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Sentencia CP-243-12 — Registro 5465

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Homicidio Simple, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...DEL RECURSO DE CASACION DE INFRACCION DE LEY FUNDADO EN LA APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTÍCULO 116 DEL CÓDIGO PENAL Y DEL RECURSO DE CASACION DE INFRACCION DE LEY FUNDADO EN LA FALTA DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 117 NUMERAL 2 DEL CÓDIGO PENAL.- I.- Argumenta la Recurrente como Primer Motivo de Casación que al realizar un análisis de la norma penal en comento (Artículo 116) no se observa de ninguna manera los elementos objetivos y subjetivos para subsumir la misma dentro del hecho declarado probado por el Juzgador, resultando claro de lo expuesto en el factum que el Acusado actuó con premeditación, ya que el Imputado llego a la casa de habitación de la Señora O. D. C. W., la llamó para que saliera, conversó con ella y en el momento de despedirse, el Imputado saco un arma blanca (machete) que portaba, le pegó ocho machetazos en el cuello y cabeza de la víctima, lo que le causaron la muerte, por lo que manifiesta la Recurrente que la normativa citada como aplicada indebidamente, denota sin lugar a dudas, el vicio in iudicando antes expuesto y que la acción ejecutada por el encausado no corresponde a esta tipificación legal, al haber concurrido la circunstancia de premeditación antes señalada. II. Que como Segundo Motivo de Casación manifiesta la Recurrente que el A-quo, omitió la aplicación de la norma penal sustantiva 117 numeral 2 del Código Penal que es la que corresponde a la declaración de los hechos probados llevados a cabo por el Tribunal, ya que de la simple lectura del factum declarado por el juzgador se desprende que quedo plenamente acreditado la existencia de un hecho típico donde el sujeto activo es el Imputado R. H. H., apreciándose del mismo que si concurren los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Asesinato, al ser evidente que el encausado ejecuto la acción, obteniendo como resultado la muerte de la señora O. D. C. W. empleando para ello premeditación tal como lo señala el Juzgador al referir que el encausado en compañía de otro individuo llego hasta el portón de acceso a la vivienda llamando a la señora O. D. C. W. con quien conversaron y después el Imputado con una arma blanca (machete) le pegó ocho machetazos en el cuello y cabeza asegurando por ende el resultado deseado, ya que las heridas iban dirigidas a una parte vital del cuerpo como lo es la cabeza, por lo que concurren los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal en referencia, tal como queda esbozado en el Voto Disidente donde se desprende que la acción ejecutada por el Imputado se subsume en el Artículo 117 del Código Penal, estableciéndose en el mismo Voto Disidente que el imputado R. A. H. H. actuó con premeditación conocida, puesto que el Imputado llego a la casa de habitación de la Ofendida con la mera intención de acabar con su vida. III. Esta Sala de lo Penal, considera importante señalar que a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la Sentencia, contenido en la formulación de Hechos Probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional Recurso de Apelación, propio del sistema procesal anterior, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de Casación por Infracción de Ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por la Recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la Ley Sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la Sentencia. Todo lo que se refiera a la determinación del hecho queda fuera de su ámbito competencial. Por eso se dice con razón que el Tribunal de Casación al conocer de las alegaciones de Infracción de Ley no es un Tribunal de segundo grado con potestad para examinar ex novo la causa y corregir todos los errores de hecho, que pueda cometer el sentenciador, sino que es un supremo guardián del derecho sustantivo, para evitar la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva. El Recurso de Casación por Infracción de Ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la Ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia (vid. Art. 360 párrafo primero del Código Procesal Penal). Al Tribunal de Casación le está vedado penetrar por ese cauce procesal a la reconstrucción histórica del suceso al cual la norma de derecho es aplicada. En este sentido, la jurisprudencia ha sentado de manera reiterada como presupuesto de la Casación por Infracción de Ley, el Principio de Intangibilidad de los hechos fijados por la sentencia recurrida, estableciendo que el Recurso de Casación fundado en ese motivo, solo procede para corregir el Derecho, de suerte que las cuestiones de hecho escapan al control jurisdiccional del Tribunal de Casación. De este modo, la Regla de la indiscutibilidad de los hechos fijados por la sentencia y la finalidad de la Casación, aparecen congruentes entre sí y se complementan mutuamente. IV. En el caso que ahora nos ocupa, la Censora arguye que el Tribunal de Sentencia, al imponer la pena prevista para el Delito de Homicidio al Imputado, incurre en una Aplicación Indebida del Artículo 116 del Código Penal, de tal manera que la norma que ha debido aplicar en atención al relato fáctico de la sentencia, es el Artículo 117 del mismo texto punitivo que prevé la figura del Asesinato, que se describe como la acción de quien dé muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancia siguientes: 1…; 2. Con premeditación conocida. En general se habla de delito Asesinato como un delito contra la vida humana, de carácter muy específico, que consiste en matar a una persona concurriendo ciertas circunstancias, tales como: alevosía, premeditación conocida, inundación, incendio, envenenamiento, explosión, descarrilamiento, volcamiento, siempre que haya dolo e intencionalidad y ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. En este sentido, se entiende el Asesinato como un delito autónomo[1] después del Homicidio mediante la enumeración de unas series de circunstancias escogidas del copioso elenco de las agravantes del Artículo 27 del Código Penal. Tales circunstancias no son meras agravantes genéricas, sino elementos constitutivos del delito, bastando la concurrencia de una sola para que pueda calificarse como Asesinato. Se requiere así, para que se configure el delito de Asesinato una divergencia o discordancia entre un elemento subjetivo del delito, la intención y otro de naturaleza objetiva, el resultado, de tal modo que este último rebasa, excede o va más allá de lo que se había propuesto perpetrar el agente, produciéndose un ultra propositium o plus in effectu. Así las cosas, para determinar si estamos ante la comisión de un Homicidio Simple o de un Asesinato, siendo éste último una modalidad especialmente agravada del primero, debemos establecer la diferencia entre el ánimo de matar,“animus necandi”,y el animo de lesionar,“animus laedendi o vulnerandi”. Para establecer la existencia del ánimo de matar dado que la intención o el conocimiento del sujeto activo del delito son hechos de conciencia, de carácter subjetivo, cuya existencia, salvo en los supuestos de confesión del autor, no puede acreditarse normalmente a través de prueba directa, es necesario acudir a un juicio de inferencia para afirmar su presencia sobre la base de un razonamiento inductivo construido sobre datos fácticos debidamente acreditados. Esa inferencia debe aparecer de modo expreso en la sentencia y debe ser razonable, de tal manera que la conclusión obtenida acerca de la intención del sujeto surja naturalmente de los datos disponibles. Esa razonabilidad es precisamente el objeto del control casacional cuando la cuestión se plantea como aquí lo hace la Recurrente. Su expresión precisará de un mayor o menor razonamiento en función de las características del caso en concreto. A estos efectos para afirmar o no la existencia del ánimo propio del delito de Asesinato, el Juzgador debe realizar un examen y ponderación de los actos, anteriores, coetáneos o posteriores al suceso, que pueden revelar la exteriorización de la interna y verdadera intención del agente, siendo, de ordinario, tales actos: a) las palabras que precedieron a la agresión, la acompañaron o la sucedieron, así como toda clase de manifestaciones escritas, verbales o mímicas; b) los antecedentes del hecho y las desavenencias, resentimientos o discusiones habidas entre los protagonistas del suceso; c) el carácter pacífico o inofensivo o agresivo y pendenciero del culpable, así como su conducta y antecedentes; d) el arma empleada, sus características, capacidad vulnerante y normal letalidad; e) la región corporal, más o menos vital, atacada; f) la índole, extensión, profundidad y diagnóstico de las heridas; g) la multiplicidad o soledad de los golpes; h) el vigor, energía o saña con que se manejó el arma y se infirieron las heridas; e i) cuantas circunstancias rodearon el hecho y permitan formar su convicción respecto a su exacta dimensión y deseado alcance. V. Un examen detenido de los hechos contenidos en la motivación fáctica de la sentencia impugnada, revela que el procesado acudió al lugar donde se encontraba la víctima acompañado de otro individuo conocido como S. A., y que tras una plática que entablará el encartado con la hoy difunta en el momento en que esta procedió a despedirse de los mismos, el otro individuo conocido como S. A. la agarro con fuerza, la halo y el Imputado R. A. H. H. le pego ocho machetazos en el cuello y la cabeza lo que en una relación de causa-efecto le produjo la muerte. En el caso bajo examen, esta Sala constata que el Tribunal Sentenciador, al calificar los hechos como un Homicidio Simple, se basa fundamentalmente en el poder ofensivo del instrumento utilizado, es decir un arma blanca, pero olvidó analizar y ponderar otras circunstancias que de los mismos hechos probados se derivan para llegar a la conclusión de que el encausado actuó con premeditación en la intención de matar a la Ofendida. Sobre este particular se destacan circunstancias de especial importancia: el encartado lleva a cabo la acción con un acompañante, usan fuerza sobre la ofendida y cuando ésta última cae al suelo, el procesado, centra su objetivo sobre la cabeza y el cuello de la ofendida, donde se ubican órganos cuya afectación mediante el instrumento utilizado (machete), puede derivar con una alta probabilidad en la pérdida de la vida humana. Del relato fáctico de la sentencia se desprende que el reo efectivamente acomete en contra de la humanidad de la ofendida, y que la hiere en una zona vital de su cuerpo, infiriéndose sin atentar contra la intangibilidad de los hechos probados, que al momento de desplegar su acción afectó la piel, músculos y vasos sanguíneos importantes localizados en el cuello y la cabeza, provocando inmediatamente la muerte de la Señora O. D. C. W. Con los Hechos Probados de la sentencia se puede concluir que el actuar del Imputado iba dirigido a matar a su víctima con toda premeditación, lo que hace que el resultado sea más grave, y quepa la subsunción de su acción en la figura del Asesinato, tipificada en el Artículo 117 numeral 2 del Código Penal. Por todas las razones anteriormente expuestas, el Recurso de Casación interpuesto por la Censora, debe ser declarado Con Lugar en su Primer Motivo, y como consecuencia natural y lógica de ello, también el Segundo por tener entre ellos una íntima conexión. VI. Expuesto lo anterior, ahora debemos razonar en torno al quantum de la pena privativa de libertad imponible al procesado R. A. H. H.. El Artículo 117 del Código Penal sanciona al Autor del Asesinato con la pena de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión, y cuando se cometiese mediante pago, recompensa o promesa remuneratoria, o se acompañase de robo o violación, la pena será de treinta (30) años a privación de por vida de la libertad. El Artículo 69 del Código Penal establece que el juez determinará en la sentencia la pena aplicable al indiciado dentro del máximo y el mínimo señalado por la ley para cada delito y las circunstancias en que el mismo se haya cometido. Para ello tendrá en cuenta sus antecedentes personales, su mayor o menor peligrosidad, las circunstancias atenuantes y agravantes que hayan concurrido en el hecho apreciadas tanto por su número como, sobre todo, por su magnitud e importancia, y la mayor o menor extensión de los males producidos por el delito, en particular los de naturaleza económica. Un examen detenido del expediente judicial, no revela que el procesado R. A. H. H. haya sido condenado anteriormente por la comisión de otro delito, doloso o culposo, por lo que debe considerarse un primo delincuente, lo que unido a las circunstancias en que los hechos tuvieron lugar, nos lleva a la conclusión de que no es un individuo peligroso, amen de que no se aprecian otras circunstancias agravantes. Atendiendo a las consideraciones antes apuntadas, esta Sala considera que resulta procedente aplicar al encartado R. A. H. H. la pena en su extensión mínima de Veinte Años (20) años de reclusión que deberá cumplir en el Centro Penitenciario en el cual se encuentra actualmente recluido, y las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la condena. Por otro lado, resulta aplicable en este caso lo dispuesto en el artículo 105 del Código Penal, en cuanto a que todo aquel que incurra en responsabilidad penal por un delito lo es también civilmente, correspondiendo al Juez competente en fase de ejecución de la condena la determinación de la responsabilidad civil ex delicto. Finalmente, cabe exonerar del pago de las costas personales como procesales al encartado, ya que ha sido traído al proceso contra su voluntad y ha tenido motivos racionales para oponerse a la hipótesis acusatoria formulada por el Ministerio Público, y por ende su oposición constituye una manifestación del ejercicio del derecho fundamental a la Defensa, consagrado en el Artículo 82 de la Constitución de la República..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce (14) días del mes de abril del año dos mil quince (2015), por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS M. V. Z. M., en su calidad de Coordinador, J. A, C. H. y C. D. C. V., dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veinte de marzo del año dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia del Departamento de Olancho con sede en la ciudad de Juticalpa, Departamento de Olancho, mediante la cual condenó al señor R. A. H. H., como autor responsable del delito de HOMICIDIO SIMPLE, en perjuicio de la señora O. DEL C. W., a la pena de QUINCE (15) años de reclusión, más las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la condena principal; asimismo lo declaró responsable civilmente del importe de la reparación de los gastos ocasionados y de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por el delito del que es condenado.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, la Abogada W. C., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público. SON PARTES: El Abogado S. C. A. en su condición de Representante del MINISTERIO PÚBLICO como RECURRENTE. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Ley reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- “HECHOS PROBADOS.- Este Tribunal de Sentencia declara y estima los hechos probados siguientes: Único: Que en fecha once de noviembre del año dos mil cinco, a eso de las cinco de la tarde la señora O. DEL C. W., se encontraba en su casa de habitación la cual está ubicada en el Municipio del Rosario departamento de Olancho, cuando en eso llegó el acusado R. A. H. H. en compañía de otro individuo conocido como S. A., y llamaron a la ofendida quien acudió hacia ellos hasta el portón de acceso a dicha vivienda donde se encontraban ambos individuos, con quienes conversó y después el acusado con un arma blanca (machete) que portaba le pegó ocho machetazos en el cuello y Cabeza, los que le causaron la muerte y el acusado con su otro acompañante se dieron a la fuga, luego de las diligencias judiciales que se realizaron posteriormente R. A. H. fue aprehendido y puesto a al orden los órganos competentes para su juzgamiento.” III.- La recurrente, Abogada W. C., formalizó su Recurso de Casación por Infracción de Ley de la siguiente manera: “EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION PRIMER MOTIVO: Infracción de ley por Aplicación Indebida del artículo 116 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el párrafo primero del artículo 360 del Código Procesal Penal. PLANTEAMIENTO DEL RECURSO: El Aquo en el fallo en estudio declaró terminantemente como probados los hechos que a continuación se trascriben: UNICO: “Que en la fecha once de noviembre del año dos mil cinco, a eso de las cinco de la tarde la señora O. D. C. W. se encontraba en su casa de habitación la cual esta ubicada en el Municipio del Rosario departamento de Olancho, cuando en eso llegó el acusado R. A. H. H. en compañía de otro individuo conocido como S. A. y llamaron a la ofendida quien acudió hacía ellos hasta el portón de acceso a dicha vivienda donde se encontraban ambos individuos, con quienes conversó y después el acusado con un arma blanca (machete) que portaba le pegó ocho machetazos en el cuello y cabeza, los que le causaron la muerte y el acusado con su otro acompañante se dieron la fuga, luego de las diligencias judiciales que se realizaron posteriormente R. A. H. fue aprehendido y puesto a la orden de los órganos competentes para su juzgamiento”. De dichas verdades intangibles el Juzgador ha establecido que los mismos se subsumen en el delito de HOMICIDIO tipificado en el artículo 116 del Código Penal el cual establece lo siguiente: “Quien diere muerte a una persona sin concurrir las circunstancias que mencionan en los siguientes artículos del presente capítulo, comete el delito de Homicidio Simple, incurrirá en la pena de quince (15) a veinte (20)años de reclusión”, en razón de lo cual emite sentencia condenatoria en su contra y lo condena a la pena de quince (15) años de Reclusión. Asimismo el A quo en el numeral segundo del apartado de fundamentación jurídica señala que en el presente caso, “la acción ejecutada por el encausado ha consistido en causar lesiones con arma blanca (machete), a una persona en concreto, es decir a O. D. C. W., con la finalidad de privarle de su vida, la víctima fallece a consecuencia de la lesión sufrida; en consecuencia no cabe duda que la causa de la muerte de esta persona, se debe a la acción de lesionar ejecutada por el imputado. Existe pues una relación de causalidad entre la acción desplegada por R. A. H. y el resultado deseado es decir la muerte de O. D. C. W.”. Sin embargo al realizar un análisis de la norma penal en comento (artículo 116), no se observa de ninguna manera los elementos objetivos y subjetivos para subsumir la misma dentro del hecho declarado probado por el juzgador, resultando claro de lo expuesto en el fáctum que el acusado actuó con premeditación al señalar que el acusado llegó a la casa de habitación de la señora O. D. C. W., la llamó para que saliera, conversó con ella y en el momento de despedirse, el imputado sacó un arma blanca (machete) que portaba, le pegó ocho machetazos en el cuello y cabeza a la víctima, los que le causaron la muerte. En consecuencia la normativa citada como aplicada indebidamente, denota sin lugar a dudas, el vicio in iundicando antes expuesto y que la acción ejecutada por el encausado no corresponde a esta tipificación legal, al haber concurrido la circunstancia de premeditación antes señalada. En virtud de lo anterior solicitamos se declare procedente el presente motivo solicitando se case el fallo por padecer del vicio in iundicando señalado.”. IV.- Continúa manifestando la recurrente en su: “SEGUNDO MOTIVO: Infracción de Ley por Falta de Aplicación del artículo 117 numeral 2 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el párrafo primero del artículo 360 del Código Procesal Penal. PLANTEAMIENTO DEL RECURSO: El presente motivo se hace en virtud que el juez Aquo, omitió la aplicación de la norma penal sustantiva que corresponde a la declaración de hechos probados enunciados en el primer motivo del presente libelo. El precepto penal de orden sustantivo que se cita como infringido textualmente dice: Artículo 117: “Es reo de asesinato, quien de muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1)... 2) Con premeditación conocida,3). . .4). La pena por asesinato será de veinte (20) años a treinta (30) años de reclusión y cuando se cometiese mediante pagó, recompensa o promesa remuneratoria, o se acompañase de robo o violación, la pena será de treinta (30) años o privación de por vida de la libertad”. Para efectos de dar mayor claridad al presente recurso debemos señalar que el Diccionario Enciclopédico de Cabanelas define la Premeditación como: “Proponerse la perpetración de un delito y preparar cuidadosamente su ejecución”. De la simple lectura del fáctum declarado por el juzgador se desprende que quedó plenamente acreditado la existencia de un hecho típico donde el sujeto activo es el imputado R. H. H., apreciándose del mismo que sí concurren los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de ASESINATO, al ser evidente que el encausado ejecutó la acción, obteniendo como resultado la muerte de la señora O. D. C. W. empleando para ello premeditación tal como lo señala el Juzgador al referir que el encausado en compañía de otro individuo llegó hasta el portón de acceso a la vivienda llamando a la señora O. D. C. W. con quien conversaron y después el imputado con un arma blanca (machete) le pegó ocho machetazos en el cuello y cabeza asegurando por ende el resultado deseado, ya que las heridas iban dirigidos a una parte vital del cuerpo como es la cabeza. En consecuencia los hechos declarados probados por el Juzgador se subsumen en el delito de ASESINATO tipificado en el artículo 117 numeral dos del Código Penal por concurrir los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal en referencia. En relación al razonamiento esbozado en el voto disidente, del mismo se desprende que la acción ejecutada por el Imputado se subsume en el artículo 117 del Código Penal; asimismo establece que el imputado R. A. H. H. actuó con premeditación conocida, puesto que el imputado llegó a la casa de habitación de la ofendida con la mera intención de acabar con su vida. Por lo antes expuesto, la Fiscalía solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa penal citada.”. DEL RECURSO DE CASACION DE INFRACCION DE LEY FUNDADO EN LA APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTÍCULO 116 DEL CÓDIGO PENAL Y DEL RECURSO DE CASACION DE INFRACCION DE LEY FUNDADO EN LA FALTA DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 117 NUMERAL 2 DEL CÓDIGO PENAL.- I.- Argumenta la Recurrente como Primer Motivo de Casación que al realizar un análisis de la norma penal en comento (Artículo 116) no se observa de ninguna manera los elementos objetivos y subjetivos para subsumir la misma dentro del hecho declarado probado por el Juzgador, resultando claro de lo expuesto en el factum que el Acusado actuó con premeditación, ya que el Imputado llego a la casa de habitación de la Señora O. D. C. W., la llamó para que saliera, conversó con ella y en el momento de despedirse, el Imputado saco un arma blanca (machete) que portaba, le pegó ocho machetazos en el cuello y cabeza de la víctima, lo que le causaron la muerte, por lo que manifiesta la Recurrente que la normativa citada como aplicada indebidamente, denota sin lugar a dudas, el vicio in iudicando antes expuesto y que la acción ejecutada por el encausado no corresponde a esta tipificación legal, al haber concurrido la circunstancia de premeditación antes señalada. II. Que como Segundo Motivo de Casación manifiesta la Recurrente que el A-quo, omitió la aplicación de la norma penal sustantiva 117 numeral 2 del Código Penal que es la que corresponde a la declaración de los hechos probados llevados a cabo por el Tribunal, ya que de la simple lectura del factum declarado por el juzgador se desprende que quedo plenamente acreditado la existencia de un hecho típico donde el sujeto activo es el Imputado R. H. H., apreciándose del mismo que si concurren los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Asesinato, al ser evidente que el encausado ejecuto la acción, obteniendo como resultado la muerte de la señora O. D. C. W. empleando para ello premeditación tal como lo señala el Juzgador al referir que el encausado en compañía de otro individuo llego hasta el portón de acceso a la vivienda llamando a la señora O. D. C. W. con quien conversaron y después el Imputado con una arma blanca (machete) le pegó ocho machetazos en el cuello y cabeza asegurando por ende el resultado deseado, ya que las heridas iban dirigidas a una parte vital del cuerpo como lo es la cabeza, por lo que concurren los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal en referencia, tal como queda esbozado en el Voto Disidente donde se desprende que la acción ejecutada por el Imputado se subsume en el Artículo 117 del Código Penal, estableciéndose en el mismo Voto Disidente que el imputado R. A. H. H. actuó con premeditación conocida, puesto que el Imputado llego a la casa de habitación de la Ofendida con la mera intención de acabar con su vida. III. Esta Sala de lo Penal, considera importante señalar que a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la Sentencia, contenido en la formulación de Hechos Probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional Recurso de Apelación, propio del sistema procesal anterior, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de Casación por Infracción de Ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por la Recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la Ley Sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la Sentencia. Todo lo que se refiera a la determinación del hecho queda fuera de su ámbito competencial. Por eso se dice con razón que el Tribunal de Casación al conocer de las alegaciones de Infracción de Ley no es un Tribunal de segundo grado con potestad para examinar ex novo la causa y corregir todos los errores de hecho, que pueda cometer el sentenciador, sino que es un supremo guardián del derecho sustantivo, para evitar la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva. El Recurso de Casación por Infracción de Ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la Ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia (vid. Art. 360 párrafo primero del Código Procesal Penal). Al Tribunal de Casación le está vedado penetrar por ese cauce procesal a la reconstrucción histórica del suceso al cual la norma de derecho es aplicada. En este sentido, la jurisprudencia ha sentado de manera reiterada como presupuesto de la Casación por Infracción de Ley, el Principio de Intangibilidad de los hechos fijados por la sentencia recurrida, estableciendo que el Recurso de Casación fundado en ese motivo, solo procede para corregir el Derecho, de suerte que las cuestiones de hecho escapan al control jurisdiccional del Tribunal de Casación. De este modo, la Regla de la indiscutibilidad de los hechos fijados por la sentencia y la finalidad de la Casación, aparecen congruentes entre sí y se complementan mutuamente. IV. En el caso que ahora nos ocupa, la Censora arguye que el Tribunal de Sentencia, al imponer la pena prevista para el Delito de Homicidio al Imputado, incurre en una Aplicación Indebida del Artículo 116 del Código Penal, de tal manera que la norma que ha debido aplicar en atención al relato fáctico de la sentencia, es el Artículo 117 del mismo texto punitivo que prevé la figura del Asesinato, que se describe como la acción de quien dé muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancia siguientes: 1…; 2. Con premeditación conocida. En general se habla de delito Asesinato como un delito contra la vida humana, de carácter muy específico, que consiste en matar a una persona concurriendo ciertas circunstancias, tales como: alevosía, premeditación conocida, inundación, incendio, envenenamiento, explosión, descarrilamiento, volcamiento, siempre que haya dolo e intencionalidad y ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. En este sentido, se entiende el Asesinato como un delito autónomo[1] después del Homicidio mediante la enumeración de unas series de circunstancias escogidas del copioso elenco de las agravantes del Artículo 27 del Código Penal. Tales circunstancias no son meras agravantes genéricas, sino elementos constitutivos del delito, bastando la concurrencia de una sola para que pueda calificarse como Asesinato. Se requiere así, para que se configure el delito de Asesinato una divergencia o discordancia entre un elemento subjetivo del delito, la intención y otro de naturaleza objetiva, el resultado, de tal modo que este último rebasa, excede o va más allá de lo que se había propuesto perpetrar el agente, produciéndose un ultra propositium o plus in effectu. Así las cosas, para determinar si estamos ante la comisión de un Homicidio Simple o de un Asesinato, siendo éste último una modalidad especialmente agravada del primero, debemos establecer la diferencia entre el ánimo de matar,“animus necandi”,y el animo de lesionar,“animus laedendi o vulnerandi”. Para establecer la existencia del ánimo de matar dado que la intención o el conocimiento del sujeto activo del delito son hechos de conciencia, de carácter subjetivo, cuya existencia, salvo en los supuestos de confesión del autor, no puede acreditarse normalmente a través de prueba directa, es necesario acudir a un juicio de inferencia para afirmar su presencia sobre la base de un razonamiento inductivo construido sobre datos fácticos debidamente acreditados. Esa inferencia debe aparecer de modo expreso en la sentencia y debe ser razonable, de tal manera que la conclusión obtenida acerca de la intención del sujeto surja naturalmente de los datos disponibles. Esa razonabilidad es precisamente el objeto del control casacional cuando la cuestión se plantea como aquí lo hace la Recurrente. Su expresión precisará de un mayor o menor razonamiento en función de las características del caso en concreto. A estos efectos para afirmar o no la existencia del ánimo propio del delito de Asesinato, el Juzgador debe realizar un examen y ponderación de los actos, anteriores, coetáneos o posteriores al suceso, que pueden revelar la exteriorización de la interna y verdadera intención del agente, siendo, de ordinario, tales actos: a) las palabras que precedieron a la agresión, la acompañaron o la sucedieron, así como toda clase de manifestaciones escritas, verbales o mímicas; b) los antecedentes del hecho y las desavenencias, resentimientos o discusiones habidas entre los protagonistas del suceso; c) el carácter pacífico o inofensivo o agresivo y pendenciero del culpable, así como su conducta y antecedentes; d) el arma empleada, sus características, capacidad vulnerante y normal letalidad; e) la región corporal, más o menos vital, atacada; f) la índole, extensión, profundidad y diagnóstico de las heridas; g) la multiplicidad o soledad de los golpes; h) el vigor, energía o saña con que se manejó el arma y se infirieron las heridas; e i) cuantas circunstancias rodearon el hecho y permitan formar su convicción respecto a su exacta dimensión y deseado alcance. V. Un examen detenido de los hechos contenidos en la motivación fáctica de la sentencia impugnada, revela que el procesado acudió al lugar donde se encontraba la víctima acompañado de otro individuo conocido como S. A., y que tras una plática que entablará el encartado con la hoy difunta en el momento en que esta procedió a despedirse de los mismos, el otro individuo conocido como S. A. la agarro con fuerza, la halo y el Imputado R. A. H. H. le pego ocho machetazos en el cuello y la cabeza lo que en una relación de causa-efecto le produjo la muerte. En el caso bajo examen, esta Sala constata que el Tribunal Sentenciador, al calificar los hechos como un Homicidio Simple, se basa fundamentalmente en el poder ofensivo del instrumento utilizado, es decir un arma blanca, pero olvidó analizar y ponderar otras circunstancias que de los mismos hechos probados se derivan para llegar a la conclusión de que el encausado actuó con premeditación en la intención de matar a la Ofendida. Sobre este particular se destacan circunstancias de especial importancia: el encartado lleva a cabo la acción con un acompañante, usan fuerza sobre la ofendida y cuando ésta última cae al suelo, el procesado, centra su objetivo sobre la cabeza y el cuello de la ofendida, donde se ubican órganos cuya afectación mediante el instrumento utilizado (machete), puede derivar con una alta probabilidad en la pérdida de la vida humana. Del relato fáctico de la sentencia se desprende que el reo efectivamente acomete en contra de la humanidad de la ofendida, y que la hiere en una zona vital de su cuerpo, infiriéndose sin atentar contra la intangibilidad de los hechos probados, que al momento de desplegar su acción afectó la piel, músculos y vasos sanguíneos importantes localizados en el cuello y la cabeza, provocando inmediatamente la muerte de la Señora O. D. C. W. Con los Hechos Probados de la sentencia se puede concluir que el actuar del Imputado iba dirigido a matar a su víctima con toda premeditación, lo que hace que el resultado sea más grave, y quepa la subsunción de su acción en la figura del Asesinato, tipificada en el Artículo 117 numeral 2 del Código Penal. Por todas las razones anteriormente expuestas, el Recurso de Casación interpuesto por la Censora, debe ser declarado Con Lugar en su Primer Motivo, y como consecuencia natural y lógica de ello, también el Segundo por tener entre ellos una íntima conexión. VI. Expuesto lo anterior, ahora debemos razonar en torno al quantum de la pena privativa de libertad imponible al procesado R. A. H. H.. El Artículo 117 del Código Penal sanciona al Autor del Asesinato con la pena de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión, y cuando se cometiese mediante pago, recompensa o promesa remuneratoria, o se acompañase de robo o violación, la pena será de treinta (30) años a privación de por vida de la libertad. El Artículo 69 del Código Penal establece que el juez determinará en la sentencia la pena aplicable al indiciado dentro del máximo y el mínimo señalado por la ley para cada delito y las circunstancias en que el mismo se haya cometido. Para ello tendrá en cuenta sus antecedentes personales, su mayor o menor peligrosidad, las circunstancias atenuantes y agravantes que hayan concurrido en el hecho apreciadas tanto por su número como, sobre todo, por su magnitud e importancia, y la mayor o menor extensión de los males producidos por el delito, en particular los de naturaleza económica. Un examen detenido del expediente judicial, no revela que el procesado R. A. H. H. haya sido condenado anteriormente por la comisión de otro delito, doloso o culposo, por lo que debe considerarse un primo delincuente, lo que unido a las circunstancias en que los hechos tuvieron lugar, nos lleva a la conclusión de que no es un individuo peligroso, amen de que no se aprecian otras circunstancias agravantes. Atendiendo a las consideraciones antes apuntadas, esta Sala considera que resulta procedente aplicar al encartado R. A. H. H. la pena en su extensión mínima de Veinte Años (20) años de reclusión que deberá cumplir en el Centro Penitenciario en el cual se encuentra actualmente recluido, y las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la condena. Por otro lado, resulta aplicable en este caso lo dispuesto en el artículo 105 del Código Penal, en cuanto a que todo aquel que incurra en responsabilidad penal por un delito lo es también civilmente, correspondiendo al Juez competente en fase de ejecución de la condena la determinación de la responsabilidad civil ex delicto. Finalmente, cabe exonerar del pago de las costas personales como procesales al encartado, ya que ha sido traído al proceso contra su voluntad y ha tenido motivos racionales para oponerse a la hipótesis acusatoria formulada por el Ministerio Público, y por ende su oposición constituye una manifestación del ejercicio del derecho fundamental a la Defensa, consagrado en el Artículo 82 de la Constitución de la República. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360, 363, 367 del Código Procesal Penal y 117 numeral 2 del Código Penal. FALLA: I.- Declarando CON LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley Penal Sustantiva, en sus Dos Motivos, interpuesto por la Recurrente, en su condición indicada. II.- Casando la sentencia pronunciada por el Tribunal de Sentencia del Departamento de Olancho, con sede en la Ciudad de Juticalpa, en fecha veinte de marzo de dos mil doce (2012), manteniendo incólume el relato de Hechos Probados. III.- Declarando responsable al Imputado R. A. H. H. de generales conocidas, del delito de ASESINATO, en perjuicio de quien en vida fuera, la Señora O, D. C. W.. IV.- Imponiendo al procesado la pena privativa de libertad de Veinte (20) años de reclusión que deberá cumplir en el Centro Penal de Juticalpa, Departamento de Olancho. V.- Imponiendo las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la condena. VI. Declarando la procedencia de la Responsabilidad Civil. VII.- Exonerando del pago de las costas personales y procesales al imputado R. A. H. H. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales pertinentes.- REDACTÓ EL MAGISTRADO Z. M.. FIRMA Y SELLO.- M. V. Z. M..- MAGISTRADO COORDINADOR.- J. C. H..- MAGISTRADO.- C. D. C. V..- MAGISTRADO.- L. C. M..- SECRETARIA GENERAL.-”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de Mayo del año dos mil quince.- Certificación de la Sentencia de fecha catorce de abril de dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No.S.P.243=2012.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] DE DIEGO DIEZ, ALFREDO. MANUAL DE DERECHO PENAL. PARTE ESPECIAL VOLUMEN 1. PAG 24