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Sentencia CP-282-13 — Registro 5479

Resumen

Se condenó al imputado en primer instancia por Cuatro delitos de Violación Especial, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...En el caso examiné, después de un minucioso análisis de los razonamientos y conclusiones externado por el Tribunal de Instancia para valorar la prueba recibida, esta Sala considera que se han infringido las Reglas de la Sana Crítica, pues no puede derivarse certeramente del Testimonio del menor ofendido y del Dictamen Médico practicado a éste, que existió el acceso carnal; conclusión a la que arriba este Tribunal de Casación por las siguientes razones: A.- El testimonio rendido por el menor ofendido C. E. B., si bien señala al acusado como responsable de los delitos imputados, no encuentra en juicio pruebas corroborativas que periféricamente confirmen su versión, para el caso, el Dictamen Médico practicado al menor, establece que no existen lesiones, cicatrices ni borramientos de pliegues, lo cual deja duda razonable de la existencia del hecho, pues en la mayoría de casos en donde existe violación vía anal y en la cual participa un niño de 11 años de edad como sujeto pasivo y un adulto de 32 años como sujeto activo, la presencia de lesiones, cicatrices y borramientos en los pliegues del ano están siempre presentes; pues las máximas de la experiencia nos hacen asumir, que un niño a esa edad que es abusado sexualmente por el ano, le deja algún tipo de señales que les permiten a los peritos establecer, sin lugar a dudas, o al menos con bastante claridad la existencia del algún abuso. B.- El dictamen médico practicado al menor C. E. B., arrojó que tiene una disminución del tono del esfínter anal que puede ser provocado por una diarrea, estreñimiento o por introducción con objeto romo; sin embargo, no concluye el experto, si el menor sufrió o no un abuso sexual. En el caso examiné, el dictamen no resulta determinante para corroborar la existencia de los hechos de violación imputados al acusado, el Sentenciador no efectuó una valoración armónica del dictamen referido como soporte corroborativo de la declaración del menor, una incorrecta valoración probatoria, repercute en una incorrecta aplicación del derecho. Al respecto, es ilustrativo referir lo expuesto por E. B. quien afirma que la formación de la convicción judicial sobre los hechos es un suceso complejo que se caracteriza por dos niveles diversos, al referirse al segundo nivel sostiene que: “Se trata de la observancia de las leyes de la lógica, de los principios de la experiencia y de los conocimientos científicos de las deducciones que el Tribunal formula a partir de la prueba de cargo. Este nivel constituye lo que se puede designar como la infraestructura racional de la formación de la convicción. La deducción, ante todo, no debe ser lógicamente contradictoria: de testigos que no saben no es posible deducir conocimientos: de peritos que carecen de seguridad sobre sus conclusiones no se puede extraer seguridad, etc., es decir, las deducciones a partir de la prueba deben ser lógicamente sostenibles[19]”. Es precisamente en la segunda fase la convicción judicial en la que el tribunal deberá razonar coherentemente y de manera armónica con la prueba valorada para que sus conclusiones no infrinjan las reglas de la sana crítica, resultando evidente que el A- Quo deriva erróneamente las valoraciones y conclusiones del dictamen médico presentado como medio de prueba. C.- En la ausencia de un Dictamen Psicológico y Psiquiátrico del menor C. E. B., con el cual se podría haber confirmado las secuelas y traumas que pudo acarrear el pasar por acontecimientos tan perturbadores, lastimosamente al no tenerse el mismo, no se permite arribar coherentemente y sin lugar a dudas, que en efecto sufrió este tipo de eventos. D.-La Violación a las Reglas de la Sana Crítica surge en torno a que el Tribunal A-quo consideró responsable al imputado A. G. P. de la comisión de cuatro delitos de VIOLACIÓN, apoyando sus razonamientos en la declaración del menor ofendido, la cual debe ser analizada de manera detenida, y será certera cuando encuentra sustento probatorio, pero como se refirió la versión de los hechos de la víctima, no se ve ajustada con el Dictamen Médico practicado a su persona, no corroboran sus dichos, pues por la magnitud del hecho al imputarse de manera recurrente 3 veces, el resultado de la pericia debería coincidir de manera mas contundente con los abusos sexuales que narró el menor y que según su versión sucedieron en 3 ocasiones vía anal y una vía oral, así las cosas, dichos abusos en un menor de edad, dejan algún tipo de secuela imborrables, mismas que no fueron detectadas por el perito forense, por lo tanto, hace que surja la duda respecto a que si en efecto los hechos se suscitaron tal como lo narró el ofendido. VI.- Concluye esta Sala de lo Penal, que los razonamiento del A-quo para adquirir certeza de culpabilidad se apoyan fundamentalmente en el Dictamen Médico practicado al menor ofendido C. E. B. y en la declaración que rindiera éste, la cual no cuenta con otros elementos probatorios corroborativos, razón por la cual en el caso examiné esta Sala considera, que si bien, el presente caso tiene por objeto el juzgamiento de un hecho infame, acreedor de la mayor repulsa social; no es menos cierto que ante los razonamientos equívocos del Sentenciador, se debe entender que las conclusiones no son coherentes y armónicas y en apego a las normas que rigen el recto entendimiento humano, por ende, corresponde controlar el ínter lógico seguido por el juzgador y que como se ha indicado evidencia errores de logicidad; correspondiendo declarar Con lugar este primer motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma. Esta Sala de lo Penal, no se pronuncia sobre los Motivos de Casación por Infracción de Precepto Constitucional e Infracción de Ley invocado por el recurrente, en virtud de haber prosperado el Motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma, con los efectos jurídicos que ello conlleva.- POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 89, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 359, 362, 369, 372 del Código Procesal Penal.- ..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de septiembre del dos mil quince, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS MARCO VINICIO ZÚNIGA MEDRANO en su calidad de Coordinador, JACOBO CÁLIX HERNÁNDEZ y CARLOS DAVID CÁLIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, Infracción de Ley e Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veinticinco de abril de dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falló: 1) CONDENANDO al señor A. G. P. como autor responsable de CUATRO (4) DELITOS DE VIOLACIÓN ESPECIAL en perjuicio del menor C. E. B. L., a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN POR CADA DELITO, haciendo un total de SESENTA (60) AÑOS DE RECLUSIÓN; asimismo, lo CONDENÓ a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. 2) DECLARÓ la responsabilidad civil del acusado A. G. P.. 3) NO CONDENÓ en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Ley, el Abogado C. D. P., en su condición de Apoderado Defensor del señor A. G. P.. SON PARTES: El Abogado C. D. P. en su calidad antes indicada, como parte recurrente y la Abogada M. E. G. en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS PRIMERO: En el mes de septiembre de dos mil nueve, el niño C. E. B. L., vivía con su tía paterna J. B. M., en la habitación número veintiséis B (26-B) del edificio de apartamentos San José, ubicado en la colonia Villa Eugenia, al sur del “City Mall”, en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés. En ese mismo edificio, en el apartamento número diez (10) del tercer nivel (3-10), residía el señor A. G. P.. SEGUNDO: En día, fecha y hora no determinada de ese mismo mes de septiembre de dos mil nueve, mientras el niño C. E. B. L., de once años de edad, caminaba por los pasillos del edificio, en las cercanías del apartamento 3-10, fue interceptado por el señor A. G. P., quién lo tomó de las manos y lo condujo a su apartamento (3-10), donde después de quitarle sus ropas, lo colocó contra la pared, en posición genupectoral y le introdujo el pene por el ano, manifestándole que no se moviera para que no sintiera dolor. En seguida, le advirtió que no contara lo sucedido, pues de lo contrario, mataría a su familia. TERCERO: Días después, el señor A. G. P., se encontraba en la puerta de su apartamento y llamó al niño C. E. B. L., quien circulaba por el pasillo del edificio, y, después de ingresarlo al mismo (apartamento), lo colocó en la posición antes indicada y procedió nuevamente a introducirle su pene en la cavidad anal, y al final del acto, le advirtió que no contara lo sucedido. CUARTO: Posteriormente, en fecha también indeterminada, el acusado A. G. P., llamó al niño C. E. B. L., para que acudiera a su apartamento, y una vez en su interior, bajo las circunstancias descritas en el inciso que antecede, volvió a introducirle su pene en el ano. QUINTO: En el mes de marzo de dos mil diez, C. E. B. L., volvió nuevamente al apartamento de A. G. P., quién en esta ocasión le introdujo su pene en la boca, advirtiéndole que no contara lo sucedido, porque de hacerlo mataría a su familia. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Ley, interpuesto por el Abogado C. D. P., en su condición de Apoderado Defensor del señor A. G. P., reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo.” II.- EL RECURRENTE ABOGADO C. D. P., PROCEDIÓ A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, QUEBRANTAMIENTO DE FORMA Y POR INFRACCIÓN DE LEY, DE LA MANERA SIGUIENTE:”ÚNICO MOTIVO CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. El Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en la Sentencia Condenatoria dictada contra el imputado A. G. P., cometió quebrantamiento de forma a la sentencia definitiva, al NO OBSERVAR LA REGLA DE LA SANA CRITICA DE LA LEY FUNDAMENTAL DE LOGICA DE LA DERIVACION ESPECIFICAMENTE EL PRINCIPIO LOGICO DE RAZON SUFICIENTE. PRECEPTO AUTORIZANTE. En el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal se instituye el vicio en la Sentencia Definitiva cuando ha incurrido el sentenciador en falta de observación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, veamos: “Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la Sana Crítica” PRECEPTO INFRINGIDO. Los preceptos penales adjetivos que se invocan como infringidos por falta de aplicación, prescriben: Artículo 202: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida” (lo resaltado es nuestro).— Por su parte el párrafo primero del artículo 336 de la misma ley señala: “El Tribunal, para resolver, sólo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica”. Artículo 338 del Código Penal que expresa: “Requisitos de la sentencia. Las sentencias se redactarán por escrito, con sujeción a las reglas siguientes: Primera:...Segunda:...Tercera:...Cuarta: Se consignará la fundamentación del fallo de la manera siguiente: 1), 2) Valoración de la Prueba. Seguidamente, se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados. (Lo recalcado es mío) EXPLICACION DEL PRIMER MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. Honorables Magistrados, como es de su conocimiento, quien pretenda invocar un Motivo de Quebranto de Forma por haberse inobservado las reglas de la sana crítica, deberá indicar claramente el Motivo establecido en la Ley Procesal, el Vicio que cometió el juez o que permitió que se formara en su actividad de valoración de cada una de las pruebas, que regla de la sana crítica que fue inobservada en cada una de ellas y por una vía de demostración idónea, la Incidencia que ha tenido ese vicio en la decisión judicial, que afecta en definitiva, el interés de las parte recurrente; consecuentemente, corresponde a la Sala Penal una vez planteado el recurso, realizar un juicio técnico de derecho a la sentencia definitiva promulgada por un Tribunal de Sentencia, sometiéndola a un examen especial, que implica determinar, si está demostrado o no, el motivo y vicio denunciado; ajustándose a las exigencias moldeadas en el artículo 363 del Código Procesal Penal. En el caso que nos ocupa somos del criterio que se ha vulnerado EL PRINCIPIO DE RAZON SUFICIENTE, como principio lógico de la LOGICA misma que está constituida por las leyes fundamentales de la coherencia y la derivación, y por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente. Entendiéndose por DERIVACION el que cada pensamiento provenga de otro con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir, de un juicio que no es derivado sino un punto de partida para otros. A su vez de LA LEY DE DERIVACION, se extrae el principio lógico de razón suficiente, por el cual todo juicio, para ser realmente verdadero, necesita de una razón suficiente, que justifique lo que en juicio se afirma o niega con la pretensión de que sea verdad. Por lo que, para acreditar el Motivo de casación invocado, nos remitiremos al contenido textual de los extractos de la sentencia donde se puede analizar no solo el vicio denunciado, sino su incidencia en el fallo condenatorio arbitrario e inhumano dictado en contra de mi poderdante A. G. P., ya que a sabiendas el Tribunal de Sentencia no da razón suficiente del porque le otorga y le resta credibilidad a determinadas pruebas, entre estas la declaración de la propia supuesta víctima y de los dictámenes médicos forenses cuando estos refieren que esos hechos no pudieron ser cometidos, siendo otras las razones de donde se derivan su explicación y consecuentemente resultan ser decisivos porque cambiaran completamente el fallo dictado. Los recurrentes, establecemos en primer lugar que nuestro representado A. G. P. es condenado por el Tribunal de Sentencia como autor de cuatro delitos de VIOLACION ESPECIAL a la pena de 60 AÑOS DE RECLUSION, por lo que según los hechos probados, la valoración de la prueba y la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida, se aduce que el imputado A. G. P.: “HECHOS PROBADOS... PRIMERO: En el mes de septiembre de dos mil nueve, el niño C. E. B. L., vivía con su tía paterna J. B. M., en la habitación número veintiséis B ( 26—B) del edificio de apartamentos San José, ubicado en la colonia Villa Eugenia, al sur del “City Mall”, en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés. En ese mismo edificio, en el apartamento número diez (10) del tercer nivel (3-10), residía el señor A. G. P.. SEGUNDO: En día, fecha y hora no determinada de ese mismo mes de septiembre de dos mil nueve, mientras el niño C. E. B. L., de once años de edad, caminaba por los pasillos del edificio, en las cercanías del apartamento 3—10, fue interceptado por el señor A. G. P., quien lo tomó de las manos y lo condujo a su apartamento (3—10), donde después de quitarle sus ropas, lo colocó contra la pared, en posición genupectoral y le introdujo el pene por el ano, manifestándole que no se moviera para que no sintiera dolor. Enseguida, le advirtió que no contara lo sucedido, pues de lo contrario, mataría a su familia. TERCERO: Días después, el señor A. G. P. se encontraba en la puerta de su apartamento y llamo al niño C. E. B. L., quien circulaba por el pasillo del edificio, y, después de ingresarlo al mismo (apartamento), lo colocó en la posición antes indicada y procedió nuevamente a introducirle su pene en la cavidad anal, y al final del acto, le advirtió que no contara lo sucedido. CUARTO: Posteriormente, en fecha también indeterminada, el acusado A. G. P. llamó al niño C. E. B. L. para que acudiera a su apartamento, y una vez en su interior, bajo las circunstancias descritas en el inciso que antecede, volvió a introducirle su pene en el ano. QUINTO: En el mes de marzo de dos mil diez, C. E. B. L., volvió nuevamente al apartamento de A. G. P. quien en esta ocasión le introdujo su pene en la boca, advirtiéndole que no contara lo sucedido, porque de hacerlo mataría a su familia.” En efecto, en los hechos probados que nos relatan los jueces de sentencia, se establece que la declaración del menor de edad C. E. B. L., radica la fuente de la razón suficiente de donde extraen los razonamientos para inducir la supuesta existencia de cuatro delitos sexuales de violación especial, que según lo manifestado por el menor supuestamente agredido en tres ocasiones le introdujeron el pene en su cavidad anal y en una cuarta ocasión le introdujeron el pene en su boca; de tales situaciones no se tiene cuanta del día, la hora, ni la fecha en que acontecieron los supuestos accesos carnales, habida cuenta que según lo manifestado por la propia víctima, él ya no quiere recordar lo acontecido, por lo que de ahí nuevamente surge la razón suficiente donde el tribunal descansa su criterio judicial para establecer que todo lo que no recuerda el menor de edad C. E. B. L. se basa en los efectos traumáticos de esos actos supuestamente acontecidos contra su libertad sexual (a esta conclusión arriba sin contar con dictamen médico psicológico o psiquiátrico que le acredite este supuesto trauma). En todas las ocasiones, según los mismos hechos probados, el imputado A. G. P. le decía al menor de edad “que no contara lo sucedido, porque de hacerlo, mataría a su familia”. De ahí que como lo hemos manifestado, que siendo un hecho criminal donde se le imputa a A. G. P. la pena de 60 años de reclusión, o que es lo mismo, la destrucción de su vida, aspiraciones personales y profesionales, su imagen y honor ante su familia y la propia sociedad, y más importante aún, su libertad personal, resulta menester que los razonamientos que en base a la sana crítica utilicen los jueces de sentencia sean contundentes y no radiquen en ambigüedades, subjetividades y falacias argumentativas, en vista que la vida de un ser humano está en sus manos, ya que un menor de edad como lo es C. E. B. L. le menciona que lo agredió sexualmente, acto que desde todo punto de vista también resulta de vital importancia, para no dejar impune un delito de esta magnitud; por ello, hay que saber las razones que motivaron al menor C. E. B. L. para señalar a nuestro representado y a su vez que también resulta importante saber cómo es que se descubrieron los supuestos hechos, mismos que al no haberlos mencionado en los hechos probados los jueces de sentencia tenemos que remitirnos a lo declarado por el menor C. E. B. L. y su tía J. B. M.: Según el ACTA DE DEBATE: PAGINA 11: C. E. B. L....” Yo tenía la curiosidad agarró la bolsita y me la meto, de ahí mi tía lavaba ropa y ella hurgo los closet y en ella en la lavadora encuentra la bolsita, mi tía me dijo que le tenía que decir la verdad, con miedo le conté todo y ella fue la primera y ahora estoy aquí con ustedes...” PAGINA 12: C. E. B. L....“¿qué te preguntó tu tía cuando te encuentra esa sustancia? Yo le conté la verdad. ¿Cuando le contaste los hechos, le enseñaste el lugar? No fui con el esposo de ella don Félix García y le conté lo que me había sucedido ¿a qué apartamento lo llevaste? Al 310 ¿qué paso después? Me llevó a la casa y platico con mi tía...” PAGINA 14: C. E. B. L....” ¿Cómo sabes que el apartamento y el lugar donde ocurrieron los hechos? Mi tía fue a preguntar a la oficina cuando se descubrió todo y ahí le dijeron quien había sido, ¿así fue la forma que conociste de los hechos? Si, ¿cómo llevas a F. García al lugar y ahorita dices que tía fue la que llevo a investigar? Mi tía investigó con las secretarias. Según el ACTA DE DEBATE: PAGINA 17: J. B. M....“cuando lavó en la noche y secó, en eso lavaba la ropa, en ese momento yo tenía pareja, en eso me puse a lavar la ropa oscura, cuando la tira a la secadora y en yo encontré una bolsa sellada, yo dije que es, esto, yo observaba y vine yo la abrí y la probé, y dije cocaína, yo tengo 23 años de estar en AA, de no consumir droga, y mi papá está afuera, y mi pareja y yo le digo a mi hijo R., y le dije caramba hijo, acabas de compran una moto, y desde cuando consumís droga, y él me dijo que te pasa, y yo le dije a F., usted volvió a consumir, y él me dijo que me pasaba, usted que cree que soy yo, y mi hijo me dijo que no me podía a pensar en mi nieto R. A., y como era en vacaciones, y ellos estudiaban en la tarde, C. E. vivía con mi papa, y me fui a donde A. y le pregunte y me dijo que no era él, a mí solo me faltaba preguntarle a C. E., y yo busque a A. L. y me fui a donde C., entramos y le pregunté C. dígame donde consiguió eso, y él con miedo, me dijo no mami, yo no fui, y le dije que no iba a pegar y donde consiguió eso, el me dijo que un inquilino me lo daba, de donde le digo, y me dijo que no sabe, y me dicen que me saliera, que te puede afectar esto, y le llame J., que barbaridad esta criatura, y se quedó mi hijo R. y A. me dijo que el niño ha sido violado, y me fui a lo primero y le preguntó qué hago, y me fui a la primera y pase todo el día ahí, y puse la denuncia, ya en la noche, yo le preguntaba quien fue, yo miraba a este señor y me preguntaba qué tal como está muy educado, nunca entablamos una comunicación, entraba al mediodía y no sabía a qué, C. no merecía, hasta que lo presioné, y le dije que iba a traer un Fiscal y a la Policía para que te saque, porque no aguanto que es, en eso como a la cinco de la tarde, llegó el señor y C. me dijo que él era, y me bajo donde N. y le pregunte como se llama ese señor, y ella me dijo el Licenciado A. G., en eso me fui y le dije a las autoridades, y ellos empezaron a investigar, y así descubrí los hechos, yo perdí un hijo, y esto de C. es demasiado...” El Tribunal de Sentencia al momento de emitir su fallo, hace una segmentación de los testimonios del menor C. E. B. L. como de su tía J. B. M., y ese fraccionamiento de dichos relatos, los acomoda en su sentencia de tal forma que pierden su real dimisión sobre este extremo muy importante de cómo se descubrieron los hechos, y decimos que es muy importante porque precisamente de esa segmentación antojadiza que hacen los jueces de sentencia, es que derivan la responsabilidad penal del ahora imputado A. G. P. y obviamente de esa segmentación de los testimonios emiten sus razonamientos ilógicos alejados del principio de razón suficiente; veamos: Según la segmentación que se consigna en la VALORACION DE LA PRUEBA: PAGINA 4: C. E. B. L....“Expresó que su tía (J.), cuando estaba aseando la ropa en la lavadora, encontró una bolsita que contenía polvo, al día siguiente, ésta le preguntó acerca de la procedencia de la misma, inicialmente tenía menor contarle lo sucedido, pero después, le narro que la bolsita se la había entregado uno de los habitantes de los apartamentos, quien además lo había violado.” PAGINA 4: C. E. B. L.... “que por su tía J., se informo que la persona que lo agredió se llama A. G.”. Según la segmentación que se consigna en la VALORACION DE LA PRUEBA: PAGINA 5: J. B. M....” y en cierta ocasión, mientras se encontraba aseando la ropa en la lavadora, se percató de la presencia de una bolsita sellada, a la cual no le penetraba el agua, la abrió y se percato que era cocaína, en seguida le consultó a su hijo R. y a su compañero de hogar F., que desde cuando consumían drogas, quienes le adujeron que ese producto no era de ellos. Al día siguiente, le dijo a su sobrino C. A. B. L. quien vivía al amparo de ella, que fueran al centro de la ciudad, donde le comentó del hallazgo a unos amigos, quienes a la vez hablaron con el menor, quien le comentó a uno de estos, de nombre A. L., que había sido objeto de violación y esta persona a la vez se lo trasmitió a ella. En un principio el niño tenía miedo y le negó la procedencia del empaque que contenía droga, pero después, le expreso que el inquilino de uno de los apartamentos se la proporcionaba pero que no sabía cómo se llamaba, quien además, lo había violado. Ese mismo día, a eso de la cinco de la tarde, el acusado llego a los apartamentos y su sobrino (ofendido) le manifestó que se trataba de la persona que le había entregado la bolsita y abusado sexualmente. Enseguida, se dirigió donde una joven de nombre N., que fungía como secretaria o responsable de los edificios, quien le manifestó que dicha persona se llamaba A. G....” PAGINA 5: J. B. M....”la denuncia en contra del acusado la presentó en el mes de abril del dos mil diez y la bolsita a que se ha referido se la entregó a agentes de investigación y que cuando encontró la misma, en su apartamento residían su padre, su hijo R., un hijo de éste, su compañero de hogar F. y su sobrino C. A. B. L. pero nunca imaginó que la droga fuera de éste. Expresó que detectó que la sustancia que contenía la bolsita era cocaína, porque en el pasado fue consumidora de esa sustancia.” Ahora bien, como podemos observar de los relatos rendidos en el Debate de juicio oral y público por lo testigos C. E. B. L. como de su tía J. B. M. y las segmentaciones que a su antojo relazan los jueces de sentencia de esos mismo testimonios, la realidad de lo manifestado va desvaneciéndose para acomodarse a una valoración de la prueba, que no responde a las reglas de la sana critica, porque si analizamos dichos relatos vertidos en audiencia pública, advertimos una serie de incongruencias y aspectos dudosos en la narración, que suscitan serios interrogantes en relación con la coherencia y derivación interna de los propios relatos, su segmentación y sobre el verdadero valor de la argumentación que conduce al pronunciamiento condenatorio. Aspectos tales como los siguientes: 1) En primer lugar hay que advertir, como base inicial de todo lo que a continuación sigue y contra lo que parece ser la actitud adoptada por los Jueces de Sentencia, que NO nos hayan dado razón suficiente ante una desproporción tal de la presencia de cocaína en la manos del menor de edad C. E. B. L. y por lo tanto, hayan evadido considerar de sus razonamiento todas aquellas situaciones inherentes que pasaron por la mente del menor de edad, que al verse descubierto, busca un pretexto para librarse de los castigos, reprimendas y más grave del temor de la pérdida de su contorno familiar, de ahí, que su testimonio debe ser respaldado por un dictamen médico forense que demuestre con certeza, que por lo él manifestado, no era producto de evadir la situación grave al ser descubierto con drogas, y no digamos el hecho de ser un posible consumidor, aspecto que debió ser de prioridad en la investigación para descartar este extremo, pero a sabiendas, que los resultados de laboratorio que le fueron practicados en la orina y sangre descartaron presencia de drogas en su organismo[1], el tribunal de sentencia recurre a la omisión de explicar estos hechos, de ahí, que se entienda que el Ministerio Público curiosamente retira los cargos que por delito de tráfico de drogas le imputaba a nuestro representado, y esta actitud deviene no por la objetividad del Ministerio Público, ya que esta no es una virtud de esa institución, sino por el hecho de que se dieron cuenta que esas imputaciones demostrarían sin lugar a dudas, aspectos del entorno familiar donde reside el menor C. E. B. L., que no le convenía exponer al fiscal del caso, solo véase, que estamos hablando de gente que dice ser consumidores de drogas, ya “recuperados” y no solo nos referimos a la señora J. B. M., sino al señor F. G., dado que siendo el compañero de hogar de esta señora, ella le increpa “si había vuelto a consumir droga”[2] lo que implica que era un consumidor de cocaína, pero cuando se le interroga a la señora para que diga si su compañero de hogar consume drogo, se niega a contestar y más grave aún es su respuesta al decir, que con ella no ha consumido[3], y nos preguntamos y no es que ella tiene más de 23 años de haber dejado las drogas y afirma que esa relación con su compañero de hogar es relativamente nueva, de estas circunstancias concomitantes devenían los jueces de sentencia dar razón suficiente, porque no es una semana que mandan a la cárcel a un ciudadano hondureño, sino casi de por vida, ya que 60 años de reclusión, no es una pena que se puede imponer al antojo de un juez, sino razonando adecuadamente la CERTEZA DE LOS TESTIMONIOS DE C. mediante los cuales soportan su fallo condenatorio, y por lo tanto, al dar razones suficientes expliquen que no existe otra explicación que pueda derivar a otra conclusión a la que han asumido. 2) Por otra parte, en el relato de hechos de la sentencia recurrida NO se nos informa en base a la lógica de razón suficiente el extremo tan trascendental como lo era el momento del señalamiento o identificación que la supuesta víctima hace de su supuesto agresor, solo véase, que existen una serie de incongruencias, que el Tribunal de sentencia devenía examinar en base a la lógica, por ejemplo: Si el menor C. E. B. L. al verse asustado al ser descubierto que posee drogas agrega a este hecho que fue violado, según el relato del menor este hecho se lo dijo directamente a su tía J. B. M., por lo que no se entiende, lo manifestado por ella, donde agrega que fue a un tercero (A. L.) al que le manifestó el menor este hecho de que la droga era de su propiedad y además que había sido violado; pero esta situación puede razonarse como trivial, pero nada tiene de trivial, el hecho de que el menor de edad haya manifestado que el compañero de hogar (F. G.)de su tía, lo haya llevado a buscar el supuesto apartamento donde fue violado, y que ya habiéndolo ubicado, ni este señor, ni su tía se hayan trasladado a las oficinas administrativas del edificio para exigir la identificación del inquilino que habitaba ese apartamento, la pregunta sería, tiene importancia esto?, y la respuesta seria SI, ya que precisamente si estamos hablando de un sospechoso de violación que además entrega droga a menores, no puede existir inconsistencias tan graves en los relatos precisos de su identificación, porque precisamente del mismo relato de la señora J. B. M. esta se da el lujo de relatar la manera como coaccionó y amenazó[4] a su sobrino C. E. B. L., para que le diera el nombre del supuesto violador, y precisamente en ese momento caminaba en los corredores del edificio nuestro representado A. G. P. quien venía de trabajar, cuando el menor le dice a su tía, ese que va ahí es el que lo agredió sexualmente, por lo que según el testimonio de la propia J. B. M. logra identificarlo y darle el nombre a su familia, a la Policía y a la propia supuesta víctima, ya que ella fue la que realizo esa Investigación, la lógica nos indica que existió una manipulación grave para buscar el supuesto violador, porque era preferible para el menor C. E. B. L. esquivar todas las consecuencias derivadas de su conducta de tener droga, para buscar un culpable no solo de la droga, sino de las razones que lo orillaron a tener esa droga en su poder, por ello manifiesta haber sido violado y que ese se lo dijo directamente a su tía, pero por otro lado, aparece buscando un apartamento con el compañero de hogar de su tía, antes de acontecer esa confesión, inconsistencias estas que cualquiera diría que son insustanciales, pero de ahí derivaba el tribunal de sentencia la supuesta identificación del imputado en los hechos, lo que resulta evidentemente pero como lo hemos exteriorizado que algo no encaje en esas versiones contradictorias, pero veremos más adelante si el dictamen médico forense es determinante al momento de referirnos a él, porque ahí debe descansar la certeza de lo manifestado por dicho testigo de cargo. 3) Unido a lo anterior, nada dice en base a la razón suficiente el tribunal de sentencia de la declaración que rindió el imputado A. G. P. y de la contundencia de los resultados de las pruebas científicas que se le practicaron para determinar si era un consumidor de drogas, ni mucho menos del resultado de las investigaciones que realizó la policía y la trabajadora social sobre su conducta personal y policial; simplemente les resta credibilidad porque a criterio de la “lógica” de los jueces de sentencia, una persona procesada suele mentir y no decir la verdad, y bajo esa premisa, no es creíble su relato; por lo que, si analizamos bien este razonamiento supuestamente derivado y basado en razón suficiente de los Honorables Jueces de Sentencia, ello infiere, que todos los procesados que llegan a esa sala están condenados de plano, y nada vale su vida personal y profesional, y por tanto, cualquier imputación que se les haga será cierta, aunque dicha imputación sea basada en una falacia o argumentos espurios, al fin al cabo, la lógica de nuestros tribunales de sentencia parece ser, que en este tipo de casos, la versión de la víctima siempre es basada en CERTEZA y la versión del imputado es basada EN LA MENTIRA; pero nos preguntamos, acaso en el análisis y estudio de las reglas de la sana critica no se exige que los jueces emitan razonamientos lógicos que vayan más allá de la simple manifestación de no darle credibilidad a una prueba, explicando las razones suficientes y derivadas del porque de sus juicios lógicos; En este caso, estarnos hablando de un profesional universitario sólidamente respaldado por un patrimonio personal y económico, con trabajo en la jornada diurna, y realizando estudios de postrado en materias económicas, con una conducta intachable ante su familiares, vecinos y sin antecedentes policiales y judiciales, que es señalado por el menor de edad C. E. B. L., como la persona que le daba droga y que abuso sexualmente de él en tres ocasiones por su cavidad anal y una ocasión por la boca, de igual manera afirma que lo hacía consumir y distribuir droga y le exigía robar dinero, lo cual supuestamente hizo en tres ocasiones cuando le robo cantidades de Lps.500 lempiras a su tía J. B. M.[5], en ese orden de ideas era menester para la defensa técnica demostrar que ese relato o versión de los supuestos hechos que afirmaba el menor C. E. B. L. podían tener una base espuria, que se contradice con las bases misma de la imputación, por lo que se procedió a presentar varias pruebas que mediante la lógica de derivación y razón suficiente descartaban la veracidad del testimonio de dicho testigo de cargo, sin embargo el tribunal de sentencia las descarta de la siguiente manera: - SENTENCIA DEFINITIVA PAGINA 15: D. resultados de laboratorio clínicos, expedidos el 12 de abril de 2010 por el centro de Diagnósticos clínico, bajo la responsabilidad del doctor C. G. que arrojan que el señor A. G. P. presenta resultados negativos a marihuana, cocaína y anfetaminas. Según la valoración de esta prueba el tribunal la descarta, porque: “Estos resultados clínicos pese a la credibilidad que se les concede por haber sido practicados por un especialista, resultan irrelevantes, en virtud que el núcleo de la imputación penal formulada en contra del acusado está relacionada a la comisión de cuatro delitos de naturaleza sexual, y no al consumo de las drogas antes referidas”: Sobre este extremo resulta necesario resaltar que la declaración del menor C. E. B. L., afirma que: ACTA DE DEBATE PAGINA 11: “... ¿Cómo fue que usted consumió drogas? El me dijo que lo tenía que hacer, me obligo y me agarro a la fuerza asiendo lo que él hacia ¿qué sentiste tú en ese momento? Cuando inhale sentí, cosquilleó y después me marié ¿eso qué consumiste era lo mismo que estaba en la bolsita? No le sabría decir, ¿estos hechos que tú has narrado, en que mes sucede el último hecho? Marzo del 2010...”; La pregunta obligatoria es, si en base al principio lógico de la derivación no debía resultar positivos los exámenes de toxicología, cuando la misma victima dice que el imputado consumía droga, véase, que estamos hablando de una cercanía de días de los meses de marzo y abril del 2010 entre la fecha de la supuesta ingesta y el examen practicado, ello demuestra más allá de la duda razonable, que existían razones suficientes para derivar que lo manifestado por el menor C. E. B. L. no era cierto y que podían ser otras las circunstancias que motivaron su relato espurio. - Reporte de llamadas y estados de cuenta del ahora imputado A. G. . que se encuentran reseñadas en la página 17 de la sentencia recurrida; si nos remitimos a la declaración del menor de edad C. E. B. L. este ha manifestado una serie de circunstancias relativas a la supuesta agresión sexual que denotan un relato detallado y pormenorizado de ciertos hechos que según él acontecieron, por lo que cuando se le pregunta sobre estos extremos, sin ningún problema de memoria los detalla, por lo que no se percibió en la audiencia pública que tuviera algún temor, miedo o lamento que lo traumatizara para intentar contestar las interrogantes, sino que todo lo contrario, como quien narra un cuento debidamente ensayado y prefabricado, dio contestación a las preguntas simple y llanamente, sobre situaciones muy delicadas de los supuestos actos sexuales que fueron cometidos contra su persona; pero esta conducta la mantuvo con las preguntas que le hacia la fiscalía del Ministerio Público, pero cuando se le pregunta por parte de la defensa técnica sobre aspectos de días y horas, donde la defensa podría probar que el imputado no se encontraba en ese lugar, las respuestas del menor siempre fueron, a expresar, que no se acordaba, que no podría precisar, que no sabía si era de tarde o de mañana, en fin, más de treinta respuestas de no recuerdo o respuestas evasivas sobre estos extremos, fueron las objeciones que dio la supuesta víctima de violación, pero según, la valoración que en base a las reglas de la sana critica indican los jueces de sentencia, del porque de estas respuestas, era porque: SENTENCIA DEFINITIVA PAGINA 7: “ si bien, el ofendido no recordó fecha precisas de las agresiones sexuales, ciertamente habremos de considerar, que fue explicito al señalar que ha tratado de olvidar esos episodios porque le resulta doloroso recordarlos, situación que vinculado a la baja en su rendimiento educativo, tal y como lo manifestó la testigo J. B. M., nos permite inferir que corresponden a las secuelas generadas por las situaciones traumáticas, como las agresiones sexuales de que fue objeto por parte del acusado, pues atendiendo a su corta edad, carecía de capacidad para decidir libremente su comportamiento en el ámbito sexual”; nada tenemos que objetar, con relación a los traumas que pueda tener una víctima de estos delitos de agresión sexual, pero en el caso que nos ocupa, resulta preocupante que bajo esa sagacidad de razonamiento, se destruya por completo el derecho de defensa de un imputado de estos delitos, dado que si bien es cierto se entiende que una víctima de estos delitos quede traumatizada, en el caso que nos ocupa, no resulta ser el caso, que esos traumas provengan de una agresión sexual sino de otras circunstancias, como lo es el núcleo familiar desintegrado del que proviene la víctima y del núcleo familiar inmerso en las drogas donde convive, solo véase, que estas situaciones no son invento de la defensa, sino que se desprenden de los mismos relatos de los testimonios de cargo, y más grave aún, se tiene conocimiento de la declaración administrativa que rindió el menor C. E. B. L. ante la policía, y esta declaración con la rendida en el debate de juicio oral y público y la rendida en la audiencia inicial son diametralmente opuestas y contradictorias, aspecto que estamos dispuestos probar ante cualquier o instancia nacional e internacional, para demostrar que algo grave aconteció en la manejo del testimonio que rindió este menor de edad para neutralizar la prueba de la defensa, situación esta que si bien es cierto, resulta ser un alegato aparente de instancia, no es de menos denunciarlo, para que la justicia impere en nuestra República y no se impongan penas por la afectación del ánimo interior que tengan los operadores de justicia en la persecución de estos delitos. Dado que ello motivo a la presentación de la prueba de reporte de llamadas y estados de cuenta del ahora imputado A. G. P. para demostrar la falsedad de ese testimonio de cargo, aspecto que resulto infructuoso no por la contundencia que podía tener a prueba, sino por las artimañas y conductas desleales para con la justicia de ocultar la información precisa de cómo, cuando, donde tuvieron lugar los supuestos acontecimientos narrados por el menor C. E. B.L.. Véase como le restan credibilidad los jueces de sentencia a estas pruebas: SENTENCIA DEFINITIVA PAGINA 17 Y 18: “la pretensión de la parte defensora al proponer estos dos medios de prueba, era acreditar que su representado había realizado llamadas telefónicas y transacciones comerciales en diversos lugares del país, incluso, en algunos caso fuera del territorio nacional. Así las cosas, si bien a los documentos antes referenciados se les concede credibilidad por haber sido expedidos por expresas que llevan controles rigurosos de las fechas en que se realizaban las operaciones propias de cada una de ellas; no obstante, ambos documentos resultan inútiles para descartar la participación del acusado en los hechos que le ha imputado el Ministerio Público, porque el ofendido C. E. B. L. afirmó categóricamente que la primera acción llevada a cabo en contra de su libertad sexual, por parte del acusado, ocurrió en el mes de septiembre de dos mil nueve, por parte del acusado, la segunda y tercera ocasión días después y la ultima en el mes de marzo de dos mil diez. Vemos entonces, que estas cuatro acciones ocurrieron en el periodo comprendido de septiembre de dos mil nueve a marzo de dos mil diez, y pese a la insistencia de la parte defensora, el ofendido, en ninguna de ellas citó un día especifico, pues manifestó que ha tratado de olvidar los sucesos, lo que sumado a su corta edad, resulta absolutamente comprensible por el trauma que supone verse enfrentado a experiencias desagradables como las vividas por el niño B. L.”. Resulta obvio que esta estratagema de ocultar la información de los días y horas específicos, solo puede ser confabulada por personas que estaban en contacto con el menor de edad, para influenciarlo y manipularlo para ser instruido debidamente en ese sentido, dado que por su corta de edad y por desconocer los efectos negativos de un falso testimonio no sabe de la dimensión que provoca su relato para que condenen injustamente por 60 año de reclusión a una persona, solo así se explica, del porque en sus declaraciones administrativas agrega más certeramente hechos, días y horas que ni por cerca los menciona en la declaración que rindió en el debate de Juicio oral y público y más aún existe otros elementos importantes como ser tiempos y formas de cómo supuestamente acontecieron las agresiones sexuales, yo que en ese relato el menor dice que una de esas agresiones duro hasta por treinta minutos y que fue mediante fuerza y violencia, contrario a lo que dijo en el debate de juicio oral y público, al manifestar que no recordaba, lo que supondría que para determinar su veracidad resulta menester pedirle a la sala de lo penal haga un control casacional mediante la inclusión hipotética de esta prueba para que verifique su carácter decisorio, unido por otra parte a los exámenes que se verificaran más adelante en relación con las conclusiones derivadas del dictamen médico forense que es fundamental para constatar esos vestigios, que dada la edad del menor resultan ser de imposible desaparición por los desgarraos y laceraciones que se encontrarían en la cavidad anal. Amén de las anteriores contradicciones se puede establecer la inobservancia de a lógica de razón suficiente sobrevenía al valorar la prueba de cargo por parte del tribunal de sentencia, de la siguiente manera, por ejemplo: - Que no es cierto que los supuestos hechos fueran cometidos en el mes de septiembre, ya que en una de las respuestas que infiere el menor de edad, dice que fue en el mes de febrero[6] del 2009 la primera vez que fue al apartamento del supuesto agresor, luego fue en septiembre del mismo año y por ultimo en el mes de marzo del 2010, entonces se está refiriendo a tres veces, y no cuatro, como lo afirman los jueces de sentencia en sus hechos probados y en la valoración de la prueba y desde luego en la segmentación de esos testimonios de cargo que hace en la sentencia definitiva, obviamente con ello, pierde la valoración de la prueba su sentido y razón de ser, al exponer otros hechos que no son los que verdaderamente se dijeron y relataron en la audiencia pública, de ahí, que no exista la aplicación de la regla de la sana crítica de la lógica basada en una razón suficiente, ni mucho menos bajo el principio lógico de la derivación; Pero si lo anterior no fuere suficiente, en otra parte de su declaración, ya no dice que fueron cuatro o tres veces, sino que ahora dice que fueron cinco veces las que fue agredido en el apartamento del imputado[7][7], lo que refleja, una grave inconsistencia de sus relatos los que va modificando de tiempo en tiempo, a tal grado que si se hubiera aplicado el principio lógico de la razón suficiente, se hubiera establecido, que todos esos relatos tienen una base ficticia o espuria, donde la mente de un niño ha sido evidentemente manipulada para recrear hechos que nunca existieron y esa manipulación es de tal grado que ese menor está convencido de que efectivamente fue abusado sexualmente; por lo que no cabe otra explicación, ya que si fuere cierto no existirían tales inconsistencias, que no pueden obviarse bajo el pretexto de un trauma psicológico (no acreditado científicamente), que por lo visto ni resulta evidente que sea producido por un abuso sexual, sino por el abuso de drogas u otras causas inherentes a su entorno familiar, de ahí, que también acontezcan graves contradicciones relativas a las presiones, coacciones amenazas[8] a las que fue sometido por parte de su tía, quien le dijo que le tiraría la policía y al fiscal, si no le señalaba la persona culpable, dado que ella, no soportaba esa incertidumbre, que la obnubilo prefiriendo creer que las drogas que tenía su sobrino, eran producto de una violación, que habría que preguntarle a A. L. como fue que surgió esa idea en la mente del niño; del mismo modo solo analícese a la luz de las reglas del sentido común y máximas de la experiencia cual sería el terror del menor, si no señalaba a un culpable, que por desgracia fue señalado nuestro representado A. G. P., pero obviamente todo estos hechos narrados por el menor C. E. B. L. tiene una base científica donde pueden ser acreditados o desacreditados, por ello el dictamen médico forense, constituye la piedra angular a considerar para dilucidar si existió una agresión sexual por tres ocasiones en la cavidad anal del niño, porque estamos hablando de un adulto que supuestamente le introdujo su pene, hasta la eyaculación como así lo afirma la supuesta víctima, y en vista de ello, no se está refiriendo los hechos a simples tocamientos libidinosos, sino a una vigorosa penetración anal de un adulto en un niño; aspecto que veremos cómo es razonado bajo las reglas de la sana crítica por parte de los jueces de sentencia. Visto lo anterior, resulta realmente sorprendente las razones que explica el tribunal de sentencia, para tergiversar la lógica sobre la valoración de la prueba científica relativa al dictamen forense número 2010-040991 de fecha 14 de junio del año 2010 y la ampliación del referido dictamen de fecha 15 de julio del 2011, practicado en la humanidad del menor C. E. B. L., por lo que basado en el principio de derivación resulta preocupante como en la administración de justicia hondureña el que una persona sea sometido a juzgamiento por estos delitos, acontezca contra ellos una apología de odio, prejuicio por la afectación que en su ánimo interior exista en los juzgadores, porque, no solo basta considerar al imputado como un mentiroso[9], como así categóricamente lo afirman los jueces de sentencia en su razonamiento “lógico”, sino que también cuando una prueba científica de esta magnitud acredita una duda más que razonable, para creer en su inocencia, comienzan a “razonar”, (si es que podemos cometer el pecado de llamar a esos juicios o pensamientos corno razonamientos), tergiversando toda la prueba y su contexto científico, véase que dice el dictamen médico forense practicado por el doctor A. E. A. A.: PAGINA 8 DE LA SENTENCIA DEFINITIVA: “1) pliegues radiados normales, con disminución de tono esfínter anal, pene, testículos, escroto y glande de características infantiles sin lesión. 2) sin signos clínicos de enfermedad de transmisión sexual. 3) Área para y extra genital sin lesión. 4) se recomienda trabajo social. 5) se recomienda evaluación psiquiátrica y psicológica florense por estrés postraumático. 6) laboratorio de inmuno-microbiología reporta negativo para enfermedad de transmisión sexual (HIV, sífilis, gonorrea) y negativo para la presencia de liquido seminal y esperma en hipado bucal, anal y rectal). Laboratorio clínico reporta negativo para drogas de abuso. Así mismo se evacuo la ampliación del referido dictamen de fecha 15 de julio de 2011, mediante la cual, el citado perito, puntualizó que la disminución del tono del esfínter anal es un signo inespecífico no solo de penetración de cuerpo romo o pene erecto, sino también de patologías como estreñimiento y diarrea crónica, entre otras, además que la dilatación refleja no se clasifica como normal o disminuida, se describe como presente o no. En el caso concreto no se encontró dilatación refleja.” De la simple lectura de este dictamen médico forense se demuestra que NO EXISTE NINGUNA LESION en la cavidad anal del menor C. E. B. L., a lo sumo lo único que manifestó fue una disminución del tono del esfínter anal, lo que concentro el debate para determinar las posibles causas, por lo que si analizamos el Acta de Debate en sus páginas 15,16 y 11, se podrá observar en base a la lógica de derivación que ese cuadro clínico que presentaba el menor de edad, podía deberse a múltiples causas, entre las que se mencionaron: -La posición del cuerpo del menor al momento de ser examinado, dado que dicha posición corporal produce una disminución del tono del esfínter, de igual manera la presión que se ejerza en los glúteos al momento de ser examinado[10]. -Diarrea. -Estreñimiento. Introducción de un cuerpo romo etc. Lo anterior implica que no existe CERTEZA de que el cuadro clínico que presentaba el menor de edad, fuera producto de una agresión sexual, sino que esa disminución de tonalidad del esfínter anal, podría derivar perfectamente de otras circunstancias, que no representan el 50% de probabilidades ni un 25%, sino un 75% de probabilidades, de que sea producto de una diarrea, estreñimiento o la posición corporal a la que fue sometido al momento de ser examinado por el médico forense, es decir, puede darse falsos positivos porque existe solo un 25% de probabilidades de que esa tonalidad sea producto de la introducción de un objeto robo, pero aquí cabe discutir que de acuerdo a mismo criterio científico del médico forense NO SE ENCONTRO CICATRICES, NI LESIONES, NI LIQUIDO SEMINAL EN LA CAVIDAD ANAL DEL MENOR DE EDAD, este ultima conclusión, puede ser discutida dado que el semen tiene una corta duración de sobrevivencia ante la exposición en el cuerpo humano, pero en cuanto a las CICATRICES Y LESIONES en la cavidad anal de un menor de edad, ello representa una prueba que no puede desaparecer de la noche a la mañana, teniendo su presencia inclusive por años o de por vida[11], lo que nos trae a la conclusión que emite el médico forense que la ausencia o permanencia de la cicatriz dejada en la cavidad anal de un niño, depende del tamaño del pene, en ese orden de ideas, se le practico un examen al imputado A. G. P. sobre la proporcionalidad de su pene, siendo esta conclusión medica que su pene en erección tenía una longitud de 13 centímetros y un perímetro de 12.5 centímetros, con diámetro de 4 centímetros, y el glande de 12 centímetros[12] sin embargo la conclusión del tribunal de sentencia era que el imputado por tener un pene promedio de los hombres de esta región, no podría ser posible que dejara lesión o cicatriz en el año del menor supuestamente agredido, y que en vista de que se trato de una relación sexual consentida al no oponerse el menor C. E. B. L., no era creíble esa prueba de proporcionalidad; De ahí, que nuevamente resulta importante señalar que el testimonio que rindió el menor C. E. B. L. ante las autoridades en los diversos momentos procesales, deriva de gran importancia para los fines de la administración de la justicia, dado que en el juicio oral y público, curiosamente, SI se acordaba perfectamente de la posición corporal y de las indicaciones que le dio supuestamente el agresor sexual al momento de penetrarlo con su pene, pero cuando se le pregunta la duración de dicha penetración, no se acuerda, no puede precisarlo, no es especifico, incluso manifestó que no hubo violencia o fuerza en su contra por parte del agresor etc., pero como se dice que el niño esta traumado y quiere olvidar, se le busca la justificación a las evasivas en sus respuestas, pero lógicamente, esas evasivas solo van dirigidas a acomodar su testimonio con la conclusión que emite el médico forense, de nuevo por lo tanto, resulta importante mencionar, que en la declaración administrativa que dio el menor C. E. B. L. ante la policía que se pide estudiar mediante la inclusión hipotética, ahí manifiesta que fue agredido mediante fuerza y violencia hasta por treinta minutos, no especificando posiciones corporales, lo que nos indica, que existe una maniobra de sus relatos para provocar la condena de un ciudadano hondureño a quien se le impone una pena de 60 años de reclusión mediante la utilización de manipulación de prueba de cargo, y unido a ello, si analizamos con detenimiento y cuidado esta prueba relativa al dictamen médico forense, podemos afirmar que en su valoración el tribunal de sentencia para extraer sus conclusiones racionales basadas en la sana crítica, nuevamente recurre a la segmentación de la prueba que consigna en su sentencia y desde esa plataforma, hace desaparecer todos aquellos elementos probatorios que benefician al imputado A. G. P., y esta conducta de razonamiento judicial responde al prejuicio que existe en su contra al no solo valorarlo como una persona mentirosa, sino que a criterio de los jueces de sentencia era imposible derivar en base al principio lógico de la razón suficiente que no existió violación, y en esa idea, se derivo que el cuadro clínico que presento el menor de edad no podían acontecer otras circunstancias distintas a la introducción de un objeto romo, por lo que al existir un prejuicio contra el imputado, el tribunal segmenta las conclusiones del médico forense, fijando la que estima más creíble que según su “razonamiento” era que esa disminución del tono del esfínter anal era producto de la introducción del pene del imputado en la supuesta víctima; véase, que así lo hace ver el tribunal de sentencia: PAGINA 8 SENTENCIA DEFINITIVA: SEGMENTACION DE LAS CONCLUSIONES DEL DICTAMEN NUMERO 201 0-04-0991: .. .“Expuso el perito, que la disminución de tono de esfínter anal que evidenciaba el avaluado puede deberse a la penetración de cuerpo romo, y que en algunos caos, según la literatura científica (citando la obra del doctor D.C. B.) la inexistencia de hallazgos no es necesariamente indicativo de que no hubo penetración anal. Que en ello intervienen varios factores, para el caso, si la víctima no opone resistencia se encontrarían menos lesiones, mientras que si hay resistencia o agresividad las lesiones serian en mayor proporción. Que el hallazgo encontrado en el evaluado (disminución del tono del esfínter) es consecuente con el tiempo trascurrido desde la fecha en que adujo el evaluado haber sido agredido sexualmente y la evaluación de éste. Las cicatrices son la pérdida del tejido anal y son indelebles dependiendo de su magnitud.” Honorables Magistrados de la Sala de lo Penal, si lo anterior no fuere suficiente para la valoración de lo acontecido en la Audiencia de Debate de Juicio oral, también se allego un dictamen Psicológico[13] que se le practicó al menor C. E. B. L., valga aclarar que esa prueba fue a solicitud del Ministerio Público, y la misma se había confeccionado de tal forma que se pretendía sorprender al tribunal de sentencia y a la defensa técnica, mediante un evidente abuso de derecho y acto de deslealtad para con la justicia. Al falsear los resultados de la pericia a tal extremo que al ser sorprendidos el propio perito aceptó los procedimientos ilegales que había utilizado para alterar las conclusiones, y ello parece ser, la conducta procesal con la cual se han formulado y preparado las pruebas de cargo a las cuales nos hemos referido en el presente proceso penal, todo ello, para lograr por medio de procedimientos ilícitos y prohibidos, la condena contra nuestro representado A. G. P., y este proceder no solamente queda con este acto ilegal, sino lo más absurdo e ilógico es que los jueces de sentencia a sabiendas del acto ilegal en la producción y evacuación de esa prueba pericial, en vez de ser objetivo e imparcial, al observar un evidente acto ilegal en la producción de prueba de cargo, se limito a justificar que su exclusión no afecta en nada su criterio condenatorio, por lo que nuevamente demostraron el grado de prejuicio que tenían contra el imputado, al atreverse a emitir criterios valorativos prejuiciosos e irrelevantes sobre una prueba que ya había sido legalmente excluida, consecuentemente no existe desde el punto de vista de la lógica, la razón suficiente algún criterio basado en esta regla de la sana critico que haga justificar y respaldar sus “criterios valorativos” que hicieron sobre esa prueba, ya que lo único que se reflejan con esa supuesta “valoración”, como hemos reiterado es el grado de afectación en su ánimo interior para condenar a una persona inocente[14]. Por ello Honorables Magistrados de la Sala de lo Penal, cuando nos referimos al quebrantamiento de forma en la presente sentencia definitiva, nos estamos reseñando a la regla de la Sana Crítica relativa a al pensamiento lógico de la razón suficiente y al principio de derivación, ya que como reglas del correcto entendimiento humano no fueron observadas al momento de valorar el testimonio del menor C. E. B. L. y las subsecuentes pruebas de cargo que se han reseñado, véase, que cuando nos referimos a las reglas de valoración de la prueba en estos delitos contra la libertad sexual, máxime cuando afectan a menores cuando se producen en el ámbito familiar o de cercanía por amistad o vecindad, estamos de acuerdo que merecen un especial reproche moral y social, que impone una contundente reacción penal, proporcionada a su acentuada gravedad, a la especial relevancia del bien jurídico contra el que atentan y a la reforzada tutela que los menores merecen como víctimas de los mismos. Pero siendo todo ello cierto, en ningún caso puede aceptarse que el carácter especialmente odioso de los hechos denunciados determine una degradación de las garantías propias del proceso penal, y especialmente a la inobservancia a las reglas de la sana critico ya que su quebrantamiento infringe a su vez el derecho constitucional a la presunción de inocencia, que constituye un principio fundamental de nuestra civilización, presupuesto básico de todas las demás garantías del proceso. Por esa circunstancia es que denunciamos quebrantamiento de forma de la sentencia definitiva se señala que la declaración de la víctima C. E. B. L. si bien es cierto puede ser una prueba hábil para desvirtuar la presunción de inocencia, tampoco no es menor cierto, que su valoración debe realizarse con sumo detenimiento y cuidado ya que si no se hace en base a un correcto pensamiento humano, ello afectara la valoración que de ella haga el tribunal de sentencia; pero el hecho de que se trate de una prueba hábil, ello no significa, en absoluto, que con dicha declaración quede automáticamente desvirtuada la presunción de inocencia, en el sentido de que se invierta la carga de la prueba, dándose ya por probada en grado de certeza lo relatado por el menor de edad, y que el imputado tenga que desvirtuar esa supuesta presunción de certeza de la acusación formulada en su contra, con medios de imposible obtención, siendo así, se entiende que ese relato acusatorio que haga la supuesta víctima menor de edad, no puede ser descartado de credibilidad para los efectos de su valoración, por lo que sobra agregar, que debe ser estimada como una prueba más, por los jueces de sentencia, ya que como bien lo señala el artículo 202 del Código Procesal Penal, debe valorarse no solamente conjuntamente con las demás pruebas, sino que igualmente debe aplicársele obviamente, a esa valoración, los criterios de racionalidad que tengan en cuenta la especial naturaleza de la referida prueba. Precisamente porque un defectuoso entendimiento o pensamiento que de ella se extraiga contrastara a los efectos de la valoración racional que se haga con la restante prueba de cargo. Reiterando: la valoración de estos testimonios es una de las funciones más complejas y difíciles que deben realizar los juzgadores, acreditando en su motivación racional como es que sus propios saberes, prudencia, conciencia y experiencia garantizan a la sociedad, a la víctima y al propio imputado que su fallo no procede de un desacierto lógico, y más aun tratándose de la única prueba de cargo que exige una cuidadosa y prudente valoración, donde debe ponderando su credibilidad en relación con todos los factores subjetivos y objetivos que concurran en la causa, en vista de que la finalidad perceptiva que otorga el principio de inmediación a las declaraciones de los que normalmente tienen la doble cualidad de únicos testigos-víctimas, propicia una específica y atenta ponderación circunstanciada que, por un lado, aparece si cabe como más rigurosa y exigente en lo que a la fiabilidad y credibilidad se refiere y, de otro, sugiere prestar una extremada atención a los detalles de lugar, tiempo y modo que, como datos objetivos complementan la constatación narrativa que ofrece la versión prestada por el supuesto agredido o víctima de esta clase de delitos. Las pautas necesarias que el testimonio de la víctima debe reunir para dotarlo de plena credibilidad como prueba de cargo, según nuestra reiterada jurisprudencia, son las siguientes: 1) AUSENCIA DE INCREDIBILIDAD SUBJETIVA derivada de las previas relaciones acusado víctima, que pongan de relieve un posible móvil espurio, de resentimiento o venganza que pueda enturbiar la sinceridad del testimonio, generando una incertidumbre incompatible con la formación de una convicción inculpatoria asentada sobre bases firmes; en este caso nos hemos referido a los precisos momentos de cómo surge la identificación y señalamiento de nuestro representado A. G. P. por parte del menor C. E. B. L., por lo que no cabe duda alguna, que existe un motivo espurio, originado y fermentado por las presiones a las que fue sometido un menor de edad por parte de sus familiares y especialmente las presiones que ejerció su tía, para que le señalara un sospechoso o culpable de un delito de violación, que no había existido, dado que el menor al ser descubierto con droga y al ser amenazado d que se le iba a desmantelar su versión con la policía y la fiscalía para que lo sacaran del entorno familiar, esto le produjo un miedo y terror insuperable a tal grado que se vio obligado a señalar a la primera persona que miro al pasar enfrente de su tía, en el preciso momento que estaba siendo coaccionado; unido todo esto, a que de la propia boca del menor C. E. B. L., este le manifestó a la perito en trabajo social LIC B. N. L. M. que” él es respetuoso responsable, mentiroso y cuando está asustado dice mentiras...”; este dictamen reseñado con el número 085- 011 de fecha 12 de mayo del 2001, no fue aceptado por los jueces de sentencia para ser evacuado, y las razones lógicas que impusieron para desestimarlo de antemano son obvias a estas alturas, por lo que en base al principio lógico de la inclusión hipotética se pide a la sala de lo penal que lo analice y desde esa perspectiva lógica, infiera si se hubiera evacuado esta prueba los razonamientos que en base a la razón suficiente y derivación hubieran establecido otro resultado en la sentencia, ya que no está de más establecer que esta prueba es decisoria para desenmascarar los motivos espurios, dado que la profesional en trabajo social Licenciada B. N. L. M. es una experta en asuntos relativos a estudios socioeconómicos derivados de delitos de violación y labora en el Ministerio Publico como trabajadora social. Con toda obviedad se señala que el imputado y su defensa técnica, fueron neutralizados por la manipulación de los supuestos hechos delictivos que son objeto de la causa, ya que no obstante todos los esfuerzos que se hicieron objetivamente por la defensa técnica y la defensa material, estos no pudieron servir de argumento defensivo, porque precisamente el motivo espurio con el cual se instruyo al menor C. E. B. L. para desvirtuar la credibilidad que podría derivar de la versión del imputado A. G. P., nace precisamente de las diversas versiones que de los supuestos hechos delictivos ha dado la supuesta víctima, en este caso precisamente la declaración administrativa que rindió ante la policía de investigación, narra que fue sometido el acceso carnal mediante violencia, con mucho dolor, y hasta por treinta minutos, que además consumió droga a la fuerza por las intimidaciones y supuestas amenazas que e dirigía el sospechoso; sin embargo, si analizamos estas pruebas en base a los reglas de la sana crítica y al principio de derivación, observaremos que según el dictamen emitido por el médico legal A. E. A. A., este estableció en fecha 14 de junio del 2010 sin lugar a dudas que “laboratorio clínico reporta negativo para drogas de abuso” (ver folio 8 sentencia definitiva), de ahí que se entienda que es mentira que el menor haya consumido drogas, luego el mismo dictamen médico legal es claro y contundente al establecer que no existió “lesiones, ni cicatrices” tanto en los pliegues, área para y extra genital del menor supuestamente agredido, en ese orden de ideas, el tribunal desecha estas conclusiones y se concentro a darle credibilidad a una conclusión donde el mismo perito médico forense aduce que es una teoría ambigua, subjetiva, de diversas explicaciones, y es la muestra que presentaba al menor de edad al ser examinado, donde se observo una disminución de tono de esfínter anal, la cual el tribunal de sentencia, la fuerza para que encaje bajo una supuesta valoración fundada en razón suficiente, pero misteriosamente, no explica cómo es posible, que esas otras manifestaciones en el cuerpo de la supuesta víctima, pudieran ser descartadas también como la causa y efecto de esa muestra de disminución de tono de esfínter anal, de ahí, que el tribunal de sentencia sin razón suficiente se funda en el testimonio o versión que de los supuestos hechos da el menor en la audiencia de debate de juicio oral y público, donde describe aspectos de índole sexual que curiosamente se encajan con el criterio subjetivo que da el médico forense, lo que nos trae otra vez a la declaración administrativa que dio el menor C. E. B. L., la que se pide a la sala de lo penal la incluya bajo el principio casacional de la inclusión hipotética, como prueba documental decisoria, que acredito que todo los aspectos de razonamiento que fueron utilizados por los jueces de sentencia para edificar la sentencia condenatoria se basaron en exclusivamente en la declaración del menor C. E. B. L., acomodando toda la prueba a su versión o relato testimonial, partiendo de ahí, para soportar un fallo condenatorio en contra de nuestro representado A. G. P.; todos estos extremos que sobre los hechos que se enjuiciaron, acreditan evidentemente que la sentencia definitiva carece de toda razonabilidad basada en la lógica de razón suficiente, dado que deriva insustancialmente a darle credibilidad a una versión única que va contra de la verdadera naturaleza de los sentimientos que tiene a supuesta víctima para aducir que fue objeto de agresión sexual, que dicho sea de paso dice que fue mediante un acceso carnal masivo, violento, duradero, continuo y bajo el efecto de drogas alucinógenas, versión que no encaja derivadamente con el resultado de toda la prueba científica; de ahí que estemos hablando del criterio jurisprudencial que ha fijado esta Sala de lo Penal como criterio a tener en cuenta cuando hace referencia a la presencia de incredibilidad subjetiva, derivada por motivos espurios (droga en poder de un menor de edad), o de preexistencia de resentimiento o enemistad que tengan su origen en otras causas distintas al ataque sufrido por la víctima. 2) VEROSIMILITUD, es decir, constatación de la concurrencia de corroboraciones periféricas de carácter objetivo, que avalen lo que no es propiamente un testimonio directo del único testigo de cargo, sino una declaración de un tercero imparcial, porque bien es sabido que en cuanto a esta clase de delitos, resulta regularmente cierto que no existe la presencia de testigos presenciales, pero por lo menos debería existir testimonios periféricos que de alguna manera sostuvieran objetivamente la versión de los hechos que fijan la víctima y sus familiares, lo que no acontece en el presente caso, ya que en vista de que estamos hablando de un entorno familiar donde se ha consumido drogas, resulta obvio que ni los directamente relacionados al hecho y sus amistades querrán ser expuestos, a los interrogatorios derivados de la presencia de drogas prohibidas, de ahí que el Ministerio Público, con la anuencia de los tres jueces, hayan retirado los cargos que por delitos de tráfico de drogas le imputaban a nuestro patrocinado, ya que efectivamente se demostraría, quienes eran los posibles verdaderos dueños de esa drogo y de donde posiblemente sacaba la versión el menor de edad sobre su distribución, lo que nos trae nuevamente al dictamen pericial de la trabajadora social B. N. L. M., que estableció en su pericia que este menor de edad frecuentaba por si solo los billares propiedad del compañero de hogar de su tía, nos preguntamos, que tipo de cuidado recibe este menor de edad en ese entorno familiar, lo que evidencia que está en un grave riesgo social, pero como a la fiscalía no le importa analizar estas situaciones con objetividad, es que recurre a la simulación y maniobra de prueba de cargo; en definitiva era fundamental la constatación objetiva de la existencia del hecho, y más aún, habrá de ponderarse este elemento adecuadamente cuando se trate de delitos que no dejan huellas o vestigios materiales de su perpetración. Por ello, el hecho de que, en ocasiones, el dato corroborante no pueda ser contrastado no debe de existir la más mínima duda de algún elemento que pueda objetivamente desvirtuar el testimonio del menor C. E. B. L., porque existe la posibilidad de la falsedad de su relato por motivos espurios, lo que desacreditaría la supuesta comprobación de los juicios ilógicos en que se basa el tribunal de sentencia para justificar las supuestas circunstancias concurrentes en el hecho juzgado. 3) PERSISTENCIA EN LA INCRIMINACION: del testimonio de la supuesta víctima C. E. B. L., ya que ésta debe ser prolongada en el tiempo, plural, sin ambigüedades, ni contradicciones, pues constituyendo la única prueba enfrentada a la negativa del acusado A. G. P., que proclamo su inocencia, por lo que prácticamente, la única posibilidad de evitar la indefensión de éste es permitirle que cuestione eficazmente dicha declaración, poniendo de relieve aquellas contradicciones que señalen su inveracidad. Aspecto éste, que como lo hemos demostrado nuestro representado a sido víctima de una perversa y fraudulenta manipulación de prueba de cargo, negándosele por un lado de la oportunidad de lo aportación de prueba decisoria y por otro la tergiversación y prejuicio de la prueba de cargo, para dictar un fallo condenatorio en su contra, todo ello, bajo la aplicación de la inobservancia de la regla de la sana critica de la lógica de razón suficiente y del principio de derivación, en vista de que ese tergiversado pensamiento humano fue utilizado para impedir al imputado A. G. P. poder desvirtuar los hechos que se fundaban exclusivamente en una única declaración de culpabilidad, en vista de que esta prueba, por si sola, si se excluye hipotéticamente de la sentencia condenatoria, se determinara que el resultado sería absolutorio, al no existir ninguna otra prueba que sea absolutamente coincidente y con base suficiente para que sostenga totalmente la potencialidad de un fallo incriminatorio en contra de nuestro patrocinado A. G. P.., y decimos esto, porque no solo estamos hablando de exigencias condicionantes de su objetiva validez como prueba, sino de criterios de ponderación que señalen los cauces por los que ha de discurrir un proceso valorativo verdaderamente razonable. En ese orden de ideas, tales reservas a las cuales nos referimos, no son otra cosa que la aplicación de la teoría general del valor del testimonio, conforme a las reglas de la sana crítica, cada día más elaboradas por la sala de lo penal de la Corte Suprema de Justicia Hondureña, y entre estas podemos mencionar las de la psicología que afectan, no sólo a estos sentimientos de odio, rencor, venganza, ánimo de exculpación, etcétera, sino a otros factores igualmente importantes como facultades de captación del hecho en función de las características del testigo, del tiempo de exposición del hecho, de la forma de producirse, etc. En definitiva, para concluir corresponde a la sala de lo penal, mediante el control casacional, establecer si la valoración del testimonio del menor C. E. B. L. que el Tribunal de Sentencia ha utilizado como piedra angular para dictar su fallo condenatorio, es carente de la aplicación de un correcto pensamiento humano, y dado que ese criterio puede ser estudiado en la fase del recurso de casación, pueden perfectamente los magistrados de la sala de lo penal apreciar y justipreciar en su exacta dimensión, que dicha valoración de la declaración padece de incredibilidad subjetiva, que no es verosímil y que no existe persistencia de incriminación, amen, de que el resto de pruebas de cargo a las que nos hemos referido ampliamente en este motivo de casación por quebrantamiento de forma, no son concretas y suficientes por si solas para establecer un fallo condenatorio, en vista que han sido mal razonadas al ser segmentadas su real contenido lo que a constreñido una ambigua derivación de las mismas con el relato del único testigo incriminador, por lo que tal juicio valorativo o axiológico utilizado por los jueces de sentencia, no ha respetado en lo más mínimo las reglas de la sana crítica, específicamente de la razón suficiente y el principio lógico de derivación, al descartar la existencia sobre posibles actuaciones de resentimiento, odio, enemistad u otras razones similares que han originado la imputación en contra del ciudadano hondureño A. G. P., contra quien no solamente no existe prueba objetiva y confiable para condenarlo por 60 años de reclusión, sino que también todos los estudios sociales, psicológicos y pruebas científicas han demostrado de que no tiene la conducta que presentan regularmente un pedófilo o depredador sexual de menores, sino de un ciudadano promedio, que busca superarse como todos los demás, pero que su vida se ha destruido hasta los momentos, al verse orillado por esta espuria acusación, ha abandonar su vida y estudios, por lo que se pide en base al principio de tutela judicial efectiva la aplicación de control casacional al caso de merito. Es así, que pedimos que dada la situación límite de riesgo para no solo para el derecho constitucional de presunción de inocencia del imputado A. G. P., sino esencialmente de que la inobservancia de las reglas de la sana crítica se produce cuando la única prueba de cargo la constituye la declaración de la supuesta víctima del delito. Y que ese riesgo se hace extremo si la supuesta víctima C. E. B. L. es precisamente quien inició el proceso, haciéndose aún más acentuado cuando se constituye en única prueba de la imputación. Por lo que si se aplican correctamente las reglas de la sana critica, en este caso la lógica de razón suficiente y el principio de de derivación, no solo bastara con formular una imputación y sostenerla personalmente en el juicio, ya que ello no es suficientemente CERTERO para desplazar la carga de la prueba que exista a favor del imputado A. G. P., a quien por lo visto no solamente se le ha negado la oportunidad de poder controvertir esa única prueba de cargo, sino que también el tribunal de sentencia al llamarlo mentiroso ha manifestado que el imputado está obligado a demostrar su inocencia, frente a una prueba de cargo integrada únicamente por la palabra de quien lo acusa. Por lo que cabe aclarar que el control casacional al estar alejado de prejuicios y afectaciones en su ánimo interior, debe alcanzar la aplicación de la justicia, en aquellos casos en que la declaración del acusador no sólo es única prueba de la supuesta autoría del acusado sino también de la propia existencia del delito, del cual no existe acreditación alguna, fuera de las manifestaciones de quien efectúa la acusación; llegándose al grado máximo de indefensión para el acusado cuando la imputación está fundada exclusivamente en la palabra del acusador y que esta resulta ser tan imprecisa en su circunstancias o en el tiempo que no hay prácticamente posibilidad alguna para el imputado de obtener prueba en contrario. Es por ello por lo que, en estos supuestos, el control casacional no puede limitarse a la mero constatación formal de que dicha declaración es hábil para ser valorada como prueba de cargo, sino que va más allá, verificando la racionalidad del proceso conclusivo en que se fundamenta la condena, como también sucede, por ejemplo, en los supuestos de prueba indiciaria. Ha de recordarse que el recurso de casación penal, además de su función propia de producir jurisprudencia también es unificadora de doctrina, por lo que cumple con lo dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico de satisfacer la aplicación del derecho a la norma, como derecho fundamental de todo condenado a tener una posibilidad de que se repare la injusticia cometida en su contra; en consecuencia, pedimos que la sala de lo penal declare que en el presente caso se ha quebrantado la regla de la sana critica de la lógica de razón suficiente y el principio de derivación, en vista de que el testimonio de la víctima adolece de todos los requisitos antes expuestos, y que por tratarse de una inobservancia de una regla de la sana crítica, por ser una cuestión propiamente valorativa, que incumbe al Tribunal de sentencia, esta carece de aplicabilidad por ser ilógicas sus conclusiones, y ello produce un vacío probatorio o ausencia de prueba, supuesto con el cual la condena viola no solamente colateralmente el derecho constitucional a la presunción de inocencia y otros derechos fundamentales, sino que quebranta la forma del juicio que se ventilo en su contra, por lo que el control casacional, siendo facultad y obligación de la sala de lo penal debe aplicarlo para determinar que esa valoración hecha por el Tribunal de Sentencia del testimonio de la supuesta víctima C. E. B. L. NO RESULTA CONVINCENTE, pues de un lado no existen datos periféricos algunos de carácter corroborativo y contrariamente existen datos que restan credibilidad a dicho testimonio, por lo que dicha prueba NO PUEDE REPUTARSE SUFICIENTE PARA ENERVAR LA PRESUNCION DE INOCENCIA AL HABERSE INOBSERVADO LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA DE LA LOGICA DE RAZON SUFICIENTE Y DEL PRINCIPIO LOGICO DE DERIVACION. A manera de reforzar nuestra invocación y en base a lo dispuesto en el artículo 19 del Código Procesal Penal, se acompañan precedentes donde ya ésta Sala de lo Penal a fijado su criterio casacional, en el sentido de respetar la regla de la sana critico de la lógica, específicamente la razón suficiente y la ley de la derivación, advirtamos “...Esta Sala de lo Penal considera importante recordar, que las agresiones o los abusos sexuales, cuando tienen lugar en el marco de las relaciones familiares, de los que resultan víctimas menores de edad, resultan de prueba muy compleja. Se trata de hechos que suelen cometerse en la clandestinidad, que son sufridos por menores que en muchos casos encuentran dificultades para relatarlos y que, cuando son descubiertos y denunciados, pueden dar origen a tensiones en el grupo familiar que pueden afectar seriamente a los propios menores que en ocasiones llegan incluso a desarrollar sentimientos de culpabilidad respecto a sucesos de los que en realidad han resultado víctimas. Esta clase de situaciones imponen a los Tribunales una profunda valoración de la prueba que, naturalmente, solo puede conducir a una sentencia condenatoria cuando la culpabilidad se demuestra más allá de toda duda razonable. En este sentido, la verificación de la existencia de prueba de cargo suficiente, requiere una triple comprobación. En primer lugar que el Tribunal de instancia haya apoyado su relato fáctico, en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él. En segundo lugar, que las pruebas sean válidas, es decir, que hayan sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica, y en tercer lugar, que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparte de las reglas de la lógica, de las máximas de la experiencia y de los conocimientos científicos cuando se haya acudido a ellos y que no es, por tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea... .“(Sentencia de fecha once de agosto de dos mil nueve, recaída en el Recurso de Casación Penal número S.P.17=08) ”…La Sala ha reiterado que en el juzgamiento de casos de tipo sexual se debe tomar en consideración aspectos de sutil importancia, entre ellos: “La falta de animosidad de la víctima, quien es menor de edad para querer faltar a la verdad, la normal ausencia de otros testigos oculares en los delitos sexuales excepto la propia víctima, la posición de autoridad del acusado con respecto a la víctima, el contexto rural del centro educativo, donde se desarrolla el hecho justiciable, el origen humilde de la madre, hermana y de la propia víctima y otras circunstancias valorativas” (véase sentencia CP—1 407 del veintitrés de enero del año dos mil ocho). Ciertamente, la experiencia nos muestra que gran cantidad de los delitos de abusos sexuales entre ellos el de violación, si bien, no son exclusivos suelen suceder en entornos sociales en los cuales concurre situaciones de marginalidad social o déficit de atención familiar como ser hijos abandonados, menores que pasan bastante tiempo solos en sus casa o viven juntamente con varias personas, padres que han emigrado del país dejando a los menores con otras personas o familiares, resultando con frecuencia que en muchos casos se cuente únicamente con la declaración de la víctima, razones por las cuales los delitos contra la libertad sexual se consideran criminológicamente delitos clandestinos, secretos, o de comisión encubierta.— III.— Las reglas de la sana crítica (lógica, experiencia, psicológica) imponen al juez la obligación de externar conclusiones coherentes y razonables, la lógica en su postulado de derivación implica que las conclusiones sean tomadas de derivaciones de la prueba evacuada que permita de manera clara y certera una afirmación de culpabilidad o de absolución respetando el principio de razón suficiente.— La Sala, ha reiterado también que: “La deducción ante todo, no debe ser lógicamente contradictoria. Por otra parte, el principio de razón suficiente nos dice que todo objeto debe tener, valga la redundancia, una razón suficiente que lo explique. Lo que es, es por alguna razón, nada existe sin una causa o razón determinante”. (Véase sentencia 172—2010 del nueve de junio del año dos mil once). “(sentencia de fecha veintiocho de julio de dos mil once, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal número S.P.60=2010) “...El Criterio de la Sala. 1) Para que una sentencia sea legítima es imperativo que se base exclusivamente en prueba válidamente introducida al debate. Si la motivación omite la consideración de prueba decisiva introducida al debate o si se basa en elementos no introducidos formalmente como parte integral de la prueba, la sentencia es ilegítima. Si bien la estimación probatoria y las conclusiones fácticas de la sentencia están restringidas para su control casacional, si es posible el control del ejercicio intelectivo realizado por el juez para arribar a sus conclusiones; el examen sobre las pruebas está instituido únicamente a efectos de custodiar que se cumpla la aplicación de las reglas de la sana crítica (lógica, psicología y la experiencia) en la fundamentación del fallo. 2) Dentro de las reglas de la lógica está el principio de derivación que exige que cada pensamiento provenga de otro con el cual está relacionado, es decir, el razonamiento debe constituirse por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en base a ellas se vayan edificando, a cada conclusión o derivación afirmativa o negativa corresponde un elemento de convicción del cual ha de inferirse aquella. Si las conclusiones o derivaciones extraídas no se basan en elementos probatorios formalmente incorporados o son falseados en su contenido o significado, se viola la regla de la sana crítica (lógica)... “Sentencia de fecha veinticinco de marzo de dos mil diez, recaída en el Recurso de Casación No. S.P. No. 64-2008) ESTA SALA DE LO PENAL concluye que la sentencia recurrida efectivamente adolece de defectos en la fundamentación intelectiva, pues las razones invocadas por el A Quo son inconsistentes e insuficientes, para formar su convicción judicial, e incurre en inobservancia de la regla de la sana crítica, de la lógica, específicamente de derivación, que exige razón suficiente y fundada.— Por lo anterior, ESTA SALA declara procedente el motivo de casación invocado, en cuanto a decretar la nulidad de la sentencia en lo conducente a los imputados.. .,a efecto de que se celebre para el juzgamiento de estos otro debate, con jueces diferentes a los que intervinieron en el debate y sentencia anulada parcialmente...” (SENTENCIA de fecha veintiocho de abril del año dos mil ocho, recaída en el Recurso de Casación No.17]-06) SE PROPONE PRUEBA. En base a lo establecido en el artículo 368 del Código Procesal Penal, se propone como medio de prueba para demostrar los defectos de procedimiento o de forma en que incurrió el Tribunal de Sentencia, el Acta de debate de Juicio oral y público No.0501-2010-08105 donde se emana dicha Acta de Debate; específicamente para que se evacúe en la audiencia señalada en al Art. 367 del Código Procesal Penal y asimismo se propone como prueba la Sentencia Definitiva para que se contraponga las segmentación de la prueba con lo verdaderamente acontecido en el debate de juicio oral y público, consignado en la respectiva acta de debate, donde se demostrara que las diversas valoraciones probatorias de la prueba de cargo ni por cerca derivan de su contexto primigenio. Por otro lado, se pide que por la vía de la inclusión hipotética se analice como prueba documental la declaración administrativa proporcionada por el menor C. E. B. L., ante la sede policía que obra a folio, y acta de audiencia inicial con indicación la declaración del menor que obra a folio4 declaración que al haber sido producida en la etapa preparatoria del procedimiento ordinario, ya que con esta prueba su finalidad probatoria demostrara un evidente fraude de ley y abuso de derecho al acreditarse una indiscutible manipulación de los relatos del menor de edad, quien ha sido preparado, no solo para ocultar información vital, sino para callar la verdad, aspectos estos constitutivos de actos reñido con la ley, que deben ser investigados y sancionados, ya que se hicieron para procurar la condena de una persona inocente a la que se le ha impuesto la pena de 60 años de reclusión; De igual manera, se solicita que por la vía de la inclusión hipotética se evalúe el dictamen de la Trabajadora social numero DTS -085-011 de fecha 12 de mayo del 2011, emitido por la licenciado B. N. L. M. perito en trabajo social del Ministerio Publico que obra a folios, cuyas apreciaciones demostraran los motivos espurios por los cuales se ha condenado a nuestro representado A. G. P.; se proponen las transcripciones de la audiencia de debate donde se observan con mayor detenimiento las inconsistencias producidas en el debate de todo lo anterior se pide a sala de lo penal, que una vez determinada y constada las irregularidades en la prueba aludida se ponga en conocimiento del Fiscal General de la República para que se deduzcan las responsabilidades penales y civiles a las personas naturales o funcionarios policiales o del Ministerio Publico que conjuraron para provocar los actos de deslealtad para con la justicia constitutivos de fraude de ley y abuso de derecho. RECLAMACIONES HECHAS PARA SUBSANAR EL VICIO PROCESAL. El Vicio Procesal que da fundamento al Motivo de Casación por Quebrantamiento de forma expuesto en el presente Recurso, fue cometido en el acto mismo de la Sentencia, y por tanto, por su naturaleza no era posible intentar reclamo alguno para su subsanación más que la interposición del presente Recurso. ALCANCE DE LA PETICION DEL RECURRENTE: A la Honorable Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, respetuosamente pido, declarar HA LUGAR el segundo Motivo de Casación Por Quebrantamiento de Forma, SE ANULE la Sentencia recurrida y se ordene su reenvío al Tribunal de Origen.” III.- CONTINÚA MANIFESTADO EL RECURRENTE EN SU: “ÚNICO MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. El Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en la sentencia condenatoria dictada contra el imputado A. G. P. cometió Infracción de Precepto Constitucional relativo a la PRESUNCION DE INOCENCIA, vicio a la norma constitucional que hizo al Tribunal de sentencia violentar lineamientos de la ley constitucional vigente, así como a los Tratados y Convenios Internacionales. PRECEPTO ADJETIVO AUTORIZANTE. En el Artículo 361 del Código Procesal Penal se instituye el vicio en la Sentencia Definitiva en el caso; “Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. En todos los casos en que, con arreglo a este Código, pueda interponerse recurso de casación contra una resolución judicial, será suficiente para fundamentarlo, la Infracción de Precepto Constitucional.” PRECEPTO CONSTITUCIONAL INFRINGIDO. Artículo 89 Constitucional. “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad correspondiente.” Artículo 14.2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.” EXPLICACIÓN AL ÚNICO MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO_CONSTITUCIONAL. Se recurre ante a sala de lo penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, bajo este motivo de casación de INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL de la sentencia definitiva, porque por la vía de la vulneración de derechos constitucionales, se denuncia la violación del derecho a la presunción de inocencia. En vista de que el imputado A. G. P. ha sido condenado como autor de delitos de Violación Especial a la pena de 60 años de Reclusión mediante la valoración irracional de la prueba de cargo, misma que al no ser suficientemente creíble para enervar su estado constitucional de inocencia, existe un vacío probatorio de donde emana la duda razonable, aplicándose esta institución en su contra y no en su favor, invirtiendo con ello la máxima constitucional que en caso de duda razonable esta será siempre valorada a favor del reo, y nunca en su contra. Se sostiene que ha sido condenado en ausencia de pruebas inequívocas y que el Tribunal de sentencia ha consentido una valoración totalmente sugestiva del menor de edad C. E. B. L. ya que los juzgadores valoran la credibilidad del menor, pero omiten cualquier mención de las pruebas que benefician a la persona del acusado, por lo que existe una DUDA RAZONABLE que le beneficia sobre las pruebas de cargo, en ese sentido, los jueces de sentencia omiten referirse a las graves contradicciones que contiene las declaraciones del menor C. E. B. L. en relación a las pruebas científicas que no confirman sus dichos, y nos referimos primeramente a la ausencia de la presencia de droga en sangre y orina tanto en el cuerpo de la supuesta víctima, como de su supuesto agresor y a la ausencia de lesiones y cicatrices en su cavidad anal de la supuesta víctima, por lo que emana una grave duda, si efectivamente lo manifestado por la supuesta víctima haya acontecido en realidad o si es producto de una causa espuria, dado que al ser la única prueba directa que nos puede llevar a la existencia del delito de violación especial, no se aprecia afectación alguna que pudiera derivarse de los supuestos hechos. Por otro lado, entendemos que en cuanto a la declaración del menor C. E. B. L. se manipuló su versión en el sentido que éste omitiera pronunciarse sobre extremos probatorios que la defensa previamente había establecido como decisorios y fundamentales que acreditarían la falsedad de sus dichos, pero inconcebiblemente al torcer la lógica y además negarnos prueba de descargo el tribunal de sentencia consintió en que éste expresara su versión sin prueba de descargo que lo contradijera, ya que C. E. B. L., fue contestando con monosílabos y evasivas a las preguntas que le hizo la defensa técnica, conducta muy diferente que asumió al contestar las preguntas del representante del Ministerio Público, por lo que dicho testimonio debe ser invalidado. Honorables Magistrados de la Sala de lo Penal, El derecho a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 89 de la Constitución de la República implica (si la interpretamos de manera sistemática) que toda persona imputada de un delito o falta debe ser considerada inocente, no solo hasta que se demuestre su culpabilidad por un tribunal competente, sino hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley, esto de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo cual supone que se haya desarrollado una actividad probatoria de cargo con arreglo a las previsiones constitucionales y legales, y por lo tanto válida, cuyo contenido incriminatorio, racionalmente valorado de acuerdo con las reglas de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicos, sea suficiente para desvirtuar aquella presunción inicial, en cuanto que permita al Tribunal de sentencia alcanzar una certeza objetiva sobre los hechos ocurridos y con base en la misma declararlos probados, así como la participación del acusado en ellos, descartando, al mismo tiempo y en su caso, la versión alternativa por carencia de la necesaria racionalidad. Pero cuando esto no acontece así, se recurre en casación por infracción de precepto constitucional por su estrecha relación con el derecho a la tutela judicial efectiva, porque debe justipreciarse por parte de la sala de lo penal, si el tribunal de sentencia valoro expresa y razonadamente la pruebas de cargo y de descargo que tengan un contenido relevante respecto de los hechos cuya acreditación se discute. Por lo que ese control procedente en casación no supone una nueva valoración del material probatorio disponible, sino que se orienta, en primer lugar, a verificar que las pruebas han sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica. Y en segundo lugar, a comprobar la racionalidad de la valoración, es decir, que el tribunal no se ha apartado de las reglas de la lógica, de las máximas de experiencia y de los conocimientos científicos cuando se haya acudido a ellos y que no es, por lo tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea y en tercer lugar, Si ha existido igualdad de armas procesales para proponer y evacuar prueba de cargo o descargo. En ese orden de ideas se denuncia por conducto del motivo de casación por infracción de precepto constitucional que la esta Sala de Lo penal, realice la siguiente verificación. a) En primer lugar, debe analizar el juicio sobre la prueba, es decir, si existió prueba de cargo y de descargo (que pudo haber producido duda razonable), estimando por tal aquella que haya sido obtenida con respeto al canon de legalidad constitucional exigible, y que, además, se haya permitido racionalmente que los sujetos procesales en igualdad de armas procesales hayan tenido la oportunidad para introducirlas en el Debate de Juicio Oral y Público de acuerdo con el canon de legalidad ordinaria y sometido al cedazo de la contradicción, inmediación e igualdad que definen la actividad de la audiencia pública; en el caso que nos ocupa a la defensa técnica que representaba al imputado A. G. P., se le negó esa igualdad de armas procesales, en vista de que una prueba fundamental le fue rechazada bajo ninguna resolución judicial que contuviera una motivación sólida basada en derecho que explicara y justificara su no admisibilidad, veamos, que se propuso como prueba el dictamen de Trabajo Social número 085-1 1 sobre el entorno familiar del menor de edad C. E. B. L. emitido por la licenciada B. N. L. M., en este dictamen se acreditaba que el menor en referencia, acepto ante este perito forense de las ciencias sociales que él se auto calificaba como una persona “… respetuosa, responsable, mentiroso y que cuando estaba asustado dice mentiras...” aspecto muy importante, porque la defensa había establecido que este menor de edad, al momento de señalar o identificar como el supuesto agresor sexual a nuestro representado A. G. P., se encontraba bajo los efectos de una coacción o amenaza que le infringía su tía J. B. M. al descubrirlo con drogas en su poder, lo cual las reglas de la sana crítica nos informan que un menor de edad que se encuentre en esa situación, es capaz de forjar cualquier mentira al verse asustado de las consecuencias de sus actos, véase, que según varias pruebas de cargo y de descargo nos informan que este menor viene de un hogar desintegrado, donde sus padres le son indiferentes por haberlo abandonado, por lo que al verse asustado, de lo le decía (amenazas) su tía, este menor de edad era capaz de inventarse cualquier mentira, no solo de una falsa violación, sino de un inexistente agresor, pero podría pensarse que debido a su corta edad, no es posible que tenga ese discernimiento intelectual, pero también las máximas de experiencia nos dicen, que un menor de edad que frecuenta lugares como billares disfrazados de cantinas y hogares donde se consume drogas alucinógenas (aspectos corroborados por la perito del Ministerio Público y la declaración de J. B. M.), puede ser capaz de forjar a cabalidad detalles sobre agresiones sexuales, debido a la contaminación del ambiente donde puede ver, percibir y escuchar platicas o comentarios sobre todo tipo de acto sexual, de ahí, que el trabajo social practicado en el entorno familiar del menor C. E. B. L. por parte de la licenciada B. N. L. M. perito del Ministerio Público, era prueba decisoria, para acreditar esa duda razonable a favor del reo, de que lo manifestado por el menor de edad C. E. B. L. era una mentira forjada ante el temor y pánico que tenia por haber sido descubierto en presencia de drogas, de ahí, de que las amenazas y coacciones a las que fue sometido resulta ser determinantes, pero al no ser valoradas bajo las reglas de la sana critica, principalmente bajo los parámetros lógicos del principio de derivación, los jueces de sentencia se limitaron a condenar a nuestro representado, por lo que se pide a la sala de lo penal que por medio del procedimiento de la inclusión hipotética, funde su control casacional al respecto del valor decisorio de esta prueba; Véase la magnitud de lo manifestado la propia boca de la testigo J. B. M. quien reveló en el debate de juicio oral y público lo siguiente: ACTA DE DEBATE: PAGINA 17: DECLARACION DE J. B. M....“hasta que lo presione, y le dije que iba a traer un fiscal y a la policía para que te saque, porque no aguanto que es, en eso como a la cinco de la tarde, llego el señor y C. me dijo que él era, y me bajo donde N. y le pregunte como se llama ese señor, y ella me dijo el licenciado A. G., en eso me fui y le dije a las autoridades, y ellos empezaron a investigar, y así descubrí los hechos…” Visto lo anterior, la resolución judicial con la cual se nos denegó ese medio de prueba decisorio fue redactada de la siguiente manera: PAGINA 5 y 6 del acta de debate: “en relación a los medios de prueba propuestos en común, estos son admitidos a excepción del dictamen de trabajo social...” Las razones del porque el tribunal de sentencia rechaza este medio de prueba, nunca la sabremos, solo somos testigos de sus efectos, al negarnos en igualdad de armas procesales poder controvertir la declaración del menor C. E. B. L. y demostrar idóneamente los motivos espurios de su versión de los hechos relativos a una falsa violación y de un imaginario agresor. Por otro lado se pide que se analice por conducto de la inclusión hipotética como medio de prueba documental la declaración administrativa y la ofrecida en la audiencia inicial que rindió en la etapa preparatoria la supuesta víctima C. E. B. L., ya que en el debate la defensa técnica llego preparada con el reporte de llamadas y estados de cuenta del ahora imputado A. G. P. respaldado todo ello con el dictamen médico legal numero 201004-0991 emitido por el doctor A. E. A. A. practicado sobre la humanidad del menor de edad C. E. B. L. donde determino fehacientemente que: PAGINA 8 DE LA SENTENCIA DEFINITIVA: “1) pliegues radiados normales, con disminución de tono esfínter anal, pene, testículos, escroto y glande de características infantiles sin lesión. 2) sin signos clínicos de enfermedad de transmisión sexual. 3) Área para y extra genital sin lesión. 4) se recomienda trabajo social. 5) se recomienda evaluación psiquiátrica y psicológica florense por estrés postraumático. 6) laboratorio de inmuno-microbiología reporta negativo para enfermedad de transmisión sexual (HIV, sífilis, gonorrea) y negativo para la presencia de liquido seminal y esperma en hipado bucal, anal y rectal). Laboratorio clínico reporta negativo para drogas de abuso. Así mismo se evacuo la ampliación del referido dictamen de fecha 1 5 de julio de 2011, mediante la cual, el citado perito, puntualizó que la disminución del tono del esfínter anal es un signo inespecífico no solo de penetración de cuerpo romo o pene erecto, sino también de patologías como estreñimiento y diarrea crónica, entre otras, además que la dilatación refleja no se clasifica como normal o disminuida, se describe como presente o no. En el caso concreto no se encontró dilatación refleja.” Por lo que con estas pruebas la defensa quería establecer que se podía llegar a la conclusión que la supuesta víctima mentía sobre las circunstancias concomitantes de cómo, cuando, donde y en qué tiempo acontecieron los hechos, pero el menor C. E. B. L. llegó ilustrado al debate de juicio oral y público a no contestar ninguna de las preguntas que sobre esos extremos le hiciera la defensa técnica, por lo que más de treinta respuestas fueron en sentido evasivo o que no recordaba, mismas que el tribunal de sentencia sin tener una prueba Científica en que fundarse, dice que dichas evasivas son producto de el trauma psicológico que le produjo la violación sexual en su contra y por lo tanto, no quería recordar esos episodios relativos a esos accesos carnales, pero cuando la Fiscalía le hizo todo tipo de preguntas sobre los accesos carnales, se dio el lujo de dar detalles precisos de cómo acontecieron esos accesos carnales, agregando otros elementos para agravar los hechos supuestamente acontecidos, a tal extremo que manifestó que el imputado lo obligo a consumir drogas a la fuerza, que ordenaba robar dinero, que lo hacía distribuir drogas, en fin todo tipo de actos odiosos inimaginables que pudieran ocurrírsele a una persona para pervertir a un menor de edad, y véase que cada vez mas graduados en maldad, lo que implica a criterio del recurrente que más allá de una posible sospecha de manipulación, existe la aseveración cierta de que efectivamente ese menor fue instruido y manipulado para que respondiera en la forma que lo hizo y ello se corrobora, con la declaración administrativa que rindió en la policía e incluso con la declaración que rindió en la audiencia inicial, donde de tiempo en tiempo, va variando los hechos y circunstancias a las cuales nos referimos, y es tal, que en la declaración administrativa rendida en la policía, dice que fue objeto de una violación violenta, por más de treinta minutos, no especificando posiciones corporales especificas de cómo había acontecido dichas penetraciones del pene en su cavidad anal etc., pero una vez emitido el dictamen médico legal, y al ser este contundente sobre las razones de ausencia de cicatrices y lesiones en la cavidad anal del menor supuestamente ofendido, resultaba menester controvertir esa graves contradicciones, pero el menor de edad C. E. B. L. al rendir su declaración en el debate de juicio oral y público hace encajar con su relato que la penetración del pene en su cavidad anal en tres diversas ocasiones y tiempos fue producida, sincronizadamente por el agresor al supuestamente ubicarlo en una posición corporal que curiosamente dicen los médicos forenses existe la posibilidad que no deje lesiones, ni cicatrices, cuando como lo hemos manifestado en otras declaraciones, como ser específicamente la rendida en sede policial en la etapa preparatoria, dice completamente lo contrario, al aducir que fue penetrado con violencia y por más de treinta minutos, lo que lógicamente hubiera producido lesiones y cicatrices en su cavidad anal. En ese sentido, al existir esta grave contradicción se pide bajo control casacional y para fines de una sana administración de justicia la inclusión hipotética de estas pruebas, que resultan ser decisorias, ya que descartan los relatos o versiones del único testigo de cargo. Por otro lado, con la ampliación del dictamen que emite el médico forense este se fundó bajo la penumbra de la incertidumbre científica de que una disminución de tono esfínter anal, era factible determinar que existió la introducción de un objeto romo en el cuerpo del menor ofendido, de ahí, que en el debate se discutiera, que esa no era la única posibilidad factible para responder del porque de esa disminución de tono esfínter anal, dándose otras explicaciones dentro del campo de las ciencias medicas, entre ellas: -La posición del cuerpo del menor al momento de ser examinado, dado que dicha posición corporal produce una disminución del tono del esfínter, de igual manera la presión que se ejerza en los glúteos al momento d ser examinado[15]. -Diarrea. -Estreñimiento etc. Lo que reflejaba, sin lugar a dudas, que existía una duda razonable, sobre si existió o no, el delito de violación especial, pero lo inconcebible procesal, moral y éticamente en que esa, duda razonable, funciono a la inversa del imputado A. G. P.en el razonamiento lógico de los jueces de sentencia, ya que interpretaron la prueba en tal sentido, de primero segmentar su contenido de la sentencia definitiva[16] [16], para que lo verdaderamente acontecido y discutido en el debate de juicio oral y público, perdiera su efectividad, con este proceder les fue más cómodo descartar los otros factores clínicos que acreditaban la ausencia de una violación en la cavidad anal, y desde esa plataforma mental, se limitaron a argumentar meras especulaciones basadas en la duda ya que se fijaron en hipotéticas conclusiones que infiero el médico forense y la doctrina científica del consultor médico legal Doctor D. C. B., para establecer, que existía una verdadera “CERTEZA” de la existencia de delito de violación sexual en perjuicio de un menor de edad, nada más falso en el proceder de los jueces de sentencia ya que la doctrina científica hondureña, acogida por la jurisprudencia, ha establecido lo siguiente en lo referente a la duda razonable: “Es frecuente en la práctica, la confusión entre la presunción de inocencia y el principio indubio pro—reo, cuando en realidad este es un principio auxiliar que se ofrece al juez a la hora de valorar la prueba, de modo que una vez practicada, sino se llega a ser bastante para formar su convicción o apreciación en conciencia, en orden a la culpabilidad o no del procesado, sus razonadas dudas habrá de resolverlas siempre a favor del reo. El principio Indubio Pro—Reo, entra en juego en el momento de valoración de las pruebas y no antes, hasta que se llegue a dicha fase, todo se habrá regido exclusivamente por el derecho a la presunción de inocencia, pero una vez obtenidas las pruebas de forma licita y regular, el indubio pro—reo habrá de interpretarse como principio interpretativo, tanto de la norma como de su resultancia procesal. Se vulnerará el indubio pro— reo, cuando el Tribunal exprese directa o indirectamente su duda, es decir, cuando no haya podido descartar que los hechos se produjeron de una forma más beneficiosa para el reo y a pesar de ello, adopte la versión más perjudicial para el mismo, pero lo que no puede convertirse es en la exigencia de que el Tribunal dude, como de ordinario sucede en la práctica. Como dice la sentencia del TS Español de 1990, la presunción de inocencia actúa en tanto no se prueba el hecho delictivo y la participación del acusado en el, es decir, cuando existe un vacío probatorio, una laguna de actividad procesal, en cuyo caso es perceptivo absolver. Ahora bien, si existen pruebas de cargo y de descargo debe el Tribunal presidir cual ha de prevalecer, bien entendido que en caso de duda ha de prevalecer la absolución conforme al principio indubio pro—reo” (Valoración de la prueba presunción de inocencia. M. E. R., Magistrado de la Audiencia Provincial de Cádiz. España y Manuel A. Fortín Aguilar, Sub Director Escuela Judicial de Honduras. Cuadernos de estudios judiciales Rafael Alvarado Manzano, Pág. 95). Por lo que la duda razonable siempre debe operar a favor del reo y nunca en su contra. b) En segundo lugar, se ha de verificar --el juicio sobre la suficiencia--, es decir si constatada la existencia de prueba de cargo, ésta es de tal consistencia que tiene la virtualidad de provocar el decaimiento de la presunción de inocencia y c) En tercer lugar, debemos verificar --el juicio sobre la motivación y su razonabilidad--, es decir, si el Tribunal de sentencia cumplió por el deber de motivación, es decir si explicitó los razonamientos para justificar el efectivo decaimiento de la presunción de inocencia, ya que la actividad de enjuiciamiento es por un lado una actuación individualizadora, no seriada, y por otra parte es una actividad razonable, por lo tanto, la exigencia de que sean conocidos los procesos intelectuales del Tribunal de sentencia que le han llevado a un juicio de certeza de naturaleza incriminatoria para el condenado A. G. P. es no sólo un presupuesto de la razonabilidad de la decisión intra processum, porque es una necesidad para verificar la misma cuando la decisión sea objeto de recurso, sino también, extra processum, ya que la motivación fáctica actúa como mecanismo de aceptación social de la actividad judicial. En definitiva, el ámbito del control casacional en relación a la presunción de inocencia se concreta en verificar si la motivación fáctica alcanza el estándar exigible y si, en consecuencia, la decisión alcanzada por el Tribunal de sentencia, es sí misma considerada, como lógica, coherente y razonable, de acuerdo con las máximas de experiencia, reglas de la lógica y principios científicos, aunque puedan existir otras conclusiones, porque no se trata de comparar conclusiones sino más limitadamente, si la decisión escogida por el Tribunal de sentencia soporta y mantiene la condena; por lo que hay que preguntarnos: ¿ es suficientemente consistente y sólida la única declaración de cargo relativa a la versión de los hechos que da el menor de edad C. E. B. L.?. ¿son racionales los juicios lógicos que emite el tribunal de sentencia para darle credibilidad en grado de certeza?, ¿existían otras pruebas de cargo que constataran en grado de certeza absoluta la versión de sus hechos?, ¿fueron las motivaciones dadas por los jueces de sentencia suficientemente fundamentadas para desvanecer las dudas razonables que existían a favor del imputado A. G. P.?; Las respuestas resultan ser obvias y es que esta sentencia condenatoria constituye el acto más aberrante de una apología de odio hacia hechos repugnantes narrados sobre un hipotético caso de abuso sexual de un menor de edad, que ha obnubilado el buen juicio racional que debió tener el tribunal de sentencia, unido todo ello, a posibles maniobras de deslealtad para con la justicia, para ocultar la verdad y agréguese además al prejuicio que existía contra la persona del imputado, de no solo llamarlo mentiroso, sino que aún y cuando surgió duda razonable derivada de los propios juicios valorativos de la prueba de cargo, esta duda razonable fue utilizada en su contra y no a su favor para absolverlo, siendo así, cuando se segmenta una prueba y de ahí se dice que se valora, lo que se hace constituye un atentado a la inteligencia, porque no solamente existe, el arbitrario contexto reducido que de la valoración de la prueba haga un tribunal de sentencia, sino que también existen parámetros racionales como las reglas de la sana crítica para desacreditar esos juicios de racionalidad; siendo ello así; No constituyendo misión ni cometido de la casación penal hondureña, ni decidir, ni elegir, sino controlar el razonamiento con el que un Tribunal de Sentencia justifica su decisión, para con ello, determine en relación a la presunción de inocencia, si se ha actuado con legitimación en la decisión adoptada por los jueces de sentencia, y de igual manera, sancionar que esos juicios de coherencia y derivación, no se ha podido verificar su solidez y razonabilidad para justificar esas conclusiones alcanzadas, por lo que procede a rechazándolas, y por tanto, al controlar la inefectividad del entredicho en la aplicación de la duda razonable y su vulneración de la presunción de inocencia se decrete que esa sentencia condenatoria contiene una decisión inmotivada y consecuentemente una motivación arbitraria, que produce su nulidad absoluta. Por lo que debe fijarse bajo control casacional, que la prueba de con la cual se fundamento el Tribunal de sentencia, no constituye prueba suficiente, por lo que una vez analizada detalladamente en los diversos contextos segmentados de la sentencia definitiva, su contexto real contenido en el acta de debate y la inclusión hipotética de prueba decisoria, se establezca, que la declaración de la víctima C. E. B. L., respecto de la que el Tribunal de sentencia afirma su convencimiento absoluto del relato que realiza en base en primer lugar a su percepción, no es coherente, ni derivado, al no dar muestras inequívocas de responder a experiencias realmente vividas, sino forjadas por un motivo espurio al ser sorprendido con tenencia de drogas en su poder; de igual manera, se determine que ese testimonio, no permanente a lo largo del procedimiento ordinario por haber sido alterado de tiempo en tiempo procesalmente hablando, por lo que hay suficientes razones lógicas que existe un motivo espurio originado por el temor y pánico a perder su entorno familiar, al ser amenazado con tirarlo a la policía o al fiscal, para que le sacaran la “verdad”, que no es más que una mentira, dado que ese relato que de los hechos hace, solo evidencia una continua contradicción y evidente manipulación. Ello precisamente explica el por qué no se llego a criterios de certeza, sino de duda razonable, porque toda la prueba de cargo en vez de corroborar los datos de la versión dada por el menor de edad C. E. B. L., lo contradicen y demuestran la inexistencia de delito de violación especial y más aun, no demuestran la culpabilidad del imputado A. G. P. por ningún lado de donde se le vea, todo ello ha de unirse al dictamen médico forense y dictámenes psicológicos y de trabajo social tanto del imputado como del menor, en donde estos peritos se pronunciaron con claridad en el sentido de que el relato de la menor no era creíble por responder a la mayoría de los criterios establecidos para ello. Todo esto conduce sin duda alguna al convencimiento de que no existe razón legal para destruir la presunción de inocencia que ampara al procesado A. G. P. y que en definitiva, se está ante una verdad que NO alcanza el canon de “certeza más allá de toda duda razonable” que es exigible para todo pronunciamiento inculpatorio según reiterada jurisprudencia de esta sala de lo penal, al existir un vacío probatorio que impide la imposición de una sentencia condenatoria, por lo que procede la estimación del recurso de casación invocado por los recurrentes. A manera de reforzar nuestra invocación y en base a lo dispuesto en el artículo 19 del Código Procesal Penal, se acompañan precedentes donde ya esta Sala de lo Penal a fijado su criterio casacional, en el sentido de acreditar la infracción del precepto constitucional de la presunción de inocencia, advirtamos: “...Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que “La base de la doctrina constitucional respecto de la presunción de inocencia consiste, en que para desvirtuar la misma es preciso una mínima actividad probatoria, producida con las debidas garantías, que pueda entenderse de cargo y de la que se deduzca, la culpabilidad del procesado. Por otro lado como una carga de quien acusa, la presunción de inocencia es correlativamente un derecho fundamental, en virtud del cual incumbe a quien acusa aportar las pruebas desvirtuadoras de aquélla presunción iuris tantum. No puede imputarse, en principio, a un ciudadano la carga de probar su inocencia, pues, en efecto, ésta es la que inicialmente se presume como cierta hasta que se demuestre lo contrario. Ahora bien, esta carga de la prueba, y la necesidad de su efectiva práctica cobra sentido, no como un mero formalismo, sino con una específica y definida finalidad: la formación de la convicción del Juzgador respecto de los hechos. En último término, lo que interesa es la adecuada formación de esa convicción. La sucesión o concatenación lógica de las fases del proceso penal, en lo que aquí interesa podría sintetizarse, muy esquemáticamente, como: a) aportación de prueba por la acusación; b) a continuación, reconstrucción, a partir de esa prueba, de los hechos por el juez; c) finalmente, la subsunción de tales hechos en los correspondientes tipos penales. Llegar pues a la determinación de los hechos del caso a partir de la prueba practicada aparece como una operación lógica fundamental. De este modo, la Sala de lo Penal estima que en el motivo de casación por Infracción de Precepto Constitucional, fundado en vulneración del derecho de Presunción de Inocencia, debe recaer sobre: a) la ponderación del Juzgador sobre la prueba, para constatar si las partes acusadoras han aportado al juicio prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia; y, b) La racionalidad de la fundamentación intelectiva de la prueba para verificar los razonamientos o inferencias lógicas derivadas de ésta, para si en su valoración, el Juzgador ha observado las reglas del correcto entendimiento humano...“(Sentencia de fecha treinta días del mes de noviembre de dos mil once, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP—125—2010) “...Esta Sala de lo Penal, considera importante recordar que el artículo 89 de la Constitución de la República establece que “toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. El derecho fundamental a la presunción de inocencia, además de encontrarse expresamente reconocido en nuestra Constitución y normas legales secundarias (vid. Arts. 1 y 2 del Código Procesal Penal, también lo está en instrumentos jurídicos internacionales suscritos por el Estado de Honduras, como son entre otros, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 (art. 11.1), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 19 de diciembre de 1966 (art.14.2) y la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2); significa el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria y de la intervención en los mismos del procesado. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal deberá considerar: a) las pruebas que tuvo en cuenta el Tribunal de Instancia para atribuir unos hechos delictivos a una persona b) si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción y publicidad, c) si de haber sido practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal, d) si las pruebas se practicaron con observancia de las normas procesales y respeto a los derechos fundamentales, y e) si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador no resultan arbitrarias. En este sentido, corresponde al Tribunal de Casación comprobar que el Tribunal de Instancia ha dispuesto de la precisa actividad probatoria para la afirmación fáctica contenida en la sentencia, lo que supone constatar que existió, que se ha realizado con observancia de la legalidad en su obtención y se practica en el juicio oral bajo la vigencia de los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad, y que el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos y razonables que permitan su consideración de prueba de cargo. Esta Sala de lo Penal también considera pertinente recordar que los delitos que atentan contra la libertad sexual, por su propia naturaleza suelen ser cometidos en el ámbito de la clandestinidad, de ahí que el análisis del testimonio de la víctima cuando este ha sido evacuado en el proceso debe ser analizado escrupulosamente para determinar junto con otros elementos probatorios si se tiene por acreditado o no el hecho criminoso que se atribuye al encartado...”( sentencia de fecha cinco de abril de dos mil once, recaída en el Recurso de Casación Penal No.42=2009) RECLAMACIONES HECHAS PARA SUBSANAR EL VICIO PROCESAL. El Vicio Procesal que da fundamento al Motivo de Casación por Infracción de precepto constitucional expuesto en el presente Recurso, fue cometido en el acto mismo de la Sentencia, y por tanto, por su naturaleza no era posible intentar reclamo alguno para su subsanación más que la interposición del presente Recurso. ALCANCE DE LA PETICION DEL RECURRENTE: A la Honorable Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, respetuosamente pido, declarar HA LUGAR el Motivo de Casación por la Infracción de precepto constitucional relativo a la presunción de inocencia recurrida y se ordene se dicte sentencia absolutoria a favor del imputado A. G. P., por estimar que en casos de duda razonable siempre debe absolverse.” IV.- SIGUE MANIFESTANDO EL RECURRENTE EN SU: “ÚNICO MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY. MOTIVO DE CASACIÓN: Violación por FALTA DE APLICACIÓN del artículo 35, del Código Penal Vigente con relación al artículo 97, párrafo último reformado de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: De conformidad al análisis y estudio minucioso del caso que nos ocupa y al abocarnos al contexto de la fundamentación Jurídica de la sentencia recurrida y estando obligados a respetar por disposición legal la santidad e integridad de la sentencia, encontramos que el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Cortes, califica jurídicamente los Hechos, de la siguiente manera: a) Como tres delitos de VIOLACION ESPECIAL, por tanto, el Tribunal de Sentencia subsume el delito en el artículo 140 numeral 1 del Código Penal Vigente, imponiéndole al imputado A. G. P. la pena de 15 años de Reclusión por cada acto sexual cometido contra el menor de edad C. E. B. L., que según los hechos probados suman cuatro (4); acumulándosele al imputado las penas por los varios delitos de violación especial, la cantidad de 60 años de Reclusión teniendo como establecido de acuerdo a los hechos probados que el imputado A. G. P. se le consideraba responsable de la violación especial cometida en CONCURSO REAL DE DELITOS. A este respecto el artículo 35 del Código Penal, dispone que al culpable de dos o más delitos se le impongan las penas correspondientes a las diversas infracciones, disponiendo dicho precepto sustantivo en su parte final que, “Sin embargo la duración de las penas acumuladas por varios delitos no excederán de treinta (30) años. Esta ley sustantiva está en armonía con lo establecido en el párrafo último del artículo 97 Reformado de la Constitución de la República, que dispone que, “Las penas privativas de libertad por simples delitos y las acumuladas por varios delitos se fijarán en la Ley Penal” En consecuencia el párrafo último del referido artículo Constitucional se remite al artículo 35 del Código Penal Vigente, para su aplicabilidad en los casos como este, donde la norma sustantiva que se señala violada por falta de aplicación, LIMITA LAS PENAS ACUMULADAS, pues ESTAS PENAS DEBEN APUCARSE EN CONCURSO REAL por lo que el Tribunal de Sentencia en su Sentencia Definitiva, si consideraba culpable a mi representado A. G. P., debió fijar la pena de TREINTA (30) AÑOS DE RECLUSION , al tenor de lo dispuesto en el artículo 35 del Código Penal y no 60 AÑOS DE RECLUSION como arbitrariamente lo infiere la sentencia impugnada, ya que no se pronuncia sobre dicha acumulación de penas en la parte motivada de la sentencia recurrida. INTERPRETACION QUE SE PRETENDE: No obstante que no se está de acuerdo con la condena impuesta ya que debió ser absolutoria, pero que para alegar este Motivo De Casación Por Infracción De Ley debo obligadamente por cuestión procedimental, respetar la integridad y santidad de la sentencia recurrida y en vista de que la misma se comete el error in iudicando al no tener en cuenta esta situación de la Pluralidad de acción y de delitos, presupuestos característicos del concurso real de delitos, que le es favorable a mi representado A. G. P., resulta indiscutible que ese fallo violó de manera directa la norma sustantiva contenida en el artículo 35 del Código Penal, por haber computado las penas de los delitos fuera del marco del principio de legalidad establecido en la ley penal y constitucional, consecuentemente, elevó dichas penas en forma desproporcionada, cuando debió imponerlas a un término que no excediera de 30 años de reclusión. Para concluir y a afecto de establecer que la jurisprudencia hondureña ya ha establecido fehacientemente a nulidad de sentencia que infringen la ley sustantiva con este tipo de error, me permito citar la siguiente sentencia de casación en base a lo establecido en el artículo 19 del Código Procesal Penal. “…ESTE MOTIVO ES DE RECIBO.-….ESTA SALA OBSERVA: Que los hechos probados revelan: Pluralidad de acción y de delitos, presupuestos característicos del concurso real de delitos, contenido en el artículo 35 del Código Penal, y que fue aplicado por el juzgador según se desprende de su fundamentación jurídica.— El artículo 35 del Código Penal recoge también la política criminal aplicable cuando se trata de la duración de penas acumuladas por varios delitos, que no pueden exceder de treinta (30) años, no refiriéndose el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia respecto a dicha acumulación; Todas estas razones permiten estimar el motivo de Casación por Infracción de Ley, procediéndose a reformar solamente la cuantía de los años que permanecerá en efectiva prisión, el acusado...” (Sentencia de fecha 12/5/2008, recaída en el Recurso de Casación Penal No., 17=2007) (Con el fin de recalcar y resumir la parte fundamental de los diversos fallos de casación, el recurrente se ha permitido omitir nombres y resaltar aspectos jurídicos contenidos en las sentencias citadas). DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA EN SU ÚNICO MOTIVO, INTERPUESTO POR LA DEFENSA PRIVADA DEL IMPUTADO, DENUNCIANDO VIOLACIÓN A LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA. I.- Expuso el recurrente, que el Tribunal Sentenciador incurrió en inobservancia a las Reglas de la Sana Crítica al momento de la valoración probatoria, consignando como norma que le permite la presentación del Recurso, en el Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Explicó el denunciante, que el Juez A-quo infringió gravemente el Principio de Razón Suficiente como principio de la Lógica; al momento de valorar la declaración del menor ofendido C. E. B. L., de donde se extrajo la existencia de cuatro delitos de violación, según versiones del menor, tres abusos fueron vía anal y una oral, pero no recuerda el día ni la hora en que sucedieron estos supuestos hechos. Reclama el censor que debe tomarse en cuenta las razones que tuvo el menor ofendido en señalar como responsable al imputado A. G. P., circunstancias que no fueron incorporados en los hechos probados pero que pueden extraerse de la deposición del propio menor, por ejemplo, que la tía del menor encontró en su ropa una bolsita conteniendo cocaína y que en su entorno familiar se han consumido drogas (Tío, Tía y Primo), que al confrontar al menor y prácticamente obligarlo a que le dijera la verdad, le manifestó que esa droga se la daba un vecino y que también lo había violado, que esperaron a que fueran las cinco de la tarde para que llegara el imputado, al entrar en el edificio preguntó a la recepcionista su nombre y le dijeron que era A. G.. Expone además el recurrente, que erróneamente el Tribunal Sentenciador realizó una fragmentación del testimonio del menor C. E. B. L. y del de su tía J. B. M., acomodándolos en la sentencia de forma tal que pierden su dimensión sobre datos muy importantes, derivando de ellos la responsabilidad penal del acusado, considera que en su declaración existen una serie de contradicciones y aspectos dudosos; de igual forma objeta, que no se tomó en cuenta el entorno familiar del menor, en el cual han sido consumidores de drogas, no dando razones suficientes los juzgadores. También expresó el reclamante, que en la sentencia definitiva se estableció que si el menor ofendido no recordaba fechas y días, era porque estos episodios habían causado daños y hechos dolorosos que prefería no recordarlos; al respecto argumenta el Censor, que si bien las víctimas de delitos sexuales sufren de traumas, pues en el caso del menor se puede deber a diferentes situaciones del núcleo familiar, el menor ofendido también ha estado inmerso en las drogas y abandonado por sus padres; trae a relación que las declaraciones que rindió el menor en sede policial, audiencia inicial y debate, son diametralmente opuestas y contradictorias. Consideró además que, en relación a la prueba aportada por la defensa –vaciado telefónico y estados de cuenta-, el Juzgador los valoró diciendo que resultaban inútiles para descartar la participación del acusado en los hechos que se le han imputado, pues el menor ofendido advirtió que los hechos ocurrieron entre el mes de septiembre del 2009 a marzo del 2010, pero pese a la insistencia de la parte defensora, el ofendido nunca citó un día específico, pues manifestó tratar de olvidar lo ocurrido, lo que es comprensible por el trauma que supone enfrentar éstas experiencias a su corta edad; ante tal valoración, resulta obvio para el recurrente que es una estrategia para ocultar información de los días y horas específicos, lo cual solo puede deberse a personas vinculadas con el menor, de forma de manipularlo e influenciarlo; pues en la declaración rendida en sede administrativa expresó que esas agresiones duraron hasta 30 minutos y que fue mediante fuerza y violencia, contrario a lo que estableció en el debate o juicio oral; a pesar de las anteriores contradicciones, se puede observar además la inobservancia a la lógica de la razón suficiente, pues no es cierto que los hechos sucedieron en el mes de septiembre como lo estableció el menor, ya que en una de las repuestas del ofendido en el juicio oral, dijo que fue en el mes de febrero (Acta de Debate página 13), así mismo incurrió en contradicción, pues estableció que las supuestas violaciones ocurrieron también en una quinta ocasión (Acta Debate página 13). En cuanto al dictamen médico practicado al menor ofendido, igualmente consideró el reclamante, que se violentó la Regla de la Lógica, pues de la simple lectura del mismo se puede colegir que el menor C. E. B. L., no tiene ninguna lesión en su cavidad anal, a lo sumo que tiene es una disminución en el tono del esfínter anal, que se puede deber a varias causas entre ellas diarrea, estreñimiento o introducción de cuerpo romo; pero también revela el dictamen que no se encontraron cicatrices, ni lesiones, ni líquido seminal en el menor; en la declaración que rindió el niño C. E. B. en sede administrativa y que solicitó se estudiara mediante la inclusión hipotética, estableció que las agresiones sexuales en su contra se realizaron mediante la fuerza y la violencia y hasta por 30 minutos, lo cual es contrario al dictamen médico practicado y evacuado. Otra situación que merece el estudio de la causa según el recurrente, es que se presentó en el debate el dictamen psicológico que se le practicó al menor ofendido y que fuera solicitado por el Ministerio Público, dictamen que había sido confeccionado de tal forma que se pretendía sorprender al Tribunal A-quo mediante un acto desleal con la justicia, al falsear los resultados de la pericia a tal extremo que, al ser sorprendido el propio perito aceptó los procedimientos ilegales que había utilizado para alterar las conclusiones; sin embargo, el sentenciador consideró que la exclusión por ilicitud de este medio probatorio no afectó en nada su criterio condenatorio, pero a pesar de ello, emitió criterio valorativos sobre esa prueba que legalmente había sido excluida de legajo probatorio. II.- Esta Sala de lo Penal ha reiterado en otros fallos, que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que: “El recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes…. 3) Que en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica...” De conformidad a las reglas procesales, el proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación del fallo de instancia específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, de acuerdo a la inmediación probatoria, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuáles juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso, por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidiana agregan innumerables posibilidades. III.- Para dar respuesta al presente motivo, es necesario que este Tribunal de Casación analice detenidamente los razonamientos y conclusiones emitidos por el juzgador para determinar si sus razonamientos son coherentes y ajustados a las reglas de la sana crítica o por el contrario se apartan de los parámetros y lineamientos que plantean. Al respecto, La Sala, no entra en una revaloración del material probatorio, pues dicha función está vedada en esta etapa casacional. El recurrente esencialmente se ocupa de cuestionar la valoración que realizó el Sentenciador de la declaración del menor ofendido C. E. B. L., así como del Dictamen Médico practicado a éste; razonamientos en los que, consideró violentada la Regla de Lógica. Es importante ahondar en qué consiste la Regla de la Lógica, pues el Reclamante la ha invocado como regla quebrantada; diremos que es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercero excluido: i) El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" sólo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”; ii) El principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto sólo una de ellas lo será. En valoración de prueba un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera; iii) El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. b) La Derivación: De este se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando; exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga[17]. IV.- En el caso examiné, se atribuye al acusado A. G. P. la comisión de cuatro delitos de VIOLACIÓN en perjuicio del menor C. E. B. L., quien al momento de los hechos contaba con 11 años de edad. En síntesis, la hipótesis acusatoria formulada por la Representación del Ministerio Público consiste en señalar al encausado G. P. como la persona que abusó sexualmente en cuatro ocasiones vía anal y una oral del menor ofendido, dichos actos se desarrollaron entre septiembre del 2009 y marzo del 2010. En frontal oposición, la Defensa aduce que dichos hechos no acontecieron y que todo constituye una mentira del menor, pues por miedo a que se tomaran represalias a raíz que su tía encontró en sus ropas una bolsa conteniendo cocaína, señaló al acusado como el responsable de proporcionarle drogas y además de abusarle sexualmente. En cuanto a la prueba de cargo aportada por el Ministerio Público destaca fundamentalmente la declaración del menor ofendido C. E. B. L., quien afirmó que fue abusado sexualmente por el ahora acusado, la primera vez sucedió en septiembre del 2009 cuando se encontraba jugando en el pasillo del edificio donde residían, la puerta del apartamento estaba entre abierta y en ese momento el imputado lo tomó por la fuerza, lo metió a su apartamento y le introdujo su pene en el ano, luego le amenazó que si contaba lo sucedió mataría a su familia; según versiones del menor esto aconteció en dos ocasiones más, pero en la cuarta vez fue vía oral; afirmó también que desde la segunda vez le mandó a dejar unas bolsitas por el City Mall a una gente que espera en unos vehículos, aseveró además que no recordaba las fechas, días, ni horas en que sucedieron estos acontecimientos; por su parte la testigo y tía del menor señora J. B. M. estableció, que lavando la ropa de su sobrino encontró una bolsa, la abrió la probó y descubrió que era cocaína, pensó que su sobrino o su pareja habían recaído, pero luego de indagar el menor ofendido le confesó que un vecino se la había dado y también le había violado, que esperaron a que llegara el ahora acusada a los apartamentos y al entrar el menor le reconoció y le preguntaron el nombre a la recepcionista, contestándoles que era el ingeniero A. G. P.; de igual forma, se presentó como prueba el Dictamen Médico Físico y su respectiva ampliación, practicado en el menor C. E. B., en el que se estableció que no se encuentra lesiones ni cicatrices en el área anal y los pliegues se encuentran intactos, pero si hay disminución en el tono del esfínter anal que puede ser provocado por una diarrea, por estreñimiento y por la introducción de un objeto romo; se allegó al proceso además el Acta de Nacimiento del menor, Acta de Inspección Ocular en el edificio de apartamentos donde sucedieron los hechos; croquis donde se encuentra ubicados los apartamentos, Acta de Decomiso de un sobrecito conteniendo en su interior polvo blanco, Dictamen toxicológico de dicha sustancia, la cual se comprobó que era cocaína. El Juzgador consideró enervada la Presunción de Inocencia del señor A. G. P., lo cual derivó de la declaración rendida por el menor ofendido C. E. B., según su criterio se confirma con el Dictamen Médico en el cual se acredita que hay disminución del tono del esfínter anal y que por lo tanto, el menor presenta señales de abuso sexual. La Defensa cuestionó los razonamientos del Juez A-quo, afirmando que su decisión se apoya esencialmente en la propia declaración del menor ofendido y en el Dictamen Médico a él practicado, pues establece que las diferentes declaraciones que ha dado en sede administrativa y audiencia inicial, son totalmente contradictorias, pues en las primeras afirmó que las supuestas agresiones sexuales eran mediante la fuerza, pero ya en el debate cambió ese dato, que el dictamen médico nada establece sobre lesiones, cicatrices o borramientos de pliegues, por tanto consideró que a pesar que existe disminución del tono del esfínter anal, el mismo perito advirtió que también se podía deber a otras situaciones, como diarrea y estreñimiento, por lo que toda esta prueba según el Censor, no deriva certeza sino que duda de si en realidad sucedió o no la violación. V.- Ciertamente, los delitos en perjuicio de la libertad e indemnidad sexual se caracterizan por su generalizada falta de medio de prueba testifical, ya que suelen suceder en entornos aislados de la presencia de personas, centrándose el debate en la declaración de la víctima y en su valoración por parte de los Juzgadores (en especial cuando éste es el único medio para identificar a la persona responsable), misma que debe de realizarse de manera conjunta y armónica con la demás prueba que se aporte, ya sea prueba directa o prueba indirecta (indiciaria), la que puede referir sobre aspectos anteriores, relativos o posteriores al hecho; valoración que deberá de realizarse tomando en cuenta: 1) El desarrollo intelectual y social de la víctima (desafortunadamente es recurrente que en los delitos de violación especial la víctima sea de baja escolaridad, mínimo desarrollo social y ausente conciencia de autodeterminación, condiciones que son igualmente compartidas con su núcleo familiar); 2) La persistencia en el tiempo del relato incriminatorio de la víctima; 3) La relación entre el sujeto pasivo y el sujeto activo (en especial las relaciones de prevalimiento); 4) Los aspectos derivados de la inmediación: Reglas de la Psicología (lenguaje corporal, tono de voz, espontaneidad o timidez, sencillez o elocuencia, nerviosismo o seguridad, estado anímico, sentido de colaboración o renuencia, memoria, capacidad de percepción, etc.), Principios de la lógica (logicidad del relato en sí mismo y coherencia con la demás prueba) y las Máximas de la experiencia (comparación del relato con modelos típicos cuyo conocimiento se encuentra dentro de la esfera del profano), (al respecto, ver fallo de fecha 23 de enero del 2008, en el Exp 014-2007 y fallo de fecha 28 de julio del 2011, en el Exp 060-2010)[18]. VI.- En el caso examiné, después de un minucioso análisis de los razonamientos y conclusiones externado por el Tribunal de Instancia para valorar la prueba recibida, esta Sala considera que se han infringido las Reglas de la Sana Crítica, pues no puede derivarse certeramente del Testimonio del menor ofendido y del Dictamen Médico practicado a éste, que existió el acceso carnal; conclusión a la que arriba este Tribunal de Casación por las siguientes razones: A.- El testimonio rendido por el menor ofendido C. E. B., si bien señala al acusado como responsable de los delitos imputados, no encuentra en juicio pruebas corroborativas que periféricamente confirmen su versión, para el caso, el Dictamen Médico practicado al menor, establece que no existen lesiones, cicatrices ni borramientos de pliegues, lo cual deja duda razonable de la existencia del hecho, pues en la mayoría de casos en donde existe violación vía anal y en la cual participa un niño de 11 años de edad como sujeto pasivo y un adulto de 32 años como sujeto activo, la presencia de lesiones, cicatrices y borramientos en los pliegues del ano están siempre presentes; pues las máximas de la experiencia nos hacen asumir, que un niño a esa edad que es abusado sexualmente por el ano, le deja algún tipo de señales que les permiten a los peritos establecer, sin lugar a dudas, o al menos con bastante claridad la existencia del algún abuso. B.- El dictamen médico practicado al menor C. E. B., arrojó que tiene una disminución del tono del esfínter anal que puede ser provocado por una diarrea, estreñimiento o por introducción con objeto romo; sin embargo, no concluye el experto, si el menor sufrió o no un abuso sexual. En el caso examiné, el dictamen no resulta determinante para corroborar la existencia de los hechos de violación imputados al acusado, el Sentenciador no efectuó una valoración armónica del dictamen referido como soporte corroborativo de la declaración del menor, una incorrecta valoración probatoria, repercute en una incorrecta aplicación del derecho. Al respecto, es ilustrativo referir lo expuesto por E. B. quien afirma que la formación de la convicción judicial sobre los hechos es un suceso complejo que se caracteriza por dos niveles diversos, al referirse al segundo nivel sostiene que: “Se trata de la observancia de las leyes de la lógica, de los principios de la experiencia y de los conocimientos científicos de las deducciones que el Tribunal formula a partir de la prueba de cargo. Este nivel constituye lo que se puede designar como la infraestructura racional de la formación de la convicción. La deducción, ante todo, no debe ser lógicamente contradictoria: de testigos que no saben no es posible deducir conocimientos: de peritos que carecen de seguridad sobre sus conclusiones no se puede extraer seguridad, etc., es decir, las deducciones a partir de la prueba deben ser lógicamente sostenibles[19]”. Es precisamente en la segunda fase la convicción judicial en la que el tribunal deberá razonar coherentemente y de manera armónica con la prueba valorada para que sus conclusiones no infrinjan las reglas de la sana crítica, resultando evidente que el A- Quo deriva erróneamente las valoraciones y conclusiones del dictamen médico presentado como medio de prueba. C.- En la ausencia de un Dictamen Psicológico y Psiquiátrico del menor C. E. B., con el cual se podría haber confirmado las secuelas y traumas que pudo acarrear el pasar por acontecimientos tan perturbadores, lastimosamente al no tenerse el mismo, no se permite arribar coherentemente y sin lugar a dudas, que en efecto sufrió este tipo de eventos. D.-La Violación a las Reglas de la Sana Crítica surge en torno a que el Tribunal A-quo consideró responsable al imputado A. G. P. de la comisión de cuatro delitos de VIOLACIÓN, apoyando sus razonamientos en la declaración del menor ofendido, la cual debe ser analizada de manera detenida, y será certera cuando encuentra sustento probatorio, pero como se refirió la versión de los hechos de la víctima, no se ve ajustada con el Dictamen Médico practicado a su persona, no corroboran sus dichos, pues por la magnitud del hecho al imputarse de manera recurrente 3 veces, el resultado de la pericia debería coincidir de manera mas contundente con los abusos sexuales que narró el menor y que según su versión sucedieron en 3 ocasiones vía anal y una vía oral, así las cosas, dichos abusos en un menor de edad, dejan algún tipo de secuela imborrables, mismas que no fueron detectadas por el perito forense, por lo tanto, hace que surja la duda respecto a que si en efecto los hechos se suscitaron tal como lo narró el ofendido. VI.- Concluye esta Sala de lo Penal, que los razonamiento del A-quo para adquirir certeza de culpabilidad se apoyan fundamentalmente en el Dictamen Médico practicado al menor ofendido C. E. B. y en la declaración que rindiera éste, la cual no cuenta con otros elementos probatorios corroborativos, razón por la cual en el caso examiné esta Sala considera, que si bien, el presente caso tiene por objeto el juzgamiento de un hecho infame, acreedor de la mayor repulsa social; no es menos cierto que ante los razonamientos equívocos del Sentenciador, se debe entender que las conclusiones no son coherentes y armónicas y en apego a las normas que rigen el recto entendimiento humano, por ende, corresponde controlar el ínter lógico seguido por el juzgador y que como se ha indicado evidencia errores de logicidad; correspondiendo declarar Con lugar este primer motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma. Esta Sala de lo Penal, no se pronuncia sobre los Motivos de Casación por Infracción de Precepto Constitucional e Infracción de Ley invocado por el recurrente, en virtud de haber prosperado el Motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma, con los efectos jurídicos que ello conlleva.- POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 89, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 359, 362, 369, 372 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: Declarar CON LUGAR el RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA en su único motivo, interpuesto por el Abogado C. D. P. como Apoderado Defensor del señor A. G. P..- SEGUNDO: ANULA la sentencia de fecha veinticinco de abril del dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, y por tanto se decreta su NULIDAD. TERCERO: Ordena que se celebre un nuevo juicio que deberá conocer un Tribunal integrado por jueces distintos a los que participaron en el debate anulado.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que se proceda conforme a derecho.- Redactó: EL MAGISTRADO CÁLIX HERNÁNDEZ.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de septiembre del año dos mil quince.- Certificación de la sentencia de fecha dos de septiembre del año dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-282-2013.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] VER PAGINA 10 SENTENCIA DEFINITIVA. DICTAMEN NUMERO 2010- 04-0991 DOCTOR A. E. A.R.

[2] VER PAGINA 17. ACTA DE DEBATE: DECLARACION J. B. M....” y yo le dije Félix, usted volvió a consumir, y él me dijo que me pasaba, usted que cree que soy yo...”

[3] VER PAGINA 19.ACTA DE DEBATE: DECLARACION J. B. M.….” ¿Félix algún día consumió droga? Conmigo no, no puedo contestar esa pregunta….”

[4] ACTA DE DEBATE: PAGINA 17: DECLAACION DE J. B. M.,..”hasta que lo presione, y le dije que iba a traer un Fiscal y a la Policía para que te saque, porque no aguanto que es, en eso como a la cinco de la tarde, llego el señor y C. me dijo que él era, y me bajo donde N. y le pregunte como se llama ese señor, y ella me dijo el licenciado A. G., en eso me fui y le dije a las autoridades, y ellos empezaron a investigar, y así descubrí los hechos…-”

[5] PAGINA 13. ACTA DE DEBATE: DECLARACION C. E. B. L.: ¿le pedía dinero él a usted? si, me decía que necesitaba dinero, ¿cuántas veces usted le dio dinero? fueron como tres veces que yo, le robaba a mi tía ¿cuánto dinero era? no recuerdo solo sé que eran billetes de 500 lempiras ¿qué le decía el? nada solo me arrebataba el dinero y me volvía amenazar”.

[6] ACTA DE DESATE. PAGINA 13. DECLARACION DE C. E. B. L. “ Seguidamente la defensa advierte una contradicción establecida en el folio 55 del expediente de merito, del folio 8 al folio 11, seguidamente la defensa hace la siguiente contradicción que refiere que el niño manifestó que estaba en clase, fue antes de entrar a la escuela, y que todavía no estaba en la escuela, en ese sentido su señoría refiere que no estaba en la escuela, lo que acá en el juicio depone que se encontraba en la escuela, pero que estaba de vacaciones por lo que hay una declaración. La fiscalía contesta que no encuentra en la debida declaración una contradicción en lo que el menor fue claro al establecer que la primera vez fue en febrero, y seguidamente fue en septiembre por lo que se encontraba de vacaciones. EL TRIBUNAL DELIBERA Y RESULEVE: admite dicha contradicción.- la defensa pregunta ¿ por qué a dicho al tribunal que se encontraba de vacaciones y en su exposición en la audiencia inicial refirió que usted en ese tiempo refirió que usted estaba en la escuela todavía a que se debe que usted declare otra cosa? Porque la primera donde fui fue en febrero luego lo siguiente en septiembre luego en marzo que fue que sucedió eso”.

[7] ACTA DE DEBATE. PAINA 13. DECLARACION DE C. E. B. L. “¿en qué fechas lo mando a dejar las bolsas? No recuerdo, la primera vez me mando a dejar bolsas, no a partir de la segunda hasta la quinta vez...”

8 ACTA DE DEBATE: PAGINA 17: DECLARACION DE J. B. M....”hasta que lo presione, y le dije que iba a traer un fiscal y a la policía para que te saque, porque no aguanto que es, en eso como a la cinco de la tarde, llego el señor y C. me dijo que él era, y me bajo donde N. y le pregunte como se llama ese señor, y ella me dijo el Licenciado A. G., en eso me fui y le dije a las autoridades y ellos empezaron a investigar, y así descubrí los hechos..-”

[9] PAGINA 18 DE LA SENTENCIA DEFINITIVA: VALORACION DE LA PRUEBA DECLARACION DE IMPUTADO A. G. P.”...Ahora bien, referente a que no tuvo participación en los hechos que se le imputan, conviene puntualizar que los imputados no están obligados a decir verdad, por ende, en algunas ocasiones sus manifestaciones no son más que un intento de esquivar su responsabilidad. En el presente caso, se parecía la existencia de prueba suficiente y susceptible de ser valorada por estos juzgadores, que ha sido capaz de demostrar certeramente que los sucesos acontecieron de la forma que se ha plasmado en los hechos probados de la presente resolución y la vinculación di acusado en los mismos; consecuentemente, sus manifestaciones, al negar los hechos justiciables, están orientados a eludir la condena penal.”

[10] PAGINA 16 DEL ACTA DE DEBATE SOBRE EL INTERROGATORIO AL PERITO MEDICO FORENSE A. E. A. A. Cual era la posición corporal de esa disminución? Geno Pectoral ¿en que influye la posición corporal Geno Pectoral a la posición en la relación al esfínter anal? Que es la posición correcta y a de acuerdo para realizar el tacto rectal ¿que llega a producir esta posición? ¿Es una posición que el paciente adopta cómodamente ¿ qué ocurre con esa posición con el esfínter anal interno y externo en todas las personas? Hay una tendencia de una dilatación después de diez segundos ¿lo tomo usted en cuenta? No lo tome en cuenta porque en ese momento ya estuvo dilatado ¿qué tiempo había pasado entre la historia narrada de los hechos al momento de la exanimación? Seis meses ¿siendo usted el médico que estaba evaluando en ese caso, que exámenes de laboratorio usted ordena para confirmar los hechos? Hisopado rectal ¿el resultado? Negativo ¿Qué examen de laboratorio usted pudo ordenar a los siete meses, y se puede hacer hasta el día de hoy, para descartar si la historia legal es verdadera o es falsa desde el punto de vista forense? No tengo la información específica ¿el esfínter anal externo es lubricador? No ¿el niño le manifestó si había usado lubricante, preservativo? No ¿en la ampliación del dictamen cuando ocurre la dilatación refleja normalmente? Después de los 20 segundos, ante la presión sostenida de los glúteos...”

[10] PÁGINA 16 DEL ACTA DE DEBATE SOBRE EL INTERROGATORIO AL PERITO MEDICO FORENSE A. E. A.M. “J. en la ampliación del dictamen usted a referido que no se encontró dilatación refleja, que nos da entender? yo encuentro una disminución de un esfínter externo, y no del interno, el hecho que la tonalidad externa este disminuida no quiere decir que no haya una penetración, o puede ser ocasionada por una diarrea. ¿a qué se debe esa disminución científicamente? No se puede puntualizar en una sola ¿usted refiere que una penetración de cuerpo romo (pene) deja cicatrices? Es la ruptura de los tejidos anales ¿una cicatriz nunca se borra? NO ¿deja la huello indeleble la cicatriz? Depende del tamaño...”

[12] PAGINA 14 DE LA SENTENCIA DEFINITIVA. DICTAMEN DE PROPORCIONALIDAD DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2013.

[13] PAGINAS 10 y 11 DE LA SENTENCIA RELATIVA A DICTAMEN PSICOLOGICO REALIZADO POR EL PERITO LICENCIADO O. R. A..” Del texto del presente dictamen y de los manifestaciones del licenciado O. R. A., se desprende que dos de las sesiones llevadas a cabo para completar la pericia, se realizaron el 20 y 21 de febrero del año en curso, es decir, justo en el momento que se estaba desarrollando el Juicio Oral y Público, cabe mencionar, que el medio de prueba aludido, fue propuesto por el ente acusador en la audiencia de proposición de medio de prueba de medios de prueba, dándose por sentado que ya había sido elaborado por el citado perito; no obstante, llegado el momento de su evacuación en la vista pública, claramente quedo evidenciado , que dicho dictamen es más extenso que el propuesto originalmente, así mismo, se plasmaron conclusiones que no estaban consignadas en aquel, inclusive, el propio perito, expuso que algunas de estas (conclusiones) derivaron de las sesiones o test aplicados al ofendido, en las fechas antes indicadas, es decir, cuando se estaba desarrollando el debate. En síntesis, el dictamen allegado a la vista público es diferente al propuesto en el momento procesal oportuno….”

[14] PAGINA 10 DE LA SENTENCIA RELATIVA A DICTAMEN PSICOLOGICO REALIZADO POR EL PERITO LICENCIADO OSCAR ROLANDO AGUILAR...” Aclarando que la exclusión de este medio de prueba no tiene ninguna incidencia en torno al criterio de culpabilidad al que han arribado estos juzgadores, pues el mismo se sustenta en el resto de la prueba de cargo, que valorada en su conjunto, nos permite concluir que los hechos se desarrollaron de la forma que se ha establecido en los hechos probados de la presente resolución….”

[15] PAGINA 16 DEL ACTA DE DEBATE SOBRE EL INTERROGATORIO AL PERITO MEDICO FORENSE A. E. A. A. ‘J. Cual era la posición corporal de esa disminución? Geno Pectoral ¿en que influye la posición corporal Geno Pectoral a la posición en la relación al esfínter anal? Que es la posición correcta y a de acuerdo para realizar el tacto rectal ¿que llega a producir esta posición ¿ Es una posición que el paciente adopta cómodamente ¿qué ocurre con esa posición con el esfínter anal interno y externo en todas las personas? Hay una tendencia de una dilatación después de diez segundos ¿lo tomo usted en cuenta? No lo tome en cuenta porque en ese momento ya estuvo dilatado ¿qué tiempo había pasado entre la historia narrada de los hechos al momento de la exanimación? Seis meses ¿siendo usted el médico que estaba evaluando en ese caso, que exámenes de laboratorio usted ordena para confirmar los hechos? Hisopado rectal ¿el resultado? Negativo ¿Qué examen de laboratorio usted pudo ordenar a los siete meses, y se puede hacer hasta el día de hoy, para descartar si la historia legal es verdadera o es falsa desde el punto de vista forense? No tengo la información específica ¿el esfínter anal externo es lubricador? No ¿el niño le manifestó si había usado lubricante, preservativo? No ¿en la ampliación del dictamen cuando ocurre la dilatación refleja normalmente? Después de los 20 segundos, ante la presión sostenida de los glúteos.’

[16] PÁGINA 8 SENTENCIA DEFINITIVA; SEGMENTACION DE LAS CONCLUSIONES DEL DICTAMEN NUMERO 2010-04-0991: ...“Expuso el perito, que la disminución de tono de esfínter anal que evidenciaba el avaluado puede deberse a la penetración de cuerpo romo, y que en algunos caos, según la literatura científica (citando la obra del doctor D. C. B.) la inexistencia de hallazgos no es necesariamente indicativo de que no hubo penetración anal. Que en ello intervienen varios factores, para el caso, si la víctima no opone resistencia se encontrarían menos lesiones, mientras que si hay resistencia o agresividad las lesiones serian en mayor proporción. Que el hallazgo encontrado en el evaluado (disminución del tono del esfínter) es consecuente con el tiempo trascurrido desde la fecha en que adujo el evaluado haber sido agredido sexualmente y la evaluación de éste. Las cicatrices son la pérdida del tejido anal y son indelebles dependiendo de su magnitud.”

[17] VID Sentencia de Casación Penal N° SP 166-2010 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 08 de noviembre del 2012.

[18] VID Sentencia de Casación Penal N° SP 139-2011 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia el 24 de enero del 2013.

[19] El autor citado al referirse al primer nivel de la convicción judicial, explica que el primer nivel consiste en la formación, sobre la base de lo percibido (lo visto y lo oído) en el juicio oral, de las premisas de las que se debe deducir la valoración de la prueba. Aquí entran en consideración las conclusiones del Tribunal de Instancia acerca del valor de la veracidad de las declaraciones del acusado y testifícales, de la existencia de indicios, de la significación de la prueba pericial y del valor de las opiniones de los peritos. Este aspecto de la valoración de la prueba está fuertemente condicionado por la inmediación. Véase. Bacigalupo, Enrique, La Impugnación de los Hechos Probados en la Casación Penal, AD-HOC, Buenos Aires Argentina 1994. Pág. 29.