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Sentencia CP-255-12 — Registro 5470

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Homicidio simple, resolviendo en segunda instancia Sin Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ENCARTADO FELIX ACOSTA ARGUYENDO QUE AL DICTAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA, EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA VULNERADO LA GARANTIA GENERICA DEL DEBIDO PROCESO QUE CONSAGRA EL ARTICULO 90 PÁRRAFO PRIMERO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 361 DEL CODIGO PROCESAL PENAL. El Censor arguye que la sentencia impugnada ha vulnerado la garantía genérica del debido proceso ya que al momento de evacuar los medios de prueba propuestos por la fiscalía, al incorporar mediante lectura el medio de prueba consistente en el levantamiento del cadáver, el ente acusador renunció a la comparecencia del perito responsable, Doctor O. F. para que éste ratificara el mismo, sin embargo, el Tribunal de instancia no le cedió la palabra a la Defensa para que se pronunciara sobre tal renuncia, a pesar de la importancia que tenía la posibilidad de interrogarle a través del consultor técnico, de ahí que a criterio del recurrente, con esa omisión el Tribunal de enjuiciamiento violentó el principio de la comunidad de la prueba y la garantía del debido proceso. Esta Sala considera importante recordar que la garantía genérica del debido proceso que consagra el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República tiene una íntima conexión con el derecho a la defensa que reconoce el artículo 82 párrafo primero de la Carta Magna. De este modo tal garantía se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas; el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc…. En este sentido, debemos analizar si en el caso bajo examen, se ha vulnerado en alguna de sus vertientes la garantía del debido proceso en perjuicio del encartado. El artículo 311 No. 4) del Código Procesal Penal, prevé la posibilidad excepcional de la incorporación por medio de lectura autorizada de: ”Las Actas que documentan inspecciones, reconocimientos, registros o allanamientos que se hayan obtenido o realizado en cumplimiento de lo dispuesto en el presente código..” añadiendo que “habrán de ser ratificadas en juicio, siempre que sea posible”. Ciertamente que del acta del debate que corre incorporada a los autos no se desprenden cuales fueron las razones que esgrimió el Tribunal de instancia para incorporar por lectura el acta del levantamiento del cadáver y prescindir de la comparecencia del responsable de dicha diligencia, el Dr. O. F.. Por otro lado se constata que el Tribunal ofreció disculpas a la Defensa por no haberle cedido la palabra al momento de producirse la renuncia del Ministerio Público y que aquella esgrimió que se requería la presencia del Dr. Oswaldo Ferrera para aclarar las grandes contradicciones existentes entre el acta del levantamiento del cadáver, el dictamen de autopsia y la reconstrucción de hechos (vid. Folio No. 123), sin embargo, ninguno de estos reclamos han sido expuestos por el Censor al momento de formalizar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional limitándose a señalar que la ausencia del médico responsable del levantamiento del cadáver ha comportado la violación de la garantía del debido proceso. Esta Sala entiende que el Acta de Levantamiento de Cadáver es un acto de naturaleza preliminar y por lo tanto de carácter elemental, que se complementa con un estudio técnico más profundo y detallado como lo es la autopsia, a los efectos de acreditar de forma inequívoca la causa de la muerte, naturaleza de las lesiones, el medio empleado para ocasionarlas, las circunstancia en que se consumó el delito, u otros aspectos útiles para la investigación de los hechos desde el punto de vista médico legal. En este sentido el Dictamen de Autopsia aclara y complementa el Acta de Levantamiento de Cadáver, por ser esta última diligencia de carácter preliminar. Dadas las circunstancias particulares del caso que ahora nos ocupa, el hecho de que el responsable del acta de levantamiento del cadáver no haya comparecido al juicio para ratificar la misma, no comporta en su esencia material la vulneración de la garantía genérica del debido proceso ni el derecho de defensa en perjuicio del imputado, ya que consta de autos (vid: acta de de debate a folio No. 121) que dicho consultor técnico, en la audiencia de Juicio Oral y Público, si procedió a interrogar con toda libertad al Perito autopsiante del Ministerio Público, sobre el contenido del Dictamen de Autopsia, con lo cual tuvo oportunidad procesal de disipar cualquier duda o detalle que pudiera interesar a la defensa técnica del acusado sobre aspectos medico legales vinculadas al número y tipo de heridas que presentaba el cadáver y causas de la muerte. Por lo anteriormente expuesto, esta Sala considera que el motivo de casación invocado por el recurrente debe ser desestimado..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ENCARTADO F. A. ARGUYENDO QUE AL DICTAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA, EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA INCORPORADO MEDIOS DE PRUEBAS PROHIBIDOS, VIOLENTANDO GARANTÍAS PROCESALES DEL DEBIDO PROCESO, AL TENOR DEL ARTÍCULO 200 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360 DEL CODIGO PROCESAL PENAL. Esta Sala estima que el recurrente hace una indebida invocación del precepto autorizante, en tanto que el artículo 360 del Código Procesal Penal se refiere al recurso de casación por infracción de ley, de ahí que entiende que el Censor ha debido fundar su motivo en el artículo 362 No 2) del mismo texto legal, en virtud del cual se establece que habrá lugar al recurso de casación por quebrantamiento de forma cuando la sentencia recurrida se base en “elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio..”. No obstante lo anterior, este Tribunal de Casación en el propósito de hacer efectivo el goce de la justicia como uno de los fines que persigue el Estado de Derecho en que Honduras se ha constituido, al tenor de lo previsto en el artículo 1 de la Constitución de la República, procede a resolver el presente motivo. El Censor arguye que la sentencia incluye medios de pruebas prohibidos, violentando las garantías del debido proceso del acusado, que establecen los artículos 200 y 242 párrafo cuarto del Código Procesal Penal. Reprocha que el Tribunal de instancia haya considerado probados los hallazgos derivados del dictamen de autopsia, practicados mediante el Acta de Exhumación incorporada a juicio mediante lectura, ratificada por el Perito B. N. L., no obstante que dicho Perito practicó la autopsia en fecha y hora diferentes a las fijadas por el Tribunal, sin la asistencia de la defensa y su consultor técnico violentando el artículo 198 del Código Procesal Penal. Asimismo sostiene que al incorporar por lectura el Acta de levantamiento de cadáver al mismo tiempo que el Fiscal renunciaba a la comparecencia del perito, el Tribunal de enjuiciamiento no le cedió la palabra a la defensa para que se pronunciara al respecto, lo que generó los oportunos reclamos, mismos que no fueron atendidos por lo que se vulneró la garantía del debido proceso. Reprocha asimismo, que en la etapa de incidentes del juicio la defensa objetó la incorporación de la certificación de la autopsia por no haberse cumplido con el procedimiento establecido en el Código Procesal Penal, lo que fue denegado injustificadamente. Finalmente recuerda que propuso la incorporación por lectura de las declaraciones testificales que a instancias del Ministerio Público fueron rendidas en audiencia inicial, lo que fue admitido por el A Quo, sin embargo no fueron incorporadas al juicio, dejando en completa indefensión al imputado. Esta Sala de lo Penal, observa que en el presente caso, el impetrante alega como motivo de Quebrantamiento de Forma, primero, la incorporación de prueba prohibida, consistente en el Dictamen de Autopsia por no haber estado presente el Apoderado Defensor del acusado, ni su Consultor Técnico durante su práctica; segundo, porque al incorporar por lectura del Acta de levantamiento de cadáver, el Fiscal renunció a la comparecencia del Perito Dr. Oswaldo Ferrera para ratificar el Acta por el elaborada, y el A Quo no le cedió la palabra a la Defensa para pronunciarse al respecto, a pesar de sus reclamos oportunos; y tercero, que la Defensa del acusado propuso en la fase de incidentes del juicio la incorporación mediante lectura de las declaraciones testificales propuestas por el ente acusador en audiencia inicial, y a pesar de haber sido admitidas, estas no fueron incorporadas al juicio, causando con ello indefensión al imputado. Con respecto al primer extremo del motivo de casación, esta Sala observa que consta en el acta de debate (folio 118 del proceso) que si bien la Defensa del acusado se opuso a la admisión de la prueba documental del Ministerio Público, consistente en la certificación de Autopsia y Constancia de Exhumación de cadáver, por considerar que ni el Apoderado Defensor, ni su Consultor Técnico estuvieron presentes en su practica, también consta de autos (folios 119 del proceso) que el Juzgador resolvió admitir los incidentes propuestos por ambas partes, entre ellos admitir la prueba documental, propuesta por la Fiscalía, consistente en el Dictamen de Autopsia y el Acta de Exhumación de cadáver, sin que la defensa del acusado a pesar de la admisión de dicha prueba, hiciera uso del recurso correspondiente, es decir dejó de interponer el recurso de reposición contra dicha resolución, a efecto de intentar subsanar el defecto procesal, ahora alegado en casación. Al no haber intentado la defensa del acusado, subsanar el defecto denunciado, en el momento procesal oportuno, por la vía oral, durante la fase de incidentes del juicio, esta Sala entiende que el defecto ahora alegado en casación, ha sido tácitamente aceptado o convalidado por la Defensa, en atención a su inactividad procesal, siendo oportuno recordar que de acuerdo al artículo 363, tercer párrafo in fine, del Código Procesal Penal, es requisito del recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, que el recurrente haya intentado subsanar el defecto procesal alegado en casación ante el Tribunal de Juicio, agotando el recurso de reposición, y dejado plasmada tal objeción en el acta de debate como reserva de casación para posteriormente poder alegarlo como un motivo por Quebrantamiento de Forma, por lo que al no constar tal extremo, el motivo de casación alegado por el recurrente debe ser desestimado; en segundo lugar, esta Sala reitera lo que ya expresó al resolver el motivo precedente, esto es, que habiéndose dado la oportunidad a la Defensa de interrogar ampliamente y sin restricciones al médico responsable de la autopsia, no se ha vulnerado en su esencia material la garantía genérica del debido proceso ni el derecho de defensa del impetrante, pese a que no consta de autos cuales fueron las razones para incorporar por lectura el acta de levantamiento del cadáver ni prescindir de la comparecencia del médico responsable de esta última diligencia; y tercero, respecto a que no se incorporaron al juicio por lectura las declaraciones de los testigos propuestos por la Fiscalía en la audiencia inicial, a pesar de haber sido admitidas a la defensa del Imputado como incidente, esta Sala entiende que del acta de debate (folio 117 a 125 del proceso) no consta que la Defensa haya reclamado al Tribunal de Juicio, por la falta de incorporación mediante lectura autorizada de dichas declaraciones rendidas en la audiencia inicial, o que haya interpuesto recurso de reposición contra la resolución que pudiera haber impedido su debida evacuación, a efecto de subsanar el defecto procesal, y hecho la reserva de casación, para posteriormente hacer el alegato ante esta Sala. Por lo anteriormente expuesto este Tribunal estima que el ahora recurrente, ha aceptado tácitamente o convalidado el defecto procesal denunciado, lo que impide que pueda ser alegado este extremo como motivo de casación por Quebrantamiento de Forma. En consecuencia, esta Sala considera que el presente motivo planteado por la Defensa del encausado ha de ser desestimado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDUDRAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de septiembre de dos mil quince, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO, en su calidad de Coordinador, JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veinte de febrero del año dos mil nueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual condenó al señor F. A., como autor del delito de HOMICIDIO SIMPLE, en perjuicio del señor R. Z. A., a la pena de QUINCE (15) años de reclusión, más las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la condena principal; asimismo procede declarar la responsabilidad civil del condenado señor F. A..- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Infracción de Ley, el Abogado E. R. O. Z., actuando en su condición de Apoderado Defensor del imputado F. A..- SON PARTES: El Abogado E. R. O. Z., Defensor del acusado F. A., como parte recurrente; y la Abogada R. C., en representación del Ministerio Público, como parte recurrida. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Infracción de Ley es admisible en tanto que reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que ahora debemos pronunciarnos sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- “HECHOS PROBADOS.- Esta Sala Segunda del Tribunal de sentencia de Tegucigalpa, valorando las pruebas practicadas en el juicio, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, declara expresa y terminantemente probados los siguientes hechos: UNICO: El día quince de octubre de dos mil siete, aproximadamente a la una y treinta de la tarde en el barrio Lempira de la aldea El Guantillo del municipio de Talanga, Francisco Morazán en el interior de una cantina los señores R. Z. y F. A. se enfrascaron en una acalorada discusión seguidamente el señor acusado se alejó del lugar rumbo a su casa. Tiempo después el señor Z. iba por la calle en compañía de sus padres y otros parientes cuando al pasar por la casa del señor A. ubicada en la parte alta de la calle éste desde el corredor de su residencia procedió a disparar una escopeta calibre 12 impactándole un (1) disparo en la espalda causándole la muerte, razón por la cual el acusado se marchó del lugar”. III.- El recurrente, Abogado E. R. O. Z., formalizó su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Infracción de Ley de la siguiente manera: “CASACION POR VIOLACION DE PRECEPTO CQNSTITUCIONAL. PRIMER MOTIVO; Violación de derecho de defensa consignado en el artículo 82 de la Constitución de la República de Honduras, que consagra el derecho de defensa es inviolable. PRECEPTO AUTORIZANTE; el presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO En un Estado de derecho, es obligación del Estado garantizar los derechos constitucionales de sus ciudadanos, y en este caso el derecho de defensa, por lo que la violación a este precepto configura un quebrantamiento a una garantía constitucional en ese orden de ideas me permito hacer mención que el artículo 8.2.c de la Convención Americana de Derechos Humanos, preceptúa que toda persona inculpada de delito tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: … c) Concesión al inculpado y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; por su parte el Artículo 14 del Código Procesal Penal establece que el derecho de defensa en inviolable, que el imputado y su defensor tienen derecho a estar presente en los actos del proceso que incorporen elementos de prueba y a formular las peticiones y observaciones que consideren oportunas sin perjuicio del poder disciplinario de la autoridad correspondiente cuando los derechos cuando los derechos en referencia perjudiquen el curso normal de los actos o del proceso, y que órganos encargados de la persecución penal estarán obligados a hacer valer con igual celo no solo los hechos y circunstancias que establezcan y agraven la responsabilidad del imputado, sino también las que o eximan de ella, lo extingan o atenúen. La infracción por falta de aplicación del artículo 242 del Código Procesal Penal, resulta que en el presente caso el Juzgador infringe este mandato constitucional y la disposición procesal en perjuicio del señor F. A., en vista de que como defensa técnica del imputado, oportunamente se celebró audiencia para la realización de la exhumación del cadáver del occiso y así poderle practicar la respectiva autopsia, designando para ello el nombramiento del perito por parte del Ministerio Público y con conocimiento de las partes indicando para ello el Tribunal de Sentencia el día y la hora para la celebración de la diligencia, pero la exhumación no se llevó a cabo el día y la hora indicada por el tribunal de sentencias, por lo que el Ministerio Público realizó la referida diligencia unilateralmente, sin que estuviera presente la parte defensora con su consultor técnico quien ya había sido nominado y aceptado por el tribunal de sentencias para la realización de dicho acto, y aún de haberse irrespetado y violentado las garantías del legal y debido proceso para con mi representado el Tribunal de Sentencias lo admitió en la etapa de incidentes como válido, manifestando que el mismo reúne los requisitos legales para su validez, violentando así el derecho de defensa del señor F. A.. RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ENCARTADO F. A. ARGUYENDO QUE AL DICTAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA, EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA INCURRIDO EN VIOLACION DEL DERECHO DE DEFENSA CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 361 DEL CODIGO PROCESAL PENAL. El Censor arguye que la sentencia condenatoria impugnada es violatoria del derecho de defensa, consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la República, el Artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que en el inciso c) concede al inculpado el derecho de contar con los medios adecuados para preparar su defensa; del Artículo 14 del Código Procesal Penal, el cual establece que el derecho de defensa en inviolable, e infringe por falta de aplicación el Artículo 242 del Código Procesal Penal. El impetrante asegura que en el presente caso el Juzgador infringe el mandato constitucional y las disposiciones procesales aludidas, en perjuicio del acusado F. A., en vista de que la audiencia de exhumación del cadáver del occiso para luego practicarle la autopsia, no se llevó a cabo el día y la hora señalada por el Juzgador, por lo que a la misma solo compareció el Representante del Ministerio Público , es decir que la misma se practicó en ausencia de la Defensa y el consultor técnico nominado por el A Quo para que presenciara dicho acto. El recurrente cuestiona que a pesar de haberse violentado las garantías del debido proceso en perjuicio del acusado, el Tribunal de enjuiciamiento admitió el peritaje de autopsia como válido en la etapa de incidentes. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica, el peticionario debe de echar mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro, en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores[2]. La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Esta Sala de lo Penal observa que en el presente caso, el recurrente considera infringido el derecho constitucional de defensa del acusado consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la República, en razón de no haber estado presente la Defensa, acompañada de su respectivo Consultor técnico, en las diligencias de exhumación y autopsia practicadas al cadáver del señor R. Z. A., y que a pesar de ello el Tribunal tuvo por válidas dichas pruebas periciales en la fase de incidentes del juicio. Esta Sala considera pertinente recordar que el procedimiento de exhumación y autopsia del cadáver, son actuaciones de ejecución inmediata para la constatación del delito, al tenor de lo establecido en los artículos 204 y 205 del Código Procesal Penal, es decir que son actuaciones de investigación del delito, que han de ser practicadas, por Agentes adscritos a los organismos de investigación Criminal, asistidos de Peritos del Ministerio Público, en la búsqueda de todo tipo de señales, huellas o efectos materiales que tengan relación directa o indirecta con la comisión de los hechos con apariencia delictiva. En el presente caso, se trata de diligencias de investigación orientadas a extraer el cadáver del lugar donde se encontraba enterrado con el fin de practicarle in situ, la respectiva autopsia, y de esta forma poder determinar de forma cierta e inequívoca, la causa de la muerte, naturaleza de las lesiones, el medio empleado para ocasionarlas, las circunstancia en que se consumó el delito, u otros aspectos útiles para la investigación, desde el punto de vista médico legal. El artículo 101 inciso 10) del Código Procesal Penal, dispone que el acusado tiene derecho a estar presente junto a su Abogado defensor en todos los actos que impliquen recolección de elementos de prueba, sin embargo, la misma disposición legal, en su párrafo final dispone que este derecho del acusado es disponible, salvo que el Código Procesal Penal disponga lo contrario. Esta Sala estima que, la legislación procesal penal hondureña sabiamente se limita a exigir que en dichas diligencias de investigación del delito estén presentes Agentes de investigación Criminal asistidos por expertos o los Peritos forenses del Ministerio Público. Por lo anterior, esta Sala concluye que en el presente caso, no se ha violado el derecho de Defensa del acusado F. A., al no haber estado presente el Abogado de la Defensa acompañada del Consultor técnico durante la práctica de las pericias oficiales, de exhumación y autopsia, por tratarse ambas, de actuaciones oficiales de investigación criminal y de ejecución inmediata para la constatación del delito. Por otra parte y en abono de esta tesis cabe señalar que el Apoderado Defensor y el Consultor técnico ( ver Acta de Debate: folio 121 del proceso) en un acto posterior, es decir, en la audiencia de juicio oral y público, tuvieron la oportunidad procesal de interrogar libremente al Perito autopsiante del Ministerio Público, y de cuestionar y/o hacer todo tipo de señalamientos y observaciones acerca de la práctica de la Exhumación de tal manera que ejercieron sin cortapisas su derecho efectivo a la defensa. Cabe señalar finalmente, que el recurrente no ha indicado puntualmente cuales fueron las razones por las cuales considera que su ausencia en la práctica de la exhumación haya incidido en una relación causa-efecto en una magnitud tal que deba traer como consecuencia la nulidad de la sentencia que ahora impugna. Por las razones anteriormente expuestas, la Sala considera que el presente motivo formulado por la Defensa del imputado ha de ser desestimado. SEGUNDO MOTIVO.- Infracción por falta de aplicación del artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República que consagra el debido proceso. PRECEPTO AUTORIZANTE; Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO La infracción de precepto constitucional ocurre por que en la audiencia del Juicio Oral y Público, el Tribunal de Sentencias violenta el derecho Humano fundamental del debido Proceso, consignado en la Constitución de la República en el artículo noventa que lo relaciono de la siguiente manera; El Tribunal de Sentencias violentó el derecho al debido proceso, al momento de evacuar los medios de prueba de la fiscalía y en o que refiere al documental incorporado mediante lectura del dictamen del levantamiento de cadáver y que habiéndose propuesto al perito Doctor O. F. para que ratificara el mismo, el agente fiscal renunció a la comparecencia de su perito y el tribunal de sentencia en ningún momento le cedió la palabra a la defensa técnica del señor F. A., para que ésta se pronunciara sobre mismo, pues era de suma importancia para la defensa preguntar al perito a través del consultor técnico, y cuando se le pidió al tribunal que se le habla violentado el derecho a la defensa de al imputado pronunciarse sobre tal extremo, el tribunal no hizo mas que decir textualmente “ESTE TRIBUNAL PIDE MUCHAS DISCULPAS POR NO HABERLE CEDIDO LA PALABRA CUANDO EL FISCAL RENUNCIO A LA PRESENCIA DEL DOCTOR O. F.”. Violentando de esta manera el principio de la comunidad de la prueba y las garantías al debido proceso. Cabe mencionar también que la legislación penal y la Doctrina, claramente establecen, que el dato probatorio debe de ser legal como presupuesto indispensable para su utilización en abono de un convencimiento judicial válido, y en este caso en la etapa de incidentes dado a las partes, tanto el Ministerio Público, como la defensa ofertaron medios de prueba para que los mismos fueran admitidos o no, y así los que fueren admitidos serian evacuados en juicio, y habiendo admitido el Honorable Tribunal de Sentencias los medios de prueba propuestos por la defensa en la etapa de incidentes, éstos no fueron incorporados como lo manda la ley procesal penal, violentando el legal y debido proceso de mi cliente, y sus garantías Constitucionales, extremos éstos que constan en acta. RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ENCARTADO FELIX ACOSTA ARGUYENDO QUE AL DICTAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA, EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA VULNERADO LA GARANTIA GENERICA DEL DEBIDO PROCESO QUE CONSAGRA EL ARTICULO 90 PÁRRAFO PRIMERO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 361 DEL CODIGO PROCESAL PENAL. El Censor arguye que la sentencia impugnada ha vulnerado la garantía genérica del debido proceso ya que al momento de evacuar los medios de prueba propuestos por la fiscalía, al incorporar mediante lectura el medio de prueba consistente en el levantamiento del cadáver, el ente acusador renunció a la comparecencia del perito responsable, Doctor O. F. para que éste ratificara el mismo, sin embargo, el Tribunal de instancia no le cedió la palabra a la Defensa para que se pronunciara sobre tal renuncia, a pesar de la importancia que tenía la posibilidad de interrogarle a través del consultor técnico, de ahí que a criterio del recurrente, con esa omisión el Tribunal de enjuiciamiento violentó el principio de la comunidad de la prueba y la garantía del debido proceso. Esta Sala considera importante recordar que la garantía genérica del debido proceso que consagra el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República tiene una íntima conexión con el derecho a la defensa que reconoce el artículo 82 párrafo primero de la Carta Magna. De este modo tal garantía se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas; el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc…. En este sentido, debemos analizar si en el caso bajo examen, se ha vulnerado en alguna de sus vertientes la garantía del debido proceso en perjuicio del encartado. El artículo 311 No. 4) del Código Procesal Penal, prevé la posibilidad excepcional de la incorporación por medio de lectura autorizada de: ”Las Actas que documentan inspecciones, reconocimientos, registros o allanamientos que se hayan obtenido o realizado en cumplimiento de lo dispuesto en el presente código..” añadiendo que “habrán de ser ratificadas en juicio, siempre que sea posible”. Ciertamente que del acta del debate que corre incorporada a los autos no se desprenden cuales fueron las razones que esgrimió el Tribunal de instancia para incorporar por lectura el acta del levantamiento del cadáver y prescindir de la comparecencia del responsable de dicha diligencia, el Dr. O. F.. Por otro lado se constata que el Tribunal ofreció disculpas a la Defensa por no haberle cedido la palabra al momento de producirse la renuncia del Ministerio Público y que aquella esgrimió que se requería la presencia del Dr. Oswaldo Ferrera para aclarar las grandes contradicciones existentes entre el acta del levantamiento del cadáver, el dictamen de autopsia y la reconstrucción de hechos (vid. Folio No. 123), sin embargo, ninguno de estos reclamos han sido expuestos por el Censor al momento de formalizar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional limitándose a señalar que la ausencia del médico responsable del levantamiento del cadáver ha comportado la violación de la garantía del debido proceso. Esta Sala entiende que el Acta de Levantamiento de Cadáver es un acto de naturaleza preliminar y por lo tanto de carácter elemental, que se complementa con un estudio técnico más profundo y detallado como lo es la autopsia, a los efectos de acreditar de forma inequívoca la causa de la muerte, naturaleza de las lesiones, el medio empleado para ocasionarlas, las circunstancia en que se consumó el delito, u otros aspectos útiles para la investigación de los hechos desde el punto de vista médico legal. En este sentido el Dictamen de Autopsia aclara y complementa el Acta de Levantamiento de Cadáver, por ser esta última diligencia de carácter preliminar. Dadas las circunstancias particulares del caso que ahora nos ocupa, el hecho de que el responsable del acta de levantamiento del cadáver no haya comparecido al juicio para ratificar la misma, no comporta en su esencia material la vulneración de la garantía genérica del debido proceso ni el derecho de defensa en perjuicio del imputado, ya que consta de autos (vid: acta de de debate a folio No. 121) que dicho consultor técnico, en la audiencia de Juicio Oral y Público, si procedió a interrogar con toda libertad al Perito autopsiante del Ministerio Público, sobre el contenido del Dictamen de Autopsia, con lo cual tuvo oportunidad procesal de disipar cualquier duda o detalle que pudiera interesar a la defensa técnica del acusado sobre aspectos medico legales vinculadas al número y tipo de heridas que presentaba el cadáver y causas de la muerte. Por lo anteriormente expuesto, esta Sala considera que el motivo de casación invocado por el recurrente debe ser desestimado. IV.- Continúa manifestando el recurrente en su: “Recurso de CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE LEY. MOTIVO UNICO; En la sentencia se incluyo medios de pruebas prohibidos, violentando de esta forma las garantías procesales del legal y debido proceso de mi cliente, al tenor de lo que establece el Artículo 200 del Código Procesal Penal que textualmente dice pruebas prohibidas o ilícitas que carecen de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en la Constitución de la República y en los Convenios Internacionales relacionados con el artículo 242 párrafo cuarto que textualmente dice una vez investido judicialmente el perito procederá a cumplir el encargo recibido, pondrá en conocimiento de quien lo designó, la fecha en que procederá a realizar as actuaciones propias de la pericia.- La autoridad que lo nombró, la comunicara a las partes, para que puedan presenciar su práctica. PRECEPTO AUTORIZANTE; El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO La sala segunda del Tribunal de Sentencia consideró como hecho probado el dictamen de autopsia que se practicó mediante exhumación cuya numeración EXH-66-08, que fue incorporada a juicio mediante lectura y ratificado por el perito B. N. L., y que el tribunal consideró que es una prueba legal por reunir los requisitos del mismo contraviniendo la ilegalidad de las pruebas, en tal sentido que el perito practicó la autopsia en fecha y hora diferente a la designada por el Tribunal de Sentencia ejercitando tal acción sin la asistencia de la defensa y su consultor técnico que para tal efecto se había designado en audiencia para la celebración de dicha pericia violentando de esta forma la finalidad de los medios de prueba consignada en el artículo 198 del Código Procesal Penal, asimismo cabe mencionar que al momento de la incorporación mediante lectura del acta de levantamiento de cadáver el agente Fiscal renunció a la presencia del perito y el tribunal a través de su presidente no le cedió la palabra a la defensa para que se pronunciara a dicha incomparecencia por lo que la defensa hizo las reclamaciones correspondiente porque se estaban violentando las garantías Constitucionales del procesado a lo que tribunal le negó tal derecho valiéndose únicamente de pedir disculpas a la defensa por haber cometido tal error procesal violentando con ésto los derechos y garantías al legal y debido proceso; Asimismo en la audiencia de juicio oral y público se dio apertura a la etapa de incidentes en la cual el Ministerio Público solicitó se incorporara medio de prueba documental consistente en una certificación de autopsia, constancia de las diligencias por la Juez de Paz por la exhumación y proposición del perito J. B., como perito balístico a lo cual la defensa objetó la incorporación de la certificación de la autopsia por no haberse cumplido con el procedimiento establecido en el Código Procesal Penal mismo que fue denegado, cedida que le fue la palabra a la defensa ésta propuso en la etapa de incidentes la incorporación mediante lectura de las declaraciones testificales rendidas en audiencia inicial y aún de haber sido admitidas por unanimidad de los miembros de la sala segunda tal y como consta en acta las mismas no fueron incorporadas violentando de esta manera el derecho de defensa y sus garantías procesales dejando en incompleta indefensión al imputado”. RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ENCARTADO F. A. ARGUYENDO QUE AL DICTAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA, EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA INCORPORADO MEDIOS DE PRUEBAS PROHIBIDOS, VIOLENTANDO GARANTÍAS PROCESALES DEL DEBIDO PROCESO, AL TENOR DEL ARTÍCULO 200 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360 DEL CODIGO PROCESAL PENAL. Esta Sala estima que el recurrente hace una indebida invocación del precepto autorizante, en tanto que el artículo 360 del Código Procesal Penal se refiere al recurso de casación por infracción de ley, de ahí que entiende que el Censor ha debido fundar su motivo en el artículo 362 No 2) del mismo texto legal, en virtud del cual se establece que habrá lugar al recurso de casación por quebrantamiento de forma cuando la sentencia recurrida se base en “elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio..”. No obstante lo anterior, este Tribunal de Casación en el propósito de hacer efectivo el goce de la justicia como uno de los fines que persigue el Estado de Derecho en que Honduras se ha constituido, al tenor de lo previsto en el artículo 1 de la Constitución de la República, procede a resolver el presente motivo. El Censor arguye que la sentencia incluye medios de pruebas prohibidos, violentando las garantías del debido proceso del acusado, que establecen los artículos 200 y 242 párrafo cuarto del Código Procesal Penal. Reprocha que el Tribunal de instancia haya considerado probados los hallazgos derivados del dictamen de autopsia, practicados mediante el Acta de Exhumación incorporada a juicio mediante lectura, ratificada por el Perito B. N. L., no obstante que dicho Perito practicó la autopsia en fecha y hora diferentes a las fijadas por el Tribunal, sin la asistencia de la defensa y su consultor técnico violentando el artículo 198 del Código Procesal Penal. Asimismo sostiene que al incorporar por lectura el Acta de levantamiento de cadáver al mismo tiempo que el Fiscal renunciaba a la comparecencia del perito, el Tribunal de enjuiciamiento no le cedió la palabra a la defensa para que se pronunciara al respecto, lo que generó los oportunos reclamos, mismos que no fueron atendidos por lo que se vulneró la garantía del debido proceso. Reprocha asimismo, que en la etapa de incidentes del juicio la defensa objetó la incorporación de la certificación de la autopsia por no haberse cumplido con el procedimiento establecido en el Código Procesal Penal, lo que fue denegado injustificadamente. Finalmente recuerda que propuso la incorporación por lectura de las declaraciones testificales que a instancias del Ministerio Público fueron rendidas en audiencia inicial, lo que fue admitido por el A Quo, sin embargo no fueron incorporadas al juicio, dejando en completa indefensión al imputado. Esta Sala de lo Penal, observa que en el presente caso, el impetrante alega como motivo de Quebrantamiento de Forma, primero, la incorporación de prueba prohibida, consistente en el Dictamen de Autopsia por no haber estado presente el Apoderado Defensor del acusado, ni su Consultor Técnico durante su práctica; segundo, porque al incorporar por lectura del Acta de levantamiento de cadáver, el Fiscal renunció a la comparecencia del Perito Dr. Oswaldo Ferrera para ratificar el Acta por el elaborada, y el A Quo no le cedió la palabra a la Defensa para pronunciarse al respecto, a pesar de sus reclamos oportunos; y tercero, que la Defensa del acusado propuso en la fase de incidentes del juicio la incorporación mediante lectura de las declaraciones testificales propuestas por el ente acusador en audiencia inicial, y a pesar de haber sido admitidas, estas no fueron incorporadas al juicio, causando con ello indefensión al imputado. Con respecto al primer extremo del motivo de casación, esta Sala observa que consta en el acta de debate (folio 118 del proceso) que si bien la Defensa del acusado se opuso a la admisión de la prueba documental del Ministerio Público, consistente en la certificación de Autopsia y Constancia de Exhumación de cadáver, por considerar que ni el Apoderado Defensor, ni su Consultor Técnico estuvieron presentes en su practica, también consta de autos (folios 119 del proceso) que el Juzgador resolvió admitir los incidentes propuestos por ambas partes, entre ellos admitir la prueba documental, propuesta por la Fiscalía, consistente en el Dictamen de Autopsia y el Acta de Exhumación de cadáver, sin que la defensa del acusado a pesar de la admisión de dicha prueba, hiciera uso del recurso correspondiente, es decir dejó de interponer el recurso de reposición contra dicha resolución, a efecto de intentar subsanar el defecto procesal, ahora alegado en casación. Al no haber intentado la defensa del acusado, subsanar el defecto denunciado, en el momento procesal oportuno, por la vía oral, durante la fase de incidentes del juicio, esta Sala entiende que el defecto ahora alegado en casación, ha sido tácitamente aceptado o convalidado por la Defensa, en atención a su inactividad procesal, siendo oportuno recordar que de acuerdo al artículo 363, tercer párrafo in fine, del Código Procesal Penal, es requisito del recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, que el recurrente haya intentado subsanar el defecto procesal alegado en casación ante el Tribunal de Juicio, agotando el recurso de reposición, y dejado plasmada tal objeción en el acta de debate como reserva de casación para posteriormente poder alegarlo como un motivo por Quebrantamiento de Forma, por lo que al no constar tal extremo, el motivo de casación alegado por el recurrente debe ser desestimado; en segundo lugar, esta Sala reitera lo que ya expresó al resolver el motivo precedente, esto es, que habiéndose dado la oportunidad a la Defensa de interrogar ampliamente y sin restricciones al médico responsable de la autopsia, no se ha vulnerado en su esencia material la garantía genérica del debido proceso ni el derecho de defensa del impetrante, pese a que no consta de autos cuales fueron las razones para incorporar por lectura el acta de levantamiento del cadáver ni prescindir de la comparecencia del médico responsable de esta última diligencia; y tercero, respecto a que no se incorporaron al juicio por lectura las declaraciones de los testigos propuestos por la Fiscalía en la audiencia inicial, a pesar de haber sido admitidas a la defensa del Imputado como incidente, esta Sala entiende que del acta de debate (folio 117 a 125 del proceso) no consta que la Defensa haya reclamado al Tribunal de Juicio, por la falta de incorporación mediante lectura autorizada de dichas declaraciones rendidas en la audiencia inicial, o que haya interpuesto recurso de reposición contra la resolución que pudiera haber impedido su debida evacuación, a efecto de subsanar el defecto procesal, y hecho la reserva de casación, para posteriormente hacer el alegato ante esta Sala. Por lo anteriormente expuesto este Tribunal estima que el ahora recurrente, ha aceptado tácitamente o convalidado el defecto procesal denunciado, lo que impide que pueda ser alegado este extremo como motivo de casación por Quebrantamiento de Forma. En consecuencia, esta Sala considera que el presente motivo planteado por la Defensa del encausado ha de ser desestimado. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 y 361 del Código Procesal Penal.- FALLA: Declarando sin lugar el recurso de casación de Infracción de Precepto Constitucional, en sus dos motivos; y de Quebrantamiento de forma, en su único motivo, interpuesto por el Apoderado Defensor del Acusado F. A., contra la sentencia condenatoria de fecha veinte (20) de Febrero de dos mil nueve (2009), dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda con arreglo a Derecho.- REDACTÓ EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO.-NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil quince.- Certificación de la sentencia de fecha dos deseptiembre del año dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-255-2012.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

[2] Vid en este sentido: LLORENTE FERNANDEZ DE LA REGUERA, ANGEL, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115, cuando expresa que “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto..”