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Sentencia CP-236-11 — Registro 5424

Resumen

En primer instancia se absolvió al imputado por el delito de lavado de activos, resolviendo en segunda instancia Sin Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...esta Sala de lo Penal se ve obligada a analizar el seguimiento de las formas desde dos aspectos: el primero, desde el cumplimiento de los requerimientos para la realización de una asistencia judicial; y, el segundo, desde el cumplimiento de los requerimientos para la incorporación al debate de un medio de prueba pericial. En tal sentido, y analizando el primero de ambos aspectos, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en su artículo 18 establece las exigencias de autoridad, forma y contenido, que han de cumplirse para que se lleve a cabo una asistencia judicial, siendo las que más atañen al caso sub examine, las contenidas en los numerales 13, 14, 15.e respectivamente determinan que: a) Cada país designará una autoridad central encargada de recibir solicitudes de asistencia judicial recíproca y facultada para darles cumplimiento o para transmitirlas a las autoridades competentes para su ejecución; b) La solicitud se hará por escrito y sólo excepcionalmente en caso de urgencia se admitirá la petición oral; y, c) Dentro del contenido se establecerá, además de la práctica que se solicita, la identidad, ubicación y nacionalidad de toda persona interesada. En contraste con estos requisitos, a pesar de que en Honduras, esa autoridad designada para formular la petición escrita, es el Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia; la solicitud del peritaje ha sido atribuida exclusivamente al Ministerio Público. Por lo anterior, aunque la realización del peritaje se hubiese solicitado en la forma debida (escrita u oral, según lo ameritaba el caso), a efecto de que facultara al funcionario que habría de realizarlo y éste lo hiciera dentro de los límites de pertinencia, utilidad y proporcionalidad que demanda el ordenamiento interno[3], queda en evidencia que no se ha respetado el principio de autoridad, como presupuesto de seguridad jurídica ante la intervención de funcionarios e instituciones extranjeros en la práctica del medio de prueba. Por otra parte, el Ministerio Público, pareció también obviar que en aras de la transparencia que hace efectiva la igualdad de armas en el proceso y con ello, la efectividad del principio de contradicción y la eficacia del derecho de defensa, el artículo 151 del Código Procesal Penal en su párrafo segundo establece, la obligación de notificar las resoluciones, a quienes podrían resultar perjudicados por las mismas, aunque no sean partes en el proceso, así como, a quienes se refieran si así se manda y ello es posible; por lo que resultaba imperativo, consignar el nombre de los imputados y su situación jurídica, así como el de los profesionales del derecho que se habían personado para representarlos en su defensa, en sintonía con el requerimiento de contenido establecido en la Convención y al que hemos hecho alusión. El incumplimiento a estas formalidades no permite que el dictamen pericial se entienda producido por vía de la asistencia judicial como mecanismo de cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional. En cuanto al segundo de los aspectos, el artículo 240 del Código Procesal Penal establece quiénes son las personas que pueden actuar como Peritos y además de establecer los requisitos de idoneidad que surgen de los conocimientos que sobre la profesión, arte o técnica de que se trate y que sea regulada por la ley, haya adquirido de manera formal o empírica; este artículo, en su último párrafo también establece, la obligación de que su condición de perito haya sido designada por autoridad competente. En el presente caso, en la realización del peritaje no se ha puesto en entredicho esa idoneidad; sin embargo, al haberse evidenciado que la designación del perito adoleció de las formalidades debidas para ser considerado legítimo en una asistencia judicial, al tenor de la Convención de Naciones Unidas consta el Crimen Organizado Transnacional; es necesario analizar si dentro de la normativa procesal penal la designación realizada por el Ministerio Público para que un perito extranjero realizara el dictamen pericial, resulta válida. El artículo 242 del Código Procesal Penal es la norma específica que establece la autoridad competente para realizar la designación de peritos en las distintas etapas. Queda claro de su texto que antes de judicializarse una causa, la designación es del Ministerio Público; pero una vez judicializada, es el Juez de Letras o el Tribunal de Sentencias correspondiente, según la etapa en que se encuentre, el llamado a realizar tal designación. Ahora bien, a ninguna de estas tres autoridades, se le exime de poner en conocimiento de las partes, la selección del perito o peritos ya que han de considerarse las sugerencias de las partes para su nombramiento y cantidad; y, además una vez que el perito designado le informe la fecha en que procederá a practicar las actuaciones propias de la pericia, la autoridad designante, como regla general, ha de comunicar a las partes para que puedan presenciar su práctica, teniendo que fundamentar el no hacerlo, en la carencia de utilidad procesal o que el perito haya justificado que podría perjudicar el buen éxito de la pericia. De lo anterior se desprende, que no basta con el conocimiento previo de la toma de muestras que hayan tenido las partes, para hacer efectivo el cumplimiento del principio de contradicción; sino que éstas han de conocer también los datos sobre la persona nombrada como perito, para poder hacer efectivo el derecho a recusar al perito o interponer una causa legal de incapacidad; así como, la acreditación de experticia en el tema, para tener la seguridad de su idoneidad; y además han de conocer el momento en que se realiza la pericia, para hacer efectivo el derecho de defensa tal y como lo dispone el artículo 14 del Código Procesal Penal, ya que es un acto del proceso que incorpora elementos de prueba, en el que puede intervenir un consultor técnico que asista a cualquiera de las partes sobre la ciencia, arte, técnica o especialidad de la que trate el dictamen, estando obligado el perito a consignar las observaciones que en su caso formule. III.- Es importante señalar, que el Ministerio Público envió al Doctor H. P. para que presenciara el desarrollo de la evaluación pericial, olvidando que su deber de objetividad imponía que respetara los derechos de los imputados y velara por la correcta aplicación de las leyes penales, que en este caso obligaba a poner en conocimiento de la parte investigada, la realización de la pericia. Finalmente, la presencia del Doctor P. en el desarrollo del debate, en ningún momento puede suplir la del perito designado y para que se ejerciera la garantía judicial mínima de tener la posibilidad de interrogarlo, en caso de no poder verificar su traslado al país, pudo perfectamente, hacer uso de la asistencia judicial, tal y como lo dispone el artículo 18.18 de la Convención referida, mediante el uso de la video conferencia. En consecuencia, el no haber comunicado a las partes, la designación del perito, el momento y lugar en los que se desarrollaría la pericia; así como, no haber traído al perito a ratificar su dictamen en la audiencia de debate, sometiéndolo al interrogatorio y contrainterrogatorio, produjo en el caso sub examiné, la infracción de garantías judiciales mínimas como ser el principio de contradicción y del derecho de defensa, como parte del debido proceso. Dicho lo anterior, la declaración de nulidad y exclusión del acervo probatorio efectuada por el Tribunal de Sentencia, en el presente caso, responde a su rol garante de derechos fundamentales en el proceso penal; y, en consecuencia, procede desestimar el Recurso de Casación…..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de abril del año dos mil quince, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO en su calidad de Coordinador, JACOBO CALIX HERNANDEZ y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha cuatro de marzo del año dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual ABSOLVIÓ a los señores J. M. M. C. y A. V. V. G., del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de la ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS.- Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, la Abogada S. H. R., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público.- SON PARTES: La Abogada M. E. G., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente, y el Abogado F. O. M., en su condición de Apoderado Defensor de los señores J. M. M. C. Y A. V. V. G., como parte recurrida. HECHOS PROBADOS ÚNICO: El catorce de mayo de dos mil diez, los señores J. M. M. C. y A. V. V. G., a bordo de una aeronave (avioneta) marca Cessna 336, serie 3360179, matrícula mexicana XB—HDN, al mando del primero, y el segundo como acompañante, salieron del aeropuerto de Pachuca, en el estado de Hidalgo de la República de México, rumbo al aeropuerto La Mesa de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, Honduras, con el propósito e entregar la misma al señor B. R. B., que días antes, la había adquirido mediante compra a la empresa Rutas Aéreas Mayas, y para la cual laboraba como piloto el señor M. C., realizando una escala técnica en el aeropuerto de Tapachula, Chiapas, México. Al día siguiente, prosiguieron con su ruta original y cuando sobrevolaban el espacio aéreo de Guatemala, la avioneta, presentó desperfectos mecánicos, lo que motivó a su piloto a aterrizar en el aeropuerto La Aurora de aquel país, donde permaneció por cinco días y una vez efectuadas las reparaciones de rigor, el veinte de mayo del referido año, se dirigieron al aeropuerto de San Pedro Sula, Cortés, sobrevolando el territorio nacional y aterrizando en dicho aeropuerto, a eso de las cinco de la tarde, sin contar con los permisos de las autoridades respectivas”. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- La recurrente Abogada S. H. R., formalizó su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. PRIMER MOTIVO: El sentenciador dejó de considerar prueba de valor decisivo en la litis, dando como resultado la absolución de los acusados J. M. M. C. y A. V. V. G.. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Al examinar el fallo censurado, observamos que la prueba de valor decisivo que excluyó el Juzgador es: el medio de prueba pericial consistente en análisis de en espectrometría de iones de las muestras tomadas a la avioneta cessna 336 ski master bimotor, serie 10-360-A, matrícula mexicana XB-HDN, realizado en la República de El Salvador a través de asistencia judicial de ese país, diligencia que fue practicada en presencia del Doctor H. P., toxicólogo adscrito a la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público de Honduras, y donde se obtuvo como resultado que la muestra número 4, que fue tomada en los asientos intermedios de la avioneta dio positivo en ANFETAMINA, concluyendo que los asientos intermedios de dicha avioneta, han estado en contacto con la droga en mención, pues con dicha probanza, según el A quo, solamente se acreditó que: Al no haber puesto en conocimiento de la defensa la práctica del análisis de espectrometría de iones, realizado mediante una solicitud de asistencia judicial en El Salvador, cuando la causa ya se encontraba judicializada, es un vicio que afecta la legitimidad de dicha prueba, convirtiéndola en ilícita, pues se practicó obviando el procedimiento contemplado en la norma procesal, estimando que no puede valorarla, ni la que se desprenda de dicha diligencia, que en el presente caso es la declaración rendida en juicio por el Doctor H. D. P.. Señalando además en el apartado segundo, tercer párrafo de la fundamentación jurídica del fallo, que en el caso de merito no es objeto de controversia la obtención de las muestras, si no el hecho de que la realización de la pericia no se haya puesto en conocimiento de la defensa, por lo que hubo una lesión al derecho de defensa y de contradicción; asimismo indican los juzgadores, señalando al doctrinario español VIVES ANTÓN; que “los derechos fundamentales delimitan el camino a seguir para obtener conocimientos judicialmente válidos, que los obtenidos con vulneración de tales derechos habrán, en todo caso de rechazarse, no es sólo que su “verdad” resulte sospechosa, sino que ni siquiera puede ser tomada en consideración”. Sin embargo, no obstante a ser ciertas las circunstancias tomadas en cuenta por el Juzgador, de acuerdo a lo establecido en el Código Procesal Penal; no es menos cierto que excluyó aspectos importantes a ser tomados en consideración en la práctica de la prueba: a) Es importante indicar que en el apartado séptimo de la valoración de la prueba, se alude a que compareció a ese tribunal el doctor C. H. P., Perito toxicológico de Ministerio Público; quien fue el facultativo encargado de levantar las muestras (hisopado) del interior de la aeronave CESSNA 336, Skymaster, bimotor, matrícula mexicana XB, que luego fueron sometidas a análisis en El Salvador. El perito expuso el procedimiento utilizado para levantar las muestras, manifestando que en el momento de realizar tal diligencia se encontraba el apoderado defensor de los imputados. Asimismo que se permite establecer que esas muestras se recolectaron observando el procedimiento previsto en la Ley, ya que hubo participación de todas las partes procesales, pero no obstante lo anterior, los siguientes pasos que culminaron en el resultado del análisis realizado en El Salvador, no fue puesto en conocimiento de la defensa, razón por la cual el Tribunal descarta tal resultado por considerarlo ilícito. En relación a lo anterior, la práctica de este tipo de diligencias que es realizada en la etapa preparatoria del proceso, tal como lo indica el artículo 242 del Código Procesal Penal, en relación a la designación de Peritos, donde el Tribunal de Sentencia competente y durante la etapa preparatoria, el Ministerio Público o el Juez con conocimiento de las partes, cuando se haya de practicar prueba pericial seleccionarán los peritos; asimismo de acuerdo a lo establecido en el artículo 273 numeral 3 del Código Procesal Penal, se considera atribución del Ministerio Público realizar pericias en todos los campos de la Criminalística y de la Medicina Forense; y que para la realización de tal actividad, la Fiscalía no necesita autorización judicial, salvo cuando pueda afectarse un derecho garantizado por la Constitución de la República y los Tratados Internacionales de los que Honduras forme parte, y siendo que requisas como la ya expresada no están comprendidas en este último supuesto, lo que aunado a que el levantamiento de muestras en los asientos intermedios de la avioneta descrita, se hizo en presencia del defensor de los imputados, tal como lo indicó el Doctor C. P., quien practicó tal operación científica. Es importante señalar que desde el momento que la defensa tuvo conocimiento del levantamiento de las muestras, estaba enterada de que las mismas tenían que ser analizadas y es el procedimiento que todos los defensores deben de conocer, que en el momento del levantamiento de evidencia donde sea necesaria su presencia, se pondrá en su conocimiento; no así en el análisis que realizan los Peritos, ya que ni el Fiscal asignado al caso concreto lo está. Cuando se cuenta con el resultado de análisis realizado como parte del proceso y en estricto apego a los principios de contradicción y de defensa, el artículo 124 del Código Procesal penal establece que cuando el Fiscal o alguna de las partes considere necesario ser asistido por un consultor en una ciencia, arte, técnica o especialidad, lo deberá proponer al órgano jurisdiccional; asimismo indica que en los debates podrá acompañar a quien asista, interrogar directamente a los peritos, traductores y elaborar conclusiones sobre la prueba pericial, siempre bajo la dirección de quien lo haya propuesto. De lo antes expuesto, se hace patente que no existe regulación normativa en la cual se señale que las partes presenciarán el trabajo realizado por los peritos; sin embargo estos describen los procedimientos utilizados para realizar sus análisis. En el momento de la ratificación de sus pericias pueden ser interrogados por las partes y por los consultores técnicos que hayan sido propuestos. b) En cuanto al alegato de la defensa en la fase incidental del Debate en cuanto a la puesta en conocimiento del Ente Acusador de la práctica de la diligencia antes indicada, tal parte procesal no demostró ante el Tribunal que su alegato fuese cierto. Es de hacer notar que existen fallos en los cuales se han hecho pronunciamientos al respecto: “La defensa planteó durante la fase incidental del debate, un incidente de nulidad considerando que se han vulnerado garantías constitucionales. ..., indicaremos que a criterio del Tribunal, el Ministerio Público si se encontraba facultado para ordenar la pericia siempre que fuera con conocimiento de las partes, tal como lo autoriza el artículo 242 del Código Procesal Penal. Al respecto no fue demostrado que la defensa no tuviera conocimiento sobre la orden de realizar dicha pericia, habida cuenta que cuando se tomaron las muestras para la posterior realización de la pericia, se encontraba presente el Abogado ...., en su condición de defensor de los imputados y por ende, tenía conocimiento de la extracción de muestras, las cuales lógicamente servirían para hacer una pericia posteriormente; aunado al hecho de que, en todo caso, quien alega la vulneración del proceso es quien deviene obligado, no solo a alegar, sino también a probar la misma”[1]. Es por ello y tomando de referencia los hechos probados de la sentencia los cuales una vez armonizados con la prueba que hemos señalado anteriormente como excluida, estimamos que el Juzgador ha actuado apáticamente al contenido de la pruebas recibida y citada anteriormente, cuyo contenido es decisivo para la decisión del presente asunto y que al haberla excluido el Tribunal, hace que se emita un fallo que no solo genera el vicio in procedendo citado, sino que, peor aún, lesiona la finalidad del proceso penal como es el logro de la justicia penal expedita, tendiente al esclarecimiento de la verdad. En consecuencia el Ministerio Público como recurrente es del firme criterio, que habiéndose dejado de considerar prueba de valor decisivo, puesto que el Juzgador valoró que no se siguieron las formalidades establecidas para la práctica de la diligencia de espectrometría de iones, se convierte en prueba ilícita, vulnerando garantías constitucionales y por ello dictó una sentencia absolutoria a favor de J. M. M. C. y A. V. V. G., evidenciando el fallo impugnado, que en su resolución no fue considerado que se siguieron los parámetros establecidos en la normativa procesal, estando facultado el Ministerio Público para la práctica de la diligencia, en la etapa preparatoria del proceso, en la cual tuvo conocimiento la defensa de los imputados por estar presente en el levantamiento de las muestras; para fundamentar su fallo, pues de haber sido así, basta hacer una inclusión mental hipotética en el caso que nos ocupa y se reflejará que el fallo hubiese sido diferente. En este sentido solicitamos que se declare con lugar el presente motivo por ser éste procedente y en consecuencia se case la presente sentencia; advirtiendo que no se efectuó reclamación previa alguna a éste momento, en virtud que el vicio se produjo en el acto de sentenciar”. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA EN SU PRIMER MOTIVO, INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PUBLICO, CONTRA LA SENTENCIA DE FECHA CUATRO (04) DE MARZO DE DOS MIL ONCE (2011), DICTADA POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES; POR HABER DEJADO DE CONSIDERAR PRUEBA DE VALOR DECISIVO EN LA LITIS, DANDO COMO RESULTADO LA ABSOLUCION DE LOS ACUSADOS J. M. M. C. Y A. V. V. G..- PRECEPTO AUTORIZANTE ARTÍCULO 362.2 DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- I.- Plantea la recurrente que la prueba de valor decisivo que excluyó el Juzgador es el medio de prueba pericial consistente en análisis en espectrometría de iones de las muestras tomadas a la avioneta Cessna 336 Ski Master bimotor, serie 10-360-A, matrícula mexicana XB-HDN, realizado en la República de El Salvador a través de asistencia judicial de ese país, en presencia del Doctor H. P., Toxicólogo adscrito a la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público de Honduras. Objeta, que de acuerdo con el Juzgador no se siguieron las normas establecidas en el Código Procesal Penal, declarando la nulidad e ilegitimidad de dicha prueba, considera que el A-Quo debió tener en cuenta que la recolección de muestras si se realizó en Honduras, de acuerdo a lo establecido por la Ley, por un Perito Toxicológico que actuó en presencia del apoderado defensor y que el Ministerio Público tiene como atribución seleccionar los peritos, realizar las pericias en todos los campos de la Criminalística y de la Medicina Forense y que para la realización de tal actividad, la Fiscalía no necesita autorización judicial. Así mismo, consideró que la toma de muestras llevaba implícita la posterior realización de la pericia, por lo que el Abogado defensor debió asumirla. II.- EL RECURSO NO ES DE RECIBO.- La Constitución de la República establece un marco procesal constitucional, precisamente en el artículo 90, el derecho al debido proceso, el cual no es un derecho per se, sino que está conformado por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley; dentro de los cuales se contempla el derecho a la defensa, también reconocido constitucionalmente, en el artículo 82. Ambos derechos han sido elevados por el ordenamiento internacional[2], como garantías judiciales mínimas; lo que implica, que no se concibe que la potestad punitiva del Estado se ejerza sin que éstos derechos sean además de exigibles, efectivos. Para ello, el sistema procesal penal hondureño ha estipulado una serie de principios que rigen todo procedimiento, entre los que se encuentra el principio de contradicción. Teniendo esto como base, si bien es cierto, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, aprobada mediante Decreto Número 108-2003, cuyo ámbito de aplicación es la prevención, investigación y enjuiciamiento de delitos clasificados internacionalmente dentro de ese tipo de delincuencia; desarrolla la llamada asistencia judicial recíproca respecto de investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionados con los delitos comprendidos en dicha convención, entre los que se encuentra el delito de blanqueo de capitales, conocido también como lavado de activos, por el cual se acusó a los imputados; no menos cierto es, que dicha Convención enfatiza que dichas disposiciones se aplicarán sin menoscabo del derecho interno de los Estados Partes; es decir, siguiendo las disposiciones que aseguren el debido proceso. De tal forma, que cuando el artículo 18.3.e de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, establece la posibilidad de prestar asistencia judicial recíproca con el fin de facilitar evaluaciones de peritos; no cabe duda, que la legitimidad y consiguiente validez de la prueba obtenida a raíz de esa asistencia judicial, quedará supeditada al seguimiento de las formalidades que como medio de prueba son exigibles en el derecho interno. Sin embargo, cabe hacer notar que las asistencias judiciales de las que trata la Convención, también reviste de ciertas formalidades; y en tal virtud, esta Sala de lo Penal se ve obligada a analizar el seguimiento de las formas desde dos aspectos: el primero, desde el cumplimiento de los requerimientos para la realización de una asistencia judicial; y, el segundo, desde el cumplimiento de los requerimientos para la incorporación al debate de un medio de prueba pericial. En tal sentido, y analizando el primero de ambos aspectos, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en su artículo 18 establece las exigencias de autoridad, forma y contenido, que han de cumplirse para que se lleve a cabo una asistencia judicial, siendo las que más atañen al caso sub examine, las contenidas en los numerales 13, 14, 15.e respectivamente determinan que: a) Cada país designará una autoridad central encargada de recibir solicitudes de asistencia judicial recíproca y facultada para darles cumplimiento o para transmitirlas a las autoridades competentes para su ejecución; b) La solicitud se hará por escrito y sólo excepcionalmente en caso de urgencia se admitirá la petición oral; y, c) Dentro del contenido se establecerá, además de la práctica que se solicita, la identidad, ubicación y nacionalidad de toda persona interesada. En contraste con estos requisitos, a pesar de que en Honduras, esa autoridad designada para formular la petición escrita, es el Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia; la solicitud del peritaje ha sido atribuida exclusivamente al Ministerio Público. Por lo anterior, aunque la realización del peritaje se hubiese solicitado en la forma debida (escrita u oral, según lo ameritaba el caso), a efecto de que facultara al funcionario que habría de realizarlo y éste lo hiciera dentro de los límites de pertinencia, utilidad y proporcionalidad que demanda el ordenamiento interno[3], queda en evidencia que no se ha respetado el principio de autoridad, como presupuesto de seguridad jurídica ante la intervención de funcionarios e instituciones extranjeros en la práctica del medio de prueba. Por otra parte, el Ministerio Público, pareció también obviar que en aras de la transparencia que hace efectiva la igualdad de armas en el proceso y con ello, la efectividad del principio de contradicción y la eficacia del derecho de defensa, el artículo 151 del Código Procesal Penal en su párrafo segundo establece, la obligación de notificar las resoluciones, a quienes podrían resultar perjudicados por las mismas, aunque no sean partes en el proceso, así como, a quienes se refieran si así se manda y ello es posible; por lo que resultaba imperativo, consignar el nombre de los imputados y su situación jurídica, así como el de los profesionales del derecho que se habían personado para representarlos en su defensa, en sintonía con el requerimiento de contenido establecido en la Convención y al que hemos hecho alusión. El incumplimiento a estas formalidades no permite que el dictamen pericial se entienda producido por vía de la asistencia judicial como mecanismo de cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional. En cuanto al segundo de los aspectos, el artículo 240 del Código Procesal Penal establece quiénes son las personas que pueden actuar como Peritos y además de establecer los requisitos de idoneidad que surgen de los conocimientos que sobre la profesión, arte o técnica de que se trate y que sea regulada por la ley, haya adquirido de manera formal o empírica; este artículo, en su último párrafo también establece, la obligación de que su condición de perito haya sido designada por autoridad competente. En el presente caso, en la realización del peritaje no se ha puesto en entredicho esa idoneidad; sin embargo, al haberse evidenciado que la designación del perito adoleció de las formalidades debidas para ser considerado legítimo en una asistencia judicial, al tenor de la Convención de Naciones Unidas consta el Crimen Organizado Transnacional; es necesario analizar si dentro de la normativa procesal penal la designación realizada por el Ministerio Público para que un perito extranjero realizara el dictamen pericial, resulta válida. El artículo 242 del Código Procesal Penal es la norma específica que establece la autoridad competente para realizar la designación de peritos en las distintas etapas. Queda claro de su texto que antes de judicializarse una causa, la designación es del Ministerio Público; pero una vez judicializada, es el Juez de Letras o el Tribunal de Sentencias correspondiente, según la etapa en que se encuentre, el llamado a realizar tal designación. Ahora bien, a ninguna de estas tres autoridades, se le exime de poner en conocimiento de las partes, la selección del perito o peritos ya que han de considerarse las sugerencias de las partes para su nombramiento y cantidad; y, además una vez que el perito designado le informe la fecha en que procederá a practicar las actuaciones propias de la pericia, la autoridad designante, como regla general, ha de comunicar a las partes para que puedan presenciar su práctica, teniendo que fundamentar el no hacerlo, en la carencia de utilidad procesal o que el perito haya justificado que podría perjudicar el buen éxito de la pericia. De lo anterior se desprende, que no basta con el conocimiento previo de la toma de muestras que hayan tenido las partes, para hacer efectivo el cumplimiento del principio de contradicción; sino que éstas han de conocer también los datos sobre la persona nombrada como perito, para poder hacer efectivo el derecho a recusar al perito o interponer una causa legal de incapacidad; así como, la acreditación de experticia en el tema, para tener la seguridad de su idoneidad; y además han de conocer el momento en que se realiza la pericia, para hacer efectivo el derecho de defensa tal y como lo dispone el artículo 14 del Código Procesal Penal, ya que es un acto del proceso que incorpora elementos de prueba, en el que puede intervenir un consultor técnico que asista a cualquiera de las partes sobre la ciencia, arte, técnica o especialidad de la que trate el dictamen, estando obligado el perito a consignar las observaciones que en su caso formule. III.- Es importante señalar, que el Ministerio Público envió al Doctor H. P. para que presenciara el desarrollo de la evaluación pericial, olvidando que su deber de objetividad imponía que respetara los derechos de los imputados y velara por la correcta aplicación de las leyes penales, que en este caso obligaba a poner en conocimiento de la parte investigada, la realización de la pericia. Finalmente, la presencia del Doctor P. en el desarrollo del debate, en ningún momento puede suplir la del perito designado y para que se ejerciera la garantía judicial mínima de tener la posibilidad de interrogarlo, en caso de no poder verificar su traslado al país, pudo perfectamente, hacer uso de la asistencia judicial, tal y como lo dispone el artículo 18.18 de la Convención referida, mediante el uso de la video conferencia. En consecuencia, el no haber comunicado a las partes, la designación del perito, el momento y lugar en los que se desarrollaría la pericia; así como, no haber traído al perito a ratificar su dictamen en la audiencia de debate, sometiéndolo al interrogatorio y contrainterrogatorio, produjo en el caso sub examiné, la infracción de garantías judiciales mínimas como ser el principio de contradicción y del derecho de defensa, como parte del debido proceso. Dicho lo anterior, la declaración de nulidad y exclusión del acervo probatorio efectuada por el Tribunal de Sentencia, en el presente caso, responde a su rol garante de derechos fundamentales en el proceso penal; y, en consecuencia, procede desestimar el Recurso de Casación en su primer motivo. Continúa manifestando la recurrente en su: “SEGUNDO MOTIVO: Que al haber dictado el Juzgador, sentencia absolutoria a favor de J. M. M. C. y A. V. V. G., lo hizo valorando la prueba inobservando las reglas de la Sana Crítica. PRECEPTOS AUTORIZANTES: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del Artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Invocamos que en la sentencia ya referida adolece de vicio, pues se infringe el artículo 202 del Código Procesal Penal, que establece: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. En el caso examiné, el Juzgador al momento de dictar sentencia absolutoria en fecha (04) de febrero del 2011, respecto a los imputados J. M. M. C. y A. V. V. G., lo hizo incurriendo en violación a las reglas de la Sana Crítica; vulnerando la Regla Lógica en su Principio de Veracidad que integra el Principio de Razón Suficiente; y la de la Derivación en su apartado de Suficiencia, en la manera que a continuación desarrollamos: Para el Sentenciador la prueba de cargo resultó insuficiente para lograr la certeza de que los acusados hayan tenido como propósito viajar a Honduras, con el fin de entregar una aeronave vinculada a fines ilícitos, ya que en el contenido del fallo concluyó que: “…..se deduce que su propósito de viajar a Honduras, no era otro que entregar la aeronave al señor B. R. B., quien días antes había adquirido la misma mediante compra efectuada a la empresa Rutas Aéreas Mayas, de igual forma, que su permanencia en Guatemala, fue motivada por la avería que sufrió la aeronave cuando sobrevolaban el espacio aéreo de aquel país, advirtiéndose que contaban con la documentación de aeronavegabilidad propia de este tipo de vuelos, excepto la autorización para ingresar a nuestro país y aterrizar en el Aeropuerto La Mesa de San Pedro Sula, proceder que indudablemente amerita una sanción de orden administrativo, pero que bajo ningún concepto puede ser constitutiva de la figura delictiva por la cual fueron traídos a juicio”. De lo anterior, cabe citar entonces, que la única razón por la cual el Tribunal de Sentencia, absuelve a los encartados J. M. M. C. y A. V. V. G., es porque no se acreditó que la aeronave en la cual éstos se transportaban, fuese de dudosa procedencia y que el único objetivo era su entrega en Honduras al señor B. R. B., quien la había adquirido de manera legítima. Ante esta premisa, no podemos obviar que el Juzgador posea cierto grado de incipiente valoración fáctica, si éste únicamente se enfoca en “la entrega de una aeronave en Honduras que fue adquirida de manera legítima en una empresa mexicana”; sin embargo, al Juzgador, nuestra Norma Penal Adjetiva le manda que debe ir más allá, debiendo revisar y valorar la probanza allegada al juicio en su conjunto y de manera armónica, lo cual en el caso de mérito no sucede. Puesto que si bien es cierto, se presentó medios de prueba por parte de la defensa, como ser la declaración de los imputados; manifestando el señor A. V. V. G., que salieron del aeropuerto de Pachuca, México con destino al aeropuerto de Tapachula Chiapas México, para pasar por Migración y las condiciones del clima no eran buenas, por eso salieron el día siguiente e hicieron un plan de vuelo para el aeropuerto de Honduras y en el trayecto pasaron por el aeropuerto de Guatemala y se reportaron ahí, pero después la aeronave presentó problemas mecánicos y solicitaron autorización para aterrizar en Guatemala y como el problema era eléctrico y no tenían comunicación, el piloto M. realizó varias maniobras y como había mas aviones decidieron aterrizar y en el momento que lo hicieron, llegaron las autoridades de Guatemala, después llevaron la aeronave a un taller y siendo que era sábado dejaron dicha aeronave y el domingo les autorizaron el ingreso al taller y repararon el avión; luego realizaron el vuelo de prueba autorizado y después realizaron un nuevo plan de vuelo y cuando salieron para Honduras llegaron al aeropuerto, donde llegaron las autoridades y la aeronave fue fumigada, luego llegaron dos agentes, quienes les dijeron que los acompañaran, pero Migración les exigió que primero pasaran a registrarse, posteriormente él les preguntó a los Policías el por qué los detenían y le dijeron que no había problema, pero los interrogaron sobre la procedencia del avión y les dijo que una persona de nombre J. R., traería la documentación; a las preguntas del Fiscal manifestó, que no recuerda el número de la persona que llamó en ese momento; en relación a las preguntas de la defensa manifestó: que la finalidad de él de venir a Honduras era acompañar a “M.”, que traían toda la documentación para salir de México, que M. se comunicó con J. R. para que estuviera pendiente del vuelo que llegaría a San Pedro Sula, que él es comerciante y compra mercancía a algunas personas en Lima, Perú; que debe un préstamo en Banamex y que ese dinero lo obtuvo para comprar ropa. Posteriormente la declaración del imputado J. M. M. C., que es congruente con la suprarelacionada; quien manifestó que trabaja como Piloto en la empresa Rutas Aéreas Mayas y que tiene un contrato que no le exige permanencia, presentando un carnet emitido por la Dirección General de Aeropuertos de México, que le acredita como piloto, y el contrato de prestación de servicios profesionales del mismo con dicha empresa de fecha 04 de agosto del año 2009 y que en mayo del 2010, manifestando además que la empresa le asignó realizar el traslado de la aeronave para el aeropuerto de San Pedro Sula, que previo realizaron un plan de vuelo en donde establecieron la ruta a seguir y como conocía a A., le pidió que le acompañara, y salieron para Tapachula, Chiapas; que realizaron los trámites para cerrar el plan de vuelo y después el tiempo se puso malo y al día siguiente hicieron un nuevo plan de vuelo y salieron de Tapachula con destino a San Pedro Sula, pero en el paso de Guatemala la avioneta presentó problemas y no pudieron tener comunicación con nadie en dicho aeropuerto, logrando aterrizar en el aeropuerto La Aurora, donde se identificaron y les checaron todo, luego llegó un despachador para ofrecer sus servicios de plan de vuelo y les contactó a un señor que es dueño de un taller donde repararon la aeronave, pero como era un día sábado y el taller estaba cerrado, y fue hasta el jueves que se tuvo la aeronave en el taller y cuando estaba lista realizaron un vuelo de prueba, previamente autorizado en su plan de vuelo, después hicieron un plan de vuelo a San Pedro Sula, cuando llegaron al aeropuerto de Honduras, previa autorización, aterrizaron y luego llegó un Policía a tomar sus datos y una persona a Fumigar la aeronave, después el Policía les dijo que se podían retirar, cuando iban por la terminal dos agentes les pidieron que les acompañaran y ellos accedieron; sigue manifestando que los técnicos de Inspecciones Oculares hicieron su trabajo, para tal efecto el Ministerio Público presentó el acta respectiva; manifestando además, que como esa diligencia se realizó como a la una de la mañana, no encontrando nada; sin embargo, fue decomisada la aeronave y un video de seguridad donde aparece el correteo de dicha aeronave y el momento en que los imputados desabordan la misma; agregó que como a las tres de la mañana les remitieron para el Centro Penal y que a la fecha no sabían la razón de su detención; a las preguntas del Fiscal expresó: que le dijeron que le entregaría la avioneta a un señor de nombre J. R. y que lo haría en el aeropuerto de San Pedro Sula, Honduras; continúa el señor M. C., respondiendo a interrogatorio del Fiscal, aduciendo que no fue autorizado mediante documento a hacer dicha entrega, que sólo le habían asignado el vuelo y que realizó una llamada a la empresa para la cual trabajaba; a las preguntas de la defensa manifestó: que hace aproximadamente dos años trabaja con la empresa, que presta servicio de aviación y taxi aéreo, que le asignaron el vuelo porque sabe volar el avión, que no salió directo para Honduras porque el aeropuerto de Pachuca no es internacional, que el desperfecto mecánico se dio antes de pasar la frontera entre Honduras y Guatemala y que la avioneta estuvo cinco días en Guatemala y lo que le repararon fue los generadores eléctricos, también se ajustaron algunos cables del avión y del motor, realmente esta contradicción no abona nada para mermar credibilidad de los acusados, pues quien paga o no los desperfectos no puede conectarse con una maquinación para perpetrar el delito; asimismo, señala que el cierre del plan de vuelo consiste en que cuando un avión aterriza en un aeropuerto, se brinda información en la Dirección de aeronáutica Civil de los datos y hora de llegada. Igualmente, se recibió en debate la declaración del señor M. A. C. M.; Director de Aeronáutica Civil, quien expresó en relación a los hechos que una aeronave ingresó al territorio hondureño, con procedencia de Guatemala y que lo hizo sin permiso de sobrevuelo al país y se le aplicó una sanción por ello; a preguntas del Fiscal dijo que esa autorización consiste en que cuando una aeronave ingresa al país, la tripulación debe solicitar autorización y de no hacerlo se someten a la imposición de una sanción, que dicha autorización se puede solicitar 24 horas antes o en el momento de hacer el plan de vuelo, y que su responsabilidad finaliza una vez que la aeronave aterriza y luego entran en acción los Policías de Fronteras. El señor S. C. P. M., (prueba común Fiscalía -Defensa) dijo que el día del aterrizaje de la avioneta, estaba en servicio como controlador aéreo en el aeropuerto La Mesa de la ciudad de San Pedro Sula, que en el procedimiento se le dio a conocer al piloto las condiciones atmosféricas, aclarando que la comunicación sostenida con él, no implica la autorización para sobrevolar el espacio aéreo hondureño, pero que de acuerdo a las normas internacionales el controlador no puede parar el aterrizaje, también fue presentada al respecto acta de decomiso de la grabación de la comunicación, realizada en la oficina de control de Radar de la Dirección de Aeronáutica Civil y acta de decomiso realizado en el Aeropuerto Ramón Villeda Morales, de un video de seguridad donde aparece el correteo de la aeronave. También manifestó el imputado J. M. M. C. que entregaría en Honduras la avioneta al señor J. R., porque así lo había ordenado el señor B. R.. En relación a lo anterior, se puede observar que ambos imputados se refieren a un plan de vuelo elaborado para aterrizar en el aeropuerto La Mesa de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, Honduras; sin embargo, no se acreditó en el proceso que haya existido dicho plan, tomando en consideración lo señalado por el Controlador Aéreo en dicho aeropuerto, que dijo haber sostenido plática con el piloto previo a aterrizar, pero que eso no implicaba autorización para sobrevolar suelo hondureño y de acuerdo a lo señalado por el Funcionario de Aeronáutica Civil, la autorización debe pedirse por lo menos veinticuatro horas antes de proyectado el aterrizaje; sin embargo, aduce haber aplicado sanción administrativa, que es lo que corresponde de acuerdo a lo señalado por él; solamente fue presentada copia certificada del plan de vuelo de fecha 14 de mayo del año 2010, emitido por la Comandancia del Aeropuerto Internacional de Tapachula, Chiapas, México; además de otra copia certificada de plan de vuelo de fecha 15 de mayo del 2010, emitido por la Comandancia del mismo aeropuerto; sin embargo, el Juzgador le da credibilidad a dicho medio de prueba, señalando a la vez que el día siguiente se elaboró el plan de vuelo para viajar a Honduras, el cual en ningún momento se presentó, mismo que de haber existido lo hubiesen manifestado así las autoridades hondureñas; pues de ello deviene una interrogante sencilla; si se tenía Plan de Vuelo ¿Por qué no se pidió autorización para ingresar a Toncontín? En cuanto a lo que refiere en su declaración el señor M. C. B., en su condición de representante de la empresa Rutas Aéreas Mayas, quien manifestó que su objetivo era que se le devolviera la aeronave; asimismo, que el señor M. M. C. es piloto de la empresa que él representa y que fue designado para entregar dicha aeronave al señor B. R. B., quien días antes la había comprado a su representada y que éste había designado al señor J. R. para que reclamara dicha aeronave en Honduras y a la vez presenta un documento de compra venta de la aeronave, efectuada por el señor V. R. L. en fecha 30 de marzo del 2009, a la empresa Rutas Aéreas Mayas, contrato de compra venta de 26 de abril de 2010, en Pachuca México, donde el señor J. A.V. en su condición de representante de dicha empresa traspasa la aeronave a favor de B. O. B.; asimismo, una carta poder autenticada otorgada por el señor B. R. B. a favor del Licenciado M.C. B., para que en su nombre y representación comparezca ante las diferentes autoridades hondureñas, fotocopia autenticada expedida por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de Argentina al señor B. R. B., registrando sus movimientos migratorios y entre ellos su ingreso a México el 22 de abril 2010 y a Honduras el 15 de mayo del mismo año. Nos preguntamos, cuál era el objetivo de que la aeronave en mención fuese entregada en nuestro país, cuando se observa de la misma prueba de descargo que la persona que hace la transacción de compra venta de la aeronave a Rutas Aéreas Maya no tiene ningún vínculo en nuestro país, ni afectivo, patrimonial u otra índole; la persona a quien le otorga poder para que le represente ante las autoridades hondureñas, es de nacionalidad mexicana y a la vez dice ser representante de la empresa Rutas Aéreas Mayas; tampoco se acreditó con medio de prueba alguno que el señor R. B. B. hubiere delegado la responsabilidad de que se entregase la aeronave al señor J. R., de quien no se tiene información, más que lo dicho por los imputados y el Abogado M. C. B. en relación a que la aeronave se le entregaría a él en el aeropuerto de San Pedro Sula, por lo que no se sabe si realmente existe el señor R., ya que tampoco llegó a declarar en juicio. Cabe mencionar, que del andamiaje probatorio supra-señalado no se extrae cual era el objetivo entonces de que la aeronave fuese entregada en nuestro país, cuando la transacción presuntamente se hizo en México y el comprador tiene su domicilio en Argentina. También comparecieron a declarar los señores M. S. P. D. y J. A. M. H.; el primero mecánico de aviación, que realizó inspección en la aeronave y dijo que tiene dos compartimientos en sus motores y que no se encontró nada, y el último dijo limitarse a fumigar la aeronave y que en su interior observó maletines de uso personal. Por su parte, el agente H. A. A. M., de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico dijo que cuando procedieron a realizarle preguntas a los miembros de la tripulación de dicha aeronave, le dijeron que la traían para un funcionario del gobierno, por lo que con la finalidad de ayudarles se movilizaron a diferentes áreas del aeropuerto, constatando que no se encontraba ninguna persona esperándolos, además los tripulantes realizaron llamadas telefónicas a México y no les contestaron las mismas, por lo que tal circunstancia les llamó la atención, porque en días anteriores habían abandonado una avioneta; en cuanto a la prueba documental, la defensa presenta el acta de inspección ocular de la aeronave, en la que se establece que no se encontró ningún indicio o evidencia; se presentó además un estado de cuenta debidamente apostillado expedido por el Banco BANAMEX de México, certificando que el señor A. V. V. al 26 de agosto del 2010, mantiene un saldo pendiente con esa institución por la cantidad de diez mil novecientos treinta y un pesos con veintisiete centavos (10,931.27), también se presentó documentación expedida por la Unidad de Información Financiera (UIF), dependencia de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en la que se indica que los imputados no tienen ni han tenido aperturadas cuentas bancarias en Honduras, ni vinculación financiera a través de operaciones internacionales con personas o instituciones de Honduras; lo cual no desvirtúa que existen motivos irregulares en la presencia de la aeronave en un aeropuerto hondureño, en la cual el señor V.y M. formaban la tripulación. En relación a lo anterior, y en aplicación a las reglas de la lógica y las máximas de experiencia, no logramos dar razón alguna a la presencia de la aeronave con matrícula mexicana HB-HDN, marca Cessna, Skymaster 336, serie 336-0129, con motor de 210 HP, color blanco con rayas azules, en el Aeropuerto La Mesa de la ciudad de San Pedro Sula, cuando se hizo transacción de compra-venta de la misma en México y la empresa vendedora, es decir; Rutas Aéreas Mayas, no se sabe si existe legalmente en su país, ya que no se presentó escritura de constitución; asimismo, el comprador se encontraba en Argentina; por otra parte, no se acreditó que efectivamente dicha aeronave iba a ser entregada en Honduras. Por lo que no existe tesis que respalde la posición del Sentenciador, misma que vulnera el Principio de Veracidad que integra el Principio de Razón Suficiente, ya que incorpora en su valoración circunstancias que no fueron acreditadas en el juicio, porque en ningún momento llegó a declarar el señor J. R., no se presentó medio de prueba de su existencia, tampoco si la aeronave en cuestión iba a ser entregada en nuestro país. Contrario a ello, si se presentó por parte del ente acusador medios de prueba que demostraron la existencia de irregularidades en la presencia de la aeronave en el aeropuerto La Mesa de la ciudad de San Pedro Sula, como ser la declaración de los Funcionarios de la Dirección de Aeronáutica Civil, argumentando que no existía ninguna autorización para aterrizar en dicho aeropuerto; la cual es sustentada con prueba documental ya señalada y la declaración de los Agentes de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico. En respaldo de lo supraseñalado, y como se indicó en el motivo anterior, la prueba pericial incorporada, reúne las condiciones de admisión y valoración de acuerdo a lo establecido en el Código Procesal Penal; considerando que el análisis en espectrometría de movilidad de iones de las muestras tomadas a la avioneta Cessna 336 Sky Master bimotor, serie 10-360-A, matrícula mexicana XB-HDN, realizado a través de asistencia judicial, de la División Antinarcóticos del Laboratorio Técnico de la Policía Nacional de El Salvador, dio como resultado que la muestra número cuatro, tomada en los asientos intermedios de la avioneta en mención es positivo en ANFETAMINAS, por ende se concluyó que esos asientos han estado en contacto con la droga señalada. Por todo lo anterior, concluimos que el A-Quo, en la sentencia vulnera la regla lógica de la Derivación en su apartado de Suficiencia que exige que el proceso intelectivo de valoración de las probanzas se fundamente en una serie de inferencias que se desprendan del contenido de dichas probanzas y cuyo cúmulo indefectiblemente desembocan en una conclusión de absolver o condenar a los enjuiciados; y las máximas de Experiencia Común, como integrantes de la Sana Crítica, pues de la prueba evacuada se desprende que los acusados tenían conocimiento de las irregularidades que presentaba la avioneta; ingresaron al país sin estar autorizados para ello y sin tener un plan de vuelo; asimismo, en ningún momento se demostró lo vertido por ellos en su declaración de que la aeronave en cuestión sería entregada a una persona de nombre J. R.; y no se acreditó que la empresa que presuntamente hizo la venta de la aeronave exista legalmente, ya que no se acreditó su escritura de constitución, solamente compareció el Abogado M. C. B.; que adujo ser el representante legal de la empresa Rutas Aéreas Mayas, y a la vez presentó carta poder autenticada, otorgada por el señor B. R. B., quien actúa como supuesto comprador; para que en su nombre y representación compareciera, ante las autoridades hondureñas, por lo que no existe motivo alguno para que dicha aeronave aterrizara en aeropuerto hondureño, ya que el señor R. B. tiene su domicilio en Argentina y como ya se señaló no tiene ningún vínculo en nuestro país, por lo que no se considera que hayan existido elementos para que el Juzgador absolviera a los acusados, pues del andamiaje probatorio se acreditó sin lugar a dudas, que ellos han tenido participación en el delito de Lavado de Activos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de la Ley especial que regula tal acción ilícita. En consecuencia, el Ministerio Público como recurrente, es del firme criterio que se violentó en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica que le debe merecer al juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, tal y como lo expresa él artículo 202 del Código Procesal Penal, dejando de lado la valoración de prueba de una manera armónica y concatenada; no habiéndose reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto de la sentencia”. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA EN SU SEGUNDO MOTIVO, INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PUBLICO, CONTRA LA SENTENCIA DE FECHA CUATRO (04) DE MARZO DE DOS MIL ONCE (2011), DICTADA POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES; POR HABER DICTADO SENTENCIA ABSOLUTORIA INOBSERVANDO LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA.- PRECEPTO AUTORIZANTE ARTÍCULO 362.3 DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- I.- Plantea la recurrente, que el juzgador al momento de dictar sentencia absolutoria, lo hizo incurriendo en violación a las reglas de la Sana Crítica; vulnerando la Regla Lógica en su principio de veracidad que integra el principio de razón suficiente y la de la derivación en su apartado de suficiencia. Fundamenta su pretensión en que al no ser hondureños ni los imputados, ni el comprador de la avioneta y al no haber solicitado con antelación permiso para aterrizar en Honduras, no se ha justifica que el avión haya llegado hasta aquí y debió considerarse la comisión de un ilícito penal. II.- EL RECURSO NO ES DE RECIBO.- En su relación con otras ramas del ordenamiento jurídico, especialmente cuando se habla de la función que desarrolla a través de sus sanciones, se dice que el derecho penal tiene un carácter subsidiario o secundario; ya que la unánime afirmación de que el Derecho Penal constituye la última ratio entro los instrumentos de que dispone el Estado para garantizar la pervivenia de la sociedad, debería implicar, como lógica consecuencia, que el Derecho penal esté subordinado a la insuficiencia de los otros medios menos gravosos para el individuo de que dispone el Estado, medios que son más complejos y eficaces cuanto mayor es la intervención del Estado en la sociedad[4]. En el caso examiné, la acción de sobrevolar y aterrizar una aeronave en territorio hondureño sin previa autorización, fue sancionada con la multa tal y como lo dispone la Ley de Aeronáutica Civil. Es decir, que previo a la efectiva detención de los señores M. M. C. y A. V. V. G., el tratamiento que se le dio al hecho acontecido, fue la imposición de la sanción correspondiente a una infracción o ilícito administrativo, tal y como lo expresó el testigo M. A. C. M., Director Regional de Aeronáutica Civil. Posteriormente, cuando interviene el Ministerio Público se comienza la investigación por el delito de Lavado de Activos, desarrollado en una ley penal especial y caracterizado, como lo ha afirmado esta Sala de lo Penal[5], por la vinculación de esta actividad con otros delitos que suelen ser la fuente de los ingresos que se pretenden blanquear con una actividad posterior, de manera que suelen estar estrechamente relacionados, de tal suerte que será necesario demostrar el delito que dio origen al enriquecimiento, delito que en este caso se asoció al Tráfico Ilícito de Drogas y sustancias psicotrópicas, pero cuya único medio probatorio de sustento era el referido al dictamen pericial que al no haberse llevado a cabo con las formalidades requeridas para su validez y eficacia en un proceso penal garante de los derechos fundamentales, fue correctamente desechado del acervo probatorio por el Tribunal de Sentencia llamado a juzgar. En base a lo anterior, el hecho sólo y aislado de sobrevolar una aeronave y aterrizarla en territorio hondureño sin autorización no admite justificación que exima una sanción administrativa. Sin embargo, para que pueda imponerse una sanción penal, es el Ministerio Público como ente acusador del Estado, el llamado a vincularlo con un delito y acreditarlo con prueba obtenida de forma lícita y apegada a los requerimientos legales establecidos para su validez. La prueba de cargo restante que fue practicada en juicio y valorada por el Tribunal de Sentencia a efecto de emitir un fallo no vincula ese ilícito administrativo con un ilícito penal como el Lavado de Activos; y la no satisfacción del Ministerio Público, con respecto a las razones manifestadas por los imputados en relación al sobrevuelo y posterior aterrizaje. Efectivamente, en principio puede dar pie a una sospecha que justifique una investigación que para efectos de acreditar el ilícito debe contar con al menos prueba indiciaria que señale la participación de los acusados. De igual forma, si bien en principio se puede asumir que no es normal una transacción como las efectuadas con la avioneta de la causa, partiendo de que el comprador no reside en el país, ello no acredita la existencia del delito imputado, no siendo razones suficientes las expuestas por la recurrente para sustentar una sentencia condenatoria. En consecuencia, procede desestimar también este segundo motivo de casación interpuesto por el Ministerio Público. POR TANTO.- LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y, 362 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO Declarando SIN LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en sus dos motivos, interpuesto por el Ministerio Público por conducto de la Fiscal Abogada S. H. R..- SEGUNDO: Se declara firme y ejecutable la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil once (2011).- Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- Redactó: EL MAGISTRADO CALIX HERNANDEZ.- NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL.-”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de Mayo del año dos mil quince.- Certificación de la Sentencia de fecha catorce de abril del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No.S.P.236=2011

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] TST/FM- (8) – 282-2009. Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán; Sala Cuarta.- Sentencia de fecha 1 de diciembre del año 2009.

[2] Véase. Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

[3] Véase. Artículo 199 párrafo tercero del Código Procesal Penal de Honduras. Decreto 9-99-E.

[4]Véase. Berdugo Gómez de la Torre, Ignacio; Arroyo Zapatero, Luis; García Rivas, Nicolás; Ferré Olivé, Juan Carlos y Serrano Piedecasas, José Ramón Lecciones de Derecho Penal Parte General. Editorial Praxis. Barcelona, España. 1996. Página 11.

[5] Corte Suprema de Justicia de Honduras. Sala de lo Penal. Casación Penal S.P. 182-2009, de fecha 24 de agosto de 2010.