Sentencia CP-323-12 — Registro 5501
Resumen
Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa de los imputados, contra la sentencia de primer instancia que lo condena por el delito de tráfico de drogas
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El Censor arguye que en los hechos declarados probados no se describen conductas de los imputados que puedan subsumirse en el tipo penal de tráfico ilícito de drogas, ya que de los mismos no se desprende que hayan realizado algunos de los verbos rectores del delito relacionado, es decir los de producir, fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender o donar” drogas, pues lo único que se puede desprender del factum es que los encartados construyeron una brecha o calle para extraer su producción de maíz. Esta Sala considera pertinente recordar que a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. Por lo anterior, a la Sala de lo Penal, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de instancia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse a partir de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. En el caso bajo examen los acusados O. A. R. M. y J. E. B. M. fueron condenados por la comisión del delito de tráfico de drogas, tipificado en el artículo 18 de la Ley contra el consumo y tráfico ilícito de drogas donde se prevé que el que trafique con drogas, estupefacientes o sustancias controladas será penado con reclusión de quince a veinte años y multa de un millón a cinco millones de lempiras, señalando en el artículo 5 No. 34) que para los efectos de la presente Ley, salvo indicación expresa en contrario, se entiende por: Tráfico Ilícito: Todo acto dirigido o emergente de las acciones de producir, fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, donar, introducir al país, sacar del país y/o realizar transacciones a cualquier título, de sustancias controladas, financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente Ley o de otras normas jurídicas. La Representación del Ministerio Público ha sostenido que en horas de la noche del día 5 de diciembre de 2009, una aeronave cargada con 247 kilos de cocaína, tripulada por el señor M. S. M. de nacionalidad colombiana y otra persona no identificada, se aprestaba a efectuar un aterrizaje en una pista clandestina localizada en un terreno propiedad del imputado J. E. B. M., construida con recursos aportados por el encartado O. A. R. M., cuando al percatarse de que habían sido avistados por elementos pertenecientes a las Fuerzas Armadas de Honduras se alejaron de ese lugar dándose la circunstancia de que momentos después se estrellaron contra un árbol localizado en otra propiedad rural ubicada a un kilómetro de la pista antes señalada, trayendo como resultado la muerte de los tripulantes mencionados. El ente acusador considera que de los hechos antes descritos se deriva que los imputados son miembros de una organización criminal internacional dedicada al tráfico ilícito de drogas, ya que sus acciones han estado encaminadas a facilitar el aterrizaje de aeronaves cargadas de cocaína. Es importante recordar que los hechos declarados probados constituyen el relato histórico respecto a los acontecimientos que están siendo debatidos y definitivamente acreditados; es una descripción, donde los Juzgadores hacen un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate; los hechos probados podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores, pero siempre deberán determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan y las acciones realizadas por éstas cuando proceda. Esta Sala constata que la redacción de los hechos declarados probados por el Tribunal de enjuiciamiento se presenta oscura, confusa y carente de claridad, empero tratará de verificar si el comportamiento de los acusados descrito en el factum añadido a las demás circunstancias, es subsumible en el tipo penal de tráfico ilícito de drogas. En el relato de hechos probados se dice que “según la declaración de los testigos protegidos” se realizó una construcción en un terreno propiedad del señor J. E. B. M., con la financiación del coimputado O. A. R. M., sin la correspondiente autorización de la Dirección de Aeronáutica Civil para ocultar a las autoridades la existencia de los fines de la misma. De este modo se puede observar que en el factum de la sentencia impugnada, el Tribunal de instancia lo que declara probado es que testigos protegidos declararon que tal construcción ( sin precisar claramente cual es su naturaleza o de que se trata) se realizó sin autorización de la Dirección de Aeronáutica Civil para ocultar los fines de la misma (¿cuáles fines?). Esta Sala considera oportuno señalar que el Juzgador ha de limitarse a exponer los hechos declarados probados como un relato histórico de lo que considera realmente acontecido, de tal manera que al indicar que “según”[1] lo declarado por los testigos protegidos se atribuye a los encartados determinados acciones, pone en duda de que realmente asume como fruto de su personal y racional convencimiento que las mismas fueron efectivamente ejecutadas por aquellos. Por otro lado, en el factum se relata que un terreno propiedad de un tercero ajeno al proceso, identificado como C. M. F., localizado a un kilómetro del fundo rural propiedad del imputado J. E. B., se estrelló una aeronave cargada con 200 paquetes de cocaína. Así las cosas y tal como antes lo señalamos, el Tribunal A Quo con una redacción confusa, oscura y de difícil comprensión se limita a reseñar en el apartado de los hechos probados algunos indicios sin lograr describir de manera precisa y terminante conductas o comportamientos de los imputados de los cuales se pueda colegir que dolosamente hayan contribuido de común acuerdo a la construcción de una pista clandestina con la finalidad específica de que fuera utilizada para el aterrizaje de una aeronave cargada con doscientos paquetes de cocaína que en fecha 5 de diciembre de 2009 se estrelló en un predio rural propiedad de un tercero. En algunos casos la ubicación en la sentencia de los llamados “juicios de inferencia” mediante los cuales se determina el elemento subjetivo para determinados delitos, ordinariamente resultará más adecuada en los apartados relativos a la valoración de las pruebas y en la fundamentación jurídica del fallo[2]. Una lectura detenida del apartado relativo a la valoración de la prueba y de la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida pone de manifiesto que es huérfana de la motivación mínimamente requerida mediante la cual se exponga cual fue el razonamiento que a partir de las pruebas evacuados en juicio, (mismas que únicamente aparecen mencionados y descritos en su contenido) condujo a que el Juzgador de instancia haya arribado a la conclusión inequívoca, más allá de toda duda razonable y por tanto a la certeza, de que en el caso bajo examen ha resultado acreditada la concurrencia de los elementos objetivos como subjetivos del delito de tráfico de drogas en el comportamiento de los acusados. A modo de conclusión podemos afirmar que una lectura integral de los hechos declarados probados y el apartado de la valoración probatoria[3] como jurídica[4] de la sentencia recurrida, no permite que se entienda como efectivamente declarado probado que los encartados contribuyeron de común acuerdo a la construcción de una pista clandestina con el propósito de facilitar el aterrizaje de una aeronave cargada con doscientos paquetes contentivos de cocaína. Por todas las razones anteriormente expuestas, el presente motivo, formulado por la Defensa de los imputados se declara con lugar, por lo que procede absolver de responsabilidad criminal a los endilgados antes mencionados...."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de octubre de dos mil quince, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS MARCO VINICIO ZÚNIGA MEDRANO en su calidad de Coordinador, JACOBO ANTONIO CÁLIX HERNÁNDEZ y CARLOS DAVID CÁLIX VALLECILLO, dicta Sentencia conociendo el Recurso de Casación por Infracción de Ley, Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la Sentencia de fecha seis de Marzo de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia del Departamento de Olancho, mediante la cual falló: 1) CONDENANDO a los Señores O. A. R. M. Y J. E. B. M., a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN, MAS LA MULTA DE UN MILLÓN DE LEMPIRAS (Lps 1,000,000.00), por el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS.- 2)CONDENANDO a dichos imputados a las Penas Accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo de duración de la Pena Principal.- 3) NO DECLARÓ la Responsabilidad Civil de los imputados O. A. R. M. Y J. E. B. M..- 4)NO CONDENÓ en Costas Procesales ni Gastos ocasionados por dicho Juicio.- 5) Se decretó el comiso del dinero consistente en SEIS MIL TRESCIENTOS DOLARES, MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS, Y UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS COLOMBIANOS.- Interpusieron el Recurso de Casación por Infracción de Ley, Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma, los Abogados J. A. G. P. y A. B. P. actuando en su condición de Defensores Privados de los encausados O. A. R. M. Y J. E. B. M..- SON PARTES: El Abogado J. A. G. P. en su calidad de APODERADO DEFENSOR de los imputados, como RECURRENTE y el Abogado S. C. A. en su condición de Representante del MINISTERIO PÚBLICO, como RECURRIDO. DECLARACIÓN DE HECHOS PROBADOS PRIMERO: Que el día 5 de Diciembre del año 2009, en horas de la noche en la propiedad del señor C. M. F., en el caserío de Las Vegas Cáceres de la aldea Guapinol San Pedro de Catacamas, se estrelló una avioneta BIMOTOR con bandera Colombiana modelo TSIA-520-BT(4), en la cual fallecieron sus dos tripulantes identificándose uno como el señor M. S. M. A. de nacionalidad colombiana, sin que pudiera establecerse la identidad de la otra persona, esta aeronave intentó aterrizar en la pista ubicada aproximadamente a un kilómetro del sitio de impacto la aeronave traía carga de varios sacos de paquetes de las cuales se recuperaron 200 paquetes rectangulares que luego de los análisis por el perito toxicólogo se comprobó que es cocaína, aproximadamente a un kilómetro de distancia del sitio de donde se estrelló la avioneta es la misma comunidad específicamente en la propiedad del imputado J. E. B. M. según la declaración de los Testigos protegidos fue construida en sociedad por los mismos es decir que el señor O. A. R. M. proporcionó los fondos para la construcción y el otro imputado J. E. B. M. facilitó el terreno, esta construcción se realizó al margen de la Ley sin tener la correspondiente autorización de la Dirección de Aeronáutica Civil para ocultar a las autoridades la existencia de los fines de la misma, sembraban maíz y se establece que sembraba, pero el mismo nunca crecía hasta dar frutos, pues cuando crecía aproximadamente hasta 50 centímetros era cortada y nuevamente se sembraba obviamente para dar apariencia de su continuamente cultivaba, por otro lado, parte de la siembra se realizaba en cunetas saturadas de agua para que no creciera, así mismo los testigos protegidos manifestaron que en la pista se encontraba en medio a los alrededores en donde estaba sembrado el cultivo de maíz.” C O N S I D E R A N D O I.- El Recurso de Casación por Infracción de Ley, Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma, interpuesto por los Abogados J. A. G. P. y A. B. P., en su condición de Defensores Privados de los encausados O. A. R. M. Y J. E. B. M., es admisible en tanto que reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que ahora debemos pronunciarnos sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- LOS RECURRENTES ABOGADOS J. A. G. P. y A. B. P., EN SU CONDICIÓN DE DEFENSORES PRIVADOS DE LOS ENCAUSADOS O. A. R. M. Y J. E. B. M., PROCEDIERON A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY, INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL Y QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, DE LA MANERA SIGUIENTE: “PRIMER MOTIVO: Infracción por Aplicación Indebida del artículo 18, en relación con el numeral 34 del artículo 5, ambos de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el primer párrafo del artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO. La norma que se cita como aplicada indebidamente prescribe: Artículo 18. El que trafique con drogas, estupefacientes o sustancias controladas, será penado con reclusión de quince a veinte años y multa de un millón a cinco millones de lempiras. Por su parte la norma que se cita infringida en relación prescribe: Artículo 5 N°34: Tráfico Ilícito: Todo acto dirigido o emergente de las acciones de producir, fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento, transportar, entregar, suministrar, comprar vender, donar, introducir al País, sacar del País y/o realizar transacciones a cualquier título de sustancias controladas, financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente Ley o de otras normas jurídicas. El Tribunal de Sentencia ahora recurrido, al proferir el fallo estableció como hechos probados los siguientes: PRIMERO: Que el día 5 de Diciembre del año 2009, en horas de la noche en la propiedad del señor C. M. F., en el caserío de Las Vegas de Cáceres de la aldea Guapinol San Pedro de Catacamas, se estrello una avioneta BIMOTOR con bandera Colombiana modelo TSIA-520-BT(4), en la cual fallecieron sus dos tripulantes identificándose uno como el señor M. S. M. A. de nacionalidad colombiana, sin que pudiera establecerse la identidad de la otra persona, esta aeronave intento aterrizar en la pista ubicada aproximadamente a un kilómetro del sitio de impacto la aeronave traía carga de varios sacos de paquetes de las cuales se recuperaron 200 paquetes rectangulares que luego de los análisis por el perito toxicólogo se comprobó que es cocaína, aproximadamente a un kilómetro de distancia del sitio de donde se estrello la avioneta es la misma comunidad específicamente en la propiedad del imputado J. E. B. M. según la declaración de los Testigos protegidos fue construida en sociedad por los mismos es decir que el señor O. A. R. M. proporcionó los fondos para la construcción y el otro imputado J. E. B. M. facilitó el terreno, esta construcción se realizo al margen de la Ley sin tener la correspondiente autorización de la Dirección de Aeronáutica Civil para ocultar a las autoridades la existencia de los fines de la misma, sembraban maíz y se establece que sembraba, pero el mismo nunca crecía hasta dar frutos, pues cuando crecía aproximadamente hasta 50 centímetros era cortada y nuevamente se sembraba obviamente para dar apariencia de su continuamente cultivaba, por otro lado, parte de la siembra se realizaba en cunetas saturadas de agua para que no creciera, así mismo los testigos protegidos manifestaron que en la pista se encontraba en medio a los alrededores en donde estaba sembrado el cultivo de maíz. De la narración literal del hecho único que el Tribunal sentenciador ha declarado como probado, lo cual para efectos de Casación en el fondo constituyen verdades intangibles, claramente sin ningún esfuerzo mental se puede apreciar que los imputados O. A. R. M. y J. E. B. M., no han realizado ninguna acción o actividad de las que describe el numeral 34 del artículo 5 de la Ley de Drogas, que tipifica el tráfico de sustancias controladas (Tráfico de Drogas); pues tal como se aprecia del cuadro fáctico que el juzgador estableció como verdad innegable, del mismo únicamente se desprenden o se plasman tres circunstancias acreditadas que son: a) Que en fecha 5 de Diciembre del 2009 en horas de la noche, se estrelló una avioneta en la propiedad del señor C. M. F., mismas que de acuerdo a las pruebas recabadas, transportaba droga. b) Que como a un kilómetro de distancia de donde se estrelló la avioneta en la propiedad de J. E. B. M., fue realizada una construcción (sin especificar que clase de construcción), pero que se infiere que la misma fue hecha en sociedad entre el imputado O. A. R. M., quien puso los fondos y el otro acusado J. E. B. M., que proporcionó el terreno; que dicha construcción fue hecha al margen de la Ley, es decir, sin la correspondiente autorización de la Dirección de Aeronáutica Civil. c) A la vez expone el sentenciador en su hecho probado, que para ocultar a las autoridades la existencia de los fines de la misma, sembraban maíz y se establece que el mismo nunca crecía hasta dar frutos, que cuando crecía hasta 50 centímetros era cortada y nuevamente sembrada para dar apariencia de su continuo cultivo y que según los testigos protegidos la pista se encontraba en medio de el cultivo. (Lo sombreado y subrayado es nuestro). Ahora bien, de conformidad a lo que tipifica el numeral 34 del artículo 5, de la Ley de Drogas será Tráfico ilícito: Todo acto dirigido o emergente de las acciones de producir, fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender; donar, introducir al País, sacar del País y/o realizar transacciones a cualquier título de sustancias controladas, financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente Ley o de otras normas jurídicas. Como podrán apreciar Honorables Magistrados de la Sala, del cuadro fáctico o hechos declarados como probados por el Tribunal sentenciador no se desprende expresión o declaración alguna que valla encaminada a vincular a nuestros representados con algunas de las actividades o verbos rectores que describe la norma antes citada contenida en el numeral 34 del artículo 5 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, pues para que a los señores O. A. R. M. y J. E. B. M., se les dictará una sentencia de condena destruyendo como consecuencia su estado de inocencia, era necesario e inminentemente indispensable, que el Tribunal sentenciador en sus hechos probados describiera o plasmara alguna de las acciones que señala el citado numeral 34 del artículo 5 de la Ley en referencia, que no son otras que las actividades de: Producir, fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, donar, introducir al País, sacar del País y/o realizar transacciones a cualquier título de sustancias controladas, financiar actividades contrarias a las disposiciones de la Ley citada. Lo anterior como ha quedado circunstanciado en autos por una parte, ninguna de dichas actividades ha sido plasmada en el cuadro fáctico que por este acto se censura; y por otra como lo podrán apreciar los Honorables Jueces Supremos en ninguna parte de los autos obra prueba, diligencia o circunstancia alguna, que valla encaminada a demostrar que nuestros representados trafiquen con drogas, pues la actividad probatoria de la acusación fue encaminada a acreditar que mis representados, construyeron una supuesta pista que no es más que una brecha o calle para extraer su producción de maíz que realizaban cada cuatro meses, es decir tres veces al año, por lo menos no se probó lo contrario, calle, que era utilizada para meter la maquinaria como ser maquinaria como ser sembradora, cosechadora, y otras, pero la acusación creyendo que era una pista para el Tráfico de Drogas, tomo la determinación de acusar a mis clientes sin contar con la actividad probatoria suficiente, y es esta última circunstancia la que origina que el Tribunal sentenciador plasme el cuadro fáctico que consta en la sentencia recurrida por el hecho que no se aporto la prueba necesaria para acreditar que los imputados trafiquen con droga; con la consecuente trasgresión de aplicar indebidamente las normas de fondo que hemos indicado como violadas, en el presente motivo; los Abogados y; especialmente los ilustres Magistrados de la Sala Penal, saben y conocen a cabalidad las consecuencias que contrae o se derivan cuando un sentenciador o juzgador no plasma o no describe en sus hechos probados la acción o actividad delictiva realizada por el acusado; consecuencias que no son otras que el vicio de casación en el fondo y por ende la revocación del fallo dictado, tal es el presente caso que nos ocupa, en la cual como ustedes lo podrán verificar el Tribunal sentenciador únicamente declara en su cuadro fáctico que se accidento una avioneta trasportando droga, que los imputados realizaron una construcción, pero ni siquiera se específica que tipo de construcción fue la que realizaron y que esa construcción se hizo al margen de la Ley, es decir sin autorización dé Aeronáutica Civil y por último que la pista quedaba en medio del cultivo de maíz; y con esa declaratoria de hechos, el Juzgador dicta un fallo de condena para los imputados, infringiendo consecuentemente las normas de derecho sustantivo que por este acto invocamos como transgredidas.- A esta defensa; no le cabe ninguna duda sobre el vicio de Casación en el fondo que estamos alegando, pues como ya se expuso el Tribunal en su cuadro fáctico o hechos estimados y declarados como probados, no describe o no plasma actividad o acción delictiva alguna en la que hayan tenido participación los señores O. A. R. M. y J. E. B. M. Es así Honorables Magistrados del Alto Tribunal de Justicia que este censor quiere exponerles su punto de vista para dejar al descubierto la infracción por aplicación indebida o incorrecta del artículo 18, relacionado con el numeral 34 del artículo 5 ambos de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, por parte del Tribunal de Sentencia del departamento de Olancho, en la cual establece como probados unos hechos y de ese cuadro fáctico, no se refleja o desprende participación, o actividad alguna por parte de nuestros representados, con la consecuente abierta violación o trasgresión a las normas de fondo citadas, impone una condena por autoría en tráfico de Drogas, dando lugar sin margen de dudas al motivo de Casación por Infracción de Ley mediante Aplicación Indebida que por este acto hemos planteado, manteniendo esta defensa la firme convicción que el Alto Tribunal hará las correcciones de Ley correspondientes, declarando la infracción de fondo que estamos alegando y por ende haciendo justicia declarando inocentes a nuestros representados. APLICACIÓN QUE SE PRETENDE. Tomando en cuenta los hechos declarados como probados por el Tribunal de Instancia, la aplicación que debió hacer el A-quo y que pretende el impetrante, es la de absolver de responsabilidad penal a nuestros representados O. A. R. M. y J. E. B. M., de conformidad a lo que ordena el artículo 339 del Código Procesal Penal; ya que repetimos el juzgador no establece o plasma acción alguna en el cuadro fáctico de la sentencia de merito en la cual se describa o establezca que los imputados hayan realizado o participado en actividad alguna, que se pueda conceptuar como Trafico de Drogas, lo anterior, no es producto porque el sentenciador no quiso hacerlo o porque se equivoco, sino, porque sencillamente del elenco probatorio que incorporo la acusación al debate, no se refleja participación o acción alguna en la cual se establezca que los señores O. A. R. M. y J. E. B. M., hayan realizado cualquiera de las acciones o infringido los verbos rectores que tipifica el numeral 34 del artículo 5 supra indicado o cualquier otra actividad no descrita en dicha norma, al cual se pueda concluir que los señores citados son traficantes de droga, situación que no acontece en la presente causa, por lo que es procedente de acuerdo a nuestro criterio que se dicte fallo casando la sentencia recurrida y como consecuencia lógica declarando inocente a mis representados.” III.- RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY EN SU ÚNICO MOTIVO INTERPUESTO POR LA DEFENSA PRIVADA DE LOS IMPUTADOS O. A. R. M. Y J. E. B. M., DENUNCIANDO LA APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTÍCULO 18 EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 34) DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY SOBRE USO INDEBIDO Y TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360 DEL CODIGO PROCESAL PENAL El Censor arguye que en los hechos declarados probados no se describen conductas de los imputados que puedan subsumirse en el tipo penal de tráfico ilícito de drogas, ya que de los mismos no se desprende que hayan realizado algunos de los verbos rectores del delito relacionado, es decir los de producir, fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender o donar” drogas, pues lo único que se puede desprender del factum es que los encartados construyeron una brecha o calle para extraer su producción de maíz. Esta Sala considera pertinente recordar que a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. Por lo anterior, a la Sala de lo Penal, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de instancia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse a partir de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. En el caso bajo examen los acusados O. A. R. M. y J. E. B. M. fueron condenados por la comisión del delito de tráfico de drogas, tipificado en el artículo 18 de la Ley contra el consumo y tráfico ilícito de drogas donde se prevé que el que trafique con drogas, estupefacientes o sustancias controladas será penado con reclusión de quince a veinte años y multa de un millón a cinco millones de lempiras, señalando en el artículo 5 No. 34) que para los efectos de la presente Ley, salvo indicación expresa en contrario, se entiende por: Tráfico Ilícito: Todo acto dirigido o emergente de las acciones de producir, fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, donar, introducir al país, sacar del país y/o realizar transacciones a cualquier título, de sustancias controladas, financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente Ley o de otras normas jurídicas. La Representación del Ministerio Público ha sostenido que en horas de la noche del día 5 de diciembre de 2009, una aeronave cargada con 247 kilos de cocaína, tripulada por el señor M. S. M. de nacionalidad colombiana y otra persona no identificada, se aprestaba a efectuar un aterrizaje en una pista clandestina localizada en un terreno propiedad del imputado J. E. B. M., construida con recursos aportados por el encartado O. A. R. M., cuando al percatarse de que habían sido avistados por elementos pertenecientes a las Fuerzas Armadas de Honduras se alejaron de ese lugar dándose la circunstancia de que momentos después se estrellaron contra un árbol localizado en otra propiedad rural ubicada a un kilómetro de la pista antes señalada, trayendo como resultado la muerte de los tripulantes mencionados. El ente acusador considera que de los hechos antes descritos se deriva que los imputados son miembros de una organización criminal internacional dedicada al tráfico ilícito de drogas, ya que sus acciones han estado encaminadas a facilitar el aterrizaje de aeronaves cargadas de cocaína. Es importante recordar que los hechos declarados probados constituyen el relato histórico respecto a los acontecimientos que están siendo debatidos y definitivamente acreditados; es una descripción, donde los Juzgadores hacen un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate; los hechos probados podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores, pero siempre deberán determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan y las acciones realizadas por éstas cuando proceda. Esta Sala constata que la redacción de los hechos declarados probados por el Tribunal de enjuiciamiento se presenta oscura, confusa y carente de claridad, empero tratará de verificar si el comportamiento de los acusados descrito en el factum añadido a las demás circunstancias, es subsumible en el tipo penal de tráfico ilícito de drogas. En el relato de hechos probados se dice que “según la declaración de los testigos protegidos” se realizó una construcción en un terreno propiedad del señor J. E. B. M., con la financiación del coimputado O. A. R. M., sin la correspondiente autorización de la Dirección de Aeronáutica Civil para ocultar a las autoridades la existencia de los fines de la misma. De este modo se puede observar que en el factum de la sentencia impugnada, el Tribunal de instancia lo que declara probado es que testigos protegidos declararon que tal construcción ( sin precisar claramente cual es su naturaleza o de que se trata) se realizó sin autorización de la Dirección de Aeronáutica Civil para ocultar los fines de la misma (¿cuáles fines?). Esta Sala considera oportuno señalar que el Juzgador ha de limitarse a exponer los hechos declarados probados como un relato histórico de lo que considera realmente acontecido, de tal manera que al indicar que “según”[1] lo declarado por los testigos protegidos se atribuye a los encartados determinados acciones, pone en duda de que realmente asume como fruto de su personal y racional convencimiento que las mismas fueron efectivamente ejecutadas por aquellos. Por otro lado, en el factum se relata que un terreno propiedad de un tercero ajeno al proceso, identificado como C. M. F., localizado a un kilómetro del fundo rural propiedad del imputado J. E. B., se estrelló una aeronave cargada con 200 paquetes de cocaína. Así las cosas y tal como antes lo señalamos, el Tribunal A Quo con una redacción confusa, oscura y de difícil comprensión se limita a reseñar en el apartado de los hechos probados algunos indicios sin lograr describir de manera precisa y terminante conductas o comportamientos de los imputados de los cuales se pueda colegir que dolosamente hayan contribuido de común acuerdo a la construcción de una pista clandestina con la finalidad específica de que fuera utilizada para el aterrizaje de una aeronave cargada con doscientos paquetes de cocaína que en fecha 5 de diciembre de 2009 se estrelló en un predio rural propiedad de un tercero. En algunos casos la ubicación en la sentencia de los llamados “juicios de inferencia” mediante los cuales se determina el elemento subjetivo para determinados delitos, ordinariamente resultará más adecuada en los apartados relativos a la valoración de las pruebas y en la fundamentación jurídica del fallo[2]. Una lectura detenida del apartado relativo a la valoración de la prueba y de la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida pone de manifiesto que es huérfana de la motivación mínimamente requerida mediante la cual se exponga cual fue el razonamiento que a partir de las pruebas evacuados en juicio, (mismas que únicamente aparecen mencionados y descritos en su contenido) condujo a que el Juzgador de instancia haya arribado a la conclusión inequívoca, más allá de toda duda razonable y por tanto a la certeza, de que en el caso bajo examen ha resultado acreditada la concurrencia de los elementos objetivos como subjetivos del delito de tráfico de drogas en el comportamiento de los acusados. A modo de conclusión podemos afirmar que una lectura integral de los hechos declarados probados y el apartado de la valoración probatoria[3] como jurídica[4] de la sentencia recurrida, no permite que se entienda como efectivamente declarado probado que los encartados contribuyeron de común acuerdo a la construcción de una pista clandestina con el propósito de facilitar el aterrizaje de una aeronave cargada con doscientos paquetes contentivos de cocaína. Por todas las razones anteriormente expuestas, el presente motivo, formulado por la Defensa de los imputados se declara con lugar, por lo que procede absolver de responsabilidad criminal a los endilgados antes mencionados.
IV. CONTINUAN MANIFESTANDO LOS RECURRENTES EN SU SEGUNDO MOTIVO: “Infracción del artículo 89 de la Constitución de la República, en relación con el artículo 2 del Código Procesal Penal.” PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: El precepto Constitucional que se invoca como infringido prescribe lo siguiente: “Artículo 89, Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente.” La norma que se cita como infringida en relación al anterior, prescribe: Artículo 2 Estado de Inocencia. Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este Código.
Como se ha expuesto, en el primer motivo de este recurso, de los hechos que el Tribunal sentenciador ha tenido como probados no se desprende ninguna participación de los imputados O. A. R. M. y J. E. B. M., hechos en la cual el juzgador fundamenta su fallo, y que tienen como asidero probatorio las declaraciones testifícales de los testigos protegidos identificados con las claves G-1, YG-2, YG-3, YG-5 y YG-7. Veamos específicamente en forma concreta cual fue la información que proporcionó cada uno de los testigos en referencia Testigo Protegido G-1 dijo: Que él conoció a O. R., como un hombre labrador de la tierra con pequeños recursos, con su ganadería y sembraba maíz, frijoles, sorgo, que la leche la sacaba con sus carritos un datsun rojo 3500 y un 3.0 que hasta lo compro de segunda, que al hombre no lo ha conocido por cosas malas, que esa aeronave cuando andaba sobrevolando, andaba como enrumbada, ahí dio tres vueltas, que cada vuelta la daba entre 4 a 5 minutos, que a la segunda vuelta la avioneta se escuchaba como ruina, a la tercer vuelta fue cuando supuestamente se escucho un estruendo yéndose a impactar en un árbol de Guanacaste, que la avioneta andaba como perdida. Testigo Protegido YG-2: Quien relato que el 5 de diciembre a eso de las 8 y media a 9, ellos se encontraban en el lugar de los hechos, que escucharon un zumbido de una avioneta y salieron y vieron que en la pista sobrevolaba una avioneta, dio tres vueltas sobre la pista ya la tercera se ubico en forma de caer, salieron mas y cuando venía a manera de caer, prendió la luz y tal vez los vio y dijo a levantarse y dio un giro hacia la derecha y escuchamos que pegó en un árbol y después a los pocos minutos escucharon la explosión, se dirigieron hacia el lugar de los hechos, pero su comandante les dijo que no se movieran por seguridad, que lo esperarán a él y llegó dos horas depuse con un capitán de la Policía, mas policías y militares y se dirigieron al lugar de los hechos, que al llegar vieron bastante droga regada y dos muertos, que la avioneta estaba incendiándose; aclaró el testigo al ser preguntado que se refiere a Diciembre del dos mil nueve y la pista es la de Las Vegas de Cáceres, que ellos estaban allí, para controlar que no cayeran avionetas, que el escucho decir en la aldea la Cruz, que para las elecciones allí cayeron dos avionetas.- Que la pista estaba en medio de una labranza, que la vivienda donde ellos estaban pertenece a don Canacho (imputado), que ellos a pie del lugar donde está la pista al lugar del accidente tardaron como una hora en llegar, que un día antes don O. anduvo en la propiedad, que al momento del accidente ninguno de los imputados estaba en el lugar, tampoco habían vehículos, ni luces ni otra persona.
Testigo Protegido YG-3: Que él es testigo de los hechos ocurridos el 5 de diciembre del 2009, que a ellos se les asigno una misión especial el día después de las elecciones al lugar de Guapinoles, Vegas de Cáceres, donde se manejaba información que en esa área se encontraba una narco pista, que el grupo anterior dejo marcada el área que ellos verificaron que sobre la pista comenzaba una cerca de alambre de púa, estaba cortado y enrollado hacia un lado, ellos dejaron marcas de piedra en la pista y no estaban las piedras, las habían quitado, y se encontró que sobre el área habían huellas extrañas no de Vehículos, sino, que se suponía que eran de avión, que el área de la pista era de una distancia mil cien metros, que la gente de allí les dijo que un día antes de las elecciones había aterrizado un avión, que el señor R. andaba como pasando Inspección en la pista y se mando a traer y se le pregunto qué hacía en el área y contesto que él era uno de los propietarios y que nada mas andaba supervisando y se le pregunto que si en la pista caían aviones, a lo que contesto que desconocía y que esa calle se había hecho con el objeto de sacar el maíz en tiempo de cosecha, que la pista se encuentra en medio de la labranza, que ellos notaron que la maquina estaba adentro para deshacer el maíz, se le pregunto que porque hacía esa actividad y contestó que como el maíz se lo habían comido los ratones y para que creciera parejo lo arrancaban y volvían a sembrar, que el día del hecho ellos escucharon que sobrevolaba una avioneta que en el momento no la observaron porque volaba con las luces apagadas, que posteriormente se alejo de la pista y volvió nuevamente con la intención de aterrizar, dio la vuelta y volvió a regresar más abajo, que el supone que fue allí donde los pilotos donde los pilotos los vieron a ellos, porque estaban en un lugar visible entonces se desvió de la pista como queriendo ir aterrizar a otro lado, hizo una maniobra brusca el avión, cayo y explotó porque chocó con un árbol, cuando fueron al lugar vieron dos personas muertas, había droga por todas partes, se contabilizaron 247 kilos de cocaína. Testigo Protegido YG-5: Que él fue asignado a una investigación en Olancho, que consistía en realizar ubicaciones de distintos lugares donde se estaban realizando construcción de pistas para el aterrizaje de aviones que supuestamente traen droga de otros Países, visitaron varios lugares e hicieron varias inspecciones y llegaron a la zona de San Pedro de Catacamas donde habían varios puntos y en uno de ellos en la época de diciembre del 2010 se estrello una avioneta, murieron unas personas y quedo la droga tirada, a un kilómetro de allí, se ubico una propiedad que estaba sembrada de Maíz y se observó que había una pista en medio de la milpa, con tierra compactada que tenía un largo de mil cincuenta metros por quince de ancho, y al final tenía una parte ancha como para que pudiera dar vuelta un vehículo. Testigo Protegido YG-7: Que ellos tuvieron contactos con ciertas personas a las que se les tomo declaración acerca de la construcción de la pista, una persona declaró que esa pista había sido construida pocos días antes que sucediera el hecho y que había coincidido con la construcción de otra pista en San Pedro de Catacamas, que las personas dijeron que allí llegaban personas armadas, que el dueño de la propiedad era don E. B. M., que la siembra de maíz y la pista fue hecha por C. M., que la pista tiene acceso para entrada de vehículos, que la pista no tiene visibilidad solo se mira el maíz. Comparecieron a la vez otros testigos por parte de la acusación, como ser R. P. B. Á., Detective de Lucha contra el Narcotráfico, y otros que únicamente comparecieron a ratificar las actas de allanamiento y registros practicados a las viviendas de los imputados, actas de inspección y lo referente a dictamen médico toxicológico elaborado a la droga que fue encontrada en el lugar del suceso, medios de prueba que en virtud de no ser vinculantes para demostrar la participación de nuestros representados en los hechos controvertidos, omitiremos referirnos a ellos, en vista que los mismos solo acreditan que se estrello una avioneta en el lugar de los hechos, que se recuperaron varios kilos de droga y que se allanaron las viviendas de nuestros clientes que a la vez se les dio detención. De la prueba antes descrita y que sirvió de base o fundamento para condenar a nuestros representados O. A. R. M. y J. E. B. M., sin realizar un mayor esfuerzo mental se puede concluir que la misma no es acta o suficiente para destruir el estado de inocencia que les ha favorecido en todo el proceso a mis clientes, ello se deduce por lo siguiente: Como ha quedado evidenciado en autos, los testigos protegidos que comparecieron a rendir testimonio, solo refieren lo relacionado con una supuesta pista que no es más que una brecha o carretera que construyeron los imputados con el objeto de facilitar la producción de maíz en alrededor de 150 manzanas que cultivaban, entre ambos, ya que mis representados son socios; pues bien, los testigos refieren que fueron asignados a la zona, porque se decía que en dicho lugar habían pistas clandestinas para el aterrizaje de avionetas transportando droga, que ellos creyeron que la carretera construida en la propiedad de los acusados era una pista para el aterrizaje de avionetas y que el día del suceso, es decir el 5 de Diciembre del 2009, una avioneta sobrevoló la zona y que quiso como aterrizar en la pista que estaba en la labranza sembrada de maíz, que el avión dio varias vueltas y luego intento aterrizar; a tal efecto el testigo G-1; expuso que el avión parecía que presentaba desperfectos mecánicos que dio tres vueltas que entre una y otra vuelta se tardaba cuatro o cinco minutos y que fue en la última vuelta cuando se estrello en el árbol; situación que fue conteste con lo expresado en el acto del juicio por el Perito experto en aviación que fue propuesto por esta defensa, quien en primer término informo al Tribunal, que un avión como el que se accidento de noche es materialmente imposible que pueda lograr aterrizar sin ninguna iluminación, y que las luces propias del avión solo le sirven para orientarse o para localizar un objeto cercano y lo más relevante que expuso el perito es que la más probable causa por el cual el avión no se quemo en su totalidad es por falta de combustible, a lo cual coincide por lo dicho por el testigo G-1, quien aseguro que el aparato parecía que presentaba fallas; entonces con esto se concluye’ que la avioneta que se estrelló en la zona cercana a la propiedad de uno de mis patrocinados, se estrella posiblemente por falta de combustible, y ello explica porque dio varias vueltas seguramente la aeronave lo que buscaba era un lugar dónde aterrizar y no necesariamente tenía que ser un lugar específico. En cuanto a la participación de mis representados en los hechos por el cual están siendo enjuiciados, la acusación no ha presentado o incorporado ningún elemento de prueba que los vincule en forma directa con el hecho enjuiciable; se dijo en debate que el señor R. llegaba a la propiedad donde estaba la supuesta pista, pero como los mismos testigos lo dijeron dicho señor, fue entrevistado e interrogado sobre la supuesta pista y sobre el porqué llegaba a ese lugar y porque se cortaba el maíz en ciertas partes, al cual en forma franca contesto que él era socio con el señor C.; que juntos habían sembrado la propiedad y que la brecha la habían hecho para facilitar la siembra y cosecha de la producción de maíz y que el corte del maíz en alguna áreas, era porque había sido dañado por las ratas y lo cortaban para volverlo a sembrar para que creciera parejo; también se ha especulado con que el maíz no lo dejaban crecer más de cincuenta centímetros, cuando según el acta de Inspección Ocular hecha Por Agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal y que obra a folio 37, en el último renglón de la primer página de dicha acta se
lee “que en ese terreno se puede ver sembrada una milpa de maíz de aproximadamente 1.55 metros de altura y que se encuentra semiseco” lo que implica que la altura de cincuenta centímetros del maíz en referencia es una especulación; también se especuló por el dicho de uno de los testigos, que querían ofrecer dinero para que se permitiera el aterrizaje de dicho avión, lo cual quedó en puros díceres y nada concreto; por lo que en conclusión ha quedado suficientemente evidenciado en esta causa que a los señores O.
A. R. M. y J. E. B. M., nadie pero absolutamente nadie los ha visto comprando o vendiendo, droga, nadie los ha visto esperando la llegada de alguna avioneta, nadie los ha visto trasportando algún objeto de procedencia ilícita, al efecto fueron allanadas sus viviendas y todos pero todos los objetos que fueron decomisados en sus casas de habitación son objetos de licita tenencia, las cantidades de dinero que fueron decomisadas son cantidades irrisorias que cualquier persona de bajos recursos las puede poseer máxime cuando nuestros representados son agricultores, medianos ganaderos que venden leche, queso, y otros productos derivados de la actividad que realizan; la Fiscalía no ha presentado como evidencia ningún objeto o bien que pudiera presumirse que es utilizado para facilitar la actividad del narcotráfico, al efecto llevo a estrados una extensión eléctrica con un foco en uno de sus extremos, como dando a entender que con esa extensión se usaba para alumbrar la pista cuando la misma no tiene ni siquiera treinta metros de largo, objeto que ha sido utilizado por don E. en la actividad de destazo de reces en horas de la madrugada los días sábados, tampoco la acusación ha incorporado prueba o circunstancia alguna referentes a bienes de los acusados de valor superior o cuentas bancarias con cantidades altas, en fin la acusación en esta causa no ha sido capaz de acreditar el caudal económico propio de un narcotraficante, pues sencillamente, las evidencias que presento son objetos o cosas meramente domesticas; y lo más importante o relevante es que en la presente causa no se ha presentado ninguna prueba directa ni circunstancial suficiente para dar por acreditado que los imputados hayan sido participes en los hechos que se juzgan. Es importante señores Magistrados indicar que en la actividad del trafico de drogas, se da siempre lo que llamamos como cruce de llamadas telefónicas, entre los que dirigen la actividad con los que trasportan o de algún modo participan en la actividad del trafico, a mis representados y a sus parientes cercanos, se les decomiso todos los teléfonos celulares que poseían y les encontraron cuando fueron cateadas sus viviendas y resulta que el debate en este procedimiento, se suspendió alrededor de tres veces debido a que la Fiscalía estaba esperando la prueba madre según la acusación y que consistía en el llamado vaciado telefónico de todos los teléfonos que fueron incautados y cuál fue la sorpresa en el juicio, que el Ministerio Público renunció a la prueba de vaciado telefónico y no renuncia porque dicho vaciado no lo tenía en sus manos, sino, porque en tal vaciado no apareció ninguna llamada o cruce de llamadas entre los teléfonos de mis representados, los de sus parientes con los teléfonos que portaban los pilotos de la avioneta siniestrada; lo anterior señoría evidencia que mis representados no han tenido ningún nexo o conexión con los pilotos que transportaban la droga ni con ninguna otra persona relacionada con actividades ilícitas y por ende no están ligados al tráfico de estupefacientes como lo ha determinado el Tribunal de Instancia. Generalmente como ocurre las personas que esperan un cargamento o mercancía prohibida, esperan en el lugar de los hechos la carga bien sea en forma personal o por medio de sus colaboradores o empleados, pero como vemos en este caso al momento del supuesto intento de aterrizaje de la avioneta, según la declaración de los testigos protegidos ninguna persona o vehículo transitaba o estaba en el lugar, ello implica que la aeronave no era su propósito aterrizar en el lugar donde se estrella, sino intentó hacerlo obligada por otras circunstancias como las que hemos citado anteriormente. Con lo anterior Honorable Tribunal de Alzada hemos tratado de ilustrar en qué consiste la flagrante violación por parte del Tribunal de Sentencia al principio derecho de inocencia, que consagra el artículo 89 de la Constitución de la República, y el artículo 2 del Código Procesal Penal, relacionado con el artículo 1 que determina que ninguna persona podrá ser condenada a una pena, sino en virtud de sentencia firme después de haberse probado los hechos: en un juicio oral, conforme los principios constitucionales, los Tratados Internacionales de los que Honduras forma parte y el presente Código. Cierto es la declaración constitucional y de la Ley Procesal en su artículo 2, al establecer que todo imputado será considerado como inocente hasta que se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente; pero esa declaratoria tiene que estar sustentada en auténticos y vinculantes medios de prueba, de tal suerte que no quede ningún margen de duda sobre la participación del indiciado, y es el caso de autos Honorable Supremo Tribunal, en la cual él A quo basándose en testimonios o medios de prueba que no identifican o ubican a los acusados como participes de los hechos, a dictado un fallo de condena, violando como consecuencia el derecho de inocencia que constitucionalmente les sigue favoreciendo a los imputados hasta que la misma adquiera el carácter de firme. Como Jurisprudencia Internacional, relativa al principio o derecho de inocencia, podemos citar La sentencia dictada por la Corte Internacional de Derechos Humanos, en el caso C. B. de fecha. 18 de Agosto del 2OOO, en el cual el Estado de El Perú condeno a dicho imputado a 20 años de reclusión por el delito de Terrorismo, y entre otras cosas estableció: “Los jueces que actuaron en el presente caso abordaron la causa con prejuicios y supusieron a priori que el acusado era culpable; por lo que El Perú violó el artículo 8.2 de la Convención, corresponde al Estado el ONUS Probandi de la culpabilidad del imputado y no a este la prueba de su inocencia. Los indicios tenidos en cuenta para condenar a L. A. C. B., no reunían los caracteres de gravedad, precisión y concordancia suficientes para tener por establecida la vinculación subjetiva que debe existir entre el autor de la ofensa penal y el hecho criminoso, por lo tanto El Perú castigó a una persona inocente cuya vinculación a actividades de tipo terrorista no se demostró. Es el caso que nos ocupa Honorable Corte, donde nuestros patrocinados han sido condenados con prueba directa se supone, es decir con el testimonio de varios testigos protegidos, que en ningún momento ubican a los acusados ni en el lugar del suceso ni con los hechos; ya qué cómo podemos apreciar los testigos solo refieren que sobrevoló la avioneta por el lugar, es decir por sobre la propiedad del señor E. B.; donde éste y su socio O. R., construyeron una brecha para facilitar la cosecha de maíz y que dicho avión se fue a estrellar como a un kilómetro de distancia, también dijeron que escucharon decir a pobladores que allí había aterrizado un avión días antes, sin establecerse la veracidad de este hecho y qué tipo de avión fue el que aterrizó, lo que quedó en pura especulación.- Nos referiremos ahora a los posibles indicios que podrían concurrir en la presente causa que aunque el Tribunal sentenciador ni siquiera lo menciona en su fallo, pero esta defensa a manera de ilustración considera útil referirse a ello dé la siguiente forma: Con lo informado por los testigos protegidos, técnicos y demás medios probatorios que incorporo la acusación al debate, el único indicio que podría concurrir relacionando a los imputados con el aterrizaje de la avioneta en referencia, es el hecho que los señores O. A. R. M. y J. E. B. M., construyeron una brecha o carretera con el único propósito de facilitar la cosecha de sus granos básicos que sembraban hasta tres veces al año, brecha, que la autoridad consideró que la misma reunía las condiciones de una pista clandestina y por ello al tener conocimiento que la avioneta supra indicada se había accidentado, inmediatamente iniciaron diligencias contra los acusados, sin embargo como vosotros podrán verificar en los autos, no obra prueba alguna de cargo que vincule a los imputados con el tráfico de drogas por el cual vienen siendo acusados, pues como ya lo advertimos, ni antes, ni en el momento ni después de los hechos los acusados han realizado acción o actividad alguna que los relacione con dicha avioneta siniestrada; por lo que todo lo investigado y evacuado por la autoridad quedo en pura sospecha o especulación, debido a que como ya lo indicamos no se evacuo ni siquiera un tan solo elemento de prueba que demuestre sin margen de dudas o en forma fehacientemente la culpabilidad de los imputados, por lo tanto consideramos que a los señores O. A. R. M., J. E. B. M., se les ha dictado un fallo de condena con prueba directa según el sentenciador, pero desde todo punto de vista insuficiente, y en lo que respecta a los supuestos indicios que podrían concurrir, los mismos no reúnen las condiciones de variedad, gravedad, precisión y concordancia, como lo exige la doctrina para que un imputado pueda ser condenado a base de una posible presunción, por ello creemos que la prueba evacuada no vincula o señala de manera alguna a mis representados como participantes en los hechos enjuiciados. También debemos citar como Jurisprudencia del Tribunal Supremo Español, citado por el Doctor M. C. M. DE L., Fiscal de ese Tribunal, en su texto LA ALEGACION DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL RECURSO DE CASACIÓN, mencionando entre otros conceptos que: Cuando se alega en esta sede casacional, la violación del derecho de la Presunción de Inocencia, el control casacional queda limitado a dos aspectos: a) verificar el Juicio sobre la prueba, es decir a constatar la existencia de prueba de cargo legalmente obtenida e incorporada a los autos. b) Verificación de la racionalidad de los juicios de inferencia alcanzados por la Sala lo que es de la mayor importancia en los casos de prueba indirecta ó indiciaria en su caso y todo ello en garantía de verificar que la conclusión alcanzada no sea irrazonable o arbitraria desde las máximas de la experiencia reglas de la lógica y principios científicos. Al respecto como ya lo hemos exteriorizado y como podrán verificar los señores Magistrados el juicio sobre la valoración de la prueba en esta causa es totalmente inexistente pues no solo concurre el hecho que la prueba aportada no vincula a los acusados con el hecho justiciable, sino, que el juzgador no motiva o explica en lo absoluto su fallo tal como lo explicamos en el último motivo, es decir, el sentenciador se limita a transcribir textualmente lo que dijo cada testigo y con ello expresa que condena a los imputados, sin motivar o razonar en lo absoluto las circunstancias que tomaron en cuenta para arribar a tal determinación. El Tribunal Constitucional Español, en su Sentencia No 150/1989 de 25 de Septiembre expone: La sentencia condenatoria debe fundamentarse en auténticos actos de prueba y que dicha actividad probatoria sea efectivamente incriminatoria, para que de su resultado se derive la evidencia del hecho punible, y la evidencia de participación del acusado. Situación que recalcamos en la presente sentencia que se recurre no se dio por las razones que ya se han señalado; si bien es cierto el sentenciador tiene libertad para valorar en su conjunto las pruebas que se ejecuten en el juicio, pero respetando las reglas que la Ley señala que deben ser observadas, ya que nuestro sistema Procesal se basa en la Sana Crítica Racional es decir un conjunto de normas o reglas que el juzgador debe observar al momento de dictar su fallo y más que todo al valorar la prueba, no siéndole permitido hacer valoraciones a su arbitrio, u omitir en su totalidad hacer valoraciones como ocurre en este caso en particular, por lo tanto consideramos que es procedente se declare con lugar el presente motivo que se invoca.” V.- SIGUEN MANIFESTANDO LOS RECURRENTES EN SU TERCER MOTIVO: “Infracción, de los artículos 69 y 99 de la Constitución de la República, en relación con los artículo 212 del Código Procesal Penal y 3 de la Ley Sobre Uso y Tráfico ilícito de sustancias Psicotrópicas.” PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación e encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal.- EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: Los preceptos Constitucionales que se invocan como infringidos prescriben lo siguiente: “Artículo 69: La libertad personal es inviolable y solo con arreglo a las Leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente”. “Artículo 99: El domicilio es inviolable, ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente. No obstante puede ser allanado, en caso de urgencia, para impedir la comisión ó impunidad de delitos o evitar, daños graves a la persona o a la propiedad. Exceptuando los casos de urgencia el allanamiento del domicilio no puede verificarse de las seis de la tarde a las seis de la mañana, sin incurrir en responsabilidad, la Ley determinara los requisitos y formalidades para que tenga lugar el ingreso, registro o allanamiento, así como las responsabilidades en que pueda incurrir quien lo lleve a cabo”. Las normas que se citan comoinfringida en relación prescriben: Artículo 212 CPP: Requisitos para practicar allanamientos de morada. El allanamiento de morada, casa o lugar en que viva una persona, solo podrá efectuarse previa orden escrita del órgano jurisdiccional competente. Lo dispuesto en el párrafo: anterior no será aplicable en caso de flagrancia o cuando la medida sea necesaria para impedir la comisión de un delito, para evitar la fuga de un delincuente o destrucción, pérdida u ocultamiento de las pruebas o evidencias con miras a lograr la impunidad de los responsables y no sea posible esperar el tiempo necesario para solicitar la autorización judicial. En estos casos, el Ministerio Publico, una vez practicado el allanamiento, lo pondrá inmediatamente en conocimiento del Juez competente, al que le explicara las razones que lo determinaron. El Juez, por auto motivado, convalidará o anulará, total o parcialmente, lo actuado. En lo demás se estará a lo dispuesto por el artículo 99 de la Constitución de la República. Por su parte el artículo 3 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y sustancias Psicotrópicas expresa: Artículo 3: Corresponde a cada Juez de Letras de lo Penal en su Jurisdicción, el conocimiento, Juzgamiento y sanción de los delitos que contiene esta ley, pudiendo para el cumplimiento de su cometido, auxiliarse de cualquier organismo del Estado. La infracción de las normas antes transcritas se explica de la siguiente manera: Resulta que uno de nuestros representados y que responde al nombre de O. A. R. M. tiene su domicilio personal y familiar en la aldea La Herradurita, jurisdicción del Municipio de San Francisco de Becerra, departamento de Olancho, municipio que jurisdiccionalmente pertenece a la competencia del Juzgado de Letras Primero Seccional de Juticalpa del mismo departamento, lo que implica que todas la causas penales o cualquier otra actuación que deba de ejecutarse en el espacio territorial del Municipio de San Francisco de Becerra tienen que ser el Juzgado de Letras Primero Seccional de la ciudad de Juticalpa; pero resulta que en las diligencias realizadas para practicar los allanamientos de morada y consecuente detención de los imputados, el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas, ordenó y ejecutó un mandamiento de allanamiento de morada a la vivienda del imputado O. A. R. M., estando su domicilio personal y familiar, en la comunidad de la Herradurita, jurisdicción del Municipio de San Francisco de Becerra, situación que se acredita con la constancia extendida por la Municipalidad en referencia y que obra en los folios finales de los autos, violentándose con ello la ordenanza constitucional contenida en el ya citado artículo 99 de la Carta Magna y 212 del Código Procesal Penal, así como lo prescrito, en el artículo 3 de la Ley Sobre Uso indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, el cual expresamente ordena que Corresponde a cada Juez de Letras de lo Penal en su Jurisdicción, el conocimiento, Juzgamiento y sanción de los delitos que contiene esta Ley, pudiendo para el cumplimiento de su cometido, auxiliarse de cualquier organismo del Estado. Lo anterior Honorables Jueces es una violación flagrante al derecho de la intimidad del domicilio personal y familiar, ya que como ha quedado suficientemente acreditado, se ordenó y ejecutó una diligencia de allanamiento por un órgano jurisdiccional incompetente como lo es el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas, el cual no tiene jurisdicción en el Municipio de San Francisco de Becerra, Municipio, que pertenece jurisdiccionalmente al Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Juticalpa; procurado la subsanación a la violación al derecho o garantía constitucional de la inviolabilidad del domicilio la defensa hizo las reclamaciones y argumentaciones oportunas en el momento de realizarse la respectiva audiencia inicial, de conformidad a lo prescriben los artículos 166 en sus numerales 1, 7 y 167 numeral 1 del Código Procesal Penal que prescriben que serán nulos los actos procedimentales, realizados: Con inobservancia de las disposiciones concernientes al nombramiento, capacidad, jurisdicción o competencia de los órganos jurisdiccionales o de sus integrantes; con violación a los derechos y libertades fundamentales de la persona, consagradas por la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los que Honduras forme parte y demás Leyes, y que el momento procesal oportuno para reclamar la nulidad, de los actos realizados en la etapa preparatoria del Procesó será en la primera audiencia (audiencia inicial); pues bien como lo mencionamos anteriormente, esta defensa al momento de celebrase la audiencia inicial, como consta en el acta que al efecto se levantó por la Secretaría del Despacho, solicitó la nulidad del allanamiento realizado a la vivienda de mi representado O. A. R. M., situación a la cual se hizo caso omiso por parte de la jueza instructora, por lo que se volvió a plantear la nulidad al momento de celebrarse el juicio oral o debate, para lo cual presentó constancia de la Municipalidad de San Francisco de Becerra en la que se constata que la aldea la Herradurita pertenece al Municipio de San Francisco de Becerra y como será de conocimiento de los Honorables Magistrados la jurisdicción del Municipio citado, pertenece al Juzgado de Letras Primero Seccional de Juticalpa y no al Juzgado de Letras Seccional de Catacamas; petición, que también fue inadvertida por el Tribunal de Sentencia recurrido en virtud que al resolver: el asunto controvertido ni siquiera hizo mención a lo planteado por esta defensa. El mandato constitucional que prescribe el artículo 99 de la Carta Magna, es que el domicilio es inviolable y que ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente, expresando a manera de excepción que en casos de urgencia para impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a la persona o a la propiedad se puede realizar un allanamiento de morada sin el requisito antes indicado (resolución de autoridad competente); prescribiendo al efecto el tercer párrafo de esta norma constitucional, “Que la Ley determinará los requisitos y formalidades para que tenga lugar el ingreso, registro o allanamiento, así como las responsabilidad es en qué pueda incurrir quien lo lleve a cabo”. En consonancia con la norma primaria antes citada el artículo 212 de la Ley Procesal prescribe: Requisitos para practicar allanamientos de morada, El allanamiento de una morada, casa o lugar en que viva una persona, solo podrá efectuarse previa orden escrita del órgano jurisdiccional competente. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable en caso de flagrancia o cuando la medida sea necesaria, para impedir la comisión de un delito, para evitar la fuga de un delincuente o destrucción, pérdida u ocultamiento de las pruebas o evidencias con miras a lograr la impunidad de los responsables y no sea posible esperar el tiempo necesario para solicitar la autorización judicial… El allanamiento de morada realizado por Agentes Fiscales y policiales ordenado por el Juzgado de Catacamas (incompetente por su jurisdicción), constituye una clara violación al derecho garantía de Inviolabilidad del domicilio personal a que tiene derecho toda persona se le preserve su intimidad; vemos que esta ultima norma va en consonancia con lo prescrito por el artículo 99 constitucional, en el sentido de que el mandato general es que solo con orden del órgano judicial competente, se puede allanar una casa o morada de una persona, estableciendo dicha norma algunos casos de excepción por la cual se puede allanar una vivienda o morada sin orden de autoridad competente (casos de urgencia); aspecto que no es el caso de nuestro representado, debido a que su situación no se encontraba en casos de urgencia por el hecho que el suceso que se realizo (accidente de la avioneta) para que a mis representados se les iniciara investigación se produjo un 5 de Diciembre del 2009, y a mis clientes se les allana su vivienda un día 2 de junio del 2010, es decir, seis (6) meses después de los hechos, por lo tanto en ningún momento estaría comprendido este caso entre los supuestos de urgencia que nos regula la norma constitucional y Procesal que citamos; por lo tanto consideramos que la autoridad competente para que se hubiese ordenado allanarla vivienda del imputado O. A. R. M., era el Juzgado de Letras Primero Seccional de Juticalpa Olancho y no el de Catacamas, en vista que, de acuerdo a las normas que citamos anteriormente, este último órgano jurisdiccional no tiene jurisdicción ni competencia, para conocer y resolver asuntos de la jurisdicción del Municipio de san Francisco de Becerra; por lo que consideramos que mediante esta vía deberá subsanarse el vicio denunciado, declarando con lugar el presente motivo y resolviendo lo que en derecho corresponda.” V.- CONTINUAN MANIFESTANDO LOS RECURRENTES EN SU CUARTO MOTIVO: “No haberse observado en la valoración de la prueba, las reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en la última parte del numeral 3 del artículo 362 del Código procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO. El artículo 336 primer párrafo del Código Procesal Penal prescribe: El Tribunal para resolver, solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la Sana Crítica. Por su parte el artículo 202 del mismo Código establece: Valoración de las pruebas. La Sana Crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la Sana Crítica. El Órgano Jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. Las reglas de la Sana Crítica o Sana Crítica Racional consisten en que el Juzgador está obligado a respetar los principios del recto entendimiento humano, es decir las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. La lógica lleva consigo las siguientes Leyes: a) Ley de Identidad, b) Ley de contradicción, c) Ley de tercero excluido y d) Ley de razón suficiente. LEY DE IDENTIDAD: Conforme a esta Ley, el Tribunal entre otras cosas está obligado a identificar plenamente a los participantes en el juicio, especialmente al o los autores del delito, su grado de participación, etc. LEY DE CONTRADICCION: Esta Ley se viola cuando el Tribunal en una sentencia valora la prueba de tal suerte que en una de sus partes se afirma que algo es cierto y luego se niega dicha afirmación. LEY DE TERCERO EXCLUIDO: Esta Ley se viola cuando los hechos que el Tribunal estima probados, no son congruentes con la prueba que se haya ejecutado en el juicio oral o debate, es decir cuando los elementos de prueba incorporados por la acusación y que sirvieron de base al Juzgador para sustentar el fallo, no vinculan o relacionan al imputado con el hecho criminoso, sin embargo se dicta un fallo de condena o viceversa. LEY DE RAZON SUFICIENTE: Esta Ley generalmente se violenta cuando los indicios con que se pretende fundamentar un fallo no se encuentran debidamente probados, o cuando dichos indicios no tienen relación uno con el otro, es decir carecen de concordancia y por lo tanto no se puede establecer una conclusión lógica sea de culpabilidad o inocencia. La PSICOLOGÍA que es otra de las reglas de la Sana Crítica, esta es considerada como una ciencia empírica, del pensamiento humano que el Juez tiene el deber de aplicarla en la valoración de 1as pruebas, es decir que esta regla de la Sana Crítica, no es más que aquellos razonamientos Psicológicos que el juzgador en ciertos casos debe emplear al momento de dictar su veredicto. En lo que respecta a la experiencia común, son aquellas nociones que corresponden al concepto de cultura común, aprensibles espontáneamente por el intelecto como verdades indiscutibles. Veamos en qué consiste la violación por parte del sentenciador a las reglas de la Sana Crítica al momento de valorar la prueba. PRIMERO.- La defensa considera que en la presente causa, se ha violentado de Ley de Identidad contenida en las reglas de la lógica, pues como vosotros podréis observar de todos los medios de prueba presentados y ejecutados a instancia de la acusación, no se ubica o identifica a los acusados como participes en los hechos justiciables esto por lo siguiente: Los Testigos Protegidos refieren los aspectos de importancia siguientes: Que el día 5 de Diciembre del 2009, como entre las 8 y 9 de la noche, en el lugar conocido como Las Vegas de Cáceres, aldea de Guapinol, San Pedro de Catacamas Olancho, se estrelló una avioneta como a un kilómetro de la propiedad de uno de los acusados (J. E. B. M.), que los dos tripulantes del avión murieron y que en el lugar se encontraron esparcidos varios paquetes de cocaína, que en la propiedad del señor J. E. donde había una labranza cultivada de Maíz, habían construido una pista, que dicha pista o calle quedaba en medio de la propiedad, que el maíz tenía una altura de aproximadamente cincuenta centímetros, que a los lados de la pista habían cortado una líneas de maíz, y que según versión de uno de los imputados de nombre O. R., era porque se lo habían comido los ratones y para volverlo a sembrar y que naciera parejo, que ellos fueron asignados a ese lugar para evitar que en la zona aterrizaran avionetas, y que un día antes de que se estrellara el avión llego al lugar el señor O. A. R. M., y se le pregunto que porque andaba allí, y contestó que supervisando la siembra, que el era uno de los dueños de la misma: al efecto se evacuaron otras pruebas testifícales, documentales y periciales que solo, determinan lo relacionado con el accidente de la aeronave y el hallazgo en el lugar del accidente de alrededor de 247 kilos de cocaína y sus dos tripulantes fallecidos, por lo que estas últimas las consideramos irrelevantes para una posible vinculación o participación de los acusados en los hechos que se juzgan. SEGUNDO: Con la información anterior proporcionada por los Testigos Protegidos, el Tribunal sentenciador determino condenar a los señores O. A. R. M. Y J. E. B. M., por el delito de tráfico ilícito de drogas y les impuso una pena de 15 años de reclusión y multa de un millón de lempiras, sin tomarse en cuenta que ni los, testigos ni los demás medios de prueba de la acusación, ubican o relacionan a los imputados con los hechos suscitados o mejor dicho con la actividad de Tráfico de Drogas como lo determinó el Tribunal sentenciador en su fallo, pues como se puede leer en los autos, lo único que quedo acreditado es que cercano al lugar de donde mis representados tienen su propiedad la cual cultivan de maíz cada cuatro meses, se accidentó una avioneta que transportaba droga y que los señores acusados construyeron una brecha o calle que según su información la utilizarían para facilitar la siembra y cosecha del producto de su labranza, calle, que según lo interpretado por la autoridad sería utilizado para el aterrizaje de aviones trasportando, droga; pero que a lo largo del procedimiento no se pudo acreditar que la brechar realizada por los acusados tuviera como propósito el tráfico de drogas, ya que tal circunstancia se ha mantenido como mera sospecha o especulación en vista que como ya se expresó, a parte de la calle realizada no ha comparecido testigo alguno acto o circunstancia que demuestre que los imputados si realizaran esa construcción con fines ilícitos; y prueba de ello, es que así lo refleja el cuadro fáctico que determinó el sentenciador, en el cual solo se hace mención de que nuestros patrocinados construyeron dicha pista, sin especificar cual fue el propósito para la construcción de la misma y casualmente es allí donde radica la violación a la Ley de Identidad, al no ser capaz el juzgador de identificar o vincular con certeza a los imputados como participes en la comisión del hecho por el cual se les ha juzgado.- TERCERO: Por otra parte, esta defensa es del firme criterio que el Tribunal juzgador con su fallo violó la Ley de Contradicción, en virtud que como lo explicamos en el primer motivo de este recurso, los hechos que el Tribunal declaró y estimó como probados, no dan para dictar un fallo de condena o mejor dicho lo descrito en el cuadro fáctico de la sentencia que se recurre; no ubica o no vincula a los acusados con los hechos que se juzgan, pues a nuestros clientes se les ha condenado por un tráfico de drogas, y como vosotros podrán observar los hechos probados solo declaran que los imputados construyeron: una calle o pista sin especificar con que propósito, y no lo especifican no porque no quisieran hacerlo ni por error, sino, porque sencillamente el material probatorio no da o no alcanza para hacer tal aseveración, esto porque como ya lo expusimos anteriormente, el material probatorio solo refiere que se construyó una calle o pista pero no especifica con que propósito, esto Último, se introduce al debate a razón de sospecha o conjetura pero no con algún elemento de prueba que demuestre que los señores representados por esta defensa trafiquen con droga; por ello consideramos que el órgano jurisdiccional al dictar su fallo de condena, violentó la Ley Lógica de Contradicción, pues lo resuelto por el Tribunal no es congruente ni con el cuadro fáctico declarado como tal ni con las pruebas que se ejecutaron a lo largo del debate, lo que a la vez trae también como consecuencia inevitable, la trasgresión a la Ley de Tercero Excluido; pues si bien es cierto los hechos probados declarados como tal están acorde al material probatorio ejecutado, pero contradicen totalmente el fallo de condena emitido, esto, porque como ya lo expresamos el material probatorio resulto ser insuficiente para ubicar a los acusados con los hechos por el cual se les condena, implica entonces que a los señores O. A. R. M. y J. E. B. M., no se les ha demostrado que trafiquen con droga, pues al efecto como ya lo expusimos en motivos anteriores, ninguna circunstancia relaciona a los imputados con la avioneta que se accidentó como a un kilómetro de su labranza, relacionado con ello, la acusación solicitó la suspensión del debate por tres oportunidades, aduciendo que todavía no se les había entregado el vaciado telefónico de los teléfonos celulares que se les incautó a los acusados, a sus familiares y los que fueron encontrados en la escena del accidente, que se suponía eran propiedad de los pilotos de la aeronave; medio de prueba, que una vez que se le dio curso al juicio la Fiscalía del Ministerio Público, renuncio al mismo teniéndolo ya en su poder, renuncia, que la hace la acusación en virtud que el dichoso vaciado no relaciona ningún teléfono decomisado con los teléfonos que portaban los pilotos fallecidos; lo que implica que los señores ahora condenados en ningún momento han tenido contacto alguno con los responsables de transportar la droga que fue encontrada en la escena del accidente, debido a que si los encausados hubieran tenido alguna relación con los tripulantes en mención, necesariamente tenían que tener algún tipo de comunicación, o hubiesen llegado al lugar o mandar otras personas con el fin de recoger el cargamento, lo cual no aconteció absolutamente nada, porque si analizamos el avión se estrella, pero ni antes ni después del accidente llega al lugar persona o vehículo sospechoso alguno que pudiera inferirse que se pretendía recoger la droga como sucede en la mayoría de los casos de aterrizaje de avionetas que transportan sustancias prohibidas; ello por lógica se deduce que la aeronave no era ese el lugar que tenía como destino su aterrizaje, sino, que la misma se ve obligada a aterrizar posiblemente por falta de combustible o desperfectos mecánicos, pues recordemos que el Testigo Protegido G1, informó que escucho como que el avión presentaba fallas y a la vez el perito experto en aviación que presento esta defensa, fue claro en afirmar que un avión como el accidentado en horas de la noche sin tener una pista iluminada, es imposible que pueda aterrizar sin consecuencias catastróficas y casualmente fue lo que aconteció en esta causa, en la cual la avioneta en mención se accidenta porque se ve obligada a realizar un accidente forzoso con las consecuencias que ya conocemos; la iluminación dé la pista es indispensable para que un avión en horas de la noche pueda aterrizar, es generalmente conocido por toda la comunidad que en los lugares donde aterrizan avionetas de noche, siempre los responsables utilizan tendido eléctrico para iluminar las pistas, utensilios, que en muchas oportunidades la autoridad en nuestro a decomisado en distintos lugares donde se ha incautado droga o han aterrizado avionetas trasportando sustancias controladas; pero no es el caso de autos, en el cual aparte del accidente del avión, la autoridad de han recogido evidencia alguna que relacione a los acusados con los hechos por el cual se les ha condenado. CUARTO: Es importante hacer mención desde ya tal y como lo indicaremos en el siguiente motivo, la ausencia o nula motivación o razonamiento de la sentencia que se recurre, en la cual como vosotros, podrán enterarse al leer el presente fallo, el Tribunal sentenciador se limita a copiar literalmente las palabras que dijo cada testigo, perito o mención de documento, sin dar explicación alguna, o mejor dicho razonar o valorar cada medio; probatorio que según el sentenciador le ha sido útil para formar su criterio conviccional para alcanzar o arribar a la conclusión de condena; si leemos textualmente lo que dice el fallo que se recurre, en los hechos probados; declarados como tal no describe participación alguna de los acusados en el trafico de drogas, requisito indispensable y necesario que debe contener un cuadro fáctico en una sentencia condenatoria, luego, en la parte de valoración de la prueba o valoración fáctica, el Tribunal recurrido se entretiene únicamente en repetir, en forma resumida y textualmente lo que dijo cada testigo, para luego en el ultimo numeral, es decir en el apartado SEXTO de su supuesta valoración dice que en conclusión, a juicio de este Tribunal, los acusados O. A. R. M. y J. E. B. M., participaron a titulo de autores del delito de tráfico de drogas por el cual fueron sometido a juicio oral, ya que no existe duda para este Tribunal que una avioneta conteniendo en su interior cocaína; pero la pregunta del millón que se hace la defensa es donde está la valoración o motivación de la sentencia o mejor dicho de la prueba incorporada simplemente ninguna y por otra parte según este último párrafo que plasmó el Tribunal a este no le queda duda que una avioneta se accidentó y que en su interior contenía cocaína, pero, ¿Quién será el responsable? A saber, dicha respuesta deberá estar solamente a lo interno en la mente del juzgador; por lo tanto la defensa es del criterio que con el actuar del Tribunal recurrido, además de la trasgresión a los motivos que hemos expuesto, también se han violentado las reglas de la sana crítica, especialmente la Ley de Identidad, la Ley de Contradicción y la Ley de Tercero Excluido como lo hemos planteado anteriormente.” VI.- CONCLUYEN LOS RECURRENTES EN SU QUINTO MOTIVO: “Por Carecer la Sentencia recurrida de motivaciones Fácticas. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el numeral 3 del artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: De conformidad a lo que prescribe el artículo 141 párrafos segundo y tercero del Código Procesal Penal, las sentencias, tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación; y que la motivación expresará los hechos y fundamentos de derecho en que se basa la resolución; y en su caso las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido; todo ello en relación con lo prescrito en los numerales 2 y 3 regla cuarta del artículo 338 de la misma Ley Adjetiva. Pues bien tal y como lo indicamos en el primer motivo del presente recurso, el Tribunal recurrido estableció como hecho probado único el siguiente: PRIMERO: Que el día 5 de Diciembre del año 2009, en horas de la noche en la propiedad del señor C. M. F., en el caserío de las Vegas de Cáceres de la aldea Guapinol San Pedro de Catacamas, se estrello una avioneta BIMOTOR con bandera Colombiana modelo TSIA-520-BT(4), en la cual fallecieron sus dos tripulantes identificándose uno como el señor M. S. M. A. de nacionalidad colombiana, sin que pudiera establecerse la identidad de la otra persona, esta aeronave intento aterrizar en la pista ubicada aproximadamente a un kilómetro del sitio de impacto la aeronave, traía carga de varios sacos de paquetes de las cuales se recuperaron 200 paquetes rectangulares que luego de los análisis por el perito toxicólogo se comprobó que es cocaína, aproximadamente a un kilómetro de distancia del sitio de donde se estrelló la avioneta es la misma comunidad específicamente en la propiedad del imputado J. E. B. M. según la declaración de los Testigos protegidos fue construida en sociedad por los mismos, es decir, que el señor O. A. R. M. proporciono los fondos para la construcción y el otro imputado J. E. B. M. facilitó el terreno, esta construcción se realizo al margen de la Ley sin tener la correspondiente autorización de la Dirección de Aeronáutica Civil para ocultar a las autoridades la existencia de los fines de la misma, sembraban maíz y se establece que sembraba pero el mismo nunca crecía hasta dar frutos, pues cuando crecía aproximadamente hasta 50 centímetros era cortada y nuevamente se sembraba obviamente para dar apariencia de su continuamente cultivaba, por otro lado parte de la siembra se realizaba en cunetas saturada de agua para que no creciera, así mismo los testigos protegidos manifestaron que en la pista se encontraba en medio a los alrededores en donde estaba sembrado el cultivo de maíz. El Tribunal sentenciador en el apartado de valoración de la prueba expone que valorando conjuntamente conforme a las reglas de la sana crítica, las pruebas practicadas en juicio, ha llegado a las siguientes conclusiones. A continuación el sentenciador en el apartado PRIMERO de su fallo narra en forma resumida lo que literalmente declaró el imputado O. A. R., luego en el numeral SEGUNDO menciona que el imputado J. E. B., hizo uso al derecho de no declarar; ya en el numeral TERCERO, el sentenciador describe en forma literal y resumida lo que expusieron los testigos protegidos con claves G1, YG2, YG3, YG5 y YG7; luego el decidor en el mismo numeral, expone lo que declaró el testigo R. P. B. I., para luego hacer mención de todos y cada uno de los medios de prueba documental y la prueba pericial que incorporo la acusación; en el numeral QUINTO, el sentenciador hace mención de lo que en concreto dijeron los testigos de la defensa y el señalamiento de los medios de prueba documentales que ésta intereso en el debate; finalizando con el apartado SEXTO, con su supuesta y dizque valoración de prueba expresando así: Que en conclusión, a juicio de este Tribunal los acusados O. A. R. M. y J. E. B. M., participaron a título, de autores del delito de Tráfico de Drogas por el cual fueron sometidos a juicio oral, ya que no existe duda para este Tribunal que una avioneta conteniendo en su interior contenía cocaína. Como todos los profesionales del derecho sabemos, en materia de valoración de prueba en un fallo de esta naturaleza, existe lo que se llama la fundamentación probatoria y la fundamentación jurídica, la fundamentación probatoria o valoración de prueba, es la fase de la sentencia que debe contener tanto la valoración descriptiva como la valoración intelectiva; en la primera, el sentenciador se limita a describir todos y cada uno de los medios de prueba que incorporó tanto la acusación como la defensa y en la segunda pues es donde el órgano decisor valora propiamente dicho la prueba que le sirve de base o fundamento para decidir el asunto conforme su apreciación desde las máximas de la experiencia, la lógica y respetando por supuesto las reglas de la sana crítica o del recto entendimiento humano; lo anterior equivale a decir que es la parte del fallo donde el sentenciador motiva, razona o explica de una forma clara y sencilla porque determinados medios o elementos de prueba le merecen credibilidad y porque considera son aptos para demostrar bien sea la culpabilidad o bien la inocencia del acusado; lo anterior, es una tarea que el juzgador debe respetar o mejor dicho no debe omitir en todo fallo, especialmente en materia penal, de lo contrario la consecuencia próxima e inevitable, es la anulación del fallo juntamente con el juicio ó debate que se haya realizado, como efecto del vicio de casación en la forma contenido en la primera parte del numeral 3 del artículo 362 del Código Procesal Penal; en tal sentido, Honorable Tribunal de Alzada, el A-quo en esta sentencia que se recurre, no explica en lo absoluto los motivos o razones que lo llevaron a formar su convicción y que trajo como efecto la condena de los imputados; es decir el juzgador en la parte valorativa e intelectiva de la prueba de su sentencia, no especifica o exterioriza cuales fueron las razones por el cual le dio valor probatorio suficiente a la prueba de acusación; nótese como el juzgador en el apartado quinto de la fundamentación valorativa de la sentencia censurada hace declaración en la cual expresa “Que en conclusión, a juicio de este Tribunal, los acusados O. A. R. M. y J. E. B. M., participaron a título de autores del delito de tráfico de drogas por el cual fueron sometidos a juicio oral, ya que no existe duda para este Tribunal que una avioneta conteniendo en su interior contenía cocaína”. Lo anterior Señoría a los tiempos modernos que el derecho penal vive y la sociedad en general lo consideramos como una arbitrariedad, pues nuestra Ley Procesal por una parte en sus artículos 141 y 338 le dan los parámetros al sentenciador de cómo debe estructurar cada fallo, es decir valorando o motivando suficientemente el mismo en relación a la prueba que se haya incorporado al debate, todo ello bajo pena de nulidad como lo expone el 141 ya citado y por otra parte, los jueces que integran los Tribunales de sentencia en nuestro País, han recibido suficiente e intensa capacitación relacionada con su actividad jurisdiccional que desempeñan y especialmente en lo que se refiere y especialmente a lo que se refiere a la estructuración o redacción de sentencias, por lo que la falencia o mejor dicho la ausencia de motivación de la sentencia que se recurre, no sería ninguna excusa para los jueces que integraron este juicio o debate; en tal sentido esta defensa considera procedente el presente motivo de Casación en la forma, al igual que los motivos anteriormente planteados, por lo que solicitamos al Honorable Tribunal Supremo de la Nación, se analice cada uno de ellos y con el merito de lo que resulte se dicte la resolución respectiva declarando la procedencia de este Recurso, casando la sentencia impugnada y dictando la que corresponda conforme a derecho.” VIII.- RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL EN SUS DOS MOTIVOS Y QUEBRANTAMIENTO DE FORMA EN SUS DOS MOTIVOS, INTERPUESTO POR LA DEFENSA PRIVADA DE LOS IMPUTADOS O. A. R. M. Y J. E. B. M.. Esta Sala no se pronuncia sobre los Motivos de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de forma planteados por los Abogados J. A. G. P. y A. B. P., en su condición de Apoderados Defensores de los señores O. A. R. M. Y J. E. B. M., en virtud de haber prosperado el Primer Motivo de Casación por Infracción de Ley invocado por los referidos Profesionales del Derecho. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 337, 338, 339, 359, 360, 361, 362 y 369 del Código Procesal Penal; 18 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas.- FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su Único Motivo interpuestos por los Abogados J. A. G. P. y A. B. P. en su condición de Apoderados Defensores de los imputados O. A. R. M. y J. E. B.. SEGUNDO: casando la Sentencia de fecha seis de marzo de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia del Departamento de Olancho, en el sentido siguiente: I.- ABSOLVIENDO de toda responsabilidad penal a los encartados O. A. R. M. y J. E. B. por el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS II.- Ordenar la suspensión definitiva de las medidas cautelares impuestas a los encausados O. A. R. M. y J. E. B.. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda con arreglo a Derecho.- REDACTÓ EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil quince.- Certificación de la sentencia de fecha veinte de octubre del año dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-323-2012.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] En la acepción empleada por el Juzgador, la palabra según precediendo a nombres o pronombres personales, significa con arreglo o conformemente a lo que opinan o dicen las personas de que se trate, así por ejemplo: según Aristóteles, según San Pablo, según él, según ellos. Vid. Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Tomo II, 21ª edición, Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid, 1999, pág. 1856.
[2] Vid. en este sentido: LUZON CUESTA, JOSE MARIA: El Recurso de Casación Penal, 2ª Edición, Editorial Colex, Madrid, 2000, págs. 147-148.
[3] Vid. Folios No. 625 a 628 vuelto.
[4] Vid. Folios No. 630 vuelto a 632 vuelto.