jurídicos que constituyen su base, y el ejercitar una actividad plena en el proceso, de este modo, es que nadie puede ser condenado si no se ha formulado contra él, una acusación de la que haya tenido oportunidad de defenderse de manera contradictoria, estando por ello, obligado el Juez o Tribunal a pronunciarse dentro de los términos del debate, tal y como han sido formulados por la acusación y la defensa, lo cual significa en última instancia que ha de existir siempre correlación entre la acusación y el fallo de la sentencia. De lo que se desprende que el debate en el proceso penal vincula al Juzgador, impidiéndole excederse de los términos en que viene formulada la acusación o apreciar hechos o circunstancias que no han sido objeto de consideración en la misma, ni sobre las cuales, por lo tanto el acusado no ha tenido ocasión de defenderse. No obstante lo anterior, el Juez puede modificar la calificación de los hechos enjuiciados, siempre que no sea en perjuicio del reo, y que exista identidad fáctica y homogeneidad en dicha calificación. Un examen detenido de los antecedentes revela que durante el transcurso del proceso el hecho delictivo que se le ha venido atribuyendo al imputado G. A. B. L. es el de haber persuadido a la señora S. E. T. G. para que a cambio de una suma de dinero ejercería las facultades que en realidad no poseía para impedir que se procediera al inminente remate de la vivienda que había adquirido en virtud de un préstamo mancomunado con su entonces esposo, el señor J. L. A. G., y que no obstante, sabiendo que carecía de dichas facultades pues al finalmente la vivienda fue rematada, el acusado tomó ese dinero en su provecho, defraudando a la ofendida y por ende causando un perjuicio patrimonial a esta última. Por otro lado, también se desprende del expediente judicial que en el requerimiento fiscal presentado en fecha 5 de diciembre de 2006, la Representación del Ministerio Público interpuso requerimiento fiscal contra el encartado G. A. B. L., acusándolo por el delito de estafa, tipificado en el artículo 240 del Código Penal. Posteriormente en Audiencia Preliminar celebrada en fecha 7 de agosto de 2009, la Representación del Ministerio Público formalizó acusación por el delito de apropiación indebida, señalando que la conducta del procesado se subsumía en el artículo 242 No. 8) del Código Penal (vid. Folio No.384) . En resolución de fecha 12 de agosto de 2009 el Juez de Letras dictó auto de apertura a juicio contra el encartado por el delito antes apuntado(vid. Folio No. 391). En la audiencia de debate, la Representación del Ministerio Público formalizó acusación contra el encausado por el delito tipificado en el artículo 242 No. 8) del Código Penal. Finalmente en sentencia del 7 de mayo de 2012 el Tribunal de enjuiciamiento condenó al imputado G. A. B. L. por el delito de estafa tipificado en el artículo 240 del Código Penal. Esta Sala tomando en consideración los antecedentes expuestos considera que el Tribunal de instancia no ha vulnerado el principio acusatorio del cual se desprende la obligatoriedad de observar la debida correlación entre acusación y sentencia, ya que como antes lo apuntamos, los hechos que se le han venido atribuyendo al encartado son esencialmente los mismos, es decir, haber persuadido a la ofendida para que entregara una determinada suma de dinero a cambio de impedir el inminente remate de la vivienda que habitaba, y que el procesado a sabiendas de que carecía de tales facultades tomó ese dinero para sí, causando en una relación causa-efecto, un engaño con el consiguiente perjuicio en el patrimonio de la señora S. E. T. G., de ahí que no se constata la existencia de una acusación sorpresiva y que el fallo haya recaído sobre hechos respecto a los cuales el endilgado no haya tenido oportunidad de defenderse. Tampoco se ha vulnerado el principio acusatorio cuando el Tribunal condena por el delito de estafa tipificado en el artículo 240 del Código Penal y no por el de apropiación indebida como lo solicitaba la Representación del Ministerio Público y cuya postura fue avalada por la Acusación Particular, ya que el Juzgador no estaba vinculado a una calificación errónea, de tal manera que la ley le permitía realizar otra distinta siempre que se refiriera a los hechos objeto de debate y tal calificación no perjudicara al procesado. Por otro lado cabe señalar que las penas previstas para el delito de estafa y apropiación indebida son las mismas (vid. arts. 240, 241 y 242 No. 8) del Código Penal), con lo cual cabe aquí lo previsto en el artículo 337 del Código Procesal Penal, precepto legal del cual se desprende que la sentencia que se dicte por el Juzgador podrá calificar los hechos de manera distinta a la sostenida por las partes acusadoras, siempre que recaiga sobre los hechos objeto de controversia y que tal calificación no se haga en perjuicio del imputado, circunstancias que como antes lo explicamos han sido observadas por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, al margen del criterio ya expuesto por esta Sala en lo que concierne al motivo fundado en la vulneración de las reglas de la sana crítica. Por todas las razones anteriormente expuestas se declara con lugar éste último motivo y sin lugar el que tiene por precepto autorizante el artículo 362 No. 6 del Código Procesal Penal, esto es la incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes. IV.- MANIFIESTA EL RECURRENTE EN SU EXPOSICIÓN DEL SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA. MOTIVO NUMERO DOS: “Por haber incurrido el sentenciador en la violación de Precepto penal: PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. El Sentenciador incurre en un grave error de disconformidad de sus ideas y representaciones con la naturaleza de las cosas, es una apreciación falsa de lo que ocurre; el error es una falsa idea que tenemos de algo que no resulta ser tal cual lo creemos. EXPLICACIÓN DE MOTIVOS. Esta defensa plantea la clara y flagrante violación de un orden público y de carácter sustantivo, como podemos apreciar en el proceso que se llevó a cabo en el presente caso se produce dicha violación por vía de ACCION (APLICACIÓN INDEBIDA DE UN PRECEPTO PENAL SUSTANTIVO) esto sucede cuando el órgano sentenciador EN UNA CLARA VIOLACION AL PRINCIPIO ACUSATORIO QUE RIGE NUESTRO ORDENAMIENTO JURIDICO PENAL VIGENTE, EL CUAL LE OTORGA LA ACUSACION PUBLICA PENAL AL MINISTERIO PUBLICO, DICTA UNA SENTENCIA CONDENANDO A MI REPRESENTADO POR EL DELITO DE ESTAFA CONTEMPLADO EN ELA RTICULO 240 DEL CODIGO PENAL, VIOLANDO TODO PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN CUANTO AL ENJUICIAMENTO ORAL Y PUBLICO VIGENTE EN NUESTRO PAIS, es por esto que en el desarrollo de este recurso pretendemos demostrar el vicio in indicando en que ha incurrido el órgano jurisdiccional y que causa agravio al valor justicia. Para los efecto de este motivo se cita como infringido el artículo 240 del Código Penal que establece: “comete el delito de estafa quien con nombres supuestos falsos títulos influencia o calidad simulada, abuso de confianza fingiéndose dueño de bienes, créditos empresas o negociación o valiéndose de cualquier artificio astucia o engaño, indujere a otro en error defraudándolo en provecho propio o ajeno. En ningún momento puede el Órgano sentenciador desconocer que en el proceso penal de nuestro ordenamiento jurídico existe un ente Acusador que es el Ministerio Público y que en código Procesal Penal está revestido de la acusación Pública Penal, la cual lo faculta para poder Modificar la tipificación penal de las actuaciones del imputado así como ampliar la acusación en el momento procesal oportuno y que en el presente caso se violentó de forma indebida por él entre Juzgador ya que al momento de dictar una sentencia que no es congruente con la acusación Formalización de Acusación que hizo en su momento el representante del Ministerio Público en la que claramente el representante de este ente fiscal FORMALIZA LA ACUSACION POR EL DELITO DE APROPIACION INDEBIDA Y EN SUS CONCLUSIONES LAS HACE SOLICITANDO QUE SE DICTE SENTENCIA CONDENATORIA EN CONTRA DEL IMPUTADO POR EL DELITO DE APROPIACION INDEBIDA, Y SIENDO QUE EN LA SENTENCIA EL ENTE JUZGADOR PLASMA EN LA MISMA QUE SE FORMALIZO ACUSACION POR EL DELITO DE ESTAFA CLARAMENTE VIOLA EN PRINCIPIO ANTES MENCIONADO. Se ataca la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, por medio de la sala Tercera, por considerar que el órgano sentenciador DEBIO DE HACER UNA CORRECTA APLICACIÓN DE LA JUSTICIA YA QUE SI OBSERVAMOS EL ACTA DEL DEBATE EN JUICIO ORAL Y PUBLICO PODEMOS VER QUE EN EL NUMERAL QUINTO DE LOS HECHOS PROBADOS LOS CUALES PLASMA EN DICHA ACTA EL TRIBUNAL DE SENTENCIA MANIFIESTA QUE NO SE CONFIGURO EL DELITO DE APROPIACION INDEBIDA (EL CUAL SE ENCUENTRA CONTEMPLADO EN EL ARTICULO 242 NUMERAL 8 DEL COLDIGO PENAL VIGENTE) Y QUE CONSIDERAN QUE LOS HECHOS PROBADOS SER TIPIFICAN CON UN DELITO DE ESTAFA EL CUAL SE ENCUENTRA CONTEMPLADO EN EL ARTICULO 240 DEL CODIGO PENAL VIGENTE), SIENDO QUE CON LO QUE MANIFIESTA EL TRIBUNAL DE SENTENCIA ESTA COMETEINDO UN QUEBRANTAMIENTO DE LEY SUSTANTIVA, EN VIRTUD QUE DECLARA PROBADOS HECHOS RELATIVOS A UN DELITO NO COMETIDO NI DEL CUAL HAYA TENIDO CONOCIMIENTO MI REPRESENTADO NI MUCHO MENOS OPORTUNIDAD DE DEFENDERSE EN JUICIO ORAL Y PUBLICO, YA QUE EL NO PUDO DEFENDERSE DE UN DELITO QUE NO SABIA QUE SE LE ESTABA ACUSANDO Y DESDE QUE EL TRIBUNAL DICE EN EL ACTA DE JUICIO ORAL Y PUBLICO QUE NO SE CONFIGURO O NO SE COMETIO EL DELITO DE APROPIACION INDEBIDA POR PARTE DE MI REPRESENTADO DEBIO INMEDIATAMENTE DECLARAR UNA SENTENCIA ABSOLUTORIA A SU FAVOR YA QUE NO PODIA EN NINGUN MOMENTO EL TRIBUNAL DE SENTENCIA MODIFICAR EL REQUERIMIENTO FISCAL EN CUANTO A QUE SOLO LE CORRESPONDE ESTA FACULTAD AL MINISTERIO PUBLICO, POR OTRO LADO ESTABLECE EN LA SENTENCIA Y EN EL ACTA QUE TOMANDO EN CUENTA QUE EL BIEN JURIDICO PROTEGIDO ES UN BIEN PATRIMONIAL EN AMBOS DELITOS NO SE VIOLENTA NINGUN PRECEPTO CONSTITUIDO EN EL CODIGO PENAL VIGENTE, SI BIEN ES CIERTO EL DELITO DE APROPIACION INDEBIDA Y EL DELITO DE ESTAFA SE ENCUENTRAN CONTEMPLADOS EN EL MISMO CAPITULO DEL CODIGO PENAL VIGENTE, TAMBIEN ES CIERTO QUE CADA UNO DE ELLOS SON INDEPENDIENTES ENTRE SI EN CUANTO A LAS ACTUACIONES QUE DEBIO HACER EL HECHOR EN CADA UNO DE ELLOS O DEBIO EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DICTAR UNA SENTENCIA ABSOLUTORIA POR EL DELITO DE APROPIACION INDEBIDA POR QUE EL MISMO DECLARA EN EL JUICIO ORAL Y PUBLICO QUE NO SE CONFIGURO ESTE DELITO POR LO QUE SI HA COMETIDO UN QUEBRANTAMIENTO DE LEY SUSTANTIVA Y ERRONEAMENTE HA APLICADO UN PRECEPTO PENAL A UNAS ACTUACIONES QUE NO SE ENCUENTRAN DENTRO DEL QUE APLICO. La sentencia que ahora se recurre y que fuera dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, por medio de la Sala Tercera declaró como hecho probado para sustentar el delito de Estafa, en perjuicio de la Señora S. E. T.: Hecho Probado número Cuatro: En fecha veintitrés de Agosto del año dos mil cinco, llegó a la casa de habitación de S… E. T. G., su amiga D. de C., informándole que su casa iba a ser rematada, por lo que se reunió ese mismo día en horas de la noche, en la casa de D. y su esposo F. C., quienes conocían al señor G. A. B.. L., por lo que lo llamaron por teléfono este les pidió la cantidad de setenta mil lempiras a cambio de parar el remate monto que no podía conseguir la señora T. G., llegando a un acuerdo de que aceptaría la cantidad de sesenta mil lempiras exactos, motivo por el cual en fecha veintinueve de agosto del mismo año a la una de la tarde, en la casa de los señores C., doña S. E. T. G., entregó al señor G. A. B. L., la cantidad de sesenta mil lempiras exactos a cambio de parar el remate de la vivienda en mención lo cual no ocurrió así, ya que la casa de la señora T. G. pues el nueve de enero de1 año dos mil seis en horas de la mañana se llevó a cabo el remate de la dicha casa y desalojada de la misma la señora T. G.. De este hecho probado se desprende la supuesta comisión del delito de ESTAFA, consignado en el artículo 240 del Código Penal y que establece lo siguiente: “comete el delito de estafa quien con nombres supuestos falsos títulos influencia o calidad simulada, abuso de confianza fingiéndose dueño de bienes, créditos empresas o negociación o valiéndose de cualquier artificio astucia o engaño, indujere a otro en error defraudándolo en provecho propio o ajeno. Podemos mencionar que en el presente caso que aunque la ESTAFA Y LA APROPIACION INDEBIDA sean delitos que se encuentran contemplados en el mismo capítulo VI del Código Penal de ESTAFA Y OTROS FRAUDES, no puede el sentenciador tomar como probados hechos y circunstancia que no se vertieron o que no salieron a relucir en la evacuación de medios de prueba que se dio en el juicio Oral y Público, y de la misma manera no puede pretender subsumir las actuaciones del imputado en hechos que no se acoplan a las acciones cometidas por el imputado, siendo que en el presente caso no se pudo encontrar ninguna prueba de la participación de mi representado en el delito de Apropiación indebida en perjuicio de S. E. T., ya que no fueron suficientes para poder acreditar la participación en ese tipo penal por lo que debió dictar una SENTENCIA ABSOLUTORIA, ya que cada uno de los delitos tienen sus propios elementos los cuales deben de cumplirse para poder decidir si se cometió uno u otro delito, pero desde que el ente acusador presenta sus medios de prueba hasta que los evacua van encaminados a acreditar o probar un delito de apropiación indebida y si al momento de evacuar los mismos no se pudo probar la participación de mi representado en ese delito y QUE EN SU CONLUCIONES EL MISMO ENTE ACUSADOR CONLUYO POR EL DELITO DE APROPIACION INDEBIDA, no debió el ente juzgador dar por probados hechos distintos y MUCHO MENOS TRATAR DE SUBSUMIR LAS ACCIONES DE MI REPRESENTADO EN HECHOS CONSTITUTIVOS DE UN TIPO PENAL DIFERENTE AL QUE VENIA SIENDO JUZGADO. MANIFESTANDO ESTA DEFENSA QUE LOS DOS ELEMENTOS QUE SE DESARROLLAN EN EL PRINCIPIO ACUSATORIO PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA JUSTICIA ES EN EL ELEMENTO OBJETIVO EN DONDE RECAE LA MAYOR SEGURIDAD DE UN DEBIDO PROCESO DONDE PROHIBE AL ENTE ACUSADOR INCORPORAR EN LA SENTENCIA HECHOS PUNIBLES NO DESCRITOS NI PROBADOS EN EL JUICIO ORAL Y PUBLICO COMO ES EN EL PRESENTE CASO YA QUE SE HA DICTADO UNA SENTENCIA CONDENANDO A UNA PERSONA LA CUAL NO TUVO OPORTUNIDAD DE DEFENDERSE YA QUE EN EL JUICIO ORAL Y PUBLICO LLEVO UN CURSO DE EVACION DE PRUEBAS RELATIVAS A UN DELITO DISTINTO DEL QUE SE LE CONDENO SIN HABER UNA LEGITIMA DEFENSA POR PARTE DE MI REPRESENTADO. APLICACIÓN O INTERPRETACION PRETENDIDA: en el delito de estafa el ardid, astucia o el engaño, son elementos escánciales para inducir a la víctima en error para llevar a cabo en una relación causa-efecto a realizar una disposición patrimonial injusta a favor del acusado, situación esta que en el presente caso no se dio ya que no se pudo probar mas allá de una duda razonable la participación de mi representado en el delito de estafa. Siendo que de las declaraciones tanto de la señora T. como de los demás testigos se desprende que en ningún momento mi representado el Señor G. B. L. haya tenido una comunicación con la ofendida para llegar a un arreglo de pago o que este le hubiera pedido directamente a la ofendida cantidad alguna para parar un remate, situación esta que no estaba a discusión en ese momento ya que como repetimos los mismos testigos de cargo han establecido que toda la negociación fue por medio de los señores C. los cuales declararon en el presente Juicio y por cierto que las declaraciones de ambos no coinciden en muchos aspectos; por otro lado de la revisión y comparación de cada medio de prueba evacuado y acreditado en el presente Juicio observamos que durante todo el proceso desde que se inicio hasta que finalizó el ente acusador evacuando los medios de prueba y en su FORMALIZACION Y EN SUS CONCLUSIONES LA ACUSACION ES LA MISMA SIEMPRE POR EL DELITO DE APROPIACION INDEBIDA EN PERJUICIO DE S. E. T., Y AUN ASI EL TRIBUNAL DE SENTENCIA SIN OBSERVAR ESOS ASPECTOS DE LA ACUSACION Y NO HABIENDO UNA MODIFICACION DE LA MISMA DURANTE TODO EL PROCESO VIOLENTANDO EL DERECHO DE APLICACIÓN O INTERPRETACION PRETENDIDA: en el delito de estafa el ardid, astucia o el engaño, son elementos escánciales para inducir a la víctima en error para llevar a cabo en una relación causa-efecto a realizar una disposición patrimonial injusta a favor del acusado, situación esta que en el presente caso no se dio ya que no se pudo probar mas allá de una duda razonable la participación de mi representado en el delito de estafa. Siendo que de las declaraciones tanto de la señora T. como de los demás testigos se desprende que en ningún momento mi representado el Señor G. B. L. haya tenido una comunicación con la ofendida para llegar a un arreglo de pago o que este le hubiera pedido directamente a la ofendida cantidad alguna para parar un remate, situación esta que no estaba a discusión en ese momento ya que como repetimos, los mismos testigos de cargo han establecido que toda la negociación fue por medio de los señores C. los cuales declararon en el presente Juicio y por cierto que las declaraciones de ambos no coinciden en muchos aspectos; por otro lado de la revisión y comparación de cada medio de prueba evacuado y acreditado en el presente Juicio observamos que durante todo el proceso desde que se inicio hasta que finalizó, el ente acusador evacuando los medios de prueba y en su FORMALIZACION Y EN SUS CONCLUSIONES LA ACUSACION ES LA MISMA SIEMPRE POR EL DELITO DE APROPIACION INDEBIDA EN PERJUICIO DE S. E. T., Y AUN ASI EL TRIBUNAL DE SENTENCIA SIN OBSERVAR ESOS ASPECTOS DE LA ACUSACION Y NO HABIENDO UNA MODIFICACION DE LA MISMA DURANTE TODO EL PROCESO VIOLENTANDO EL DERECHO DE APLICACIÓN JUSTA DE LA LEY Y LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA MAXIMAS DE LA EXPERIENCIA PROCEDIO A MODIFICAR EL DELITO POR EL CUAL MI REPRESENTADO VENIA SIENDO ACUSADO, SIENDO ESTA UNA POTESTAD UNICA DEL MINISTERIO PUBLICO SEGÚN NUESTRO ORDENAMIENTO JURIDICO VIGENTE YA QUE SE ESTA EXTRALIMITANDO POR QUE LA ACUSACION PUBLICA PENAL SOLAMENTE LE CORRESPONDE AL MINISTERIO PUBLICO, POR LEY APLICANCO ASI UNA NORMA JURIDICA O LEY SUSTANTIVA DISTINTA A LA QUE DEBIA DE APLICARSE VIOLENTANDO ASI LO PRECEPTUADO EN EL REFERIDO ARTICULO 337 DEL CODIGO PROCESAL PENAL DE LA CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA CON LA ACUSACION. Para J. I. G. V., puntualiza que el error de todas maneras es un problema de conocimiento, la representación no corresponde a lo que acontece en el mundo objetivo. (Ver J. I. G. V., Las Causales de Inculpabilidad, Ediciones Jurídicas G. I., Santa Fe Bogotá 1194, Pág. 134). Para esta defensa al hacer una aplicación incorrecta el Sentenciador del artículo 240 del Código Penal con unas declaraciones las cuales eximen de responsabilidad a nuestro representado, YA QUE NO SE PUDO ACREDITAR LA PARTICIPACION DEL MISMO EN UN DELITO DE APROPIACION INDEBIA EL CUAL VENIA SIENDO EN TODO EL PROCESO JUDICIAL AL CUAL FUE SOMETIDO, Y SIENDO QUE EL TRIBUNAL DE SENTENCIA APLICO UN PRECEPTO LEGAL EL PLASMO EN LA SENTENCIA HACIENDO VER QUE EL MINISTERIO PUBLICO EN SUS CONCLUSIONES HABIA FORMALIZADO POR EL DELITO DE ESTAFA EXTREMO ESTE QUE AL REVISAR EL ACTA DE JUICIO ORAL Y PUBLICO PODEMOS VER QUE EN NINGUN MOMENTO SE DIO DICHA FORMALIZACION POR OTRO DELITO QUE NO FUERA EL DE APROPIACION INDEBIDA, violenta también el artículo 90 de la Constitución de la República párrafo primero que dice: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; ellos en relación con el artículo 2 del Código Procesal Penal que dice: Todo imputado será considerado y tratado como inocente….- Como podemos ver es aquí donde el Estado se auto limita Constitucionalmente para asegurarle a sus habitantes el ejercicio del ius puniendo dentro de marcos legales donde se respete la dignidad humana, el cual se logra con una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado; el artículo antes citado va íntimamente relacionado con el artículo 1 de nuestra Constitución de la República que dice: “Honduras es un Estado de derecho, soberano, constituido como República libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social.” Estos derechos, garantías y formalidades que menciona nuestra Carta magna, son propios de un sistema procesal Penal acusatorio adversarial como el nuestro, mediante el cual todos los habitantes que cometen un ilícito penal son sometidos a un juicio oral y público totalmente garantista, tal como lo manifiesta el artículo 1 de nuestro Código Procesal Penal que dice: “Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional VER QUE EL MINISTERIO PUBLICO EN SUS CONCLUSIONES HABIA FORMALIZADO POR EL DELITO DE ESTAFA, ÉXTREMO ESTE QUE AL REVISAR EL ACTA DE JUICIO ORAL Y PUBLICO PODEMOS VER QUE EN NINGUN MOMENTO SE DIO DICHA FORMALIZACION POR OTRO DELITO QUE NO FUERA EL DE APROPIACION INDEBIDA, violenta también el artículo 90 de la Constitución de la República párrafo primero que dice: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; ellos en relación con el artículo 2 del Código Procesal Penal que dice: Todo imputado será considerado y tratado como inocente….- Como podemos ver es aquí donde el Estado se auto limita Constitucionalmente para asegurarle a sus habitantes el ejercicio del ius puniendo dentro de marcos legales donde se respete la dignidad humana, el cual se logra con una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado; el artículo antes citado va íntimamente relacionado con el artículo 1 de nuestra Constitución de la República que dice: “Honduras es un Estado de derecho, soberano, constituido como República libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social.” Estos derechos, garantías y formalidades que menciona nuestra Carta magna, son propios de un sistema procesal Penal acusatorio adversarial como el nuestro, mediante el cual todos los habitantes que cometen un ilícito penal son sometidos a un juicio oral y público totalmente garantista, tal como lo manifiesta el artículo 1 de nuestro Código Procesal Penal que dice: “Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haber probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo con los principios establecidos en la Constitución de la República, los tratados internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente Código y con respeto estricto a los derechos del imputado”. La valoración de la prueba, como dice RICARDO VACA ANDRADE “tiene por objeto establecer la utilidad y legal de las diversas pruebas que se han incorporado al proceso penal”. En nuestra ley procesal, se produce en momentos precisos, como en la etapa intermedia, antes de que se dicte el auto; o después de la audiencia de juzgamiento; en el Juicio, como paso previo al momento de dictarse sentencia”. J. G. F. en lo que se refiere a la valoración de la prueba dice que “Es una operación intelectual, destinada a establecer la eficacia conviccional de los elementos de la prueba recibidos… es en este momento en donde el juez, no sólo pone al servicio de la justicia, su intelecto, su sabiduría y experiencia; sino sobre todo su honestidad”. La valoración de la prueba determina el resultado que se infiere de la práctica de un determinado medio de prueba, es decir, el grado de convicción o persuasión de la prueba practicada, que puede ser positivo, en cuyo caso se habrá logrado el fin de la prueba (la convicción judicial), o negativo, al no alcanzarse dicho fin. Dice G. P. G. en su obra de la Casación y Revisión Penal Pág. 335: A efecto de comprender el principio de legalidad de la prueba, y por ende de los errores de derecho por falsos juicios de legalidad, es necesario al menos panorámicamente en los “elementos de los acto de prueba”, pues se torna indiscutible que el punto de legalidad de la prueba, esta debe recaer totalmente sobre: a) Los sujetos de la prueba; Estos son los titulares de los actos procesales a través de los cuales se incorpora la prueba al proceso, b) El objeto de prueba; estos son los hechos a que se refiere el acto procesal y que guardan relación con el delito que se investiga, c) Los medios de prueba; este es el acto formal por medio del cual el objeto de prueba se lleva al proceso o el vehículo para llevar al juez el conocimiento sobre el objeto de prueba, y, d) El procedimiento probatorio en sí; esto es la ritualidad de la prueba, o sea el conjunto de trámites previstos en la ley para incorporar al proceso el objeto de la prueba. De lo anterior se puede colegir que, en tratándose de errores de derechos por falsos juicios de legalidad, las ilegalidades pueden recaer en algunos de los elementos del acto de prueba anteriormente descritos. La Sala Constitucional Costarricense ha considerado que si existen vicios o violaciones al estado de inocencia del procesado, es viable la lesión de principios fundamentales contenidos en la Constitución Política, como ser por ejemplo el Debido Proceso o violación al estado de inocencia. Novoa Velásquez, considera que: “Debido proceso es el conjunto de garantías que protegen a los sujetos que intervienen en el proceso penal, llámese sujeto activo, víctima o tercero, que aseguran una investigación conforme a las leyes preexistentes al acto que se imputa, ante juez o tribunal competente y con la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y garantizar un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, en cuanto algunos sujetos del proceso, no ejecuta lo que esta ley le impone (inejecución in omitiendo), o ejecuta lo que esta ley le prohíbe (inejecución in faciendo), o se comporta de un modo diverso del que la ley prescribe; esta inejecución de la ley procesal, constituye en el proceso una irregularidad, que los autores modernos llaman un “vicio de actividad” o un “defecto de construcción” y que la doctrina del derecho común llama un “error in procedendo”. Por todo lo antes descrito es que se considera que el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, por medio de la Sala Tercera, incurrió en un error in iudicando, al realizar una interpretación errónea de precepto penal aplicable al caso penal en concreto, al hacer aplicación incorrecta del artículo 240 en relación con el artículo 32 del Código Penal, y por violación de los artículos 1, 82, 88, 89, 90, 321 de la Constitución de la República; artículos 2, 202, 337 del Código Procesal Penal, ya que estos enunciados jurídicos le ordenan al A-quo, que él es garante y un tercero imparcial en un juicio, y como tal debe garantizar como mínimo las garantías, derechos y formalidades de un proceso penal y valorar las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, situación que no sucedió en los autos de merito. Ahora bien, si bien es cierto el Tribunal tiene la potestad de valorar bajo la libre convicción, esta valoración debe ser fundada en hechos que hayan quedado debidamente demostrados con el desfile de la prueba, es decir, no debe hacer una valoración arbitraria, sino por el contrario, bajo criterios objetivos que no permitan de valoraciones erróneas, que es el caso que ahora nos permite recurrir, ya que el Tribunal de Sentencia al darle todo el valor probatorio a la declaración de los testigos que declararon en juicio debió absolver a nuestro representado ya que claramente declararon que él no tuvo nunca comunicación con la ofendida para solicitarle cantidad alguna, además solamente con el contrato de servicios profesionales del imputado con el INPREMA, queda claramente establecido que él no tenía la facultad de administrar bienes del instituto y la obligación de devolverlos así como es uno de los elementos esenciales del delito de Apropiación Indebida y no se dio tal extremo ya que en ningún momento el imputado cometió ese delito el cual fue FORMALIZADO POR EL MINISTERIO PUBLICO Y FUE PEDIDA UNA CONDENA EN SUS CONCLUSIONES POR EL MISMO DELITO O SEA QUE NO HUBO NINGUNA MODIFICACION A LA ACUSACION EN NINGUN MOMENTO PROCESAL, POR LO CUAL DICHA SENTENCIA VIOLA TODO ORDENAMIENTO JURIDICO VIGENTE EN NUESTRA NACION”. RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL IMPUTADO G. A. B. L. DENUNCIANDO LA APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTICULO 240 DEL CÓDIGO PENAL QUE TIPIFICA EL DELITO DE ESTAFA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360 DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- Esta Sala no se pronuncia sobre el presente motivo al haber prosperado el que por vulneración de las reglas de la sana crítica ha formulado la Defensa del encartado G. A. B. L.. VI.- CONTINÚA MANIFESTANDO EL RECURRENTE EN SU EXPOSICION DEL TERCER MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL. MOTIVO NUMERO TRES: “Por haber incurrido el sentenciador en violación de Precepto Constitucional. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 82 de La Constitución de la República. EXPLICACIÓN DE MOTIVOS: Esta defensa en el desarrollo de este recurso pretende demostrar el vicio in indicando en que ha incurrido el órgano jurisdiccional y que causa agravio al valor justicia. Para los efectos de este motivo se cita como infringido el artículo 82 de La Constitución de la República, en cuanto a la defensa que establece: “EL DERECHO A LA DEFENSA ES INVIOLABLE. Se ataca la sentencia dictada por el A-quo por considerar que el órgano sentenciador COMETE UNA GRAVE VIOLACION A UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL COMO SER EL DE DERECHO DE DEFENSA EL CUAL SE ENCUENTRA PLASMADO TAMBIEN EN EL ARTICULO 15 DEL CODIGO PROCESAL PENAL QUE ESTABLECE: TODA PERSONA DEBERA CONTAR CON LA ASISTENCIA Y DEFENSA TECNICA DE UN PROFESIONAL DEL DERECHO DESDE QUE ES TENIDA COMO PARTICIPE EN UN HECHO DELICTIVO EN EL MOMENTO QUE VOLUNTARIAMENTE RINDA DECLARACION O HASTA QUE LA SENTENCIA HAYA SIDO DEBIDAMENTE EJECUTADA, SI EL IMPUTADO NO DESIGNA DEFENSOR LA AUTORIDAD JUDICIAL SOLICITARA DE INMEDIATO EL NOMBRAMIENTO DE UNO DE LA DEFENSA PUBLICA, O EN SU DEFECTO LO NOMBRARA ELLA MISMA ESTE DERECHO ES IRRENUNCIABLE Y “SU VIOLACION PRODUCIRA LA NULIDAD ABSOLUTA DE LOS ACTOS QUE SE PRODUZCAN SIN LA PARTICIPACION DEL DEFENSOR DEL IMPUTADO”. SIENDO QUE LA ACUSACION ES EL ACTO MAS INMINENTE DEL EJERCICIO DE LA ACCION PENAL POR EL CUAL EL ORGANO PUBLICO CONCRETA DE MANERA OBJETIVA Y SUBJETIVAMENTE LA PRETENCION PARA SU EFICACIA PROCESAL LA ACUSACION DEBE DE INTEGRARSE CON LA INTIMACION SOLO ASI LA DEFENSA RESULTARA INVIOLABLE, RIGE LA MAXIMA NE PROCEDAT IUDEX EX OFFICIO. ESTA INTIMACION DEBE DE EJERCITARSE EN EL PROCESO PENAL AL MOMENTO QUE SE LE DA A CONOCER EXACTAMENTE LOS HECHOS CONCRETOS POR LOS CUALES VIENE SIENDO ENJUICIADO EL IMPUTADO Y DEBE ASI DICTARSE SENTENCIA EN BASE A ESOS HECHOS DE LOS CUALES SE LE ACUSA AL IMPUTADO NO POR HECHOS DISTINTOS COMO SUCEDIÓ EN EL PRESENTE CASO VIOLANDO ASI EL ENTE JUZGADOR ESE PRINCIPIO DE INTIMACION QUE DEBE DE REGIR ESTE PROCESO PENAL VIGENTE EN NUESTRA LEGISLACION. EL ARTICULO 16 DE LA CONVENCION AMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS PACTO DE SAN JOSE ESTABLECE QUE ES INVIOLABLE LA DEFENSA EN JUICIO DE LAS PERSONAS Y DE SUS DERECHOS TAMBIEN HA SENALADO LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA QUE LA DEFENSA EN JUICIO SE LESIONA CUANDO EL TRIBUNAL INCLUYE DENTRO DEL OBJETO DE SU RESOLUCION HECHOS QUE NO HAYAN SIDO MOTIVO DE INDAGACION Y ACUSACION, COMO LO HA SIDO EN EL PRESENTE CASO. OBSERVANDO TAMBIEN QUE LA SEPARACION FUNCIONAL ENTRE EL ENTE JUZGADOR Y EL ACUSADOR PARA QUE EL PROCESO SEA IMPARCIAL, “LOS FISCALES Y LOS JUECES TIENEN FUNCIONES JUDICIALES EN EL EJERCICIO EFECTIVO DE LA MISION QUE A CADA UNO DE ELLOS LE COMPETE Y QUE SE EXCLUYEN RECIPROCAMENTE: NI EL FISCAL PUEDE JUZGAR NI EL JUEZ PUEDE ACUSAR DE OTRO MODO DURANTE LA INSTRUCCIÓN EL IMPUTADO DEBE DEFENDERSE NO SOLO DE QUIEN LO ACUSA SINO DE QUIEN RESUELVE SU SITUACION PROCESAL Y DE QUIEN DEBERIA PODER ESPERAR INDEPENDENCIA DE CRITERIO SOBRE LA PRESICION DE LA IMPUTACION” VIOLANDO EN EL PRESENTE CASO TODOS ESTAS ESTIMACIONES LEGALES EL ENTE JUZGADOR. PUDIENDO OBSERVAR LO QUE RESA EN EL ARTICULO 82 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA RELACIONADO CON EL 15 DEL CODIGO PROCESAL PENAL, PODREMOS OBSERVAR EN EL ACTA DE JUICIO ORAL Y PUBLICO QUE EFECTIVAMENTE EL DERECHO DE DEFENSA DE MI REPRESENTADO FUE VIOLENTADO YA QUE EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA POR MEDIO DE LA SALA TERCERA AL MOMENTO DE NO PRESENTARSE AL JUICIO ORAL Y PUBLICO EL ABOGADO EL CUAL ERA EL REPRESENTANTE DEL IMPUTADO Y SIENDO QUE ESTE ES UN PROFESIONAL DEL DERECHO EL CUAL EN UN MOMENTO PROCESAL TOMO SU REPRESENTACION LE OBLIGO PRACTICAMENTE A REPRESENTARSE SOLO AUNQUE EL IMPUTADO LE MANIFESTO AL MISMO TRIBUNAL QUE NO ESTABA PREPARADO EN ESE MOMENTO PARA DEFENDERSE Y QUE LE SOLICITABA UN TERMINO MAS AMPLIO PARA PODER BUSCAR UN APODERADO LEGAL Y PODER DEFENDERSE DE LOS CARGOS QUE LE IMPUTABAN HACIENDO CASO OMISO A ESA MANIFESTACION EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA LE DICE AL IMPUTADO QUE NO LE DARA MAS TIEMPO Y QUE COMO EL ES PROFESIONAL DEL DERECHO PERFECTAMENTE SE PUEDE REPRESENTAR, CABE MENCIONAR HONORABLE CORTE QUE NO ES BAJO PRETENCIONES MESQUINAS QUE LA LEY ESTA FUNDAMENTADA Y MUCHO MENOS LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA LA CUAL NOS GARANTIZA A CADA UNO DE LOS CIUDADANOS QUE VAMOS A ESTAR EN IGUALDAD DE CONDICIONES AL MOMENTO DE ENFRENTAR UN PROCESO LEGAL, SITUACION ESTA QUE NO SE CUMPLIO EN EL PRESENTE CASO EXISTIENDO UNA CLARA VIOLACION A ESE PRINCIPO SAGRADO DE LA DEFENSA INVIOLABLE YA QUE AL OBLIGAR A QUE EL IMPUTADO SE DEFIENDA SOLO Y SIN PODER CONTAR CON EL TIEMPO NECESARIO PARA PODER ASIGNAR APODERADO LEGAL QUEDO EN UNA COMPLETA INDEFENSION ANTE EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA PRODUCIENDO COMO RESULTADO MALA APRECIACION DE LA PRUEBA Y EL JUZGAMIENTO ERRONEO DE MI REPRESENTADO POR PARTE DE DICHO TRIBUNAL Y DICTANDO UNA CONDENA POR UN DELITO QUE NO FUE FORMALIZADO NI MODIFICADA LA ACUSACION POR PARTE DE EL MINISTERIO PUBLICO. ES POR ESTA EXPLICACION DEL MOTIVO EL CUAL SE PRESENTA ESTA CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA”. RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL IMPUTADO G. A. B. L. DENUNCIANDO LA VULNERACION DEL DERECHO DE DEFENSA CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA.PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 361 DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- Esta Sala no se pronuncia sobre el presente motivo, al haber prosperado el que fundado en la vulneración de las reglas de la sana crítica ha planteado la Defensa del procesado G. A. B. L. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 337, 338, 359, 360, 361, 362, 369 del Código Procesal Penal y 240 del Código Penal. FALLA: PRIMERO: I.- Declarando HA LUGAR el Recurso de Casación por QUEBRANTAMIENTO DE FORMA fundado en la vulneración de las reglas de la sana crítica, interpuesto por el Abogado E. G. E. A. en su condición de Apoderado Defensor del señor G. A. B. L.. II.- Declarando NO HA LUGAR el recurso de casación por QUEBRANTAMIENTO DE FORMA fundado en la falta de correlación entre la sentencia y las pretensiones de las partes.- III.- Declarando la nulidad de la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha siete de mayo de dos mil doce, así como también la del debate en que se pronunció. Y MANDA: I.- Que se repita el debate con jueces distintos a los que participaron en el anulado; y II. Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda con arreglo a Derecho.- REDACTÓ EL MAGISTRADO CÁLIX VALLECILLO.- NOTIFÍQUESE.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de noviembre del año dos mil quince.- Certificación de la sentencia de fecha dos de septiembre del año dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-339-2012.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] En virtud del principio de inmediación el Juez se relaciona directamente con los medios de prueba sobre los que ha de formar su convicción. Significa dicho principio que la actividad probatoria ha de transcurrir ante la presencia o intervención del órgano jurisdiccional encargado de pronunciar la sentencia. Un procedimiento está presidido por el principio de inmediación cuando el Juez o Tribunal están obligados a formar su íntima convicción y a fundamentar su sentencia exclusivamente con el resultado probatorio que ha podido formarse bajo su directa intervención en el juicio oral. De este modo el proceso lógico seguido por el Tribunal de Instancia en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto a control a través del examen casacional.
[2] Vid. artículo 363 párrafo segundo del Código Procesal Penal, donde se establece que el recurrente deberá indicar separadamente cada motivo.
[3] CUELLAR CRUZ, RIGOBERTO, en “La Reforma Procesal Penal y el Ministerio Público en Honduras. Justificación y Perspectiva”, págs. 297-298.
[4] En su redacción actual, tras la reforma operada mediante Decreto Legislativo No. 74-2013 del 8 de mayo de 2013, vigente a partir del 11 de diciembre de ese mismo año, el artículo 337 expresa que la sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean descritas en la formalización de la acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación y en la contestación de ésta o en las conclusiones expuestas por las partes en la Audiencia de Debate, ni calificar los hechos en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas”