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Sentencia CP-246-13 — Registro 5467

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Portación Ilegal de armas, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...Esta Sala de lo Penal ha establecido en otros fallos, que por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la Aplicación de la Ley Sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del Juicio de Derecho contenido en la Sentencia. El Recurso de Casación por Infracción de Ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la Interpretación que de la Ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los Hechos establecidos en la Sentencia y poniéndolos en relación con la Norma de Derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente Jurídica. Esa tarea de Contralor Jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los Hechos fijados en la Sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse o partir su alegación, de los Hechos Probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el Juzgador en la parte resolutiva de la Sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. 3) La Tenencia Ilícita de Armas es un delito contra la Seguridad Interior del Estado, formal y de peligro abstracto. El Bien Jurídico protegido no es solamente la Seguridad del Estado, sino también la Seguridad general o comunitaria, para los que supone un grave riesgo y peligro que instrumentos aptos para herir, e incluso matar, se hallen en manos de individuos sin la fiscalización y el control que supone la expedición Estatal de la correspondiente autorización o permiso[1]. En el relato fáctico se establece, que al señor W. Y. M. F. le fue incautado un artefacto de fabricación casera en buen estado de funcionamiento compatible para utilizar la munición 12 GA Gauge (F77), mismo que atendiendo a criterios técnicos vertidos por el perito correspondiente, se trata de una cartuchería de escopeta calibre 12 GA, es decir, una munición “permitida” y utilizable para fines defensivos o deportivos al tenor de lo previsto en el artículo 7 No. 3) de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Similares, por lo que se descarta que el artefacto incautado al encartado pueda ser considerado un arma de guerra o de combate y que por tanto deba imponérsele la pena prevista en el artículo 332-A del Código Penal. Cabe señalar de que si bien es cierto que al tenor de lo previsto en la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Similares, las armas artesanales son consideradas “prohibidas”, ello no las convierte en “armas de guerra o de combate”. Lo que la ley administrativa prevé, es que algunas armas se pueden portar con la debida autorización por los particulares, siempre que cumplan con determinadas requisitos, de tal modo que si no son observados, tampoco es factible la posibilidad de su portación, en tanto que para otras en ningún caso se permite la autorización para fabricarlas, poseerlas, etc. La Recurrente no ha sido clara en su segundo motivo, al establecer de qué manera se dejó de aplicar el Artículo 332-A del Código Penal, porque si bien lo transcribió literalmente, no fue capaz en establecer con los argumentos jurídicos correctos y en base a la Fundamentación Fáctica de la Sentencia, cómo el Juzgador cometió el yerro de falta de aplicación de la norma penal denunciada, incurriendo en ello en una Inadecuada Técnica Recursiva. 4) El Artículo 332-B del Código Penal sanciona a “quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, etc…, armas de fuego para uso personal y deportivas y explosivos comerciales”, precepto en el cual encaja la conducta del Encartado, ya que sin autorización de autoridad alguna portaba al momento de su detención un arma cuya posesión para su uso personal no había sido autorizada por autoridad competente, habida cuenta que su misma fabricación no es permitida conforme al ordenamiento jurídico hondureño. No cabe duda que en el caso bajo examen el Imputado portaba en términos funcionales una escopeta fabricada artesanalmente, propia o idónea para utilizar una munición de calibre comercial y que no puede equipararse por su menor potencial de lesionar bienes jurídicos como la vida e integridad corporal, a las armas automáticas de guerra o de combate como lo es el fusil de asalto kalashnikov más conocido como AK-47, sin embargo igualmente su portación ha puesto en peligro la seguridad general o comunitaria, en tanto que siendo un instrumento apto para herir o incluso matar, ha estado en posesión del encausado al margen de la fiscalización o control que sobre las armas de fuego debe ejercer el Estado de Honduras, de ahí que el comportamiento del procesado merezca el reproche penal previsto en el Artículo 332-B del Código Penal[2]. Por todas las razones anteriormente expuestas, el presente motivo de casación formulado por la Representación del Ministerio Público debe ser desestimado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco (25) días del mes de noviembre del año dos mil quince (2015), por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS MARCO VINICIO ZÚNIGA MEDRANO en su calidad de Coordinador, JACOBO ANTONIO CÁLIX HERNÁNDEZ y CARLOS DAVID CÁLIX VALLECILLO, dicta Sentencia conociendo el Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto contra la Sentencia de fecha nueve de Marzo de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual falló: 1) CONDENANDO al Señor W. Y. M. F., a la pena de TRES (03) AÑOS DE RECLUSIÓN, por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, mas las penas accesorias de INHABILITACIÓN ESPECIAL e INTERDICCIÓN CIVIL; 2) NO CONDENÓ en Costas Procesales, Personales y gastos ocasionados por dicho Juicio.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, la Abogada V. O. B. F., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público. SON PARTES: La Abogada R. C. en su calidad de Representante del MINISTERIO PÚBLICO como RECURRENTE y el Abogado A. A. G. A. en condición de DEFENSOR PÚBLICO como RECURRIDO. HECHOS PROBADOS PRIMERO: El día dieciocho de diciembre del año dos mil diez, aproximadamente a las once de la mañana los agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, A. A. E. H. y H. N. S. G. encuentran al señor W. Y. M. F., en un callejón ubicado en la colonia Coconut Garden, en el Municipio de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, encontrándole en su mano derecha una arma de fuego de fabricación casera conocida comúnmente como chimba, encontrándosele además en una de las bolsas del pantalón cuatro cartuchos o proyectiles dos de color blanco, y uno de color rojo ocre, los cuales eran calibre 12 y un proyectil de color rojo calibre 16”. C O N S I D E R A N D O I.- El Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto por la Abogada V. O. B. F., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- LA RECURRENTE ABOGADA V. O. B. F., EN SU CONDICIÓN DE FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, PROCEDIÓ A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE LEY, DE LA MANERA SIGUIENTE: “PRIMER MOTIVO: Infracción de ley Aplicación Indebida del artículo 332-B del Código Penal, en relación con los artículos 7, 27 y 62 de la ley de Control de Armas Municiones, Explosivos y otros similares. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: El A-quo en el fallo en estudio declaró terminantemente como hechos probados las siguientes verdades intangibles; “PRIMERO: El día dieciocho de diciembre del año dos mil diez, aproximadamente a las once de la mañana los agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, A. A. E. H. Y H. N. S. G. encuentran al señor W. Y. M. F., en un callejón ubicado en la colonia Coconut Garden, en el Municipio de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, encontrándole en su mano derecha una arma de fuego de fabricación casera conocida comúnmente como chimba, encontrándosele además en una de las bolsas del pantalón cuatro cartuchos o proyectiles dos de color blanco, y uno de color rojo ocre, los cuales eran calibre 12 y un proyectil de color rojo calibre 16”. Del referido cuadro fáctico, el Tribunal Sentenciador ha establecido que la conducta ejecutada por el imputado, se enmarca en el delito de Portación Ilegal de armas y en razón de éstos emite sentencia condenatoria en su contra. No obstante lo anterior, el a quo acordó que en lo que se refiere al delito de Portación Ilegal de Armas, este se tipifica y debe imponerse la pena concreta dentro del lo establecido en el artículo 332-B del Código Penal, como efecto lo hizo en el fallo que ahora recurrimos, cuyos elementos objetivos se hacen patente al dar lectura al precepto legal en referencia, que al respecto establece: “Quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivo y otros materiales relacionados con ellas”… La norma en referencia, advertimos que el primer elemento típico es “quien sin permiso de la autoridad competente”, permiso que está regulado en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas y en el que nos describe las armas permitidas que establece lo siguiente: “Para los efectos de esta ley se consideran permitidas de conformidad con reglamentación al efecto, las armas defensivas y deportivas siguientes; 1) Armas de puño cortos, Los revólveres y pistolas semiautomáticas hasta punto cuarenta y cinco pulgadas (45) u once punto cinco milímetros (11.5) de calibre. 2) Las armas de hombro o largas: Fusiles y cabinas de acción mecánica semiautomática, hasta punto trescientos ocho pulgadas de calibre (308), y 3) Escopetas de acción mecánica el que nos describe las armas permitidas 10, doce (12), dieciséis (16), veinte (20) y punto cuatrocientos diez (410), siempre que el cañón no sea menor de cuarenta y seis centímetros o dieciocho pulgadas, y en el artículo 62 de éste mismo cuerpo jurídico, que señala, cuales son las armas que pueden ser objeto de este permiso cuando dice: “los que posean armas permitidas por la ley, dispondrán de doce (12) meses, a partir de la vigencia de esta Ley para su registro y obtención de permiso. Al realizar un análisis comparativo entre el cuadro fáctico del fallo ahora censurado y la normativa citada como infringida, se denota sin lugar a dudas, el vicio in iudicando antes expuesto, en ese sentido, dicha arma de fuego no se considera como de uso personal defensivo, ni deportiva, ni comercial, pues este tipo de arma se excluye de la nomina establecida en el artículo. 7 de la Ley de Control de Armas; Otro aspecto de vital importancia es el señalar que los cuerpos legislativos antes indicados, es que la acción por la cual el encausado fue llevado a juicio se circunscribió a la penalización de la posesión del objeto en sí denominado comúnmente como “chimba”, independientemente del tipo de la munición que sea utilizada para su percusión, por ende jamás podría ser objeto de un registro legal por parte del Estado ni de su fabricación, ni tenencia y en consecuencia tampoco es susceptible de la obtención de permiso de portación emitido por autoridad competente, siendo así entonces, que no se cumple el primer elemento típico del tipo penal descrito en el artículo 332-B del Código Penal. Por todo lo anterior, esta Fiscalía solicita que se case la sentencia, en virtud de los aspectos ya desarrollados en esta exposición…” III.- CONTINÚA MANIFESTANDO LA RECURRENTE EN SU SEGUNDO MOTIVO: “Infracción de Ley, por falta de aplicación del artículo 332-A del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: El precepto penal de orden sustantivo que se cita como infringidos textualmente dicen: “Artículo 332-A: “Fabricación y Tráfico de material de guerra, armas y municiones. La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47, en cualquiera de sus modelos será sancionada con pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (Lps 5,000.00) a diez mil (Lps.10, 000.00) lempiras por cada arma Incautada.” El Juzgador realiza su fundamentación jurídica orientada a sustentar la parte conclusiva de su fallo, procurando explicar el porqué el tipo que se adecua al hecho declarado primero del caso es el art.332-B del Código Penal, sin embargo y a pesar que el mismo Sentenciador establece que el arma perteneciente y que le fuera decomisada al imputado, es de fabricación casera, por lo que su uso no está permitido en nuestra normativa interna, posteriormente al momento de imponer la sanción penal correspondiente viola, el artículo 332-A adicionado al Código Penal. Que del análisis del precepto en referencia, conforme los hechos fijados por el Tribunal, los cuales fueron transcritos en el motivo que antecede, quedó plenamente acreditado la existencia de un hecho típico donde el sujeto activo es el imputado W. Y. M. F., quien tomó parte directa en el ejecución del hecho al poseer un artefacto de fabricación casera prohibido por la ley. Por lo antes expuesto, la Fiscalía solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada.” IV.- DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY EN SU PRIMER Y SEGUNDO MOTIVO, INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO, DENUNCIANDO LA APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTÍCULO 332-B Y FALTA DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 332-A, AMBOS DEL CÓDIGO PENAL. En virtud que el primer y segundo motivo interpuesto por el Ente Fiscal, guardan íntima relación, por tanto su resolución se hará en ese mismo sentido, esta Sala de lo Penal ha tenido a bien, resolver ambos motivos en un mismo apartado.

  1. Estableció la Impetrante que conforme los Hechos declarados Probados por el Sentenciador, se puede concluir que aplicó indebidamente el Artículo 332-B del Código Penal y dejó de aplicar el Artículo 332-A del mismo cuerpo legal, consignando como Precepto Autorizante el Artículo 360 del Código Penal. Explicó la Recurrente, que conforme al Cuadro Fáctico descrito en el fallo impugnado, se puede establecer claramente que el Juzgador infringió gravemente por aplicación indebida el Artículo 332-B referente al delito de Portación Ilegal de Arma Comercial, pues se evidencia en los hechos probados que el imputado W. Y. M. F. se encontró en posesión de un arma de fuego, pues aparecen los elementos objetivos de ese tipo penal, el primero de ellos “quien sin permiso de autoridad competente” y dicho permiso está regulado en el Artículo 7 de la Ley de Control de Armas, Norma Supletoria que en ningún momento refiere que pueden ser objeto de permiso, las armas hechizas o de fabricación casera; por tanto para el Censor, no importa la munición que se utilice en este tipo de armas, pues la autoridad correspondiente nunca les extenderá el permiso; por tanto considera que no se cumple ese primer elemento objetivo descrito en el Artículo 332-B de la norma penal ya referida. En el segundo motivo de Casación el Reclamante consideró, que el Sentenciador conforme a su Fundamentación Jurídica lo que pretendió fue justificar el porqué utilizaba el Artículo 332-B, a pesar que el mismo concluyó que el arma decomisada al imputado y que es de fabricación casera, su uso no es permitido según la normativa interna. 2) Esta Sala de lo Penal ha establecido en otros fallos, que por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la Aplicación de la Ley Sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del Juicio de Derecho contenido en la Sentencia. El Recurso de Casación por Infracción de Ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la Interpretación que de la Ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los Hechos establecidos en la Sentencia y poniéndolos en relación con la Norma de Derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente Jurídica. Esa tarea de Contralor Jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los Hechos fijados en la Sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse o partir su alegación, de los Hechos Probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el Juzgador en la parte resolutiva de la Sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. 3) La Tenencia Ilícita de Armas es un delito contra la Seguridad Interior del Estado, formal y de peligro abstracto. El Bien Jurídico protegido no es solamente la Seguridad del Estado, sino también la Seguridad general o comunitaria, para los que supone un grave riesgo y peligro que instrumentos aptos para herir, e incluso matar, se hallen en manos de individuos sin la fiscalización y el control que supone la expedición Estatal de la correspondiente autorización o permiso[1]. En el relato fáctico se establece, que al señor W. Y. M. F. le fue incautado un artefacto de fabricación casera en buen estado de funcionamiento compatible para utilizar la munición 12 GA Gauge (F77), mismo que atendiendo a criterios técnicos vertidos por el perito correspondiente, se trata de una cartuchería de escopeta calibre 12 GA, es decir, una munición “permitida” y utilizable para fines defensivos o deportivos al tenor de lo previsto en el artículo 7 No. 3) de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Similares, por lo que se descarta que el artefacto incautado al encartado pueda ser considerado un arma de guerra o de combate y que por tanto deba imponérsele la pena prevista en el artículo 332-A del Código Penal. Cabe señalar de que si bien es cierto que al tenor de lo previsto en la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Similares, las armas artesanales son consideradas “prohibidas”, ello no las convierte en “armas de guerra o de combate”. Lo que la ley administrativa prevé, es que algunas armas se pueden portar con la debida autorización por los particulares, siempre que cumplan con determinadas requisitos, de tal modo que si no son observados, tampoco es factible la posibilidad de su portación, en tanto que para otras en ningún caso se permite la autorización para fabricarlas, poseerlas, etc.

La Recurrente no ha sido clara en su segundo motivo, al establecer de qué manera se dejó de aplicar el Artículo 332-A del Código Penal, porque si bien lo transcribió literalmente, no fue capaz en establecer con los argumentos jurídicos correctos y en base a la Fundamentación Fáctica de la Sentencia, cómo el Juzgador cometió el yerro de falta de aplicación de la norma penal denunciada, incurriendo en ello en una Inadecuada Técnica Recursiva. 4) El Artículo 332-B del Código Penal sanciona a “quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, etc…, armas de fuego para uso personal y deportivas y explosivos comerciales”, precepto en el cual encaja la conducta del Encartado, ya que sin autorización de autoridad alguna portaba al momento de su detención un arma cuya posesión para su uso personal no había sido autorizada por autoridad competente, habida cuenta que su misma fabricación no es permitida conforme al ordenamiento jurídico hondureño. No cabe duda que en el caso bajo examen el Imputado portaba en términos funcionales una escopeta fabricada artesanalmente, propia o idónea para utilizar una munición de calibre comercial y que no puede equipararse por su menor potencial de lesionar bienes jurídicos como la vida e integridad corporal, a las armas automáticas de guerra o de combate como lo es el fusil de asalto kalashnikov más conocido como AK-47, sin embargo igualmente su portación ha puesto en peligro la seguridad general o comunitaria, en tanto que siendo un instrumento apto para herir o incluso matar, ha estado en posesión del encausado al margen de la fiscalización o control que sobre las armas de fuego debe ejercer el Estado de Honduras, de ahí que el comportamiento del procesado merezca el reproche penal previsto en el Artículo 332-B del Código Penal[2]. Por todas las razones anteriormente expuestas, el presente motivo de casación formulado por la Representación del Ministerio Público debe ser desestimado. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los Artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 360, y 369 del Código Procesal Penal; 332-A, 332-B del Código Penal; 7 y 8 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Similares.- FALLA: ÚNICO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus DOS MOTIVOS, interpuestos por la Abogada V. O. B. F. en su condición de Representante del MINISTERIO PÚBLICO en la causa instruida contra el señor W. Y. M. F. por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS COMERCIALES en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Y MANDA: Que con Certificación del presente Fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. Redactó MAGISTRADO ZÚNIGA MEDRANO. NOTIFÍQUESE.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de enero del dos mil dieciséis.- Certificación de la Sentencia de fecha veinticinco de noviembre del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. S.P. 246=2013.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] VID Sentencia de Casación Penal SP 148-2012 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 22 de junio del 2015

[2] VID Sentencia de Casación Penal SP 148-2012 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 22 de junio del 2015