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Sentencia CP-277-14 — Registro 5477

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Homicidio Simple, resolviendo en segunda instancia Parcialmente Con Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"... RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ACUSADO J. I. M. L., DENUNCIANDO LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO-DERECHO A LA PRESUNCION DE INOCENCIA QUE CONSAGRA EL ARTICULO 89 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA COMO CONSECUENCIA DE LA VULNERACION DEL DERECHO DE DEFENSA QUE PROCLAMA EL ARTICULO 82 DEL MISMO TEXTO FUNDAMENTAL. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 361 DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica, el peticionario debe echar mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro, en contraposición con los recursos por Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, respecto a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores[2]. La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial y la tutela efectiva de los derechos y garantías fundamentales.- II.__ Los Censores consideran que el Tribunal de instancia ha vulnerado el principio-derecho a la presunción de inocencia consagrado en el artículo 89 de la Constitución de la República al dictar una sentencia condenatoria en contra de su representado a consecuencia de la vulneración del derecho de defensa que consagra el mismo texto fundamental, con menosprecio de la evidencia probatoria que desfiló en la audiencia del juicio y sin explicar racionalmente cuales fueron los motivos para adoptar esa determinación.- El Censor centra su reproche recursivo en que se produjo la violación del principio de contradicción; concretizando su denuncia en tres aspectos: (a) El Tribunal de instancia no permitió el contraste de las declaraciones que los testigos rindieron en fases anteriores del proceso, particularmente la rendida por el testigo identificado como A2, ante la Dirección Nacional de Investigación Criminal, cuya incorporación por lectura era admisible al tenor de lo prescrito en el artículo 311 numeral 6) del Código Procesal Penal; de tal manera que su autorización hubiese contribuido a determinar la credibilidad del testigo, ya que tal declaración en sede policial resultaba contradictoria con el testimonio rendido posteriormente en la audiencia de debate; (b) El Tribunal de Sentencia impidió contrastar la declaración que el testigo A2 rindiera en la audiencia de debate que se estaba llevando a cabo, con la declaración que sostuviera en el desarrollo del juicio oral y público celebrado en el año 2010, y, (c) el Tribunal de instancia denegó la petición de la Defensa para que se dictara un auto para mejor proveer con la finalidad de que se procediera a la lectura autorizada de la declaración que el señor H. V. S. C., rindiera en el juicio celebrado en el año 2010; de haberse accedido a la petición de la Defensa se habría puesto de manifiesto que aquel había variado su testimonio de modo sustancial con la declaración que rindiera posteriormente en el juicio oral celebrado en 2014.- El artículo 89 de la Constitución de la República consagra el principio-derecho a la presunción de inocencia cuando dispone que “toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. La presunción de inocencia supone, que, como se parte de la inocencia, quien afirma la culpabilidad ha de demostrarla y es a la acusación a quien corresponde suministrar la prueba de la culpa del ciudadano presumido inocente; no demostrándose la culpa, procede la absolución aunque tampoco se haya demostrado claramente la inocencia, pues es el acusador quien tiene que probar los hechos y la culpabilidad del acusado y no es éste quien tiene que probar su inocencia. Constitucionalmente se presume y se afirma la inocencia del acusado, de tal modo que para llegar a un veredicto condenatorio es necesario que, -mediante una adecuada actividad probatoria de cargo, realizada con todas las garantías, es decir bajo los principios de oralidad, publicidad, contradicción e inmediación y sin que los medios probatorios traídos al proceso se hayan obtenido o incorporado violentando derechos o libertades fundamentales, quede desvirtuada esa inocencia y que el órgano jurisdiccional pueda obtener de esas pruebas la convicción jurídica de la existencia de los elementos fácticos que constituyen el delito. Si no han quedado probados esos elementos fácticos, el Tribunal no puede entender sustituida la inicial inocencia por la culpabilidad y debe absolver al enjuiciado. La presunción de inocencia como verdad interinamente afirmada y mantenida, exige que se demuestre lo contrario, la culpabilidad, o sea, que la desplace una prueba adecuada exigible en todo caso para que el tribunal pueda condenar. De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de un delito será válida, es decir, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente al menos en una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar a la certeza en torno a la culpabilidad del acusado. El estado de inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre de 2005 recaído en el Expediente No. 2597-2004 de la Sala de lo Penal).- El Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio: el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real en torno a la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el Tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un haz probatorio, sólido y concreto, que permita al Juzgador, sin vacilaciones, establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza, más allá de cualquier duda razonable.- Mediante el fallo de fecha catorce de mayo de 2007, recaído en el Expediente No. 312-2006, esta Sala ha declarado que el Estado de Inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, éste derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2); consagrado en el artículo 89 de la Constitución, es ampliamente desarrollado en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP), definido en materia penal como el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, ejercer la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo señalando la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.” (Fallo de la Sala de lo Penal de fecha 30 de Mayo de 2011, en el Exp. No. 304-2010).-En el caso que ahora nos ocupa constituye un hecho no controvertido que en la aldea Nuevos Marañones del término municipal de Trujillo, Departamento de Colón, el domingo 3 de agosto de 2008, resultó muerto a consecuencia de varios disparos y heridas efectuadas con una arma blanca, quien en vida fuera, el señor C. M. S. C.. Por otro lado, en el debate que precede a la sentencia que ahora se impugna, el testigo identificado como A2 señala que el acusado J. I. M. L. causó la muerte del occiso antes mencionado, disparándole e hiriéndole con un machete (vid. Folio No. 1413 vuelto del Tomo IV). Por otro lado también el testigo H. V. O. C. declaró en juicio que el día de los hechos entabló comunicación telefónica con su hermano y víctima, el señor C. M. S., quien le habría dicho que ya estaba “pegado” y que preguntándole en cuanto a si conocía a alguno de los atacantes, le habría indicado antes de expirar que conocía al señor I. M., alias C., a lo que habría agregado que en el lugar donde se encontraba le decían que le llamase para que viera lo que estaban haciendo con él y otras personas que a la postre murieron en similares circunstancias (vid. Folio No. 1431 del Tomo IV). De este modo podemos afirmar que ha resultado acreditada la muerte del señor C. M. S. y que en el debate se recibió prueba testifical en la que se atribuye participación en la causación de ese resultado típico al ahora imputado J. I. M., de ahí que hasta este momento procesal esta Sala estima que se ha producido una mínima actividad probatoria de cargo que no permite entender vulnerado el artículo 89 de la Constitución en tal medida, que en una relación causa-efecto deba traer como resultado la absolución del encartado J. I. M. L. decretada en casación por esta Sala, otra cosa es la que tiene que ver con la alegada violación del principio de contradicción a la que nos referiremos al analizar si se ha producido la violación del principio de contradicción y con ello del derecho fundamental a la defensa que consagra el artículo 82 de nuestro Texto Fundamental. Un juicio justo o un proceso debido requiere de forma inexcusable que el inculpado o acusado tenga la posibilidad de contradecir y defenderse de la imputación existente en su contra, pudiendo hacerse oír por el Tribunal correspondiente y presentar pruebas en su descargo, siempre en condiciones de igualdad con la acusación, pudiéndolo hacer personalmente o a través de la asistencia de un Abogado Defensor. De ello se derivan, a favor del imputado y su defensor, importantes derechos instrumentales, todos ellos protegidos por la garantía de la inviolabilidad de la defensa en juicio, como el derecho a realizar alegaciones, controlar la composición del tribunal y pedir que se abstengan o recusar a los jueces que se crea que no van a ser imparciales, controlar la prueba de cargo, proponer pruebas de descargo, verificar el adecuado desarrollo del procedimiento, impugnar la decisión del tribunal... etc. El derecho de interrogar a los testigos constituye una manifestación fundamental del derecho de defensa y del principio de prohibición de la indefensión, estrechamente relacionado además con otros derechos estructurales del debido proceso, tales como el de contradicción, igualdad de armas o el de contar con los medios y facilidades necesarias para llevar a cabo la defensa. Su significado es precisamente el derecho que asiste a todo acusado de interrogar o hacer interrogar a todos los testigos, por supuesto los propuestos por él, pero también los propuestos por la acusación o cualquier otra parte procesal. También el de hacer comparecer en juicio a todos aquellos testigos o peritos que puedan aportar algo en su defensa (“...arrojar luz sobre los hechos...), a fin de poder interrogarlos. Este derecho está recogido de forma expresa, aunque con ligeras variaciones, en todos los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. Así, el Artículo 14.3.e del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece: «Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: […] e) a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo; [...]» Por su parte el Artículo 8.2.f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene un contenido un poco más amplio y dice: «Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: [...] f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; [...]». El Censor reprocha que a los reclamos formulados en la audiencia de debate, el Tribunal de instancia no permitió apreciar la contradicción sustancial existente entre la declaración rendida por el testigo A2 en el juicio oral que precede inmediatamente a la sentencia impugnada, y la que rindiera aquel en sede policial. El artículo 311 No. 6) del Código Procesal Penal establece que excepcionalmente, podrán ser incorporados al juicio por lectura que hará el Secretario:….6)..los testimonios practicados durante la etapa preparatoria, cuando sean contradictorios con lo manifestado después en el acto del juicio, a fin de que las partes puedan interrogar…al testigo, sobre la contradicción apreciada entre ambas manifestaciones sucesivas”. Expuesto lo anterior surge la pregunta de que sí al tenor de lo previsto en el precepto legal antes mencionado es posible contrastar las declaraciones en los términos antes expuestos. Esta Sala considera que la respuesta a tal interrogante ha de ser afirmativa por las siguientes razones: a) el artículo 263 del Código Procesal Penal establece que el proceso de investigación y juzgamiento de los delitos constará de las fases siguientes: 1.- Etapa preparatoria: 2.- Etapa Intermedia, y, 3.- Debate o juicio oral y público. Por su parte el artículo 264 No. 2) dice que la etapa preparatoria se conformará entre otros actos por los que conciernen a la investigación preliminar. En el artículo 272 con que se inicia el Capítulo relativo a la investigación preliminar, se establece que “en la investigación de la verdad, la Policía Nacional, el Ministerio Público u otra autoridad competente, practicará todas las diligencias pertinentes y útiles, para determinar la existencia del hecho punible y tomará en cuenta las circunstancias que, de acuerdo con la ley penal, sean importantes para establecer el grado de responsabilidad de los agentes. Por otra parte, en el artículo 273 No. 1) se prevé que las dependencias del Ministerio Público, la Policía Nacional u otra autoridad competente[3], podrá citar a cualquier persona que pueda aportar datos relacionados con el hecho que se investiga y recibirle la correspondiente declaración. De este modo podemos afirmar que la declaración rendida por testigos en sede policial en la fase de investigación preliminar, al mismo tiempo y por ministerio de la ley se entienden comprendidas en la etapa preparatoria del proceso; b) El artículo 88 de la Constitución de la República establece que no se ejercerá violencia ni coacción de ninguna clase sobre las personas para forzarlas a declarar, y que nadie puede ser obligado en un asunto penal a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero de hogar y determinados parientes, concluyendo que solamente hará prueba la declaración rendida ante Juez competente. Esta Sala considera que tal precepto constitucional no se opone a que por el cauce del artículo 311 No. 6) del Código Procesal Penal se efectúe el contraste solicitado como un elemento a considerar en la constatación de la fiabilidad del testimonio rendido en el debate, ya que éste último se somete en el juicio oral, bajo los principios de oralidad y contradicción, al escrutinio que resulta de los interrogatorios y contrainterrogatorios formulados por las partes bajo la inmediación de un órgano jurisdiccional competente como lo es el Tribunal de Sentencia, en aras de llegar a través de este instrumento procesal al establecimiento de la verdad de los hechos y sus circunstancias. Otra situación se presentaría cuando se pretendiera que sin la presencia en juicio del testigo que únicamente ha rendido su declaración en sede policial, se solicitara su incorporación por lectura, ya que en este caso no sería posible que su testimonio pase por el tamiz o filtro de la contradicción, oralidad y publicidad bajo el control jurisdiccional, de ahí que en tales circunstancias la denegatoria del Tribunal a tal petición no vulneraría el derecho de defensa del interesado. Volviendo al caso bajo examen y atendiendo a las razones supracitadas, podemos afirmar que la negativa del Tribunal de Sentencia de Trujillo, a someter al contradictorio, por el cauce previsto en el artículo 311 No. 6) del Código Procesal Penal la declaración que rindiera el testigo A2 en el debate, frente a la que con anterioridad vertió en la etapa preparatoria del proceso ante autoridades de la Dirección de Investigación Criminal, ha comportado en perjuicio del imputado la vulneración del derecho de defensa consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la República así como también en diversos preceptos contenidos en instrumentos jurídicos internacionales de los que hicimos referencia líneas arriba. Por otro lado, el Censor cuestiona que el Tribunal de instancia no permitió someter al contradictorio, la declaración del testigo A2 rendida en el debate celebrado en 2014 que precede inmediatamente a la sentencia impugnada, con la que prestara en el juicio oral celebrado en el año 2010, mismo que resultara anulado en casación. Esta Sala considera pertinente destacar que la principal causa que se suele invocar para impedir el uso de las declaraciones testificales rendidas en un juicio anulado es que, debido a la anulación del primer juicio, se ha generado una inexistencia jurídica de todo lo ocurrido en el mismo que también lleva aparejada una inexistencia fáctica. Esta línea de razonamiento ha llevado a considerar que no se podrían utilizar declaraciones previas, ya que las mismas no tienen existencia jurídica y tampoco fáctica; sin embargo, frente a esa tesis se opone la de quienes consideran que no existen buenas razones legales ni de principios o de valores que inspiran al sistema acusatorio que justifiquen la prohibición absoluta de utilizar las declaraciones prestadas por testigos en un juicio oral previo para efectos de confrontar (poner en evidencia inconsistencias, mostrar contradicciones) con las declaraciones prestadas por estos mismos en el nuevo juicio oral[4]. Esta Sala se decanta por esta última posición atendiendo a las siguientes razones: a) la nulidad es un concepto o categoría jurídica, representativa de la declaración de invalidez de un acto para producir ciertos efectos jurídicos, sin embargo ello no predica la inexistencia del acto cómo si el mismo no se hubiera realizado. Esto significa en la práctica que existe una gran distancia entre sostener que para unos ciertos efectos jurídicos un acto se ha declarado nulo a que ese acto no haya existido y no se pueda aprovechar para otras cuestiones diversas a las que generaron la nulidad. Para ejemplificar este alcance limitado de la nulidad podemos recurrir a varios ejemplos: los casos en que la Sala de lo Penal al dictar sentencia en un recurso de casación por quebrantamiento de forma declara una nulidad parcial, verbigracia, cuando se declara la nulidad del debate a los efectos de constituir el presupuesto necesario que conduce a la sentencia condenatoria o absolutoria igualmente anulada respecto de uno de varios acusados o sobre uno de varios delitos imputados. Ello pone en evidencia que nuestro sistema jurídico en su funcionamiento habitual no opera con la lógica de privar por completo de todo efecto a los juicios anulados. En el área penal sustantiva esta interpretación llevaría al absurdo de despenalizar al delito de falso testimonio contemplado en el artículo 385 del Código Penal en estos casos. En efecto, si un testigo mintiera en contra del acusado en el juicio anulado, una postura formalista llevaría a estimar que tales declaraciones no podrían justificar la imposición de una pena ya que “no existirían”, lo que no se presenta razonable y que más bien pone en evidencia los resultados insatisfactorios a los que lleva aplicar una doctrina formalista sin matices y distinciones basada en una interpretación que suprime un componente central del contrainterrogatorio y, por lo mismo, afecta injustificadamente el principio-derecho estructural del debido proceso como es el de la contradicción; b) Una segunda objeción que pudiera presentarse para utilizar como elemento de contraste las declaraciones del juicio previo anulado es que, aún superado el problema anterior descrito en el literal que antecede, el artículo 311 del Código Procesal Penal sólo autorizaría el uso de las mismas cuándo estas hubieren sido prestadas en la etapa preparatoria, lo que excluiría las rendidas en el debate, fase en la que interviene el Tribunal de Sentencia. Al permitir el contraste entre las declaraciones rendidas en el debate y las prestadas por los mismos testigos con anterioridad, el legislador ha querido asegurar que una declaración de este tipo haya sido prestada en condiciones que aseguren su confiabilidad. Es decir, condiciones mínimas que garanticen que efectivamente esa declaración correspondió al respectivo testigo y que su contenido es el que fue vertido por el mismo. En este sentido podemos afirmar que la declaración prestada por un testigo en un juicio oral ante un tribunal colegiado ofrece garantías de confiabilidad, mismas que resultan reforzadas con el sistema de registro de dichas declaraciones, ya sea mediante su consignación en el acta elaborada por el Secretario[5] complementada total o parcialmente por la grabación magnetofónica o audiovisual, o por otra forma de registro, con lo cual se despejan las dudas acerca de los contenidos concretos expresados por el testigo. De este modo, si bien el artículo 311 del Código Procesal Penal no contempla las declaraciones prestadas en un juicio oral anterior, anulado, lo cierto es que tal situación satisface el estándar impuesto por la norma en estudio, en cuanto se trata de declaraciones prestadas por el testigo ante una autoridad judicial, en este caso ante el tribunal de juicio oral competente en materia penal, con asistencia de todos los intervinientes convocados a la audiencia, esto es, con idénticas garantías de publicidad y contradicción[6]. A todo esto se añade un argumento más y es el de la libertad probatoria reconocida por el artículo 199 del mismo texto legal donde se establece que los hechos y circunstancias relacionadas con el delito objeto del proceso, podrán ser demostrados utilizando cualquier medio probatorio, aunque no esté expresamente regulado en este Código, siempre que sean objetivamente confiables. De este modo no vemos obstáculo para que a los efectos servir como un criterio sobre la confiabilidad de una declaración prestada por un testigo en el debate, pueda contrastarse lo que éste ha expresado ante un Tribunal de Sentencia en un juicio oral anulado celebrado con anterioridad, bajo los principios de la publicidad y la contradicción. Por todo lo anteriormente expuesto esta Sala considera que la negativa del Tribunal de Sentencia para contrastar la declaración rendida por el testigo A2 en la audiencia de debate celebrada en el año 2014 con la que rindiera el mismo testigo en el juicio oral que tuvo lugar en el año 2010, ha vulnerado el principio de la contradicción como un derecho instrumental de la garantía del debido proceso consagrada en el artículo 90 de la Constitución de la República así como también del derecho fundamental de defensa que reconoce el artículo 82 de nuestra Carta Magna. Iguales razones caben para entender violados los mismos derechos por la negativa del Tribunal de Sentencia de Trujillo para contrastar la declaración rendida por el testigo H. V. O. C., con la que prestara en el juicio oral celebrado en el año 2010, petición que vale decir, fue formulada en el acto mismo de su declaración y por la vía de solicitar un auto para mejor proveer. Finalmente, esta Sala considera pertinente recordar lo que ya se dejó establecido en la sentencia de casación dictada en fecha 23 de octubre de 2013, en cuanto a que “si la identificación fotográfica no se practicó como prueba anticipada, puede ser incorporada al acervo probatorio mediante su ratificación en el juicio oral por parte del testigo recognoscente y/o de los policías ante los cuales se practicó el reconocimiento, adquiriendo así por contradicción de las partes e inmediación del Tribunal de Sentencia, el carácter de prueba susceptible de valoración[7]. Ello quiere decir que las partes en igualdad de condiciones tienen el derecho de solicitar al tribunal de sentencia les permita interrogar y contrainterrogar, ya sea a los agentes policiales como también a los testigos sobre el contenido de lo consignado por unos y otros en las actas de reconocimiento fotográfico en orden a que el principio de contradicción como derecho estructural de la garantía del debido proceso se ejerza con observancia del derecho fundamental de defensa consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la República. Por todas las razones anteriormente expuestas, el presente motivo ha de ser estimado parcialmente lo que al mismo tiempo trae como consecuencia la nulidad de la sentencia condenatoria dictada contra el imputado J. I. M. L. así como la del debate en que se pronunció, habida cuenta que el respeto de ese derecho fundamental pudiera haber conducido a un resultado distinto. .."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de abril de dos mil quince, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO en su calidad de Coordinador, JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veinticinco de febrero de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Trujillo, Departamento de Colón, mediante la cual falló: 1) CONDENANDO al Señor J. I. M. L.., por el delito de HOMICIDIO SIMPLE, en perjuicio de C. M. S. C., a la pena de DIECISIETE (17) AÑOS SEIS (06) MESES DE RECLUSION, más las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL.- 2)NO CONDENÓ al encausado en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma, la Abogada S. J. A. C., actuando en su condición de Apoderada Defensora del encausado J. I. M. L..- INTERVIENEN: la Abogada S. J. A. C., Apoderada Defensora del Acusado J. I. M. L., parte recurrente; y la Abogada Y. M. M. L., Agente de Tribunales del Ministerio Público y parte recurrida. HECHOS PROBADOS “Habiendo valorado las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, conforme a las reglas de la sana crítica, este Tribunal declara, expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: El día domingo tres de agosto del año dos mil ocho, aproximadamente desde las cinco de la mañana un grupo de aproximadamente cien personas pertenecientes al Movimiento Campesino del Aguan de la comunidad de La Guadalupe Carney, entre ellos el señor J. I. M. L. conocido con el alias de C., armados con fusiles, escopetas, pistolas, revólveres, machetes, palos, rodearon e ingresaron a la propiedad del señor H. V. O. C., denominado Rancho H., ubicado en la Aldea Nueva Marañones, frente a la carretera principal que conduce a la ciudad de Trujillo, Colón; obligando a los miembros de la familia O. y sus empleados a refugiarse en la vivienda, estando en el interior de la vivienda el señor V. O. F., B. O. C., C. M. S. C. y D. A. S. C., don P. G. S. con su hijo S. R. G. O., los trabajadores, J. D. P. M., V. S. R., J. C. M., M. A. F. G. y el Testigo Protegido A-2; el grupo campesino expresaba que los iban a matar a todos y recuperar así las tierras que les pertenecía, realizando disparos continuos en dirección a la vivienda desde los cuatro puntos cardinales y desde diferentes ángulos, los que impactaron en las paredes internas y externas de la casa. SEGUNDO: Ante el ingreso violento a la propiedad y las amenazas de muerte inminente que realizaba el grupo campesino de la Colonia Guadalupe Carney, el señor C. M. S. C., miembro de la Familia O., llamó vía celular a la policía nacional de la ciudad de Trujillo y al señor H. V. O. C., solicitando auxilio, a su vez el señor H. V. O. C. solicitó vía telefónica desde tempranas horas en reiteradas ocasiones, la inmediata intervención de las autoridades fiscales, policiales y militares para evitar que se produjera un hecho sangriento en contra de su familia y trabajadores, por parte del grupo campesino que estaba atacándolos violentamente en ese momento, sin embargo la intervención de las autoridades correspondientes no se hizo efectiva en el momento oportuno, porque frente al numeroso grupo de personas fuertemente armadas los elementos policiales que estaban en la zona eran insuficientes para detener la agresión extremadamente violenta del denominado grupo campesino del Aguan de la comunidad de La Guadalupe Carney. TERCERO: Ese mismo día de manera continua y durante todo el día el grupo campesino de la Colonia Guadalupe Carney disparaba continuamente en dirección a la vivienda, manteniendo de ésta forma totalmente sometidos a todo el grupo familiar y empleados del señor H. O., razón por la cual como a eso de las cuatro de la tarde el señor C. M. S. C.. en un momento de desesperación salió del interior de la vivienda en compañía del testigo protegido A2, siendo este el momento en el que ambos resultaron heridos por proyectiles disparados por arma de fuego que utilizó contra ellos el señor J. I. M. L., conocido como C. por lo que cayendo al suelo C. M. S. C. y el testigo protegido A2, llegó hasta donde estaban ellos, el señor J. I. M. L., conocido como C., quien vestía camisa moteada, botas y gorro negro quien acompañado de otras personas del grupo campesino, le dijo a C. M. S. C. “hoy sí profesor, así te quería agarrar y seguidamente le disparó con un arma de fuego que portaba y le propinó varias heridas con un arma blanca tipo machete, produciéndole la muerte de manera instantánea; resultando el occiso C. M. S. C. con 1) Tres heridas por proyectil de arma de fuego distribuidas de la siguiente forma: 1.- a) Orificio de entrada a nivel de hemicara derecha de 23x19cm a 169cm de altura del talón y 1cm de línea media, b)Trayecto de adelante hacia atrás, derecha a izquierda con laceración de piel y tejido subcutáneo, músculos de la cara y el cráneo, fractura de los huesos de la cara y el cráneo con laceración cerebral, se encuentran elementos metálicos a nivel de piel de cara y cráneo y a nivel del cerebro, donde se recuperan, c)Orificio de salida no hubo, 2 a) orificio de entrada a nivel de región posterior de brazo derecho de 18 xl 5cm a 6cm de altura de hombro, b) trayecto atrás hacia delante con laceración de piel y tejido subcutáneo, músculo de brazo fractura de hueso del brazo, se encuentran elementos metálicos a nivel del brazo donde se recuperan, c) orificio de salida no hubo, 3) a) orificio de entrada a nivel de glúteo izquierdo de lxlcm con anillo de contusión de 0.2cm excéntrico hacia abajo a 103cm de altura de talón y 6cm de línea media, b) trayecto de abajo hacia arriba derecha izquierda y de atrás hacia delante con laceraron de piel y tejido subcutáneo, músculo del glúteo y del abdomen, laceración intestinal hemoperitoneo (Hemorragia en la cavidad peritoneal) de 400cc, c) orificio de salida a nivel de cuadrante inferior izquierdo de abdomen de 1.7 xlcm a 113cm de altura de talón y 8cm de línea media II).- Seis heridas contuso cortante de bordes regulares, paredes lisas y fondo uniforme distribuida de la siguientes manera: 1.- A nivel de muslo izquierdo de 8cm de largo a 58cm de altura de talón, que producen laceración de piel y tejido subcutáneo, músculo del muslo.- 2.- A nivel de muslo izquierdo de 10cm de largo a 55cm de talón que produce laceración de piel y tejido subcutáneo músculo del muslo.- 3.- A nivel de muslo izquierdo de 3cm de largo a 48cm de altura de talón que produce laceración de piel y tejido subcutáneo, músculo del muslo.- 4.- A nivel de región posterior del muslo izquierdo de 20cm de largo a 49cm de altura de talón que produce laceración de piel, y tejido subcutáneo, músculo de muslo.- 5.- A nivel de ante brazo derecho de 6cm de largo a 60cm de altura de hombro que produce laceración de piel y tejido subcutáneo, músculo de antebrazo, fractura del hueso del antebrazo (radio).- 6.- A nivel de mano derecha de 12cm de largo a 70cm de la altura de hombro de produce laceración de piel y tejido subcutáneo, músculo de la mano, fractura de los huesos de la mano.- Las que de acuerdo al dictamen del médico autopsiante produjeron que: 1) La causa de muerte se debió a la lesión de un órgano vital (cerebro) provocado por proyectil disparado por arma de fuego, 2) por las características encontradas en la autopsia se determinó que las lesiones del inciso 1: son compatibles con las producidas por proyectiles disparados por arma de fuego, mientras que las lesiones del inciso II: son compatibles con las producidas por arma blanca tipo contuso cortante la cual actúa por su filo y su peso; Inmediatamente después por impactos de proyectiles disparados con arma de fuego y el uso de armas blancas tipo machete resultaron muertos todos los miembros de la Familia O. y sus empleados quienes respondían a los nombres de: V. O. F., D. A. S. C., P. G. S., S. R.. G. O., J. D. P. M., V. S. R., J. C. M. M. Á. F. G. y B. O. C.; los cuales se encontraban en el interior de la vivienda, siendo éste el preciso momento en el que resultó muerta la persona que inicialmente fue identificada como A. G. producto de un impacto de proyectil disparado con arma de fuego, ejecutado por una persona de identidad desconocida; inmediatamente después los miembros del grupo campesino de la Guadalupe Carney, procedieron a sacar gasolina de los vehículos que estaban estacionados en la propiedad y los incendiaron completamente, luego rociaron con gasolina la pared y el techo de la vivienda, incendiándola estando dentro de los mismos los cuerpos de la familia O. y trabajadores, asimismo procedieron a prender fuego a las demás instalaciones de la propiedad del señor H. O.; logrando escapar del lugar el testigo protegido A2, quien logró llegar hasta donde se encontraban los agentes de la policía, los que a su vez lo trasladaron de urgencia hasta el Hospital Salvador Paredes de la ciudad de Trujillo, Colón, donde fue atendido de manera inmediata por el personal médico hospitalario que determinó que el testigo protegido identificado con la clave A2 al momento de la evaluación presentaba una herida penetrante de tórax y hematoma derecho del treinta por ciento, por lo que fue intervenido quirúrgicamente y se le realizó el procedimiento operatorio el mismo día tres de agosto del año dos mil ocho a las siete con cuarenta y cinco minutos de la noche, consistente en toractomía mínima con sello de agua improvisado, drenaje de sangre mas o menos de 100 c.c; lo que de confirmado por los Médicos Forenses de los doctores O. U. C. y D. L. M., quienes establecieron su criterio médico entre otros que la herida penetrante de tórax y hematoma derecho del treinta por ciento por las que ingresó el testigo A2 al procedimiento quirúrgico contrastada con el examen físico, radiografía y revisión de expediente clínico del testigo protegido identificado con la clave A2 d como resultado la conclusión de: 1) Tipo de lesión: a) Cicatriz en hombro derecho, compatible con la producida por proyectil disparado por arma de fuego. - b) cicatriz en tórax que corresponde a procedimiento quirúrgico a ese nivel por la presencia de sangre en cavidad pleural (hemotórax),- c) cicatriz en antebrazo izquierdo.- 2) Incapacidad temporal por 35 días a partir de la fecha en que ocurrieron los hechos,- 3) Si hubo peligro de muerte.- 4) Se recomienda nueva evaluación en clínica forense, al ser dado de alta definitiva por su médico tratante, para ratificar o aumentar la incapacidad temporal y valorar posibles secuelas. CUARTO: Ese mismo día en horas de la tarde y después de darle muerte a los señores C. M. S. C., V. O. F, D. A. S. C., P. G. S., S. R. G. O., J. D. P. M., V. S. R., J. C. M., M. Á. F. G. y B. O. C.; y de herir gravemente al Testigo Protegido A2, el grupo campesino de la Colonia Guadalupe Carney, entre ellos el señor J. I.. M. L., estando fuertemente armados con fusiles, escopetas, pistolas, revólveres y machetes, en el interior y en los alrededores de la propiedad del señor H. V. O. C., en actitud violenta y con sus armas de fuego y armas blancas impidieron a los elementos policiales, fiscales y cuerpo de bomberos de la ciudad de Trujillo, Colón, llegar al lugar de la escena del crimen, siendo hasta las siete de la noche del mismo día que el grupo campesino permitió realizar algunos levantamientos de cadáver a la autoridad competente; pudiendo la autoridad pública hasta el día siguiente realizar los demás levantamientos cadavéricos de los otros cuerpos, así como la localización, identificación y recolección de las evidencias encontradas en la escena del crimen.” C O N S I D E R A N D O I.- El Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma, interpuesto por la Abogada S. J. A. C., actuando en su condición de Apoderada Defensora del señor J. I. M. L. es admisible en tanto que reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que ahora debemos pronunciarnos sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.-LA RECURRENTE ABOGADA S. J. A. C., EN SU CONDICION DE APODERADA DEFENSORA, DEL ENCAUSADO J. I. M. L., PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL Y QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, DE LA MANERA SIGUIENTE: “PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN: Haber incurrido el Tribunal sentenciador en infracción de precepto constitucional. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra autorizado en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El tribunal sentenciador viola flagrantemente el principio de estado de inocencia de nuestro representado J. I. M., consagrado en el artículo 89 de la Constitución de la República, como nefasta consecuencia de la restricción del derecho de defensa que proclama como inviolable la Constitución de la República en el artículo 82, ya que decidió un fallo de condena en menosprecio de la evidencia probatoria que desfiló en la audiencia de juicio y sin explicar racionalmente cuáles fueron los motivos que lo llevaron a ésa determinación. Es decir que las inferencias o conclusiones a las que arriba el Tribunal de Sentencia de Trujillo, carecen de racionalidad y violentan las reglas de la sana crítica, hasta el punto de convertirse en arbitrarias, por no derivarse en modo alguno de la prueba que fue vertida en juicio. PRIMERO: Violación al principio de contradicción. En reiteradas ocasiones esta defensa solicitó al Tribunal que los testimonios de al menos dos testigos, fueran contrastados con declaraciones que rindieron en ocasiones anteriores tanto administrativamente, ante la DNIC, como en estrado judicial y en todos los casos, fue denegada esa posibilidad, con lo cual se violentó flagrantemente el principio de contradicción, estipulado en el artículo 4 del Código Procesal, y de lo cual derivó una restricción severa al derecho de defensa que asiste a nuestro representado, como derecho inviolable, según lo establece el artículo 82 de nuestra Constitución y ratificado en los artículos 14 y 15 del Código Procesal Penal. a. Habiendo reconocido el testigo protegido identificado como A2, que rindió declaración ante agentes de la DNIC, y siendo que dicha declaración era distinta a la que estaba rindiendo en juicio, la defensa solicitó, en base al artículo 311.6, del Código Procesal Penal, que se autorizara la introducción al debate, mediante lectura, la declaración que ante la DNIC rindió el testigo protegido A2, en fecha 12 de agosto de 2008, concretamente las afirmaciones que se verifican a partir de la última línea del folio 112 y hasta las primeras siete líneas del folio 113 de los autos, dado que tales afirmaciones revelan una versión distinta a la que en ese momento había brindado al Tribunal de Sentencia, sobre cómo ocurrió la muerte del Señor C. M. S. C., para el sólo efecto de contrastar dichas versiones y contribuir a determinar la credibilidad del testigo, para lo cual nos apoyamos en la autorización que ofrece el ya citado artículo 311.6 CPP, que establece: “ARTÍCULO 311.- Lecturas Autorizadas. Excepcionalmente podrán ser incorporados a/juicio por lectura que hará el Secretario: 6) Las declaraciones del acusado y los testimonios practicados durante la etapa preparatoria, cuando sean contradictorios con lo manifestado después en el acto del juicio, a fin de que las partes puedan interrogar al acusado o al testigo, sobre la contradicción apreciada entre ambas manifestaciones sucesivas.” De acuerdo a lo que establece el artículo 264 del Código Procesal penal, la investigación preliminar forma parte de la etapa preparatoria, por ende, las declaraciones rendidas ante los agentes de la DNIC que evacuan dicha investigación preliminar son perfectamente contrastables con la que el día del juicio rinda el testigo que antes ha declarado durante la referida investigación preliminar; no obstante lo cual, el tribunal, apegándose al alegato de la fiscalía, determinó declarar sin lugar la solicitud de esta defensa, bajo el inválido argumento de que la Constitución de la República establece en su artículo 88, que sólo valdrá como prueba la declaración rendida ante juez competente y que la declaración que pretendíamos introducir al debate, no reunía tal condición puesto que rendida en sede administrativa, obviando que la introducción al debate de la referida declaración administrativa era para el solo efecto de contrastar e interrogar al testigo sobre las contradicciones que eran evidentes y, obviamente lo declarara al respecto ante el tribunal sería lo que constituiría prueba y no precisamente la declaración administrativa. Con esto el Tribunal evitó la vigencia del principio de contradicción y limitó la eficacia del derecho de defensa, al impedir que la credibilidad del testigo, (que de acuerdo a las valoraciones hechas por el Tribunal, resultó ser determinante para arribar al fallo condenatorio), fuera objetivamente medida su credibilidad. (La petición de la defensa, consta en el acta del juicio oral, a partir de la parte infine del folio 1416 de los autos). b) Siempre con relación a este mismo testigo (A-2), y tal como se constata en el acta de juicio, a folio 1415, la defensa solicitó que fuera contrastado su testimonio con la declaración que ante este mismo tribunal de sentencia rindió en el juicio oral y público que se desarrolló durante los días del 14 al 25 de junio de 2010 (juicio anulado en casación), ya que uno de los reclamos fundamentales de la defensa fue que los testigos de la Fiscalía, en esta ocasión (repetición del juicio) modificaron sustancialmente su testimonio con relación a lo declarado en la primera vez, todo con miras a asegurar nuevamente una sentencia condenatoria. La petición de la defensa estuvo fundada en lo que dispone el artículo 199 del Código Procesal Penal, que establece que “Los hechos y circunstancias relacionados con el delito objeto del proceso, podrán ser demostrados utilizando cualquier medio probatorio, aunque no esté expresamente regulado en este Código, siempre que sean objetivamente confiables.” Es decir, que el requisito exigido para determinar la admisibilidad de un medio de prueba, es que el mismo resulte objetivamente confiable y, desde luego, que no haya sido obtenido mediante métodos prohibidos o ilícitos, al tenor de lo que dispone el artículo 200 del mismo Código Procesal Penal, a lo cual ha de agregarse que han de ser pertinentes, útiles y proporcionales. El acta que recoge las actuaciones del juicio oral y público llevado a cabo en junio de dos mil diez, reúne todas las características de confiabilidad, pertinencia, utilidad y proporcionalidad, ya que la misma ni siquiera fue producida a instancia de cualquiera de las partes contendientes, sino como resultado natural y espontáneo de la evacuación del juicio y es nada más y nada menos que generada por el propio tribunal, lo cual le da certidumbre y veracidad. A ello debemos sumarle que en las circunstancias particulares en que se desarrolló el juicio, esa acta era el único medio del que podía disponer la defensa para controvertir eficazmente el testimonio del testigo cuestionado, debiendo considerarse además que las partes eran exactamente las mismas, tanto institucionalmente como personalmente, ya que casualmente fuimos los mismos Abogados Defensores que actuamos en aquella ocasión como en esta en la que se repitió el juicio y también fue el mismo Fiscal que actuó en esta vez como en aquella, por lo tanto ambas partes, de modo personal y directo, conocíamos la prueba tanto documental, pericial, como (y especialmente) la testifical, siendo el tribunal el único que formalmente no conocía la prueba sino sólo de la forma en que fue revelada en la audiencia del juicio que ahora nos ocupa. El Tribunal resolvió sin lugar la pretensión de la defensa, apegándose al argumento de la Fiscalía en el sentido de que el acta en la cual está consignado el testimonio contra el cual pretendíamos contrastar el nuevo testimonio, era una acta nula, como consecuencia de la sentencia de casación que anuló el juicio en la cual se produjo dicha acta. Esta defensa no comparte la postura del tribunal, puesto que es nuestra opinión que si bien fue emitido un decreto de nulidad contenido en la sentencia de casación dictada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, dicho decreto de nulidad sólo alcanza al efecto condenatorio que se desprendía de la sentencia anulada en casación, por considerar que la misma fue dictada en violación del precepto constitucional que garantiza el estado de inocencia de nuestro representado. La nulidad que se desprende de la sentencia de casación no puede ser entendida como absoluta, porque de ser así, el juicio no se hubiese repetido sólo por un homicidio sino que tendría que haberse repetido por todos los delitos por los que J. I. M. fue enjuiciado en 2010, y por los cuales fue absuelto en su mayoría e igualmente tendríamos que haber traído a juicio nuevamente a C. M., quien en 2010, fue enjuiciado junto a J. I. M. y fue absuelto de todos los delitos, quedando únicamente condenado J. I. M., por un solo homicidio, en perjuicio de C. M. S. C. (la acusación y el juicio en 2010, fue por diez asesinatos, una tentativa de asesinato, un homicidio, incendio y robo agravado). Sin embargo, todos los efectos de la sentencia que hacen relación a la absolución de C. M. como a la absolución parcial de nuestro representado, se mantienen incólumes porque, en efecto, el decreto de nulidad no es absoluto, por ende el acta de dicho juicio que es un documento fehaciente producido por el Tribunal, que se limita a recoger o dejar registro de lo acontecido en la audiencia de juicio, era y es objetivamente confiable y debió ser tenido en cuenta por el Tribunal, habida cuenta de que, tal como lo ya lo hemos dicho, era el único medio disponible y posible para la defensa, con el cual demostrar la falsedad del testimonio que en esta ocasión rindió el testigo A-2. Para ilustración del tribunal de casación, en 2010, el testigo únicamente declaró que J. I. M. le disparó a C. M. S. C. y que quien lo macheteó fue C. M., estableciendo por otra parte que a él (el testigo protegido) le disparó una persona desconocida; sin embargo en esta ocasión vino a declarar que fue J. I. M. quien le disparó a él y que a M. también le disparó y lo macheteó, además de que dirigía a toda la turba que atacó a su familia y daba las órdenes para que mataran a todos, quemaran el lugar y saquearan la casa. Una consideración final al respecto, es que el objeto del proceso es la realización pronta y efectiva de la justicia penal (artículo 8 CPP), sin embargo, la justicia no puede ser efectiva si se condena a un inocente y para evitar ese oprobio, ha de procurarse la búsqueda de la verdad material, la verdad real y no una mera verdad formal, porque es nada más y nada menos que el derecho fundamental de la libertad, tutelado constitucionalmente (artículo 69, CR), el que está en juego y sobre el cual ha de decidir el Tribunal y siendo que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado, según el artículo 59 de nuestra carta magna, no puede escudarse en un formalismo, el Tribunal de Sentencia, para evitar descubrir la verdad y así justificar un fallo condenatorio. c. A partir del folio 1434, consta la petición formulada por la defensa, la cual una vez más fue declarada sin lugar por el Tribunal de Sentencia declaró sin lugar la pretensión de un auto para mejor proveer, consistente en la incorporación por lectura autorizada, de la declaración que el Señor H. V. S. C., rindiera en el juicio de 2010, puesto que igual que el testigo A-2, en esta ocasión varió su testimonio de modo sustancial, al punto que en aquella primera ocasión su testimonio no tuvo ninguna relevancia incriminatoria, al punto que ni siquiera la defensa le hizo ninguna interrogante cuando tocó su turno de preguntas, lo cual fue totalmente distinto en esta ocasión. No obstante el Tribunal, nuevamente y bajo los mismos argumentos volvió a denegar la posibilidad de que la defensa pudiera controvertir la prueba de cargo y renunció a su deber de verificar la posibilidad de un delito de falso testimonio que ocurría ante su total indiferencia. CONCLUSIÓN: Con todo lo anterior, es evidente que el Tribunal de Sentencia de Trujillo, violentó el principio de contradicción produciendo una restricción severa al ejercicio efectivo de la defensa técnica como derecho fundamental de nuestro representado, tutelado por la Constitución de la República en el artículo 82, con lo cual atropelló el principio derecho de presunción de inocencia que le asiste a nuestro representado, según el artículo 89 constitucional.” RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ACUSADO J. I. M. L., DENUNCIANDO LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO-DERECHO A LA PRESUNCION DE INOCENCIA QUE CONSAGRA EL ARTICULO 89 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA COMO CONSECUENCIA DE LA VULNERACION DEL DERECHO DE DEFENSA QUE PROCLAMA EL ARTICULO 82 DEL MISMO TEXTO FUNDAMENTAL. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 361 DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica, el peticionario debe echar mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro, en contraposición con los recursos por Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, respecto a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores[2]. La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial y la tutela efectiva de los derechos y garantías fundamentales.- II.__ Los Censores consideran que el Tribunal de instancia ha vulnerado el principio-derecho a la presunción de inocencia consagrado en el artículo 89 de la Constitución de la República al dictar una sentencia condenatoria en contra de su representado a consecuencia de la vulneración del derecho de defensa que consagra el mismo texto fundamental, con menosprecio de la evidencia probatoria que desfiló en la audiencia del juicio y sin explicar racionalmente cuales fueron los motivos para adoptar esa determinación.- El Censor centra su reproche recursivo en que se produjo la violación del principio de contradicción; concretizando su denuncia en tres aspectos: (a) El Tribunal de instancia no permitió el contraste de las declaraciones que los testigos rindieron en fases anteriores del proceso, particularmente la rendida por el testigo identificado como A2, ante la Dirección Nacional de Investigación Criminal, cuya incorporación por lectura era admisible al tenor de lo prescrito en el artículo 311 numeral 6) del Código Procesal Penal; de tal manera que su autorización hubiese contribuido a determinar la credibilidad del testigo, ya que tal declaración en sede policial resultaba contradictoria con el testimonio rendido posteriormente en la audiencia de debate; (b) El Tribunal de Sentencia impidió contrastar la declaración que el testigo A2 rindiera en la audiencia de debate que se estaba llevando a cabo, con la declaración que sostuviera en el desarrollo del juicio oral y público celebrado en el año 2010, y, (c) el Tribunal de instancia denegó la petición de la Defensa para que se dictara un auto para mejor proveer con la finalidad de que se procediera a la lectura autorizada de la declaración que el señor H. V. S. C., rindiera en el juicio celebrado en el año 2010; de haberse accedido a la petición de la Defensa se habría puesto de manifiesto que aquel había variado su testimonio de modo sustancial con la declaración que rindiera posteriormente en el juicio oral celebrado en 2014.- El artículo 89 de la Constitución de la República consagra el principio-derecho a la presunción de inocencia cuando dispone que “toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. La presunción de inocencia supone, que, como se parte de la inocencia, quien afirma la culpabilidad ha de demostrarla y es a la acusación a quien corresponde suministrar la prueba de la culpa del ciudadano presumido inocente; no demostrándose la culpa, procede la absolución aunque tampoco se haya demostrado claramente la inocencia, pues es el acusador quien tiene que probar los hechos y la culpabilidad del acusado y no es éste quien tiene que probar su inocencia. Constitucionalmente se presume y se afirma la inocencia del acusado, de tal modo que para llegar a un veredicto condenatorio es necesario que, -mediante una adecuada actividad probatoria de cargo, realizada con todas las garantías, es decir bajo los principios de oralidad, publicidad, contradicción e inmediación y sin que los medios probatorios traídos al proceso se hayan obtenido o incorporado violentando derechos o libertades fundamentales, quede desvirtuada esa inocencia y que el órgano jurisdiccional pueda obtener de esas pruebas la convicción jurídica de la existencia de los elementos fácticos que constituyen el delito. Si no han quedado probados esos elementos fácticos, el Tribunal no puede entender sustituida la inicial inocencia por la culpabilidad y debe absolver al enjuiciado. La presunción de inocencia como verdad interinamente afirmada y mantenida, exige que se demuestre lo contrario, la culpabilidad, o sea, que la desplace una prueba adecuada exigible en todo caso para que el tribunal pueda condenar. De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de un delito será válida, es decir, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente al menos en una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar a la certeza en torno a la culpabilidad del acusado. El estado de inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre de 2005 recaído en el Expediente No. 2597-2004 de la Sala de lo Penal).- El Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio: el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real en torno a la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el Tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un haz probatorio, sólido y concreto, que permita al Juzgador, sin vacilaciones, establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza, más allá de cualquier duda razonable.- Mediante el fallo de fecha catorce de mayo de 2007, recaído en el Expediente No. 312-2006, esta Sala ha declarado que el Estado de Inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, éste derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2); consagrado en el artículo 89 de la Constitución, es ampliamente desarrollado en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP), definido en materia penal como el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, ejercer la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo señalando la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.” (Fallo de la Sala de lo Penal de fecha 30 de Mayo de 2011, en el Exp. No. 304-2010).-En el caso que ahora nos ocupa constituye un hecho no controvertido que en la aldea Nuevos Marañones del término municipal de Trujillo, Departamento de Colón, el domingo 3 de agosto de 2008, resultó muerto a consecuencia de varios disparos y heridas efectuadas con una arma blanca, quien en vida fuera, el señor C. M. S. C.. Por otro lado, en el debate que precede a la sentencia que ahora se impugna, el testigo identificado como A2 señala que el acusado J. I. M. L. causó la muerte del occiso antes mencionado, disparándole e hiriéndole con un machete (vid. Folio No. 1413 vuelto del Tomo IV). Por otro lado también el testigo H. V. O. C. declaró en juicio que el día de los hechos entabló comunicación telefónica con su hermano y víctima, el señor C. M. S., quien le habría dicho que ya estaba “pegado” y que preguntándole en cuanto a si conocía a alguno de los atacantes, le habría indicado antes de expirar que conocía al señor I. M., alias C., a lo que habría agregado que en el lugar donde se encontraba le decían que le llamase para que viera lo que estaban haciendo con él y otras personas que a la postre murieron en similares circunstancias (vid. Folio No. 1431 del Tomo IV). De este modo podemos afirmar que ha resultado acreditada la muerte del señor C. M. S. y que en el debate se recibió prueba testifical en la que se atribuye participación en la causación de ese resultado típico al ahora imputado J. I. M., de ahí que hasta este momento procesal esta Sala estima que se ha producido una mínima actividad probatoria de cargo que no permite entender vulnerado el artículo 89 de la Constitución en tal medida, que en una relación causa-efecto deba traer como resultado la absolución del encartado J. I. M. L. decretada en casación por esta Sala, otra cosa es la que tiene que ver con la alegada violación del principio de contradicción a la que nos referiremos al analizar si se ha producido la violación del principio de contradicción y con ello del derecho fundamental a la defensa que consagra el artículo 82 de nuestro Texto Fundamental. Un juicio justo o un proceso debido requiere de forma inexcusable que el inculpado o acusado tenga la posibilidad de contradecir y defenderse de la imputación existente en su contra, pudiendo hacerse oír por el Tribunal correspondiente y presentar pruebas en su descargo, siempre en condiciones de igualdad con la acusación, pudiéndolo hacer personalmente o a través de la asistencia de un Abogado Defensor. De ello se derivan, a favor del imputado y su defensor, importantes derechos instrumentales, todos ellos protegidos por la garantía de la inviolabilidad de la defensa en juicio, como el derecho a realizar alegaciones, controlar la composición del tribunal y pedir que se abstengan o recusar a los jueces que se crea que no van a ser imparciales, controlar la prueba de cargo, proponer pruebas de descargo, verificar el adecuado desarrollo del procedimiento, impugnar la decisión del tribunal... etc. El derecho de interrogar a los testigos constituye una manifestación fundamental del derecho de defensa y del principio de prohibición de la indefensión, estrechamente relacionado además con otros derechos estructurales del debido proceso, tales como el de contradicción, igualdad de armas o el de contar con los medios y facilidades necesarias para llevar a cabo la defensa. Su significado es precisamente el derecho que asiste a todo acusado de interrogar o hacer interrogar a todos los testigos, por supuesto los propuestos por él, pero también los propuestos por la acusación o cualquier otra parte procesal. También el de hacer comparecer en juicio a todos aquellos testigos o peritos que puedan aportar algo en su defensa (“...arrojar luz sobre los hechos...), a fin de poder interrogarlos. Este derecho está recogido de forma expresa, aunque con ligeras variaciones, en todos los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. Así, el Artículo 14.3.e del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece: «Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: […] e) a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo; [...]» Por su parte el Artículo 8.2.f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene un contenido un poco más amplio y dice: «Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: [...] f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; [...]». El Censor reprocha que a los reclamos formulados en la audiencia de debate, el Tribunal de instancia no permitió apreciar la contradicción sustancial existente entre la declaración rendida por el testigo A2 en el juicio oral que precede inmediatamente a la sentencia impugnada, y la que rindiera aquel en sede policial. El artículo 311 No. 6) del Código Procesal Penal establece que excepcionalmente, podrán ser incorporados al juicio por lectura que hará el Secretario:….6)..los testimonios practicados durante la etapa preparatoria, cuando sean contradictorios con lo manifestado después en el acto del juicio, a fin de que las partes puedan interrogar…al testigo, sobre la contradicción apreciada entre ambas manifestaciones sucesivas”. Expuesto lo anterior surge la pregunta de que sí al tenor de lo previsto en el precepto legal antes mencionado es posible contrastar las declaraciones en los términos antes expuestos. Esta Sala considera que la respuesta a tal interrogante ha de ser afirmativa por las siguientes razones: a) el artículo 263 del Código Procesal Penal establece que el proceso de investigación y juzgamiento de los delitos constará de las fases siguientes: 1.- Etapa preparatoria: 2.- Etapa Intermedia, y, 3.- Debate o juicio oral y público. Por su parte el artículo 264 No. 2) dice que la etapa preparatoria se conformará entre otros actos por los que conciernen a la investigación preliminar. En el artículo 272 con que se inicia el Capítulo relativo a la investigación preliminar, se establece que “en la investigación de la verdad, la Policía Nacional, el Ministerio Público u otra autoridad competente, practicará todas las diligencias pertinentes y útiles, para determinar la existencia del hecho punible y tomará en cuenta las circunstancias que, de acuerdo con la ley penal, sean importantes para establecer el grado de responsabilidad de los agentes. Por otra parte, en el artículo 273 No. 1) se prevé que las dependencias del Ministerio Público, la Policía Nacional u otra autoridad competente[3], podrá citar a cualquier persona que pueda aportar datos relacionados con el hecho que se investiga y recibirle la correspondiente declaración. De este modo podemos afirmar que la declaración rendida por testigos en sede policial en la fase de investigación preliminar, al mismo tiempo y por ministerio de la ley se entienden comprendidas en la etapa preparatoria del proceso; b) El artículo 88 de la Constitución de la República establece que no se ejercerá violencia ni coacción de ninguna clase sobre las personas para forzarlas a declarar, y que nadie puede ser obligado en un asunto penal a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero de hogar y determinados parientes, concluyendo que solamente hará prueba la declaración rendida ante Juez competente. Esta Sala considera que tal precepto constitucional no se opone a que por el cauce del artículo 311 No. 6) del Código Procesal Penal se efectúe el contraste solicitado como un elemento a considerar en la constatación de la fiabilidad del testimonio rendido en el debate, ya que éste último se somete en el juicio oral, bajo los principios de oralidad y contradicción, al escrutinio que resulta de los interrogatorios y contrainterrogatorios formulados por las partes bajo la inmediación de un órgano jurisdiccional competente como lo es el Tribunal de Sentencia, en aras de llegar a través de este instrumento procesal al establecimiento de la verdad de los hechos y sus circunstancias. Otra situación se presentaría cuando se pretendiera que sin la presencia en juicio del testigo que únicamente ha rendido su declaración en sede policial, se solicitara su incorporación por lectura, ya que en este caso no sería posible que su testimonio pase por el tamiz o filtro de la contradicción, oralidad y publicidad bajo el control jurisdiccional, de ahí que en tales circunstancias la denegatoria del Tribunal a tal petición no vulneraría el derecho de defensa del interesado. Volviendo al caso bajo examen y atendiendo a las razones supracitadas, podemos afirmar que la negativa del Tribunal de Sentencia de Trujillo, a someter al contradictorio, por el cauce previsto en el artículo 311 No. 6) del Código Procesal Penal la declaración que rindiera el testigo A2 en el debate, frente a la que con anterioridad vertió en la etapa preparatoria del proceso ante autoridades de la Dirección de Investigación Criminal, ha comportado en perjuicio del imputado la vulneración del derecho de defensa consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la República así como también en diversos preceptos contenidos en instrumentos jurídicos internacionales de los que hicimos referencia líneas arriba. Por otro lado, el Censor cuestiona que el Tribunal de instancia no permitió someter al contradictorio, la declaración del testigo A2 rendida en el debate celebrado en 2014 que precede inmediatamente a la sentencia impugnada, con la que prestara en el juicio oral celebrado en el año 2010, mismo que resultara anulado en casación. Esta Sala considera pertinente destacar que la principal causa que se suele invocar para impedir el uso de las declaraciones testificales rendidas en un juicio anulado es que, debido a la anulación del primer juicio, se ha generado una inexistencia jurídica de todo lo ocurrido en el mismo que también lleva aparejada una inexistencia fáctica. Esta línea de razonamiento ha llevado a considerar que no se podrían utilizar declaraciones previas, ya que las mismas no tienen existencia jurídica y tampoco fáctica; sin embargo, frente a esa tesis se opone la de quienes consideran que no existen buenas razones legales ni de principios o de valores que inspiran al sistema acusatorio que justifiquen la prohibición absoluta de utilizar las declaraciones prestadas por testigos en un juicio oral previo para efectos de confrontar (poner en evidencia inconsistencias, mostrar contradicciones) con las declaraciones prestadas por estos mismos en el nuevo juicio oral[4]. Esta Sala se decanta por esta última posición atendiendo a las siguientes razones: a) la nulidad es un concepto o categoría jurídica, representativa de la declaración de invalidez de un acto para producir ciertos efectos jurídicos, sin embargo ello no predica la inexistencia del acto cómo si el mismo no se hubiera realizado. Esto significa en la práctica que existe una gran distancia entre sostener que para unos ciertos efectos jurídicos un acto se ha declarado nulo a que ese acto no haya existido y no se pueda aprovechar para otras cuestiones diversas a las que generaron la nulidad. Para ejemplificar este alcance limitado de la nulidad podemos recurrir a varios ejemplos: los casos en que la Sala de lo Penal al dictar sentencia en un recurso de casación por quebrantamiento de forma declara una nulidad parcial, verbigracia, cuando se declara la nulidad del debate a los efectos de constituir el presupuesto necesario que conduce a la sentencia condenatoria o absolutoria igualmente anulada respecto de uno de varios acusados o sobre uno de varios delitos imputados. Ello pone en evidencia que nuestro sistema jurídico en su funcionamiento habitual no opera con la lógica de privar por completo de todo efecto a los juicios anulados. En el área penal sustantiva esta interpretación llevaría al absurdo de despenalizar al delito de falso testimonio contemplado en el artículo 385 del Código Penal en estos casos. En efecto, si un testigo mintiera en contra del acusado en el juicio anulado, una postura formalista llevaría a estimar que tales declaraciones no podrían justificar la imposición de una pena ya que “no existirían”, lo que no se presenta razonable y que más bien pone en evidencia los resultados insatisfactorios a los que lleva aplicar una doctrina formalista sin matices y distinciones basada en una interpretación que suprime un componente central del contrainterrogatorio y, por lo mismo, afecta injustificadamente el principio-derecho estructural del debido proceso como es el de la contradicción; b) Una segunda objeción que pudiera presentarse para utilizar como elemento de contraste las declaraciones del juicio previo anulado es que, aún superado el problema anterior descrito en el literal que antecede, el artículo 311 del Código Procesal Penal sólo autorizaría el uso de las mismas cuándo estas hubieren sido prestadas en la etapa preparatoria, lo que excluiría las rendidas en el debate, fase en la que interviene el Tribunal de Sentencia. Al permitir el contraste entre las declaraciones rendidas en el debate y las prestadas por los mismos testigos con anterioridad, el legislador ha querido asegurar que una declaración de este tipo haya sido prestada en condiciones que aseguren su confiabilidad. Es decir, condiciones mínimas que garanticen que efectivamente esa declaración correspondió al respectivo testigo y que su contenido es el que fue vertido por el mismo. En este sentido podemos afirmar que la declaración prestada por un testigo en un juicio oral ante un tribunal colegiado ofrece garantías de confiabilidad, mismas que resultan reforzadas con el sistema de registro de dichas declaraciones, ya sea mediante su consignación en el acta elaborada por el Secretario[5] complementada total o parcialmente por la grabación magnetofónica o audiovisual, o por otra forma de registro, con lo cual se despejan las dudas acerca de los contenidos concretos expresados por el testigo. De este modo, si bien el artículo 311 del Código Procesal Penal no contempla las declaraciones prestadas en un juicio oral anterior, anulado, lo cierto es que tal situación satisface el estándar impuesto por la norma en estudio, en cuanto se trata de declaraciones prestadas por el testigo ante una autoridad judicial, en este caso ante el tribunal de juicio oral competente en materia penal, con asistencia de todos los intervinientes convocados a la audiencia, esto es, con idénticas garantías de publicidad y contradicción[6]. A todo esto se añade un argumento más y es el de la libertad probatoria reconocida por el artículo 199 del mismo texto legal donde se establece que los hechos y circunstancias relacionadas con el delito objeto del proceso, podrán ser demostrados utilizando cualquier medio probatorio, aunque no esté expresamente regulado en este Código, siempre que sean objetivamente confiables. De este modo no vemos obstáculo para que a los efectos servir como un criterio sobre la confiabilidad de una declaración prestada por un testigo en el debate, pueda contrastarse lo que éste ha expresado ante un Tribunal de Sentencia en un juicio oral anulado celebrado con anterioridad, bajo los principios de la publicidad y la contradicción. Por todo lo anteriormente expuesto esta Sala considera que la negativa del Tribunal de Sentencia para contrastar la declaración rendida por el testigo A2 en la audiencia de debate celebrada en el año 2014 con la que rindiera el mismo testigo en el juicio oral que tuvo lugar en el año 2010, ha vulnerado el principio de la contradicción como un derecho instrumental de la garantía del debido proceso consagrada en el artículo 90 de la Constitución de la República así como también del derecho fundamental de defensa que reconoce el artículo 82 de nuestra Carta Magna. Iguales razones caben para entender violados los mismos derechos por la negativa del Tribunal de Sentencia de Trujillo para contrastar la declaración rendida por el testigo H. V. O. C., con la que prestara en el juicio oral celebrado en el año 2010, petición que vale decir, fue formulada en el acto mismo de su declaración y por la vía de solicitar un auto para mejor proveer. Finalmente, esta Sala considera pertinente recordar lo que ya se dejó establecido en la sentencia de casación dictada en fecha 23 de octubre de 2013, en cuanto a que “si la identificación fotográfica no se practicó como prueba anticipada, puede ser incorporada al acervo probatorio mediante su ratificación en el juicio oral por parte del testigo recognoscente y/o de los policías ante los cuales se practicó el reconocimiento, adquiriendo así por contradicción de las partes e inmediación del Tribunal de Sentencia, el carácter de prueba susceptible de valoración[7]. Ello quiere decir que las partes en igualdad de condiciones tienen el derecho de solicitar al tribunal de sentencia les permita interrogar y contrainterrogar, ya sea a los agentes policiales como también a los testigos sobre el contenido de lo consignado por unos y otros en las actas de reconocimiento fotográfico en orden a que el principio de contradicción como derecho estructural de la garantía del debido proceso se ejerza con observancia del derecho fundamental de defensa consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la República. Por todas las razones anteriormente expuestas, el presente motivo ha de ser estimado parcialmente lo que al mismo tiempo trae como consecuencia la nulidad de la sentencia condenatoria dictada contra el imputado J. I. M. L. así como la del debate en que se pronunció, habida cuenta que el respeto de ese derecho fundamental pudiera haber conducido a un resultado distinto. III.- CONTINUA MANIFESTANDO LA RECURRENTE EN SU SEGUNDO MOTIVO: “QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. La sentencia Recurrida adolece de los vicios siguientes 1) Se basa en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio, asimismo excluyó y dejó de considerar alguna prueba de valor decisivo; 2) Carece de motivaciones fácticas o jurídicas, y las existentes resultan insuficientes y contradictorias, asimismo en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 3) La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público o en el pronunciamiento de la sentencia; PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en los Artículos 202, 336, numeral 2 de la regla Cuarta del Artículo 338, 362 numerales 1, 2, 3 y 5; del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DE MOTIVO: 1) La Sentencia recurrida se basa en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio, asimismo excluyó y dejó de considerar alguna prueba de valor decisivo; El artículo 336 primer párrafo del Código Procesal Penal prescribe: El Tribunal para resolver, solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la Sana Crítica. Por su parte el artículo 202 del mismo Código establece: Valoración de las Pruebas. La Sana Crítica. Las Pruebas serán valoradas con arreglo a la Sana Crítica. El Órgano Jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. Obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla Cuarta del Artículo 338 del mismo cuerpo legal. Este sistema de valoración, que implementa la reforma procesal penal, le permite al sentenciador cierta libertad en su estimación de pruebas que determinen su convencimiento, pero siempre respetando las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Resulta, que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene vicios graves que atentan contra las reglas de la Sana Crítica a observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte, en consecuencia, en la violación de los Artículos mencionados. Dentro de estos vicios relacionados anteriormente se encuentra la exclusión de prueba decisiva para su valoración que hace el Tribunal en relación a las declaraciones de los testigos M. A. L., quien era la viuda del señor A. G., uno de los campesinos que perdió la vida en el lugar de los hechos y que declaró que cuando su esposo murió fe a hablarle al señor J. I. que estaba jugando en el campo, le dijo que la auxiliara, como a eso de las cuatro de la tarde, que él no quería, pero ella le dijo que lo ayudara porque eran amigos con el esposo, caminaban juntos pescando con trasmayos, y que entonces J. I. accedió a ir a traérselo y que ella andaba nerviosa y llorando por su esposo, la señora T. G. S., quien en su declaración estableció que ese día llegó como a las tres de la tarde miró que estaba sucio su patio agarró su machete y fue al campo a cortar escoba cuando miró a la señora A. pidiendo auxilio, había mucha gente en el campo, ella se dirigió para donde I. y luego se fue a su casa, y luego no supo nada I. se quedó platicando ahí, la declaración del testigo R. A. F., quien afirmó que depende de un equipo de fútbol de la comunidad del que toma parte el señor I., que ese día miró que la señora A. llegó a pedir auxilio al campo, se dirigió al señor I. M., que le fuera ayudar con el esposo de ella porque le habían dicho que estaba muerto, pero él no quería ir porque en el equipo de futbol hay reglas y si uno se va le ponen multa, pero como miró angustiada a la señora él se fue para la casa a alistarse y salió, después salieron todos pero no llegaron a la propiedad del señor H. O., si no que llegó hasta la casa de doña O., solo fueron a recoger a la persona ya fallecido, lo dejaron en la casa donde el difunto vivía y de ahí cada quien se regresó a sus casas. Cuando se le preguntó que distancia existe entre la casa a la que llegaron y la casa de H. éste contestó que 900 metros. Esta exclusión dice el Tribunal es porque estima que los testimonios merecen una credibilidad parcial (efectuando un análisis parcial y aislado de los elementos de juicio obrantes en la causa, sin integrarlos debidamente en su conjunto, defecto que lleva a desvirtuar la eficacia que, según las reglas de la sana crítica, corresponde a los distintos medios probatorios), para estimar probado que el señor J. I. Conocido como C., el día domingo tres de agosto del dos mil ocho, se encontraba en la propiedad del señor H. O. C., donde además de los cuerpos sin vida de los miembros y empleados de la familia O. que en total eran diez, se encontró también el cuerpo sin vida de la persona identificada como Arnulfo Guevara… aseveración que violenta la LEY DE RAZON SUFICIENTE: la cual generalmente se violenta cuando los indicios con que se pretende fundamentar un fallo no se encuentran debidamente probados, o cuando dichos indicios no tienen relación uno con el otro, es decir carecen .de concordancia, puesto que los medios de prueba anteriormente relacionado no comprueban que el señor I. haya ingresado a la casa del señor H., y ni que el señor A. hubiese muerto en dicha casa; y por lo tanto, no se puede establecer una conclusión lógica al punto de que a partir de esta prueba el tribunal de por hechos probados estos extremos. Sin embargo, preocupa cuando para fundamentar unos hechos probados, el Tribunal comienza a apreciar hechos que jamás fueron comprobados en juicio es decir prueba que jamás fue evacuada extremos que no pueden ser valorados como es el lugar exacto en el que murió el señor A. G..

Y continua estimando el tribunal con relación a esta prueba que no estima probado que ese mismo día en horas de la tarde nuestro representado se encontrara jugando futbol, por cuanto que las declaraciones, no surten la eficacia jurídica probatoria de descargo, por cuanto que no resultaron de manera alguna corroboradas periféricamente, al contrario la declaración del acusado, de los testigos protegidos A2 y A3 y la declaración de H. O. que ubican al señor J. I. M. en la escena del crimen, donde según el Tribunal el testigo protegido A2 presenció el acto en el que el señor J. I. M. le dio muerte al señor C. M. S.. Pero si analizamos las declaraciones de estos últimos nos daremos cuenta que no solo no es posible la corroboración periférica, sino que además son contradictorias entre sí, y carecen de credibilidad, como a continuación expongo: Existen claras contradicciones entre la declaración del testigo protegido A2, con las actas de reconocimiento fotográfico (Folio 115-177), declaraciones de otros testigos como el propio H. O., puesto que en las investigaciones y reconocimientos fotográficos el testigo protegido solo manifestó que nuestro representado había abierto el tanque de combustible de los vehículos y les había prendido fuego, (que fueron los hechos imputados a nuestro representado en la audiencia preliminar), asimismo existe contradicción entre lo manifestado por este testigo durante el juicio y lo manifestado ante el Psicólogo Forense O. A., cuando le atribuyó al acusado acciones abismalmente distintas, y al describirlo le atribuyó un físico totalmente distinto al que posee, puesto que nunca lo había visto en persona, no sabía quién era, ni como era. (Ver folio 1108 en adelante) Vale la pena mencionar que en todas las actuaciones anteriores el testigo jamás manifestó haber visto al acusado quitarle la vida al señor C. M. S.. El testigo A2 atribuye en las referidas 26 actas de reconocimiento fotográfico, hechos concretos a cada uno de los que en esas fotografías aparece, y manifestando en juicio conocer bien al señor J. I. M., jamás “recordó” durante la investigación que éste le hubiera dado muerte al señor C. M. S.. Lo que de acuerdo a ¡as máximas de la experiencia nos enseñan que este tipo de testimonios resultan poco confiables especialmente porque la experiencia nos dice que una persona herida y en peligro de muerte, o en situación de estrés como se encontraba el testigo A2 no pudo reconocer a treinta personas y además atribuirles a cada una de ellas una actividad específica, claramente lo que aquí ocurrió fue la manipulación de un testigo por ser el único presencial en busca de una sentencia condenatoria a toda costa; Por otro lado, existe una gran contradicción entre el testimonio de este testigo y el señor H. O. así: El testigo A2 manifiesta que: I. M. c. como C. le disparó a M. y lo macheteo, estando en el suelo le dijo así te quería agarrar profesor, él andaba una camisa color moteado y gorro color negro, andaba armado rodeando la casa, le echaron gasolina a Ja casa y encendieron la casa, estando en el suelo M. le disparó en varias ocasiones, cuando asesinaron a M. también dispararon a B. O. y a las demás personas que estaban dentro de la casa… él tomó a M. lo puso con la cara para el suelo y lo golpearon, también él me disparó a mi y fue él quien dio la orden para que le metieran fuego a la casa, fue él quien asesinó a M.; pero nunca mencionó que el señor C.. M. hubiera llamado al señor H. O. mientras lo estaban matando, de su narración se desprende la imposibilidad de que esto haya ocurrido. El testigo H. O. para la sorpresa de todos, puesto que es la primera vez que hace tal afirmación manifiesta que a eso de las cuatro de la tarde estos delincuentes que estaban disparando para la casa, entraron al perímetro de la casa y la rodearon y empezaron a disparar contra todos los que estaban ahí, M. le dijo me pegaron, me están disparando, me pegaron, estoy tirado, y él le preguntó pero vos conoces a alguien, si conozco a I. M.. alias C., y agrega algo todavía más increíble cuando dice que, éste elemento le prestó el teléfono ya estando pegado el finado, le dijo que tenía dos dispararon y que le estaban diciendo que lo llamara para que escuchara lo que estaba pasando y que ellos mandaron a comprar combustible ¿…? (esta parte seguramente (a inventó, ya que el testigo A2 dijo que habían usado el combustible de los carros, ¿Dónde iban a mandar a comprar?) echaron la gasolina alrededor de la casa para encenderla. Sumado a esto ocurrió algo muy grave para el sistema penal y es que ambos testigos variaron sus declaraciones del juicio anterior, al actual con miras a responsabilizar totalmente al señor J. I. M. que ya desarrollaré más adelante. Por otro lado, las declaraciones de los testigos de descargo son también congruentes con la declaración del imputado y con el propio testigo A3, pues este testigo manifiesta haber visto al acusado, pero se encontraba de 900 a 1000 metros de distancia del lugar en que ocurrían los hechos por lo tanto el señor J. I. debía estar a esa misma distancia, tal como lo declaró él y el testigo R. A. F. Y no en la casa del señor H. O. como se ha tratado de interpretar, también afirma haber visto un periodista, y así como este testigo, periodistas, y elementos policiales que pudieron rescatar al testigo A2 las personas que se encontraban en esa zona no estaban participando en los hechos reprochados criminalmente. 2) Carece de motivaciones fácticas o jurídicas, y las existentes resultan insuficientes y contradictorias, asimismo en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; Antes de entrar a explicar la infracción del Juzgador, veremos en que consisten las reglas de la Sana Crítica. LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA O SANA CRITICA RACIONAL, COMO LO AFIRMA LA DOCTRINA Y LA MAYORÍA DE LOS ESTUDIOSOS DEL DERECHO, CONSISTEN EN QUE EL JUZGADOR ESTA OBLIGADO A RESPETAR LOS PRINCIPIOS DEL RECTO ENTENDIMIENTO HUMANO, ES DECIR LAS NORMAS DE LA LÓGICA, LA SICOLOGÍA Y LA EXPERIENCIA COMÚN. La lógica lleva consigo las siguientes Leyes: a) Ley de Identidad, b) Ley de contradicción, c) Ley de tercero excluido y d) Ley de razón suficiente. LEY DE IDENTIDAD: Conforme a esta Ley, el Tribunal entre otras cosas esta obligado a identificar plenamente a los participantes en el juicio, especialmente al o los autores del delito, su grado de participación, la infracción cometida etc. LEY DE CONTRADICCION: Esta Ley se viola cuando el Tribunal en una sentencia valora la prueba de tal suerte que en una de sus partes se afirma que algo es cierto y luego se niega dicha afirmación. LEY DE TERCERO EXCLUIDO: Esta Ley se viola cuando los hechos que el Tribunal estima probados, no son congruentes con la prueba que se haya ejecutado en el juicio oral o debate, de tal manera que seria ilógica una sentencia donde se afirma que el imputado es inocente o culpable según el caso, cuando los elementos de prueba con que el Juzgador sustentó el fallo reflejan lo contrario de lo que determinó el decisor. LEY DE RAZON SUFICIENTE: Esta Ley generalmente se violenta cuando los indicios con que se pretende fundamentar un fallo no se encuentran debidamente probados, o cuando dichos indicios no tienen relación uno con el otro, es decir carecen de concordancia y por lo tanto no se puede establecer una conclusión lógica sea de culpabilidad o inocencia. La SICOLOGÍA que es otra de las reglas de la Sana Crítica, esta es considerada como una ciencia empírica, del pensamiento humano que el Juez tiene el deber de aplicarla en la valoración de las pruebas, es decir que esta regla de la Sana Crítica, no es mas que aquellos razonamientos Psicológicos que el juzgador en ciertos casos debe emplear al momento de dictar su veredicto. En lo que respecta a la EXPERIENCIA COMÚN, son aquellas nociones que corresponden al concepto de cultura común, apresables espontáneamente por el intelecto como verdades indiscutibles. Las máximas de la experiencia nos enseñan que las personas inmaduras y en período de desarrollo como manifiesta el psicólogo forense que es el testigo A2 son fácilmente manipulables y su declaración es fácilmente influenciable al punto que puede considerarse una prueba viciada. Veamos en que consiste la violación por parte del sentenciador a las reglas de la Sana Crítica al momento de valorar la prueba: En primer lugar como podréis observar Honorables magistrados, el Tribunal sentenciador al proferir el fallo recurrido, violentó la Ley de Tercero Excluido, ya que como se expuso anteriormente esta Ley se violenta cuando los elementos de prueba con que el Juzgador sustentó el fallo reflejan lo contrario de lo que determinó el decisor, tal es el caso que nos ocupa, en la cual el Tribunal recurrido declaró y afirmó en la valoración de la prueba de descargo consistente en: a) Las declaraciones de los testigos de descargo, reflejan que nuestro representado no se encontraba en el lugar de los hechos cuando se estaban produciendo las muertes, pero el Tribunal les atribuye la propiedad de demostrar que estaba en casa del señor H. O. y que el señor A. G. murió en dicha propiedad. b) En cuanto a la prueba documental consistente en: b.1) 26 actas de reconocimiento fotográficos (de folio 115-177) cuya pretensión probatoria era demostrar que el testigo A2, a quien se le considera testigo agraviado carece de los elementos que proporcionan la garantía de certeza de la prueba, como ser: a) ausencia de incredibilidad subjetiva, es decir que no existan relaciones entre agraviado e imputado, basadas en el odio, resentimientos, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la deposición, que por ende le nieguen aptitud para generar certeza, es claro que este testigo ha ido variando su declaración atribuyéndole la mayor cantidad de acciones a nuestro representado cada vez que se presenta a una nueva actividad judicial; b) verosimilitud, que no solo incide en la coherencia y solidez de la propia declaración, sino que debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas de carácter objetivo, que le doten de aptitud probatoria, la declaración prestada no debe resultar fantasiosa increíble, por no ajustarse a las reglas de la lógica y de la experiencia, de tal forma que no resulta lógico que una persona inmadura reconozca cerca de 30 personas en un hecho como el que enfrentó y haya memorizado cada actuación y si, tal como declaró tenía 15 días de estar viendo al acusado antes del evento, porque éste se había tomado una propiedad aledaña, ¿Cómo es que durante toda la etapa investigativa no lo identificó con sus características personales como la persona que le dio muerte a M.?, y la declaración que rindió en este juicio es diferente a la que rindió en el juicio anterior; c) persistencia en la incriminación y en sus afirmaciones en el curso del proceso, el cambio de versión fue sometido a debate y análisis y sobre esto no se pronunció en absoluto el tribunal.- La declaración ha de mantenerse firme a lo largo de todo el proceso, lo que implica que no ha de modificarse sustancialmente en las sucesivas ocasiones en la que se presta testimonio, ni presentar ambigüedades, ni vaguedades; sin embargo, la valoración que hizo el Tribunal fue que con esta evidencia se acreditaba de manera irrefutable la plena identificación del señor J. I. M. L. como uno de los responsables de los hechos ocurridos el día 03 de agosto del 2008 en la propiedad del señor H. O. en el que resultaron muertos once personas de manera violenta entre ellas C. M. S. a manos del señor J. I. M. L., ello en virtud de que el testigo Protegido A2 lo identificó en una fotografía publicada en el diario La Prensa el día 04 de agosto del 2008, como uno de los responsables del hecho, olvidando que este medio de prueba no fue propuesta como Reconocimiento, puesto que no fue hecha mediante las reglas de la prueba anticipada y producida durante el debate, fue admitida como prueba documental para demostrar la variación del testimonio del testigo A2, sobre lo que el Tribunal no se pronunció, resultando la fundamentación del tribunal insuficientes y contradictoria, asimismo en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica, en cuanto a la Ley del Tercero Excluido y la LEY DE RAZON SUFICIENTE, puesto que valoración de dichos indicios no tienen relación o concordancia con la conclusión arribada por el Tribunal. b.2) Video Centro de Noticias de Colón donde claramente pudo apreciarse la exagerada contaminación de la escena del crimen, mediante la introducción de personas que no eran peritos, técnicos o investigadores, incluyendo periodistas y también se observó que los levantamientos se realizaron en inobservancia del artículo 204 del Código Procesal Penal, en vista de haberse practicado sin la presencia de ningún médico forense pudiendo ser habido, así como la introducción de cosas a la escena, entre ellas se observó un botellón grande de agua, y a pesar de que el hecho era más que evidente el Tribunal manifestó que no hubo contaminación. b.3) Acta de audiencia preliminar y sobreseimiento provisional dictados a favor de los señores C. A. R. y E. C. (ver folios 661-662 y 669-771), cuya pretensión probatoria era establecer la falta de credibilidad del Testigo A2, quien inicialmente reconoció, mediante un acta de reconocimiento fotográfico al señor C. R. como la persona que disparó a M. y a E. C. como la persona que participó en los hechos (ver folios 118, 119, 120, 138 y 139), pese a que el primero se encontraba en un curso matrimonial en el momento de los hechos y el segundo se encontraba privado de libertad. Pero fuera de toda lógica el Tribunal se aparta de las reglas de la sana crítica judicial, de modo que consagra una solución manifiestamente contraria a la lógica más elemental y al sentido común, esto es, al correcto entendimiento judicial al darle a esta prueba el único valor probatorio de demostrar que el Ministerio Público pone de relieve la actuación objetiva del ente Fiscal en la investigación de los hechos que le son puestos a su conocimiento de tal forma que se aprecia que aun cuando el marco de Ley es estricta sujeción al principio de legalidad y objetividad. Razón por la cual, procede el recurso extraordinario si el razonamiento argumentativo que sustenta la sentencia se aparta de las reglas de la sana crítica judicial de tal modo que prive una solución manifiestamente contraria a las reglas de la lógica y la experiencia esto es, del correcto entendimiento judicial y las reglas que exigen integrar y armonizar debidamente las pruebas producidas, lo cual tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias sean fundadas y que constituyan derivación razonada del derecho vigente, con aplicación de las circunstancias comprobadas de la causa, atendiendo también a las máximas de la experiencia, que el que miente en poco miente en todo. b.4) Lo mismo ocurrió con la Constancia extendida por el Centro Penal (ver folio 663) donde su Director hace constar que el señor E. C. se encontraba privado de libertad el día en que ocurrieron los hechos, estimando el Tribunal que tal extremo no tiene relación alguna con el hecho sometida a enjuiciamiento y por el cual fue llamado a juicio el señor J. I. M., por tanto no procede concederle valor probatorio alguno, obviando el razonamiento argumentativo realizado un análisis aislado y parcial de los diversos elementos de juicio obrantes en la causa, sin haberlos integrado ni armonizado debidamente en su conjunto, defecto que lleva a desvalorar la eficacia que, según las reglas de la sana crítica, corresponde a los distintos medios probatorios. c) Dictamen Psicológico Forense NO 315-08 visible a folios 1108 al 1111, cuya pretensión probatoria era que el Tribunal apreciara las aseveraciones hechas por el Testigo A2, al afirmar que quien le pegó los tiros a él es trigueño, estatura mediana, pelo liso, medio fornido, peli corto, estaba vestido camiseta azul, pantalón azul y machete, y que a él otro le hizo el disparo y que se llama C., dijo que le puso la pistola en el cuello, andaba pantalón negro, y andaba puesto como gorro el pasamontañas y lo describe como Chaparro, trigueño y pelo colocho, cuando en realidad es blanco, alto pelo liso y también manifiesta que otro decía que mataran a todos, que no fueran a dejar a nadie vivo, este era delgado pelo liso parado, alto trigueño, camisa hawaiana, pantalón negro y botas de hule y que andaba un AK, actividades todas que durante el juicio le atribuyó a nuestro representado. Con esta prueba esta defensa también logró demostrar que en realidad el testigo no recuerda al señor J. I. M. y que lo reconoció en el recorte de periódico únicamente porque éste aparecía en un periódico que registraba la noticia del hecho, el cual le pusieron a la vista, pero él no logró identificar sus características, porque solo lo vio en el periódico. Sin embargo, el Tribunal omite realizar cualquier razonamiento lógico sobre el contenido de esta prueba y lo que con ella esta defensa pretendía probar limitándose a decir que con ella se demuestra que el testigo A2 ha estado en el pleno uso de sus plenas facultades mentales para recordar y comunicar algunas experiencias vividas; lo cual aplicado al caso concreto da como resultado que lo manifestado por dicho testigo en sus declaraciones o reconocimientos fotográficos merece credibilidad, ya que es producto de los acontecimientos que vivió en carne propia el día tres de agosto del año dos mil ocho, en el Rancho H. de la Aldea Nuevo Marañones de Trujillo, Colón, donde resultó gravemente herido por impactos de proyectiles de arma de fuego y además de ello perdieron la vida los miembros de la familia O., entre ellos C. O., quien se encontraba a su lado al momento de su muerte violenta a manos del señor J. I. M.; violentándose con ello la Regla de la Lógica, Ley de Contradicción y del tercero excluido, puesto que de ser así significa que el Tribunal le cree al Testigo A2 cuando afirmó mediante reconocimientos fotográficos que C. R. (sobreseído) fue quien mató a C. M., y que le disparó a él (ver folio 118, 119 y 120) y que A. D. S. usó el machete para herir a M. provocándole la muerte (ver folios 121 y 122) pero en esta misma declaración el Tribunal afirma que también es creíble y confiable cuando dice que esto lo hizo otra persona refiriéndose al acusado, donde una afirmación necesariamente debe excluir la otra, no existiendo entonces relación lógica con los hechos probados. d) Por otro lado, el Tribunal de sentencia omite observar las contradicciones existentes entre la declaración de los testigos A2 y H. O., cuando poseen una diferencia sustancial en la forma en que ocurrieron los hechos puesto que el primero hace una relación cronológica en la que ocurrió la muerte del señor C. M. S., donde no hubo posibilidad para que el señor J. I. M. le diera el teléfono para llamar al señor H. O. y decirle con nombre y apellido, así como el alias del acusado. Contradicciones relevantes que violentan la Ley de Contradicción. Sumado a esto la declaración del señor H. O. no pudo ser confirmada con ninguna otra prueba objetiva o testifical que fuera conteste, y aunque el Tribunal de sentencia se negó a garantizar el derecho al principio de contradicción mediante la confrontación del testimonio rendido por ambos testigos en este juicio contra el rendido en el juicio anterior, lo cierto es que también difieren de aquellas sustancialmente, puesto que ahora le atribuyen hechos que antes no le fueron atribuidos. 4) La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público o en el pronunciamiento de la sentencia; 1) PRIMERO: Violación al principio de contradicción. En reiteradas ocasiones esta defensa solicitó al Tribunal que los testimonios de al menos dos testigos, fueran contrastados con declaraciones que rindieron en ocasiones anteriores tanto administrativamente, ante la DNIC, como en estrado judicial y en todos los casos, fue denegada esa posibilidad, con lo cual se violentó flagrantemente el principio de contradicción, estipulado en el artículo 4 del Código Procesal, y de lo cual derivó una restricción severa al derecho de defensa que asiste a nuestro representado, como derecho inviolable, según lo establece el artículo 82 de nuestra Constitución y ratificado en los artículos 14 y 15 del Código Procesal Penal. a. Habiendo reconocido el testigo protegido identificado como A2, que rindió declaración ante agentes de la DNIC, y siendo que dicha declaración era distinta a la que estaba rindiendo en juicio, la defensa solicitó, en base al artículo 311.6, del Código Procesal Penal, que se autorizara la introducción al debate, mediante lectura, la declaración que ante la DNIC rindió el testigo protegido A2, en fecha 12 de agosto de 2008, concretamente las afirmaciones que se verifican a partir de la última línea del folio 112 y hasta las primeras siete líneas del folio 113 de los autos, dado que tales afirmaciones revelan una versión distinta a la que en ese momento había brindado al Tribunal de Sentencia, sobre cómo ocurrió la muerte del Señor C. M. S. C., para el sólo efecto de contrastar dichas versiones y contribuir a determinar la credibilidad del testigo, para lo cual nos apoyamos en la autorización que ofrece el ya citado artículo 311.6 CPP, que establece: “ARTICULO 311.- Lecturas Autorizadas. Excepcionalmente podrán ser incorporados al juicio por lectura que hará el Secretario: …6) Las declaraciones del acusado y los testimonios practicados durante la etapa preparatoria, cuando sean contradictorios con lo manifestado después en el acto del juicio, a fin de que las partes puedan interrogar al acusado o al testigo, sobre la contradicción apreciada entre ambas manifestaciones sucesivas.” De acuerdo a lo que establece el artículo 264 del Código Procesal penal, la investigación preliminar forma parte de la etapa preparatoria, por ende, las declaraciones rendidas ante los agentes de la DNIC que evacuan dicha investigación preliminar son perfectamente contrastables con la que el día del juicio rinda el testigo que antes ha declarado durante la referida investigación preliminar; no obstante lo cual, el tribunal, apegándose al alegato de la fiscalía, determinó declarar sin lugar la solicitud de esta defensa, bajo el inválido argumento de que la Constitución de la República establece en su artículo 88, que sólo valdrá como prueba la declaración rendida ante juez competente y que la declaración que pretendíamos introducir al debate, no reunía tal condición puesto que rendida en sede administrativa, obviando que la introducción al debate de la referida declaración administrativa era para el solo efecto de contrastar e interrogar al testigo sobre las contradicciones que eran evidentes y, obviamente lo declarara al respecto ante el tribunal sería lo que constituiría prueba y no precisamente la declaración administrativa. Con esto el Tribunal evitó la vigencia del principio de contradicción y limitó la eficacia del derecho de defensa, al impedir que la credibilidad del testigo, (que de acuerdo a las valoraciones hechas por el Tribunal, resultó ser determinante para arribar al fallo condenatorio), fuera objetivamente medida su credibilidad. (La petición de la defensa, consta en el acta del juicio oral, a partir de la parte infine del folio 1416 de los autos). b) Siempre con relación a este mismo testigo (A-2), y tal como se constata en el acta de juicio, a folio 1415, la defensa solicitó que fuera contrastado su testimonio con la declaración que ante este mismo tribunal de sentencia rindió en el juicio oral y público que se desarrolló durante los días del 14 al 25 de junio de 2010 (juicio anulado en casación), ya que uno de los reclamos fundamentales de la defensa fue que los testigos de la Fiscalía, en esta ocasión (repetición del juicio) modificaron sustancialmente su testimonio con relación a lo declarado en la primera vez, todo con miras a asegurar nuevamente una sentencia condenatoria. La petición de la defensa estuvo fundada en lo que dispone el artículo 199 del Código Procesal Penal, que establece que “Los hechos y circunstancias relacionados con el delito objeto del proceso, podrán ser demostrados utilizando cualquier medio probatorio, aunque no esté expresamente regulado en este Código, siempre que sean objetivamente confiables.” Es decir, que el requisito exigido para determinar la admisibilidad de un medio de prueba, es que el mismo resulte objetivamente confiable y, desde luego, que no haya sido obtenido mediante métodos prohibidos o ilícitos, al tenor de lo que dispone el artículo 200 del mismo Código Procesal Penal, a lo cual ha de agregarse que han de ser pertinentes, útiles y proporcionales. El acta que recoge las actuaciones del juicio oral y público llevado a cabo en junio de dos mil diez reúne todas las características de confiabilidad, pertinencia, utilidad y proporcionalidad, ya que la misma ni siquiera fue producida a instancia de cualquiera de las partes contendientes, sino como resultado natural y espontáneo de la evacuación del juicio y es nada más y nada menos que generada por el propio tribunal, lo cual le da certidumbre y veracidad. A ello debemos sumarie que en las circunstancias particulares en que se desarrolló el juicio, esa acta era el único medio del que podía disponer la defensa para controvertir eficazmente el testimonio del testigo cuestionado, debiendo considerarse además que las partes eran exactamente las mismas, tanto institucionalmente como personalmente, ya que casualmente fuimos los mismos Abogados Defensores que actuamos en aquella ocasión como en esta en la que se repitió el juicio y también fue el mismo Fiscal que actuó en esta vez como en aquella, por lo tanto ambas partes, de modo personal y directo, conocíamos la prueba tanto documental, pericial, como (y especialmente) la testifical, siendo el tribunal el único que formalmente no conocía la prueba sino sólo de la forma en que fue revelada en la audiencia del juicio que ahora nos ocupa. El Tribunal resolvió sin lugar la pretensión de la defensa, apegándose al argumento de la Fiscalía en el sentido de que el acta en la cual está consignado el testimonio contra el cual pretendíamos contrastar el nuevo testimonio, era un acta nula, como consecuencia de la sentencia de casación que anuló el juicio en la cual se produjo dicha acta. Esta defensa no comparte la postura del tribunal, puesto que es nuestra opinión que si bien fue emitido un decreto de nulidad contenido en la sentencia de casación dictada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, dicho decreto de nulidad sólo alcanza al efecto condenatorio que se desprendía de la sentencia anulada en casación, por considerar que la misma fue dictada en violación del precepto constitucional que garantiza el estado de inocencia de nuestro representado. La nulidad que se desprende de la sentencia de casación no puede ser entendida como absoluta, porque de ser así, el juicio no se hubiese repetido sólo por un homicidio sino que tendría que haberse repetido por todos los delitos por los que J. I. M. fue enjuiciado en 2010, y por los cuales fue absuelto en su mayoría e igualmente tendríamos que haber traído a juicio nuevamente a C. M., quien en 2010, fue enjuiciado junto a J. I. M. y fue absuelto de todos los delitos, quedando únicamente condenado J. I. M., por un solo homicidio, en perjuicio de C. M. S. C. (la acusación y el juicio en 2010, fue por diez asesinatos, una tentativa de asesinato, un homicidio, incendio y robo agravado). Sin embargo, todos los efectos de la sentencia que hacen relación a la absolución de C. M. como a la absolución parcial de nuestro representado, se mantienen incólumes porque, en efecto, el decreto de nulidad no es absoluto, por ende el acta de dicho juicio que es un documento fehaciente producido por el Tribunal, que se limita a recoger o dejar registro de lo acontecido en la audiencia de juicio, era y es objetivamente confiable y debió ser tenido en cuenta por el Tribunal, habida cuenta de que, tal como lo ya lo hemos dicho, era el único medio disponible y posible para la defensa, con el cual demostrar la falsedad del testimonio que en esta ocasión rindió el testigo A2. Para ilustración del tribunal de casación, en 2010, el testigo únicamente declaró que J. I. M. le disparó a C. M. S. C. y que quien lo macheteó fue C. M., estableciendo por otra parte que a él (el testigo protegido) le disparó una persona desconocida; sin embargo en esta ocasión vino a declarar que fue J. I. M. quien le disparó a él y que a M. también le disparó y lo macheteó, además de que dirigía a toda la turba que atacó a su familia y daba las órdenes para que mataran a todos, quemaran el lugar y saquearan la casa. Una consideración final al respecto, es que el objeto del proceso es la realización pronta y efectiva de la justicia penal (artículo 8 CPP), sin embargo, la justicia no puede ser efectiva si se condena a un inocente y para evitar ese oprobio, ha de procurarse la búsqueda de la verdad material, la verdad real y no una mera verdad formal, porque es nada más y nada menos que el derecho fundamental de la libertad, tutelado constitucionalmente (artículo 69, CR), el que está en juego y sobre el cual ha de decidir el Tribunal y siendo que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado, según el artículo 59 de nuestra carta magna, no puede escudarse en un formalismo, el Tribunal de Sentencia, para evitar descubrir la verdad y así justificar un fallo condenatorio. c. A partir del folio 1434, consta la petición formulada por la defensa, la cual una vez más fue declarada sin lugar por el Tribunal de Sentencia declaró sin lugar la pretensión de un auto para mejor proveer, consistente en la incorporación por lectura autorizada, de la declaración que el Señor H. V. S. C., rindiera en el juicio de 2010, puesto que igual que el testigo A-2, en esta ocasión varió su testimonio de modo sustancial, al punto que en aquella primera ocasión su testimonio no tuvo ninguna relevancia incriminatoria, al punto que ni siquiera la defensa le hizo ninguna interrogante cuando tocó su turno de preguntas, lo cual fue totalmente distinto en esta ocasión. No obstante el Tribunal, nuevamente y bajo los mismos argumentos volvió a denegar la posibilidad de que la defensa pudiera controvertir la prueba de cargo y renunció a su deber de verificar la posibilidad de un delito de falso testimonio que ocurría ante su total indiferencia. CONCLUSIÓN: Con todo lo anterior, es evidente que el Tribunal de Sentencia de Trujillo, violentó el principio de contradicción produciendo una restricción severa al ejercicio efectivo de la defensa técnica como derecho fundamental de nuestro representado, tutelado por la Constitución de la República en el artículo 82, con lo cual atropelló el principio derecho de presunción de inocencia que le asiste a nuestro representado, según el artículo 89 constitucional. 2) Durante todo el proceso se violentó el Principio de Oralidad de ¡as audiencias especialmente en la etapa de la Proposición de Pruebas donde pese a que ambas partes viajábamos desde San Pedro Sula, el Tribunal de Sentencia no dictaba sus resoluciones en estrado, eso dio como resultado que el Tribunal con una sola de las partes resolviera la incorporación de medios de prueba, mediante recurso de Reposición sin escuchar a esta parte defensora; pese a que durante la audiencia ya habíamos expuesto nuestras razones para que dichos medios de prueba especialmente la declaración del testigo protegido A4 cuyo objetivo era únicamente contaminar el ánimo del Tribunal en perjuicio de nuestro representado con narraciones y acusaciones no sometidas al conocimiento de ninguna autoridad pero que influían en el ánimo de los Juzgadores. 3) En todo momento el Ministerio Público actúo con evidente deslealtad, puesto que en la audiencia preliminar le atribuyó unos hechos al acusado que no incluían que éste le hubiera disparado al señor C. M. S., y durante la formalización de la acusación tampoco fue claro al atribuirle hechos concretos con los que le supuestamente le habría quitado la vida el señor J. I. M. al señor S., lo cual fue apreciado por esta defensa al momento de la contestación de los cargos; sin embargo, esta defensa se preparó en función de lo declarado por el testigo A2 durante el juicio casado, bajo el principio de la Legalidad, objetividad y la invariable verdad en el tiempo; sin embargo, el silencio del Fiscal permitió que durante el Juicio los testigos: Agente de Investigación O. G. L., viniera a variar su declaración manifestando que en algún momento de la investigación el testigo protegido A2 le manifestó que el señor J. I. M. le había dado muerte a uno de sus parientes, lo cual no documentó en ningún lugar, ni en los reconocimientos fotográficos, actas de investigación y ni siquiera en la propia declaración del testigo, dándole el Tribunal valor probatorio, pese a que por ser parte de buena fe, esa era una diligencia que debió haber sido documentada por su relevancia, lo cual no ocurrió y deja en evidencia que mintió y vario su declaración para perjudicar al acusado; de igual forma con los testigos A2 y H. O., quienes en este juicio vinieron a decir una versión distinta de los hechos con toda libertad, confiados en que su declaración no sería confrontada con la declaración del juicio anterior, como efectivamente ocurrió por la deliberada negatoria del Tribunal de sentencia que en todo momento se negó a garantizar el derecho a un juicio justo y objetivo a nuestro representado, permitiendo que en estrado, sin ningún control judicial se cometiera el delito de Falso testimonio, lo cual, evidentemente impide el acceso a la justicia y el control judicial para el acceso a ella. Con esto Honorables magistrados también se violenta el principio de lealtad procesal de las partes y del Tribunal. 4) Asimismo La Corte de Apelaciones Seccional de la Ceiba nos obligó a someternos a un Tribunal sentenciador recusado por nosotros al declarar sin lugar la Recusación presentada contra ellos, pese a ser ese un derecho de las partes para no verse obligado a someterse a un Tribunal que a nuestro criterio se encontraba sesgado por existir la causa de recusación citada en el artículo 83 numeral 2 del Código Procesal Penal.” RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL IMPUTADO J. I. M. L., CONTRA LA SENTENCIA DE FECHA VEINTICINCO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. En el desarrollo del recurso por quebrantamiento de forma, el Censor falta a la debida técnica recursiva al no separar claramente cada uno de los motivos como lo demanda el artículo 363 párrafo segundo del Código Procesal Penal, sin embargo, habiendo prosperado parcialmente el recurso que por infracción de precepto constitucional interpusiera la Defensa del imputado J. I. M. L., y derivado de ello la nulidad de la sentencia y del debate en que se pronunció, esta Sala considera innecesario pronunciarse sobre los motivos que se invocan al interponer el recurso por quebrantamiento de forma. POR TANTO.- La Corte Suprema de Justicia, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA PENAL y en aplicación de los artículos 82 párrafo primero, 89, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 349, 350, 361 y 362 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: Declarando PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la Abogada S. J. A. C..- SEGUNDO: Declarando la nulidad de la sentencia condenatoria de fecha veinticinco de febrero de dos mil catorce y del debate en que se pronunció. Y MANDA: I. Que se celebre un nuevo juicio con Jueces distintos a los que participaron en el debate anulado, mismo que tendrá por objeto decidir en torno a la existencia de la responsabilidad criminal que se le atribuye al imputado J. I. M. L. por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio de quien en vida fuera el señor C. M. S.; II.- Que con certificación de esta sentencia, la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de origen, para que proceda conforme a Derecho. MAGISTRADO PONENTE CALIX VALLECILLO.- NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- JABOCO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL.-”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de Mayo del año dos mil quince.- Certificación de la Sentencia de fecha catorce de abril de dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No.S.P.277=2014.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior.

[2] Vid en este sentido: LLORENTE FERNÁNDEZ DE LA REGUERA, ÁNGEL, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115, cuando expresa que “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”

[4] Vid DUCE, MAURICIO: Derecho a confrontación y uso de declaraciones emitidas en el juicio previo anulado: http://www.politicacriminal.cl/Vol_09/n_17/Vol9N17A4.pdf: Vid. También: VIAL CAMPOS, PELAYO: El derecho a confrontación con declaraciones de un juicio anulado en el marco del proceso penal: http://www.politicacriminal.cl/Vol_06/n_12/Vol6N12A6.pdf

[5] El artículo 346 No. 4) del Código Procesal Penal establece que el Secretario dejará constancia en acta de todo lo ocurrido durante el juicio oral y público, documento que contendrá entre otros datos, un resumen del desarrollo del debate con mención del nombre y apellidos de los testigos e indicación de lo manifestado por cada uno de ellos.

[6] Vid, en este sentido, la solución adoptada en el Derecho comparado en el estudio realizado por el jurista chileno MAURICIO DUCE, en su artículo Derecho a confrontación y uso de declaraciones emitidas en un juicio previo anulado (http://www.politicacriminal.cl/Vol_09/n_17/Vol9N17A4.pdf), donde alude a la sentencia del 17 de junio de 2013, dictada por la Corte Suprema de Justicia de Chile, que marca un giro jurisprudencial a favor de permitir el contraste entre las declaraciones rendidas en el debate por los testigos y las vertidas por estos mismos en un juicio oral anterior anulado, pese a que el artículo 332 del Código Procesal de Chile solamente hace referencia a las declaraciones rendidas ante “el juez de garantía”: Dicho precepto establece: “Lectura para apoyo de memoria en la audiencia del juicio oral. Sólo una vez que el acusado o el testigo hubieren prestado declaración, se podrá leer en el interrogatorio parte o partes de sus declaraciones anteriores prestadas ante el fiscal, el abogado asistente del fiscal, en su caso, o el juez de garantía, cuando fuere necesario para ayudar la memoria del respectivo acusado o testigo, para demostrar o superar contradicciones o para solicitar las aclaraciones pertinentes. Con los mismos objetivos, se podrá leer durante la declaración de un perito partes del informe que él hubiere elaborado.

[7] Vid. en este sentido: DE DIEGO DIEZ, LUIS ALFREDO, en Los Medios de Prueba, Cuadernos de Estudios Judiciales, “Rafael Alvarado Manzano”, LITICOM, Tegucigalpa, agosto de 2001, págs. 45-46. En el Derecho Comparado con referencias a la legislación, jurisprudencia y doctrina española, vid. CLIMENT DURAN, CARLOS, en La Prueba Penal, 2ª Edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, págs. 2101 y ss.