Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-312-12 — Registro 5498

Resumen

En primera instancia se absolvió al imputado por los delitos de Asociación Ilícita y Facilitación de Medios de Transporte para el Tráfico de Drogas, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."III.- DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA EN SU ÚNICO MOTIVO INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO. 1.- Denunció el Recurrente que el Tribunal Sentenciador incurrió en Infracción a la Reglas de la Sana Crítica al momento de Valorar la Prueba evacuada durante el Debate, consignando como Precepto Autorizante el Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Expuso el Censor que la Prueba evacuada en el Juicio consistente en Declaración Testifical de: a) D. C. G., b) C. de J. V., c) H. G. Á., c) Lectura Autorizada de la declaración del Agente E. I. C. R.; así como de la Prueba Documental: a) Acta de Registro Personal, b) Acta de Decomiso del acusado, c) Acta de Lectura de Derechos, d) Dictamen Toxicológico practicado a la droga; pruebas éstas que no fueron debidamente razonadas por parte del Juzgador, infringiendo las Reglas del Correcto Entendimiento Humano, específicamente la Lógica de la Derivación en su postulado de Razón Suficiente, puesto que ha esgrimido Juicios de Valor en contra de dichas normas. Para el caso en el acápite Valoración de Prueba, el Tribunal de Sentencias expresó que existían contradicciones entre los Agentes de Investigación y la Prueba Documental, los Policías afirmaron que los hechos sucedieron a las 10 de la mañana, pero los Testigos de la Defensa aseveraron que a las 8, y que después de éstas horas procedieron a la elaboración y firma de los documentos referidos; habiendo ingresado a la vivienda del imputado sin Autorización Judicial, pues aunque la abuela del Encartado firmó una Autorización de Ingreso, ésta afirmó que lo hizo por miedo a los Agentes. Razonamiento que el Impetrante considera contrarios a las Reglas ya referidas, pues para la elaboración de las diferentes papelerías y sellos, éstos no se mantienen en las patrullas o en los carros de los agentes sino que en sus oficinas. El Sentenciador además razonó diciendo que existe contradicción en cuanto a la hora del Allanamiento, pero obvió tomar en cuenta lo que dijo el testigo de la Defensa C. H. F. quien expresó: “El día de los hechos él no llego a las diez de la mañana…” afirmando que a esa hora observó al Acusado detenido y trasladado en un vehículo de la Policía. También consideró el Reclamante, quebrantadas las Normas ya mencionadas, cuando el Jugador manifestó que existió Violación a Garantías Constitucionales pues no se permitió que al momento del Registro Personal realizado al Acusado, se encontrara un Abogado de su confianza, situación que se requiere únicamente en las extracciones corporales que afecten zonas íntimas conforme el Artículo 207 del Código Procesal Penal.

2.- En reiterados fallos ha establecido esta Sala de lo Penal, que el Proceso Lógico seguido por el Juez en su Razonamiento al efectuar la Valoración de las Pruebas, está sujeto al control a través del Examen Casacional. En consecuencia, al realizar un estudio sobre la Aplicación del Sistema Probatorio establecido por el Código Procesal Penal Hondureño, se custodia la aplicación de las Reglas de la Sana Crítica en la Fundamentación, específicamente en la Valoración Probatoria. Significa que siendo Libre el A-quo en la Apreciación de las Pruebas que le generen su convicción, su Juicio de Valoración deber ser Razonable, es decir sujetarse a las Reglas que gobiernan el Correcto Pensamiento Humano, que den base para determinar cuáles Juicios son Verdaderos y cuales Falsos. Así la Motivación Lógica deberá responder a las características de: 1) COHERENCIA, es decir que la Motivación estará constituida por un conjunto de Razonamientos Armónicos entre sí, para ello deberá ser: a) Congruente: las Afirmaciones, Deducciones y Conclusiones deben guardar relación y concordancia entre ellas. b) No Contradictoria: que no se empleen en la Motivación Juicios contrastes que entre si se anulen. c) Inequívoca: los Elementos del Raciocinio no deben dejar dudas sobre su alcance y significado y sobre las conclusiones que determinan. 2) DERIVACIÓN: el Razonamiento debe estar constituido por Inferencias Razonables deducidas de las Pruebas y de la sucesión de conclusiones que por ella se vayan formando. 3.- Ante los cuestionamientos del Censor, es necesario traer a colación en qué consiste la Garantía Constitucional a la Inviolabilidad del Domicilio[1], el Constituyente Hondureño determinó la necesidad de declarar en el Artículo 99 Superior, la Inviolabilidad del Domicilio, como instrumento para la salvaguarda el Derecho a la Intimidad, en éste especifico ámbito. El Domicilio es el espacio físico delimitado estructuralmente, bajo el dominio, uso o goce de una o más personas determinadas, destinado para realizar en él, de manera permanente o temporal, un conjunto de actos privados, generalmente emancipados de las Normas Sociales imperantes en el exterior. El Domicilio comprende no solo el lugar o edificación de la Residencia, sino cualquier extensión que la componga, como patios interiores, bodegas, sótanos, etc. que se interconecten entre si y en donde se evidencia que forman parte de un todo, conforme lo conceptualista el artículo 220 del Código Penal.- Ahora bien, como consecuencia de la Inviolabilidad del Domicilio, ningún ingreso o registro podrá verificarse sin el consentimiento de cualquiera de las personas que lo habitan o sin que sea por cumplimiento de Orden emanada de Autoridad Competente, es decir que como Regla General el ingreso a un Domicilio debe ser mediando consentimiento de sus moradores y como excepción en virtud de cumplimiento de una orden emitida por autoridad competente o cuando exista una causa de gravedad calificada. 4.- Es necesario que analicemos ahora los Juicios de Valor que utilizó el Sentenciador y determinar con ello, si existió vulneración a las Reglas de la Sana Crítica tal como asegura el Recurrente. El Juzgador comenzó valorando la Autorización de Ingreso a la Vivienda del Imputado, firmada por la señora A. S., en dicho documento expresó el A-quo, no se consignó la fecha ni hora en que se redactó la misma.

En cuanto al Acta de Allanamiento refirió el Sentenciador, que se estableció en ella, que al entrar al lugar el sospechoso intentó darse a la fuga por la parte de atrás de la casa, por lo que fue detenido por dos Agentes, decomisándosele una mariconera conteniendo supuesta marihuana, terminando la diligencia a las 10:40 de la mañana. Referente al Acta de Registro Personal el A-quo extrajo, que se le encontró al acusado D. W. H. A. 31 envoltorios de papel periódico contiendo hierba seca supuesta marihuana, no estableciéndose la hora en que se realizó el registro, ni se hace constar tampoco que al acusado se le pusiera en conocimiento del derecho que tenía de que una persona de su confianza estuviera presente al momento del registro en base al penúltimo párrafo del Artículo 207 del Código Procesal Penal. Esta Sala de lo Penal observa, que al expresar el A-quo, que era necesario darle a conocer al Imputado su derecho a que un Abogado estuviera presente al momento del Registro conforme lo regula el penúltimo párrafo del Artículo 207 del Código Procesal Penal, lo ha realizado olvidando lo regulado en el Artículo 206 del mismo cuerpo legal, que establece: “Cuando exista motivos que hagan presumir que dentro de sus ropas o pertenencias, una persona oculta, esconde o lleva adheridos a su cuerpo, objetos, señales o vestigios relacionados con un delito, se le practicará registro incautándosele las cosas encontradas. En tal caso, podrá ordenarse su conducción en forma coactiva a las oficinas competentes. Antes de proceder al registro se advertirá a la persona sobre la sospecha que se tenga y se le invitara a que muestre o exhiba lo que lleva consigo y si la entrega voluntariamente, no se procederá al registro, salvo que hayan motivos fundados para creer que aun oculta alguna cosa relacionada con el delito” En esta apartado claramente el Legislador estableció todo lo que implica realizar un Registro Personal, incluso en el primer párrafo advierte que podrá ordenarse su conducción a las oficinas competentes, es decir que dicho registros pueden incluso realizarse en las calles y de negarse pueden trasladarse a las postas policiales o a las oficinas fiscales respectivas para que procedan a su ejecución; el Artículo 207 del Código Procesal Penal penúltimo párrafo se refiere a aquellos Registros que se realizan en zonas corporales íntimas y en cuyos casos sí se requiere de forma imperativa, la presencia de una persona de su confianza para que esté presente, pero nunca establece como condición sine qua non, que al registro personal -que no constituyan zonas íntimas del cuerpo- debe estar presente un Abogado tal como lo refirió el Sentenciador. 5.- En cuanto a la Prueba Testifical de: a) M. F. S. V., Agente de Investigación y Técnico en Inspecciones Oculares, quien ratificó el Acta de Inspección y manifestó que entraron al lugar con Autorización de la señora A. S.; estableció que el Acta de Inspección y los demás documentos los firmaron después de realizada la inspección. b) H. G. A., Agente de Investigación y quien manifestó que recibió por teléfono información que en la colonia los Zorzales había un miembro activo de una pandilla; la señora de la vivienda les autorizó entrar a la casa y al momento de la detención se le encontró al Imputado una mariconera. c) E. I. C. R., declaración que fue incorporada por lectura debido al deceso del Testigo, quien era Agente de Investigación y confirmó que el 20 de febrero recibió una llamada diciéndoles que el duende se encontraba en la casa de su abuela ubicada en la colonia los Zorzales, se trasladaron al lugar, y al momento en que tocaron la puerta el joven D. W. H. A. salió de su vivienda portando una mariconera color negro, la cual contenía 31 envoltorios de supuesta marihuana, siendo capturado en la parte de atrás de la vivienda; le solicitaron a su abuela el ingreso y ella firmó. d) A. S., quien manifestó que el Imputado es su nieto, afirmó que los agentes después de golpear la puerta se introdujeron por la parte de atrás de la casa y sacaron a su nieto en calzoneta, le dieron vuelta a toda la casa y no hallaron nada, golpearon mucho a su nieto, no llevaban orden para ingresar a su casa, ellos llegaron a las 8:30 de la mañana, reconoce su firma en el documento de Autorización de Ingreso a la Policía pero aclaró que la firmó porque los mismos agentes la obligaron, pues la mujer es más nerviosa, pero este documento lo trajeron el segundo grupo de policías que llegó a registrar. e) D. A. R., manifestó que el imputado es su vecino, ese día que lo capturaron iba a la pulpería y escuchó a su abuela que gritaba pidiendo que lo soltaran, por lo él se asomó y observó que lo traían detenido, a él también lo capturaron, los hechos sucedieron entre las 8:00 y 8:30 de la mañana. f) C. H. R. F., que conoce al imputado, que por las mañana iba ayudar al negocio, el día de los hechos el no llegó a las diez de la mañana, cuando voy en mi carro observó que lo llevaban (al imputado) en una paila de carro esposado y golpeado. De estas deposiciones el Sentenciador estableció que apreciaba contradicciones entre las declaraciones de los Agentes de Investigación y los testigos de la Defensa en cuanto a la hora y circunstancias en que sucedieron los acontecimientos; arguye que fueron dos grupos de agentes policiales que ingresaron a la vivienda del Imputado y entraron por la parte de atrás, de haber obtenido la Autorización de Ingreso de forma previa, lo lógico era que entraran por la parte frontal de la vivienda; advierte además que la señora A. S. fue contundente en afirmar que el Acta de Autorización de Ingreso a su vivienda la firmó por temor a los Policías, por lo que se infiere que la captura, registro del Acusado y el Allanamiento no se consideran válidos, ni los documentos y las declaraciones de los Testigos de Cargo; por lo que en base al Principio Pro Homine (Art 59 de la Constitución) mediante la cual se debe interpretar de forma extensiva toda Ley que menoscabe o disminuya Derechos de las Personas, debe limitarse mediante formalismos establecidos en la Ley o Reglamentos, pues consideró el Juzgador no válidos los resultados del Registro Personal realizados al imputado, por violentarse el Derecho de Defensa al realizarse sin la presencia de Abogado Defensor o una persona de su confianza. Además advirtió el A-quo, que el consentimiento dado por la señora A. S. está viciado pues no fue dado de forma libre y sin coacción, así como por carecer de Convalidación Judicial. 6.- Este Tribunal de Casación, ha analizado los razonamientos que utilizó el Sentenciador para decretar una Sentencia Absolutoria a favor del acusado D. W. H. A., y observa que el Juez A-quo a derivado conclusiones que emanan de las Pruebas evacuadas en el Debate, tal como lo mandan la Regla de la Lógica, es decir ha concluido en la existencia de Prueba No válida por Violación a una Garantía Constitucional, criterio con el cual ésta Sala de lo Penal comparte totalmente, y que trataremos que explicar a continuación. En primer lugar compartimos totalmente la posición del A-quo a referir que existe un “Consentimiento Viciado” por parte de la señora A. S., al firmar la Autorización de Ingreso a su vivienda, pues la propia señora refirió que la firmó por miedo a los policías, es decir la señora se encontraba muy nerviosa ante las actuaciones a lo mejor violentas de la policía hacia su nieto, tal como lo confirmó el testigo D. A. R., quien al escuchar los gritos de la señora S. se asoma y observa cuando golpeaban al imputado y se lo llevaban detenido, siendo capturado el testigo también si razón aparente. La doctrina Española ha analizado certeramente sobre ese particular y afirma que “Consentir es acceder de forma inequívoca, prestar la conformidad o tolerar un acto que afecta al interesado. Ha de ser claro y contundente. La interpretación de cuando hay o no consentimiento, debe realizarse en la forma más beneficiosa para quien soporta el acto o diligencia conforme a una interpretación no restrictiva de los Derechos y Libertades Fundamentales de la persona, ya que el mayor rigor, será siempre exigible para la actuación de los miembros de la Policía Judicial que no pueden ignorar el estricto cumplimiento de la Legalidad por razones profesionales. El consentimiento ha de ser libre, lo que excluye los supuestos de consentimiento viciado y puede ser tácito o presunto. La STS 29 de septiembre de 1989 considera el consentimiento evidentemente viciado en un caso en que fue dado tras insistentes llamadas de los policías en la puerta y transcurrir unos treinta minutos antes de abrir. Por eso resulta fundamental la debida constancia de éste mediante la firma del interesado en el acta que ha de levantarse tras la práctica de la diligencia[2]. Así las cosas se hace evidente que el Consentimiento de la señora A. S. se encuentra viciado, no solo porque no lo otorgó voluntariamente, sino porque fue solicitado de forma posterior al acto cuando éste ya se había consumado, aunado a eso la Autorización firmada por la señora A. S. no contiene hora ni fecha en que se realizó el Acto, ni mucho menos los testigos que dan por convalidado el acto, por lo tanto al igual que el Juzgador, considera esta Sala de lo Penal que existió vulneración a la Garantía de la Inviolabilidad del Domicilio garantizado en nuestra Constitución de la República. Se desprende de la declaraciones de los Agentes de Investigación que practicaron el Allanamiento y capturaron al imputado, que no existía ningún motivo que les impidiera solicitar la respectiva Autorización Judicial, pues todos afirman que recibieron una llamada telefónica advirtiéndoles que el imputado D. W. H. A. se encontraba en su casa en la colonia los Zorzales, pero ninguno de los oficiales refirió a que la captura del acusado se debía a alguna orden de captura que debían ejecutar, o que era sospechoso de haber cometido algún delito y se encontrara en flagrancia, o el acto constituyera la culminación de algún seguimiento o investigación por denuncia en contra del imputado; es decir concluimos que no existía NINGUN CASO DE URGENCIA que autorizara su ingreso sin Autorización Judicial, tal como lo regula el Artículo 212 del Código Procesal Penal, el cual establece, que podrá efectuarse el allanamiento de una vivienda mediando previa autorización escrito del órgano jurisdiccional competente. Y como toda Regla tiene sus excepciones, al referir que no será aplicable (dicha Autorización Judicial) en los casos de flagrancia, cuando la medida sea necesaria para evitar la comisión de un delito, para evitar la fuga de un delincuente o la destrucción, perdida u ocultamiento de las pruebas o evidencias. En el caso del señor D. W. H. A. el Allanamiento a su vivienda fue totalmente ilegal, pues no existía Autorización Judicial que facultara el acto, no constituía un delito de flagrancia, no se estaba evitando la fuga de un delincuente pues no existía denuncia o seguimiento previo que acreditara su participación en delito alguno, lo que si existió fue un exceso en las facultades concedidas a los Entes Policiales, al encubrir actuaciones ilegales dándoles las apariencias de correctas y lo más peligroso de todo esto, es que el Ministerio Público, ente encargado de actuar con Objetividad y velar por la correcta aplicación de las Leyes Penales, sea partícipe de dichas diligencias.

En consecuencia el Artículo 200 del Código Procesal Penal establece: Carecerán de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en la Constitución de la República y en los Convenios internacionales relativos a derechos humanos de los que Honduras Forme parte, así como cuantos sean consecuencia necesaria de tales actos o hechos y que no hubiera sido posible su obtención sin la información derivada de ellos, sin perjuicio de la responsabilidad en que haya podido incurrir quien obtuvo ilícitamente la información. En tal virtud al declararse ilegal el Allanamiento practicado a la vivienda de la señora A. S., constituyen igualmente nulos todos los actos que se desprenden de referido Allanamiento, como la captura del Imputado y el Registro a él practicado. 7.- En cuanto al Recurso de Casación presentado por el Ente Fiscal, en donde denunció el quebranto a las Reglas de la Sana Crítica, es posible que el Juzgador haya realizado ejercicios mentales en la apreciación de algunas pruebas que no fueron adecuadamente desarrollados y de ocurrir una invalidación de la Sentencia recurrida, el resultado sería que se evacuarían exactamente las mismas pruebas que, conforme a los razonamientos de esta Sala y del Juzgador, son ilícitas por violación de Garantías Constitucionales, mismas que no podrían utilizarse por estar viciados. Al existir la grave transgresión a nuestra Carta Magna, la que cuenta con Supremacía ante cualquier Ley Procesal, lo procedente es declarar sin lugar el presente Motivo de Casación.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce (14) días del mes de abril del año dos mil quince (2015), por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS MARCO VINICIO ZÚNIGA MEDRANO en su calidad de Coordinador, JACOBO ANTONIO CÁLIX HERNÁNDEZ y CARLOS DAVID CÁLIX VALLECILLO, dicta Sentencia conociendo el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha Catorce de Septiembre de dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: 1) ABSOLVIENDO al Señor D. W. E. A., por el delito de ASOCIACIÓN ILICITA Y FACILITACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRÁFICO DE DROGAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR Y LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS.- 2) NO CONDENÓ en Costas Procesales, Personales y Gastos ocasionados por dicho Juicio al Imputado, ni al Ministerio Público.- Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, el Abogado S. C. A., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público. SON PARTES: El Abogado S. C. A. en su calidad indicada como RECURRENTE y el la Abogada B. A. G. M. en su condición de DEFENSORA PRIVADA del imputado, como RECURRIDA. HECHOS PROBADOS PRIMERO: El veinte de Febrero del dos mil nueve, a las nueve horas con cincuenta minutos, en la colonia Los Zorzales numero de Comayagüela, casa 5803 del bloque “B” Agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, sin previa resolución judicial que autorizase el allanamiento de esta vivienda, ingresaron a esta casa de habitación en cuyo interior se encontraba el señor D. W. E. A. junto con otras personas, entre ellas la señora A. S. abuela del señor D. W. E. A., la cual firmó un documento de autorización de entrada a la vivienda, hasta cuando los Agentes de Investigación se encontraban en el interior de dicho inmueble sin previo consentimiento de sus ocupantes. SEGUNDO: El ingreso a la vivienda por parte de los Agentes de la Dirección Nacional de Investigación en las circunstancias descritas, no fue convalidado posteriormente mediante resolución judicial debidamente motivada que justifique las circunstancias en que sucedieron los hechos anteriormente descritos.” C O N S I D E R A N D O I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por el Abogado S. C. A., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- EL RECURRENTE ABOGADO S. C. A., EN SU CONDICIÓN DE FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, PROCEDIÓ A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA DE LA MANERA SIGUIENTE: “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE CASACIÓN. MOTIVO ÚNICO: Al haber dictado el Tribunal de Sentencia el fallo inobservó al momento de valorar la prueba, las Reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: En el transcurso del debate el ente acusador propuso como medio de prueba la declaración de los testigos siguientes: D. C. G.. Quien manifestó: “…no recuerdo la fecha, pero llegamos a la casa donde habitaba éste señor sospechoso, se rodeo la casa y se tocó la puerta; éste señor al ver la presencia policial en la vivienda intentó huir por la parte de atrás de dicha vivienda, estaban otros compañeros en la parte de atrás de dicha vivienda, los cuales le dieron captura a él, a éste sujeto se le encontró en una mochila en la que llevaba hierba seca, supuesta marihuana… La Defensa Interroga. ¿Quién fue la persona que le dio captura al señor D. W. E. A.? No lo recuerdo, me parece que fue el compañero ya finado E. I. C. y el compañero E. E. R.… ¿Donde se encontraba el señor D. W. E. A. ese día? Esa vivienda era de familiares de él, por lo cual él salió por la parte de atrás. ¿En qué colonia? Los zorzales… C. DE J. V.. Quien manifestó lo siguiente: …la última captura que se le realizó al imputado, solamente serví de apoyo y me limité a no involucrarme de lleno en el caso…. A Preguntas del Ministerio Público. ¿El día 20 de Febrero de 2009 cuál es su función al momento que es detenido D. W. E. A.? Solamente acordonar el área y brindarle apoyo a los compañeros, el trabajo de campo ellos ya lo tenían realizado. ¿En qué momento llega usted? Él ya está en la paila del vehículo para ser trasladado a la oficina. ¿Supo quienes participaron en la detención del señor D. W. E. A.? No recuerdo muy bien pero uno de mis compañeros ya está muerto de nombre E. C. R.. Se presentó a declarar el Agente de Investigación H. G. A.. Quien declaró lo siguiente: En el año dos mil nueve me encontraba asignado en la unidad maras y pandillas de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de Tegucigalpa, en fecha 20 de febrero de ese año me encontraba en dichas oficinas, cuando se recibió información a través de un informante que en la colonia los Zorzales se encontraba un miembro activo de la pandilla, la información la recibió uno de los compañeros, a través de esa información se reunió un grupo de agentes y nos movilizamos hasta el lugar para ubicar la vivienda, supuestamente la vivienda era de la abuela del señor D. W. E. A., conocido con el alias de “El D.” rodeamos la vivienda, y por la parte de atrás los compañeros tenían rodeado, supuestamente una persona intentó darse a la fuga y en ese momento los compañeros lo requirieron y lo registraron, se trataba de la misma persona que andábamos buscando. Se introdujo mediante lectura Autorizada la declaración del señor E. I. C. R., rendida en audiencia inicial; quien manifestó que el 20 de febrero se recibió una llamada informándoseles que el “Duende” (refiriéndose al imputado) se encontraba en la casa de su abuela ubicada en la colonia los Zorzales de Comayagüela, calle dos, información que a la vez puso en conocimiento del jefe de su departamento de Maras y Pandillas, por lo que de inmediato se organizó un equipo y se dirigieron a dicha casa que previamente ya conocían. En el momento que llegaron a tocar la puerta de la casa, el joven D. W. E. A. salió de su vivienda portando una mariconera color negro, la cual tenía treinta y un envoltorios de marihuana, siendo capturado en la parte de atrás de su casa en un pasaje y fue llevado al vehículo y le solicitaron a su abuela el ingreso a la vivienda, cuya autorización firmó, por lo que ingresaron a la casa con los técnicos y posteriormente se lo llevaron para realizar la investigación correspondiente. Esto sucedió entre las nueve y media a diez de la mañana, señalando el testigo que se encargó de realizar el decomiso de la mariconera con los envoltorios. Como medios de pruebas documentales se presentaron los siguientes: 1).- Acta de registro personal realizada al imputado, y la cual entre otras cosas se establece, que le encontraron una mariconera de color negro, conteniendo 31 envoltorios de papel periódico conteniendo hierba de supuesta marihuana.- 2).- acta de decomiso o secuestro de objetos hecha al imputado.- 3).- Acta de lectura de Derechos del acusado y donde se destaca que al mismo se le leyeron sus derechos en la calle dos de la colonia los Zorzales, a las diez de la mañana. 4).- Dictamen toxicológico practicado a la droga decomisada al imputado, el cual fue ratificado en juicio por la Doctora S. B. C. A., y donde se establece que la hierba decomisada efectivamente es Marihuana y su peso es de 35.63 gramos, y que con base a su cantidad no es apta para el consumo personal inmediato. El juzgador en el apartado de valoración de la prueba, de esta sentencia que se recurre, establece lo siguiente: “Del contenido de las pruebas anteriormente descritas se aprecian contradicciones de los agentes, con el contenido de los documentos redactados por los mismos agentes y con las declaraciones de la defensa en cuanto a la hora y circunstancias en que sucedieron los acontecimientos: por un lado, los agentes señalan tanto en sus declaraciones y documentos que el allanamiento y captura sucedió aproximadamente a las diez de la mañana, mientras que los testigos de la defensa señalan que los acontecimientos sucedieron a las ocho de la mañana y que horas después fue que se procedió a la elaboración y firma de los documentos, ya que dos grupos de agentes se introdujeron a su casa sin consentimiento de la dueña, la cual señala que firmó dicho documento por miedo a los agentes. Tomando en cuenta la narración de ambas partes se infiere por sentido común que para lograr la captura no se procedió primero a obtener la Autorización para entrar a la vivienda, ya que de haber sucedido así, entonces los agentes hubiesen ingresado por la puerta principal y no por la parte de atrás. Asimismo, por sentido común es de esperarse que el material de papelería como ser un sello se maneje en las oficinas policiales y no en las patrullas, por lo que se infiere que estos documentos fueron elaborados posteriormente a los acontecimientos, por lo que se infiere que la captura, registro del acusado y allanamiento de su casa fue a las ocho de la mañana y no a las diez de la mañana, por lo que no se consideran válidos ni los documentos, ni las declaraciones de los testigos De cargo. En cuanto a lo manifestado por el Juzgador sobre las contradicciones, según él, puestas de manifiesto por los testigos del Ministerio Público, los documentos llenados por estos y lo manifestado por los testigos de la defensa, respecto a la hora de captura del acusado y allanamiento realizado en la casa de la abuela del mismo, sobre este aspecto cabe destacar que el testigo de la defensa señor C. H. R. F., fue claro al manifestar lo siguiente: “ El día de los hechos él no llego a las diez de la mañana, cuando voy en mi carro lo observó que lo llevaban en una paila de un carro esposado y golpeado, con la cara ensangrentada e hinchada.” Como podrá apreciarse, este testigo de la defensa manifiesta que fue a las diez de la mañana que vio al acusado en la paila de un carro, por lo tanto su versión ratifica lo manifestado por los agentes de investigación y lo establecido en los documentos que ellos llenaron y donde establecen que los hechos se desarrollaron a las diez de la mañana. Así mismo refiere el Juzgador que: “Se considera no válidos el resultado del registro personal del acusado por parte de agentes de investigación por violentar el derecho de defensa al realizar sin la presencia de su abogado defensor o de una persona de confianza del acusado, ya que se trató de una diligencia probatoria” Sobre este aspecto y tal como se desprende de la prueba testimonial se destaca que el acusado al escuchar que tocaban la puerta de la casa de su abuela, salió huyendo por la parte de atrás de dicha vivienda, y al ser requerido y practicársele un registro personal se le encuentra en posesión de una mariconera color negra la cual contenía en su interior treinta y un envoltorios de marihuana, levantándose la respectiva acta de registro personal la cual fue firmada por el imputado, quien al ser capturado de forma infraganti, en la diligencia de registro no era necesaria la presencia de su defensor considerando que debido al registro es que se produce el hallazgo de la evidencia, siendo hasta ese momento que se le da detención; de igual forma el razonamiento del juzgador carece de fundamento al establecer que el registro practicado vulnera lo establecido en la norma procesal penal para su práctica, por haberse realizado el registro sin una persona de confianza del imputado, sobre este aspecto es importante resaltar que el artículo 207 del texto legal en referencia, establece en el párrafo cuarto que: “la persona examinada tendrá derecho a requerir durante su examen que esté presente una persona de su confianza”, aspecto que se refiere al examen corporal y si éste afectare zonas íntimas, pero en el caso sub judice tal y como lo han señalado los testigos de cargo, el imputado portaba la mariconera, que contenía en su interior hierba seca supuesta marihuana, (la cual resultó positiva conforme se acreditó con el dictamen toxicológico), misma que le fue decomisada al imputado, sin que el registro a través del cual se obtuvo la evidencia implicase la práctica de un examen corporal y mucho menos en sus partes intimas. Refiere también el Juzgador que: “del resultado del allanamiento como ser la requisa de la casa y la captura del acusado junto con su registro personal, carece de validez, tanto por ser evidente que se trata de un consentimiento viciado por parte de la señora A. S. para permitir la entrada de los agentes de investigación en el interior de su casa (consentimiento que se entiende debe ser libre y sin coacción sobre las personas que habitan un inmueble), así como por carecer de una convalidación judicial de esta acción debidamente fundamentada tal como lo requiere el debido proceso de acuerdo con lo dispuesto en el 139 y 141 del Código Procesal Penal referente a la correcta motivación de las resoluciones judiciales, por lo que carecen de validez toda prueba derivada de estas actuaciones viciadas”. (Lo resaltado es nuestro). En relación a que el consentimiento dado por la señora A. S., a los Agentes de investigación para que registraran su casa, fue viciado y que el mismo carece de una convalidación judicial, resulta irrelevante, sin embargo es importante referir que no puede considerarse su consentimiento como viciado al no haberse acreditado coacción o amenaza de parte de la autoridad para que la señora Sierra firmase dicha autorización; incluso fue evacuada en debate el acta supra-relacionada donde dicha señora afirmó que efectivamente había firmado la misma, por ende ante el consentimiento otorgado por la dueña de la vivienda tal diligencia no requiere de convalidación alguna, tal como lo ha dejado establecido la Honorable Sala de lo Penal, al señalar que: “Esta Sala de lo Penal Aprecia que en el presente caso lo que ha acontecido es un procedimiento de ingreso autorizado, en que los agentes de la autoridad, practican una vigilancia a la vivienda de los acusados e ingresan a la misma mediando la autorización de la Imputada. Al no ser una diligencia de Allanamiento de morada, sino un ingreso autorizado por su morador, no se requiere para el ingreso una orden judicial previa, ni la convalidación inmediata de lo actuado, por lo que no se han vulnerado garantías constitucionales. Ver sentencia CP 95-2008 de fecha 15/10/2008. Como podréis observar Honorables Magistrados, es evidente que de la prueba evacuada en el debate, se desprende que el ingreso autorizado a la vivienda, no tiene conexión alguna con el decomiso de la evidencia al imputado, ya que este último se produjo de forma independiente en el momento que éste huía de la vivienda que habitaba; tal como lo aseveraron los testigos propuestos por el Ministerio Público quienes fueron categóricos al declarar lo siguiente: “llegamos a la casa donde habitaba éste señor sospechoso, se rodeó la casa y se tocó la puerta; éste señor al ver la presencia policial en la vivienda intentó huir por la parte de atrás de dicha vivienda, estaban otros compañeros en la parte de atrás de dicha vivienda, los cuales le dieron captura; de igual forma el testigo E. I. C. R., manifestó lo siguiente: “En el momento que llegaron a tocar la puerta de la casa, el joven D. W. E. A. salió de su vivienda portando una mariconera color negro, la cual tenía treinta y un envoltorios de marihuana, siendo capturado en la parte de atrás de su casa en un pasaje y fue llevado al vehículo, señalando el testigo que se encargó de realizar el decomiso de la mariconera con los envoltorios. En casos similares al caso sub judice, la Honorable Sala de lo Penal, ha establecido lo siguiente: “Esta sala estima que de los hechos declarados probados de conformidad a la prueba evacuada en juicio se desprende él A Quo acreditó que la droga objeto del juicio, resultó decomisada por autoridades de policía sin necesidad de ingresar a la vivienda… si bien hay un ingreso a la vivienda indicada sin orden fiscal, ni judicial, ni convalidación de autoridad competente, aunque podría haberse invalidado en este caso, la intimidad de una morada, este hecho no es relevante para el caso concreto, en tanto como se ha dicho, la droga objeto del juicio, y sobre la cual se daba seguimiento y vigilancia policial le fue decomisada al acusado en flagrancia, en un solar junto al cerco de alambre de púa, a 20 metros de dicha vivienda, razón por la que no hubo necesidad de allanar…” ver sentencia numero CP 288-05 de fecha 16/08/2006. Con fundamento en lo anterior, consideramos que el razonamiento del juzgador al momento de valorar la prueba descrita ha infringido la regla de la lógica, concretamente del Postulado de Derivación, y dentro de este, el de Razón Suficiente, en su característica de Suficiencia, pues el juzgador no fue capaz de extraer de su fuente de convencimiento como ser la prueba testimonial, documental y pericial, la información que la misma deriva y que de forma indefectible conduce a la única conclusión que el imputado D. W. E. es responsable de la acción a él reprochada. El juzgador con el fallo dado incumple lo expresado por la Honorable Sala de lo Penal, quien ha establecido lo siguiente: “En este sentido, la verificación de la existencia de prueba de cargo suficiente, requiere una triple comprobación. En primer lugar que el tribunal de instancia haya apoyado su relato fáctico, en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él. En segundo lugar, que las pruebas sean válidas, es decir, que hayan sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica, y en tercer lugar, que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparte de las reglas de la lógica, de las máximas de la experiencia y de los conocimientos científicos cuando se haya acudido a ellos y que no es, por tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea. Ver Sentencia No 177-08 de fecha 16/11/2009. Es por todos los razonamientos expuestos, que el Ministerio Público estima que la decisión tomada por el Tribunal de Sentencia resulta equivoca como resultado del vicio in procedendo proveniente de una mala valoración de la prueba evacuada en el debate, pues como antes indicamos de ese proceso intelectivo se infiere la culpabilidad de los procesados; por ende este ente acusador como recurrente, es del firme criterio que se violentó en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica que debe observar el juzgador al momento de valorar la prueba, infringiendo en tal sentido lo dispuesto en el artículo 202 del Código Procesal Penal, ya que dicho Tribunal no la valoró de una manera armónica y concatenada, lo cual ha provocado la creación de un vicio procesal que debe ser enmendado mediante la sentencia que resuelva con lugar el presente recurso de casación. Cabe señalar, que no se hizo previamente el reclamo de este vicio, pues se produce en el acto mismo de Sentenciar.” III.- DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA EN SU ÚNICO MOTIVO INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO. 1.- Denunció el Recurrente que el Tribunal Sentenciador incurrió en Infracción a la Reglas de la Sana Crítica al momento de Valorar la Prueba evacuada durante el Debate, consignando como Precepto Autorizante el Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Expuso el Censor que la Prueba evacuada en el Juicio consistente en Declaración Testifical de: a) D. C. G., b) C. de J. V., c) H. G. Á., c) Lectura Autorizada de la declaración del Agente E. I. C. R.; así como de la Prueba Documental: a) Acta de Registro Personal, b) Acta de Decomiso del acusado, c) Acta de Lectura de Derechos, d) Dictamen Toxicológico practicado a la droga; pruebas éstas que no fueron debidamente razonadas por parte del Juzgador, infringiendo las Reglas del Correcto Entendimiento Humano, específicamente la Lógica de la Derivación en su postulado de Razón Suficiente, puesto que ha esgrimido Juicios de Valor en contra de dichas normas. Para el caso en el acápite Valoración de Prueba, el Tribunal de Sentencias expresó que existían contradicciones entre los Agentes de Investigación y la Prueba Documental, los Policías afirmaron que los hechos sucedieron a las 10 de la mañana, pero los Testigos de la Defensa aseveraron que a las 8, y que después de éstas horas procedieron a la elaboración y firma de los documentos referidos; habiendo ingresado a la vivienda del imputado sin Autorización Judicial, pues aunque la abuela del Encartado firmó una Autorización de Ingreso, ésta afirmó que lo hizo por miedo a los Agentes. Razonamiento que el Impetrante considera contrarios a las Reglas ya referidas, pues para la elaboración de las diferentes papelerías y sellos, éstos no se mantienen en las patrullas o en los carros de los agentes sino que en sus oficinas. El Sentenciador además razonó diciendo que existe contradicción en cuanto a la hora del Allanamiento, pero obvió tomar en cuenta lo que dijo el testigo de la Defensa C. H. F. quien expresó: “El día de los hechos él no llego a las diez de la mañana…” afirmando que a esa hora observó al Acusado detenido y trasladado en un vehículo de la Policía. También consideró el Reclamante, quebrantadas las Normas ya mencionadas, cuando el Jugador manifestó que existió Violación a Garantías Constitucionales pues no se permitió que al momento del Registro Personal realizado al Acusado, se encontrara un Abogado de su confianza, situación que se requiere únicamente en las extracciones corporales que afecten zonas íntimas conforme el Artículo 207 del Código Procesal Penal.

2.- En reiterados fallos ha establecido esta Sala de lo Penal, que el Proceso Lógico seguido por el Juez en su Razonamiento al efectuar la Valoración de las Pruebas, está sujeto al control a través del Examen Casacional. En consecuencia, al realizar un estudio sobre la Aplicación del Sistema Probatorio establecido por el Código Procesal Penal Hondureño, se custodia la aplicación de las Reglas de la Sana Crítica en la Fundamentación, específicamente en la Valoración Probatoria. Significa que siendo Libre el A-quo en la Apreciación de las Pruebas que le generen su convicción, su Juicio de Valoración deber ser Razonable, es decir sujetarse a las Reglas que gobiernan el Correcto Pensamiento Humano, que den base para determinar cuáles Juicios son Verdaderos y cuales Falsos. Así la Motivación Lógica deberá responder a las características de: 1) COHERENCIA, es decir que la Motivación estará constituida por un conjunto de Razonamientos Armónicos entre sí, para ello deberá ser: a) Congruente: las Afirmaciones, Deducciones y Conclusiones deben guardar relación y concordancia entre ellas. b) No Contradictoria: que no se empleen en la Motivación Juicios contrastes que entre si se anulen. c) Inequívoca: los Elementos del Raciocinio no deben dejar dudas sobre su alcance y significado y sobre las conclusiones que determinan. 2) DERIVACIÓN: el Razonamiento debe estar constituido por Inferencias Razonables deducidas de las Pruebas y de la sucesión de conclusiones que por ella se vayan formando. 3.- Ante los cuestionamientos del Censor, es necesario traer a colación en qué consiste la Garantía Constitucional a la Inviolabilidad del Domicilio[1], el Constituyente Hondureño determinó la necesidad de declarar en el Artículo 99 Superior, la Inviolabilidad del Domicilio, como instrumento para la salvaguarda el Derecho a la Intimidad, en éste especifico ámbito. El Domicilio es el espacio físico delimitado estructuralmente, bajo el dominio, uso o goce de una o más personas determinadas, destinado para realizar en él, de manera permanente o temporal, un conjunto de actos privados, generalmente emancipados de las Normas Sociales imperantes en el exterior. El Domicilio comprende no solo el lugar o edificación de la Residencia, sino cualquier extensión que la componga, como patios interiores, bodegas, sótanos, etc. que se interconecten entre si y en donde se evidencia que forman parte de un todo, conforme lo conceptualista el artículo 220 del Código Penal.- Ahora bien, como consecuencia de la Inviolabilidad del Domicilio, ningún ingreso o registro podrá verificarse sin el consentimiento de cualquiera de las personas que lo habitan o sin que sea por cumplimiento de Orden emanada de Autoridad Competente, es decir que como Regla General el ingreso a un Domicilio debe ser mediando consentimiento de sus moradores y como excepción en virtud de cumplimiento de una orden emitida por autoridad competente o cuando exista una causa de gravedad calificada. 4.- Es necesario que analicemos ahora los Juicios de Valor que utilizó el Sentenciador y determinar con ello, si existió vulneración a las Reglas de la Sana Crítica tal como asegura el Recurrente. El Juzgador comenzó valorando la Autorización de Ingreso a la Vivienda del Imputado, firmada por la señora A. S., en dicho documento expresó el A-quo, no se consignó la fecha ni hora en que se redactó la misma.

En cuanto al Acta de Allanamiento refirió el Sentenciador, que se estableció en ella, que al entrar al lugar el sospechoso intentó darse a la fuga por la parte de atrás de la casa, por lo que fue detenido por dos Agentes, decomisándosele una mariconera conteniendo supuesta marihuana, terminando la diligencia a las 10:40 de la mañana. Referente al Acta de Registro Personal el A-quo extrajo, que se le encontró al acusado D. W. H. A. 31 envoltorios de papel periódico contiendo hierba seca supuesta marihuana, no estableciéndose la hora en que se realizó el registro, ni se hace constar tampoco que al acusado se le pusiera en conocimiento del derecho que tenía de que una persona de su confianza estuviera presente al momento del registro en base al penúltimo párrafo del Artículo 207 del Código Procesal Penal. Esta Sala de lo Penal observa, que al expresar el A-quo, que era necesario darle a conocer al Imputado su derecho a que un Abogado estuviera presente al momento del Registro conforme lo regula el penúltimo párrafo del Artículo 207 del Código Procesal Penal, lo ha realizado olvidando lo regulado en el Artículo 206 del mismo cuerpo legal, que establece: “Cuando exista motivos que hagan presumir que dentro de sus ropas o pertenencias, una persona oculta, esconde o lleva adheridos a su cuerpo, objetos, señales o vestigios relacionados con un delito, se le practicará registro incautándosele las cosas encontradas. En tal caso, podrá ordenarse su conducción en forma coactiva a las oficinas competentes. Antes de proceder al registro se advertirá a la persona sobre la sospecha que se tenga y se le invitara a que muestre o exhiba lo que lleva consigo y si la entrega voluntariamente, no se procederá al registro, salvo que hayan motivos fundados para creer que aun oculta alguna cosa relacionada con el delito” En esta apartado claramente el Legislador estableció todo lo que implica realizar un Registro Personal, incluso en el primer párrafo advierte que podrá ordenarse su conducción a las oficinas competentes, es decir que dicho registros pueden incluso realizarse en las calles y de negarse pueden trasladarse a las postas policiales o a las oficinas fiscales respectivas para que procedan a su ejecución; el Artículo 207 del Código Procesal Penal penúltimo párrafo se refiere a aquellos Registros que se realizan en zonas corporales íntimas y en cuyos casos sí se requiere de forma imperativa, la presencia de una persona de su confianza para que esté presente, pero nunca establece como condición sine qua non, que al registro personal -que no constituyan zonas íntimas del cuerpo- debe estar presente un Abogado tal como lo refirió el Sentenciador. 5.- En cuanto a la Prueba Testifical de: a) M. F. S. V., Agente de Investigación y Técnico en Inspecciones Oculares, quien ratificó el Acta de Inspección y manifestó que entraron al lugar con Autorización de la señora A. S.; estableció que el Acta de Inspección y los demás documentos los firmaron después de realizada la inspección. b) H. G. A., Agente de Investigación y quien manifestó que recibió por teléfono información que en la colonia los Zorzales había un miembro activo de una pandilla; la señora de la vivienda les autorizó entrar a la casa y al momento de la detención se le encontró al Imputado una mariconera. c) E. I. C. R., declaración que fue incorporada por lectura debido al deceso del Testigo, quien era Agente de Investigación y confirmó que el 20 de febrero recibió una llamada diciéndoles que el duende se encontraba en la casa de su abuela ubicada en la colonia los Zorzales, se trasladaron al lugar, y al momento en que tocaron la puerta el joven D. W. H. A. salió de su vivienda portando una mariconera color negro, la cual contenía 31 envoltorios de supuesta marihuana, siendo capturado en la parte de atrás de la vivienda; le solicitaron a su abuela el ingreso y ella firmó. d) A. S., quien manifestó que el Imputado es su nieto, afirmó que los agentes después de golpear la puerta se introdujeron por la parte de atrás de la casa y sacaron a su nieto en calzoneta, le dieron vuelta a toda la casa y no hallaron nada, golpearon mucho a su nieto, no llevaban orden para ingresar a su casa, ellos llegaron a las 8:30 de la mañana, reconoce su firma en el documento de Autorización de Ingreso a la Policía pero aclaró que la firmó porque los mismos agentes la obligaron, pues la mujer es más nerviosa, pero este documento lo trajeron el segundo grupo de policías que llegó a registrar. e) D. A. R., manifestó que el imputado es su vecino, ese día que lo capturaron iba a la pulpería y escuchó a su abuela que gritaba pidiendo que lo soltaran, por lo él se asomó y observó que lo traían detenido, a él también lo capturaron, los hechos sucedieron entre las 8:00 y 8:30 de la mañana. f) C. H. R. F., que conoce al imputado, que por las mañana iba ayudar al negocio, el día de los hechos el no llegó a las diez de la mañana, cuando voy en mi carro observó que lo llevaban (al imputado) en una paila de carro esposado y golpeado. De estas deposiciones el Sentenciador estableció que apreciaba contradicciones entre las declaraciones de los Agentes de Investigación y los testigos de la Defensa en cuanto a la hora y circunstancias en que sucedieron los acontecimientos; arguye que fueron dos grupos de agentes policiales que ingresaron a la vivienda del Imputado y entraron por la parte de atrás, de haber obtenido la Autorización de Ingreso de forma previa, lo lógico era que entraran por la parte frontal de la vivienda; advierte además que la señora A. S. fue contundente en afirmar que el Acta de Autorización de Ingreso a su vivienda la firmó por temor a los Policías, por lo que se infiere que la captura, registro del Acusado y el Allanamiento no se consideran válidos, ni los documentos y las declaraciones de los Testigos de Cargo; por lo que en base al Principio Pro Homine (Art 59 de la Constitución) mediante la cual se debe interpretar de forma extensiva toda Ley que menoscabe o disminuya Derechos de las Personas, debe limitarse mediante formalismos establecidos en la Ley o Reglamentos, pues consideró el Juzgador no válidos los resultados del Registro Personal realizados al imputado, por violentarse el Derecho de Defensa al realizarse sin la presencia de Abogado Defensor o una persona de su confianza. Además advirtió el A-quo, que el consentimiento dado por la señora A. S. está viciado pues no fue dado de forma libre y sin coacción, así como por carecer de Convalidación Judicial. 6.- Este Tribunal de Casación, ha analizado los razonamientos que utilizó el Sentenciador para decretar una Sentencia Absolutoria a favor del acusado D. W. H. A., y observa que el Juez A-quo a derivado conclusiones que emanan de las Pruebas evacuadas en el Debate, tal como lo mandan la Regla de la Lógica, es decir ha concluido en la existencia de Prueba No válida por Violación a una Garantía Constitucional, criterio con el cual ésta Sala de lo Penal comparte totalmente, y que trataremos que explicar a continuación. En primer lugar compartimos totalmente la posición del A-quo a referir que existe un “Consentimiento Viciado” por parte de la señora A. S., al firmar la Autorización de Ingreso a su vivienda, pues la propia señora refirió que la firmó por miedo a los policías, es decir la señora se encontraba muy nerviosa ante las actuaciones a lo mejor violentas de la policía hacia su nieto, tal como lo confirmó el testigo D. A. R., quien al escuchar los gritos de la señora S. se asoma y observa cuando golpeaban al imputado y se lo llevaban detenido, siendo capturado el testigo también si razón aparente. La doctrina Española ha analizado certeramente sobre ese particular y afirma que “Consentir es acceder de forma inequívoca, prestar la conformidad o tolerar un acto que afecta al interesado. Ha de ser claro y contundente. La interpretación de cuando hay o no consentimiento, debe realizarse en la forma más beneficiosa para quien soporta el acto o diligencia conforme a una interpretación no restrictiva de los Derechos y Libertades Fundamentales de la persona, ya que el mayor rigor, será siempre exigible para la actuación de los miembros de la Policía Judicial que no pueden ignorar el estricto cumplimiento de la Legalidad por razones profesionales. El consentimiento ha de ser libre, lo que excluye los supuestos de consentimiento viciado y puede ser tácito o presunto. La STS 29 de septiembre de 1989 considera el consentimiento evidentemente viciado en un caso en que fue dado tras insistentes llamadas de los policías en la puerta y transcurrir unos treinta minutos antes de abrir. Por eso resulta fundamental la debida constancia de éste mediante la firma del interesado en el acta que ha de levantarse tras la práctica de la diligencia[2]. Así las cosas se hace evidente que el Consentimiento de la señora A. S. se encuentra viciado, no solo porque no lo otorgó voluntariamente, sino porque fue solicitado de forma posterior al acto cuando éste ya se había consumado, aunado a eso la Autorización firmada por la señora A. S. no contiene hora ni fecha en que se realizó el Acto, ni mucho menos los testigos que dan por convalidado el acto, por lo tanto al igual que el Juzgador, considera esta Sala de lo Penal que existió vulneración a la Garantía de la Inviolabilidad del Domicilio garantizado en nuestra Constitución de la República. Se desprende de la declaraciones de los Agentes de Investigación que practicaron el Allanamiento y capturaron al imputado, que no existía ningún motivo que les impidiera solicitar la respectiva Autorización Judicial, pues todos afirman que recibieron una llamada telefónica advirtiéndoles que el imputado D. W. H. A. se encontraba en su casa en la colonia los Zorzales, pero ninguno de los oficiales refirió a que la captura del acusado se debía a alguna orden de captura que debían ejecutar, o que era sospechoso de haber cometido algún delito y se encontrara en flagrancia, o el acto constituyera la culminación de algún seguimiento o investigación por denuncia en contra del imputado; es decir concluimos que no existía NINGUN CASO DE URGENCIA que autorizara su ingreso sin Autorización Judicial, tal como lo regula el Artículo 212 del Código Procesal Penal, el cual establece, que podrá efectuarse el allanamiento de una vivienda mediando previa autorización escrito del órgano jurisdiccional competente. Y como toda Regla tiene sus excepciones, al referir que no será aplicable (dicha Autorización Judicial) en los casos de flagrancia, cuando la medida sea necesaria para evitar la comisión de un delito, para evitar la fuga de un delincuente o la destrucción, perdida u ocultamiento de las pruebas o evidencias. En el caso del señor D. W. H. A. el Allanamiento a su vivienda fue totalmente ilegal, pues no existía Autorización Judicial que facultara el acto, no constituía un delito de flagrancia, no se estaba evitando la fuga de un delincuente pues no existía denuncia o seguimiento previo que acreditara su participación en delito alguno, lo que si existió fue un exceso en las facultades concedidas a los Entes Policiales, al encubrir actuaciones ilegales dándoles las apariencias de correctas y lo más peligroso de todo esto, es que el Ministerio Público, ente encargado de actuar con Objetividad y velar por la correcta aplicación de las Leyes Penales, sea partícipe de dichas diligencias.

En consecuencia el Artículo 200 del Código Procesal Penal establece: Carecerán de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en la Constitución de la República y en los Convenios internacionales relativos a derechos humanos de los que Honduras Forme parte, así como cuantos sean consecuencia necesaria de tales actos o hechos y que no hubiera sido posible su obtención sin la información derivada de ellos, sin perjuicio de la responsabilidad en que haya podido incurrir quien obtuvo ilícitamente la información. En tal virtud al declararse ilegal el Allanamiento practicado a la vivienda de la señora A. S., constituyen igualmente nulos todos los actos que se desprenden de referido Allanamiento, como la captura del Imputado y el Registro a él practicado. 7.- En cuanto al Recurso de Casación presentado por el Ente Fiscal, en donde denunció el quebranto a las Reglas de la Sana Crítica, es posible que el Juzgador haya realizado ejercicios mentales en la apreciación de algunas pruebas que no fueron adecuadamente desarrollados y de ocurrir una invalidación de la Sentencia recurrida, el resultado sería que se evacuarían exactamente las mismas pruebas que, conforme a los razonamientos de esta Sala y del Juzgador, son ilícitas por violación de Garantías Constitucionales, mismas que no podrían utilizarse por estar viciados. Al existir la grave transgresión a nuestra Carta Magna, la que cuenta con Supremacía ante cualquier Ley Procesal, lo procedente es declarar sin lugar el presente Motivo de Casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los Artículos 82, 90, 99, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 200, 202, 206, 207, 212, 338, 339, 359, 362.3 y 369 del Código Procesal Penal.- FALLA: ÚNICO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo interpuesto por el Abogado S. C. A. en su condición de Fiscal del Ministerio Público en la causa instruida contra D. W. H. A..- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes.- Redactó El Magistrado Zúniga Medrano. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL.-”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de Mayo del año dos mil quince.- Certificación de la Sentencia de fecha catorce de abril de dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No.S.P.312=2012.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Sentencia de Casación Penal SP 303-2010 de fecha 11 de junio del 2013

[2] De Urbano Castrillo Eduardo. Torres Morato, Miguel Ángel. La Prueba Ilícita Penal, Estudio Jurisprudencial. Editorial Aranzadi. Pamplona, España. Año 1997, Paginas 157-158)