Sentencia CP-23-13 — Registro 5452
Resumen
En primera instancia se decretó el sobreseimiento definitivo a los acusados por el delito de estafa, resolviendo en casación Sin Lugar el recurso.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"... RESULTA: Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la admisión del recurso de mérito. CONSIDERANDO (1): Que mediante sentencia de fecha cuatro de junio del año dos mil doce, la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, haciendo suyos los hechos declarados probados por el Juzgado de Letras y descritos en el preámbulo del presente fallo, emitió sentencia declarando sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado M. S. en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público y por el Abogado N. G. M. F. en su condición de representante de la Procuraduría General de la República, contra el sobreseimiento definitivo dictado por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho de diciembre del año dos mil cinco. CONSIDERANDO (2): Que el Ministerio Público fundamenta su motivo de casación por infracción de ley, al estimar que la Corte de Apelaciones ha incurrido en error de hecho en la apreciación de la prueba que resulta de actos o documentos auténticos. Señala como esos actos o documentos auténticos, específicamente, las conclusiones que emanaron de las inspecciones realizadas a diversas instituciones estatales, como la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Banco Central de Honduras, Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil, que pese a su contenido auténtico no fueron valorados por el Tribunal de alzada; y que de haberse tenido en consideración hubiesen acreditado la comisión del delito de Estafa contemplado en el artículo 240 del Código Penal; ya que de ellas se determina que los imputados realizaron operaciones con partes relacionadas, otorgándoles créditos en condiciones preferentes, evidenciando con ello un manejo inadecuado en la cartera crediticia, ocasionando con ello un perjuicio patrimonial para las personas que tenían sus ahorros depositados en dicha institución. CONSIDERANDO (3): Que el error de hecho, como causal para el alegato del motivo de casación por infracción de ley contemplado en el artículo 412.2 del Código de Procedimientos Penales, relacionado a la apreciación de las pruebas mediando errores de hecho, si esto resulta de documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación del juzgador, y no estuvieren desvirtuadas por otras pruebas, exige, tal y como lo ha manifestado esta Sala de lo Penal en su jurisprudencia[1] no sólo que el censor, que alegue este motivo, apartándose de los alegatos de instancia, indique cuál es el acto o documento auténtico que supuestamente ha de demostrar el equívoco del juzgador y confronte la apreciación judicial en que señala se ha incurrido el error de hecho con documentos o actos que tengan la naturaleza de auténticos; sino que también exige no solo que se trate de un documento o acto auténtico que demuestren la equivocación del juzgador sino también que no estuvieren desvirtuados por otras pruebas, por ello esta Sala ha reiterado que para dar cabida al motivo de casación invocado por el impetrante, se precisa la concurrencia de los requisitos siguientes: 1) Que se invoque error de hecho en la apreciación de las pruebas, con significación suficiente para modificar el sentido del fallo. 2) Que dicho error se evidencie mediante la cita de un documento o acto auténtico, designando con precisión aquellos aspectos que se opongan a la resolución recurrida; 3) Que el referido documento o acto auténtico se encuentre incorporado a la causa, lo que quiere decir que obre en ella, de tal manera que esta Sala pueda verificar lo mismo que hizo el Tribunal recurrido. 4) Que su eficacia probatoria no haya sido desvirtuada, desmentida o contradicha, merced a otras pruebas que obren igualmente en la causa, a lo que debe añadirse también el elemento denominado litera-suficiencia, que comporta que el documento o acto auténtico citados basten por sí mismos, sin necesidad de acudir a otros elementos de menor rango o de ínfima eficacia probatoria, para evidenciar el error que se denuncia, y que con ellos se pretende demostrar. En este sentido, y particularmente en lo que al cuarto de los requisitos antes mencionados se refiere, podemos afirmar que para su concurrencia es necesaria la denominada “autarquía demostrativa del documento o acto auténtico”, que ha de serlo en dos planos: A) El propiamente autárquico, lo que se ha venido denominando como litera-suficiencia, es decir, que no se precise la adición de otras pruebas para evidenciar el error, y B) Que no resulte contradicho por otros elementos de prueba obrantes en la causa, por ello el Tribunal de Casación Penal ha expresado “que se consideran documentos o actos auténticos para efecto de Casación, aquellos que, además de reunir las propias formalidades extrínsecas, constituyen en cuanto al fondo por sí mismos, la plena prueba e inatacable de la rigurosa e indubitada certeza de los hechos”;[2] de manera que la apreciación de otros elementos probatorios no restrinja la fuerza probatoria dimanada del documento o acto auténtico, requiriéndose en este caso que el documento o acto auténtico baste por si solo para generar la certeza y convicción del hecho, lo que no aconteció en el caso subjudice, por cuanto la decisión del Ad-Quem se basa en que como conclusión de la totalidad de la prueba presentada se deduce la posible tipificación del hecho como un ilícito administrativo pero ajeno a la esfera penal; y la inclusión de los actos que considera fueron obviados, no arrojarían a una conclusión diferente. CONSIDERANDO (4): Que aunado a lo anteriormente expresado, la censora realiza argumentos que tienden al análisis de la configuración del delito de ESTAFA tipificado en el artículo 240 del Código Penal; sin embargo, la vía seleccionada para recurrir el fallo, ha sido el numeral 2 y no el numeral 1 del artículo 412 del Código de Procedimientos Penales, como única vía que permite, desde la alegación de infracción de ley, la comprobación de la adecuación o no del hecho probado a un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter. Razones por las cuales procede la desestimación del Recurso de Casación interpuesto..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO PENAL.- Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de ley formalizado ante la Corte Suprema de Justicia, en fecha veintinueve de noviembre de dos mil trece, por la Abogada K. M. A. M., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en defensa y representación de los intereses generales de la sociedad, en relación a la causa instruida en fecha diecinueve de febrero de dos mil dos, ante el entonces Juzgado de Letras Primero de lo Criminal de Francisco Morazán, contra los señores C. C. C. en su condición de Presidente, S. R. C. G. en su condición de Vice-Presidente, N. C. C. en su condición de Tesorero, A. S. D. en su condición de Secretario, A. A. K. K. en su condición de Director Propietario, E. A. S. en su condición de Director Propietario, L. M. I. en su condición de Director Propietario de la Junta Directiva del BANCO HONDUREÑO DE CREDITOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA (BANHCRECER); CAUPOLICAN ZUNIGA MARADIAGA en su condición de Gerente General y GERMAN LICONA VEGA, en su condición de Sub-Gerente General de la institución bancaria antes indicada (BANHCRECER) por suponerlos responsables del delito de ESTAFA en perjuicio de los señores A. H. DE B., M. A. A. C., E. L. V. M., A. F. M., A. I. Y OTROS.- El Recurso de Casación se interpuso contra la sentencia de fecha cuatro de junio de dos mil doce, emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, que confirmó la sentencia de fecha ocho de diciembre del año dos mil cinco, dictada por el Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán, quien la redactó de la siguiente manera: 1) Declaró HA LUGAR lo solicitado por el impetrante Abogado L. A. M. R..- 2) REVOCÓ PARCIALMENTE EL AUTO DE FECHA DIEZ DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES, EN RELACION A LAS ORDENES DE CAPTURA LIBRADAS EN CONTRA DE LOS SEÑORES C. C. C. Y N. C. C. y DECRETO SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de los procesados C. C. C. y N. C. C., de generales conocidas, en la causa que se les siguió por suponérseles responsables en el delito de ESTAFA (Delito Formal o de simple actividad) en perjuicio de A. H. DE B., M. A. A., E. L. V.. M., A. F. M., A. IZAGUIRRE, y OTROS.- 3) COMUNICAR LA PRESENTE RESOLUCION A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA; 4) Dejar sin valor y efectos las órdenes de captura libradas en contra de los señores C. C. C. y N. C. C.”. RESULTA: Que en sentencia de fecha cuatro de junio de dos mil doce, la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, aceptó los hechos estimados y declarados probados por el A-quo, quien los redactó de la siguiente forma: “PRIMERO: Que durante el período de 1998-1999, los señores C. y N., ambos de apellidos C. C., ejercieron en la Junta Directiva de la sociedad BANCO HONDUREÑO DE CREDITOS Y SERVICIOS, S. A. (BANHCRESER) los cargos de Presidente y Director, respectivamente. SEGUNDO: Que durante el período indicado fungiendo en dichos cargos los procesados en la predicha Institución Bancaria, se hizo uso irregular de los Fondos de Disponibilidad Inmediata por un monto de $. 3.700,000.00, o sea de recursos provenientes de las Cuentas de Depósito en Moneda Extranjera, que por regulación del Banco Central de Honduras se manejan en bancos del exterior calificados de primer orden, recursos que no podían ser utilizados para garantizar créditos directos o indirectos de ninguna naturaleza u orden. Otorgamiento irregular de facilidades crediticias a las empresas relacionadas con dicha Institución Bancaria, mediante la apertura de sobregiros, excediendo el límite legal establecido para operaciones con partes relacionadas sin garantías específicas. Actuaciones cuestionables de Directivos y funcionarios en las empresas del grupo incluyéndose una Compañía Off-Shore, ANCRES LTS, constituida en la Bahamas; actividades que desarrollaron los administradores y algunos directores de BANHCRESER al margen de las regulaciones establecidas por el Banco Central de Honduras y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. TERCERO: Los hechos irregulares relacionados fueron los elementos que se utilizaron y facilitó a los Administradores y algunos directivos de BANHCRESER el camino para agenciarse recursos captados del público, que en muchos casos sirvieron para beneficiar las empresas relacionadas y personas relacionadas a la Institución Bancaria, al servir éste de puente-pantalla para la captación de los recursos obtenidos del público por cierto personal ejecutivo; como producto de ese manejo irregular en el orden administrativo, operacional y financiero de sus operaciones, condujeron a BANHCRESER a una crisis de solvencia y liquidez, dando como resultado su Liquidación forzosa en Resolución No. 451/13-6-2001 emitida el 13 de junio del 2001 por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros(CNBS) y lo que motivó también, a que el Banco Central de Honduras (BCH) en Resolución No. 156-6/2001 emitida en la misma fecha procediera a cancelar la Autorización para operar como Institución del Sistema Financiero a la sociedad BANCO HONDUREÑO DE CREDITOS Y SERVICIOS, S.A. (BANHCRESER), ejerciendo bajo la tutela de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero. CUARTO: Que el Ministerio Público como ente acusador, anteriormente, en respuesta a una solicitud de propuesta económica que le hizo la parte defensora, para lograr una solución aceptable y favorable para las partes involucradas, éste Ente aceptó esa propuesta, bajo el entendido de que fuese la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) a que con el documento que ésta expidiera de “finiquito”, expresando que el hecho que motiva o motivó el proceso, ha sido satisfecho a plenitud, se encontraría habilitado el Ministerio Público en ese caso para solicitar al órgano judicial conocedor del proceso la aplicación de alguna figura desjudicializadora como medio para resolver de manera irrevocable y con arreglo a la ley procesal el conflicto jurídico concreto, lográndose la reparación del daño causado, que en definitiva es la finalidad de la nueva de Bancos y Seguros (CNBS) en fecha el diecisiete de octubre del año dos mil cinco, informó que: 1.) “Dentro de la Cartera Crediticia de BANHCRESER, los señores C. C. C. Y N. C. C., accionistas y directo.res de esta entidad, no tienen deudas a título personal; sin embargo, son deudores de BANHCRECER las sociedades CRÉDITOS Y SERVICIOS S.A. (CRESER O CRESER-VISA), ARRENDADORA HONDUREÑA DE CRÉDITOS Y SERVICIOS S.A.(AHCRESER), INVERSIONES HONDUREÑAS DE CRÉDITOS Y SERVICIOS (INVERHCRES) Y PLAN VITAL, en las cuales los Señores C. C. son accionistas.- Que Dentro de los Créditos cedidos a esta institución bancaria por ANCRES, empresa off shore domiciliada en las Bahamas del mismo grupo BANHCRESER, no obra en poder de esta Liquidación ningún documento de deuda u obligación de cargo de dichos señores o de alguna de sus empresas”. SEXTO: Que conforme a los elementos de pruebas allegados por las partes a las diligencias se haya establecido que los imputados C. Y N. C. C. en lo relativo a su accionar como directores de la entidad BANHCRESER sus conductas humanas en manera alguna pueden o deben subsumirse en el ilícito penal que se les atribuye en razón de que si bien, existe entre BANHCRESER y el Estado de Honduras una deuda pendiente de cumplirse, misma que en manera alguna debe inferirse o colegirse como conducta merecedora de sanción penal puesto que ella proviene de una inyección de capital hecha por el Banco Central de Honduras a BANHCRESER deuda que nunca podría encajar ese actuar en el ámbito del derecho penal, por ser de naturaleza estrictamente administrativa, constituyendo esa obligación, si hubiese alguna responsabilidad que deducir, en el segundo presupuesto de lo que dispone el artículo 34-A del Código Penal.- Además, consta en las diligencias que la extinta institución BANHCRESER antes de que se procediere a su liquidación forzosa contaba con activos y bienes suficientes para responder a sus obligaciones con los usuarios en todos sus niveles haciendo así frente a sus obligaciones; y, desde su fundación y constitución estaba autorizada para realizar todas operaciones inherente a su giro social e inclusive la de captar recursos del público”.
RESULTA: Que en fecha veintitrés de octubre del años dos mil trece, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró sin lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. RESULTA: Que en fecha veintinueve de noviembre de dos mil trece, compareció ante la Corte Suprema de Justicia, la Abogada K. M. A. M., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, formalizando su Recurso de Casación por Infracción de Ley de la siguiente manera: EXPRESIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN. MOTIVO ÚNICO: “Haber incurrido la Corte de Apelaciones en Error de hecho en la Apreciación de la Prueba que resulta de Actos o Documentos Auténticos” PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el numeral 2 del artículo 412 del Código de Procedimientos Penales. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. Partiendo de los antecedentes antes señalados, evidenciamos que nuestro recurso de casación se centra específicamente en que en la causa de mérito, el Juzgador ha emitido un fallo absolutorio, sin embargo del análisis de las referencias procesales supramencionadas y específicamente de la motivación fáctica de la sentencia que ahora impugnamos, esta Oficina del Ministerio Público es del criterio que la misma se torna lesiva a la ley, ya que estima el representante de la sociedad que al haber arribado a esta conclusión el ente jurisdiccional inobservó el andamiaje probatorio de cargo evacuado en el proceso, pues de las resultas de la probanza incorporada, efectivamente se acreditó la comisión del ilícito de Estafa cometido en perjuicio de A. H. de B. y otros, como consecuencia de las operaciones bancarias irregulares y sin respaldo, realizadas por los procesados como miembros de la Junta Directiva de BANHCRESER. En tal sentido y siendo que el Ad quem se limitó a confirmar el fallo de primera instancia en lo relativo a la situación planteada, éste al igual que el primero, ha incurrido en error de hecho en la apreciación de la prueba, específicamente de las conclusiones que emanaron de las inspecciones realizadas a diversas instituciones estatales, como la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Banco Central de Honduras, Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil, las cuales fueron desvalorados por el Tribunal de Alzada, pese a que los mismos constituyen actos cuyo contenido es producto de un acto de carácter auténtico, al revestir los requisitos esenciales de: 1) Extrínseco: Por haber autorizado y ejecutado por Funcionarios Públicos en el ejercicio de sus funciones. 2) Intrínseco: en virtud que la prueba que se deriva de las inspecciones fueron efectuadas por el mismo ente juzgador, a efecto de constatar los hechos denunciados por el Ministerio Público, y de donde se desprende elementos objetivamente confiables, por no apreciarse ningún tipo de parcialidad hacia alguna de las partes involucradas. Partiendo de la supra indicada probanza que constituye el acto o documento auténtico que ha sido desvalorado por el juzgador, es que procedemos a desarrollar el presente recurso de Casación, donde la probanza en mención (inspecciones judiciales) resulta válida y suficiente para determinar que el señor N. C. C. junto con otros miembros de la Junta Directiva de BANHCRESER responsables del delito de Estafa cometido en perjuicio de los cuenta habientes de esa institución bancaria, en virtud que durante el desempeño de los mencionados imputados se realizaron operaciones con partes relacionadas, otorgándoles créditos en condiciones preferentes, evidenciando con ello un manejo inadecuado de la cartera crediticia, ocasionado con dichas actuaciones un perjuicio patrimonial para las personas que tenían sus ahorros depositados en dicha institución, situaciones que se constataran con las inspecciones practicadas y que se exponen a continuación: Los hechos sometidos al escrutinio judicial se resumen de la siguiente manera: 1.- Consta a folio 264 al acta de la inspección practicada a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en donde se proporcionaron las Actas de las Sesiones de la Junta Directiva de BANHCRESER, en donde específicamente del Acta JD-117, JD120/98, se evidencian algunos de los créditos otorgados por la institución bancaria, dirigida por los procesados. 2.- Tal y como se desprende de la inspección practicada al Banco Central de Honduras (F.79) la Junta Directiva de BANHCRESER estaba sujeta al Reglamento para las Operaciones de Crédito de Instituciones Financieras con Grupos Económicos y partes relacionadas, Reglamento para el manejo de Cuentas de Depósitos en Moneda Extranjera de Disponibilidad Inmediata; que de conformidad a la documentación obtenida en la Inspección supra referida, claramente se logra concluir que la Junta Directiva de BANHCRESER incumplió con las distintas disposiciones legales, a tal grado que fue multada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros en varias ocasiones por no cumplir con el encaje bancario, el cual es un requisito indispensable para garantizar los depósitos de los ahorrantes. 3.- En lo atinente al informe proporcionado por Comisión Nacional de Bancos y Seguros, sobre partes relacionadas (obviamente al Banco en cuestión) y del proceso liquidación del mismo, lo cual fue evacuado mediante inspección ocular tal como se acredita a través del acta respectiva (F.264) junto con los documentos que se acompañaron a esta diligencia y en lo que se corroboraron exactamente los mismos desapegos a las ley expuesto en el numeral anterior, demuestran el vicio incurrido por el sentenciador, al momento de valorar los medios de prueba antes referidos, y específicamente, las inspecciones supra referidas, con las cuales se logra configurarse los elementos del tipo penal de Estafa, consagrado en el artículo 240 del Código Penal. Que dicha norma establece que: “Comete el delito de Estafa quien con nombre supuesto, falsos títulos, influencia o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose dueño de bienes, créditos, empresas o negociación o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño, indujere a otro en error, defraudándolo en provecho propio o ajeno.” En el caso subjudice con las inspecciones practicadas a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Banco Central y el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil, se logra extraer el ilícito antes descrito, por siguientes razones: a) Los miembros de la Junta Directiva de BANHCRESER, entre ellos el señor N. C. C., aprovechándose esta circunstancia (influencia), otorgaron préstamos a empresas relacionadas con BANHCRESER, sin contar con las garantías suficientes para respaldar las obligaciones contraídas. b) Que bajo el ofrecimiento de altas tasas de interés (astucia), trajeron al público para captar recursos económicos. c) Que estos recursos fueron invertidos en empresas relacionadas con BANHCRESER, haciendo creer a los ahorrantes que sus fondos estaban siendo utilizados de forma segura y de la manera acordada legalmente con éstos últimos (indujeron en error).
d) Produciéndose un perjuicio para los ahorrantes y obteniendo un provecho para los miembros de la Junta Directiva de BANHCRESER, quienes a su vez eran accionista de las empresas a las que se les otorgaron préstamos sin
contar con las garantías suficientes. Partiendo de esta valoración, sostenemos que las inspecciones supra relacionadas no fueron valoradas de manera apegada al ordenamiento legal que regía la materia financiera al momento de acaecer los sucesos delictivos, lo cual sin duda alguna provocó que el Ad quem incurriera en error de hecho en la valoración de la prueba, pues el Sentenciador olvidó que la documentación obtenida como producto de las practica inspecciones, demuestran que el señor N. C. C. incurrió en el delito de Estafa tal y como lo señala el artículo 240 del Código Penal, si bien las actas e informes financieros fueron emitido por peritos en el área financiera, esto no es suficiente argumento para estimar que por ello este provista de “verdad absoluta”, pues el perito de perito es el Juzgador, y éste debe tomar en cuenta las distintas circunstancias para otorgar validez a la documentación obtenida en durante las practica de las inspecciones. Si bien es cierto fue derogada Ley de Instituciones del Sistema Financiero, esto no es argumento para sobreseer las presentes diligencias, dado que como fundamento de esta acusación también se utilizó el artículo 240 del Código Penal, y como ya lo hemos indicado anteriormente, con las inspecciones practicadas por el órgano jurisdiccional, se han acreditado los elementos del tipo penal de Estafa, razón por la cual el Ministerio Público estima, que las resoluciones proferidas por los juzgadores de primera y segunda instancia, son equívocas, al haber incurrido el Ad quem en un error de hecho en la apreciación de la prueba en comento siendo que la misma constituye un acto auténtico que una vez relacionada con la demás probanza también citada, evidencia en tal sentido la concurrencia del vicio casacional por el cual recurrimos; por lo que procede declarar con lugar el presente recurso y en consecuencia casar la sentencia impugnada.” RESULTA: Que mediante auto de fecha veintinueve de noviembre de dos mil trece, este Tribunal de Justicia, tuvo por personada a la Abogada K. M. A. M., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, omitiendo comunicar los autos al Fiscal del Ministerio Público para que emita dictamen sobre la procedencia o improcedencia de la admisión del recurso de casación por Infracción de Ley interpuesto, en virtud que es parte recurrente en el proceso instruido contra los señores C. C. C. y N. C. C. y OTROS, por considerarlos responsables de la comisión del delito de ESTAFA en perjuicio de los señores A. H. DE B., M. A. A., E. L. V. M., A. F. M., A. I. y OTROS. RESULTA: Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la admisión del recurso de mérito. CONSIDERANDO (1): Que mediante sentencia de fecha cuatro de junio del año dos mil doce, la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, haciendo suyos los hechos declarados probados por el Juzgado de Letras y descritos en el preámbulo del presente fallo, emitió sentencia declarando sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado M. S. en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público y por el Abogado N. G. M. F. en su condición de representante de la Procuraduría General de la República, contra el sobreseimiento definitivo dictado por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho de diciembre del año dos mil cinco. CONSIDERANDO (2): Que el Ministerio Público fundamenta su motivo de casación por infracción de ley, al estimar que la Corte de Apelaciones ha incurrido en error de hecho en la apreciación de la prueba que resulta de actos o documentos auténticos. Señala como esos actos o documentos auténticos, específicamente, las conclusiones que emanaron de las inspecciones realizadas a diversas instituciones estatales, como la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Banco Central de Honduras, Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil, que pese a su contenido auténtico no fueron valorados por el Tribunal de alzada; y que de haberse tenido en consideración hubiesen acreditado la comisión del delito de Estafa contemplado en el artículo 240 del Código Penal; ya que de ellas se determina que los imputados realizaron operaciones con partes relacionadas, otorgándoles créditos en condiciones preferentes, evidenciando con ello un manejo inadecuado en la cartera crediticia, ocasionando con ello un perjuicio patrimonial para las personas que tenían sus ahorros depositados en dicha institución. CONSIDERANDO (3): Que el error de hecho, como causal para el alegato del motivo de casación por infracción de ley contemplado en el artículo 412.2 del Código de Procedimientos Penales, relacionado a la apreciación de las pruebas mediando errores de hecho, si esto resulta de documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación del juzgador, y no estuvieren desvirtuadas por otras pruebas, exige, tal y como lo ha manifestado esta Sala de lo Penal en su jurisprudencia[1] no sólo que el censor, que alegue este motivo, apartándose de los alegatos de instancia, indique cuál es el acto o documento auténtico que supuestamente ha de demostrar el equívoco del juzgador y confronte la apreciación judicial en que señala se ha incurrido el error de hecho con documentos o actos que tengan la naturaleza de auténticos; sino que también exige no solo que se trate de un documento o acto auténtico que demuestren la equivocación del juzgador sino también que no estuvieren desvirtuados por otras pruebas, por ello esta Sala ha reiterado que para dar cabida al motivo de casación invocado por el impetrante, se precisa la concurrencia de los requisitos siguientes: 1) Que se invoque error de hecho en la apreciación de las pruebas, con significación suficiente para modificar el sentido del fallo. 2) Que dicho error se evidencie mediante la cita de un documento o acto auténtico, designando con precisión aquellos aspectos que se opongan a la resolución recurrida; 3) Que el referido documento o acto auténtico se encuentre incorporado a la causa, lo que quiere decir que obre en ella, de tal manera que esta Sala pueda verificar lo mismo que hizo el Tribunal recurrido. 4) Que su eficacia probatoria no haya sido desvirtuada, desmentida o contradicha, merced a otras pruebas que obren igualmente en la causa, a lo que debe añadirse también el elemento denominado litera-suficiencia, que comporta que el documento o acto auténtico citados basten por sí mismos, sin necesidad de acudir a otros elementos de menor rango o de ínfima eficacia probatoria, para evidenciar el error que se denuncia, y que con ellos se pretende demostrar. En este sentido, y particularmente en lo que al cuarto de los requisitos antes mencionados se refiere, podemos afirmar que para su concurrencia es necesaria la denominada “autarquía demostrativa del documento o acto auténtico”, que ha de serlo en dos planos: A) El propiamente autárquico, lo que se ha venido denominando como litera-suficiencia, es decir, que no se precise la adición de otras pruebas para evidenciar el error, y B) Que no resulte contradicho por otros elementos de prueba obrantes en la causa, por ello el Tribunal de Casación Penal ha expresado “que se consideran documentos o actos auténticos para efecto de Casación, aquellos que, además de reunir las propias formalidades extrínsecas, constituyen en cuanto al fondo por sí mismos, la plena prueba e inatacable de la rigurosa e indubitada certeza de los hechos”;[2] de manera que la apreciación de otros elementos probatorios no restrinja la fuerza probatoria dimanada del documento o acto auténtico, requiriéndose en este caso que el documento o acto auténtico baste por si solo para generar la certeza y convicción del hecho, lo que no aconteció en el caso subjudice, por cuanto la decisión del Ad-Quem se basa en que como conclusión de la totalidad de la prueba presentada se deduce la posible tipificación del hecho como un ilícito administrativo pero ajeno a la esfera penal; y la inclusión de los actos que considera fueron obviados, no arrojarían a una conclusión diferente. CONSIDERANDO (4): Que aunado a lo anteriormente expresado, la censora realiza argumentos que tienden al análisis de la configuración del delito de ESTAFA tipificado en el artículo 240 del Código Penal; sin embargo, la vía seleccionada para recurrir el fallo, ha sido el numeral 2 y no el numeral 1 del artículo 412 del Código de Procedimientos Penales, como única vía que permite, desde la alegación de infracción de ley, la comprobación de la adecuación o no del hecho probado a un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter. Razones por las cuales procede la desestimación del Recurso de Casación interpuesto. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS,POR UNANIMINAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 89,99, 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 410, 412, 418 y 420 del Código de Procedimientos Penales, FALLA: Declarando SIN LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, en fecha cuatro de junio del año dos mil doce. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- Redactó EL MAGISTRADO CALIX HERNANDEZ.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de enero del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha veinticinco de noviembre del año dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-23-2013.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] Véase. Corte Suprema de Justicia de Honduras. Sala de lo Penal. Sentencias de Casación Penal CP142-08 de fecha seis de enero del año dos mil nueve; CP 287-2009 de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil diez; y 127-2009 de fecha ocho de noviembre del año dos mil doce
[2] Véase. Corte Suprema de Justicia de Honduras. Sala de lo Penal. CP 299702 de fecha cinco de noviembre de dos mil tres. Y CP 309-2009 de fecha 9 de junio de 2011.