Sentencia CP-257-12 — Registro 5471
Resumen
En primera instancia se absolvió al imputado por el delito de Violación a los Deberes de los Funcionarios Públicos, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LA REPRESENTACION DEL MINISTERIO PÚBLICO, ARGUYENDO QUE AL DICTAR UNA SENTENCIA ABSOLUTORIA, EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA VULNERADO LOS ARTÍCULOS 82 Y 90 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 361 DEL CODIGO PROCESAL PENAL. El Censor señala el Tribunal de instancia vulneró su derecho fundamental a la defensa y la garantía genérica del debido proceso, consagrados respectivamente, en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República; en tanto en cuanto que sin razones justificadas rechazó la admisión como prueba documental del expediente No. 66.-2005 contentivo de las diligencias de investigación instruidas por la Fiscalía de Protección del Medio Ambiente en contra de la empresa YOJOA FARM por la supuesta comisión del delito de Daños Agravados en perjuicio del Medio Ambiente del Estado de Honduras. El recurrente puntualiza que tal infracción resulta manifiesta, pues incorporado a tal informe corre incorporado el Dictamen Técnico UTA-FEMA 019.-2005 realizado por los Consultores O. O. L. y E. L. quienes después de una inspección en el lugar de los hechos constataron una superficie descombrada en una extensión superficial de cuatro manzanas, con afectación de cien árboles de distintas especies, sin que el corte de árboles se hubiera hecho con las medidas de prevención adecuadas ocasionando la pérdida total del bosque. Por otro lado, añade que tales consultores recomendaron que se solicitara a la AFE-COHDEFOR un informe pormenorizado que incluyera una evaluación de los daños, diligencia que nunca se llevó a cabo, de ahí que ante la falta de cuantificación de los daños, el imputado J. F. G. E., carecía de los suficientes elementos de juicio para una correcta calificación de la acción cometida y por ende para concluir que se habían cumplido los requisitos que la ley establece para otorgar un criterio de oportunidad, de ese modo, el rechazo del documento relacionado ha impedido acreditar que el encartado siguió un procedimiento ilegal en el otorgamiento del criterio de oportunidad en mención y con ello que cometió el delito de violación de los deberes de los funcionarios que se le atribuye. Un detenido examen de los antecedentes revela que en la etapa preparatoria del juicio corre incorporado el Expediente No. 66.-2005 (vid. Folios No. 17-84) conformado por actuaciones, documentos propiamente dichos y diligencias de investigación preliminares. Esta Sala constata que de ese compendio de actuaciones, documentos en sentido estricto y diligencias de investigación preliminares, el Censor al denunciar la infracción de preceptos constitucionales en que funda su motivo, únicamente se remite al Dictamen Técnico supracitado. De conformidad a lo establecido en el artículo 244 del Código Procesal Penal los peritos serán citados en la misma forma que los testigos y tendrán el deber de comparecer al debate, durante el cual rendirán un informe de modo detallado, claro y preciso. Este Tribunal de Casación estima que la infracción denunciada por el recurrente no se ha producido por las siguientes razones: I.- Aparte del Dictamen Técnico suscrito por los señores O. E. L. y E. L., no señala en relación a las demás actos, documentos y diligencias que conforman el informe investigativo cual es la incidencia que en la vulneración de sus derechos fundamentales habría tenido el rechazo de su admisión por el Tribunal de instancia; II.- Una lectura detenida del debate revela que uno de los peritos suscriptores del Dictamen Técnico UTA-FEMA 019.-2005, el Biólogo E. E. L. si compareció al debate, en el que fuera interrogado ampliamente por el Representante del Ministerio Público sobre el contenido y los resultados del mismo, de ahí que por ese cauce tal dictamen si se sometió al contradictorio, y por lo tanto no se constata que el rechazo del informe investigativo como medio de prueba documental haya incidido en la vulneración del derecho a la defensa y de la garantía del debido proceso en los términos expuestos por el Censor, otra cosa es si en la valoración de los medios probatorios realizada por el Tribunal de instancia se han observado o no las reglas de la sana crítica, sí se ha producido o no, indebidamente, la exclusión de prueba, etc… cuestiones que esta Sala no puede abordar en tanto que no han sido objeto de impugnación por el recurrente (vid. Art. 350 párrafo primero del Código Procesal Penal[1]). Por todas las razones anteriormente expuestas, el motivo planteado por el recurrente debe ser desestimado..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de febrero de dos mil quince, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO en su calidad de Coordinador, JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veintidós de Marzo de dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento Cortés, mediante la cual falló: 1) ABSOLVIENDO al Señor J. F. G. E., por el delito de VIOLACION A LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA.- 2)CONDENANDO en costas procesales, personales y gastos ocasionados por dicho Juicio.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, la Abogada C. Y. A., actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público.- SON PARTES: La Abogada M. E. G., en representación del Ministerio Público, como parte recurrente; y, el Abogado J. C. L. R., Apoderado Defensor del imputado J. F. G. E., como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “Valorando las pruebas practicadas en el Juicio Oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probado el hecho siguiente: UNICO: El veintiocho de Junio del dos mil siete, aproximadamente a las cuatro y treinta minutos de la tarde, las autoridades superiores del Ministerio Público, encabezado por la Directora de Fiscales Abogada D. F. ingresaron a las oficinas del Ministerio Público, de esta Ciudad de San Pedro Sula, Cortés, específicamente en las oficinas de la Fiscalía Especial del Medio Ambiente, que en ese entonces era dirigida por el Abogado J. F. G. E., el mismo no se encontraba presente en el lugar, ordenando la fiscal D. F. cerrar la oficina de dicha Fiscalía Especial, impidiendo el ingreso del Fiscal Gonzáles a la misma, transcurriendo tres días aproximadamente, se nombra interinamente al fiscal W. R. para que elaborara un informe de la situación en general, informe posteriormente enviado a la Dirección de Fiscales, tiempo después se le presentó al señor J. F. G. E. un Requerimiento Fiscal.” C O N S I D E R A N D O I.- El Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por la Abogada C. Y. A., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.-LA RECURRENTE ABOGADA C. Y. A., EN SU CONDICION DE FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO, PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, DE LA MANERA SIGUIENTE: EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION.-POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL; MOTIVO UNICO: “Por violación de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: El derecho al debido proceso, el cual se encuentra regulado en el articulo 90 de la Constitución de la República, establece que “nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”; el cual requiere mínimamente, la fijación legal de un programa de carácter legal e inalterable para la investigación y juzgamiento de delitos en el que se resguarde la observancia de formas relacionadas con la acusación, defensa, prueba, sentencia y recursos; derecho éste que fue vulnerado cuando en la etapa de incidentes le fue in-admitido al representante de la sociedad el medio de prueba documental, consistente en el expediente administrativo No. 66-2005 contentivo de las diligencias de investigación instruidas por la Fiscalía del Medio Ambiente en contra de la empresa YOJOA FARM por la supuesta comisión del delito de Daños Agravados en perjuicio del Medio Ambiente del Estado de Honduras, con dicha probanza el acusador Público pretendía acreditar la ilegalidad del procedimiento observado por el señor F. G. E., en el otorgamiento del Criterio de Oportunidad a favor de la empresa investigada, infringiendo por ende los deberes propios del cargo que desempeñaba como Coordinador de la Fiscalía Especial del Medio Ambiente y por ende como Funcionario Público, ya que tal decisión no estuvo precedida de una exhaustiva investigación que justificase la aplicación de dicha medida alterna, pues agregado a dicho expediente se encuentra el Dictamen Técnico UTA –FEMA 019-2005 del 12 de julio de 2005 realizado por los consultores O. O. L. y E. L., quienes después de haber efectuado una inspección in situ comprobaron que la superficie descombrada tenía una extensión de cuatro manzanas dentro del área de bosque, afectándose alrededor de cien árboles de distintas variedades, lo cual fue realizado sin ninguna medida de prevención ocasionando la pérdida total del bosque, todo ello desembocando en perdidas económicas al Estado de Honduras, pérdida de diversidad vegetal y la pérdida del hábitat natural para la fauna silvestre entre otras consecuencias, opinión que no resultaba concluyente para calificar aún el delito al desprenderse del mismo que los consultores recomendaron que se solicitase a la AFE-COHDEFOR un informe pormenorizado, incluyendo evaluación de daños, diligencia que nunca se llevó a cabo, tal como se puede observar del expediente investigativo supra relacionado que fue in-admitido por este ente jurisdiccional y que se torna relevante para determinar la responsabilidad del procesado en el ilícito penal que se le atribuye, por tanto, ante la falta de cuantificación de los daños ocasionados, la información resultó insuficiente para calificar adecuadamente la acción cometida, consecuentemente el imputado no contaba con los elementos necesarios que le permitieran concluir que se cumplía con los requisitos que exige la ley penal adjetiva para que autorizare la aplicación del beneficio del Criterio de Oportunidad (Artículo 29 segundo párrafo del Código Procesal Penal. De igual forma la in-admisión del medio de prueba supra relacionado causó perjuicio a la sociedad al quebrantarse el artículo 82 de la Constitución de la República el cual establece que: “El Derecho de Defensa es inviolable” el cual tiene entre sus alcances el Derecho a un proceso con todas las garantías dentro de las que se destacan a) “El Derecho a la igualdad de armas procesales” entendiéndose por ésta, tal y como lo desarrolla (Junio Joan Pico I. las garantías constitucionales del Proceso. Editor Barcelona, 1997, Pág. 132) “como aquella exigencia de que las partes cuenten con medios parejos de ataque y defensa, para evitar el desequilibrio entre ellas, por lo que resulta necesario que ambas dispongan de las mismas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación, es decir tiene por objeto evitar la situación de privilegio o supremacía de una de las partes, garantizando así la igualdad efectiva de las posibilidades y cargas del actor y del demandado en la alegación y prueba de los hechos controvertidos para lograr la plenitud del resultado probatorio”; b) “El derecho de intervenir probatoriamente en el proceso penal”, cuya intervención probatoria alcanza su esplendor en el juicio, sin embargo para que ello suceda corresponde que previamente al debate se tomen ciertos recaudos que permitan bajo el principio de concentración, reunir todo el plexo probatorio, permitiendo a cada parte proponer la prueba propia. Sobre éste último aspecto si bien es cierto el Tribunal tiene que fundar un juicio de certeza respecto de la circunstancia que amerite el rechazo de la prueba, o bien constatar su ineficacia probatoria o ilegalidad; en el caso que nos ocupa no sucedieron ninguna de las dos, considerando que el Tribunal en la audiencia respectiva se limitó a manifestar que existían otros medios idóneos, sin explicar cuales son y sin establecer claramente si dicha probanza era impertinente, inútil y desproporcionada en relación a lo que se pretendía probar por parte del ente fiscal aspecto que se evidencia del acta de debate. Como se ha venido explicando en el planteamiento del presente motivo al no permitírsele al ente acusador hacer uso del medio de prueba relacionado con el delito objeto del proceso consistente en el expediente investigativo que evidencia la conducta contraria a la ley ejecutada por el encausado se ha violentado el derecho al Debido Proceso, y consecuentemente el derecho de Defensa, que incluye el ofrecimiento de pruebas que apoyen fácticamente sus pretensiones, y que harán valer en juicio ante el respectivo Tribunal. En virtud de lo anterior solicitamos que el presente motivo sea declarado con lugar, a fin de restituir al defensor de la sociedad hacer uso de los instrumentos probatorios necesarios que le permitan correctamente perseguir su finalidad en igualdad de armas.” RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LA REPRESENTACION DEL MINISTERIO PÚBLICO, ARGUYENDO QUE AL DICTAR UNA SENTENCIA ABSOLUTORIA, EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA VULNERADO LOS ARTÍCULOS 82 Y 90 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 361 DEL CODIGO PROCESAL PENAL. El Censor señala el Tribunal de instancia vulneró su derecho fundamental a la defensa y la garantía genérica del debido proceso, consagrados respectivamente, en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República; en tanto en cuanto que sin razones justificadas rechazó la admisión como prueba documental del expediente No. 66.-2005 contentivo de las diligencias de investigación instruidas por la Fiscalía de Protección del Medio Ambiente en contra de la empresa YOJOA FARM por la supuesta comisión del delito de Daños Agravados en perjuicio del Medio Ambiente del Estado de Honduras. El recurrente puntualiza que tal infracción resulta manifiesta, pues incorporado a tal informe corre incorporado el Dictamen Técnico UTA-FEMA 019.-2005 realizado por los Consultores O. O. L. y E. L. quienes después de una inspección en el lugar de los hechos constataron una superficie descombrada en una extensión superficial de cuatro manzanas, con afectación de cien árboles de distintas especies, sin que el corte de árboles se hubiera hecho con las medidas de prevención adecuadas ocasionando la pérdida total del bosque. Por otro lado, añade que tales consultores recomendaron que se solicitara a la AFE-COHDEFOR un informe pormenorizado que incluyera una evaluación de los daños, diligencia que nunca se llevó a cabo, de ahí que ante la falta de cuantificación de los daños, el imputado J. F. G. E., carecía de los suficientes elementos de juicio para una correcta calificación de la acción cometida y por ende para concluir que se habían cumplido los requisitos que la ley establece para otorgar un criterio de oportunidad, de ese modo, el rechazo del documento relacionado ha impedido acreditar que el encartado siguió un procedimiento ilegal en el otorgamiento del criterio de oportunidad en mención y con ello que cometió el delito de violación de los deberes de los funcionarios que se le atribuye. Un detenido examen de los antecedentes revela que en la etapa preparatoria del juicio corre incorporado el Expediente No. 66.-2005 (vid. Folios No. 17-84) conformado por actuaciones, documentos propiamente dichos y diligencias de investigación preliminares. Esta Sala constata que de ese compendio de actuaciones, documentos en sentido estricto y diligencias de investigación preliminares, el Censor al denunciar la infracción de preceptos constitucionales en que funda su motivo, únicamente se remite al Dictamen Técnico supracitado. De conformidad a lo establecido en el artículo 244 del Código Procesal Penal los peritos serán citados en la misma forma que los testigos y tendrán el deber de comparecer al debate, durante el cual rendirán un informe de modo detallado, claro y preciso. Este Tribunal de Casación estima que la infracción denunciada por el recurrente no se ha producido por las siguientes razones: I.- Aparte del Dictamen Técnico suscrito por los señores O. E. L. y E. L., no señala en relación a las demás actos, documentos y diligencias que conforman el informe investigativo cual es la incidencia que en la vulneración de sus derechos fundamentales habría tenido el rechazo de su admisión por el Tribunal de instancia; II.- Una lectura detenida del debate revela que uno de los peritos suscriptores del Dictamen Técnico UTA-FEMA 019.-2005, el Biólogo E. E. L. si compareció al debate, en el que fuera interrogado ampliamente por el Representante del Ministerio Público sobre el contenido y los resultados del mismo, de ahí que por ese cauce tal dictamen si se sometió al contradictorio, y por lo tanto no se constata que el rechazo del informe investigativo como medio de prueba documental haya incidido en la vulneración del derecho a la defensa y de la garantía del debido proceso en los términos expuestos por el Censor, otra cosa es si en la valoración de los medios probatorios realizada por el Tribunal de instancia se han observado o no las reglas de la sana crítica, sí se ha producido o no, indebidamente, la exclusión de prueba, etc… cuestiones que esta Sala no puede abordar en tanto que no han sido objeto de impugnación por el recurrente (vid. Art. 350 párrafo primero del Código Procesal Penal[1]). Por todas las razones anteriormente expuestas, el motivo planteado por el recurrente debe ser desestimado. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304 de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 317 y 361 del Código Procesal Penal.- FALLA:
- DECLARANDO SIN LUGAR EL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, en su único motivo, interpuesto por la Representación del Ministerio Público contra la sentencia absolutoria de fecha veintidós de Marzo de dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en el proceso penal seguido contra el imputado J. F. G. E. por el delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PÚBLICA; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a Derecho.- REDACTO EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de abril del año dos mil quince.- Certificación de la sentencia de fecha diez de febrero del año dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-257-2012.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] El artículo 350 relacionado, establece que “…La sentencia que resuelva un recurso sólo podrá recaer sobre las cuestiones que hayan sido objeto de impugnación….”