Sentencia CP-258-12 — Registro 5472
Resumen
En primera instancia se absolvió al imputado por el delito de Actos de Lujuria Agravados, resolviendo den segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES DEL DEBIDO PROCESO Y DERECHO DE DEFENSA EN SU UNICO MOTIVO, CONSIGNADOS EN LOS ARTÍCULOS 82 Y 90. ASI COMO INFRACCIÓN A LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, 141 PÁRRAFO SEGUNDO DEL CÓDIGO PENAL Y 333 DEL CODIGO PROCESAL PENAL INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO. I.- El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse Recurso de Casación con arreglo a ese texto legal, siendo suficiente para fundamentarlo la invocación que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. La Garantía del Debido Proceso se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, definido tradicionalmente como aquel que garantiza que nadie puede ser condenado sino tras haber sido juzgado por un Tribunal competente, bajo las formalidades previamente previstas en la ley; Sin embargo, el Principio del Debido Proceso más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, como ser el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa (Artículo 82 Constitucional), a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, entre otros, en fin el Principio del debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. El Debido Proceso se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate, ergo la Transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados.
II.- Advierte la Sala, que el recurrente relaciona en su escrito de Casación que ante la negativa a declarar de la menor S. I. P. R., solicitó con fundamento en el articulo 333 de la normativa procesal penal fuere introducida al debate su declaración rendida en audiencia inicial; sin embargo, de la revisión del expediente de mérito realizada por este Tribunal de Casación, no se desprende que haya ocurrido tal situación alegada por el recurrente, sino únicamente que la testigo S. I. P. R. (supuesta ofendida) se negó a rendir declaración, amparada en la dispensa normativa preceptuada en el artículo 228 numeral 1 del Código Procesal Penal, en virtud de la relación de parentesco que la vincula con el procesado Hija)(folio 148 vuelto del proceso), por lo que el alegato del recurrente, resulta inútil al carecer de fundamento alguno. III.- En cuanto a lo manifestando por el recurrente, respecto a otra supuesta víctima de nombre I. I. C. R., que se negó a declarar sin existir justificación alguna, constituyendo ello a criterio del ente acusador un hecho nuevo, al no saber el Ministerio Público que la víctima en esa etapa del proceso se negaría a declarar, solicitando la incorporación de la declaración, conforme lo establecido en el articulo 333 del Código Procesal Penal. Al respecto, aprecia la Sala de lo Penal, luego de la revisión del expediente de mérito que efectivamente el Ministerio Público realizó tal solicitud (folio 154 frente, vuelto y 155 frente del proceso), ya que la víctima I. I. C. R. se negó a declarar no aduciendo ninguna justificación (folio 148 vuelto y 149 frente). Asimismo, del acta de debate (folio 154 vuelto y 155 frente) se desprende que el Juzgador de instancia denegó fundadamente la solicitud del Ministerio Público, orientada a la admisión como auto para mejor proveer, del medio de prueba en referencia. Considerando todo lo anterior, El Tribunal de instancia estima que no se infringió por el Juzgador el derecho constitucional de defensa ni Debido Proceso, ni el artículos 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 141 párrafo segundo del Código Penal, ni 333 del Código Procesal Penal, al rechazar un auto para mejor proveer, esto, en consideración que no constituye un hecho nuevo o un elemento de prueba antes no conocido, el desconocimiento por parte del agente Fiscal de la negativa de la testigo a declarar; elemento que no resulta ser novedoso ni tiene relación con el hecho objeto del proceso, no concurriendo el requisito sine qua non de tratarse de un elemento de prueba novísimo exigido por la normativa procesal (Artículo 333 Código Procesal Penal), aunado a considerar que en un sistema procesal acusatorio, el auto para mejor proveer es una herramienta al servicio del juez, ante la insuficiencia o duda provocada por un medio de prueba propuesto por las partes. “El Auto para mejor proveer, no puede ser obligatorio para el Juzgador, y corresponde a la parte interesada instar su realización, el tribunal Juzgador también puede ordenar su práctica, siempre que considere su utilidad para complementar algún vacío de las partes no acreditado por la prueba y decisivo para resolver. El ordenar un auto para mejor proveer es una facultad potestativa del órgano jurisdiccional, por lo que puede o no ser ordenada motivadamente por el Juzgador, sin que por ello pueda cuestionarse la objetividad del Tribunal, cuya misión es dirimir el conflicto planteado mediante una sentencia basada en la prueba evacuada en el debate [1]”. IV.- En el caso examiné, el Juzgador alcanzó la convicción de absolución producto “no de la simple constatación de que una de la ofendidas se abstuvo de declarar en juicio o que la otra supuesta víctima se negó hacerlo, sino del análisis de la prueba practicada, que solo demostró la falta de prueba en cuanto a las circunstancias del hecho acusado, puesto los dictámenes forenses solo acreditaron que las víctimas presentan un daño siquiátrico y la prueba documental que el imputado es el padre de la supuesta víctima S. P., quien a su vez es hermana de la otra supuesta víctima I. I.; por lo que ante la imposibilidad de fijar mediante sus declaraciones si esos abusos han sido autoría del imputado, resulta imposible arribar a un fallo distinto del absolutorio”. (Folio 165 vuelto y 166 frente- extraído de la sentencia recurrida). Por lo expuesto, se desestima el motivo de casación invocado por el recurrente..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de junio de dos mil quince, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO en su calidad de Coordinador, JACOBO CALIX HERNANDEZ y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veintisiete de febrero de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: 1) ABSOLVIENDO al señor F. P. por el delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS en perjuicio de S. I. P. R. E I. I. C. R..- 2) NO CONDENA en costas procesales, personales y gastos ocasionados por dicho Juicio.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, la Abogada M. E. G. P. actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público.- SON PARTES: La Abogada I. A. F., en su calidad de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente y el Abogado J. E. V., en su condición de Apoderado Defensor del procesado F. P., como parte recurrida. HECHOS PROBADOS UNICO: La menor S. I. P. R. actualmente de quince años de edad, y la joven I. I. C. de veinte años de edad, a raíz de la denuncia por abusos sexuales que presentaron contra el acusado F. P., quien es su padre y padrastro respectivamente, fueron evaluadas por el médico psiquiatra, ésta evaluación determinó que tanto S. I., como I. I., presentan daño psiquiátrico.” CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por la Abogada M. E. G. P., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- La recurrente Abogada M. E. G. P., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, de la manera siguiente: EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL: MOTIVO UNICO: “Por violación de los artículos 90 en relación al artículo 82 de la Constitución de la República, artículo 19 de la Convención Interamericana de los Derechos del Niño y 141 párrafo 2do del Código Penal” y 333 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal.- EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El derecho al debido proceso, el cual se encuentra regulado en el artículo 90 de la Constitución de la República, establece que “nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”; el cual requiere minimamente, la fijación legal de un programa de carácter legal e inalterable para la investigación y juzgamiento de delitos en el que se resguarde la observancia de formas relacionadas con la acusación, defensa, prueba, sentencia y recursos; derecho éste que se encuentra vulnerado cuando el Tribunal de Sentencia del juicio referido ABSOLVIÓ POR EFECTO DE NO EXISTIR PRUEBA DE CARGO, contra el imputado F. P., argumentado que los medios de prueba denominados Pericial fueron recibidas, pero que la historia legal que éstas consignan no son declaraciones rendidas ante juez competente, sin embargo existen las declaraciones de las víctimas rendidas en la audiencia Inicial, siendo solicitada su introducción al debate por el Agente de Tribunales, la declaración de la menor S. I. P. R., petición realizada en base al artículo 333 del Código Procesal Penal, extremo que dejó evidenciado cual fue el fundamento de los dictámenes periciales y que el Juzgador no valoró correctamente o les restó valor. El Ministerio Público estima que de acuerdo a la facultad que le otorga la ley de realizar diligencias para mejor proveer, y por lo que establece el artículo 333 del Código procesal Penal que reza: Diligencias para mejor proveer… El Tribunal podrá, sin embargo, a petición de parte o de oficio, ordenar que se practiquen otras pruebas si durante el juicio se ha puesto de manifiesto la omisión de un elemento de prueba importante antes no conocido. Dichas pruebas podrán ser ordenadas también por el Juez en la audiencia inicial. La víctima se rehusó o declarar en audiencia de debate, resguardándose en el derecho que legalmente le asiste (por el parentesco) que hasta ese momento desconocía la Fiscal interviniente en el debate. De igual forma el haber declarado la no admisión de la Incorporación mediante lectura autorizada de la declaración de la victima S. I. P. R., en la audiencia inicial porque el Tribunal consideró que el hecho que la testigo negara a rendir declaración no constituye un nuevo elemento de prueba, es decir que a criterio del Juzgador no reúne los requisitos que establece la ley, ya que la víctima estaba presente y debió declarar; por lo que dejó indefensa a la Sociedad en general, y al Ministerio Público que es garante de los derechos del niño y la Convención Interamericana de los Derechos del Niño, que establece que los Estados partes adoptarán las medidas que mas favorezcan en virtud del interés del niño, según el artículo 19 de la misma. La postura de la Judicatura en relación a la negación de declarar de la víctima es contraria para el Agente Fiscal ya que si, constituye un hecho nuevo, pues éste, no sabía que la victima en esta etapa del proceso se iba abstener de declarar en virtud de lo cual solicitó la incorporación de la declaración de la misma en audiencia inicial, la que fue rendida con todas las formalidades que establece el artículo 333 del Código Procesal Penal. Dentro de las pericias ordenadas por el Ministerio Público, como primeras diligencias de investigación, se practicó evaluación psiquiátrica a la víctima. En relación a dicha experticia es trascendente señalar que el médico refirió en el acápite de historia médico legal que la menor S. I. P. R., relató que sufrió abuso sexual por parte del padre, que según la niña ello acontece, desde que la ofendida contaba con doce años de edad, que le introducía los dedos en su vagina, por lo que el especialista concluyó que de acuerdo a los síntomas que presenta la niña se determina que sufre Distimia (enfermedad mental crónica), también presenta depresión crónica y estrés post traumático, ésta apareció en el tiempo que su padre fue privado de libertad, ambas enfermedades, estrés post traumático y distimia; se consideran un daño psiquiátrico, cuya etiología entre otra, puede devenir del abuso sexual: Esta referencia se lleva a cabo solo para hacer patente la relevancia del agravio. En virtud de lo anterior solicitamos que el presente motivo sea declarado con lugar, a fin de restituir al defensor de la sociedad hacer uso de los instrumentos probatorios necesarios que le permitan correctamente perseguir su finalidad.” DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES DEL DEBIDO PROCESO Y DERECHO DE DEFENSA EN SU UNICO MOTIVO, CONSIGNADOS EN LOS ARTÍCULOS 82 Y 90. ASI COMO INFRACCIÓN A LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, 141 PÁRRAFO SEGUNDO DEL CÓDIGO PENAL Y 333 DEL CODIGO PROCESAL PENAL INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO. I.- El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse Recurso de Casación con arreglo a ese texto legal, siendo suficiente para fundamentarlo la invocación que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. La Garantía del Debido Proceso se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, definido tradicionalmente como aquel que garantiza que nadie puede ser condenado sino tras haber sido juzgado por un Tribunal competente, bajo las formalidades previamente previstas en la ley; Sin embargo, el Principio del Debido Proceso más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, como ser el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa (Artículo 82 Constitucional), a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, entre otros, en fin el Principio del debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. El Debido Proceso se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate, ergo la Transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. II.- Advierte la Sala, que el recurrente relaciona en su escrito de Casación que ante la negativa a declarar de la menor S. I. P. R., solicitó con fundamento en el articulo 333 de la normativa procesal penal fuere introducida al debate su declaración rendida en audiencia inicial; sin embargo, de la revisión del expediente de mérito realizada por este Tribunal de Casación, no se desprende que haya ocurrido tal situación alegada por el recurrente, sino únicamente que la testigo S. I. P. R. (supuesta ofendida) se negó a rendir declaración, amparada en la dispensa normativa preceptuada en el artículo 228 numeral 1 del Código Procesal Penal, en virtud de la relación de parentesco que la vincula con el procesado Hija)(folio 148 vuelto del proceso), por lo que el alegato del recurrente, resulta inútil al carecer de fundamento alguno. III.- En cuanto a lo manifestando por el recurrente, respecto a otra supuesta víctima de nombre I. I. C. R., que se negó a declarar sin existir justificación alguna, constituyendo ello a criterio del ente acusador un hecho nuevo, al no saber el Ministerio Público que la víctima en esa etapa del proceso se negaría a declarar, solicitando la incorporación de la declaración, conforme lo establecido en el articulo 333 del Código Procesal Penal. Al respecto, aprecia la Sala de lo Penal, luego de la revisión del expediente de mérito que efectivamente el Ministerio Público realizó tal solicitud (folio 154 frente, vuelto y 155 frente del proceso), ya que la víctima I. I. C. R. se negó a declarar no aduciendo ninguna justificación (folio 148 vuelto y 149 frente). Asimismo, del acta de debate (folio 154 vuelto y 155 frente) se desprende que el Juzgador de instancia denegó fundadamente la solicitud del Ministerio Público, orientada a la admisión como auto para mejor proveer, del medio de prueba en referencia. Considerando todo lo anterior, El Tribunal de instancia estima que no se infringió por el Juzgador el derecho constitucional de defensa ni Debido Proceso, ni el artículos 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 141 párrafo segundo del Código Penal, ni 333 del Código Procesal Penal, al rechazar un auto para mejor proveer, esto, en consideración que no constituye un hecho nuevo o un elemento de prueba antes no conocido, el desconocimiento por parte del agente Fiscal de la negativa de la testigo a declarar; elemento que no resulta ser novedoso ni tiene relación con el hecho objeto del proceso, no concurriendo el requisito sine qua non de tratarse de un elemento de prueba novísimo exigido por la normativa procesal (Artículo 333 Código Procesal Penal), aunado a considerar que en un sistema procesal acusatorio, el auto para mejor proveer es una herramienta al servicio del juez, ante la insuficiencia o duda provocada por un medio de prueba propuesto por las partes. “El Auto para mejor proveer, no puede ser obligatorio para el Juzgador, y corresponde a la parte interesada instar su realización, el tribunal Juzgador también puede ordenar su práctica, siempre que considere su utilidad para complementar algún vacío de las partes no acreditado por la prueba y decisivo para resolver. El ordenar un auto para mejor proveer es una facultad potestativa del órgano jurisdiccional, por lo que puede o no ser ordenada motivadamente por el Juzgador, sin que por ello pueda cuestionarse la objetividad del Tribunal, cuya misión es dirimir el conflicto planteado mediante una sentencia basada en la prueba evacuada en el debate[1]”. IV.- En el caso examiné, el Juzgador alcanzó la convicción de absolución producto “no de la simple constatación de que una de la ofendidas se abstuvo de declarar en juicio o que la otra supuesta víctima se negó hacerlo, sino del análisis de la prueba practicada, que solo demostró la falta de prueba en cuanto a las circunstancias del hecho acusado, puesto los dictámenes forenses solo acreditaron que las víctimas presentan un daño siquiátrico y la prueba documental que el imputado es el padre de la supuesta víctima S. P., quien a su vez es hermana de la otra supuesta víctima I. I.; por lo que ante la imposibilidad de fijar mediante sus declaraciones si esos abusos han sido autoría del imputado, resulta imposible arribar a un fallo distinto del absolutorio”. (Folio 165 vuelto y 166 frente- extraído de la sentencia recurrida). Por lo expuesto, se desestima el motivo de casación invocado por el recurrente. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 361 y 369 del Código Procesal Penal.- FALLA: ÚNICO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes.- Redactó: EL MAGISTRADO CALIX HERNANDEZ.- NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL.-”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de Agosto del año dos mil quince.- Certificación de la sentencia de fecha dieciséis de junio del año dos mil quince, recaída en el recurso de casación con orden de ingreso en este Supremo Tribunal bajo el No.S.P.258=2012.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] Véase. Expediente S.P.144-05, con sentencia de casación de fecha 16 de junio de 2006.