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Sentencia CP-299-12 — Registro 5490

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas, resolviendo en segunda instancia Parcialmente Con Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LA ENCAUSADA I. C. B. G., DENUNCIANDO LA APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY CONTRA EL USO INDEBIDO Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360 DEL CODIGO PROCESAL PENAL. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando DADOS LOS HECHOS QUE SE DECLAREN PROBADOS en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: a) Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados constituyen el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; b) Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: 1) Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; 2) Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; 3) Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; 4) Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y 5) Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal.- En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de ahí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de instancia. Su misión se limita a la revisión del juicio de Derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Como lo ha expuesto la recurrente, en el primer hecho probado se establece que días después de que se denunciara que la imputada I. C. B. G. se dedicaba a la comercialización de drogas, agentes de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico montaron un operativo de vigilancia cerca de su casa de habitación, observando los días 26 y 27 de mayo de 2009, cuando esta realizaba movimientos de intercambio de manos similares a los que efectúan quienes se dedican a la distribución de drogas, dato a partir del cual se solicitó el allanamiento de morada al Juzgado de lo Penal correspondiente. Una lectura del primer hecho probado no permite subsumir las acciones de la encartada en el delito de tráfico ilícito de drogas, ya que efectivamente no se describe en el factum, la naturaleza, cantidad y composición del contenido de lo que la encausada entregaba a otras personas, que a pie o en vehículo llegaban a su casa de habitación, ni lo que estos le entregaban a cambio. En cuanto al segundo hecho probado, se establece que tras la práctica del allanamiento autorizado por juez competente a partir de lo observado en días anteriores, agentes policiales ingresaron en fecha 24 de junio de 2009 a la casa habitada por la señora I. B. G. en cuyo interior se produjo el hallazgo de 117 envoltorios conteniendo porciones de cocaína, tras lo cual se produjo la detención de aquella. El Artículo 18 de la Ley contra el tráfico y consumo ilícito de drogas establece: “El que trafique con drogas, estupefacientes o sustancias controladas será penado con reclusión de quince a veinte años y multa de un millón a cinco millones de lempiras”; por otro lado, el Artículo 5 No. 34) de la referida Ley prevé: “Que para los efectos de la presente Ley, salvo indicación expresa en contrario, se entiende por:…Tráfico Ilícito: Todo acto dirigido o emergente de las acciones de producir, fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, donar, introducir al país, sacar del país y/o realizar transacciones a cualquier título, de sustancias controladas, financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente Ley o de otras normas jurídicas”. Como antes lo dijimos, del segundo hecho probado se desprende que en la vivienda habitada por la procesada I. B. S. se produjo el hallazgo de 117 envoltorios contendiendo cocaína, cantidad que evidentemente supera lo que debe entenderse para el consumo personal inmediato. No obstante lo anterior, dek factum no se desprende el elemento subjetivo del delito, es decir, si la existencia de la droga en referencia encontrada en la casa de la habitación de la procesada I. B. era un hecho que se produjo con la aquiescencia o conocimiento de la encartada antes mencionada. En este sentido resulta de utilidad ilustrativa lo expuesto por el procesalista español LUZON CUESTA, al referirse a los denominados “juicios de inferencia” como aquellos mediante los cuales se determina el elemento subjetivo del delito. Dicho autor señala que con frecuencia se utilizan expresiones en los hechos probados como “a sabiendas”, “a propósito”, intencionadamente”, “con conocimiento de” etc…que sintetizan así la concurrencia de un elemento subjetivo del tipo delictivo, añadiendo que pueden utilizarse legítimamente dentro del cuadro fáctico para dar una mayor expresividad al relato, siempre y cuando luego se explique como ha quedado acreditado dicho elemento a partir de datos objetivos. Por otro lado añade, que no obstante lo anterior, su inclusión resulta más acertada entre las consideraciones jurídicas de la sentencia[1]. De este modo, para resolver el presente motivo por infracción de ley, esta Sala ha de extender su examen a la fundamentación probatoria y jurídica de la sentencia, para verificar cuales son los datos a partir de los cuales el Tribunal de instancia concluye que la imputada I. B., actuando dolosamente ha cometido el delito de tráfico de drogas, tipificado en el artículo 18 de la ley penal especial respectiva. En la fundamentación jurídica del fallo, el Tribunal A Quo señala que agentes policiales observaron cuando la acusada comerciaba o vendía la droga a terceras personas que llegaban hasta su casa de habitación; sin embargo como antes lo apuntamos, tal conclusión no encuentra reflejo o correspondencia en el relato de hechos probados, ya que en el primero de los mismos el Tribunal de instancia se limita a tener por acreditado que la procesada I. B. fue observada cuando realizaba intercambio de manos “de forma similar”[2] a los que se realizan en la distribución de drogas, más no afirmó categórica y terminantemente que tales movimientos de manos lo fueron para entregar, vender o distribuir drogas a otras personas, siendo importante señalar que por otro lado la ausencia de certeza sobre tal afirmación es más evidente si se toma en cuenta que entre los actos de vigilancia que se dice fueron realizados el 26 y 27 de mayo de 2009 hasta el momento en que se produjo el hallazgo de la droga incautada como evidencia y objeto del delito que se juzga (24 de junio de 2009) media un lapso de tiempo considerable. A todo ello habrá que añadir que según se desprende de la prueba en la que se ha basado el tribunal de instancia para concluir que la encartada I. B. actuando dolosamente cometió el delito de tráfico de drogas, se hace referencia y sin refutar, a la versión de la procesada I. B. cuando afirmó que el hallazgo de la droga incautada el día del allanamiento se produjo en el dormitorio que ocupaba su hija, es decir la coimputada declarada en rebeldía y prófuga de la justicia, la joven N. M. A. B. (vid. Folio No. 166 vuelto), si a ello se añade que del acta de allanamiento ratificada en juicio por el agente policial O. O. G. M.[3], se desprende que fue en la habitación ocupada por la hija de la procesada, es decir por la joven identificada como “N..” M. A., donde se produjo el hallazgo de la droga incautada (vid. Folio No. 150 vuelto) y que esta como antes lo indicamos ha sido declarada en rebeldía y por tanto no consta que al momento en que se decide el presente motivo haya sido juzgada[4], esta Sala en aplicación del principio in dubio pro reo que no solamente ha de operar cuando de absolver al acusado se trate sino también para cuando surja una duda razonable sobre la subsunción entre dos delitos castigados con penas de distinta extensión y por lo tanto de distinta gravedad, considera que del relato de hechos probados consignado en la sentencia recurrida más el análisis del juicio de inferencia para la determinación del elemento subjetivo del delito, es decir del dolo, que el Tribunal de instancia consideró oportuno realizar en los apartados reservados para la motivación probatoria y jurídica del fallo, no se desprende con certeza que la procesada I. B. sea responsable del delito de tráfico ilícito de drogas, pero si se concluye y más allá de toda duda razonable que sí concurre el dolo en lo que concierne al delito de facilitación del local, es decir, del inmueble para permitir a persona distinta la posesión de cocaína preordenada al tráfico, conducta que se tipifica de manera autónoma en el artículo 22 de la ley contra uso indebido y tráfico ilícito de drogas. El artículo 69 del código penal establece que el juez determinará en la sentencia la pena aplicable al indiciado, para lo cual tendrá en cuenta sus antecedentes personales, su mayor o menor peligrosidad, las circunstancias atenuantes y agravantes que hayan concurrido en el hecho apreciadas tanto por su número como, sobre todo, por su magnitud e importancia, y la mayor o menor extensión de los males producidos por el delito. De lo antecedentes no se desprende la existencia de circunstancias atenuantes ni agravantes, más si que el local aportado por la imputada I. B. lo ha sido para permitir la posesión de persona distinta recaída sobre cocaína, droga que en comparación a otras como la marihuana genera mayores daños a la salud de los eventuales consumidores, bien jurídico que la norma penal trata de tutelar o proteger, de ahí que tomando en cuenta también la cantidad de droga incautada que tiene alguna significación, esta Sala considera que atendiendo a a la gravedad del hecho y con observancia del principio de proporcionalidad es procedente imponer una pena de siete años seis meses de reclusión más una multa de sesenta mil lempiras..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de noviembre de dos mil quince; por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS MARCO VINCIO ZÚNIGA MEDRANO en su calidad de Coordinador, JACOBO ANTONIO CÁLIX HERNÁNDEZ y CARLOS DAVID CÁLIX VALLECILLO dicta Sentencia conociendo el Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la Sentencia de fecha doce de abril de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falló: 1) CONDENANDO a la Señora I. C. B. G., a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN mas una multa DE UN MILLÓN DE LEMPIRAS por el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (COCAÍNA), en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. 2) NO CONDENÓ en Costas Procesales, Personales ni gastos ocasionados por dicho Juicio. Interpuso el Recurso de casación por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma la Abogada N. E. F. Q. en su condición de Apoderada Defensora de la señora I. C. B. G.. SON PARTES: La Abogada N. E. F. Q. en su condición antes referida como RECURRENTE y el Abogado S. C. A. en su calidad de Representante del MINISTERIO PÚBLICO como RECURRIDO. DECLARACIÓN DE HECHOS PROBADOS PRIMERO: EL día lunes 11 de mayo de 2009, en la Dirección Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, se recibió una denuncia de parte de una persona anónima, en la cual informaba, que en una casa de habitación ubicada entre 7 y 8 calle, 8 avenida del barrio Lempira, de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, se comercializaba drogas, por lo cual, después de que agentes de la Dirección Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico del Ministerio Público, de esta ciudad, una vez constatada la existencia del lugar, las autoridades respectivas, ordenaron se realizara la correspondiente vigilancia, la que se efectuó en los días 26 y 27 de mayo de 2009, mediante las cuales se estableció que la señora I. C. B. G., vivía en dicho lugar y que atendía a diversas personas que llegaban a pie y en vehículos a su casa de habitación, ubicada en la dirección antes indicada, con las cuales realizaba intercambio de manos, de forma similar a los que se realizan en la distribución de drogas, razón por la que agentes del Ministerio Público, solicitaron al Juzgado de lo Penal, la autorización para realizar un allanamiento en dicha vivienda. SEGUNDO: El día miércoles 24 de junio del año 2009, a las cuatro con veinte minutos de la tarde, agentes de la Dirección Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico de San Pedro Sula, Cortés, procedieron a practicar el allanamiento, ingresando a la casa de la señora I. C. B. G.., en cuyo interior encontraron 117 envoltorios conteniendo un polvo blanco, dispuestos para su comercialización, sustancia que una vez analizada resultó ser cocaína, por lo que los agentes, procedieron a la detención de la señora I. C. B. G..” C O N S I D E R A N D O I.- El Recurso de Casación por infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por la Abogada N. E. F. Q., en su carácter de Apoderada Defensora de la encausa I. C. B. G. es admisible, en tanto que reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que ahora debemos pronunciarnos sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- LA RECURRENTE ABOGADA N. E. F. Q. PROCEDIÓ A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY Y POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA DE LA MANERA SIGUIENTE: “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVO PRIMERO: Por Infracción de Ley.- Infracción, por aplicación indebida, del artículo 18 de la ley Sobre uso indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, contenido en el Decreto Número 126-89 de fecha 23 de noviembre del año de mil novecientos ochenta y nueve, que literalmente dispone lo siguiente: “El que trafique ilícitamente con drogas, estupefacientes o sustancias controladas, que produzcan dependencias, será castigado con reclusión de quince a veinte años y multa de cincuenta mil a cien mil lempiras.” Y el artículo 5, numeral 34 de la cita ley define: “Tráfico Ilícito: Todo acto dirigido o emergente de las acciones de producir, fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento, transportar, en fregar, suministrar, comprar, vender, donar, introducir al país, sacar del país y/o realizar transacciones a cualquier título, de sustancias con (roladas, financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente Ley o de otras normas jurídicas.” PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. HECHOS PROBADOS: Acepto como verdad, para los efectos de este primer motivo de recurso, los hechos que en la sentencia se declaran probados de la siguiente manera: “PRIMERO. El día lunes 11 de mayo de 2009, en la Dirección Nacional de lucha contra el Narco tráfico de San Pedro Sula, cortes, se recibió una denuncia de parte de una persona anónima, en la cual informaba, que en una casa de habitación ubicada entre 7 y 8 calle, 8 avenida del Barrio Lempira, de la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, se comercializaba drogas, por lo cual, después de que agentes de la Dirección Nacional de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Publico, de esta ciudad, una vez constatada la existencia del lugar, las autoridades respectivas, ordenaron se realizara la correspondiente vigilancia, la que se efectuó en los días 26 y 27 de mayo de 2009, mediante las cuales se estableció que la señora I. C. B. G., vivía en dicho lugar y que atendía a diversas personas que llegaban a pie y en vehículos a su casa de habitación, ubicada en la dirección antes indicada, con las cuales realizaba intercambio de manos, de forma similar a los que se realizan en la distribución de drogas, razón por la que agentes del Ministerio Publico, solicitaron al Juzgado de lo penal, la autorización para realizar un allanamiento en dicha vivienda.-SEGUNDO: El día miércoles 24 de junio del año 2009, a las cuatro con veinte minutos de la tarde, agentes de la Dirección Nacional de lucha contra el Narco tráfico de San Pedro Sula, Cortes, procedieron a practicar el allanamiento, ingresando a la casa de la señora I. C. B. G., en cuyo interior encontraron 117 envoltorios conteniendo polvo blanco, dispuestos para su comercialización, sustancia que una vez analizada resulto ser cocaína, por lo que los agentes, procedieron a la detención de la señora I. C. B. G..” EXPLICACION DEL MOTIVO: Al asumir como verdad los hechos declarados como probados en la sentencia, es porque se colige de la literalidad con que fueron desarrollados o redactados y como verdad para el Tribunal sentenciador; que ellos no responden ni son congruentes con el fallo condenatorio proferido, pues tal sentencia definitiva que ahora se impugna, resulta más que elocuente que lo declarado como hechos probados “no pueden subsumirse” en la figura del TRAFICO ILICITO DE DROGAS, como erróneamente lo hace el Tribunal. Así se puede determinar con meridiana claridad que lo que se declara probado en relación a hechos o actos que condujeron al enjuiciamiento de la señora B. G., se dice lo siguiente en el primer hecho probado:( copio)”El día lunes 11 de mayo de 2009, en la Dirección Nacional de lucha contra el Narcotráfico de San Pedro Sula, cortes, se recibió una denuncia de parte de una persona anónima, en la cual informaba, que en una casa de habitación ubicada entre 7 y 8 calle, 8 avenida del Barrio Lempira, de la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, se comercializaba drogas... “. - ¿Quién comercializaba droga? Qué clase de droga?, véase lo indeterminado de esta primera narración, pues médicamente el alcohol es una droga, la medicina es también otra droga.- En seguida se sigue consignando como narrativa y siempre como apartado del primer hecho probado de la impugnada sentencia lo siguiente:(Copio) “....después de que agentes de la Dirección Nacional de Lucha contra el Narcotr4flco del Ministerio Publico, de esta ciudad, una vez constatada la existencia del lugar, las autoridades respectivas, ordenaron se realizara la correspondiente vigilancia, la que se efectuó en los días 26 y 27 de mayo de 2009, “.- contradiciéndose el hecho probado en primera instancia con el apartado de valoración de la prueba, donde a capítulo primero, valoran fechas distintas a dichas fechas de vigilancias dadas por probadas(25 y 26 de mayo); aunque, bueno, esto también es un relato de actuaciones que tuvieron el carácter de diligencias administrativas, que ocurrieron y se materializaron, pues bien podría ser cierto, lo importante en preguntarse es si constatado el lugar, al llevarse a cabo vigilancia en días determinados, como se dice; como con este relato mas de carácter procesal, que otra cosa, ¿se dijo de forma indubitada que la señora B. G. traficaba vendiendo cocaína, estaba en posesión de cocaína, distribuía cocaína, almacenaba cocaína u otra frase similar para encuadrar los hechos en el precitado tipo penal, al respecto pues simplemente no se relaciono nada a elementos objetivos o subjetivos que se contengan en el tipo penal por el que le termino condenando, habida cuenta que lo relatada como cierto por el sentenciador pareciera mas relatos de un acto infraganti que nunca podrán ser reconstruidos en el tiempo y espacio por falta de actuación policial, para de ello colegir que de estos hechos dados como probados se de por cierto que mi representada posee o traficase con droga; así mismo, y al concluir este primer relato histórico” expresó el Tribunal Sentenciador lo siguiente: (copio) “... se estableció que la señora I. C. B. G., vivía en dicho lugar y que atendía a diversas personas que llegaban a pie y en vehículos a su casa de habitación, ubicada en la dirección antes indicada, con las cuales realizaba intercambio de manos, de forma similar a los que se realizan en la distribución de drogas, razón por la que agentes del Ministerio Público, solicitaron al Juzgado de lo penal, la autorización para realizar un allanamiento en dicha vivienda. “. - Así las cosas cabe preguntarse: A caso no es duda y una completa imprecisión decir: “.de forma similar a los que se realizan en la distribución de drogas”, pues, entonces en esas vigilancias realizadas a la señora I. C. B., bien podría haber estado intercambiando en venta los productos que se distribuían en su negocio “el rincón de la gatita”, o porque no también subjetivar al igual que lo hizo el Tribunal sentenciador, que lo que se estaba vendiendo o intercambiando de manos era la venta clandestina de “chica apuntada”, extremos subjetivos que a guisa de ejemplo de lo que podrían haber estado haciendo, o, porque no aceptar, cualquier otra transacción licita, quedando la duda.- Cabe preguntarse: ¿Y que porque no detener preventivamente a uno de esos sujetos que llegaban a pie, o conductores de los que llegaban en a comprar algo? Para confirmar una tesis que el Tribunal pone en duda al decir “de forma similar”, ¿porque esperar a solicitar al juzgado de competente la orden para allanar hasta casi un mes después el 24 de junio del 2009? si mientras se realizaban las correspondientes vigilancias en los días 26 y 27 de mayo del mismo año, había suficiente prueba infraganti para proceder sir orden de allanamiento alguna, al grado que, el sentenciador da por cierto e indubitadamente que en ese momento (el de la vigilancia) se pudo constatar en dicho lugar se atendían a diversas personas que llegaban a pie y en vehículos, y con las cuales realizaba intercambio de manos, de forma similar a los que se realizan en la distribución de droga, “abrace visto jamás” tal apreciación subjetiva.- En cuanto al SEGUNDO HECHO DECLARADO PROBADO, Se dice:(copio) en una primera parte: “El día miércoles 24 de junio del año 2009, a las cuatro con veinte minutos de la tarde, agentes de la Dirección Nacional de lucha contra el Narcotráfico de San Pedro Sula, Cortes, procedieron a practicar el allanamiento, ingresando a la casa de la señora I. C. B. G., en cuyo interior encontraron 117 envoltorios conteniendo polvo blanco, dispuestos para su comercialización, sustancia que una vez analizada resulto ser cocaína, “.- Pregunta, ¿quién los tendría dispuestos para comercialización, pues no puede dudarse que fueron capturadas varias personas en ese lugar: una de nombre N. M. A. y declarada en REBELDIA por el Tribunal (véase acta de debate folio 143 renglones 27 y 28 y folio 48 del informe final), y otra persona de nombre M. A. P., (véase folio 48), y resulta pues que esta redacción no es clara, es imprecisa y sin coherencia, como para encajar tal relato fáctico en el precitado artículo 18 de la citada ley de Drogas Ilícitas; además, jamás y nunca en el precitado cuadro fáctico se expresa de forma terminante de que realizara la señora I. C. B. G., comercialización de cocaína, estuviera en posesión de cocaína, que almacene cocaína, que vendiera cocaína o distribuyera cocaína, o cualquier otro acto de los que define el artículo 5 numeral 34 de la citada ley.- Y finalmente, con lo que culmina tal relato o hecho probado: “por lo que los agentes, procedieron a la detención de la señora I. C. B. G..” Véase honorables magistrados casacionistas, el relato de un hecho probado por el cual se da por cierto, que mi mandante cometió un delito de Trafico De Ilícito de Drogas, lo es solamente decir que: “fue detenida la señora B. G., aspecto que no tiene relevancia como para que el fallo, fuera adverso a mi representada, y así de simple: si los relatos fácticos descritos, no subsume la conducta en el aludido tipo penal, hay una completa infracción a la norma sustantiva aplicada.- Al respecto de los hechos probados, resulta clara la falta, e inexplicable el descuido, del Tribunal recurrido, al observar incorrectamente el precepto penal especial aplicado.- Al considerar esta circunstancia es importante que analicemos el Fundamento Jurídicamente en su Capítulo Primero, de la Sentencia del Tribunal recurrido, donde dijo que: los hechos declarados probados, son legalmente constitutivos de un delito de Tráfico Ilícito de Drogas, previsto y sancionado en el artículo 18 en relación con el artículo 5 numeral 4 de la Ley Sobre el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, como también es necesario que analicemos, cuáles son los elementos que configuran ese delito, precisamente en la hipótesis prevista en el articulo 18 aplicado, que dice: “el que trafique con drogas... “. Es indiscutible que el elemento núcleo es lo primero, o sea la acción expresada con el verbo “TRAFICAR”, seguido del complemento directo: drogas estupefacientes o sustancias controladas, de la estructura de los dos hechos probados, no se puede arribar a la CERTEZA que en ellos se dijera del cómo y qué forma realizaba esa actividad ilícita mi representada.- Nunca, el Tribunal sentenciador, establece como llego a decir que mi representada se le encontró traficando con cocaína, o haciendo una actividad igual a la descrita en dicho artículo, como para que el fallo fuese condenatorio y adverso a ley, pues el cuadro fáctico no fue redactado en tales términos. No obstante, se limita a relacionar dicho articulo 18 con el artículo 5 numeral 34, con el agravante que dicho numeral de ese artículo, define literalmente la acción que se debe de estar para considerar como tráfico y que al respecto y por su importancia copió, lo que a su letra expresa: Tráfico Ilícito: Todo acto dirigido o emergente de las acciones de producir, fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, donar, introducir al país, sacar del país y/o realizar transacciones a cualquier título, de sustancias controladas, financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente Ley o de otras normas jurídicas. Indiscutiblemente existen multiplicidad de verbos rectores en dicho concepto hipotético, como también es indiscutible que el Tribunal sentenciador arribó en su Capítulo Segundo de los Fundamentos Jurídicos de la Sentencia impugnada, que se configuraba el delito de Tráfico de Drogas, partiendo de la apreciación de que el elemento objetivo de dicho delito fue determinado por la posesión dolosa de las sustancias estupefacientes, acompañando como elemento subjetivo del mismo, que dicho animo de poseer de mi representada, estaba predestinado al tráfico o transmisión a terceras personas; es decir poseía para vender.- Honorables Magistrados: solo con una vigilancia policial donde se vea un intercambio de manos entre diferentes personas, sin determinar que se intercambia; se allane una vivienda y en una habitación perteneciente a distinta persona, se encuentren 117 sobres con cocaína, y aun y cuando estén dispuestos para su comercialización, no se determine quien la comercializaba, y solo por habitar en un lugar, se determine que se tiene el dominio completo del inmueble, y de lo que en su interior se encuentre, aun y cuando se encontró en dormitorio distinto al suyo, para después por ese hecho afirmar que la droga es de su propiedad, y que el animus de posesión fuese de comercialización; no Honorables Magistrados, no me explico como entonces, el sentenciador configure el precitado delito de TRAFICO DE ILICITO DE DROGAS, y es que para ello necesario que la reconstrucción de los hechos sea expresa y terminante, formada con tal convicción, que conjunta y armónicamente no deje duda al respecto; y si no se describieron en el cuadro fáctico tal conducta delictiva, o estos sean indeterminados, imprecisos, incoherentes y de carácter dubitativos, y aun por la duda que genera el tribunal, tal como lo dejó así establecido en los hechos probados, existe la más completa discrepancia con la parte dispositiva del fallo, que éste a la vez hubiera sido la absolución por duda razonable y nunca uno de condena. Así las cosas, como se declaran probados en la sentencia, los hechos, no es de ninguna manera constitutivo del delito de tráfico de drogas, y el mismo sentenciador lamentablemente al exponer las razones por las cuales estima la comisión de dicho delito, para justificar su posición, acudió al auxilio de una perspectiva eminentemente subjetiva, como lo fue explicado ya, y que a Capítulo Segundo del acápite conocido como Fundamentación Jurídica, que: la señora I. C. B. G., poseía las sustancias estupefacientes, y determinando con dicha posesión, lo que equivale a la tenencia, bien consigo o en lugar cualquiera a su disposición, extremos estos, que nunca se podrían desprender de su factum ya que este solo describe: que en el interior de la casa se encontraron 117 envoltorios de la ya tantas veces referida droga, pero nunca expresa de quien era dicha droga o como explica la afinación que la posesión sea aludida a mi mandante; distinto fuese, si se describiera que, le encontraron en su posesión e indubitadamente el alcaloide, por lo cual repetimos, no es más que una posición eminentemente subjetiva, y que esta defensa también Subjetivamente, estaría en acuerdo que de dichos hechos lo que podría atribuírsele a otra figura penal, habida consideración del abanico de definiciones que contiene la precitada ley, verbigracia el artículo 22; pues lo que se aprecia es que en la casa donde ella residía fue encontrado el elemento convictivo, Facilitación de Local para Tráfico, que también, es restringido definir a perfección, por el hecho que el Tribunal, no se pronuncio al respecto, de quien era la propiedad dominical de sitio allanado, limitándose solo a expresar que “era la vivienda donde ella vivía” y que el allanamiento fue “en la casa de ésta”, pero, nunca será esto suficiente como para afirmar con certeza positiva acerca del dominio efectivo de dicha casa; soy del criterio que la ausencia de dicho pronunciamiento fue para acomodar su veredicto en contra de mi defendida, además, quedando la duda si la casa vigilada fue la misma allanada; por supuesto nunca hubo pronunciamiento, por ser distinto el hecho probado, a los hechos enjuiciados, habida cuenta, que fue, en el cuarto de distinta persona a mi representada, donde fue encontrada la cocaína, y que dicha individua hasta fue capturada, omitiendo deliberadamente referirse al respecto el tribunal, para asumir su tesis; de tal manera que si alguna vez se enjuicia a otra persona por el mismo delito, sería imposible atribuirle delito alguno, pues, el sentenciador a atribuido con desatino, a mi patrocinada la posesión afectiva de dicha droga, y por lo que se le condenó por tal ilícito. Por lo que es más que evidente, la inexplicable infracción por aplicación del precepto penal del artículo 18 en relación con el artículo 5 numeral 34 de la Ley Sobre el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, y por la de naturaleza sustantiva que se invoca en este motivo como infringido, lo fue efectivamente por aplicación indebida, debe procederse, en observancia del artículo 369 de Código Procesal Penal, a casarse la sentencia, y modificar el fallo CONDENATORIO por uno ABSOLUTORIO; o bien y de manera contrastada con el resultado absolutorio pedido, y siendo que en materia penal rige lo que más beneficia al reo, y que reitero subjetivando esta defensa, bien pudiese estar a lo dispuesto en el artículo 22 del mismo cuerpo legal indebidamente aplicado, invocando lo mismo a conveniencia, para nuestra representada, por ello se solicita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia que de forma primaria o precedente se pronuncie sobre los motivos de casación por esta vía impugnativa y subsidiariamente sobre este último extremo.” III.- RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LA ENCAUSADA I. C. B. G., DENUNCIANDO LA APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY CONTRA EL USO INDEBIDO Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360 DEL CODIGO PROCESAL PENAL. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: a) Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados constituyen el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; b) Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: 1) Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; 2) Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; 3) Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; 4) Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y 5) Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal.- En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de ahí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de instancia. Su misión se limita a la revisión del juicio de Derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Como lo ha expuesto la recurrente, en el primer hecho probado se establece que días después de que se denunciara que la imputada I. C. B. G. se dedicaba a la comercialización de drogas, agentes de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico montaron un operativo de vigilancia cerca de su casa de habitación, observando los días 26 y 27 de mayo de 2009, cuando esta realizaba movimientos de intercambio de manos similares a los que efectúan quienes se dedican a la distribución de drogas, dato a partir del cual se solicitó el allanamiento de morada al Juzgado de lo Penal correspondiente. Una lectura del primer hecho probado no permite subsumir las acciones de la encartada en el delito de tráfico ilícito de drogas, ya que efectivamente no se describe en el factum, la naturaleza, cantidad y composición del contenido de lo que la encausada entregaba a otras personas, que a pie o en vehículo llegaban a su casa de habitación, ni lo que estos le entregaban a cambio. En cuanto al segundo hecho probado, se establece que tras la práctica del allanamiento autorizado por juez competente a partir de lo observado en días anteriores, agentes policiales ingresaron en fecha 24 de junio de 2009 a la casa habitada por la señora I. B. G. en cuyo interior se produjo el hallazgo de 117 envoltorios conteniendo porciones de cocaína, tras lo cual se produjo la detención de aquella. El Artículo 18 de la Ley contra el tráfico y consumo ilícito de drogas establece: “El que trafique con drogas, estupefacientes o sustancias controladas será penado con reclusión de quince a veinte años y multa de un millón a cinco millones de lempiras”; por otro lado, el Artículo 5 No. 34) de la referida Ley prevé: “Que para los efectos de la presente Ley, salvo indicación expresa en contrario, se entiende por:…Tráfico Ilícito: Todo acto dirigido o emergente de las acciones de producir, fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, donar, introducir al país, sacar del país y/o realizar transacciones a cualquier título, de sustancias controladas, financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente Ley o de otras normas jurídicas”. Como antes lo dijimos, del segundo hecho probado se desprende que en la vivienda habitada por la procesada I. B. S. se produjo el hallazgo de 117 envoltorios contendiendo cocaína, cantidad que evidentemente supera lo que debe entenderse para el consumo personal inmediato. No obstante lo anterior, dek factum no se desprende el elemento subjetivo del delito, es decir, si la existencia de la droga en referencia encontrada en la casa de la habitación de la procesada I. B. era un hecho que se produjo con la aquiescencia o conocimiento de la encartada antes mencionada. En este sentido resulta de utilidad ilustrativa lo expuesto por el procesalista español LUZON CUESTA, al referirse a los denominados “juicios de inferencia” como aquellos mediante los cuales se determina el elemento subjetivo del delito. Dicho autor señala que con frecuencia se utilizan expresiones en los hechos probados como “a sabiendas”, “a propósito”, intencionadamente”, “con conocimiento de” etc…que sintetizan así la concurrencia de un elemento subjetivo del tipo delictivo, añadiendo que pueden utilizarse legítimamente dentro del cuadro fáctico para dar una mayor expresividad al relato, siempre y cuando luego se explique como ha quedado acreditado dicho elemento a partir de datos objetivos. Por otro lado añade, que no obstante lo anterior, su inclusión resulta más acertada entre las consideraciones jurídicas de la sentencia[1]. De este modo, para resolver el presente motivo por infracción de ley, esta Sala ha de extender su examen a la fundamentación probatoria y jurídica de la sentencia, para verificar cuales son los datos a partir de los cuales el Tribunal de instancia concluye que la imputada I. B., actuando dolosamente ha cometido el delito de tráfico de drogas, tipificado en el artículo 18 de la ley penal especial respectiva. En la fundamentación jurídica del fallo, el Tribunal A Quo señala que agentes policiales observaron cuando la acusada comerciaba o vendía la droga a terceras personas que llegaban hasta su casa de habitación; sin embargo como antes lo apuntamos, tal conclusión no encuentra reflejo o correspondencia en el relato de hechos probados, ya que en el primero de los mismos el Tribunal de instancia se limita a tener por acreditado que la procesada I. B. fue observada cuando realizaba intercambio de manos “de forma similar”[2] a los que se realizan en la distribución de drogas, más no afirmó categórica y terminantemente que tales movimientos de manos lo fueron para entregar, vender o distribuir drogas a otras personas, siendo importante señalar que por otro lado la ausencia de certeza sobre tal afirmación es más evidente si se toma en cuenta que entre los actos de vigilancia que se dice fueron realizados el 26 y 27 de mayo de 2009 hasta el momento en que se produjo el hallazgo de la droga incautada como evidencia y objeto del delito que se juzga (24 de junio de 2009) media un lapso de tiempo considerable. A todo ello habrá que añadir que según se desprende de la prueba en la que se ha basado el tribunal de instancia para concluir que la encartada I. B. actuando dolosamente cometió el delito de tráfico de drogas, se hace referencia y sin refutar, a la versión de la procesada I. B. cuando afirmó que el hallazgo de la droga incautada el día del allanamiento se produjo en el dormitorio que ocupaba su hija, es decir la coimputada declarada en rebeldía y prófuga de la justicia, la joven N. M. A. B. (vid. Folio No. 166 vuelto), si a ello se añade que del acta de allanamiento ratificada en juicio por el agente policial O. O. G. M.[3], se desprende que fue en la habitación ocupada por la hija de la procesada, es decir por la joven identificada como “N..” M. A., donde se produjo el hallazgo de la droga incautada (vid. Folio No. 150 vuelto) y que esta como antes lo indicamos ha sido declarada en rebeldía y por tanto no consta que al momento en que se decide el presente motivo haya sido juzgada[4], esta Sala en aplicación del principio in dubio pro reo que no solamente ha de operar cuando de absolver al acusado se trate sino también para cuando surja una duda razonable sobre la subsunción entre dos delitos castigados con penas de distinta extensión y por lo tanto de distinta gravedad, considera que del relato de hechos probados consignado en la sentencia recurrida más el análisis del juicio de inferencia para la determinación del elemento subjetivo del delito, es decir del dolo, que el Tribunal de instancia consideró oportuno realizar en los apartados reservados para la motivación probatoria y jurídica del fallo, no se desprende con certeza que la procesada I. B. sea responsable del delito de tráfico ilícito de drogas, pero si se concluye y más allá de toda duda razonable que sí concurre el dolo en lo que concierne al delito de facilitación del local, es decir, del inmueble para permitir a persona distinta la posesión de cocaína preordenada al tráfico, conducta que se tipifica de manera autónoma en el artículo 22 de la ley contra uso indebido y tráfico ilícito de drogas. El artículo 69 del código penal establece que el juez determinará en la sentencia la pena aplicable al indiciado, para lo cual tendrá en cuenta sus antecedentes personales, su mayor o menor peligrosidad, las circunstancias atenuantes y agravantes que hayan concurrido en el hecho apreciadas tanto por su número como, sobre todo, por su magnitud e importancia, y la mayor o menor extensión de los males producidos por el delito. De lo antecedentes no se desprende la existencia de circunstancias atenuantes ni agravantes, más si que el local aportado por la imputada I. B. lo ha sido para permitir la posesión de persona distinta recaída sobre cocaína, droga que en comparación a otras como la marihuana genera mayores daños a la salud de los eventuales consumidores, bien jurídico que la norma penal trata de tutelar o proteger, de ahí que tomando en cuenta también la cantidad de droga incautada que tiene alguna significación, esta Sala considera que atendiendo a a la gravedad del hecho y con observancia del principio de proporcionalidad es procedente imponer una pena de siete años seis meses de reclusión más una multa de sesenta mil lempiras. IV.- LA ABOGADA RECURRENTE N. E. F. Q. PROCEDIÓ A FORMALIZAR SU”MOTIVO SEGUNDO”: Por Quebrantamiento de Forma: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del artículo 362 del Código Procesal Penal (en adelante “CPP”).EXPLICACION DE MOTIVO: Los preceptos penales objetivos que se invocan como infringidos prescriben: 1.- Artículo 202 CPP: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida “. 2.- Por su parte el párrafo primero del Art. 336 de la misma ley señala que: “El Tribunal para resolver solo tendrá en cuenta la pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica”. 3.- También el Art. 338 del mismo CPP, que regula la forma de estructurar la sentencia ordena al tribunal sentenciador, en el numeral 2) de la cuarta regla lo siguiente: “…Valoración de la Prueba. Seguidamente, se expresaran las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos. Justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de los indicios, igualmente declarados probados “. Los hechos probados de una sentencia penal que constituyen la verdad a la que el Tribunal cree haber arribado, están sustentados en el acervo probatorio que se plasma en la fundamentación probatoria.- Las fases descriptiva e intelectiva de la fundamentación probatoria obliga al Tribunal a describir cada una de las pruebas que dan sustento a su decisión y explicar porqué un medio probatorio le merece o no confiabilidad, y además, porqué un elemento de prueba le conduce a una conclusión determinada.- Sobre la segunda fase, es que recae el reproche del recurso de casación por violación a las reglas de la sana crítica de acuerdo con el motivo planteado, de tal suerte que la violación a esas reglas que corrigen el correcto entendimiento humano, constituye un problema de fundamentación de la sentencia. No obstante, en el sistema de sana critica racional de nuestro sistema procesal penal, en la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los Jueces, siempre se les exige que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se las apoye; teniendo además como límites: Las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano.- En la sana crítica racional, el juzgador además debe respetar, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Dentro de dichas reglas de la lógica, al que debe sujetarse el juzgador en la valoración de las pruebas, según lo exigen los Arts. 202 y 336 CPP y que recalca el Art. 338, sección cuarta, numeral 2 (“...justificando según las reglas, de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas enjuicio...”), aparece la característica, exigida por ellas, denominada, como DERIVADA, según la cual, la motivación debe respetar el principio de la razón suficiente, para lo cual “el razonamiento debe de estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando”(Femando de La Rúa). Para ello la motivación debe ser CONCORDANTE: a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder convenientemente un elemento de convicción del cual se puede inferir aquella. Asentado lo anterior, de la sola lectura de la sentencia, por ahora impugnada, se infiere, la continencia de un vicio altamente dañino, que atenta contra las reglas de la sana critica, al observarse en la valoración de la prueba evacuada, convirtiéndose consecuentemente, en violación a los artículos ya puntualizados. ACLARACION PREVIA. Previo a iniciar, es trascendente señalar que este sendero recursivo se impetra, para demostrar el vicio “in procedendo” del que adolece la Sentencia Condenatoria contra mi defendida por haberla encontrado culpable de la comisión del delito Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de la Salud del Estado de Honduras, el cual por haber sido materializado al momento de la emisión de ésta, fue imposible reclamarlo antes. INDICACION DEL VICIO. El Tribunal de Sentencia ha concluido que I. C. B. G., ha tenido una participación directa y personal, de un delito consumado de TRAFICO ILICITO DE DROGAS (COCAINA), en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS.- Donde el defecto de violación las reglas de la sana critica, en concreto, es el de lesión al principio lógico de razón suficiente, y este resulta de las diversas conclusiones probatorias a las que llego el Tribunal de Sentencia, y que lo condujo a establecer que: el día lunes 11 de mayo de 2009, en la Dirección Nacional de lucha contra el Narcotráfico de San Pedro Sula, cortes, se recibió denuncia anónima, de que en una casa de habitación ubicada entre 7 y 8 calle, 8 avenida del Barrio Lempira, se comercializaba drogas, por lo cual, por lo que agentes de dicha Dirección Nacional realizaron vigilancia, los días 26 y 27 de mayo de 2009, mediante las cuales se estableció que la señora I. C. B. G., vivía en dicho lugar y que atendía a diversas personas que llegaban a pie y en vehículos a su casa de habitación, ubicada en la dirección antes indicada, con las cuales realizaba intercambio de manos, de forma similar a los que se realizan en la distribución de drogas, y luego que el Ministerio Publico, solicitó al Juzgado de lo penal, la autorización para realizar un allanamiento en dicha vivienda. Y que el día miércoles 24 de junio del año 2009, a las cuatro con veinte minutos de la tarde, agentes de la Dirección Nacional de lucha contra el Narcotráfico de San Pedro Sula, Cortes, procedieron a practicar el allanamiento, ingresando a la casa de mi mandante, en cuyo interior encontraron 117 envoltorios conteniendo polvo blanco, dispuestos para su comercialización, sustancia que una vez analizada resulto ser cocaína, y culminaron deteniendo a mi representada.- Para que dicha condena recaída en ella, sea legitima, desde el punto de vista probatorio, el Tribunal debió haber arribado al nivel de conocimiento de INFALIBILIDAD, único grado válido por la Constitución de Honduras, para emitir un fallo de condena; de tal destino, que, si del resultado de la prueba, no alcanza a la obtención de ese nivel, sino cualquier otro, como ser: probabilidad, duda o constatación negativa, sobre la participación, debe absolverse, puesto que, la prueba evacuada no habrá quebrantado el estado de inocencia de mi representada. A.- Explicación de la forma incorrecta de la valoración de las declaraciones de los testigos, y como de dichos testimonios y medios de prueba documentales, ha efectuado el Tribunal, una Sentencia violatoria a las reglas de la sana critica.1.- En materia penal, es importante contar con probanza que demuestre objetivamente la participación de un imputado (a), en el hecho que se le atribuye, para lo cual es esencial contar con los medios de prueba que conozcan esa intervención del acusado (a) en el hecho.- En el presente caso, es fundamental valorar la certeza que los testigos de cargo, debido a que estos fueron solo Policías, si estos tuvieron o no relación directa con el hecho investigado, si estos realizaron su labor apegada a derecho, así mismo, si las actas y documentos introducidas como medios documentales de prueba, llenasen los requisitos exigidos por la ley procesal hondureña, todo debe valorarse objetivamente, además de la confianza que brinda cada medio probatorio y así conjuntamente llegar a la reconstrucción en el tiempo y espacio de los hechos enjuiciados. (eso es valorar con sana critica).- De manera que si se hace un análisis respecto de los testigos Policías, fueron estos categóricos en expresar que: los 117 paquetes de cocaína, fueron encontrados dentro de un cuarto donde dormía la joven N. M. A., junto a su menor hijo; el Tribunal a estas declaraciones las estimó como creíbles, pues, resultaron ser congruentes entre sí, con una narración verosímil, y por las cuales, no le quedo duda, por haber generado estos, certeza positiva necesaria, de que: mi representada era quien vendía la droga, por lo que la declaro culpable del delito ya mencionado, error que demostraremos en esta vía impugnativa, de tal condición, que si se hace un enlace de dichas declaraciones y el hecho probado nunca se podrá arribar a la certeza positiva de que hace merito el sentenciador .Siendo el caso concreto del testigo: el Policía J. R. R., S. (folio l43 vuelto, renglón 27 a 33) quien después que recibió noticia criminis anónimamente, dijo que: había realizado vigilancia sin ninguna logística los días 26 y 27 de mayo del 2009, y observo movimientos típicos del trafico de drogas, ya que las personas llegaban al lugar tocaban el portón y se miraba intercambios de manos y cortas conversaciones, que en lugar habían mujeres que usaban ropa corta y que los clientes ingresaban a un lugar denominado el rincón de la gatita, y que para él, ese intercambio de manos era similar a los que se realizan en la distribución de droga. Declaro además, el Policía F. D. R. F., (f. 144 r. 32 a 42), quien expreso que fue su compañero Rivas quien recibió la denuncia, en la que manifestaban que en el barrio Lempira entre la 7 y 8 calle, 8 avenida, había una persona de nombre N. que vendía droga; también refirió que en fechas 12, 26 y 27 de mayo, observaron durante la vigilancia movimientos típicos de la venta de droga, y que de la casa de I. salían personas hasta el negocio “el rincón de las gatitas”, y finalizó su deposición manifestando que el día 24 de junio allanaron dicha casa de habitación donde encontraron droga y detuvieron a dos personas.- Al interrogatorio del Fiscal: (f. 144 r. 25 a 31) ¿QUE INDICIOS ENCONTRARON EN LA VIVIENDA? El testigo refirió que: en el cuarto de I. no encontraron droga, sino en el cuarto de su hija N. donde encontraron 7 envoltorios de Cocaína, y en una división siempre del mismo cuarto se encontraron los restantes 110 envoltorios de dicha droga, expresando además a la pregunta ¿EN CUANTO A LA DROGA ENCONTRADA QUE MANIFESTABAN LAS DOS DETENIDAS? Estableciendo claramente que la señora I. regañaba a la hija N. y siempre I. evadía que esa droga era de ella. 2.- Además declaró el Policía O. O. G. M., (f.145 r.1 1) quien fue el juez ejecutor del allanamiento, concurriendo con los otros dos testigos que el hallazgo de la droga fue en la habitación de la joven N. M. A., refirió además que el elaboró el acta de allanamiento y dejó fijado en ésta tal extremo; ACTA DE ALLANAMIENTO, que fue incorporada mediante lectura, y a su vez ratificada por Él, sobre las vigilancias de las fechas anteriores, este testigo no supo nada. 3.- La única testigo de la defensa que compareció, fue la joven M. A. C. O., identificada erróneamente en el acta como M. A. P., (f. 145 vuelto), quien fue incluso aprehendida el día del Allanamiento, y que también fue coincidente con la declaración de los testigos de cargo que: la Droga fue encontrada en el cuarto de N..4.- Fue incorporada mediante lectura, el ACTA DE ALLANAMIENTO, (f. 149 a 154), donde específicamente a folio 150 vuelto y en los renglones 21 al 37 se describe los hallazgos de las evidencias número 4 y 5 dentro del dormitorio identificado por el fedatario como número dos, y que era de la joven adulta N. M. A., estableciendo en dicha acta que la evidencia número 4 consistía en un monedero color café marca Guess y que en su interior había 7 envoltorios plásticos de supuesta droga, y que la evidencia numero 5 fue encontrada en una división de madera que había en el mismo dormitorio consistente en una bolsa plástica en cuyo interior habían 110 envoltorios plásticos trasparentes conteniendo polvo blanco supuesta droga. Además refiriendo dicha acta que en el resto de la casa no encontraron más droga. Además refiriendo dicha acta que en el resto de la casa no encontraron más droga. Evidencias que al examen QUIMICO TOXICOLOGICO, número QT-1406, (f.156), emitido por la Perito analista Doctora O. C., resulto ser positivo de Cocaína. Esto en esencia fue lo discurrido en el debate. Ciertamente resulta insólito, la creencia del Tribunal que el hallazgo de la droga le sea atribuida su posesión a mi representada, como para condenarla por la comisión de un delito de Tráfico Ilícito de Drogas, se muestra inverosímil que alguien en cuyo dormitorio no se encuentra nada, sea condena a tan aberrante delito, aun y cuando, realizaron un allanamiento, y encontraron los 117 paquetes de cocaína, que si bien es cierto, estaban dentro de la casa donde también vivía ella, dicha droga fue claramente fijada por el acta de allanamiento, dentro del dormitorio identificado como número dos, y donde dormía N. M. A., que dicho sea de paso, fue también capturada ese mismo día, pero, que fue declarada en REBELDÍIA el día del debate, y ordenada su captura (f. 148), por violentar las medidas sustitutivas, que gozaba, y no fue posible enjuiciarla; Honorables Magistrados de la sala de lo Penal: ¡No basta! con que se haga una vigilancia policial y se vea que, afuera de una casa, se hace un intercambio de manos entre diferentes personas, sin determinar de qué se trata, ese intercambio; ¡No basta! que se allane una vivienda un mes después de haber sido vigilada y que dentro de ésta y en una habitación perteneciente a distinta persona, se encuentren 117 sobres con un polvo blanco que al análisis resulte ser cocaína, y aun y cuando estén dispuestos para su comercialización, no se determine quien la comercializaba; ¡No basta! con que se enjuicie a solo una de las distintas personas detenidas y que habitan o permanecen en dicho lugar, para que a ella sola, se le atribuya que era la poseedora de dicho alijo; ¡No basta! con pretender que, solo por habitar en un lugar, se deba tener el dominio del mismo, y más agravante, el asegurar que es de su propiedad todo lo que se encuentre en el interior; no Honorables Magistrados, Para que pueda entonces hablarse del precitado delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, el Tribunal de mérito debió obtener certeza sobre la participación de mi patrocinada en el almacenamiento y tráfico de drogas, y no por el mero hecho de que dentro de un operativo policial, y en su casa de habitación, de forma circunstancial mi defendida se vio envuelta en este problema, sin que exista más prueba en su contra que ese mero acto policial de vigilancia, y el allanamiento a la vivienda donde esta residía. Véase las declaraciones contestes de los testigos J. R. R. S. y F. D. R. F. arriba descritas, y que a criterio del Tribunal les da toda credibilidad por congruentes y verosímiles, extremo con lo que esta defensa está parcialmente en desacuerdo, por dos razones: a).- El Tribunal les atribuye toda confiabilidad, en sus dichos que al momento de las vigilancias lo que en concreto observaron fue intercambio de manos, y que fueron estos policías los que subjetivamente y sin ningún fundamento probatorio calificaron como “movimientos típicos del trafico de drogas”, por lo que es más que demostrado la violación a las reglas de la lógica, pretender adoptar por parte del sentenciador para la fabricación de su tesis condenatoria, la posición subjetiva que estos testigos aportaron, pues se vuelve una “tesis subjetiva”; habida cuenta que discurrió del testimonio que: allí habían mujeres que usaban ropa corta y que los clientes ingresaban a un lugar denominado el rincón de la gatita, por lo que estaríamos ante la posibilidad que dicho intercambio de manos, apreciado durante la vigilancia, fuese propio de ventas de licito comercio del negocio, pues a eso se dedican los negocios, ¡a vender!. En otras palabras, no es suficiente con que un policía afirme que pudo llegar alguien a comprarle droga a una persona para que deba concluirse con certeza que aquella persona se dedica al tráfico de drogas. Es necesario, además, corroborar que varios policías realizaron en efecto un operativo, mediante el cual vigilaron por algún tiempo la casa del investigado, para apreciar si a ella se acercaban posibles compradores de droga, y luego con billetes previamente marcados por la autoridad se envía a una persona encubierta para adquirir droga, para posteriormente realizar una diligencia de allanamiento, previa orden de autoridad jurisdiccional, donde confirmen aquella indicación del agente encubierto, ya sea por el decomiso de droga, del dinero marcado y de otras evidencias que señalen que aquel sujeto se dedicaba desde antes a la venta de drogas. b).- Otro aspecto que disentimos es que: si fuese cierto que ellos apreciaron “intercambio de drogas”, a todas luces, estos hubiesen actuado capturando infraganti a los que realizaban dichos actos de ejecución de compra-venta de drogas y estaríamos ante un Ilícito Penal con bases suficientes para su imputación; no obstante ellos justifican que no actuaron por qué no era esa, la misión que en la vigilancia llevaban; a esta respecto, es de todos sabido que no estamos ante un “agente provocador” o de un “agente encubierto”, o que fuese alguna persona civil infiltrada, no, en nuestro ordenamiento, no podría ser admisible esta posición de parte de la policía, pues su deber debe dirigirse a descubrir a los autores de hechos delictivos, ellos estaban en servicio,, y tuvieron a la vista actos delictivos como los que subjetivamente narraron, violaron la ley al no actuar; siendo esta negativa a actuar que confirma como no cierto lo aseverado; ya que, el haberse observado se realizaba, una conducta no prohibida por la ley, como lo fue un simple intercambio de manos, no es suficiente, como para encajarla en el ámbito de protección de la regla aplicada, por lo que el Tribunal manipulo el destino, al crear un hecho probado partiendo de los testimonios de los policías indicados, al referirse que ellos vieron como se traficaba con la droga, manipulación que es completamente violatoria a los artículos consignados al inicio de este motivo de casación, por haber dado otro valor probatorio del que en realidad se consigno en la audiencia.- Ahora bien con lo que esta defensa si esta en total acuerdo y les otorga todo la credibilidad que se merecen, fue en cuanto al Allanamiento se refieren, no obstante, si nos pronunciamos en contra de la apreciación que hiciere el Tribunal, en la impugnada sentencia, al otorgar otro matiz que el argumentado en dichos testimonios; así pues discurrió en los dichos de estos testigos y que fuesen confirmados por las actas que ellos realizaron, que: desde un inicio la información fue que en la casa de N. se vendía droga, por lo que la vigilaron y allanaron el día 24 de junio, encontrando coincidentemente con la denuncia, la droga en el cuarto de N. M. A., que eran 7 envoltorios de Cocaína, en la cartera de ésta y en un mueble del mismo cuarto, los restantes 110 envoltorios de dicha droga, testimoniaron además, que no encontraron droga en el cuarto de mi mandante I. B.; todo fue consignado en el Acta de Allanamiento y debidamente ratificada en el debate por el juez ejecutor. Por si fuera poco, uno de los testigos manifestó que al momento del Allanamiento mi representada iba llegando a la casa, pero, ellos ya habían entrado a la fuerza, siendo detenida de inmediato y sin ninguna capacidad de alterar el orden de las cosas dentro de dicha vivienda, así mismo refirieron que capturaron a alguien más y que confirmaron que ahí vivía un menor como de 16 años y un adulto supuestamente el esposo de N. Así las cosas, Honorables Magistrados casacionistas, como es posible que se crea y genere convicción en el Tribunal, que la droga encontrada en la casa allanada fuese propiedad de la señora I. C. B. G., y que esto sea suficiente para condenarla por el delito que a hora se impugna, y fundamentar que se encuadra perfectamente dicho delito por los actos de posesión que mi mandante hacía con respecto a la droga, pues el ánimo de esta era de poseer para vender; abrace visto semejante violación a las reglas de la sana critica, establecer tal verdad partiendo de la declaración de los policías que ejecutaron el allanamiento, de la que se ha evidenciado es distinta a la valorada por el sentenciador haciendo propios aspectos nunca pronunciados por los dicentes, quienes fueron sinceros y coherentes, a este respecto, en decir que fue en la habitación de la joven N. donde se encontró la droga, como para que la sentencia se funde en juicios de valor contradictorio a lo expresado, que dicho dominio del alijo lo tenía mi mandante, y por eso la encontraron culpable del delito que se le acusó. Llama la atención que el Tribunal no haya extraído conclusión alguna favorable para mi mandante, tanto de la declaración de la señora M. A. C. O., quien fue también aprehendida el día del allanamiento, y que fue coincidente con la declaración de los testigos de cargo, al expresar que la droga fue encontrada en el cuarto de N.; reproche que se hace, no solo por el hecho de lo que declaro sino también por haber aceptado que ella estaba en la casa al momento del allanamiento y que nunca se le atribuyó a ella la posesión de la droga en referencia; como también es discutible el acto que la propia hija de nuestra defendida la joven N. M. A., y en cuya habitación se encontró la droga, se haya ausentado deliberadamente del juicio y dejar de responder por sus actos, dejando todo el riesgo en su señora madre, a sabiendas que fue en su posesión y dominio que se encontró el alcaloide, y ser ella la creadora de la conducta prohibida, que si bien es cierto es hija de mi mandante, no es menos cierto que, por ese mismo vinculo no es posible para una madre, denunciar a su propia hija, que supuestamente hace actos reñidos con la ley, al grado de tener eximente hasta del delito de Encubrimiento, sin perjuicio de que propiamente viole otra ley.” CONCLUSION.- El Tribunal sentenciador ha desconocido el valor probatorio que este conjunto de prueba tiene; ha renunciado a hacer una valoración conjunta y armónica de la presente probanza, renunciando dar cumplimiento a los artículos 202, 336, y el 338 numeral 2 de la regla cuarta, del Código Procesal Penal, siendo reprochable desde de todo punto de vista lógico, que arribase a la conclusión que mi representada participo en la comisión de un Delito de Tráfico Ilícito de Drogas, y que se encontrase en su posesión un total de 117 envoltorios conteniendo cocaína dispuestos para la venta; si de toda esa relación probatoria expuesta, como lo exige nuestra ley procesal penal, la correcta CONCLUSIÓN FÁCTICA que se extrae es que mi mandante, habitaba en una casa que fue allanada por la autoridad y donde se encontró la substancia referida y dispuesta para su comercialización, pero dentro de la habitación, y sobre las pertenecías de su hija la joven N. M. A., lo que lógicamente hace razonar que a quien pertenecía dicha droga, fue a la hija y no a la señora I. C. B. G., quien no tuvo la mas mínima intervención en el mismo ilícito. Por lo cual legalmente no se explica la existencia del fallo condenatorio en su contra, y por tal razón se ha vulnerado el Estado de inocencia que ampara Constitucionalmente a mi representada, y que la ley procesal se manifiesta en el artículo 339 de CPP, que dispone que no habiendo pruebas suficientes para condenar, debe absolverse, así como al existir duda razonable. “ V.- RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LA ACUSADA I. C. B. G. ARGUYENDO QUE AL DICTAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA POR EL DELITO DE TRAFICO ILICITO DE DROGAS EL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO HA VULNERADO LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN EL PROCESO DE VALORACION DE LA PRUEBA. PRECEPTO AUTORIZANTE: Esta Sala considera pertinente recordar que conforme a lo dispuesto en el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal : “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que..en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica..”. El proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque en virtud del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí[5], su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. El límite de las reglas de la experiencia está en los conocimientos técnicos especializados. En lo que concierne a las reglas de la lógica tenemos que la regla de identidad nos dice que una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Es decir, José solo puede ser José y no Juan. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, un argumento "X" solo puede ser "X". No podría por ejemplo una sentencia decir en una parte que se absuelve bajo la certeza de la inocencia, para afirmar más adelante que se absuelve por duda, porque viola el principio de identidad (en lo que interesa al Ministerio Público), pues estaría diciendo que "A" es "B". Diría que la certeza de la inocencia es la duda de la culpabilidad, y eso viola el principio de identidad. El principio de contradicción nos dice que una persona o cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, o sea el tribunal no puede aseverar algo y luego desvirtuarlo, porque solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Y el principio de tercero excluido nos dice que de dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa. A contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. En cuanto a las reglas de la psicología, éstas no están referidas a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos, como la observación del tribunal de mérito en caso de que un testigo se muestre nervioso al contestar una pregunta, que fue disperso al construir sus repuestas, ignorante en cuanto al idioma o cultura general básica, etc. Eso tiene que incluirse en el fallo al hacer la valoración. Podría ser que diga el tribunal, que no se cree al testigo porque se puso nervioso (más de lo normal), o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una de sus respuestas lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración. En un extensa exposición, la recurrente arguye en síntesis, que el Tribunal de instancia ha dictado una sentencia condenatoria en contra de la encausada I. C. B. G. sin observar las reglas de la sana crítica, particularmente el principio lógico de derivación. Señala que una valoración armónica de la prueba testimonial y documental evacuada en juicio no conduce de manera inequívoca a la certeza y por tanto más allá de toda duda razonable que la encartada antes mencionada sea responsable del delito de tráfico de drogas que se le atribuye. Considera que el Tribunal de enjuiciamiento se ha basado en las conclusiones subjetivas a las que arribaron los testigos de cargo cuando afirmaron que observaron movimientos de manos de la imputada similares a los que realizan quienes efectúan operaciones de venta de drogas, cuando ha podido tratarse de que dicho intercambio haya recaído sobre objetos de lícito comercio. Estima que para haber tenido por acreditado que tales operaciones tenían por objeto la venta de droga, las autoridades policiales han debido utilizar la figura del agente encubierto utilizando dinero marcado, de tal manera que con ello se pudiera corroborar si efectivamente se expendía droga en la vivienda de la acusada y luego de ello efectuar el allanamiento para la búsqueda de evidencias para acreditar que una determinada persona ya se dedicaba anteriormente a la venta de sustancias narcóticas. Cuestiona por otro lado, que los agentes policiales que montaron la vigilancia no hayan actuado si efectivamente observaron cuando algunas personas se acercaban a la vivienda allanada para comprar droga. Considera que el Tribunal A Quo ha soslayado con infracción de las reglas de la sana crítica que de los testimonios rendidos por los testigos de cargo, todos ellos elementos policiales, se desprende que el hallazgo de la droga incautada en la vivienda de la imputada no se produjo en su habitación, sino que en la que ocupaba su hija y coimputada, declarada en rebeldía y prófuga de la justicia, la joven N. M. A. B. con su menor hijo, de tal manera que 7 envoltorios fueron encontrados en una cartera propiedad de ésta última y 100 en una división ubicada dentro de esa misma habitación, extremo que también es corroborado por lo expresado por la única testigo de descargo, la joven M. A. C. O. cuando señala que la cocaína presentada como evidencia fue encontrada en la habitación de la joven N. Por otro lado, la Defensa alega que tal extremo se desprende también del acta de allanamiento ratificada en juicio, donde se expresa que la cocaína fue encontrada en la habitación de la procesada N. M. A.. Añade la recurrente que según el testimonio del agente policial F. R., su compañero de apellido R. recibió la denuncia de que en el Barrio Lempira de San Pedro Sula, entre la 7ª y 8ª calle, 8ª avenida una persona de nombre N. vendía droga y que al momento del allanamiento la imputada I. B. regañaba a su hija N. insistiendo que la droga no era de su propiedad. También arguye la Defensa que no se le incautó cantidad de droga alguna a la acusa I. B. y que ésta fue detenida cuando ya los agentes habían ingresado a la vivienda allanada con lo cual no ha podido alterar el orden o ubicación de las cosas existentes al interior de la misma; de todo lo cual concluye que de las pruebas evacuadas en el debate no se desprende de manera indubitada que la señora I. B. era la poseedora de la droga incautada ni que ésta haya realizado actos de comercialización de sustancias narcóticas, por lo que al haberse dictado una sentencia condenatoria en su contra, el Tribunal de enjuiciamiento ha vulnerado el principio lógico de derivación y con ello las reglas de la sana crítica. Esta Sala constata que la recurrente hace una exposición de los métodos de investigación que en su opinión han debido seguirse para la investigación de los hechos objeto de juzgamiento, al indicar en un inicio que ha debido utilizarse un agente encubierto que a su vez se valiera de billetes previamente marcados, para luego fustigar la inactividad de los agentes policiales cuando observaban los movimientos de manos atribuidos a la procesada. Si a ello se añade que la Defensa acusa falta de claridad al determinar y exponer cuales son las reglas de la sana crítica vulneradas por el Juzgador, el presente motivo ha de ser desestimado. POR TANTO: La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre del ESTADO DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los Artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 339, 359, 360, 362 y 369 del Código Procesal Penal; 5 y 18 del Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas.- FALLA: PRIMERO: Declarando PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su Único Motivo interpuestos por la Abogada N. E. F. Q. en su condición de Apoderada Defensora de la acusada I. C. B. G.. SEGUNDO: Casando la sentencia condenatoria de fecha doce de abril de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés y por tanto absolviendo de responsabilidad penal a la encausada I. C. B. G. por el delito de tráfico ilícito de drogas; TERCERO: Condenando a la encartada I. C. B. G. por el delito de facilitación del local para la posesión de drogas preordenada al tráfico; CUARTO: Imponiendo a la procesada I. C. B. G., la pena de SIETE AÑOS SEIS MESES DE RECLUSION más las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la condena principal; QUINTO: Declarando SIN LUGAR el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su motivo único, interpuesto por la Abogada N. E. F. Q. en su condición de Apoderada Defensora de la acusada I. C. B. GALVEZ contra la sentencia condenatoria de fecha doce de abril de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda con arreglo a Derecho.- REDACTÓ EL MAGISTRADO CÁLIX VALLECILLO.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil quince.- Certificación de la sentencia de fecha cuatro de noviembre del año dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-299-2012.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Vid. LUZON CUESTA, JOSE MARIA, en El Recurso de Casación Penal, 2ª edición, Editorial Colex, Madrid, 2000, págs.. 147-148.

[2] Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, 21ª edición, Tomo II, Editorial Espasa Calpe, S.A., Madrid, 1999, el adjetivo similar se refiere a lo que tiene semejanza o analogía con una cosa (vid. pág. No. 1882). Por otro lado, el adjetivo semejante alude a lo que semeja o se parece a una persona o cosa (vid. pág. No. 1859)

[3] A la que el Juzgador de instancia concede credibilidad (vid. Folio No. 166 vuelto y 167.

[4] Vid. Folio No. 143.

[5] En virtud del principio de inmediación el Juez se relaciona directamente con los medios de prueba sobre los que ha de formar su convicción. Significa dicho principio que la actividad probatoria ha de transcurrir ante la presencia o intervención del órgano jurisdiccional encargado de pronunciar la sentencia. Un procedimiento está presidido por el principio de inmediación cuando el Juez o Tribunal están obligados a formar su íntima convicción y a fundamentar su sentencia exclusivamente con el resultado probatorio que ha podido formarse bajo su directa intervención en el juicio oral. De este modo el proceso lógico seguido por el Tribunal de Instancia en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto a control a través del examen casacional.