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Sentencia CP-286-12 — Registro 5483

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Homicidio Simple, resolviendo en segunda instancia Con Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...

En cuanto al segundo motivo de Casación, mediante el cual se denuncia la violación al Artículo 32 del Código Penal, este Tribunal Superior ha detectado, que en la Fundamentación Jurídica realizada por el Juez A-quo, se ha utilizado como base el Principio de Imputación Recíproca, el cual, según lo explican los sentenciadores, corresponde a que la Doctrina considera que son coautores los autores porque cometen el tipo entre todos, los coautores se reparten la realización del tipo de autoría, como ninguno por si solo realiza completamente el hecho, no puede considerarse a ninguno partícipe del hecho de otro; rige en este caso –explican los juzgadores- el Principio de Imputación Recíproca de las distintas contribuciones, es decir, el acuerdo mutuo que convierte en partes de un plan global unitario de las distintas contribuciones. Es oportuno aclarar, que esta Sala de lo Penal, ha dictado varios fallos en el sentido de establecer quiénes deben ser considerados autores y coautores de un hecho delictivo y ha tomado como suya la Teoría del Dominio de Hecho (Ver sentencias de casación penal números SP 376-2009, SP 371-2009) la cual consiste en que, el que tenga el dominio del hecho será autor, aunque no realice un elemento del tipo, tal como lo cita Wezel “Coautoría es autoría, cuya especialidad consiste en que el dominio del hecho delictivamente unitario no reside en un individuo, sino que reside conjuntamente en varios…. El dominio del hecho corresponde aquí en común a todos: no a un individuo, ni tampoco varios individuos en concreto, sino que todos juntos son titulares de la decisión, constituyendo la actividad de cada uno, junto con las de los demás, en virtud de la conexión de sentido dada por la decisión común de acción, un todo unitario[2]”. En el caso examiné, y conforme lo relata el Cuadro Fáctico, el imputado A. P. C. es responsable de la muerte del señor O. D. P. M., pues el hecho probado número uno claramente establece que disparó junto con otro co-procesado en la humanidad del señor O. D. ocasionándole su muerte; pero el hecho probado nada dice, nada refiere, nada declara respecto a que los decesos de los señores N. P. e I. A. P., se deban a un plan preconcebido entre todos los co-procesados, en el cual se diera un reparto de funciones y mediante el cual todos tuvieran el dominio del hecho; en el Relato Fáctico claramente el Sentenciador individualizó las acciones mediante las cuales los perjudicados resultan muertos, de forma tal que se le atribuye únicamente al imputado A. P. C. como verdad incuestionable, la muerte del ofendido O. D. P. M., si el Juez A-quo pretendió responsabilizar al ahora acusado de las muertes de los otros ofendidos, pues las pruebas arrojaron que existía un plan preconcebido entre los co-procesados, debió establecerlo puntualmente en los hechos. Por ende, según está conformada la Fundamentación Fáctica, es procedente enmendar el yerro del Sentenciador y condenar al señor A. P. C. por un único delito de HOMICIDIO; por tanto, este segundo motivo de Casación por Infracción de Ley debe ser declarado Con Lugar..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el dos de septiembre del dos mil quince, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS, MARCO VINICIO ZÚNIGA MEDRANO en su calidad de Coordinador JACOBO CÁLIX HERNÁNDEZ y CARLOS DAVID CÁLIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley, por Quebrantamiento de Forma, y por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha treinta de noviembre de dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Comayagua, mediante la cual falló: 1) CONDENANDO al acusado A. P. C. por el delito de HOMICIDIO en perjuicio de N. P. B.; a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN; por el delito de HOMICIDIO en perjuicio de O. P. M., a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN, y por el delito de HOMICIDIO en perjuicio de I. A. P., a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN. 2) CONDENANDO al acusado A. P. C., a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que duren las condenas principales; así como también a trabajar por el tiempo que duren las mismas. 3) DECLARÓ la Responsabilidad Civil del condenado A. P. C.. 4) NO CONDENÓ a dicho procesado al pago de costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, por Quebrantamiento de Forma, y por Infracción de Precepto Constitucional, el Abogado E. T. S., en su condición de Apoderado Defensor del señor A. P. C.. SON PARTES: El Abogado E. T. S. en su condición antes indicada, como parte recurrente y la Abogada I. A. F. en su calidad de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS PRIMERO: El siete de abril del año dos mil nueve, como a eso de las nueve de la noche, en la casa de habitación de la señora L. C. V. ubicada en la aldea Las delicias del Municipio de San Jerónimo, departamento de Comayagua, con ocasión de una vela familiar en el interior de la misma se encontraban N. P., O. P. e I. A. P., cuando para ese momento llegan los señores A. P. C. y los señores C., N., J., J., D. y E. de apellido P., quienes mantenían una enemistad con los primeros; inmediatamente A. P. C. y la persona de nombre C. P. le disparan a O. D. P. M. ocasionándole cinco heridas a corta distancia y cuatro a larga distancia lesionando el pericardio, hemopericardio, laceración del corazón, diafragma, hígado, intestino delgado que le ocasionan la muerte. SEGUNDO: Una vez N. P. pretende reaccionar ante la agresión contra O., N. P. hace uso de un arma de fuego y dispara contra N. P. ocasionándole una herida en la región del tórax, fractura de esternón, sexta y séptima costilla del lado derecho, laceración de pulmón derecho que le ocasiona la muerte; I. A. P. al observar cómo le disparan a O. y N., decide salir corriendo de la casa siendo alcanzado por el señor E. P. quien le provoca con un machete una herida localizada en la región superior izquierda del occipital que le ocasiona laceración del duramadre y las meninges, membranas que cubren el cerebro, que producen la muerte de I. N.; una vez que se encuentran ya los cuerpos en el suelo, el resto de los acompañantes de A. P. haciendo uso de machetes producen heridas o cortes en los cuerpos de N. P. y O. D. P.. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Ley, por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por el Abogado E. T. S., en su condición de Apoderado Defensor del Señor A. P. C., reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- El recurrente Abogado E. T. S., actuando en su condición de Apoderado Defensor del señor A. P. C. procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley, Quebrantamiento de Forma y Violación de Precepto Constitucional, de la manera siguiente:” EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY. PRIMER MOTIVO: Infracción por falta de aplicación del artículo 24, numeral 1) incisos a), b) y c) del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación está comprendido dentro del artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El proceso penal se desarrolla a través de una serie de actos consecutivos, relacionados entre sí y progresivos, que permiten avanzar en la resolución del conflicto mediante la aplicación de la ley sustantiva, es decir, la adecuación de la norma penal correspondiente al caso concreto. La incorrecta interpretación de la norma penal al sub judice o la aplicación de una norma distinta de la adecuada (como la alegada en el presente motivo), generalmente producto de un vicio en la actividad intelectual del órgano jurisdiccional; según, (G. M., E., Juico Oral, Sentencia Arbitraria y Recurso de Casación, Editorial Universidad, p.141), constituye el error in iudicando que torna procedente la vía de la casación a efectos de enmendar el error cometido por el tribunal declarando nula su decisión y dictando un nuevo pronunciamiento ex lege. El precepto penal citado como infringido por falta de aplicación textualmente manda: “ se haya exento de responsabilidad penal: 1. Quien obra en defensa de su persona o derechos, o de la persona o derechos de otro, siempre que concurran las circunstancias siguientes: a) Agresión ilegítima; b) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; y, c) Falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende….”; El Tribunal Sentenciador después de practicadas y valoradas las pruebas allegadas al proceso, (disque, utilizando las reglas de la sana crítica), estableció como su verdad material inobjetable, en cuanto al imputado A. P. C., la contenida en el primer hecho estimado probado, lo siguiente: HECHOS PROBADOS.- 1° El siete de Abril del año dos mil nueve como a eso de las nueve de la noche en la casa de habitación de la señora L. C. V. ubicada en la aldea Las Delicias, San Jerónimo, Departamento de Comayagua, con ocasión de una vela familiar, en el interior de la misma se encontraban N. P., O. P. e I. A. P., cuando para ese momento llegaron los señores A. P. C. y los Señores C., N., J., J., D. y E. de apellido P., quienes mantenían una enemistad con los primeros; Inmediatamente A. P. C. y la persona de nombre C. P. le disparan a O. D. P. M. ocasionándole cinco heridas a corta distancia y cuatro a larga distancia lesionando el pericardio, hemopericardio, laceración del corazón, diafragma, hígado intestino delgado que le ocasiona la muerte. (Omitimos el segundo hecho probado ya que no vincula al imputado en la participación de las muertes de los hoy occiso N. P. B. e I. N. P. B.).- Equívoca conclusión a la que arribó el Tribunal por falta de aplicación del artículo 24 numeral 1. Literales a), b), y c) del Código Penal, al sub judice, el cual fue infringido por falta de aplicación, a pesar de haberse acreditado fehacientemente los requisitos que al tenor del mismo, son necesarios que concurran para actuar amparado bajo la eximente de responsabilidad penal, denominada legítima defensa; la cual para los efectos del artículo 368 párrafo 2° del CPP, debió aplicarse, e interpretarse los medios de pruebas aportados para la acreditación de dichos requisitos, de la siguiente manera; a) Agresión ilegítima; Afirma Muñoz Conde, Francisco, Derecho Penal Parte General, 8ª edición, Editorial Tirant lo Blanch, p. 322;, “previo a analizar en un caso determinado, las concurrencias o no de los requisitos de la legítima defensa, debe tomarse en cuenta las particulares circunstancias que rodearon los hechos (violencia, agresividad, inseguridad ciudadana, riñas y venganzas)”, y siguiendo ese orden de ideas, en el caso de mérito se acreditó con el medio de prueba documental consistente en la denuncias número 066/05 y 3078/05, que los imputados C. P. B. y A. P. C., ya habían sido agredidos ilegítimamente por los hoy occisos, lo que en primer lugar demuestra que por parte de los hoy imputados, que nunca pretendieron tomarse la ley por sus manos, sino que buscaron los medios adecuados para que se les dedujera la responsabilidad correspondiente, denuncias que a lo mejor nunca llegaron al Ministerio Publico porque hasta el sol de hoy no han sido judicializadas; y en segundo lugar demuestran por parte de los hoy occisos que eran personas violentas y agresivas, por lo tanto, cuando entran a la sala del velatorio y según los testigos ( D. G. M., R. V. A. y T. A. G. ), exclaman “hoy es el día que vamos a ajustar cuentas” o algo por el estilo, no era de esperase que se tratara de una broma de mal gusto, cuando entendida la idiosincrasia de la gente de “tierra adentro” ante una expresión de ese tipo hay que preparase para el combate, aunado a las circunstancias de que los hoy occisos ya habían ido por primera a vez a darle el pésame a la señora C., y si volvieron por una segunda vez cuando ya nada tenían que hacer, era sin duda alguna con la finalidad de buscar “bonche”, lo que a su vez hace suponer que estaban como fieras al asecho de sus presas, y atacan cobardemente a los imputados en un lugar cerrado y menos indicado, para terminar según ellos lo que habían empezado cuando los agredieron con anterioridad según las denuncias número 066/05 y 3078/05, poniendo así, en riesgo, bien su integridad física o la vida como bienes jurídicamente tutelados legalmente. Por su parte, Mir Puig Santiago, (Derecho Penal Parte General, 4ª edición, p. 429); establece que; “para que exista la agresión no es necesario que se llegue a la consumación de una lesión. Basta el intento idóneo de tal lesión” y si bien es cierto que los testigos de cargo no afirman quien inició la acción, (lo que es irrelevante para los efectos de este requisito), partiendo del hecho de que quienes llegan a buscar el problema son los hoy occisos, cuando los imputados están alrededor del ataúd viendo a la persona fallecida. La agresión, haciendo uso de la Lógica, como parte integrante de la reglas de la sana crítica, la misma, solo pudo ser iniciada por los hoy occisos, partiendo del hecho de que el ataúd está en medio de la sala y los testigos L. C. V. y D. G. M., están junto al ataúd y salen heridos en el cuello y cara respectivamente, por ende, las balas que sobre ellos impactan solo pueden provenir de alguna arma de fuego que portaran los hoy occisos quienes entran por las dos puertas que daban acceso a la sala, y quienes según los Certificados de Autopsias Números A557-09 y A-558-09, correspondientes a O. D. P. B. y N. P. B., dieron positivo, al análisis de pólvora en sus ropas. Así mismo, Muñoz Conde (obra citada a página 323), afirma; “que la jurisprudencia y algún sector doctrinal suelen interpretar el termino agresión en el sentido de “acometimiento”, ataque o acto de fuerza” y para esos efectos transcribimos la definición que del término “acometimiento” nos ofrece el Diccionario General Ilustrado de la Lengua Española, primera edición, editorial Bibliografía S.A., p. 17) ACOMETIMIENTO: acto de acometer, y por ACOMETER define: “Embestir [alguno]…..a uno por la espalda, 2 emprender, intentar, 3 con la preposición “a” decidirse o empezar a ejecutar [ una acción ]”, término que no deja ni el menor ápice de duda de que los hoy imputados fueron objetos de una agresión legitima por parte de los hoy occisos, cuando se encuentran viendo el cadáver del fallecido dentro del ataúd y les expresa uno de los hoy occisos “hoy es el día que vamos a arreglar cuentas” aunado a las agresiones que con anterioridad sufrieron por parte de los hoy occisos y acreditadas con las denuncias antes relacionadas; al tenor de lo dicho por el mencionado autor y las definiciones trascritas, no queda duda de la existencia de la agresión misma. Agresión que además de ilegítima fue dolosa, porque responde a la intención deliberada de los hoy occisos de poner en riesgo la integridad o la vida de los hoy imputados, pues si ya habían ido en la tarde a darle el pésame a la señora C., al ir por segunda vez sin motivo alguno, solo demuestra que estaban al asecho esperando la llegada de los hoy imputados para incitarlos a “arreglar cuentas”, buscando el lugar más apropiado para imposibilitar la huida por parte de los hoy imputados, ya que prácticamente estaban acorralados al ingresar los hoy occisos por las dos puertas que daban acceso a la sala del velatorio; además la agresión fue ilegítima porque independientemente de que hubiesen herido (como efectivamente ocurrió en el acto con el hoy imputado A. P. C. en el hecho, y también con anterioridad según la denuncia 3078/05, y con anterioridad contra el computado C. P. B. según la denuncia 066/05), o si les hubiesen segado la vida, ambos son bienes jurídicamente tutelados por la ley, por ende antijurídica la agresión, por ser constitutiva de los delitos de Lesiones u Homicidio, según hubiese sido el caso; y la antijuricidad de la acción no solo fue formal sino material, porque los atacan en un lugar cerrado, y en donde nadie imaginaria ser objeto de una agresión (una vela de cuerpo presente, lugar de reverencia y respeto ), por lo que es fácil concluir que eso bienes jurídicamente tutelados si estuvieron en real peligro, como a su vez lo estuvieron cuando fueron objeto de las agresiones acreditadas en las denuncias antes relacionadas; las que demuestran los antecedentes de violencia y agresividad de los hoy occisos, en consideración a las circunstancias en que se encontraban los imputados (casi acorralados), y la creencia (psique) en la presencia de la agresión era racional dentro del límite del riesgo permitido, dadas esas circunstancias, en la percepción objetiva de la realidad; a su vez, esa agresión ilegítima era presente y actual, porque dada la idiosincrasia de la gente del interior, cuando alguien expresa arma en mano, “hoy es el día en que vamos a arreglar cuentas”, no es una invitación a jugar o abrasarse en señal de paz, es una invitación a enfrentarse, e insisto, aunado a las agresiones que con anterioridad habían sido objeto los imputados por parte de los hoy occisos, esa agresión era inminente y real como efectivamente así lo fue, según lo acontecido. Adelantándonos a lo que presuntamente argumentará el Ministerio Público, de que ninguno de los testigos afirma quien empezó la acción, como así lo dijo en las conclusiones del juicio; debemos señalar que ello es irrelevante, ya que como lo expresa Muñoz Conde, (obra antes citada a p. 325); “ el sujeto que se defiende no tiene que esperar a que el ataque se produzca efectivamente ” criterio que también sostiene Mir Puig (obra antes citada a p. 429); afirma; “Para que exista una agresión no es necesario que se llegue a la consumación de una lesión. Basta el intento idóneo de tal lesión”, no obstante lo anterior, sin lugar a dudas quien inicia la agresión son los hoy occisos, conclusión a la cual se arriba, una vez analizadas los siguientes medios de pruebas en base a las reglas de la sana crítica, así: 1-Se demostró con las denuncias 066/05 y 3078/05, los antecedentes de agresividad y violencia de los hoy occisos en contra de los imputados. 2-Ya habían cumplido con su obligación de darle el pésame a la señora C., y sin van por segunda vez y sin motivo alguno, van con premeditación determinada de querer agredir ilegítimamente a los imputados. 3-Si al entrar a la sala del velorio los hoy occisos, según los testigos de cargo exclaman; “Que ese iba ser el día en que arreglarían cuentas”, esa cuentas, quienes las habían empezado era ellos, según se constata en las denuncias antes relacionadas. 4- Si los testigos de cargo y descargo, L. C. V. y D. G. M. salen heridos en el acto, encontrándose en medio de la sala junto al ataúd, y los imputados a su lado, la lógica común demuestra que esas balas que les impactan solo pudieron provenir de armas de fuego que pudieron portar por los hoy occisos; ya que según las autopsias practicadas a O. D. P. y N. P. B., dieron positivo a la presencia de pólvora en sus ropas. 5-Si bien es cierto que en la escena del crimen no se encontraron armas de fuego, no era de esperarse que aun estuvieran, dado que es costumbre la contaminación de la escena del crimen por familiares o curiosos, aunado a la circunstancia de que el hecho ocurrió aproximadamente a las 9:00 PM, y la policía llega a levantar los cadáveres a las 2:30 AM, según el Acta de Levantamiento aunada a folio (9); es decir, 6 horas y media después del hecho, y por la deducción lógica expuesta en el numeral anterior, es fácil suponer que si portaban armas de fuego los occisos.6-Sin lugar dudas, otro medio de prueba que apoya las conclusiones anteriores, es el comentario médico-legal del Certificado de Autopsia Número 556-09, practicada al hoy occiso I. N. P. B., cuando el médico autopsiante concluye; “el hoy occiso tenía niveles de alcohol etílico en la sangre y orina que provocan en la persona mala respuesta motora, dificultad en percibir color, forma, movimiento y dimensiones, pérdida de inhibiciones, PENDENCIAS SENTIMENTALES IRRAZONABLES, descuido en la seguridad personal, intoxicación aguda, embriaguez, marcha tambaleante, diplopía, lenguaje escandido, el comportamiento perturba la tranquilidad, convivencia y la seguridad pública”; (lo mayúscula y negrita es nuestro). Pero increíblemente el Tribunal Sentenciador (actuando parcialmente) no trascribe absolutamente nada de este cometario tan importante, (pues solo trascribió lo que le vino en gana ), y analizando objetivamente este comentario y en base a las reglas de la sana critica; vemos que esas “pendencias sentimentales irrazonables” son las nacidas producto de las agresiones anteriores contenidas en las denuncias antes relacionadas, las que sin duda ante la intoxicación aguda de que fue objeto el hoy occiso, le vinieron a la mente como sentimientos reprimidos de acontecimientos pasados y decidieron actuar premeditadamente contra los imputados. Por otro lado, este vital comentario médico, también viene a ratificar los expuesto por los testigos de cargo, de que fueron los hoy occisos quienes llegan a la vela por segunda vez, cuando los hoy imputados se encuentran junto al ataúd del fallecido a buscar problemas, como consecuencia de las “pendencias sentimentales irrazonables” a formar el escándalo que protagonizaron, cuando el médico autopsiante en referencia a los grados del alcohol del hoy occiso concluye; “perturba la tranquilidad, convivencia y seguridad pública” y precisamente eso fue lo que hicieron al interrumpir en un lugar donde debe guardarse la compostura, el respeto y la reverencia debida, lo que sin lugar a dudas fue producto de la intoxicación aguda en que se encontraba, O. D. P. como el otro occiso N. P. B., quien según el Certificado de Autopsia Número 557-09, también dio Resultado Positivo al análisis de Alcoholemia que se le practicó. Motivo de casación que pedimos sea de recibo, como así lo estimó la Honorable Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el fallo que resolvió la casación penal Número 247-2005, de fecha 26 de Abril de 2006; cuando en el mismo orden de ideas de lo que exponen los autores Muñoz Conde Francisco y Mir Puig Santiago, en referencia a la Agresión Ilegitima como requisito para la Legítima Defensa dijo; “…En este sentido ya la doctrina y la sala han mantenido que no es necesario que se de una agresión de manera concreta y real, para estar cubierto por la causa de justificación de legítima defensa, sino que es suficiente que en la psiquis del sujeto activo se represente la agresión derivando la misma de actos que en base a las máximas de la experiencia concluyan en ese ataque al bien jurídico protegido…”. Y si los imputados C. P. B. y A. p. C., por dos ocasiones ya habían sido agredidos ilegítimamente los hoy occisos, era natural y razonable que en la psiquis de éstos se representara una nueva agresión real, grave e inminente, derivada de las experiencias anteriores y de la incitación que se les hace por parte de los hoy occisos a “ajustar cuentas pendientes”. Por ende en base a la opinión de esa Sala de lo Penal, la hipotética tesis del Ministerio Publico quedará desvirtuada, porque en su opinión quien inició la acción producto de la agresión ilegítima es irrelevante; aunado a las opiniones de los eminentes juristas antes citados.-b) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelarla: Conforme al artículo 24 numeral inciso b) del Código Penal, ni este ni la doctrina, exigen una correspondencia exacta, entre la violencia con que se ataca y la fuerza con la que se repele la agresión; tampoco igualdad en las armas o elementos que se emplean en ataque versus defensa; y si recurrimos a la doctrina; según Rodríguez Llobet Javier, Delitos en contra la vida y la integridad corporal, 2ª edición, Editorial Jurídica Continental, p. 61, citando la sentencia Número 741-F-96-, de fecha 28 de Noviembre de 1996, pronunciada por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica) según la cual, “la defensa puede efectuarse con los medios que, en el momento y dadas las circunstancias se cuenten”; y según sentencia número 315/1995 del Tribunal Supremo Español, en cuanto a este requisito se establece; “La necesidad racional del medio empleado para impedirla o repeler la agresión, constituye un juicio de valor sobre la proporcionalidad entre las condiciones, instrumentos, y riesgos de la agresión y la propias de los medios defensivos, juicio de valor que obliga a tomar en cuanta no tanto la identidad o semejanza de los medios agresivos y defensivos…. Dadas las circunstancias del caso, por lo que, más que la semejanza material de los instrumentos o armas empleados debe ponderase la efectiva situación en que se encuentra el agresor y agredido….”; y dadas las circunstancias ante el caso de mérito, no podía pedírseles a los imputados que frente a la adversidad asumieran conductas heroicas o cobardes, pues la legítima defensa, como sostiene Luís Jiménez de Asúa, Lecciones de Derecho Penal, Editorial Harla, p. 191; “tiene su en base en la preponderancia de intereses, puesto que es preferible el bien jurídico del agredido que el interés bastardo del agresor”; y como nos dice Mir Puig; (obra antes citada a página 426); “ El Derecho no tiene porque ceder al injusto”, y lo anterior incluso está en consonancia al Derecho Canónico, cuando a numerales 2263, 2264 y 2265, del Catecismo, Coeditores Católicos de México, páginas 604 y 605, regulan la Legítima Defensa, y específicamente en el número 2264 la Madre Iglesia enseña; “El amor así mismo constituye un principio fundamental de la moralidad. Es, por tanto, legítimo hacer respetar el propio derecho a la vida. El que defiende su vida no es culpable de homicidio, incluso cuando se ve obligado a asestar a su agresor un golpe mortal”. Y ante el sub judice, según el primer hecho estimado probado por el Tribunal, a la única persona que dio muerte el hoy imputado fue al hoy occiso O. D. P. M. (y que conste, según ese mismo hecho, el Tribunal asume como una verdad inobjetable; y que lo hizo por haber ejecutado 5 disparos de corta distancia, a quien según, el mismo hecho, atribuye su ejecución también al co-procesado C. P. B.), pero contradictoriamente al Certificado de Autopsia Número 557-09 practicado al occiso, éste recibió 5 heridas de arma de fuego y 6 de arma blanca, pero no especifica a consecuencia de cual de todas ellas murió, pero como el Tribunal da por verdad material de que las que le ocasionan la muerte son los disparos por arma de fuego que atribuye su ejecución a dos procesados, la pregunta es; ¿ Cual de todas esas 5 heridas le ocasionó la muerte o propiamente quien de los dos imputados la o las ejecutó ?, dado de que en el segundo hecho estimado probado no atribuye ninguna participación al hoy imputado en la muertes de N. P. B. e I. N. P., responsabilizando de sus muertes a N. P. y E. P., respectivamente; criterio que es contradictorio incluso al Certificado de Autopsia antes aludido, ya que según este la causa de la muerte fue por “exanguinación” sin especificar cuál de todas las heridas la produjo, y partiendo de la lógica común, es más factible desangrarse por una herida de arma blanca a por una de arma de fuego, por lo que podría concluirse que la muerte del hoy occiso no lo pudieron provocar ni A. P. C., ni C. P. B., según la contradicción entre la opinión del Tribunal y la causa de muerte contenida en la Autopsia. Volviendo al requisito que nos ocupa, podemos afirmar que los hoy occisos portaban armas blancas, pues así lo manifestaron los testigos, y de las conclusiones de los Certificados de Autopsia Números 557/09 y 558/09, practicados a los hoy occisos O. D. P. y N. P. B., se puede afirmar que también portaban armas de fuego, al dar positivo a los análisis de pólvora practicados en sus ropas; aunadas a las circunstancias en que salen heridos de arma de fuego los testigos L. C. V. y D. G. M., en base a su posesión en medio de la sala, junto al ataúd acompañados de los hoy imputados, y por las posición en referencia a los hoy occisos, esas balas solo pudieron haber venido de las armas que portaban los hoy occisos. Y adelantándonos a lo que pueda argumentar el Ministerio Publico, de que por el hecho de haber sufrido el hoy occiso O. D. P. 5 heridas de arma de fuego y 6 de arma blanca, pero partiendo del primer hecho estimado probado por el Tribunal es una verdad incuestionable que murió a consecuencia de las producidas por arma de fuego, y los 5 disparos atribuye su ejecución a dos personas, A. P. y C. P., por lo tanto no cabria decirse que “la defensa pudo o debió adoptar una intensidad lesiva menor”, (exceso intensivo), en todo caso cualquier hipotética opinión del Ministerio Público en ese sentido, de desvanece con lo expuesto en el párrafo siguiente. Motivo de casación que pedimos sea de recibo, como así lo estimó la Honorable Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el fallo que resolvió la casación penal Número 197-2005, de fecha 13 de Diciembre de 2005; cuando en el mismo orden de ideas de lo anteriormente expuesto sostiene; “No es posible el exceso de los límites de la defensa necesaria si a sido el efecto inmediato de una emoción violenta ocasionada por el ataque….” Quien en opinión de Francesco Carrara, es el elemento psíquico del exceso en la defensa; y si los imputados ya habían sido agredidos en dos ocasiones por los hoy occisos, aunado a que son sorprendidos en un lugar encerrado y de sorpresa, cuando se les incita a “ajustar cuentas” las que quedaron demostradas con las agresiones que fueron objeto en las denuncias antes referidas, lo que nos conduce inequívocamente a comprender la emoción violenta ocasionada por el cobarde y premeditado ataque de que fueron objeto.- c) Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende; si lo imputados se encuentran en medio de la sala del velatorio viendo el cadáver el fallecido J. C. C., patentizándole las muestras de condolencias a la señora C.; con este acto de de solidaridad, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia están provocando de algún modo a los hoy occisos, es mas en ese momento ni se han advertido de la presencia de éstos en la sala, sino, hasta que uno de los occisos les incita a “ajustar cuentas”, y aunque según este requisito la falta provocación suficiente, tiene que ser por parte de quienes se defienden; mas bien, quienes llegaron a provocar y a busca problemas fueron los hoy occisos, desde el momento que hacen uso de la expresión antes dicha; y como dice Iglesias Río, Granada 1999, pp.471 y ss) citado por Muñoz Conde Francisco, en la obra antes citada, a p. 327; “ sostiene que también deben considerarse provocaciones suficientes, los casos de provocación imprudentes, de conductas antijurídicas no constitutivas de agresión ilegitima y de comportamientos ético-socialmente desaprobados en situaciones excepcionalmente intolerables, bromas de mal gusto, burlas etc.” Creemos de suma importancia señalar que el Tribunal Sentenciador, al no tomar en cuenta las alegaciones de la Defensa y las pruebas aportadas tendientes acreditar los requisitos en cuanto a la Legítima defensa alegada como causa de justificación criminal, al no motivar su inexistencia no observó lo dispuesto en el artículo 342 del CPP, en cambio le da valor a los supuestos testigos protegidos, cuando no les debió dar por las razones siguientes; 1-A folio (29) con la declaración de la Señora G. A. C., se acreditó que el supuesto testigo Clave “A”, jamás estuvo en el lugar de los hechos al momento de protagonizarse, pues afirma que J. P. O. (nombre al cual responde) es su compañero de hogar y se encontraban durmiendo juntos y en otra aldea lejana (Plan del Cedro); asimismo que en esos hechos, resultó herido A. O. C., (hijo del testigo protegido y la señora G. A. C.), he ahí el interés manifiesto por declarar las mentiras que dijo. 2-Es una enorme coincidencia que ambos testigos protegidos quienes son padre e hijo a la vez, ( según la documentación que sea acompaña, cuyos parentescos se exponen más adelante al explicar el Segundo motivo de casación por violación de precepto constitucional.; inicien por unanimidad su declaración diciendo; “yo iba llegando al lugar”; ( como quien dice, solo llegaron a presenciar y no a velar), cuando el hecho ocurrió aproximadamente a las 9:00PM, y no habiendo luz eléctrica en la aldea, siendo una zona cafetalera donde permanentemente hay trabajo, la idiosincrasia de la gente de “tierra adentro” nos dice que la gente llega temprano a los velorios para no irse tarde por sus quehaceres al día siguiente. 3-Cuando el testigo Clave “A” afirma; “yo voy a ver todo”, (como si fuera una película ), además de ser contraproducente con la Lógica Común, es un desafío al “Instinto de preservación de la vida”, el cual es innato a cada ser humano y el que nos permite huir, buscar protección o seguridad ante actos que ponen en riesgo la integridad física o la vida, pero aun cuando a página 8, párrafo 2°, del Acta del Debate dice; “permanecí en el lugar hasta que pasó todo eso, UNA MEDIA HORA, UNA HORA O DOS HORAS” (o mayúscula y negrita es nuestro) lo cual es absurdo porque no fue una batalla campal lo que aconteció, y además contradice en ello a todos los demás testigos incluso al Calve “C”, ya que éste dice; “ yo estuve ahí fue unos dos o tres minutos”, y este mismo testigo al en la página 9, párrafo 1°, parte in fine del Acta del debate dice; “ No sé cuanto duró uno no puede esperar porque le da miedo huir PORQUE TODA LA GENTE HUYO” (lo mayúscula y negrita es nuestro), lo que desubica al testigo Clave “A” presenciando por media, una o dos horas los hechos . ¡He allí su grado de certeza y credibilidad! 4.- Finalmente, aduce el testigo Calve “A”, que en referencia a las armas; “ Don C. portaba una 38, A. un 22 automático (en referencia a un rifle), N. un rifle pesado (fusil ya que sin que conste en el Acta del Debate, el Tribunal dice en la sentencia en la valoración de la prueba a pagina 5, párrafo 2°, parte in fine, que el calibre era 225), aunque según el testigo Clave “C” contradice al Clave “A”, cuando afirma que N. portaba un fusil y una 9; y a su vez se contradice así mismo, cuando a pagina 9, párrafo 1°, parte in fine del Acta del debate dice; “no le puedo decir quiénes estaban allí solo vi a N.” cuando anteriormente dijo haber visto al imputado C. P. B. y todos sus hijos varones incluido un nieto ( E. P. R.): y porque esos dichos, analizados conforme a las reglas de la sana crítica no pueden ser ciertos; a) No son expertos en balística para adivinar el calibre de un arma únicamente por su detonación, b) no estaban adentro sino que afuera del lugar donde pasaron los hechos, c) en la comunidad donde pasó el hecho no hay luz y al interior se alumbraban con candelas y una lámpara de gas, lo que imposibilita haber visto los calibres, d) nunca tuvieron en sus manos las supuestas armas de fuego para periciarlas y determinar sus calibres, y e) esos dichos contradicen las Actas de Levantamiento de cadáveres aunadas a folios ( 9-19), donde en solo la aunada a folio (11), describe 2 indicios de casquillos de armas de fuego, 1 supuestamente calibre 22 y otro desconocido), lo que demuestra la contaminación de la escena, ya que según las autopsias a O. D. P. le impactaron 5 heridas de arma de fuego y una a N. P. B., y ¿Dónde están los demás casquillos como evidencia ?. Por lo que en síntesis, en el sub judice se cumplen a rajatabla todos y cada unos de los requisitos de la legítima defensa como causa de justificación penal, por lo tanto, solicitamos humildemente que el presente motivo sea de recibo, declarándose con lugar el presente recurso, y en lo demás se resuelva con lo que de conformidad a derecho sea procedente. III.- El recurrente Abogado E. T. S., sigue manifestando en su Recurso de Casación por Infracción de Ley. MOTIVO SEGUNDO: “Infracción por violación del artículo 32 del Código Penal, (aplicación indebida). PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación está comprendido en el artículo 360 párrafo primero, del Código Procesal Penal. NORMAS INFRINGIDAS; Para los efectos de este motivo se cita como infringido los artículo 32 del Código Penal, 338, regla cuarta numeral 3), del CPP, ) en relación con el 360 párrafo segundo, del CPP; los cuales establecen; 32; “Se considera autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera cometido”; 338, regla cuarta numeral 3) “Fundamentación Jurídica. En párrafos también separados y numerados se consignaran, de forma clara, sucinta y precisa, con indicación de los preceptos o DOCTRINA LEGAL APLICABLES….” (lo mayúscula y negrita es nuestro); 360 párrafo segundo; “se entenderá por doctrina legal la reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres (3) sentencias conformes sobre un mismo asunto” EXPLICACION DEL MOTIVO: El Tribunal Sentenciador declara como hecho probado número 1); que el imputado fue la persona que dio muerte al hoy occiso O. D. P. M., (únicamente), y como Segundo Hecho Probado también establece que a los hoy occisos N. P. e I. N. P., les quitan la vida, N. P. y E. P., respectivamente, responsabilizando a cada quien de una muerte concreta e individualizada. Mas sin embargo en la Fundamentación Jurídica del fallo, en el Segundo acápite, a pagina #16, párrafo segundo, cita incorrectamente una doctrina general no doctrina legal pues no reviste el carácter de legal, al tenor del artículo 360 párrafo 2° del CPP, y conforme a esa doctrina responsabiliza a mi representado de ser el autor de las tres muertes, cuando absurdamente en los dos hechos que estimó probados individualiza sus muertes con nombres y apellidos a personas determinadas y en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, establece en el Segundo hecho probado, que mi representado haya causado las muertes de N. P. o I. P., argumentando la aplicabilidad al caso concreto de la concurrencia del principio de imputación recíproca; lo que además de inaplicable al sub judice, resulta contradictorio con los hechos estimados probados, pues en los mismos a lo que hace referencia implícita a es a la coocurrencia del Principio de Autoría Individual, al responsabilizar a personas ciertas y determinadas de cada muerte específica. Cabe advertir que si bien el artículo 338, regla cuarta, numeral 3) del CPP, es permitido hacer en la sentencia definitiva, referencia a la doctrina legal aplicable, esa doctrina como dice la ley debe ser “legal” (según legen), no cualquier doctrina,(pues de ninguna menara cita sentencias emanadas de la Sala de lo Penal de La Corte Suprema de Justicia, que hayan adoptado esa supuesta Doctrina, para darle el calificativo de legal), por lo tanto, es una doctrina (contra legen), por ende inaplicable, por no tener cabida dentro del artículo 32 del Código Penal, y no ser conforme a lo establecido en el artículo 360 párrafo 2° del CPP; norma que nos establece; que debe entenderse por doctrina legal, y que yo sepa, no existe ninguna sentencia de casación, que haya adoptado el contenido del artículo 28 del Código Penal Español, como jurisprudencia, el cual si contiene el principio de imputación recíproca; y cuando el Ponente cita irresponsablemente a Mir Puig Santiago, (no señala página), es porque desconoce el contenido del artículo 28 del Código Penal Español, el cual establece; “ Son autores quienes realizan el hecho por si solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento…” el cual nada tiene que ver en cuanto al artículo 32 de nuestro Código Penal, en donde no tiene cobijo el principio de imputación recíproca, por no estar comprendida en él, la expresión “conjuntamente” a lo que da lugar a la imputación recíproca; por lo tanto, a lo que da lugar el artículo 32 del Código Penal es a; 1)- autores directos, 2)- autores mediatos, 3)- inductores y 4)- cómplices necesarios, y en Honduras no tiene aplicabilidad el principio de imputación recíproca, ya que la invocada no es doctrina legal, al tenor del artículo 338 regla cuarta, numeral 3) en relación con el artículo 360 párrafo segundo del CPP, y porque tampoco se a reformado el artículo 32 del Código Penal a la forma como está redactado el artículo 28 del Código Penal Español. Pero lo más paradójico, del Tribunal a través del Ponente, es cuando afirma que según Mir Puig Santiago, en la imputación recíproca, los coautores se reparten la realización del tipo de autoría, lo cual resulta absurdo, por dos razones, en primer lugar porque por el delito por el cual encontró responsable al imputado es homicidio y no asesinato, y la imputación recíproca responde a la premeditación como elemento del tipo penal Asesinato (artículo 117 numeral 2), del Código Penal), o como circunstancia agravante (artículo 27 numeral 6,) del Código Penal); y en segundo lugar cuando afirma el Ponente, que la imputación recíproca al tenor de la doctrina citada, se da cuando; “ No puede considerarse a ninguno partícipe del hecho de otro” lo cual es absurdo porque en los hechos que estimó probados dice quien dio muerte a cada quien, señalándolos momo autores al tenor del artículo 32 del Código Penal, con nombre y apellido y en tercer lugar es porque en ambos hechos probados tira al fondo de la basura, la Garantía a la Presunción de Inocencia contenida en el artículo 89 de la Constitución de los República a favor de los co-imputados C. P., N. P. y E. P., porque está diciendo con nombres y apellidos que éstos le dieron muerte a N. P. e I. P., lo que hace que contra éstos no hay necesidad de llevarlos a juicio oral, porque ya prácticamente fueron hallados culpables sin haber sido juzgados, nomás falta la pena a imponerles, en todo caso, el fallo se será “una crónica de una sentencia anunciada ”; en cuarto lugar porque también afirma el Tribunal a través de su Ponente que según la doctrina de la Imputación recíproca; “el acuerdo mutuo se convierte en partes de un plan global unitario”, de donde nace la premeditación de un plan previamente calculado, lo que también es absurdo, ya que no existe el menor medio de prueba de la existencia del tal plan, por los imputados, para darle muerte a los hoy occisos, en forma “conjunta” como lo determina el artículo 28 del Código Penal Español; y ello es así porque en la imputación reciproca rige el principio “pactm escaeleris”, por lo tanto la existencia de ese plan unitario solo cabe en la cabeza del Sentenciador o en la legislación penal española. Que conste. Quizás el craso error in iudicando del Sentenciador estribe en que desconoce la conceptualización de los términos Doctrina, Doctrina Común, Doctrina Legal y Teoría, y con la ayuda de Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Tomos III y VIII, páginas 328 y 40 respectivamente y, los exponemos: DOCTRINA: Enseñanza para instruir/ sabiduría, ciencia conocimiento/Teoría sustentada por varios tratadistas respecto de importantes cuestiones de Derecho, DOCTRINA COMUN: parecer u opinión generalizada entre la mayoría de los autores que se han ocupado de una materia; DOCTRINA LEGAL: según el artículo 360 párrafo 2° del CPP; “ se entenderá por doctrina legal la reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres (3) sentencias conformes sobre un mismo asunto”, TEORIA: Posición doctrinal para explicar un problema jurídico o defender alguna solución de este; por lo tanto, la opinión sostenida por el Dr Mir Puig en cuanto a la imputación recíproca, ( es doctrina legal para España por haberlo así reconocido el Tribunal Supremo en sendas sentencias y se conteste con el artículo 28 del Código Penal/ para los hondureños es simplemente teoría o doctrina, ( de carácter ilustrativo pero no de aplicación obligatoria ) por no ser de ningún modo, “doctrina legal”, al tenor de lo establecido en los artículos 338, regla cuarta numeral 3), en relación con el 360 párrafo segundo, ambos del CPP, y contravenir el artículo 32 del Código Penal nuestro.” IV.- El recurrente Abogado E. T. S., sigue manifestando en su Recurso de Casación por Infracción de Ley. TERCER MOTIVO:”Estar comprendido en los hechos declarados expresa y terminantemente probados, la predeterminación del fallo a dictarse. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación está comprendido dentro del artículo 360 del Código Procesal Penal. NORMA INFRINGIDA: Para los efectos de este motivo se cita como infringido el artículo 338, regla cuarta, numeral 1), del Código Procesal Penal, el cual establece que; “Los hechos probados deberán declararse sin emplear conceptos que por su exclusivo carácter jurídico predeterminen el fallo”. EXPLICACION DEL MOTIVO: Para explicar este motivo basta únicamente con trascribir literalmente las expresiones que utilizó el Tribunal Sentenciador contentivas de exclusivo carácter jurídico que ineludiblemente conllevan a predeterminar el fallo, y denotar como se produce así, la vulneración de la norma procesal invocada, así: Reconoceos que los hechos declarados probados en una sentencia definitiva, deben considerarse como verdades indiscutibles; lo anterior significa que el contenido de los mismos no se debe cuestionar, discutir, poner en duda, sino, por el contrario deben ser aceptados como verdades absolutas, sin embargo, como una excepción a esa regla general el legislador a incluido dentro de las causales que dan lugar al recurso de casación en el fondo, el presente motivo.1) Como PRIMER HECHO PROBADO el Tribunal Sentenciador concluye que; “…. Inmediatamente A. P. C. y la persona de nombre C. P. le disparan a O. D. P. M. ocasionándole cinco heridas a corta distancia y cuatro a larga distancia lesionando el pericardio, hemopericardio, laceración del corazón, diafragma, hígado, intestino delgado que le ocasionaron la muerte.” (aunque la autopsia A-557-09, certifica que la causa de muerte fue por exanguinación, sin especificar cuál de todas las heridas causó la muerte, y únicamente describe 5 heridas de arma de fuego, en cambio el Tribunal sentenciador en el primer hecho estimado probado aduce fueron (9), por arma de fuego al afirmar que 5 fueron de corta distancia y 4 de larga distancia; lo que significa que el Tribunal se abrogó a la vez, funciones de médico autopsiante además de sentenciador). En síntesis, la expresión antes resaltada, inequívocamente conducen a predeterminar el fallo, lo que vuelve innecesaria leer siquiera el resto de la sentencia, e irse directamente a la parte dispositiva de la misma para saber el fallo y concluir cual será el mismo, por estar expresamente predeterminado con nombres y apellidos; quienes, según el Tribunal Sentenciador cometieron el delito, sin que siquiera se haya celebrado juicio oral y público contra los coimputados N. P. y E. P. y sin que previamente haya valorizado la prueba, (en el caso concreto del imputado A. P. C.), faltando únicamente en la parte dispositiva del fallo la pena a imponer para los primeros, siendo evidente que producto de esos errores procesales que motivan el presente recurso, sucedieron en el acto de redacción del mismo, circunstancia por la cual, no fue posible reclamarlos en ese momento procesal al tenor de lo establecido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, sino, mediante la interposición del presente recurso. Cabe señalar que en el segundo hecho probado contradictoriamente dice; “I. A. P. B. al observar cómo le disparan a O. y N., decide salir corriendo de la casa alcanzado por el señor E. P. quien le provoca con un machete una herida… que producen la muerte de I. N.” es decir habla de dos personas al consignar nombres distintos, cuando según la Certificación de Acta de Defunción aunada a folio (74) éste respondía al nombre de I. N. P. B.. Lo que conforme al artículo 362 numeral 3) del CPP también es motivo de casación por ser contradictoria la motivación. Al tenor de lo establecido en el artículo 363 párrafo 3° del Código Procesal Penal, para no vulnerar lo consignado en el artículo 338 regla curta del precitado Código, lo que debió haber manifestado el Tribunal en los Hechos Probados, fue de que llegaron varios individuos sin determinarlos con nombres y apellidos, luego en la Valoración de la Prueba, si de la misma llegara al arribo de que esos individuos corresponden nombre específicos, individualizarlos determinadamente, pero jamás premeditadamente, como en efecto así lo hizo el sentenciador. Motivo de casación que pedimos sea de recibo, como así lo estimó la Honorable Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el fallo que resolvió la casación penal Número C:P 290-2007.” V.- El recurrente Abogado E. T. S., sigue manifestando en su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. “PRIMER MOTIVO: No haber observado el Tribunal Sentenciador en la valoración de la prueba, Las Reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación está comprendido dentro del artículo 362 numeral 3), del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: De conformidad con el artículo 202 del Código Procesal Penal; “Las pruebas serán valoradas con arreglo a las reglas de la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”, lo anterior en relación a lo establecido en el artículo 336 párrafo primero de precitado Código, el cual manda; “ El tribunal para resolver, solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica”, por su parte, el artículo 338 regla cuarta, numeral 2) del aludido Código, prescribe; “ Seguidamente, se expresaran las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica el valor que se les haya dado a las practicadas en el juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de los indicios, igualmente declarados probados”; (lo resaltado y subrayado en nuestro). Los hechos estimados probados en una sentencia penal (que constituye la verdad a la que el tribunal a arribado) deben estar sustentados en el acerbo probatorio que se plasma en la valoración probatoria o fundamentación probatoria. La fundamentación probatoria se divide en las frases descriptivas e intelectivas; en la primera, el tribunal describe cada una de las pruebas que dan sustento a su decisión; en la segunda (fundamentación intelectiva), el juzgador debe explicar porqué un medio de prueba le parece fidedigno y otro no y además, porqué un medio de prueba le lleva a una conclusión determinada. Sobre esta segunda operación es que recae el reproche del presente recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica de acuerdo con el motivo planteado, de tal suerte que la violación a esa reglas que corrigen el correcto entendimiento humano, constituye un problema de fundamentación de la sentencia; por ello en legislador en el artículo 338 del Código Procesal Penal, ubica dentro de la “fundamentación jurídica del fallo” (regla cuarta), la valoración de la prueba. Las reglas de la sana crítica, constituyen la especie dentro del género conocido como fundamentación. En el sistema de valoración de la prueba conforme a esas reglas, que implementa nuestro sistema procesal penal, impera la plena libertad del convencimiento de los jueces (sin incurrir en libertinaje como en el sub judice), porque exige que las conclusiones a las que se arriben sean el fruto razonado de la prueba en que se les apoye. En este sistema el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe deducirle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites; las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba en total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón. Expuesto lo anterior, veamos en qué consisten los vicios de valoración de la prueba en que incurrió el sentenciador de instancia. Es de sumo conocimiento que las reglas a que nos referimos están integradas por las de la experiencia, psicología y la lógica, y nos referiremos a estas últimas por considerar que fueron estas las que no utilizó acertadamente el sentenciador; Las reglas de la lógica implican que en el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos), y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para ser verdad), según, Allan Arburola Valverde, Manual de Jurisprudencia sobre las reglas de la sana crítica racional y valoración de la prueba; Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia 1990-19997, p. 54), la derivación debe respetar el principio de razón suficiente, para lo cual “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinado, para ello la motivación debe ser concordante a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder convenientemente un elemento de convicción del cual se puede inferir aquella”, La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y tercero excluido;. Y ello es así, porque la derivación desprendida de las reglas de la Lógica, como parte integrante de las de la sana crítica, induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas); Resulta que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la sana crítica a observarse en la valoración da la prueba, en virtud de que a la declaración de la testigo Clave L. C. V., (sin decirlo en el fallo, no lo da ningún grado de certeza, en contravención a lo establecido en el artículo 338 regla cuarta numeral 2, del CPP), y darle credibilidad al supuesto testigo protegido Clave “A”, cuando por lo expuesto y argumentando a página 9; a numerales 1,2,3 y 4, no la tienen. En Conclusión, la sentencia a de ser verdadera (el razonamiento debe de derivar de elementos auténticos), y suficiente (los elementos bases de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga circunstancias que no pueden derivarse de dos supuestos testigos protegidos que se acredita con las Certificaciones de Actas Nacimiento que de ambos se acompañan, que son padre e hijo respectivamente, acreditándose a folio (29) que tienen un interés manifestó en que se condene al imputado, ya que en los hechos que a éste se le imputan salió herido el Señor A. O. C., hijo y hermano respectivamente de los supuestos testigos protegidos, aunado a la carencia de otros medios directos, debieron llevar al Tribunal a emitir un juicio de desvalor de sus dichos. Y para los efectos del artículo 363 párrafo 2° del Código Procesal Penal; Al no tomar en consideración las declaraciones de los señores L. C. V., D. G. M. y T. A. G. y si en consideración a lo declarado por los supuestos testigos protegidos sin que éstos hayan estado en el lugar de los hechos al momento de su desarrollo y de su mentiras condenar a mi representado, se ha violentado las reglas de la sana crítica en lo que respecta a las reglas de la lógica, atentando directamente contra la exigencia de Derivación en la fundamentación intelectiva, por no extraer, las mentiras manifiestamente expuestas una razón suficiente y válida con la que se les reste valor probatorio a sus increíbles dichos. El valor decisivo de la prueba, lo produce pues, la posibilidad de generar otra conclusión (diferente) a la concebida por el juzgador, de haberse estimado las deposiciones de esos testigos como en derecho corresponde, que sin lugar a dudas se traduce en la absolución de toda responsabilidad del encartado por haber actuado amparado en una causa de justificación criminal, concretamente, legítima defensa; cuyos requisitos se ha acreditado al exponer el primer motivo de casación por infracción de ley, a páginas, 1 al 9.” VI.- El recurrente Abogado E. T. S., continua manifestando en su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. SEGUNDO MOTIVO: Contradicción en la declaración de los hechos estimados probados. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación está comprendido en el artículo 362 numeral 1), del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: El Tribunal Sentenciador declara como un hecho probado número 1); que el imputado fue la persona que dio muerte al hoy occiso O. D. P. M., (únicamente), y que como Segundo Hecho Probado también establece que a los también hoy occisos N. P. e I. N. P., les quitan la vida, N. P. y E. P., respectivamente, responsabilizando a cada quien de una muerte individualizada; lo cual es total y absolutamente incongruente con el principio de imputación recíproca, tal y como quedó demostrado” VII.- El recurrente Abogado E. T. S., sigue manifestando en su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. TERCER MOTIVO:” Deje el Tribunal Sentenciador de valorar medios de prueba de valor decisivo. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación está comprendido dentro del artículo 362 numeral 2), del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: A) Sin lugar a dudas, el testimonio de la Señora L. C. V., es determinante para la constatación de los requisitos exigidos para actuar amparado en legítima defensa en base al artículo 24 numeral 1) literales, a), b) y c) del Código Penal, ( por ser neutral ya que es testigo de cargo y de descargo, y su ubicación en la sala del velorio al momento de protagonizarse los hechos ), y sobre todo, para determinar si el imputado fue o no objeto de una Agresión ilegítima, por parte del hoy occiso O. D. P. M., mas sin embargo, el Tribunal Sentenciador omitió en la sentencia el valor que se le haya dado a su declaración, a lo que estaba obligado de conformidad al artículo 338 numeral 2) del CPP, siendo a mi juicio el testimonio de mayor valor y creíble por las razones siguientes; 1-No podemos sustráela del lugar de donde ocurrieron los hechos, porque era la madre de la persona que se velaba ese día en su casa, y la tradición es que los parientes más cercanos del difunto están al lado del ataúd, para recibir las muestra de condolencias de las demás personas, por lo tanto, ella tenia una vista privilegiada para observar lo que acontecía en la sala, lugar donde se desarrollaron los hechos. 2- No es pariente ni del hoy imputado ni de los hoy occisos, por lo tanto no tiene ningún interés mezquino en que se haga justicia, como los supuestos testigos protegidos. 3-Salió herida de bala en el cuello, y si apreciamos su declaración cuando dice que; “el ataúd estaba en medio de la sala” es lógico concluir que tiene un buen panorama para ver los acontecimientos, y si también afirma que entre las 5 y 6 P.M, llegaron por primera vez los hoy occisos a dejarle unas tortillas, lo que implica que éstos ya habían cumplido con su deber de patentizarle sus muestras de pesar por la muerte de su hijo J. C. C., y si afirma que los hoy occisos volvieron por segunda ocasión, aproximadamente a las 9:00 PM, cuando al interior de su casa ya se encontraban los hoy imputados, sin lugar a dudas era con el ineludible propósito, deliberado y premeditado de agredir ilegítimamente a los imputados; y si bien es cierto que no dice quien empezó la agresión, esta circunstancia es totalmente irrelevante, tal y como quedó expuesto con los argumentos sostenidos a páginas 2,3 y 4 al explicar la Agresión ilegítima como requisito de la legítima defensa. 4.- Afirma la testigo L. C. V. que no sabe leer ni escribir, que no acudió al sepelio de su hijo J. C. C., porque después de los hechos la trasladaron hacia el Hospital Santa Teresa de Comayagua, luego al Hospital de La Paz, donde le tomaron una radiografía, luego la trasladaron al Hospital Escuela de Tegucigalpa, donde estuvo interna 15 días, y 3 meses en chequeo, y que regresó hacia la Comunidad de Las Delicias, San Jerónimo, Comayagua, aproximadamente 3 meses después de los hechos (ver Acta del Debate, ya que en la sentencia, el Tribunal tampoco trascribe estos datos de vital importancia), y para demostrar el grado de manipulación de que fue objeto el caso desde un inicio, ya que a folio (21) el mismo Ministerio Público presentó una declaración rendida supuestamente el 08 de Abril de 2009 en sede investigativa y atribuida a la Señora C., incluso firmada por ésta cuando manifestó no saber leer ni escribir, cuando en esa fecha ella estaba luchando por su vida en un Hospital, peor cuando afirma que regresó a su casa aproximadamente 3 meses después del hecho, y nadie va rendir una declaración un día después del hecho cuando ni siquiera se encontraba en Comayagua (véase que la declaración del Señor D. G. M. quien también resultó herido en el hecho y estuvo hospitalizado en Tegucigalpa, a folio (61) es de fecha 13 de Abril de 2009, por lo tanto, la declaración fue inventada o manipulada por el investigador y es en esa declaración inventada y manipulada en donde se tergiversan los hechos, pues es allí donde se dice que quienes estaban sobre el ataúd viendo el cadáver del fallecido J. C. C., eran los hoy occisos, y no al revés como efectivamente sucedió, ya que quienes según los testigos L. C. V. y D. G. M., quienes estaban observando el cadáver era éste último testigo, C. P. B. y A. P. C.; siendo esa falsa declaración la que motivó al Ministerio Público en base a esos hechos tergiversados a presentar Requerimiento Fiscal contra el imputado y su padre y posteriormente de manera increíble contra todos sus hermanos y un hijo; ver folios ( 63-65), en base a una declaración que su manipulación está acredita en autos. B) Por otro lado, el Tribunal Sentenciador también les resta valor probatorio a lo manifestado por los testigos D. G. M. y T. A. G., al consignar en al apartado referente a la Valoración de la prueba, acápite segundo, pagina 11, párrafo segundo; “No es posible creer que los deponentes, quienes manifiestan tener vinculo laboral con C. P. y A. P., observaran que el hecho se suscitó con armas blancas…” justificación que además de ser insuficiente, no está valorada razonablemente, por las razones siguientes:1- Al Señor D. G. M. no podemos sustraerlo de la escena donde ocurrieron los hechos, porque tal y como se constata a folio (61) salió herido en la cara en los mismos, como a su vez así lo manifestó en su declaración en el debate. 2.- El propósito de estos medios de pruebas y fue finalidad es determinar quien comete la agresión ilegitima, no si los hoy occisos murieron por heridas de armas blancas o de fuego. 3.- A manera de referencia es de vital importancia que fue el mismo Ministerio Público quien a folio (61) presentó la declaración rendida en sede investigativa por el Señor D. G. M., el 13 de Abril de 2009, en donde se ratifica la declaración de la Señora L. C. V., de que eran los hoy imputados quienes se encontraban junto al ataúd viendo el cuerpo del difunto que se velaba ese día en su casa, cuando llagan por segunda vez los hoy occisos. 4- Afirma el Señor D. G. M., que al entrar a la sala del velatorio, alguien de los hoy occisos alguien de ellos exclamó; “el problema que teníamos no era para mañana sino, para hoy que lo vamos arreglar” y la existencia de ese problema se acreditó fehacientemente en juicio con el medio de pruebas documental, consistente en las Denuncias Números 0066/05 y 3070/05, interpuestas por los imputados C. P. B. y A. P. C., constatándose en la primera que el agresor del Señor C. P. B. en esa ocasión fue el hoy occiso O. D. P. M., y de la última que los agresores del imputado A. P. C., en esa ocasión fueron; N. P., I. A. P., F. P. y O. D. P. M., (es decir, los hoy occisos, excepto F. P. ), si el Tribunal hubiese valorado estos medios de prueba razonablemente, haciendo uso exclusivo de la Lógica Común, hubiese concluido que por tercera vez iban a ser agredidos ilegítimamente, que los hoy imputados nunca pretendieron tomarse la ley por sus manos, sino que entablaron las denuncias correspondientes contra sus agresores y hasta el sol de hoy sus denuncias duermen el sueño de los justos, que desde el momento que van por dos ocasiones los hoy occisos a la vela y los imputados una sola vez, aquellos van con una finalidad premeditada de querer agredirlos en la segunda ocasión, puesto que ya habían cumplido con su objetivo de darle el pésame a la Señora C. en la primera vez; pero, apartándose de la lógica racional, el Tribunal al concluir estos medios de pruebas en la valoración de la misma, acápite segundo, párrafo final (véase página 12 del fallo), aduce que la finalidad pretendida era acreditar una “enemistad manifiesta”, entre las partes enfrentadas en el hecho; lo cual es absurdo, y contraproducente, pues el fin era acreditar que las agresiones ilegítimas eran constantes y reiterativas y que si por dos ocasiones habían actuado, no había razón para creer que en la tercera vez estaban bromeando, sino que actuarían como efectivamente así lo hicieron. También miente el Tribunal cuando concluye que ambos testigos manifiestan tener un vínculo laboral con los imputados C. P. y A. P., ya que lo que ambos manifestaron, fue estar laborando para el Señor I. P., en aquel entonces, argumento que además de incierto es irrelevante, ya que en el sistema de enjuiciamiento penal Acusatorio-Adversarial, como el nuestro, la valoración de los medios de pruebas no se rige por la prueba tazada como en el sistema inquisitivo, sino conforme a las reglas de la sana critica, (las que evidentemente no aplicó el Tribunal), relación laboral que es extinta y no crea dependencia, además, los testigos están juramentados para decir la verdad, y si sus dichos fueron inciertos, el Ministerio Públicos los debería Requerirlos por el delito de Falso Testimonio en todo caso, y si analizamos sus dichos en relación a lo declarado por la testigo L. C. V., vemos que en nada difieren entre sí, y si bien es cierto que afirman haber escuchado disparos pero que no saben quienes los efectuaron, es lógico desde el punto de vista del “Principio de preservación de la vida”, el cual es innato en cada ser humano, y el que nos permite huir de una situación donde se pone en peligro nuestra vida o nuestra integridad física; por lo tanto, no era de esperarse a que se quedaran parados para ver de qué armas salían las balas y quien portaba la misma; como contra todo sentido lógico dijo el supuesto testigo protegido Clave “A”, quien a folio (29) se acreditó que no estuvo en el lugar de los hechos al momento de suscitarse los mismos, cuando afirma; “yo voy a ver todo” (véase El Ata de Debate a páginas 6 y 8 , ya que el Tribunal también omitió transcribir en la sentencia), sin justificar las razones por las cuales no lo hizo. Así mismo, afirma el Señor D. G. M., que el hecho tal vez duró 2 minutos, en cambio el supuesto testigo protegido Clave “A”, (quien a folio 29, se acredita que no estuvo en el lugar de los hechos al suscitarse los mismos), según constata en la página 5 del fallo dijo; “ esto pasó por una media hora”, (aunque según el Acta del Debate a página 8 dijo; “una media hora, un ahora o dos horas) como si se tratase de una batalla campal, cuando la lógica nos dice, que un hecho de tal naturaleza dura por lo sumo, 3 minutos, mas sin embargo, el Tribunal cree sus dichos cuando en autos está acreditado que jamás presenció los hechos, por lo que no podemos permitir, que con esas falacias se condene a una persona que según el artículo 24 numeral 1) del Código Penal, se encuentra exenta de responsabilidad penal, por haber actuado amparado en una causa de justificación criminal denominada legítima defensa.” VIII.- El recurrente Abogado E. T. S., sigue manifestando en su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. CUARTO MOTIVO: “Insuficiencia o contradicción de las motivaciones fácticas o jurídicas. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación está comprendido dentro del artículo 362 numeral 3), del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: El ineludible requisito de la motivación impone la consignación, tras el racional juicio apreciativo de la prueba, de la declaración de los hechos probados clara y precisa, en la que se han de afrontar, el punto de vista fáctico, cuantas cuestiones se hayan enlazadas con las cuestiones que han de resolverse en el fallo, equivaliendo la omisión del relato histórico, a la falta de motivación al adolecer la sentencia de uno de los presupuestos necesarios para su construcción. Ahora bien, si desde un punto de vista amplio, motivar implica la obligación que tiene el Tribunal sentenciador de exponer las razones y argumentos que llevan o conducen al fallo judicial, con base a unos antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos que los sustenten, en el caso de autos la motivación es escueta y deficiente, por las razones siguientes: 1.- En cuanto a los hechos, las declaraciones de los Señores L. C. V., D. G. y T. A. G., rendidas conforme al artículo 88 de la Constitución de la República son concluyentes que quienes se encontraban observado el cadáver del fallecido J. C. C., era el hoy imputado, su padre y el testigo D. G. M., y no al revés, de que eran los hoy occisos como lo describe en el primer hecho estimado probado el Tribunal, en base a la declaración de los supuestos testigos protegidos (J. P. O. y N. O. C., padre e hijo respectivamente, y a la vez padre y hermano de A. O. C., quien según su madre a folio (29) dijo que éste salió herido en el hecho, y que su esposo Juan Pablo Osorio se encontraba con ella durmiendo en su casa al momento de suscitarse los mismos). 2.- En cuanto a motivación jurídica, lejos de fundamentarse el fallo en el artículo 32 del Código Penal hondureño, lo fundamenta en el artículo 28 del Código Penal Español, al apreciar la concurrencia del principio de Imputación reciproca, el cual no tiene cabida en el artículo 32 de nuestra norma penal, por lo tanto inaplicable, según quedó expuesto al explicar el segundo motivo de casación por infracción de ley, a paginas 10, 11 y 12. 3.- Tampoco dentro de la motivaciones jurídicas contempla los artículos 338 regla cuarta numeral 3) en relación al 360 párrafo segundo del CPP, los que no permiten invocar una doctrina contra legen, sino únicamente doctrina legal, por lo tanto el principio de imputación reciproca es absurdo invocarlo como aplicable. 4.- La insuficiente motivación de los hechos estimados probados es contradictoria con el mismo principio de imputación reciproca, ya que en ambos hechos señala con nombres y apellidos quien dio muerte a cada uno de los hoy occisos, individualizándolos con nombre y apellido.” IX.- El recurrente Abogado E. T. S., sigue manifestando en su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. QUINTO MOTIVO:”Inobservancia de las reglas establecidas en el Código Procesal Penal, para la realización del juicio oral y público. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación está comprendido dentro del artículo 362 numeral 5), del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: Al Denegar la proposición del medio de prueba testifical, en la etapa incidental, consistente en las declaraciones de los Señores F. O. y P. V. P., (a pesar del parecer del a Ministerio Fiscal de que si se admitieran), el Tribunal inobservó lo establecido en al artículo 320 párrafo segundo del CPP, ya que la única condición que este impone para inadmitir los medios de pruebas propuestos en esa etapa, “es que los mismos puedan practicarse sin necesidad de suspender las sesiones del debate” y paradójicamente, según el Acta de Debate el juicio oral inició el 07 de Octubre de 2011, y a pagina (13) se constata que se suspendió ese mismo día y se reanudó el 21 de Octubre del mismo año; por lo tanto la única condición que impone la norma señalada si se cumplía en el caso de merito, aduciendo que no los admitía por no haberse renunciado a los testigos admitidos en la audiencia de proposición de medios de pruebas, es decir; H. A. C. C. y M. V. C., lo cual era improcedente renunciar en ese momento, ya que el artículo 320 párrafo primero del CPP, efectivamente permite excluir medios de pruebas” no renunciar a estos, pero condicionados a; “causas de ilicitud” circunstancia que no se daba en el caso de autos, por lo tanto, el momento procesal oportuno para renunciar a los mismos era al momento de proceder a evacuarlos y se me preguntase por su no comparecencia al debate. 2.- Al no permitir introducir al juicio oral mediante lectura autorizada por el Secretario del Despacho, la declaración rendida por el supuesto testigo protegido Clave “A”, aunada a folio (67vuelto) con la rendida al momento del juicio oral y público, inobservó el Tribunal lo establecido en el artículo 311 numeral 6) en relación con el 264, ambos del CPP, fundamentado según el Acta de Debate su resolución de denegatoria en disposiciones legales incongruentes al invocar como aplicables los artículos 82, 129 y 330 suponemos del CPP, los que en nada regulan el incidente planeado. Para los efectos del artículo 363 párrafo segundo del CPP; se constata en la página 4, párrafo segundo del Acta del Debate que contra la decisión de no admitir el medio de prueba testifical, consistente en la declaraciones de los Señores F. O. y P. V. P., interpuse conforme a los artículos 352 y 353 del CPP, el correspondiente recurso de reposición el cual también fue denegado; y en cuanto al acto donde se denegó introducir mediante lectura autorizada conforme al artículo 311 numeral 6) del CPP, la declaración rendida a folio (67 vuelto) por el supuesto testigo protegido Calve “A”, para establecer las contradicciones con la rendida en el acto del juicio oral; a pagina 7 párrafo 6° del Acta del Debate, se constata que interpuse el correspondiente recurso de reposición , el cual también fue declarado sin lugar por el Tribunal Sentenciador.” X.- El recurrente Abogado E. T. S., formalizó su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional de la manera siguiente: ”PRIMER MOTIVO: Infracción por vulneración de la Garantía de Inviolabilidad al Derecho de Defensa establecida en el artículo 82, de la Constitución de la República, en relación con el artículo 14 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación está comprendido dentro del artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: Estable el artículo 82 de nuestra Carta Magna que “el Derecho a la Defensa es inviolable”, El Derecho de defensa fue concebido como una necesidad a las constantes vejaciones de las que eran objeto las personas sometidas al proceso penal, específicamente a la imposibilidad material en la que se encontraba el procesado para hacer valer su versión sobre los hechos que se investigaban. Dicho derecho, además de constituirse como una prerrogativa a favor de su titular, también se proyecta como una garantía al procurar la protección de otros derechos otorgados a las personas intervinientes en los procesos, como el de contradicción, igualdad de armas (artículos 4 y 13 del CPP). Si bien es cierto que el derecho de defensa parece concebido como de exclusiva utilización de las personas imputadas de la comisión de un delito, al constituirse como una de las muchas limitantes en las que se puede parapetar el indiciado ante los abusos de un Estado como órgano represor, lo cierto es que ese derecho no es del patrimonio privilegiado del procesado, sino de todo aquel sujeto que intervenga en la realización del proceso. Es cierta esa necesidad que parece el imputado de contar con armas eficaces para poder repeler los ataques de un Estado que, por sus propias características, se presenta como un gigante poderoso que impone su voluntad, pero también es cierto que no debemos, con el ánimo altruista de proteger al más débil, debilitar tanto al gigante que lo dejamos más endeble que el débil, ya que también ese gigante tiene algo que defender, que de manera general seria la armoniosa convivencia social y de manera más especifica los derechos lesionados de la victima (artículo 17 del CPP), de tal suerte que si no le diésemos el derecho de defender su posición estaríamos cometiendo injusticia bajo la bandera de la justicia. El Derecho de defensa, como cualquier otro derecho, pretende potencializar al imputado a las condiciones del Estado, permitiéndole a aquel hacer uso de los instrumentos logísticos y otros medios de éste y de esa manera colocar a las partes en iguales condiciones, (Principio de igualdad de armas), y al inadmitir el Tribunal Sentenciador, la proposición de los testigos F. O. y P. V. P., propuestos en la etapa incidental conforme al artículo 320 del CPP, (a pesar del parecer del Ministerio Público de que si se les recibiera su declaración), despojó a la Defensa, de un arma fundamental para acreditar que si hipotéticamente el indiciado pudo haber cometido el delito, no obstante, existe una causa de justificación criminal (legítima defensa) en la cual pudo amparase. Como fundamento para no admitir la declaración de los testigos nominados, establece el Tribunal Sentenciador “el turno de incidentes, en un momento procesal para que las partes dentro el mismo, puedan excluir, entre ellos o renunciar o sustituir medios de pruebas”, lo cual no es del todo cierto, ya que al tenor del artículo 320 del CPP, esta disposición contempla la exclusión de medios de pruebas, ello está condicionado a “causas de ilicitud”, y como en el presente caso no se pedía excluir a los testigos nominados en la audiencia de proposición de medios de pruebas; H. A. C. C. Y M. V. C., (por causas de ilicitud), sino, porque se determinó que los nominados en la etapa incidental tenían mejor y mayor conocimiento de cómo ocurrieron los hechos que se investigan, por lo tanto, el momento procesal oportuno para renunciar a los primeros era al momento de proceder a evacuarlos, y se nos preguntara por su no presencia ni comparecencia al debate; y de la lectura gramatical del artículo 320 del CPP, se colige que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, que es en ese momento al que aduce el Tribunal Sentenciador, donde se debe renunciar o sustituir medios de pruebas propuestos con anterioridad, si bien es cierto que el Tribunal Sentenciador, argumentó que sin renunciar a los anteriores, era desproporcional la proposición hecha en la etapa incidental, esa desproporcionalidad solo existía en la mente del tribunal o en teoría, ya que el artículo 12 del CPP, nos impone el deber ser leal para con la justicia, y anuncié que en el momento procesal oportuno renunciaría a la evacuación de los primeros, y a pesar de recurrir vía reposición la resolución tomada, fue desestimado el recurso, lo que sin lugar a dudas conllevó a la vulneración del principio fundamental de la Inviolabilidad del derecho a la defensa, establecida como Garantía Constitucional a favor de mi representado en el artículo 82, de nuestra Norma Fundamental, porque no se evacuaron las declaraciones de los testigos nominados en la audiencia de proposición de medios de pruebas ni los propuestos en el debate de manera incidental, vulnerándose así el Principio de igualdad de armas, parte integrante del Principio de la inviolabilidad al derecho de defensa; razón por la cual se impugna el presente fallo, para que se anule la sentencia y se mantenga en el goce y ejercicio o se le restituya este derecho al imputado que tanto la Constitución de la República como las Tratados Internacionales de que Honduras forma parte, establecen en su favor. El Derecho de Defensa, consagrado en nuestra Constitución política, no constituye un conjunto de principios axiomáticos, o verdades abstractas, o principios filosóficos ilusorios o utópicos; son y deben ser siempre hechos concretos que deben observarse en todas las actuaciones del derecho, con especial interés cuando un ciudadano es despojado de esos derechos en un juicio penal, al pretender deducírsele responsabilidad ante una posible participación en un hecho ilícito, sancionado por la ley y reprochado por la colectividad; es por ello que este derecho es piedra angular en el contradictorio de las partes, supone que a de dárseles la oportunidad de alegar a cada parte y probar sus derechos e intereses legítimos, con las finalidades propias de la veracidad, de ahí surge precisamente el Principio de igualdad de armas procesales el cual debe ser real y efectivo para cada parte involucrada en el proceso; pero ante la negativa del Tribunal Sentenciador a recibir la declaración de los testigos en referencia, no pudo hacerse efectivo ni real dicho Principio. Por otra parte, si tuviésemos que conceptualizar de una forma sencilla el Derecho de Defensa tal vez terminaríamos indicando que; “es la facultad que se le otorga a las partes para que puedan defender su derecho de la agresión que dicen sufrir de la contraparte (el imputado defiende su libertad, mientras que la victima defiende su derecho a la justicia)”. Partiendo de esa idea es que se logra entender cómo es que el Derecho de Defensa se viene a establecer como la cuna y abrevadero de otros derechos y garantías como ser el Principio de Contradicción, ¿Cómo podría defenderme si no puedo contradecir?, sin lugar a dudas, la incorporación de la prueba testifical denegada, al debate, tal vez hubiese ratificado las enormes contradicciones en que incurrieron los testigos protegidos en todas las declaraciones rendidas a lo largo del proceso, y que jamás estuvieron en el lugar de los hechos al desarrollarse los mismos, y sus falacias hubiesen quedado al descubiertas y por ende desenmascarados los mismos. Por lo que, en síntesis solicitamos que el presente recurso sea declarado con lugar, para así ubicar nuevamente al Derecho de Defensa en el sitial que le corresponde para que el aparato judicial funcione correctamente.” XI.- El recurrente Abogado E. T. S., continua manifestando en su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. SEGUNDO MOTIVO:”Infracción por vulneración de la Garantía del Debido Proceso establecida en el artículo 90, de la Constitución de la República, en relación con el artículo primero del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación está comprendido dentro del artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: Estable el artículo 90 de nuestra Carta Magna que; “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. La Garantía genérica del Debido Proceso en materia penal, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que están puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del mismo. El debido proceso se ha interpretado frecuentemente como un límite a las leyes y los procedimientos legales, por lo que los jueces deben definir y garantizar los principios fundamentales de imparcialidad, ( ya que no puede haber debido proceso, si el juez es tendencioso, porque el juez debe ser equidistante respecto de las partes, lo que se concreta en la llamada; “bilateralidad de la audiencia”), justicia (entendida como la potestad de dar a cada quien lo suyo y lo que a su vez, le pertenece) y libertad (de la cual se adoleció al llevarse llevase de encuentro el contenido de lo establecido en el artículo 90 de la Constitución de la República), según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas; tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro el proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y de hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez. Este principio procura tanto el bien de las personas como de la sociedad en su conjunto.- Las personas tienen interés de defender adecuadamente sus pretensiones dentro el proceso.- La sociedad tiene interés que el proceso sea realizado de la manera más adecuada posible, para satisfacer las pretensiones de justicia que permitan mantener el orden social. Expuesto lo anterior y previo a explicar el motivo, la defensa quiere dejar demostrado a efectos de ilustración; que el testigo protegido Calve “A”, jamás estuvo en el lugar de los hechos al momento de su desarrollo, y para la demostración de esta tesis se adjunta al presente, la Certificación del Acta de Nacimiento Número 0313-1944-00053, perteneciente a J. P. O. nombre al que responde el supuesto testigo protegido Clave “A”, (y para su constatación y verificación) solicito se abra el sobre sellado que contiene los datos, cuyo arrastre a la Sala de lo Penal de esa Honorable Corte Suprema de Justicia pido en este acto al Tribunal Sentenciador), y esa tesis se demuestra así; a folio (29) de la primera pieza corre la declaración rendida en sede investigativa por la Señora G. A. C., (compañera de hogar del supuesto testigo protegido Clave “A” y madre del supuesto testigo protegido Clave “C”), extremo que se acredita con la correspondiente Acta de Certificación de Nacimiento Número 0313-1979-00043, a nombre de; N. O. C., de la cual se colige que el supuesto testigo protegido Calve “A” y la Señora G. A. C., son sus padres; y éstos a su vez, son los padres del Señor A. O. C., ( extremo que se acredita con la Certificación del Acta de Nacimiento Número 0313-1979-00042, que se acompaña ) manifestando a folio (29) la testigo G. A. C., que su hijo salió herido en los hechos que se investigan, cuando afirmó; “ Que el día 08 de Abril de 2009, ella se encontraba en su casa en compañía de su esposo de nombre J. P. O., (e increíblemente el Tribunal Sentenciador le da valor sus dichos cuando su propia esposa lo desubica en el lugar de los hechos), y como a eso de las 10:00 horas de la noche llegó a su casa su hijo de nombre A. O. C., en donde le manifestó que lo habían herido en casa de la Señora C. C.” (véase a página número 6 del Acta de Debate, donde la Señora L. C. V., manifiesta que sus vecinos en la comunidad de Las Delicias, San Jerónimo, Comayagua, la conocen solo por Cristina, pero que su propio nombre es L. C. V.), declaración que demuestra sin un ápice de duda, que el supuesto testigo protegido Clave “A” estaba durmiendo en su casa y en otra comunidad distinta a donde ocurrieron los hechos, (Plan del Cedro, San Jerónimo, Comayagua), y acreditándose con este mismo testimonio que el hijo de ambos A. O. C., salió herido en los hechos que se investigan, por ende, lo que los motivó a declarar es el ánimo de odio y de venganza y no el que se aplique justicia de manera imparcial y desinteresada; y en definitiva faltan a la verdad por no haber presenciado los hechos y ser parciales, por ser víctima al mismo tiempo, al salir herido su hijo y hermano (de los supuestos testigos protegidos) en los hechos que se investigan. Expuesto lo anterior, La Garantía del Debido Proceso establecida en el artículo 90 de la Constitución de la República, se violentó por lo siguiente; manda el artículo 311 numeral 6), del CPP; que una de las formalidades, derechos y garantías a que tiene derecho el imputado, “es a que se incorporen al juicio por medio de lectura, que hará el Secretario; las declaraciones del acusado y los testimonios practicados durante la etapa preparatoria, cuando sean contradictorios con la manifestado después en el acto del juicio, a fin de que las partes puedan interrogar al acusado o al testigo, sobre la contradicción apreciada entre ambas manifestaciones sucesivas” y a folio (67), corre la declaración rendida en sede investigativa por el supuesto testigo protegido Clave “A”, de fecha 15 de Abril de 2009, (ocho días después de haber ocurrido el hecho), cuando su compañera de hogar a folio (29), la rindió un día después de haber ocurrido el hecho, es decir, el 08 de Abril de 2009, y aquel a renglones 10 y 11 del folio (67), dijo en aquella oportunidad que se encontraba por el comedor de la casa, lo que contradice la declaración rendida en el acto del juicio al manifestar que estaba afuera de la casa y que no entró; y no podemos desconocer que uno de los Principios que impera en el proceso penal Acusatorio, es el Principio de contradicción, contenido en el artículo 4 del CPP; y violentándose así este Principio y el del Debido Proceso a la vez, argumentando el Tribunal a página 7 del Acta del Debate lo siguiente; “El Tribunal es respetuoso de los derechos del proceso” lo cual es una farsa, como farsa es cuando alude que en la valoración de los medios de pruebas utiliza las Reglas de la sana critica, eso es una frase semántica, trillada y gastada, pues la realidad demuestra lo contrario, así ( véase lo expuesto en referencia a las Reglas de la sana crítica, a páginas 14 al 16, al explicar el primer motivo de casación por quebrantamiento de forma), como también son una farsa los fundamentos legales que invoca para denegar la introducción de la lectura autorizada, pues irresponsablemente en el Acta de debate se consignan como fundamento a la resolución los artículos (82, 129 párrafo 3° y 330 del CPP cuando el primero lo que regula es la devolución de las acciones una vez resulta una cuestión de competencia y el segundo la negativa a presentar juramento para declarar y el tercero la forma en que se a de rendir la declaración; cuando lo solicitado es un acto permitido en ley en base al artículo 311 numeral 6,) del CPP, en relación con el 263 y 264, los que determinan que la etapa investigativa conlleva implícitamente la etapa preparatoria. Pero lo increíble de los argumentos en contradicción, es que al interrogar la Defensa a la Señora L. C. V., sobre si tenía comedor en su casa, dijo que no, pero por arte de magia, esta pregunta ni su respuesta están consignadas en el Acta del Debate, como pretendiendo acomodar este dicho a la negativa de introducir la contradicción en los testimonios del supuesto testigo protegido Calve “A” a otros intereses ( razón por la cual también se solicita el arrastre de la cinta magnetofónica en que se grabó el debate, para que sea oído por esa Honorable Sala de lo Penal, el interrogatorio de la Defensa a la testigo L. C. V., y verifique o constate que si se hizo tal pregunta y se obtuvo su respuesta ), pues son nos explicamos a que intereses que no esté consignada la misma en el Ata correspondiente. Por todo lo anterior expuesto, solicitamos es que el presente recurso sea declarado con lugar, para así ubicar nuevamente la Garantía al Debido Proceso en el sitial que le corresponde para que el impere el Estado de Derecho; pues de todos es sabido que el Debido Proceso, es el conjunto de etapas formales, secuenciadas e imprescindibles realizadas dentro del proceso penal por los sujetos procesales, cumpliendo los requisitos prescritos en la Constitución o leyes secundarias con el objetivo de que; los derechos subjetivos de las personas llevadas al proceso y eventualmente sentenciadas, no corran el riesgo de ser desconocidos y también de obtener de los órganos jurisdiccionales un proceso justo, transparente e imparcial. DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY, EN SU PRIMER Y SEGUNDO MOTIVO, INTERPUESTO POR LA DEFENSA PRIVADA DEL ACUSADO, DENUNCIANDO LA FALTA DE APLICACIÓN DEL ARTICULO 24 NUMERAL 1 DEL CÓDIGO PENAL Y LA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 32 DEL CÓDIGO PENAL. I.- Esta Sala de lo Penal, ha decido resolver en primer término los motivos de Casación por Infracción de Ley, pues en ellos se cuestionan los Hechos Probados y al constituirse la Fundamentación Fáctica en el cimiento de la Sentencia Penal, es menester prioritario analizar estos motivos de casación; de igual forma, ha tenido a bien resolver el primer y segundo motivo de Casación por Infracción de Ley en un mismo apartado, debido a que ambos guardan íntima relación con los argumentos planteados por el Recurrente. II.- Estableció el recurrente, que se infringió por falta de Aplicación el Artículo 24 numeral 1 de Código Penal y se violentó el Artículo 32 del mismo cuerpo legal; estableciendo como Precepto autorizante el Artículo 360 del Código Procesal Penal. Estableció el Censor, que el Tribunal Sentenciador dejó de aplicar el Artículo 24 numeral uno, que refiere la Legítima Defensa, pues conforme los medios de pruebas aportados por la defensa y por el mismo ente acusador, se logró establecer que existió: a) Agresión Ilegítima: lo cual se deduce con las pruebas documentales consistentes en las denuncias 066/05 y 3078/05 en el cual se establece que los imputados C. P. B., A. P. C. ya habían sido agredidos ilegítimamente por los hoy occisos; b) Necesidad Racional de medio empleado para impedirla o repelerla; según los hechos probados al único que dio muerte el ahora imputado fue al señor O. D. P.; además los ahora occisos portaban armas blancas y además armas de fuego; al igual que el encartado; c) Falta de Provocación suficiente por parte del que se defiende, el cual se cumple al momento en que los occisos entran al velatorio y dijeron “ahora si vamos ajustar cuentas”. En el segundo motivo expuso el recurrente se violentó el Artículo 32 del Código Penal, pues en los hechos probados se establece que dio muerte al ahora occiso O. D. P. M., ya que individualiza las acciones entre los otros Co-imputados, pero sorprendentemente se basó en la doctrina española de Principio de Imputación Recíproca, en el cual se establece que son autores quienes realizan el hecho por si solos, conjuntamente o por medio de otro de que se sirven de instrumento, pero sorprendentemente el Tribunal A-quo condenó al encartado A. P. C. por tres delitos de HOMICIDIO, infringiendo gravemente el Código Penal en lo referente a quien considera como autores de hechos delictivos. III.- Tal como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A la Sala, tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de Derecho contenido en la sentencia. El Recurso de Casación por Infracción de Ley tiene por finalidad, la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de Derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse o partir su alegación, de los Hechos Probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. La Jurisprudencia ha sentado de manera reiterada como presupuesto de la Casación por Infracción de Ley, el principio de intangibilidad de los hechos fijados en la sentencia recurrida, estableciendo que el Recurso de Casación fundado en ese motivo, sólo procede para corregir el Derecho, de suerte que las cuestiones de hecho escapan al control jurisdiccional del Tribunal de Casación. La doctrina ha establecido tres especies o modalidades al referirse al Recurso de Casación por Infracción de Ley, es decir, “Violación o Falta de Aplicación” que consiste en la falta de aplicación de ley o doctrinas legales que corresponden o se ajustan a los hechos probados que enuncia la sentencia, “Aplicación Indebida” que consiste precisamente en la invocación por el Juzgador de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, y por último la “Interpretación errónea” que consiste que citando la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. IV.- El Sentenciador estableció como Hechos Probados los siguientes: “Primero: El siete de abril del año dos mil nueve, como a eso de las nueve de la noche, en la casa de habitación de la señora L. C. V. ubicada en la aldea Las delicias del Municipio de San Jerónimo, departamento de Comayagua, con ocasión de una vela familiar en el interior de la misma se encontraban N. P., O. P. e I. A. P., cuando para ese momento llegan los señores A. P. C. y los señores C., N., J., J., D. y E. de apellido P., quienes mantenían una enemistad con los primeros; inmediatamente A. P. C. y la persona de nombre C. P. le disparan a O. D. P. M. ocasionándole cinco heridas a corta distancia y cuatro a larga distancia, lesionando el pericardio, hemopericardio, laceración del corazón, diafragma, hígado, intestino delgado que le ocasionan la muerte. Segundo: Una vez N. P. pretende reaccionar ante la agresión contra O. y N. P., hace uso de un arma de fuego y dispara contra N. P., ocasionándole una herida en la región del tórax, fractura de externon, sexta y séptima costilla del lado derecho, laceración de pulmón derecho que le ocasiona la muerte; I. A. P. al observar cómo le disparan a O. y N., decide salir corriendo de la casa siendo alcanzado por el señor E. P. quien le provoca con un machete una herida localizada en la región superior izquierda del occipital que le ocasiona laceración del duramadre y las meninges, membranas que cubren el cerebro, que producen la muerte de I. N.; una vez que se encuentran ya los cuerpos en el suelo, el resto de los acompañantes de A. P. C., haciendo uso de machetes producen heridas o cortes en los cuerpos de N. P. y O. D. P.”. Es importante recordar, que los Hechos Probados son el relato histórico de los acontecimientos que están siendo debatidos; es una descripción, donde los Juzgadores hacen un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate; los hechos probados podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores, pero siempre deberán de determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, los hechos objeto de debate y, en su caso, el resultado del hecho; es a partir de los hechos probados que los Juzgadores deberán de determinar la norma legal aplicable al caso y de allí su imperativa importancia. Por lo anterior, el artículo 338 del Código Procesal Penal determina que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descrito en forma clara, precisa y coherente, sin utilizar en ellos conceptos que por su exclusivo carácter jurídico puedan predeterminar el fallo que haya de dictarse. Se desprende de la citada norma, que los hechos probados deben reunir los siguientes requisitos: 1) Requisitos de Forma: Hechos probados debidamente separados y numerados, de conformidad a la complejidad del relato; 2) Requisitos de Fondo: a) Claros: “… la falta de claridad de los hechos probados se da cuando los juzgadores los redactan entre otros casos utilizando términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibilitan su comprensión” (Sentencia de fecha 15 de diciembre del 2010, en el Exp 377-2008), “…supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho” (Sentencia de fecha 28 de octubre del 2010, en el Exp 129-2009); b) Terminantes: “…Los hechos probados se consideran no terminantes cuando se pone de manifiesto alguna indecisión de parte del Tribunal como cuando emplea algunas afirmaciones tales como “posiblemente”, “casi seguro” u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato, en ese sentido…” (Sentencia de fecha 13 de abril del 2011, en el Exp 250-2009); y c) Coherentes: Exige armonía interna del hecho desde el punto de vista lógico, la incoherencia “…implica un relato fáctico inconciliable o contradictorio entre sí, de modo que la afirmación de un hecho implique la negación de otro, es un vicio atacable solo dentro del factum de la resolución dirigido a la contradicción in términos…”. (Sentencia de fecha 25 de noviembre del 2010, en el Exp 920-2009)[1]. V.- Según el motivo invocado por el recurrente, en el cual se denuncia la falta de Aplicación del Artículo 24 numeral 1 del Código Penal referente a la Legítima Defensa, es necesario que se centre el enfoque de la causa en la Fundamentación Fáctica de la Sentencia, para determinar si en efecto se ha dejado de aplicar la norma penal denunciada por el recurrente; se observa que el impetrante ha incurrido en una Inadecuada Técnica Recursiva, pues dentro de sus argumentos establece que las pruebas presentadas en el juicio determinaron que el imputado A. P. C. actuó en Legítima Defensa; al respecto, la Sala debe advertir al recurrente, que en el Recurso de Casación donde se aleguen infracción de leyes sustantivas, debe dirigir sus argumentos y razonamientos a la Declaración de Hechos Probados que haya establecido el A-quo y que los mismos, conforme al Principio de Intangibilidad no pueden ser modificados ni discutidos. En ese sentido, los hechos revelan que estando presente en un velatorio familiar los señores N. P., O. P. e I. P., llegaron al mismo los señores A. P. y otros co-imputados que no son juzgados en este proceso, entre los cuales existía una enemistad; iniciando el señor A. P. a realizar disparos en la humanidad del señor O. D. P. que le provocaron la muerte, y los otros co-imputados también efectuaron tiros con sus armas de fuego, lo que provocó además la muerte de los señores N. P. e I. A. P.. Así las cosas, no observa esta Sala de lo Penal, que el imputado A. P. C. haya efectuado sus acciones contra el señor O. D. en legítima defensa de su persona, pues no se cumple ninguno de los requisitos que establece el Artículo 24 del Código Penal, por ejemplo no existe agresión ilegítima, pues los ofendidos en ningún momento realizaron un ataque actual e inminente que justificara el accionar del imputado; de igual forma, no se observa necesidad racional del medio empleado, pues el hecho probado no revela que el ofendido O. D. P. hayan utilizado armas de fuego u otras armas en contra de la humanidad del imputado; así también, no se da la falta de provocación suficiente por parte del señor A. P., pues es éste y sus acompañantes quienes llegan al velatorio e inician los lamentables sucesos; en ese orden de ideas, los Hechos Probados no revelan que el imputado A. P. C. haya actuado amparado en una causa de justificación, por lo que el primer motivo de casación por infracción de ley, debe ser desestimado. VI.- En cuanto al segundo motivo de Casación, mediante el cual se denuncia la violación al Artículo 32 del Código Penal, este Tribunal Superior ha detectado, que en la Fundamentación Jurídica realizada por el Juez A-quo, se ha utilizado como base el Principio de Imputación Recíproca, el cual, según lo explican los sentenciadores, corresponde a que la Doctrina considera que son coautores los autores porque cometen el tipo entre todos, los coautores se reparten la realización del tipo de autoría, como ninguno por si solo realiza completamente el hecho, no puede considerarse a ninguno partícipe del hecho de otro; rige en este caso –explican los juzgadoresel Principio de Imputación Recíproca de las distintas contribuciones, es decir, el acuerdo mutuo que convierte en partes de un plan global unitario de las distintas contribuciones. Es oportuno aclarar, que esta Sala de lo Penal, ha dictado varios fallos en el sentido de establecer quiénes deben ser considerados autores y coautores de un hecho delictivo y ha tomado como suya la Teoría del Dominio de Hecho (Ver sentencias de casación penal números SP 376-2009, SP 371-2009) la cual consiste en que, el que tenga el dominio del hecho será autor, aunque no realice un elemento del tipo, tal como lo cita Wezel “Coautoría es autoría, cuya especialidad consiste en que el dominio del hecho delictivamente unitario no reside en un individuo, sino que reside conjuntamente en varios…. El dominio del hecho corresponde aquí en común a todos: no a un individuo, ni tampoco varios individuos en concreto, sino que todos juntos son titulares de la decisión, constituyendo la actividad de cada uno, junto con las de los demás, en virtud de la conexión de sentido dada por la decisión común de acción, un todo unitario[2]”. En el caso examiné, y conforme lo relata el Cuadro Fáctico, el imputado A. P. C. es responsable de la muerte del señor O. D. P. M., pues el hecho probado número uno claramente establece que disparó junto con otro co-procesado en la humanidad del señor O. D. ocasionándole su muerte; pero el hecho probado nada dice, nada refiere, nada declara respecto a que los decesos de los señores N. P. e I. A. P., se deban a un plan preconcebido entre todos los co-procesados, en el cual se diera un reparto de funciones y mediante el cual todos tuvieran el dominio del hecho; en el Relato Fáctico claramente el Sentenciador individualizó las acciones mediante las cuales los perjudicados resultan muertos, de forma tal que se le atribuye únicamente al imputado A. P. C. como verdad incuestionable, la muerte del ofendido O. D. P. M., si el Juez A-quo pretendió responsabilizar al ahora acusado de las muertes de los otros ofendidos, pues las pruebas arrojaron que existía un plan preconcebido entre los co-procesados, debió establecerlo puntualmente en los hechos. Por ende, según está conformada la Fundamentación Fáctica, es procedente enmendar el yerro del Sentenciador y condenar al señor A. P. C. por un único delito de HOMICIDIO; por tanto, este segundo motivo de Casación por Infracción de Ley debe ser declarado Con Lugar. VII.- Esta Sala de lo Penal, no se pronuncia sobre los restantes Motivos de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma, invocados por el recurrente, en virtud de haber prosperado el segundo motivo de Casación por Infracción de Ley, con los efectos jurídicos que ello conlleva.- POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los Artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 360 y 369 del Código Procesal Penal; 24.1, 116 del Código Penal.- FALLA: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su primer motivo interpuesto por el Abogado E. T. S. en su calidad de Apoderado Defensor del imputado A. P. C.. SEGUNDO: Declarar HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su segundo motivo, interpuesto por el Abogado E. T. S. en su calidad de Apoderado Defensor del imputado A. P. C.. TERCERO: CASA Parcialmente la sentencia de fecha treinta de noviembre del dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Comayagua, en el sentido siguiente: 1) Condena al señor A. P. C. como autor responsable del delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio O. D. P. M.. 2) Como consecuencia de la condena y en vista de no existir agravantes, se le impone al acusado la pena mínima de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN, más las accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil durante el tiempo de la condena. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes.- Redactó: EL MAGISTRADO CÁLIX HERNÁNDEZ.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de septiembre del año dos mil quince.- Certificación de la sentencia de fecha dos de septiembre del año dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-286-2012.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Vid. Sentencia de Casación Penal N° SP 208-2011 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 25 de abril del 2011.

[2] Vid. Sentencia de Casación Penal N° 57-2010 dictada por la Honorable Sala de lo Penal en fecha 11 de abril del 2012.