Sentencia CP-294-11 — Registro 5486
Resumen
En primera instancia se absolvió al imputado por el delito de violación especial, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL EN SU ÚNICO MOTIVO, INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO DENUNCIANDO VIOLACIÓN A GARANTÍAS CONSTITUCIONALES. I.- Expuso el recurrente, que el Tribunal Sentenciador infringió el Artículo 124 de la Constitución de la República en relación al artículo 141 literal ch) del Código de la Niñez y la Adolescencia, así como al Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño; consignando como Precepto Autorizante el Artículo 361 del Código Procesal Penal. Explicó la recurrente, que el Artículo 24 de nuestra Constitución de la República establece la obligación del Estado de que todo niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación; por su parte, el Artículo 141 literal ch del Código de la Niñez que refiere cuando un menor se encuentre en situación de abandono o peligro; además de lo regulado en la Declaración de los Derechos del Niño que dispone que los menores gozarán de una protección especial por parte del Estado. Consideró la recurrente que la sentencia impugnada, es una puerta abierta al irrespeto a los Derechos de los Menores, al darle visos de legalidad a una vulneración de derechos del niño ofendido, al no procurarse la sanción del responsable de una vulneración en los derechos de la niña A. G. C. A.. II.- La Sala de lo Penal, ha reiterado que la esencia del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional estriba en la observancia de Derechos, Garantías y Principios Constitucionales en el Juicio Penal, conocido es que por su propia naturaleza, el Derecho Penal es un medio de control social que implementa los instrumentos más represivos del Estado y, en consecuencia, necesita como límite a ese Derecho de Persecución de Infracciones Penales, una serie de Derechos y Garantías Constitucionales que hagan de esa persecución un proceso que se ajuste a las reglas señaladas por la Ley Procesal, asegurándose el respeto a la Dignidad Humana de la persona sometida al ius puniendi. En general toda norma legal puede vincularse con una norma constitucional, pero el Recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe de utilizar la vía de este tipo de Recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación que se regulan, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los Recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Forma, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). Así, el Código Procesal Penal señala en el artículo 361, que para interponer el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional bastará para fundamentarlo indicar la infracción, pero se debe señalar concretamente la norma constitucional lesionada, y de qué manera afecta a la defensa. III.- La Declaración de los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea General de las Organizaciones de las Naciones Unidas en su resolución 1386 (XIV) del 20 de noviembre de 1959, recoge el Principio 2 que reza: “El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño”, por su parte el artículo 124 de la Constitución de la República indica: “Todo niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata.” Y finalmente el artículo 141.ch del Código de la Niñez y la Adolescencia determina que “Un menor se encontrará en situación de abandono o peligro cuando: a)… b)… c)… Ch). Sea objeto de acciones u omisiones que tiendan a pervertir su personalidad, tales como promover o facilitar la prostitución o cualquier otra forma de abuso sexual; las ofensas al pudor; las exhibiciones sexuales impropias; la exposición de desnudos que ofendan la decencia pública; el alcoholismo habitual y excesivo; el uso, consumo y tráfico de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas; la práctica de juegos prohibidos o violentos; la entrada a garitas, casas de prostitución u otros sitios inapropiados; el acoso sexual; las incitaciones deshonestas o corruptoras, incluso aquellas que se manifiestan por medio de preguntas y proposiciones irrespetuosas y, en general, todas las incitaciones que afecten el desarrollo psicológico, la dignidad, la autoestima y el sano juicio de los niños…”. La recurrente expone la violación de un Precepto Constitucional (Art. 124) y la de un Precepto con Rango Constitucional (Art. 2 de la Declaración de los Derechos del Niño), los que vincula con una norma secundaria (Art. 141.ch del Código de la Niñez y la Adolescencia), mismas que si bien, son de aplicación directa y ineludible observancia, además de ser valiosos principios, no constituyen normas vinculadas del derecho penal o del proceso penal que den paso a la revisión del mismo; cómo se explica líneas atrás, no toda norma constitucional que se considere violentada podrá fundamentar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, sino solo aquellas que al ser normas informadoras del derecho penal o el derecho procesal, inciden directamente en el resultado emitido en la sentencia. En el presente caso, el Estado de Honduras inició investigación criminal en contra de una persona adulta, a la que se le presumió responsable de un delito en perjuicio de una menor de edad, investigaciones que dieron paso a una acción penal pública, que activó un proceso penal hasta la emisión de la sentencia respectiva, misma que mantiene el estado de inocencia de la persona acusada debido a criterio del Tribunal de Sentencia, la prueba fue insuficiente para demostrar lo contrario, ello no implica abandono de parte del Estado de Honduras de su obligación de protección, por el contrario en aras de cumplir con dicha obligación es que se produjo el proceso penal que nos ocupa, más la tesis acusatoria no puede imponerse cuando no tenga medios de prueba que le apuntalen, en perjuicio del conjunto de derechos igualmente constitucionales que le asisten al acusado[4]. En el caso de autos, el hecho de que se haya dictado una Sentencia Absolutoria contra el imputado, en virtud de que los Sentenciadores no lograron adquirir la certeza necesaria para dictar un fallo condenatorio, no significa que se le hayan anulado los derechos a la menor ofendida, pues precisamente la menor se amparó en su derecho a no declarar contra su pariente, resultando imposible establecer la dinámica de los hechos y confirmar la tesis acusatoria. Por todo lo antes expuesto, es procedente desestimar la presente impugnación. .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de julio de dos mil quince, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los señores MAGISTRADOS MARCO VINICIO ZÚNIGA MEDRANO como Coordinador, JACOBO CÁLIX HERNÁNDEZ y CARLOS DAVID CÁLIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de El Progreso, Departamento de Yoro, en fecha dieciocho de junio del año dos mil diez mediante la cual ABSOLVIÓ al señor C. A. C. F. del delito de VIOLACIÓN ESPECIAL en perjuicio de A. G. C. V..- Interpuso el Recurso de Casación la Abogada M. Z. S., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público. SON PARTES: La Abogada C. M. P. en su condición de Representante del Ministerio Público, como parte recurrente y el Abogado H. S. M. S. en su condición de Defensor Privado del señor C. A. C. F., como parte recurrida. HECHOS PROBADOS ÚNICO: Que la menor A. G. C. V., hija del señor C. A. C. F., nació el 31 de mayo de 1998 y a inicio del mes de febrero del año 2008 vivía con su padre en la Colonia 18 de Septiembre de la Ciudad de El Progreso, departamento de Yoro, época en que cursaba el cuarto grado de educación primaria en la escuela Cristiana Internacional los Castaños de esta misma ciudad.” CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Precepto Constitucional, reúnen los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de los mismos. II.- La Recurrente Abogada M. Z. S., en su condición ya indicada desarrollo sus Recursos de Casación de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN I. POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: PRIMER MOTIVO: no haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final numeral 3 del artículo 362 del CPP. Será de utilidad para la mayor comprensión del presente recurso establecer lo que se debe entender en cuanto a la valoración de la prueba en un proceso penal. Según el Artículo 202 del Código Procesal Penal el sentenciador formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida y con arreglo a la sana critica, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla Cuarta del artículo 338 del mismo cuerpo legal. Este sistema de valoración, que implementa la reforma procesal penal, le permite al sentenciador cierta libertad en su estimación de pruebas que determinen su convencimiento, pero siempre respetando las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Resulta, que la sentencia que hoy se cuestiona por esta via impugnativa, contiene un vicio grave que atenta con las reglas de la sana crítica a observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte, en consecuencia, en la violación de los artículos mencionados de la manera que a continuación se explica: Expresa el Juzgador en la sentencia de merito, específicamente en la sección de la valoración probatoria en el numeral primero: “ El tribunal advierte una serie de contradicciones entre ambos dictámenes; la doctora G. S. determina que el himen de la menor ofendida estaba integro y señala además el hallazgo de lesiones traumáticas en el vestíbulo y cara interna de labios menores, a punto que al realizar la evaluación encontró zonas enrojecidas en labios menores y que no se atrevió a introducir su dedo porque había visto que el himen estaba integro y que no iba a correr el riesgo de romperlo. El doctor A. A., perito forense del Ministerio Público, por su parte determino que si había habido penetración sin ruptura dilatable himen y no encontró lesiones paragenitales ni extragenitales…..No puede darse valor probatorio a los hechos que la ofendida supuestamente relato al doctor A. A. porque el es un perito y no un testigo, la valoración de su evacuación debe circunscribirse única y exclusivamente al ámbito científico de la pericia y no como pretende la agente fiscal. Visto lo anterior y siendo que la persona directamente ofendida se abstuvo de declarar en contra del padre, no podríamos tener por cierto o valido ninguno de los dictámenes al no contar con la narración de los hechos de la víctima y poder relacionar lo dicho con alguno de los dictámenes”. Dicha conclusión dispositiva del A quo en cuanto a la absolución por el delito enjuiciado, precedido de un proceso intelectivo de valoración probatoria evidentemente infringe la regla lógica de razón suficiente en su característico de veracidad, ya que su decisión carece de sustento derivado del contenido de la probanza evacuada en el juicio, lo cual se hace manifiesto al momento valorar esta última, específicamente en lo atinente a la pericia de evaluación física practicada a la ofendida, en la cual después del análisis practicado a las mismas, les resta el valor probatorio que las mismas le ofrecen, ya que constituyen un complemento científico a la probanza testimonial evacuada con las formalidades establecidas en la ley. Dicha apreciación del A Quo es precisamente lo que genera la Infracción señalada, en virtud que la misma no se desprende de la prueba pericial en relación, tal como lo evidenciaremos a continuación. La Doctora Maria Elizabeth Gabrie, evaluó físicamente a la ofendida el 05 de febrero de 2008, encontrando un himen integro, pero en vestíbulo y cara interna de labios menores, lesiones traumáticas al parecer de tipo sexual, al ser preguntada por el representante del Ministerio Público ¿De acuerdo a su experiencia que tipos de hímenes hay? Respondió….en evaluadas ocasiones existen hímenes elásticos. ¿Esa elasticidad que usted acaba de mencionar la midió en eses momento con la menor A.? Respondió: Hice la separación en los labios menores pero obviamente no introduje ningún dedo ni aparato para la exploración por la edad de la niña…. ¿puede haber penetración en un himen elástico? Respondido: Si, cuando es elástico puede haber penetración y no se rompe. El Perito Forense del Ministerio Público Doctor Alfonso Avila Amador evaluó a la menor A. G. C. V., al día siguiente 06 de febrero, concluyendo que la menor presenta: Himen anular de bordes gruesos y de escaso cuerpo, sin rupturas, dilatable el cual permite el acceso de dos dedos del evaluador, lo que podría permitir el acceso de cuerpo u objeto romo, ejemplo pene adulto erecto, sin romperse. De las pericias referidas se logra evidenciar que las mismas no son contradictorias como equívocamente lo señala el Tribunal en el acápite de valoración de la prueba, sino que las conclusiones que las mismas orientan son complementarias entre ellas, pues la primera evaluadora, si bien es una doctora, no es una experta en materia ginecológica, y al ser interrogada por el Ministerio Público en la audiencia pública señalo que separo los labios menores en la vulva de la menor pero no introdujo ningún dedo ni ningún aparato para la exploración por la edad de la niña, es decir que ante el temor de provocar un daño en la víctima no realizo una evaluación más completa, y si bien es cierto estableció que observo un himen íntegro, también señaló que en gran número de casos existen hímenes elásticos, que aun habiendo penetración sexual no se rompen. Por su parte el perito forense de la Fiscalía, Doctor Á. A., realizó una evaluación más completa a la menor en la observó que presentaba un himen íntegro, pero porque el mismo tiene la característica de dilatable, es decir que permite la entrada de un pene adulto erecto sin romperse. Confrontando lo antes expuesto con la valoración de la que fue objeto esta probanza, es interesante acotar lo aprobado por el autor Jose Cafferata Nores, en su obra “La Prueba en el Proceso Penal” [1] que en relación al descrédito valorativo de las pericias refiere: “Para expresar que el dictamen pericial no vincula al Tribunal, se ha dicho comúnmente que el juez es peritos peritorum. Para ello no significa que la ley crea en la omnisciencia del juez. Tan sólo le confiere el poder (y el deber) de someter a su crítica las conclusiones periciales…… La irregularidad del trámite de las operaciones periciales, la ausencia o deficiencia de los fundamentos, la falta de claridad, precisión o lógica de las conclusiones, o su contradicción con hechos notorios, normas de experiencia u otras pruebas de la causa, permitirán al tribunal no seguir el dictamen. Empero, en tales supuestos no podrá disponer sin más su descalificación probatoria, pues al versar sobre pruebas que no pueden ser descubiertas ni valoradas sin el auxilio de conocimientos especializados, el tribunal no podrá suplir per se la intervención pericial En consecuencia, en estos casos deberá intentar, previamente, la aclaración o ampliación del dictamen, o bien ordenar una nueva pericia. La prescindencia lisa y llana de la pericia, sin extremar los recaudos……podría configurar una hipótesis de arbitrariedad en la selección o en la valoración de la prueba, capaz de causar la anulación de la sentencia”. Establecido lo anterior permite concluir que la menor A. G. C. V., si fue objeto de abuso sexual, y que su himen no está roto por que es dilatable; veamos ahora a quien de conformidad con el elenco probatorio es imputable este hecho tan abominable:
Compareció al debate la testigo V. L. G. M., quien refirió que trabajaba como administradora de la Escuela Cristiana Internacional El Castaño, a su oficina llegó la maestra J. J. M. C., quien le comentó que tenía un problema con A. G., mientras estaban en la clase de Biblia y se hablaba sobre el cuerpo físico, la niña le comentó que era objeto de abuso por parte de su padre, afirmación que también frente a la deponente, contándoles que dormía con su papa, y que casi todas las noches su padre le ponía el pene en sus genitales y que le sale una cosa, y que el día anterior había abusado de ella y que le dolían sus genitales; también les comentó que en ocasiones veían películas pornográficas. En virtud del relato de la niña la llevaron donde un ginecólogo (Dra. Gabrie) quien les dijo que la menor presentaba inflamación en sus genitales por lo que posteriormente se presentaron al Ministerio Público. J. J. M. C.: declaró que en el 2008 era la maestra del cuarto grado de A. G., un día mientras impartía la clase de Biblia y hablaba sobre el cuerpo humano y los tocamientos de extraños, la menor se le acercó y le dijo que quería contarle algo, la sacó al pasillo, llorosa y nerviosa le refirió que a ella la tocaba su padre casi todas las noches, pero que le decía que era normal entre padre e hija; por la noche le introducía su órgano en la parte” de ella y después le salía un líquido blanco. Ante lo sucedido fue con otra empleada de la escuela y juntas la llevaron a una doctora para que la examinaran. K. C. S. M., Agente de Investigación Criminal; relató que realizó la investigación en el presente caso, para lo cual se entrevistó con la víctima quien le contó que desde que tenía cinco años cuando residía en los Estados Unidos junto a su madrastra, su papá comenzó con el abuso sexual, y cuando llegaron a este país también hacía lo mismo. No había contado nada porque la amenazaba con castigarla. Como prueba anticipada legalmente incorporada en juicio, se evacuó la declaración de la víctima A. G. C., en la que afirma que dormía con su padre la tocaba, le introducía el pene y le sale una “cosa blanca” que botaba en el baño, lo que sucede desde que tenía seis años cuando residían en Estados Unidos. Le ponía películas pornográficas y le decía que le hiciera como le hacen las mujeres que salían allí. Solo le ha contado lo sucedido a su maestra J. M., no lo había dicho antes porque su padre le decía que le iba a pegar. Igualmente se evacuó el Dictamen Psiquiátrico No. 152-08 elaborado por el Doctor B. E. E., el cual concluyo que:… 3) En criterio pericial la menor explorada aporta un testimonio confiable del hecho investigado…”; así como el Dictamen Pericial Psicológico Forense 074-08, el cual se realizó en dos sesiones, en la primera de ellas, 05 de marzo de 2008, la menor se mostró triste, nerviosa, llorosa y refirió que su padre la tocaba y abusaba sexualmente y que cada vez que lo hacía le salía una cosa blanca por el pene. Su padre le refería que esto era una conducta normal, lo que sucede desde que tenía cinco años y residía en Estados Unidos. Asimismo señaló que la pone a ver películas de hombres y mujeres desnudas; en la segunda sesión del 18 de mayo de 2010, se mostró alerta, inquieta, defensiva y poco colaboradora, cambia su versión que fue un primo, no recuerda cuando fue ni como pasó, y que además su madrastra le ha dicho que la van a mandar a Estados Unidos cuando su padre salga de la cárcel.
Con relación a la valoración probatoria de las testigos V. L. G. M. y J. J. M. C., el Sentenciador estima que son testigos de referencia por que ninguna de ellas vio o percibió los hechos imputados, los cuales conocen solo por afirmaciones de la menor, por el testigo directo es lo único que puede resultar la veracidad de lo declarado por ellas; por lo que no pueden ser consideradas como prueba de cargo ya que no puede ser corroborada con prueba directa que sea verdadera e idónea para desvirtuar la presunción de inocencia del encartado ni porque resulta infundada la disminución de valía probatoria de las maestras (pues con relación al valor probatorio de los testigos de referencia bastará con que estos indiquen la fuente de su conocimiento así como el tipo de delito) ni tampoco el rechazo a la prueba anticipada, pues la determinación de la procedencia de la misma no le corresponde al Tribunal Sentenciador sino al Juez de Garantías.
Dichos medios probatorios nos llevan a una sola conclusión, el autor material del abuso sexual de A. G. C., es su padre, quien valiéndose de su superioridad, y del círculo íntimo en que se desenvolvía con su hija, diciéndole además que era normal lo que hacía aprovechaba la oscuridad de la noche y el espacio físico en que dormían para abusar sexualmente de su hija, por lo que podemos afirmar con fundamento en la prueba testifical y pericial antes relacionada, una vez concatenada y armonizada entre sí, nos indica que el A quo en la sentencia también vulneró la regla lógica de la Derivación en su apartado de Suficiencia al momento de valorarla, pues de la misma de manera indefectible se desprende, que la conclusión de absolver al acusado no deriva de la valoración armoniosa de la prueba aportada.
En sumario y siendo que la prueba de cargo era suficiente para dictar un fallo condenatorio por el delito de Violación Especial, el Tribunal no ha sido capaz de extraer de dicha fuente de convencimiento dada su errónea valoración en la prueba en la manera antes señalada, lo cual generó vicios in procedendo susceptibles de recurrir vía casación; vicios éstos que procedemos a anunciarlos hasta en este momento, ya que los mismos se producen en el acto mismo de sentenciar, por ende no ha podido efectuarse reclamación alguna previamente; por ende no cabe más que casar el fallo impugnado y ordenar el reenvió y evacuación de un nuevo juicio”. III.- Continúa manifestando la recurrente en su: “SEGUNDO MOTIVO: “Adolecer la sentencia proferida de motivación fáctica insuficiente”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El artículo 141 del Código Procesal Penal ordena la Motivación de las resoluciones judiciales, y precisamente en los párrafos segundo, tercero y cuarto dicen: “Los actos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación, la designación del tribunal que lo dicta, el lugar, fecha y la resolución respectiva. La motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido. La motivación de las sentencias se hará de conformidad con lo establecido en el artículo 338 de este cuerpo legal, en sus respectivos casos”. En la causa de mérito, de la lectura de la sección denominada “valoración de la prueba” del fallo impugnado no resulta posible deducir o inferir el proceso racional que llevó al juzgador a no darle credibilidad al dictamen psiquiátrico No. 152-08 y dictamen psicológico No. 074-08 practicado a la menor A. G. C. pues el Sentenciador se limitó a expresar “que en el presente caso al no existir información instrumental con eficacia directamente representativa que acredite lo alegado por el ente acusador, dichas pericias no constituyen prueba de cargo contra el señor C. A. C. F., por los mismos motivos expuestos en la valoración de la prueba pericial contenida en los numerales 1 y 2 y en la testimonial que más adelante es apreciada.” Estimación esta que no es clara, precisa, ni completa para que el lector se convenza del porque estas pericias no pueden constituir prueba de cargo, pues la descalifica por las mismas razones que la pericial 1 y 2 (dictámenes médicos de evaluación física), que en relación a ese caso fue porque “El tribunal advierte una serie de contradicciones entre ambos dictámenes; pero en lo que se refiere al dictamen psiquiátrico No. 152-08 y dictamen psicológico No. 074-08 practicado a la menor A. G. C. el Sentenciador no explica en que radican esas contradicciones en relación a estas pericias especificas, en consecuencia la escueta frase utilizada por el Sentenciador para descalificar la prueba científica enunciada deja en el limbo el verdadero porqué, lo cual indiscutiblemente genera un vicio de forma que es manifiesto hasta el acto mismo de sentenciar, dando lugar para recurrir la sentencia por adolecer de una motivación fáctica insuficiente”. IV.- Continúa manifestando la recurrente en su Recurso de Casación: “II.- POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL: MOTIVO UNICO: Infracción por violación del artículo 124 de la
Constitución de la República, en relación con el artículo 141 literal ch) del Código de la Niñez y la Adolescencia, así como el Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Los preceptos constitucionales de niñez e internacionales citados como infringidos por violación textualmente dicen: El artículo 124 Constitucional en su parte conducente dice: “Todo niño debe de ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata.- […]” El artículo 141 literal ch) del Código de la Niñez y la Adolescencia prescribe: “Un menor se encontrará en situación de abandono o peligro cuando: […] ch) Sea objeto de acciones u omisiones que tiendan a pervertir su personalidad, tales como promover o facilitar la prostitución o cualquier otra forma de abuso sexual, las ofensas al pudor; las exhibiciones sexuales impropias; la exposición de desnudos que ofendan la decencia pública; el alcoholismo habitual y excesivo; el uso, consumo y tráfico de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas; la práctica de juegos prohibidos o violentos; la entrada a garitos, casas de prostitución u otros sitios inapropiados; al acoso sexual; las incitaciones deshonestas o corruptoras, incluso aquellas que se manifiestan por medio de preguntas y proposiciones irrespetuosas y, en general, todas las incitaciones que afecten el desarrollo psicológico, la dignidad, la autoestima y el sano juicio de los niños.- […]”
Por su parte, el precepto internacional enmarcado en el Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño dispone: “El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño.” Las condiciones de vulnerabilidad del grupo social que conforma a los niños ha sido una de las razones que ha motivado la creación, tanto internacional como interna, de un conjunto normativo que procure la protección de ese grupo social. Pero la satisfacción de esa exigencia no se agotó con la sola creación de un conjunto normativo que regule esas situaciones, es evidente que toda creación de normas implica, para la implementación de su efectividad, un respeto irrestricto a aquellas disposiciones. Esa exigencia nos lleva hasta el hecho de que los organismos estatales, sin importar el Poder del Estado del cual emanen, tienen la obligación de tomar sus resoluciones en apego a aquellos preceptos que pretenden garantizar los derechos de los niños. En el presente caso, la resolución emitida por el Tribunal Sentenciador se alza como una puerta abierta al irrespeto de los derechos de los menores, y es así, en tanto que las exigencias mínimas de moralidad de la actividad estatal, se encuentra afectadas al ser disminuidas al extremo de darle visos de legalidad a una vulneración de los derechos del niño ofendido en la presente causa, generando una apariencia de anulación de los derechos que le asisten, específicamente al derecho de ser protegidos de todo abuso sexual, como parece que sucede en el presente caso al no procurarse la sanción del responsable de una vulneración en los derechos del niño y por consiguiente dejando al desamparo de cualquier protección estatal los derechos específicos a la menor A. G. C. A. La referida protección se expande a varios ámbitos de la vida del menor, desde el ámbito físico, ya que evidentemente dicho menor fue sometido a tratos depravados sexualmente hablando, que sin lugar a dudas despliega en la personalidad psicológica de la niña, un futuro sometimiento al sexo pervertido, tal como lo describe la pericia psicológica que se aportó al debate, ya que éste medio de prueba va mas allá que todos los demás, pues nos evidencia el real efecto que ha producido el fallo impugnado como ser: Que el Estado a través de este tipo de fallos, coloca en este caso especifico a la menor A. G. C. A.., en condición de riesgo social, al declarar inocente al acusado, pues ha quedado impune los hechos de los cuales el andamiaje probatorio nos dice que es responsable; también el Estado le falla a la víctima, por su condición de ser una niña, en lo que teóricamente le garantiza la Constitución de la República; todo ello únicamente porque el menor al momento de rendir su declaración ante los excelentísimos miembros del Tribunal de Sentencia, no quiso declarar actitud ésta que a los Sentenciadores les llevó a concluir que no existe información con eficacia representativa que acredite lo alegado por el ente acusador; estimación ésta que a nuestro criterio es totalmente subjetiva e infundada, pues los resultados de la armónica concatenación de la prueba del proceso en su conjunto dicen otra cosa. Lo que hace desembocar en que por parte del mismo Estado se genere, una falta de protección de los ambientes mínimos que dispongan los medios que permitan el desarrollo físico, moral, espiritual y social saludables, formales y dignos al menor. Para efectos de ilustración nos permitimos transcribir lo que al respecto señala el jurista J. B. R.[2]; “…se estima que debe protegerse el libre desarrollo sexual del menor en relación a los mayores, dadas las interferencias que puede sufrir por parte de éstos en cuanto a la estimación de la significación de sus actos. Se trata pues de una circunstancia objetiva que debe ser considerada dentro de los presupuestos del desarrollo de su capacidad de actuación”.
Para los efectos del artículo 363 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público expresa que la interpretación pretendida del precepto penal relacionado, está orientada a que la Corte Suprema de Justicia decrete que se ha conformado un inobservancia de la obligación estatal de proteger a la menor A. G. C., de todo tipo de desamparo ante el abuso sexual del que fue objeto, que se materializó en haberse permitido que el menor sea sometido a un ambiente en el cual se pervierte su personalidad (específicamente en lo que respecto a su vida sexual) afectando el desarrollo psicológico y su sano juicio, y qué decir de su implicaciones físicas (cuerpo que no ha terminado de desarrollarse y por consiguiente no apto para esa vida sexual). Así las cosas se afirma que el sentenciador, con su decisión jurídica, ha producido en consecuencia la Infracción del Precepto Constitucional que contiene el Derecho de los Niños a ser Protegido (artículo 124), relacionado con el artículo 141 literal ch) del Código de la Niñez y la Adolescencia, así como el Principio 2 de la declaración de los Derechos del Niño, mismos que deben ser enmendados a través del fallo que resuelva el presente motivo de casación”. DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA EN SU PRIMER MOTIVO INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO, DENUNCIANDO LA INOBSERVANCIA A LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA. I.- Expresó la Recurrente que el Juzgador al momento de valorar la prueba evacuada en el juicio violentó las Reglas de la Sana Crítica, consignando como Precepto que le autoriza la interposición del Recurso, en el Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Explicó la denunciante, que en la sentencia recurrida, en el numeral primero de la Valoración Probatoria, el Tribunal A-quo advirtió una serie de contradicciones entre dos dictámenes médicos practicados a la menor ofendida, el primero realizado por la D. G. S. que determina que el himen de la menor estaba íntegro y señala hallazgos de lesiones traumáticas en el vestíbulo y cara interna de labios menores; y el segundo dictamen practicado por el D. A. A., Perito del Ministerio Público, quien concluyó que si hubo penetración sin ruptura dilatable de himen y no encontró lesiones para-genitales. Reprocha el reclamante, que el sentenciador no les concedió valor probatorio, pues los hechos que la menor ofendida relató a los peritos no debe ser tenido en cuenta, ya que ostentan la categoría de peritos y no testigos, y siendo que la ofendida se abstuvo de declarar en contra del padre, no pueden relacionarse ambos dictámenes, El Censor consideró que dichos razonamientos violentan la Regla Lógica de Razón Suficiente en su características de veracidad, ya que sus raciocinios carecen de sustento derivado de las pruebas, pues al analizar dichos dictámenes se puede concluir que no son pericias contradictorias sino que son complementarias, y que al final se puede establecer que la menor A. G. C. V. si fue objeto de abuso sexual. Aduce igualmente la recurrente, que se presentaron al juicio a declarar las testigos V. L. G. M., J. J. M. C. y K. C. S., además de la Prueba Anticipada incorporada al juicio contentiva de la declaración de la menor víctima G. G. C.; asimismo, el Dictamen Psiquiátrico elaborado por el doctor B. E. El Sentenciador estableció que en relación a las testigos V. L. G. y J. J. M. C., son testigos de referencia, ya que no percibieron los hechos, pues lo que saben es por los dichos que la menor les expresó, pero que no podrían ser valorados como prueba de cargo porque no puede ser corroborada con prueba directa, a pesar que se evacuó la prueba anticipada de la declaración de la menor ofendida A. G. C. V.. II.- La Casación por Quebrantamiento de Forma, va dirigida a la demostración de los vicios ocurridos en la tramitación del juicio que afectan sus regulaciones esenciales. Dentro de ellos se incluyen los defectos de los que pueda adolecer la sentencia. La inobservancia de esas Reglas es controlable en Casación. El Tribunal de Casación no tendrá ante este tipo de vicios que determinar si el Tribunal de Sentencia aplicó correctamente el Derecho a los Hechos, sino comprobar si cumplió los preceptos jurídicos reguladores de su actividad. La Sala de lo Penal ya ha reiterado, que las Reglas de la Sana Crítica aseguran que el juzgador no llegue a juicios de valor que sean arbitrarios, antojadizos o subjetivos; ya que debe fundarse en parámetros claros, objetivos e identificables como lo son las Reglas de la Sana Crítica. La arbitrariedad puede darse cuando se rechaza indebidamente o se valora inadecuadamente los medios de prueba dándoles un valor que no tienen o restándoles el que razonablemente les corresponde. Para poder apreciar la infracción alegada, la recurrente debe relacionar con claridad cuál de las Reglas de la Sana Crítica -La Lógica, La Psicología, La Experiencia Común- se ha vulnerado en relación con la valoración efectuada por el juzgador de cada medio probatorio, pues debe ser claro que la valoración del juzgador tiene un grave error de razonamiento que lleva a conclusiones absurdas, arbitrarias o contradictorias. III.- Por la naturaleza del reproche cuestionado por el recurrente, es necesario que este Tribunal de Casación proceda a analizar los raciocinios utilizados por el sentenciador para determinar si los mismos fueron estructurados en base a las Reglas que rigen el recto Entendimiento Humano. En el numeral primero de la Valoración Probatoria de la sentencia que se recurre, el Juez A-quo razonó los dictámenes médicos realizados a la menor ofendida A. G. C. V., el primer Dictamen fue practicado por la Doctora M. E. G. S. el 05 de febrero del 2008, claramente establece que encontró el himen íntegro, pero en el vestíbulo y cara interna de labios menores se hallaron lesiones traumáticas, al parecer de tipo sexual. El segundo dictamen Médico fue practicado por el Doctor A. E. A. A. el 06 de febrero del 2008, el cual establece Himen anular de bordes gruesos y de escaso cuerpo, sin rupturas dilatable, el cual permite el acceso de dos dedos, labios mayores, menores, clítoris, orquilla y periné, sin evidencia externa de lesiones. El Juez A-quo concluyó que existían contradicciones entre ambos dictámenes, porque la Doctora G. S. estableció que el himen estaba íntegro, con lesiones traumáticas en labios menores al parecer de tipo sexual, pero si recalcó que encontró enrojecimiento que pudo ser causado por un manipuleo manual con un objeto que puede ser el pene o un aparato para juguetear. Por su parte, el perito A. A. estableció que el himen se encontraba sin rupturas, dilatable, el cual permite el acceso de dos dedos del examinador sin romperse, sin evidencia externa de lesiones externas. Para esta Sala de lo Penal, es correcta la apreciación del sentenciador al establecer la contradicción de que un dictamen establece que no hay lesiones para-genitales ni extra-genitales y por el contrario el otro establece que existe enrojecimiento en los labios menores y al parecer de tipo sexual, es evidente la refutación, también es correcta la apreciación que realiza el sentenciador al restarle credibilidad a ambos dictámenes, pues el Dictamen de la Dra. S. estableció que no se atrevió a meter el dedo porque vio íntegro el himen; por su parte el Dictamen del Dr. A. A. refirió que si hubo penetración sin ruptura de himen; en tal sentido considera esta Sala de lo Penal, que ante tales contradicciones es consecuente no darle valor probatorio a ninguno de los dos dictámenes. Ahora bien, el sentenciador razonó además, que no podía concederle valor probatorio a dichas pericias no solo por las contradicciones encontradas, sino que también porque no se contaba con una prueba que estableciera cómo ocurrieron los hechos, es decir, la narración por parte de la víctima, pues ésta se había abstenido de rendir declaración amparándose en su derecho que le otorga la ley de no declarar contra su pariente; razonamiento que este Tribunal de Casación considera adecuado, pues al no contar con la deposición de la propia víctima no es posible establecer con los dictámenes contradictorios, si existió vulneración a la indemnidad de la menor ofendida, tal como lo refirió el Juez A-quo. IV.- Otro de los cuestionamientos que señaló el recurrente y que está muy relacionada con los alegatos citados, es la apreciación que tuvo el Tribunal Sentenciador en relación con la Prueba Anticipada consistente en la declaración de la menor ofendida A. G. C. V., la cual se niega a concederle valor probatorio, pues consideró que la naturaleza de la prueba anticipada no podía interpretarse extensivamente mas allá de lo que exige su propia condición de excepción, pues estableció que su presupuesto de aplicación es cuando exista peligro grave de que resulte imposible o extraordinariamente difícil su práctica en el acto del debate, pero en el caso de la menor ofendida, ella se encontraba presente en el juicio y se amparó en el legítimo derecho de no declarar contra su pariente, argumento que consideró el A-quo para no concederle valor probatorio a dicha probanza. Este Tribunal de Casación considera, que los argumentos del sentenciador son correctos y deben analizarse desde dos perspectivas, la primera es que el Juez A-quo justificó su razonamiento en el hecho de que la Prueba Anticipada tiene como presupuesto de aplicación: a) Cuando exista peligro grave de que resulte imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en acto del Juicio b) Peligro de ser expuesto a presiones, mediante violencia, amenazas, ofertas o promesas de dinero u otros beneficios análogos. Así las cosas, estos argumentos que establece el sentenciador son presupuestos, que si bien, debieron ser utilizados al momento de la admisión de los medios de prueba, son también válidos para fundamentar la decisión de no proceder a valorar la prueba anticipada de declaración de la menor ofendida, debido a que, la propia víctima se había amparado en su derecho a no declarar contra su pariente. Ahora bien, nos encontramos ante un caso bastante peculiar, si bien, el sentenciador no debió admitir ambos Medios de Prueba, es decir, la documental que contenía la declaración Anticipada y a la vez la declaración de la menor ofendida en el acto del juicio, porque ambas probanzas se excluyen entre sí, no es posible valorar un medio de prueba que lo genera una misma Fuente de prueba, definida por Carnelutti como: “Los hechos percibidos por el juez y que le sirven para la deducción del hecho a probar”. CARNELUTTI 1982: 89); ahora bien, al ser la declaración de la menor ofendida la que se evacuó, ese era el medio probatorio que tenía que ser razonado por el Tribunal Sentenciador, pero, se vio imposibilitado al ampararse la menor ofendida en su derecho a no declarar contra su padre. También debemos entender que no correspondía valorar la prueba documental consistente en la Declaración Anticipada de la menor ofendida, porque constituiría una violación a los Derechos que tiene la víctima, tal como lo establece el Artículo 16 del Código Procesal Penal numeral 1, al referirse que podrá intervenir como tal en el proceso conforme lo establecido en el presente Código, y al respecto encontramos el Artículo 228 numeral 1, al referirse que no están obligados a declarar, aunque si a comparecer, “El cónyuge o compañero de hogar y los parientes del imputado dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad”, y se establece en el tercer párrafo el derecho de éstas de abstenerse de declarar; en consecuencia, no podría dársele en primera instancia a la ofendida una dispensa –su derecho a abstenerse a declarary luego pasar por alto la exención valorando una prueba documental -declaración anticipada- cuyo resultado sería el mismo, es decir, conocer la versión de la ofendida sobre los hechos acontecidos; en tal virtud consideramos que las actuaciones del Juez A-quo sobre dichas apreciaciones y argumentaciones fueron correctas y conforme a las Reglas de la Sana Crítica; razón suficiente para desestimar la presente impugnación. DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA EN SU SEGUNDO MOTIVO, INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO ARGUYENDO MOTIVACIÓN FÁCTICA INSUFICIENTE. I.- Consideró la Recurrente que la sentencia impugnada adolece de motivación fáctica insuficiente, consignando como Precepto Autorizante el Artículo 362.3 del Código Procesal Penal. Explicó la recurrente que de la Valoración Probatoria realizada por el sentenciador en relación a restarle valor probatorio a los Dictámenes psiquiátrico y psicológico practicado a la menor ofendida A. G. C., pues el sentenciador expresó: “que al no existir información instrumental con eficacia directamente representativa que acredite lo alegado por el ente acusador, dichas pericias no constituyen prueba de cargo contra el señor C. A. C. F., por los mismos motivos expuestos en la valoración de la prueba pericial contenida en los numerales 1 y 2 y en la testimonial que más adelante es apreciada”; lo que consideró el reclamante faltó de claridad, precisión e incompleto pues con ello el lector no se convence del por qué esas pericias no pueden constituirse prueba de cargo; pues las razones por las cuales las descalifica son las mismas por las que restó valor a las pericias razonadas en los numerales 1 y 2 (Dictámenes Médicos de Evaluación Física practicados a la menor ofendida) en donde el Tribunal refiere supuestas contradicciones que no pudo explicar en qué consistían. II.- Partiendo que en este vicio no se refiere a una omisión absoluta de razones de hecho o de derecho que debe portar la sentencia, la motivación insuficiente se dirigirá a la consignación de argumento, de prueba o exposición de razones jurídicas que no alcancen a justificar el hecho reconocido en la resolución o las leyes que se aplican. Se presentaría la “insuficiencia”, en los casos en que no resulte posible deducir o inferir el proceso racional que llevó al Tribunal de Sentencia a considerar como probados los hechos establecidos, o aplicar los preceptos penales por los que resuelve. Sobre el hecho, el vicio se observaría cuando consignándose en la valoración de la prueba cierta prueba, se omite indicar el por qué esa probanza convence al juzgador, como sucedería al decir que los testigos generan credibilidad simple y sencillamente porque son contestes, sin exponer en qué sentido han sido concordantes. También se estimaría la infracción cuando se haga una referencia superficial a la prueba o la simple relación de actuaciones en el proceso[3]. III.- Ante tales cuestionamientos, esta Sala de lo Penal, debe revisar las razones que esgrimió el sentenciador para considerar que el Dictamen Psiquiátrico realizado por el Doctor B. E. E. y el Dictamen Psicológico practicado por el Doctor O. R. A. A., ambos practicados a la menor ofendida A. G. C. V., no constituían prueba de cargo contra el acusado, y determinar si esas valoraciones son suficientes y coherentes. En el Acápite “Valoración Probatoria” numeral primero inciso 3 y 4, el sentenciador razonó los dictámenes periciales antes referidos –Psiquiátrico y Psicológico- y advirtió que dichas pruebas son válidas por ser emitidos por personas que cuentan con los conocimientos científicos; sin embargo, al no existir información instrumental con eficacia directamente representativa que acredite lo alegado por el ente acusador, dichas pericias no constituyen prueba de cargo contra el justiciable, por los mismos motivos que se esgrimió en los numerales 1 y 2 de ese mismo apartado. Es decir, el sentenciador consideró que las mismas razones para descartar las pruebas referidas en los numerales 1 y 2 consistentes en los Dictámenes Médicos realizados a la menor ofendida, se aplicaban para los dictámenes psiquiátrico y psicológico. Respecto a los Dictámenes Físico Médico practicados a la perjudicada A. G., el Juzgador estableció en primer lugar que eran pruebas contradictorias, en tanto que el dictamen realizado por la Doctora M. E. G. S. establecía en sus hallazgos que el himen de la menor estaba íntegro pero que si encontró zonas enrojecidas no por falta de aseo, sino por manipulación con algún objeto romo; en tanto que el Dictamen practicado por el Doctor A. E. A. A. establecía, el himen sin ruptura y dilatable permitió el ingreso de dos dedos del examinador, sin encontrar lesiones extra ni para-genitales. Ante tales contradicciones concluye el sentenciador, que era imposible darle credibilidad a las pericias debido a que eran antagónicas. Al final de su valoración estableció el A-quo: “… siendo que la persona directamente ofendida se abstuvo de declarar en contra de su padre, no podríamos tener por cierto o válido ninguno de los dictámenes al no contar con la narración de hechos de la víctima y poder relacionar así su dicho con alguno de los dos dictámenes”. Es evidente que al referirse el Juzgador en su apartado 3 y 4 que los dictámenes periciales (psiquiátrico y psicológico) no constituían prueba de cargo, pues no existe información instrumental con eficacia directamente representativa que acredite lo alegado por el ente acusador, se refiere al hecho de que no se cuenta con la declaración de la menor ofendida que valide, confirme y fundamente lo dictaminado en las pericias; razones que para esta Sala de lo Penal, le parecen suficientes y lógicas para respaldar el por qué no constituyeron ningunas de las pericias prueba de cargo contra el acusado, pues la fuente de esas pericias es precisamente la menor ofendida y ella se amparó en su derecho a no declarar; por sí solos los dictámenes periciales no podían ser utilizados como prueba de cargo en contra del acusado. En tal sentido, consideramos que la sentencia debe verse como un todo armónico en donde las pruebas deben ser vistas en su conjunto, tal como lo hizo el sentenciador, por tanto este motivo debe ser declarado Sin Lugar. DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL EN SU ÚNICO MOTIVO, INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO DENUNCIANDO VIOLACIÓN A GARANTÍAS CONSTITUCIONALES. I.- Expuso el recurrente, que el Tribunal Sentenciador infringió el Artículo 124 de la Constitución de la República en relación al artículo 141 literal ch) del Código de la Niñez y la Adolescencia, así como al Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño; consignando como Precepto Autorizante el Artículo 361 del Código Procesal Penal. Explicó la recurrente, que el Artículo 24 de nuestra Constitución de la República establece la obligación del Estado de que todo niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación; por su parte, el Artículo 141 literal ch del Código de la Niñez que refiere cuando un menor se encuentre en situación de abandono o peligro; además de lo regulado en la Declaración de los Derechos del Niño que dispone que los menores gozarán de una protección especial por parte del Estado. Consideró la recurrente que la sentencia impugnada, es una puerta abierta al irrespeto a los Derechos de los Menores, al darle visos de legalidad a una vulneración de derechos del niño ofendido, al no procurarse la sanción del responsable de una vulneración en los derechos de la niña A. G. C. A.. II.- La Sala de lo Penal, ha reiterado que la esencia del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional estriba en la observancia de Derechos, Garantías y Principios Constitucionales en el Juicio Penal, conocido es que por su propia naturaleza, el Derecho Penal es un medio de control social que implementa los instrumentos más represivos del Estado y, en consecuencia, necesita como límite a ese Derecho de Persecución de Infracciones Penales, una serie de Derechos y Garantías Constitucionales que hagan de esa persecución un proceso que se ajuste a las reglas señaladas por la Ley Procesal, asegurándose el respeto a la Dignidad Humana de la persona sometida al ius puniendi. En general toda norma legal puede vincularse con una norma constitucional, pero el Recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe de utilizar la vía de este tipo de Recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación que se regulan, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los Recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Forma, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). Así, el Código Procesal Penal señala en el artículo 361, que para interponer el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional bastará para fundamentarlo indicar la infracción, pero se debe señalar concretamente la norma constitucional lesionada, y de qué manera afecta a la defensa. III.- La Declaración de los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea General de las Organizaciones de las Naciones Unidas en su resolución 1386 (XIV) del 20 de noviembre de 1959, recoge el Principio 2 que reza: “El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño”, por su parte el artículo 124 de la Constitución de la República indica: “Todo niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata.” Y finalmente el artículo 141.ch del Código de la Niñez y la Adolescencia determina que “Un menor se encontrará en situación de abandono o peligro cuando: a)… b)… c)… Ch). Sea objeto de acciones u omisiones que tiendan a pervertir su personalidad, tales como promover o facilitar la prostitución o cualquier otra forma de abuso sexual; las ofensas al pudor; las exhibiciones sexuales impropias; la exposición de desnudos que ofendan la decencia pública; el alcoholismo habitual y excesivo; el uso, consumo y tráfico de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas; la práctica de juegos prohibidos o violentos; la entrada a garitas, casas de prostitución u otros sitios inapropiados; el acoso sexual; las incitaciones deshonestas o corruptoras, incluso aquellas que se manifiestan por medio de preguntas y proposiciones irrespetuosas y, en general, todas las incitaciones que afecten el desarrollo psicológico, la dignidad, la autoestima y el sano juicio de los niños…”. La recurrente expone la violación de un Precepto Constitucional (Art. 124) y la de un Precepto con Rango Constitucional (Art. 2 de la Declaración de los Derechos del Niño), los que vincula con una norma secundaria (Art. 141.ch del Código de la Niñez y la Adolescencia), mismas que si bien, son de aplicación directa y ineludible observancia, además de ser valiosos principios, no constituyen normas vinculadas del derecho penal o del proceso penal que den paso a la revisión del mismo; cómo se explica líneas atrás, no toda norma constitucional que se considere violentada podrá fundamentar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, sino solo aquellas que al ser normas informadoras del derecho penal o el derecho procesal, inciden directamente en el resultado emitido en la sentencia. En el presente caso, el Estado de Honduras inició investigación criminal en contra de una persona adulta, a la que se le presumió responsable de un delito en perjuicio de una menor de edad, investigaciones que dieron paso a una acción penal pública, que activó un proceso penal hasta la emisión de la sentencia respectiva, misma que mantiene el estado de inocencia de la persona acusada debido a criterio del Tribunal de Sentencia, la prueba fue insuficiente para demostrar lo contrario, ello no implica abandono de parte del Estado de Honduras de su obligación de protección, por el contrario en aras de cumplir con dicha obligación es que se produjo el proceso penal que nos ocupa, más la tesis acusatoria no puede imponerse cuando no tenga medios de prueba que le apuntalen, en perjuicio del conjunto de derechos igualmente constitucionales que le asisten al acusado[4]. En el caso de autos, el hecho de que se haya dictado una Sentencia Absolutoria contra el imputado, en virtud de que los Sentenciadores no lograron adquirir la certeza necesaria para dictar un fallo condenatorio, no significa que se le hayan anulado los derechos a la menor ofendida, pues precisamente la menor se amparó en su derecho a no declarar contra su pariente, resultando imposible establecer la dinámica de los hechos y confirmar la tesis acusatoria. Por todo lo antes expuesto, es procedente desestimar la presente impugnación. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 361, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 3 de la Convención de los Derechos del Niño.- FALLA: PRIMERO: Declarar NO HA lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos interpuesto por la Abogada M. Z. S., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la causa instruida contra el señor C. A. C. F.. SEGUNDO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo interpuesto por la Abogada M. Z. S., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la causa instruida contra el señor C. A. C. F..- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. Redactó: EL MAGISTRADO CÁLIX HERNÁNDEZ. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- COORDINADOR.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de septiembre del año dos mil quince.- Certificación de la sentencia de fecha veintiocho de julio del año dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-294-2011.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] Cafferata Nores, José. La Prueba en el Proceso Penal. 3ª edición. Ediciones Desalma. Buenos Aires Argentina. 198. Pág.85.
[2] Bustos Ramírez, Juan, Manual de Derecho Penal. Segunda Edición, 1991. Página 119
[3] Véase. Cuellar Cruz, Rigoberto. Fernández Entralgo, Jesús. Gomez Colomer, Juan Luis. Derecho Procesal Penal de Honduras (Manual Teórico-Práctico) y otros. Agencia Española de Cooperación. Honduras, Año 2004. Páginas 598.
[4] Véase. Sentencia de Casación Penal N° SP 139-2011 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en fecha 24 de enero del 2013.