Sentencia CP-325-12 — Registro 5502
Resumen
Se absolvió en primer instancia por los delitos de robo de vehículo, robo agravado y agravado y portación ilegal de armas. resolviendo Sin Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.."DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO, DENUNCIANDO VIOLACIÓN A LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA. I. El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la Ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma. Es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las Normas de Derecho Procesal instituyen un conjunto de Reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. II. El Ministerio Público inicia la explicación de su recurso censurando la Sentencia Absolutoria a favor del Señor A. M. por el Delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego, al estimar que la declaración del Testigo S. J. P. H. se contradice con la prueba documental, consistente en el acta de decomiso y secuestro del arma de fuego que le fuese incautada al referido acusado. Asimismo menciona el Recurrente que en la parte resolutiva del fallo, el Juzgador dispone ordenar el decomiso del arma de fuego que le fue incautada al señor A. M. y que oportunamente ordena sea remitida a la Jefatura Departamental de la Policía Preventiva, por lo que tales razonamientos se estiman susceptibles de ser censurado por el vicio in procedendo, ya que con la prueba evacuada se acredito que el Imputado A. M., fue detenido por la Policía portando una arma de fuego y que si bien es cierto tal objeto es de naturaleza comercial, así como también se acredito que es de legitima propiedad del encausado; no menos cierto es, que el encausado al momento de su detención no contaba con la aprobación de la autoridad competente para su portación, circunstancia ésta que es constitutiva de delito, de acuerdo al Artículo 332-B. III. Manifiesta el Recurrente que el A-quo, al no valorar éste extremo, vulnero la Regla de la Lógica de la Derivación en su característica de Suficiencia, por cuanto la prueba de cargo, resultó ser suficiente para producir el razonamiento de convencimiento cierto del hecho por el cual el Ministerio Pùblico acuso al procesado A. M., por el Delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial. Asimismo el fallo que ahora se recurre vulnera la Regla de la Lógica de Coherencia en su apartado de no Contradicción, en virtud de que a la prueba testifical y documental le resta validez probatoria, pero de lo expuesto en la fundamentación jurídica, se infiere que si llego al convencimiento de que el Acusado portaba una arma de fuego, pero no su correspondiente permiso de Portación, por lo que el Juzgador emite dos juicios opuestos entre sí, apartándose de lo que dispone el Código Penal en el Artículo 332-B. IV. Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que el Artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.” Al respecto se ha señalado que “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp 385-09). En el apartado de la valoración intelectiva el Juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Intima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es éste último el que debe de observar el Juzgador Penal Hondureño, conforme lo ordena el Artículo 202 del Código Procesal Penal. En cuanto a la Sana Crítica como Sistema de Valoración de la Prueba, esta Sala, ha señalado que en “…la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la Sana Crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común…” (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010); De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Partiendo de la Doctrina Legal sentada por esta Sala Penal en los fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, del Exp 194-2009, de fecha 30 de noviembre del 2011, contenido en el Exp 297-09, de fecha 02 de noviembre del 2011, en el Exp 242-09 y de fecha 30 de noviembre del 2011, que resuelve el caso del Exp 125-2010, componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el Juzgador, sin relación alguna con el caso concreto que se Juzga, y que se adquieren a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por éste hecho son compartidas con las demás personas, aún cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a los fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del Juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El Juzgador deberá de analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de un fenómeno natural. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el Juzgador valora un hecho, considerara el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él por qué lo considera así; 2) Las Reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquel. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el Juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las Reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí; la coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i) El Principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”; ii) El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera; iii) El principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. b) La Derivación: De este se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual el iter lógico seG. en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando. Exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga. V. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El Censor no consideró al momento de formular su Recurso que el alegato de Quebrantamiento de Forma por violación de las Reglas de la Sana Crítica implica la confrontación del argumento valorativo con las normas del Recto Entendimiento Humano, demostrando que el Tribunal de Sentencia se ha apartado de ellas, llegando a conclusiones irracionales por su ilogicidad, por controvertir las Máximas de la Experiencia Común y la Psicología del comportamiento humano, en cambio hace una relación de los medios de prueba en un esfuerzo por demostrar que han sido incorrectamente valorados, lo que equivale a cuestionar la justicia de los argumentos valorativos en busca de una revalorización, lo que escapa al control casacional. Esta falencia, se suma al hecho de que el Tribunal de Casación no comparte el criterio del Censor de los cuestionamientos que formula por omisión de aplicabilidad de la Sana Crítica, ya que la Sala de lo Penal, en suma comprueba una insuficiencia de material probatorio que señale al Acusado como partícipe del delito de Portación Ilegal de Arma Comercial, superando el examen de aplicabilidad de las Reglas de la Sana Critica, a saber: 1) No fue acreditado al proceso como evidencia el arma de fuego decomisada; 2) El acta de decomiso o secuestro del arma de fuego carece de fecha; 3) El acta establece que el decomiso se realizo en el lugar denominado PLAN DEL SAPOTE y los Testigos de Cargo establecieron que la detención del acusado se produjo en el barrio San Antonio, frente a la Escuela JULIA C. DE GOMEZ RODICIO; 4 ) El Tribunal de Sentencia señaló que las declaraciones rendidas por los agentes de la Policía Preventiva, no merecen credibilidad ya que si bien es cierto son testigos propuestos por el Ministerio Público, los mismos son contradictorios, tanto con el Acta de Decomiso la cual el Tribunal le resta credibilidad por no consignarse la fecha que se práctico dicho Comiso, por lo que para esta Sala de lo Penal, existe una valoración acertada y adecuada por parte del Tribunal Sentenciador de las pruebas aportadas por las partes en el Debate de Juicio Oral y Público, por lo que es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su ÚNICO MOTIVO.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres (03) días del mes de marzo del año dos mil quince (2015), por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO, en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO y RAUL HENRIQUEZ INTERIANO llamado a integrar por excusa justificada del Magistrado JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, dicta sentencia conociendo el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha quince de Diciembre de dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Siguatepeque, mediante la cual falló: 1) ABSOLVIENDO al señor A. M. por los delitos de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO, ROBO AGRAVADO Y PORTACION ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de EMPRESA DE ARROZ BACHOSA Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; 2) ABSOLVIENDO a los señores J. J. U. O. Y A. S. R. por los delitos de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO, ROBO AGRAVADO en perjuicio de EMPRESA DE ARROZ BACHOSA.- 3)NO CONDENO en costas procesales, personales y gastos ocasionados por dicho Juicio.- Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, el Abogado E. S. D., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público.- SON PARTES: La Abogada R. L. C. Agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrente. HECHOS PROBADOS “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio Oral y Público, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probado el hecho siguiente: UNICO: Que el día tres (3) de Febrero del año dos mil once (2011), aproximadamente de las once de la mañana, la Policía Nacional Preventiva de la Ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, por denuncia hecha por una persona no identificada en juicio, encontró en el barrio San Antonio de esta Ciudad, un vehículo tipo camión marca Hino, color blanco, año 2008, placa PCS226 que contenía en su interior varios productos como arroz, harina; vehículo que se dijo que le fue despojado al señor E. R. T., motorista de la Empresa Beneficio de Arroz Choloma S.A. (BACHOSA) lo anterior a inmediaciones del lugar conocido de las cuevas de Taulabé, cuando se dirigían hacia la Ciudad de Choluteca.” C O N S I D E R A N D O I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por el Abogado E. S. D., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- EL RECURRENTE ABOGADO E. S. D., EN SU CONDICION DE FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO, PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, DE LA MANERA SIGUIENTE: EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION. “UNICO MOTIVO: El Juzgador al haber dictado un fallo absolutorio a favor del ciudadano A. M., por el delito de Portación Ilegal de Arma, arribó al mismo inobservado en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Crítica. PRECEPTOS AUTORIZANTES: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del Artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: El Juzgador resolvió dictar una sentencia absolutoria a favor del señor A. M., por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego, al estimar que la declaración del testigo Santos José Posas Hernández se contradice con la prueba documental, consistente en el acta de decomiso y secuestro del arma de fuego que le fuese incautada al referido acusado; en virtud que el citado documento dice que el arma fue decomisada en el lugar denominado Plan del Sapote; y el testigo dijo que fue frente a la Escuela Julia C. de Gómez, ubicada en el Barrio San Antonio de la ciudad de Siguatepeque, departamento de Comayagua. Y por otro lado el documento en mención, contiene firmas ilegibles de los oficiales de investigación, circunstancias estas que a criterio del Sentenciador, hacen carecer de credibilidad la prueba. En la parte resolutiva del fallo, el Juzgador dispone ordenar el decomiso del arma de fuego que le fuese incautada al señor A. M. y que oportunamente ésta sea remitida a la Jefatura Departamental de la Policía Preventiva, quién la devolverá a su propietario, hasta que se efectué el análisis comparativo por el Registro Nacional de Armas y cumpla con los demás requisitos establecidos en el artículo 56 de la Ley de Control de Armas, Municiones y Explosivos y su reglamento; y si pasados seis meses no se solicitare su devolución, dicha arma será según su caso, entregada a la Secretaría de Seguridad. Tanto el razonamiento, como lo resuelto en la parte dispositiva del fallo, se estima susceptible de ser censurado por el vicio in procedendo antes señalado en el preámbulo del motivo, ello por ambos tener una ineludible relación, que en consecuencia dieron lugar al fallo que ahora impugnamos, por apartarse de lo que en derecho corresponde. Es así, por cuanto que de la prueba evacuada resulta obvio que se acreditó que él imputado A. M., fue detenido por la policía portando una arma de fuego y que si bien es cierto tal objeto es de naturaleza comercial, así como también se acreditó que es de legítima propiedad del encausado; no menos cierto es, que el encausado al momento de su detención no contaba con la aprobación de la autoridad competente para su portación, circunstancia ésta que es constitutiva de delito, de acuerdo al artículo 332-B. Quedando plenamente acreditada la circunstancia anteriormente descrita con la misma prueba documental aportada por la defensa del acusado, quien presentó la documentación de propiedad del arma en cuestión, pero no así el cuestionado permiso de portación, por cuanto lo que fue presentado en el juicio oral y público, fue un permiso de portación de arma pero perteneciente a otra persona y no del acusado, lo cual fue ratificado en Estrado por los propios testigos de cargo (policías), al momento en que se les enseñó el referido documento. Es así que el A quo, al no valorar éste extremo, vulneró la regla lógica de la derivación en su característica de suficiencia, por cuanto la prueba de cargo, resultó ser suficiente para producir un razonamiento de convencimiento cierto del hecho por el cual el Ministerio Público acusó al procesado A. M., por el delito de Portación Ilegal de arma de fuego comercial, pues el ser propietario de un arma de fuego, lo cual es un derecho que tiene el acusado[1], ello no constituye requisito suficiente para legitimar su portación, pues de ser así, entonces el artículo 332-B no penalizaría su portación sin el permiso respectivo emanado por autoridad competente para ello, tal como sucede en el caso de autos en donde los testigos S. J. P. H. y M. A. M. M. (ambos policías) depusieron que el señor A. M. al momento de ser requerido portaba una arma de fuego, pero no su permiso de portación; y dado que el delito de Portación Ilegal de Armas, es un delito cuya característica respecto a su comisión se encuentra dentro de los delitos de mera actividad, en el cual basta que la persona posea un arma de fuego sin contar con el permiso de la autoridad competente, para que este se considere consumado, por ende la decisión arribada por el A quo, indudablemente transgrede la regla lógica antes señalada. Por otro lado, el fallo que ahora reprochamos también vulnera la regla lógica de coherencia en su apartado de no contradicción, en virtud que de la prueba testifical y documental supraseñalada, el Juzgador estimó restarle total validez probatoria, por los motivos que señalamos en el primero de los acápites del presente recurso; sin embargo, el Juzgador inobservó que las supuestas contradicciones que cita existentes entre ambas probanzas, realmente fueron subsanadas al momento del interrogatorio del testigo S. J. P. H., quién confirmó que la firma ilegible le corresponde a él, porque él fue la persona que le decomisó el arma al acusado y a su vez quién levanto el acta correspondiente, y por otro lado también en el juicio oral y público, aclaró que respecto al lugar que se cita el acta que ocurrió el decomiso, es incorrecto porque éste se produjo en el Barrio San Antonio; no obstante a esta aclaración; y a pesar de ello, igualmente haberle restado total credibilidad a la prueba como antes citamos, el mismo Juzgador, en la sección de la fundamentación jurídica, específicamente en el apartado denominado cuarto del fallo, estimó: “…que si bien es cierto el arma de fuego, tipo revolver, marca Smith & Wesson, calibre 3.57mm mágnum, serie CA J3 690, que la policía le encontró al señor A. M., tampoco es menos cierto que dicho señor no obstante haber presentado formal traspaso del arma descrita a su favor, no acreditó el permiso de la autoridad correspondiente para su legal tenencia; en consecuencia es procedente disponer lo que regula el art. 56 de la Ley de Control de Armas, Municiones y Explosivos”. Es así que el Juzgador en la sección de la valoración de la prueba dice no creerle a ésta, pero de lo expuesto en la fundamentación jurídica, se infiere que si llegó al convencimiento de que el acusado portaba un arma de fuego, pero no su correspondiente permiso de portación, lo cual da como resultado, que el Juzgador está emitiendo dos juicios opuestos ente sí contradictoriamente, pero que ambos no pueden ser verdaderos; es decir, del fallo no se desprende si en efecto le cree o no al andamiaje probatorio, circunstancia ésta que indudablemente afecta la parte resolutiva del fallo y más grave aún resulta, que de lo estimado por el mismo Tribunal de Sentencia, éste omita emitir una sentencia condenatoria y que por su parte, disponga que se devuelva el arma decomisada a su propietario, una vez que éste efectúe el análisis comparativo en el Registro Nacional de Armas y cumpla con los demás requisitos establecidos en la ley y su reglamento. Con la anterior resolución, el Juzgador además de infringir la regla lógica antes referida, también comete una grave aberración a la misma Ley, por cuanto se aparta de lo que dispone el Código Penal en el artículo 332-B que prohíbe a toda persona por propietario que sea de una arma de fuego de naturaleza comercial, que la porte sino cuenta con previo permiso emitido por la autoridad competente (vulnerando de igual manera el principio de legalidad, específicamente las garantías criminal y penal respectivamente); disposición que también la contempla el artículo 1 del Reglamento para Tenencia y Portación de Armas (contenido en el Decreto 1O29-85)[2]; Que si bien es cierto el Artículo 56 de la Ley de Control de Armas, Municiones, Explosivos y Otros similares, dispone lo que manda en la parte resolutiva el Juzgador, esto resulta accesorio a la sanción a imponer por la falta de observación de lo que manda la norma penal sustantiva supracitada; es decir que el yerro del Tribunal se cumple, en que del mismo fallo se infiere, que pese a que el acusado A. M. infringió una norma penal, éste lo absuelve y además le da la oportunidad de que luego legalice la portación de su arma de fuego. Y si nos avocamos a que el acusado efectivamente presentó ante el Tribunal como medio de prueba, una hoja que dice ser el traspaso de propiedad del arma en referencia a su favor, tampoco podemos decir que esto legitima incluso la propiedad de dicha arma, por cuanto dicho traspaso, no cumplió con todos los requisitos legales para su convalidación, como ser, que el arma debió ser registrada balísticamente en el Registro Nacional de Armas, tal como lo ordena la Ley de Control de Armas, Municiones, Explosivos y Otros similares en sus artículos 17, 20, 21; así como también de manera excepcional inclusive se emitió el Decreto 69-2007, para efectos de que las personas que poseían armas en situación irregular, pudiesen legalizar su tenencia. En consecuencia y siendo que la prueba de cargo era suficiente y concreta para dictar un fallo condenatorio, el cual el Tribunal no ha sido capaz de extraer de dicha fuente de convencimiento dada su errónea valoración en la prueba en la manera antes señalada, lo cual generó vicios in procedendo susceptibles de recurrir vía casación; vicios éstos que procedemos a anunciarlos hasta en este momento, ya que los mismos se producen en el acto mismo de sentenciar, por ende no ha podido efectuarse reclamación alguna previamente; razón por la cual no cabe más que casar el fallo impugnado y ordenar el reenvió y evacuación de un nuevo juicio.” DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO, DENUNCIANDO VIOLACIÓN A LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA. I. El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la Ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma. Es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las Normas de Derecho Procesal instituyen un conjunto de Reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. II. El Ministerio Público inicia la explicación de su recurso censurando la Sentencia Absolutoria a favor del Señor A. M. por el Delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego, al estimar que la declaración del Testigo S. J. P. H. se contradice con la prueba documental, consistente en el acta de decomiso y secuestro del arma de fuego que le fuese incautada al referido acusado. Asimismo menciona el Recurrente que en la parte resolutiva del fallo, el Juzgador dispone ordenar el decomiso del arma de fuego que le fue incautada al señor A. M. y que oportunamente ordena sea remitida a la Jefatura Departamental de la Policía Preventiva, por lo que tales razonamientos se estiman susceptibles de ser censurado por el vicio in procedendo, ya que con la prueba evacuada se acredito que el Imputado A. M., fue detenido por la Policía portando una arma de fuego y que si bien es cierto tal objeto es de naturaleza comercial, así como también se acredito que es de legitima propiedad del encausado; no menos cierto es, que el encausado al momento de su detención no contaba con la aprobación de la autoridad competente para su portación, circunstancia ésta que es constitutiva de delito, de acuerdo al Artículo 332-B. III. Manifiesta el Recurrente que el A-quo, al no valorar éste extremo, vulnero la Regla de la Lógica de la Derivación en su característica de Suficiencia, por cuanto la prueba de cargo, resultó ser suficiente para producir el razonamiento de convencimiento cierto del hecho por el cual el Ministerio Pùblico acuso al procesado A. M., por el Delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial. Asimismo el fallo que ahora se recurre vulnera la Regla de la Lógica de Coherencia en su apartado de no Contradicción, en virtud de que a la prueba testifical y documental le resta validez probatoria, pero de lo expuesto en la fundamentación jurídica, se infiere que si llego al convencimiento de que el Acusado portaba una arma de fuego, pero no su correspondiente permiso de Portación, por lo que el Juzgador emite dos juicios opuestos entre sí, apartándose de lo que dispone el Código Penal en el Artículo 332-B. IV. Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que el Artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.” Al respecto se ha señalado que “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp 385-09). En el apartado de la valoración intelectiva el Juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Intima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es éste último el que debe de observar el Juzgador Penal Hondureño, conforme lo ordena el Artículo 202 del Código Procesal Penal. En cuanto a la Sana Crítica como Sistema de Valoración de la Prueba, esta Sala, ha señalado que en “…la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la Sana Crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común…” (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010); De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Partiendo de la Doctrina Legal sentada por esta Sala Penal en los fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, del Exp 194-2009, de fecha 30 de noviembre del 2011, contenido en el Exp 297-09, de fecha 02 de noviembre del 2011, en el Exp 242-09 y de fecha 30 de noviembre del 2011, que resuelve el caso del Exp 125-2010, componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el Juzgador, sin relación alguna con el caso concreto que se Juzga, y que se adquieren a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por éste hecho son compartidas con las demás personas, aún cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a los fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del Juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El Juzgador deberá de analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de un fenómeno natural. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el Juzgador valora un hecho, considerara el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él por qué lo considera así; 2) Las Reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquel. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el Juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las Reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí; la coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i) El Principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”; ii) El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera; iii) El principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. b) La Derivación: De este se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual el iter lógico seG. en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando. Exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga. V. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El Censor no consideró al momento de formular su Recurso que el alegato de Quebrantamiento de Forma por violación de las Reglas de la Sana Crítica implica la confrontación del argumento valorativo con las normas del Recto Entendimiento Humano, demostrando que el Tribunal de Sentencia se ha apartado de ellas, llegando a conclusiones irracionales por su ilogicidad, por controvertir las Máximas de la Experiencia Común y la Psicología del comportamiento humano, en cambio hace una relación de los medios de prueba en un esfuerzo por demostrar que han sido incorrectamente valorados, lo que equivale a cuestionar la justicia de los argumentos valorativos en busca de una revalorización, lo que escapa al control casacional. Esta falencia, se suma al hecho de que el Tribunal de Casación no comparte el criterio del Censor de los cuestionamientos que formula por omisión de aplicabilidad de la Sana Crítica, ya que la Sala de lo Penal, en suma comprueba una insuficiencia de material probatorio que señale al Acusado como partícipe del delito de Portación Ilegal de Arma Comercial, superando el examen de aplicabilidad de las Reglas de la Sana Critica, a saber: 1) No fue acreditado al proceso como evidencia el arma de fuego decomisada; 2) El acta de decomiso o secuestro del arma de fuego carece de fecha; 3) El acta establece que el decomiso se realizo en el lugar denominado PLAN DEL SAPOTE y los Testigos de Cargo establecieron que la detención del acusado se produjo en el barrio San Antonio, frente a la Escuela JULIA C. DE GOMEZ RODICIO; 4 ) El Tribunal de Sentencia señaló que las declaraciones rendidas por los agentes de la Policía Preventiva, no merecen credibilidad ya que si bien es cierto son testigos propuestos por el Ministerio Público, los mismos son contradictorios, tanto con el Acta de Decomiso la cual el Tribunal le resta credibilidad por no consignarse la fecha que se práctico dicho Comiso, por lo que para esta Sala de lo Penal, existe una valoración acertada y adecuada por parte del Tribunal Sentenciador de las pruebas aportadas por las partes en el Debate de Juicio Oral y Público, por lo que es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su ÚNICO MOTIVO. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los Artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361 y 362 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo, interpuesto por el Abogado E. S. D., en su condición de Fiscal del Ministerio Público. SEGUNDO: Declarar firme y ejecutable la Sentencia de fecha quince (15) de Diciembre del dos mil once (2011), dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua. MANDA: Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- MAGISTRADO PONENTE ZUNIGA MEDRANO.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- ABOG. MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- ABOG. CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- ABOG. RAUL HENRIQUEZ INTERIANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de abril del año dos mil quince.- Certificación de la sentencia de fecha tres de marzo del año dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-325-2012.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] Arte. 4 de la Ley de Control de Armas de Fuego, municiones, explosivos y otros similares.
[2] Reglamento para Tenencia y Portación de Armas. Art.1: “…La tenencia y la portación de armas comerciales y deportivas por los particulares fuera de los procedimientos establecidos en este Reglamento se considera portación o tenencia ilegal”