Sentencia CP-229-14 — Registro 5381
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Lavado de Activos, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...“Como lo ha venido reiterando esta Sala de lo Penal, “La Falta de Aplicación de la Ley” como infracción, debe resultar necesariamente a partir de los hechos declarados probados, cuando los Jueces omiten la ley aplicable a la causa que se falla, o se pasa por alto la existencia de una ley que regule la cuestión jurídica que se debate, o en forma deliberada se resiste a aplicarla” (S.P. Exp. No. 393-2009, de fecha 16 de agosto del 2012). III. En el caso examiné, los juzgadores declararon como hechos probados los siguientes: Primero: El día siete de noviembre del año dos mil doce, a eso de las 7:20 de la mañana, se disponían a salir del país los señores M. A. A. V., J. A. M. V. Y H. A. C. T., con destino a la República de Colombia, a través del Aeropuerto Villeda Morales de la ciudad de San Pedro Sula, cuando fueron requeridos por autoridades de migración, ya que al pasar por la máquina de rayos X se detectó que llevaban consigo en sus ropas dólares en efectivo. SEGUNDO: Al haber sido registrados, se determinó que M. A. A. V. llevaba en su pantalón la cantidad de diez mil ciento cincuenta dólares americanos: a J. A. M. V. se le encontró la cantidad de nueve mil novecientos sesenta y dos dólares americanos y, al señor H. A. C. T.la cantidad de nueve mil ochocientos sesenta dólares americanos. TERCERO: El señor M. A. V. es el gerente propietario del Laboratorio Centro Científico Internacional ubicado en la república de Colombia, encargado de la elaboración y distribución de productos naturales, empresa que mantenía relaciones comerciales con la empresa CENAT, ubicada en la ciudad de San Pedro Sula, cuyo gerente es el señor A. P. de nacionalidad colombiana. CUARTO: Los señores J. A. M. V. y H. A. C. T., se desempeñaban como encargado de bodega y auxiliar de publicidad, respectivamente, quienes laboraban para el señor M. A. V., en la República de Colombia. QUINTO: El señor M. A. A. V. decidió trasladar la cantidad detallada en el hecho primero, hacia Colombia, sin que se acreditara el origen lícito del mismo, el cual suma la cantidad de veintinueve mil novecientos setenta y dos dólares americanos en varias denominaciones. Del factum se deriva que el dolo requerido por el tipo penal únicamente concurre en el procesado M. A. V., al haber decidido trasladar la cantidad incautada hacia la República de Colombia, tratándose de dinero que no tenia justificación económica legal de su procedencia, no desprendiéndose del hecho declarado probado la existencia de dolo por parte de lo imputados M. V. y C. T.. Así las cosas, La Sala de lo Penal, no aprecia la “voluntad” realizadora del tipo objetivo y con ello la configuración del dolo como actitud subjetiva de decidirse y seleccionar medios para la ejecución de una acción lesiva a un bien jurídico, que se derive del comportamiento de los encausados M. V. y C. T.. Así, en el caso examiné, no han omitido los Juzgadores alguna ley aplicable a la causa. Consecuentemente el presente motivo formulado por el Ministerio Público debe ser desestimado. .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el veintidós de septiembre del dos mil quince (2015), por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO en su calidad de Coordinador, JACOBO CALIX HERNANDEZ Y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO; dicta sentencia conociendo el Recurso de Casación por Infracción de Ley, por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha cinco de febrero del año dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: PRIMERO: CONDENÓ al señor M. A. A. V. como autor del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN.- SEGUNDO: CONDENÓ al señor M. A. A. V., a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la condena principal.- TERCERO: Se Declaró la responsabilidad civil del condenado señor M. A. A. V..- CUARTO: No procedió la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio.- QUINTO: Se declaró el comiso del dinero decomisado al señor M. A. A. V., que asciende a la cantidad de $.29,972.00 Dólares Americanos.- SEXTO: Se ordenó la expulsión de M. A. A. V., una vez cumplida la pena de reclusión.- SEPTIMO: ABSOLVIÓ a los señores H. A. C. T. Y J. A. M. V., del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional e Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma el Abogado J. M. P. M., actuando en su condición de Apoderado Defensor del señor M. A. A. V. y el Recurso de Casación por Infracción de Ley la Abogada A. F., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público.- SON PARTES: el Abogado J. M. P. M., en su condición de Apoderado Defensor del procesado M. A. A. V., como parte recurrente y recurrida. La Abogada I. A. F., en su calidad de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente y recurrida. Y el Abogado E. A. R., en su condición de Apoderado Defensor de los procesados H. A. C. T. Y J. A. M. V., como parte recurrida.
HECHOS PROBADOS
PRIMERO: El día siete de noviembre del año dos mil doce, a eso de las 7:20 de la mañana, se disponían a salir del país los señores M.. A. A. V., J. A. M. V. y H. A. C. T., con destino a la República de Colombia, a través del Aeropuerto Villeda Morales de la ciudad de San Pedro Sula, cuando fueron requeridos por autoridades de migración, ya que al pasar por la máquina de rayos X se detectó que llevaban consigo en sus ropas dólares en efectivo. SEGUNDO: Al haber sido registrados, se determinó que M. A. A. V., llevaba en su pantalón la cantidad de diez mil ciento cincuenta dólares americanos; a J. A. M. V. se le encontró la cantidad de nueve mil novecientos sesenta y dos dólares americanos, y al señor H. A. C. T. la cantidad de nueve mil ochocientos sesenta dólares americanos. TERCERO: El señor M. A. A. V. es el gerente propietario del Laboratorio Científico Internacional ubicado en la República de Colombia, encargado de la elaboración y distribución de productos naturales, empresa que mantenía relaciones comerciales con la empresa CENAT, ubicada en la Ciudad de San Pedro Sula, cuyo gerente es el señor A. P., de nacionalidad colombiana. CUARTO: Los señores J. A. V. y H. A. C. T., se desempeñaban como encargado de la bodega, y auxiliar de publicidad, respectivamente, quienes laboraban para el señor M. A. A. V., en la República de Colombia. QUINTO: El señor M. A. A. V. decidió trasladar la cantidad detallada en el hecho primero, hacia Colombia, sin que se acreditara el origen lícito del mismo, el cual suma la cantidad de veintinueve mil novecientos setenta y dos dólares americanos en varias denominaciones.
CONSIDERANDO
I.- El Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, por Infracción de Ley, y por Quebrantamiento de Forma, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- El recurrente Abogado J. M. P. M., formalizó su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional e Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: “CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. MOTIVO UNICO: Infracción, por falta de aplicación, del artículo 89 de la Constitución de la República que, a la letra, dispone lo siguiente; “Toda persona ES INOCENTE mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. (Lo destacado es nuestro). PRECEPTO AUTORIZANTE: Considero que este motivo se encuentra comprendido dentro de lo que dispone el artículo 361 del Código Procesal Penal, que establece: “En todos los casos en que, con arreglo a este Código, pueda interponerse recurso de casación contra una resolución judicial, será suficiente para fundamentarlo, la infracción de precepto constitucional”. EXPLICACION DEL MOTIVO: En el motivo que paso a desarrollar aparece, evidentemente, una violación a uno de los principios básicos que consagra nuestra Constitución de la República, cual es el relativo al estado de inocencia que se le atribuye a toda persona, de mayor contundencia incluso que la presunción que rige en otros países, consagrado en el artículo 89 de nuestra Carta Magna, al disponer que “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. Pero en la sentencia de que se recurre, se condena a mi representado por considerar que éste no acreditó causa o justificación económica legal de la procedencia del dinero que le fue decomisado. Al amparo del precepto constitucional arriba citado, sobre el señor A. V. no ha pesado, ni podía pesar en manera alguna, la carga de la prueba relativa al origen lícito del indicado dinero. Por manera que al haberse resuelto, en el sentido indicado, en la sentencia de que se recurre, sin que se haya acreditado que el imputado cometió el delito de lavado de activos, tipificado en la primera parte del artículo 3 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, se ha violado la norma constitucional antes invocada, es decir el artículo 89 de la Constitución de la República. Podría argumentarse en sentido contrario que existe una disposición legal, el antes citado artículo 3 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, en su parte final, la que pudiera dar base para entender que es el imputado el obligado a acreditar la causa o justificación económica legal del origen de determinado dinero, so pena de resultar condenado en el caso de no hacerlo; ese es el criterio del Honorable Tribunal de Sentencia. Pero, si efectivamente eso fuera así, que no lo es, a semejante tesis, que indiscutiblemente implica una presunción de culpabilidad, cabe redargüir con el contenido de otro precepto constitucional, según el cual, “en casos de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria, se aplicará la primera” (artículo 320 de la Constitución de la República). Si recurrimos a la doctrina encontraremos el mismo criterio; veamos al respecto lo que nos dice el connotado jurista italiano don Norberto Bovio, en el capítulo relativo a la “COHERENCIA DEL ORDENAMIENTO JURIDICO”, al desarrollar el terna del “Deber de la Coherencia” en su obra “TEORIA GENERAL DEL DERECHO (Página 205), a propósito de normas de diferente nivel: “la regla de la coherencia presenta estas formas: a) la persona o el órgano autorizado para dictar normas inferiores debe producir normas que no sean contrarias a las normas superiores, b) el juez, cuando se encuentra ante un conflicto entre una norma superior y una norma inferior, debe aplicar la norma superior” (Lo destacado es nuestro). En la obra “Derecho Procesal Penal” de Alfredo Vélez Mariconde, encontramos (página 32 del segundo Tomo), al referirse a la presunción de inocencia, un pensamiento puesto en “boca” de la ciencia penal, que dice: “Protejo a este hombre porque es inocente; así lo proclamo hasta que no hayáis probado su culpabilidad...”. El Maestro español Manuel Jaen Vallejo, en su obra “La presunción de inocencia en la jurisprudencia constitucional”, refiriéndose a esa presunción, expresa “De hecho, dada la proclamación incuestionable que realizó la ley fundamental, reiteradas decisiones del Tribunal Constitucional han acentuado que el reconocimiento de este derecho fundamental implica que se exija para una condena una mínima actividad probatoria, practicada en juicio y con las garantías procesales, sin lo cual estará destruida esa verdadera presunción juris tantum establecida a favor del acusado”. En conclusión, la norma que debe aplicarse preferentemente es la contenida en el artículo 89 de la Carta Magna, lo que nos obliga a sostener que, en ningún caso, es procedente que se imponga al imputado la obligación de probar su inocencia, puesto que él es inocente, por mandato constitucional, hasta tanto sea declarado culpable por autoridad competente; y así las cosas, es violatorio de la Constitución de la República condenar a un imputado por no presentar prueba tendente a acreditar los extremos señalados, lo que implica, como antes se ha afirmado, una presunción de culpabilidad a la que se le da mayor fuerza que al estado de inocencia que, de manera clara y terminante, consagra el artículo 89 de la Constitución de la República; el que así, de esa manera, se ha infringido por falta de aplicación. Es importante señalar, con todo énfasis, que en la parte final del artículo 3 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos no se consagra, como se pretende en la sentencia que estamos impugnando, la presunción de culpabilidad en contra del imputado, ni por lo tanto la inversión de la carga de la prueba. Se impone, por lo tanto, que se haga un análisis detenido de todo ese precepto con el fin de darle una interpretación ajustada al texto del mismo, en particular en la parte final, buscando el verdadero sentido de esa parte, con base en la concordancia, que con el segmento respectivo de la primera parte, por cierto no señalado en la sentencia, debería existir de manera clara y terminante. Intentaremos, pues, a continuación el análisis de la primera parte del precepto legal que nos ocupa; pasemos a ello: ¿cuáles son las conductas en que consiste el mencionado ilícito? las señalaremos mediante el empleo, que define tales conductas, de los verbos siguientes: adquirir, poseer, administrar, custodiar, utilizar, convertir, transferir, trasladar, ocultar o impedir la determinación del origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de los objetos que adelante se señalan, Luego, veamos sobre qué deben recaer las acciones correspondientes a esos verbos, la respuesta es: sobre los activos, productos o instrumentos. ¿De qué procedencia? Directa o indirectamente de los delitos de tráfico ilícito de drogas, tráfico de personas, tráfico de influencias, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades públicas o privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos. O sea que el elemento que convierte en delitos las conductas señaladas es la procedencia de los objetos de tales comportamientos, precisamente de los delitos mencionados, con el fin claro y terminante de combatir los que se han indicado. Fundamentalmente el narcotráfico. Es decir, que para que se produzca el delito de lavado de activos, necesariamente las conductas en que consiste deben recaer sobre activos, productos o instrumentos que procedan directa o indirectamente de alguno de los delitos mencionados; por manera que si tienen una procedencia distinta, no se da el delito que nos ocupa. Y en el caso de que se conoce no se produjo ni la más mínima prueba tendente a probar la procedencia que exige la ley. En otras palabras, no existe prueba de que el dinero incautado al señor M. A. A. V. haya procedido de alguno de los ilícitos penales mencionados en la disposición transcrita. Y, mucho menos, tampoco en la respectiva declaración contenida en el fallo se declara como probada tal situación; y no podía haberlo sido por la falta de prueba al respecto. Es, por lo tanto, contra toda lógica que, sin haberse presentado tal prueba, y solamente porque se sostiene que no se acreditó la licitud relativa al origen del dinero en cuestión (en el caso que nos ocupa sí se acreditó) al final se pronuncie un fallo de condena. Permítaseme invocar una tesis que he tomado de la doctrina sostenida en la obra “EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CODIGO PENAL ESPAÑOL”, del autor hondureño Doctor Carlos David Cálix Vallecillo, que se contrae a lo siguiente: “Para enervar la presunción de inocencia que goza todo imputado a quien se le atribuya la comisión de un delito de blanqueo de capitales (equivalente al lavado de activos que aparece en nuestra legislación), es necesario acreditar que los bienes objeto material de la acción provienen de un delito previo”. Se impone, ahora, señalar que el agregado que aparece al final del mencionado artículo 3 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, introduce un elemento de incongruencia con el resto de la disposición. Veámoslo: en todo el texto del mencionado precepto se hace referencia a conductas, relacionadas con activos, productos o instrumentos procedentes de determinados delitos; en el párrafo final de que nos ocupamos no se precisa con cuál de las conductas que antes se señalan cabe determinar la concordancia de ese párrafo, ni con los activos, productos o instrumentos, sobre los cuales se ha ejercido la conducta de que se trata, ni mucho menos la procedencia de los mismos. Ese último párrafo se une al resto mediante la conjunción disyuntiva “o”, cuya función es la de unir palabras al mismo tiempo que separar las correspondientes ideas. Surgen, por lo tanto, las preguntas siguientes: ¿Cuáles son las palabras a las que une la conjunción disyuntiva “o”? Y ¿Cuáles las ideas que separa?. Dado el cúmulo de palabras e ideas contenidas en la parte primera del artículo que estamos analizando, no es nada fácil dar respuesta a las interrogantes anteriores. Más bien cabría afirmar que es del todo imposible contestarlas. Agregaré, con la venia del Honorable Tribunal, un ejemplo, burdo si se quiere, en el que se usa la mencionada conjunción, para que se pueda apreciar que ahí ésta no cumple, al igual que en el último párrafo del precepto penal que se ha analizado, ninguna función. He aquí tal ejemplo: “en el bufete del Abogado P. el conserje realiza labores de limpieza, la secretaria escribe en la computadora y el Abogado habla por teléfono o un canillita pasa por la calle
voceando el periódico para el que trabaja”. En este ejemplo, al igual que en la parte final del artículo de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, como antes lo he expresado, la conjunción “o” no cumple la función que le atañe. Para terminar debo manifestar, con todo énfasis, que en el tantas veces mencionado último párrafo, no se encuentra en absoluto ni el más mínimo elemento que pudiera servir de base para considerar que en el mismo se dispone que debe invertirse la carga de la prueba en contra del imputado; tampoco podría en esa norma haberse dispuesto una presunción de culpabilidad, ya que habría sido, desde todo punto de vista, inconstitucional. Queda, pues, en pie, y no podía ser de otra manera, la norma constitucional invocada, es decir el artículo 89 de nuestra Carta Magna, indiscutiblemente infringido por falta de aplicación, más aún cuando la defensa, a pesar de gozar constitucionalmente de un status de inocente, presento suficiente acerbo probatorio, que ratifica ese estado; pruebas que no fueron destruidas por el Ministerio Público en el juicio”. III.- Continúa manifestando el recurrente Abogado J. M. P. M., en su: “CASACION POR INFRACCION DE LEY MOTIVO UNICO. Infracción, por aplicación indebida, del artículo 3 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, específicamente en la parte final que a la letra se lee así: “o que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia”, que se une al resto del precepto, mediante la conjunción disyuntiva “o” y sin que medie ningún signo de puntuación. PRECEPTO AUTORIZANTE. El artículo 360 del Código Procesal Penal, en la parte que a la letra se lee así: “...Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley..., cuando dados los hechos que se declaran probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal... de carácter sustantivo...” EXPLICACION DEL MOTIVO El artículo 3 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, dispone lo que a continuación se transcribe: “incurre en el delito de lavado de activos, ...quien por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las conductas siguientes: adquiera, posea, administre, custodie, utilice, convierta, transfiera, traslade, oculte o impida la determinación del origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos, productos o instrumentos que procedan directa o indirectamente de los delitos de tráfico ilícito de drogas, tráfico de personas, tráfico de influencias, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades públicas o privadas, secuestro terrorismo y delitos conexos.” A continuación, sin la menor concordancia con ninguna de las partes anteriores y, como antes se ha señalado, sin ningún signo de puntuación, aparecen agregadas las líneas siguientes: “o que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia”. Es importante, Honorable Tribunal de Sentencia, señalar que en el numeral quinto, de la declaración de hechos probados contenida en el fallo, tuvisteis a bien declarar probado que: “El señor M. A. (A.) V. decidió trasladar la cantidad detallada en el hecho primero, hacia Colombia, sin que se acreditara el origen lícito del mismo, el cual suma la cantidad de veintinueve mil novecientos setenta y dos dólares americanos en varias denominaciones”. (Lo que se resalta es nuestro). Tenemos que el señor A. V. fue detenido por la autoridad con motivo de habérsele encontrado, al registrársele, alguna cantidad de dinero, por calificar esa situación como constitutiva del delito de lavado de activos y, luego, se presentó requerimiento fiscal ante el Juzgado de Letras competente, atribuyéndole la comisión del mencionado delito; una vez en curso el proceso, la defensa presentó prueba tendente a acreditar el origen lícito de ese numerario. Como esa prueba no convenció al Tribunal de Sentencia, se pronunció en contra del imputado un fallo condenatorio. Al resolverse en ese sentido, tenemos que la condena se dio, según aparece en el quinto hecho probado de la sentencia recurrida, “por haber tomado el señor A. V. la decisión de trasladar la cantidad de dinero decomisada a Colombia “sin que se acreditara el origen lícito del mismo”, en lo que consiste para el Tribunal de Sentencia, en el fallo que se está impugnando, la configuración del delito de lavado de activos, al tenor de lo que se expresa en la parte final del artículo 3 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, O sea que la supuesta falta de la prueba señalada (digo supuesta porque sí se aportó suficiente y en realidad convincente) se dio durante el curso de la respectiva causa penal; en otras palabras, está claro ue el proceso se inició antes de que se pudiera haber consumado el supuesto delito de lavado de activos, según el criterio del Tribunal. Resulta, entonces, que se ha condenado a señor A. V., según el Tribunal de Sentencia, por no haber conseguido, así se sostiene en el fallo que se impugna, demostrar la licitud del origen de determinada cantidad de dinero. Por reducción al absurdo encontramos un ejemplo adecuado para la demostración que estarnos intentando, veamos: se acusa a X supuestamente por haber dado muerte a Y, y al final, sin haberse probado que él, efectivamente, le dio muerte, se le condena por no haber acreditado, en el proceso, que Y estuviera vivo, Así, en el caso objeto del proceso que nos ocupa, se ha condenado al señor A. V., sin habérsele probado que él haya incurrido en el ilícito descrito en el artículo 3 (primera parte) de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, por no haber acreditado (se dice en la sentencia) el origen lícito del dinero de que estaba en posesión, con base en el mencionado párrafo final de dicho precepto. Vale la pena citar lo que en la sentencia que se cuestiona leemos, a manera de interpretación del artículo 3 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos; veámoslo: en el ordinal cuarto del apartado destinado en ese fallo a la fundamentación jurídica del mismo, se dice: “... la procedencia del dinero no fue justificada desconociéndose de donde procedía, con lo cual se acreditó una autoría del delito de Lavado de Activos de acuerdo a lo establecido en la referida ley en el artículo 3, el cual señala que “incurre en el delito de lavado de activos y será sancionado con 15 a 20 años de reclusión, quien por sí o por interpósita persona adquiera, posea... traslade, oculte o impida la determinación legal del origen, la ubicación el destino, el movimiento o la propiedad de activos ... o que no tenga causa o justificación económica legal de su procedencia”. (Lo destacado en negritas y subrayado es nuestro; lo que aparece sólo en negritas aparece en la sentencia original). O sea, pues, que según el criterio del Tribunal sentenciador con sólo que se desconozca de donde procede determinada cantidad de dinero, ya queda acreditada la autoría del delito de lavado de activos para quien haya tenido consigo ese efectivo. Nos parece que semejante criterio carece, en absoluto, de sustentación jurídica; ya que no es eso, por cierto, lo que expresa, en manera alguna, la disposición citada. Por otra parte, en tal precepto aparece, al final, el agregado que dice “o que no tenga causa o justificación económica legal de su procedencia”, ahora bien, ¿cuál es la razón lógica en que se basa el Tribunal para que, en la cita del artículo 3 citado, que aparece en la sentencia, haya transcrito ese agregado final, después de haber copiado nada más una parte del contenido del artículo en que se describe el delito de que se trata? No se explica, de ninguna manera, cuál fue la motivación para que en esa cita se uniera el último párrafo del artículo 3 de la mencionada ley mediante el uso de la conjunción disyuntiva “o”, solamente con el “pedazo” de la primera parte que antes se ha trascrito, dejando por fuera aspectos importantes que configuran el delito de lavado de activos, corno, para el caso, el relativo a la procedencia de los activos, objetos o instrumentos de las conductas en que consiste tal ilícito penal. Es importante analizar a la luz de la teoría del delito el contenido de la parte final del artículo 3 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, que a la letra se lee así: “o que no tenga causa o justificación económica legal de su procedencia”, que es, precisamente, el fundamento toral de la condena, ya que en la parte primera de la disposición antes citada no se puede subsumir, de ninguna manera, el comportamiento del condenado; además de que, al respecto, no aparece ni la más mínima prueba para fundamentar un fallo de condena. Veamos, entonces, cuál es la acción realizada por el señor A. V., que pudiera subsumirse en el delito de lavado de activos o ser constitutiva del mismo, al tenor del contenido de la disposición que vengo de citar, es decir, la parte final del artículo 3 de la mencionada ley. Lo que en esa parte se lee es “que no tenga causa o justificación económica legal de su procedencia”; surge, entonces, la siguiente pregunta ¿qué es lo que no tiene causa o justificación económica legal de su procedencia? Y esta otra, procedencia ¿de qué? Las respuestas nos llevan a afirmar que en esa parte, la final, del precepto que se ha citado antes, no se alude, en manera alguna, a una acción determinada, y, si es así, ¿dónde está el delito? La defensa y la misma fiscalía aporto prueba abundante que acredita la causa y la justificación del dinero incautado y no fueron destruidas en juicio. He oído que hay el propósito de emitir una nueva ley contra el delito de lavado de activos, pero mientras mantenga su vigencia la actual, en particular el último párrafo del citado artículo 3, la condena de alguien con fundamento en esa última parte, implica una aplicación indebida de tal precepto, como sucede en el caso del señor A. V.. Debido a que el honorable tribunal declara probado en la sentencia, página 17 de la sentencia numeral tercero, lo siguiente “el señor M. A. V. que es el gerente propietario del Laboratorio Centro Científico Internacional ubicado en la República de Colombia, encargado de la elaboración y distribución de productos naturales, empresa que mantenía relaciones comerciales con la empresa CENAT, ubicada en la ciudad de San Pedro Sula, cuyo gerente es el señor A. P. de nacionalidad colombiana.” Por lo tanto, el mismo Honorable Tribunal Sentenciador acepta que sí existen actividades propias del comercio entre las dos empresas y las dos personas que las dirigen. IV.- Sigue manifestando el recurrente su: “CASACION POR OUEBRANTAMIENTO DE FORMA MOTIVO PRIMERO. Haberse excluido en la sentencia que se está impugnando, medios de prueba de valor decisivo, inaplicando así lo dispuesto en el artículo 202 del Código Procesal Penal, en la parte que a la letra dice: “El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362 del Código Procesal Penal, en la parte que se lee así: “El recurso de casación por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes:... 2.) Que ...se excluya alguna prueba de valor decisivo.” EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. En la sentencia se excluyen, al no reconocérseles ningún valor probatorio, los siguientes medios de prueba: 1) Declaración del testigo A. P.. 2) Declaración de la testigo H. S. G. G.. 3) Documentos procedentes de Colombia, obtenidos por la vía de asistencia judicial y debidamente apostillados, relacionados con la conducta y antecedentes del señor M. A. A. V.; así como relativos a la sociedad mercantil “Centro Científico Internacional de Medicina Biológica, SAS”., de la cual él es representante legal. 4) Documentos relacionados con la sociedad Centro Natural, S.A. de C.V. 5) Análisis financiero del Centro Natural S.A. de C.V. elaborado por el profesional R. U. D. L.. 6) Las declaraciones relacionadas con el impuesto sobre la renta y presentadas por el señor A. P., con el propósito de hacer efectivo ese impuesto por parte del Centro Natural, S. A. de C.V. 7) Los informes relativos a la compra de dólares pro parte de personas que trabajan para de la sociedad anónima mencionada en los numerales anteriores. En la sentencia recurrida no se les reconoció ningún valor probatorio a esos medios de prueba, no obstante que indiscutiblemente mediante ellos se acreditó plenamente el origen lícito del dinero decomisado al señor A. V., así como sus antecedentes personales, sin ninguna mancha. Los señores A. P., Gerente de “Centro Natural, S.A. de C.V.”, y H. S. G. G., afirman en sus declaraciones que el primero entregó al señor A. V. VEINTICINCO MIL DOLARES, en pago de productos enviados por el “Centro Científico Internacional de Medicina Biológica, SAS”, de la cual es representante legal A. V., y pago adelantado de productos que serían enviados el año siguiente (2013) para el “Centro Natural, S.A. de C.V.” Entre los documentos provenientes de Colombia, tenemos los siguientes: 1) Certificado de los antecedentes judiciales del señor A. V., que acredita su conducta intachable. 2) Escritura de constitución de la sociedad “Centro Científico Internacional de Medicina Biológica SAS. 3) Escritura de aumento de capital de esa persona jurídica. 4) Balances generales comparativos de la misma compañía, debidamente firmados por el Contador y la Revisora Fiscal. 5). Certificados de la Cámara de Comercio de Colombia debidamente avalado por la Superintendencia de Industria y Comercio, relativos a la sociedad antes mencionada y al señor M. A. A. V.. 6) Declaraciones de impuesto sobre la renta de la misma compañía y del señor A. V., por los años 2009, 2010 y 2011. Y otros documentos que, con los anteriores, demuestran que el “Centro Científico Internacional de Medicina Biológica, SAS”, es una sociedad seria y rentable, que funciona con total apego a las leyes de Colombia, en especial con relación a la exportación de sus productos. Todos esos documentos se presentaron debidamente apostillados. En cuanto a los documentos que hacen relación a la sociedad “Centro Natural, Sociedad Anónima de Capital Variable” (CENAT), se presentaron los siguientes:
- Copia debidamente autenticada del instrumento público relativo a la constitución de la mencionada sociedad. 2. Certificación de la inscripción de la misma en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, número 10054. 3. Permiso de operación de negocio otorgado por la Corporación Municipal de San Pedro Sula. 4. Registro Tributario Nacional número 05019010283574, otorgado a la sociedad “Centro Natural Sociedad Anónima de Capital Variable”. 5. Contrato de cesión comercial entre la indicada compañía y “Centro Científico Internacional de Medicina Biológica, SAS”, sociedad que funciona en Colombia. 6. Siete constancias con sus firmas debidamente autenticadas, emitidas por los sub distribuidores de los productos sobre los cuales se realizan ventas. 7) Licencia sanitaria 0501-OTO1-072-1 1, emitida por la Dirección General de Regulación Sanitaria. Con estos documentos se acreditó que la sociedad “Centro Natural, S.A. de C.V.”, está legalmente constituida y funciona en el país, con el conocimiento y autorización de las autoridades hondureñas respectivas y que a su vez mantiene relaciones comerciales con la sociedad que representa el señor A. V., teniendo incluso la patente de distribución exclusiva de los productos de este; que ingresan al país por vía legal y pagando todos los impuestos. En el análisis financiero presentado por el señor R. U. D. L. y que aparece agregado al expediente, a folio 2238 y siguientes, se arriba a las siguientes conclusiones: “1. Que la empresa CENTRO CIENTIFICO INTERNACIONAL DE MEDICINA BIOLOGICA. S.A.S. de Colombia, es una empresa legalmente constituida y cumple con sus obligaciones legales tributarias necesarias para realizar actos de comercio en la República de Colombia.” “2. Que la Empresa CENTRO NATURAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (CENAT), es una empresa legalmente constituida y cumple con sus obligaciones legales tributarias necesarias para realizar actos de comercio en la República de Honduras, siendo sus socios el señor A. P. y el señor L. V. A. V., quien es hermano del Gerente y Representante legal de la empresa CENTRO CIENTIFICO INTERNACIONAL DE MEDICINA BIOLOGICA, S.A.S. de Colombia.” “3. Que existe una relación contractual entre la empresa CENTRO CIENTIFICO INTERNACIONAL DE MEDICINA BIOLOGICA, S.A.S. de Colombia y la empresa CENTRO NATURAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLES (CENAT) de Honduras, para la comercialización e introducir nuevos productos al mercado hondureño y centroamericano desde el año 2008 y para aumentar la cobertura de mercado, el día 23 de julio de 2012, firmaron un contrato de concesión comercial; y en apoyo para el mercadeo y realizar supervisión del cumplimiento del mismo , en fecha cuatro (04) de noviembre del mismo años, viajó a Honduras, personal de la Empresa CENTRO CIENTIFICO INTERNACIONAL DE MEDICINA BIOLOGICA, S.A.S. Los señores M. A. A. V., J. A. M. V., H. A. C. T..” “4. El personal de la empresa CENTRO CIENTIFICO INTERNCIONAL DE MEDICINA BIOLOGICA, S.A.S. de Colombia viaja una vez al año a Honduras, para realizar pedidos, gestiones de cobro de cuentas por cobrar, producción y asesoramiento de anuncios publicitarios hablados y escritos y otros”. “5. Que el efectivo decomisado a los señores M. A. A. V., Gerente y Representante Legal de la Empresa CENTRO CIENTIFICO INTERNACIONAL DE MEDICINA BIOLOGICA, S.A.S. de Colombia y a los señores J. A. M. V., H. A. C. T., empleados de la misma Empresa, es producto del pago realizado por el señor A. P. Gerente de la Empresa CENTRO NATURAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (CENAT) DE Honduras, por concepto de pago de cuentas por pagar y anticipo de pedido de productos para cubrir la demanda de mercado del año 2013. “6. En revisión de documentos no se encontraron transacciones atípicas.” Según ese análisis, debidamente fundamentado, “Centro Natural, S.A. de C.V.” y “Centro Científico Internacional de Medicina Biológica, S.A.S., son dos compañías familiares, ya que de la primera es socio el señor L. V. A. V., hermano de M. A. de los mismos apellidos, que es el socio mayoritario, gerente y representante legal de la sociedad colombiana a que se ha venido haciendo alusión; asimismo que se trata de sociedades serias y rentables, que no realizan operaciones con características de que funcionan al margen de la ley. Aspecto este que debía haber sido tomado en cuenta, que no lo fue, a la hora de hacer la valoración de toda la prueba. Así como debía haber sido aceptada, también. Como verdad la afirmación contenida en el numeral 5, del análisis del señor D. L., en el sentido de que el efectivo decomisado a los señores M. A. A. V., es producto del pago realizado por el señor A. P. Gerente de la Empresa CENTRO NATURAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (CENAT) DE Honduras, por concepto de pago de cuentas por pagar y anticipo de pedido de productos para cubrir la demanda de mercado del año 2013. Pero, para el Honorable Tribunal sentenciador, “no se pudo justificar de manera clara la procedencia del dinero que entregó el señor P. a su proveedor de productos cuyo representante es el M. A. A. V.”, fundándose para sostener esa consideración en que el señor P. “manejaba su cuentas personales mezcladas con cuentas empresariales, situación que vulnera principios básicos y generales de la contabilidad en las empresas” (página 49, párrafo segundo, de la sentencia); al respecto debo manifestar que no es motivo para dudar del pago hecho por el señor P. al señor A. V., solamente porque, según se afirma, no se maneja la contabilidad de Cenat en forma ordenada, lo que, en todo caso, de ser cierto, no sería imputable al señor A. V.. No cabía, en consecuencia, que se excluyeran las declaraciones del señor P. y de su esposa H. S. G. G., en cuanto en ellas se afirma el pago hecho al señor A. V., así corno la conclusión número 5 a que llegó el señor D. L., también en relación al mencionado pago. O sea que la exclusión de esas pruebas, de valor decisivo, se ha dado en la sentencia sin haber un real fundamento para ello. En cuanto a las declaraciones para los efectos del pago del impuesto sobre la renta, de la sociedad “CENAT, S.A. de C.V.”, señalada como persona jurídica, presentadas por el señor A. P., que obran agregadas al expediente y son relativas a las operaciones realizadas en San Pedro Sula, y que no fueron objeto de apreciación por el perito del ente acusador, señor R. A. R. T.. En el proceso aparecen las siguientes: 1. Declaración correspondiente a 2010, que se encuentra en el folio 2265, indicándose como documento relativo al Registro Tributario Nacional el siguiente: 05019010283574, en la que se indica que los ingresos brutos habidos en ese año ascendieron a la cantidad de 1.040.976.85 Lempiras. 2. Declaración relativa a 2011, que obra al folio 2267, con el mismo documento referente al Registro Tributario Nacional, en la que aparece como ingresos brutos de ese año la cantidad de 1.389.735,67 Lempiras. 3. Declaración por el año 2012, que se lee a folio 2268, con igual Registro Tributario Nacional, y con ingresos brutos durante ese año de 955.654.85 Lempiras. En lo referente a las declaraciones para efectos del pago del impuesto sobre la renta, presentadas siempre por don A. P., pero como persona natural, porque se hace relación a las operaciones realizadas en Tegucigalpa y Juticalpa, así como a las ventas al por mayor, en el expediente se encuentran las siguientes: 1. Declaración por el año 2009, que aparece a folio 2287, con Registro Tributario Nacional 00008009208673; con ingresos brutos por la cantidad de 1.350.942.19 Lempiras. 2. Declaraciones por el año 2010, que obran a folios 2289 y 2292, con igual Registro Tributario Nacional, relativa solamente a Juticalpa, con ingresos brutos por 312.142.88; y otra relacionada nada más a Tegucigalpa, con ingresos brutos por 1.356.590.66 Lempiras. 3. Declaración por el año 2011, que aparece a folio 2286, con el mismo Registro Tributario Nacional y con ingresos brutos por la cantidad de 1.349.48 1.15 Lempiras. 4. Declaración por el año 2012, que se encuentra en el folio 2284, con el mismo Registro Tributario Nacional y con ingresos brutos por la cantidad de 1.054.544.71 Lempiras. Con esos documentos, que constituyen prueba de valor decisivo, se ha acreditado que la mencionada sociedad mercantil, ha tenido durante los años indicados, ingresos suficientes para poder hacer al señor A. V., el pago del dinero que le fuera decomisado en el aeropuerto “Ramón Villeda Morales”, de San Pedro Sula. Pero los mismos fueron excluidos del acervo probatorio. Ahora, en cuanto a la adquisición de divisas por “CENTRO NATURAL, S.A. de C: V:”, aparecen en el proceso las compras hechas a BANCO DEL PAIS, a folios del 2372 al 2375; las relacionadas con Banco FICOHSA, del 2389 al 2386, y las que tuvieron lugar en el Banco de Occidente, del folio 2388 al 2405. En el dictamen del señor R. A. R. T., técnico que trabaja para el ente acusador, admite, en la conclusión 18, página 41 del dictamen, folio 2235 del proceso, que se ha acreditado la compra de 25,859.81 dólares, por parte del señor A. P. y sus empleados, pero a continuación cuestiona los registros contables de la sociedad por algunas irregularidades que él mismo señala, lo que en manera alguna afecta la verdad relativa a la adquisición de divisas que se señala. Con ello se corrobora lo expresado por el señor P. y por su esposa, de que el dinero producto de las ventas ingresa a sus cuentas personales y de ellas salen recursos para comprar divisas. Así como en el dictamen del señor R. U. D. L.. Queda claro, pues, que toda esa prueba presentada por la defensa, de valor decisivo con respecto a la no culpabilidad de M. A. A. V., se ha excluido del conjunto de la prueba vertida en el proceso, en perjuicio evidente de nuestro defendido. Así se configura, de manera clara, el motivo que estoy terminando de explicar. El vicio en que consiste este motivo se dio en el pronunciamiento mismo de la sentencia, razón por la cual fue imposible que antes se hubiera presentado reclamo contra el mismo. MOTIVO SEGUNDO. En la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica, inaplicándose así el artículo 202 del Código Procesal Penal, en la parte que dispone lo siguiente: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El artículo 362 numeral 3del Código Procesal Penal, en la parte que se transcribe a continuación: “Recurso de casación por quebrantamiento de forma. El recuso de casación por quebrantamiento de forma, puede interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes: ... 3. Que... en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica”. EXPLICACION DEL MOTIVO: En primer lugar, en la sentencia de que se recurre se declara probado que el señor M. A. A. V. incurrió en el delito de lavado de activos, echando mano como medio de prueba a la presunción, ya que en los autos no existe ni el más mínimo elemento de prueba directa mediante el cual pueda considerarse acreditado que él incurrió en el mencionado ilícito penal. Se parte, corno indicio, de que, según el criterio del Tribunal sentenciador, mi representado no probó la causa o justificación económica legal de la procedencia del dinero que le fue decomisado (con base en lo que se dispone en el párrafo final del artículo 3 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos).Estimo que con ese proceder se obvió el principio de razón suficiente que forma parte de la sana crítica, el cual puede exponerse en sentido afirmativo, de esta manera: “todo lo que es tiene su razón de ser”; y, en sentido negativo, de esta otra: “nada hay sin razón suficiente”. Y sostengo que no se dio aplicación a ese principio, pues no es razón suficiente que no se haya acreditado el origen lícito de determinada cantidad de dinero (que sí se probó), para considerar probado que una persona adquirió, poseyó, administró, custodió, utilizó, convirtió, transfirió, trasladó, ocultó o impidió la determinación del origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos, productos o instrumentos que procedan directa o indirectamente de los delitos de tráfico ilícito de drogas y otros de gravedad similar; no es razón suficiente, repito, para considerar probado todo lo que antes sé señala, con base nada más en el hecho de no haberse acreditado, según el criterio del Tribunal de Sentencia, la causa o justificación económica legal de determinado dinero. Luego, en el “Análisis Financiero y Patrimonial”, presentado por el señor R. A. R. T., técnico de planta del Ministerio Público, propiamente en el numeral 12 de las conclusiones se afirma que “las cifras reflejadas en los estados financieros presentados por la empresa Centro Natural, S.A. de C.V. no son consistentes ya que hay incongruencias, en el balance general del 2012 se presentan activos totales por 1.156,308.41 y en el estado de resultados refleja compras de L. 1.205.714.20...”, con base en lo cual el Tribunal sentenciador, página 49 del fallo, sostiene que se cuestiona “la fuente de financiamiento que recibió el señor V. proveniente de la empresa CENAT, cuyo gerente es el señor A. P. quien manejaba sus cuentas personales mezcladas con cuentas empresariales, situación que vulnera principios básicos y generales de la contabilidad en las empresas, por lo que no se logró justificar de manera clara la procedencia del dinero que entregó el señor P. a su proveedor de productos cuyo representante es el M. A. A. V.”. Es decir que, para el Tribunal, repitiéndolo, el dinero se entregó por el señor P. al señor A. V. pero no quedó clara la procedencia de ese dinero. En otra parte de la sentencia, a página 74, se ve que los juzgadores, una vez más, aceptan que el dinero le fue entregado al señor A. V., pero reiteran que lo cuestionable es el origen del mismo. Ahora bien, por el hecho de que haya habido desorden en el manejo de la contabilidad de CENAT, S.A. de C.V.; y que su Gerente, el señor A. P., haya manejado sus cuentas personales mezcladas con las cuentas empresariales, no puede llegarse a la conclusión de que el señor A. V. no ha acreditado la licitud de la procedencia del dinero que le fuera incautado. No existe razón suficiente para llegar a esa conclusión, ni para sostener que por el hecho del desorden en la contabilidad de la mencionada empresa cabe afirmar que no se ha acreditado el origen del mencionado dinero, es decir, del que el señor P. dio en pago al señor A. V.. Tenemos, en consecuencia, que en la valoración de esas pruebas no se ha aplicado la regla de la sana crítica que procedía, pues de haberlo hecho se habría arribado a otras conclusiones. Pero hay más, según el criterio del Tribunal el dinero le fue entregado al señor A. V., de parte de la empresa CENAT, S A. de C:V, lo que no se sabe, según aparece en la sentencia es el origen de ese dinero, que le fuera entregado al procesado por el señor P. Tampoco hay razón suficiente, insisto, para deducir de todo eso que el señor A. V. no acreditó la causa o justificación económica legal del dinero. Queda claro, pues, que en el caso que nos ocupa y en la sentencia de que se recurre, en la valoración de la prueba no se aplicaron las reglas de la sana crítica, en particular el principio de razón suficiente. Anteriormente no se había presentado ningún reclamo contra el vicio en que consiste el presente motivo, porque éste se dio en el pronunciamiento mismo de la sentencia recurrida. TERCER MOTIVO. Haberse inobservado las reglas establecidas en el Código Procesal Penal, para la realización del juicio oral y público, en este caso, para principiar, la prescrita en el artículo 335, párrafos primero y segundo, del mencionado ordenamiento jurídico, en los que a la letra se dispone lo siguiente: “De la deliberación. Cerrado el debate el Tribunal de Sentencia se reunirá de inmediato para deliberar, a fin de dictar la sentencia que procede en derecho. =La deliberación no podrá suspenderse, salvo fuerza mayor o caso fortuito. La suspensión durará el tiempo estrictamente necesario. Y luego, por tratarse de un fallo condenatorio, las que se prescriben en los artículos 342, 343 y 344; además, por remisión, también los artículos 338 y 340, todos del mismo Código a que se ha hecho mención. PRECEPTO AUTORIZANTE. Artículo 362 del Código Procesal Penal, en la parte que a continuación se transcribe: “Recurso de casación por quebrantamiento de forma. El recurso de casación por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes: ... 5) La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público”. EXPLICACION DEL MOTIVO: En el Libro Segundo, relativo al Procedimiento Ordinario, del Código Procesal Penal, propiamente en el artículo 263, se establecen las “Etapas de la Investigación y el Juzgamiento”; siendo la última, que se señala con el número tres, la que corresponde al “debate o juicio oral y público”. Y en el artículo 266 del mismo Código, bajo la rúbrica “Los actos integrantes del debate”, se determinan tales actos, que son los siguientes: 1) Preparación del debate;
- Sustanciación del juicio y 3) Deliberación y sentencia. O sea, pues, que la deliberación y la sentencia son actos comprendidos dentro del concepto general del debate o juicio oral y público. Es decir que entre las reglas establecidas en el mencionado Código para la realización del juicio oral y público, están comprendidas las relativas a esa tercera y última parte, o sea la deliberación y la sentencia. Veamos, entonces, cuáles son las reglas relativas a esa tercera etapa, en especial las referentes a los fallos de condena, con relación a los que se dan dos fases. La primera corresponde al juicio oral y público, en la cual se declara la culpabilidad del imputado (artículo 342 del Código Procesal Penal); y, en la segunda se determina la pena concreta (artículo 343 del mismo Código). Ahora, para la redacción, lectura y notificación de la sentencia se hace remisión a los artículo 338 y 340, disposición esta relativa a la sentencia absolutoria, la que según esa norma deberá se redactada y firmada tan pronto haya sido votada, pero si por razones de tiempo o por la complejidad de los asuntos, no puede cumplirse lo anterior, la redacción y firma deberá hacerse dentro de los cinco días siguientes; en ese caso el Presidente del Tribunal señalará la fecha en que se celebrará la audiencia de notificación. Pues bien, el juicio oral y público en el proceso instruido contra el señor M. A. A. V., se inició el 16 de septiembre de 2013 y terminó el 26 del mismo mes y año; luego, la audiencia que se señaló para la individualización de la pena tuvo lugar el 15 de noviembre siguiente. Después de esta audiencia transcurrió un período de más de dos meses, para dictar la sentencia hasta el 5 de febrero de 2014. Siendo que, tal como antes se ha señalado, según el artículo 340 de la misma ley, la sentencia deberá ser redactada y firmada tan pronto haya sido votada, con la excepción, repitiéndolo, de que, si por razones de tiempo o por la complejidad de los asuntos, no puede cumplirse lo anterior, la redacción y firma deberá hacerse dentro de los cinco días siguientes, debiendo señalar el Presidente fecha para la celebración de audiencia de notificación. Sin embargo, el Honorable Tribunal tuvo a bien extender el plazo previsto por la ley. Es evidente, entonces, la inobservancia de las reglas establecidas en el Código Procesal Penal para la realización del debate, específicamente las relativas a la última etapa, correspondiente a la deliberación y a la sentencia, contenidas en los párrafos primero y segundo del artículo 266 y demás disposiciones del mencionado ordenamiento que antes he citado, proceder en que consiste el motivo de casación en la forma a que me he estoy refiriendo. No creo necesario extenderme más en esta explicación. Aclaro que no se presentó antes ningún reclamo tendente a la subsanación del vicio en que consiste el motivo que estoy terminando de explicar, porque se produjo en el pronunciamiento mismo de la sentencia de que se está recurriendo. Aclaro, también, que este motivo no encierra ningún propósito de crítica contra el Honorable Tribunal; antes bien, lo he formulado con la mayor comprensión y el mayor de los respetos”. V.- La recurrente Abogada I. A. F., formalizó su Recurso de Casación por Infracción de Ley de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. MOTIVO ÚNICO: “Falta de Aplicación del artículo 32, en relación al 3 de la Ley Contra el Lavado de Activos” PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El precepto penal y legal citado como infringido por Falta de Aplicación textualmente dice: Artículo 32 del Código Penal: “Se considera autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado”. El artículo relacionado, es decir, el 3 de la Ley de Lavado de Activos, es el que tipifica el delito de Lavado de Activos. El Juzgador consideró estimados y probados los siguientes hechos: PRIMERO: “El día siete de noviembre del año dos mil doce, a eso de las 7:20 de la mañana, se disponían a salir del país los señores M. A. A. V., J. A. M. V. y H. A. C. T., con destino a la República de Colombia, a través del aeropuerto Villeda Morales de la ciudad de San Pedro Sula, cuando fueron requeridos por autoridades de migración ya que al pasar por la máquina de rayos X se detectó que llevaban consigo en sus ropas dólares en efectivo. SEGUNDO: Al haber sido registrados, se determinó que M. A. V. llevaba en su pantalón la cantidad de diez mil ciento cincuenta dólares americanos: a J. A. M. V. se le encontró la cantidad de nueve mil novecientos sesenta y dos dólares americanos y, al señor H. A. C. T. la cantidad de nueve mil ochocientos sesenta dólares americanos. TERCERO: El señor M. A. V. es el gerente propietario del Laboratorio Centro Científico Internacional ubicado en la república de Colombia, encargado de la elaboración y distribución de productos naturales, empresa que mantenía relaciones comerciales con la empresa CENAT, ubicada en la ciudad de San Pedro Sula, cuyo gerente es el señor A. P. de nacionalidad colombiana. CUARTO: Los señores J. A. M. V. y H. A. C. T., se desempeñaban como encargado de bodega y auxiliar de publicidad, respectivamente, quienes laboraban para el señor M. A. V., en la república de Colombia. QUINTO: El señor M. A. V. decidió trasladar la cantidad detallada en el hecho primero, hacia Colombia, sin que se acreditara el origen lícito del mismo, el cual suma la cantidad de veintinueve mil novecientos setenta y dos dólares americanos en varias denominaciones”. Según se describe en el hecho probado, los imputados tomaron parte directa en la ejecución del hecho pues tal como lo describe el cuadro fáctico, ellos junto con el señor M. V. se distribuyeron la cantidad de dinero decomisado, misma respecto a la cual no fue acreditado su origen lícito. Dado lo anterior, el Ministerio Público recurre al percibir que existe una falta de aplicación del artículo 32 del Código Penal, relacionado con el 3 de la Ley de Lavado de Activos, ya que se considera que se presentan todos los requisitos exigidos por dicho cuerpo legal para considerar la participación de los acusados H. A. C. T. y J. A. M. V. a título de Autores, como se puede colegir de la simple lectura del Factum. Aunque este motivo de casación, por impetrarse vía infracción de ley, requiere básicamente del análisis comparativo entre el factum y la parte dispositiva de la sentencia, para evidenciar como la acción descrita en aquel evidencia la violación del precepto legal que se invoca como no aplicado, al haberse omitido por parte de los juzgadores su aplicación para condenar a los enjuiciados como autores directos del delito de Lavado de Activos, el Ministerio Público estima de relevancia señalar que tomando en cuenta la naturaleza de todo armónico de la sentencia penal que desemboca en que todas y cada una de sus partes guarden coherencia entre si, resulta imprescindible efectuar una breve reseña de lo que doctrinariamente se entiende como la “teoría de dominio del hecho” y de “imputación objetiva del resultado”; ello con el objeto de evidenciar que en posiciones ampliamente reiteradas por el Tribunal Supremo Español la aplicación de ambas, desde la óptica de co-autoría (tal como el caso que nos ocupa por tratarse de la concurrencia de varias personas en la realización de un hecho, según división de funciones acordadas en común, antes o durante la realización del delito, configurándose un co-dominio funcional del hecho, de una correlación en la fase de ejecución), no conducen a la conclusión a la que erróneamente arribó el sentenciador en el caso sub-judice, tal como se evidencia a continuación: Teoría del dominio del hecho. Esta teoría fue propuesta por Welzel y está profundamente vinculada al concepto ontológico (finalista) de la acción (idea del dominio final del acto) y al concepto personal de lo injusto para la acción dolosa. Por dominio del hecho debe entenderse la voluntad y poder de disposición sobre el curso del suceso típico. Este requisito, a pesar de basarse en el dolo, es de naturaleza objetiva: lo decisivo no es la simple voluntad de dominio del hecho, sino el voluntario moldeado del hecho. De acuerdo a esta teoría se puede calificar como autor a la persona que sabe el qué, cómo y cuándo se va a realizar el delito, contribuye objetivamente al hecho (dominio funcional del hecho) y en el caso en que intervengan varias personas, quienes hayan acordado la realización del hecho delictivo. Autor es quien tiene el “Señorío” sobre el hecho, es decir, el concepto de autor se obtiene atendiendo el dominio que objetivamente ejerce el sujeto sobre la conducción de la acción. El autor es el que decide, en líneas generales, el sí y el cómo de la realización del tipo: el que tiene la última palabra y decide si el delito se comete o no. El dominio del hecho puede consistir en el dominio de la acción (inmediata o de propia mano) y dominio funcional del hecho (coautoría)[1]. Este último (por ser el de interés en nuestro análisis) es el criterio de imputación de los coautores a la concurrencia de varias personas en la realización del hecho, según división de funciones de significancia esencial, acordadas en común antes o durante la perpetración del ilícito penal. Una vez determinado lo anterior, reviste de trascendencia centrar el análisis en la teoría denominada “Imputación Objetiva del resultado”. En los delitos de resultado es claro que su consumación depende de la producción del resultado típico, y el constatar que el sujeto ha contribuido con su acción a causar el resultado constituye un requisito esencial del tipo objetivo, comprobable vía imputación objetiva. Tal imputación está compuesta por dos elementos: a) La existencia de una relación de causalidad entre la acción y el resultado (ya sea tomando como base la teoría de la adecuación o de la condición adecuada y probable para producir el resultado; o bien la teoría de la causalidad relevante no en base a la probabilidad sino a las exigencias del tipo penal). b) El resultado debe ser la expresión de un riesgo jurídicamente desaprobado implícito en la acción (desvalor de la acción concretado en el resultado típico), siendo en este punto importante verificar si el sujeto activo de un delito ha creado o no el riesgo jurídicamente relevante de lesión a un bien jurídico.[2] Al someter la verdad intangible contenida en el fáctum a este tamiz doctrinal, evidenciamos fácilmente cómo el actuar de los imputados, descrito en ese apartado de la sentencia, encaja a plenitud en los requisitos para efectivamente imputar el resultado (posesión de la cantidad de veintinueve mil novecientos setenta y dos dólares americanos en varias denominaciones respecto a la cual no se acreditó el origen lícito de la misma) como producto de tal acción, ya que dicha conducta fue una condición adecuada, probable y contenida dentro de las exigencias como para establecer una relación de causalidad entre acción y resultado, y asimismo éste no fue más que el producto de dicha acción antijurídica. De lo expuesto se desprende que la finalidad objetiva de este curso causal nos conduce a la determinación de que los imputados, en su condición de coautores, tuvieron el dominio del hecho y su actuar está enlazado indisolublemente al resultado de poseer una cantidad de dinero cuyo origen lícito no fue acreditado. Finalmente, la Fiscalía es del parecer que las pautas de la jurisprudencia sobre la doctrina del dominio del hecho quedan resumidas, al tenor de las últimas resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo Español, en fallos emitidos conociendo los recursos de casación pronunciados en las sentencias: SSTS 903/1998, de 2-VII (RJ 1998, 62301; 382/2001, de 13-III (RJ 2001, 1353) 1576/2002, de 27-IX (RJ 2002, 81771 1890/2002, de 13-XI 1 RJ 2002, 9835) 2090/2002, de 12-XII (RJ 2003,951); 1187/2003, de 22-IX (RJ 2003 62031) 540/2004, de 5-V (RJ 2004, 2469), 1339/2004, de 24-XI [RJ 2004, 8111) 529/2005, de 27-1V (RJ 2005, 5218) 1049/2005, de 20-IX (RJ 2005, 5218); 1049/2005 de 20-IX (RJ 2005, 7089); 1315/2005, de 10-XI (RJ 2006, 30991; 371-2006, de 27-III (RJ 2006, 3305); 497/2006, de 3-V (RJ 2006, 3335) y 732/2006, de 3-VII (RJ 2006, 3985),en los cuales se dejó sentado lo siguiente: “1) La coautoría se aprecia cuando varias personas, de común acuerdo, toman parte en la ejecución de un hecho típico constitutivo de delito. Tal conceptuación requiere, de una parte, la existencia de una decisión conjunta, elemento subjetivo de la coautoría, y un dominio funcional del hecho con aportación al mismo de una acción en la fase ejecutiva, que integra el elemento objetivo. Será coautor quien dirija su acción a la realización del tipo con dominio de la acción, que será funcional si existe la división de funciones entre los intervinientes, pero todas con ese dominio de la acción característico de la autoría. 2) La existencia de una decisión conjunta, elemento subjetivo de la coautoría, puede concretarse en una deliberación previa realizada por los autores, con o sin reparto expreso de papeles, o bien puede presentarse al tiempo de la ejecución cuando se trata de hechos en los que la ideación criminal es prácticamente simultánea a la acción o, en todo caso, muy brevemente anterior a ésta, y puede ser expresa o tácita, lo cual es frecuente en casos como el último expuesto, en el que todos los que participan en la ejecución del hecho demuestran su acuerdo precisamente mediante su aportación. 3) No es necesario que cada coautor ejecute, por sí mismo, los actos materiales integradores del núcleo del tipo.., pues a la realización del delito se llega, conjuntamente, por la agregación de las diversas aportaciones de los coautores, integradas en el plan común, siempre que se trate de aportaciones causales esenciales y decisivas. En consecuencia, a través del desarrollo del «pactum scaeleris» y del co-dominio funcional del hecho, cabe integrar en la coautoría, como realización conjunta del hecho, aportaciones no integrantes del núcleo del tipo, que sin embargo contribuyen de forma decisiva a su ejecución. 4) Cada coautor, sobre la base de un acuerdo, previo o simultáneo, expreso o tácito, tiene el dominio funcional, que es una consecuencia de la actividad que aporta en la fase ejecutiva y que lo sitúa en una posición desde la que domina el hecho al mismo tiempo y conjuntamente con los demás coautores. Su aportación a la fase de ejecución del delito es de tal naturaleza, según el plan seguido en el hecho concreto, que no resulta prescindible. 5) Según la teoría del dominio del hecho, son coautores los que realizan una parte necesaria en la ejecución del plan global aunque sus respectivas contribuciones no reproduzcan el acto estrictamente típico, siempre que, aún no reproduciéndolo, tengan el dominio funcional del hecho, de suerte que sea éste, en un sentido muy preciso y literal, un hecho de todos que a todos pertenezca. 6) La coautoría no es una suma de autorías individuales, sino una forma de responsabilidad por la totalidad del hecho. No puede, pues, ser autor sólo el que ejecuta la acción típica, esto es, el que realiza la acción expresada por el hecho rector del tipo sino también todos los que la dominan en forma conjunta, dominio funcional del hecho. 7) La realización conjunta del hecho sólo requiere que los coautores sumen conscientemente sus actos en función de una finalidad objetiva común manifestada en los hechos. Sólo pueden ser dominados los hechos que se conocen. Para los efectos del artículo 363 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público expresa que la interpretación pretendida del precepto penal relacionado, está orientada a que los procesados, H. A. C. T. Y J. A. M. V. en común acuerdo con M. A. A. V. tenían en su poder la cantidad de veintinueve mil novecientos setenta y dos dólares americanos en varias denominaciones, la que repartieron entre sí; no acreditando el origen lícito de dicha cantidad de dinero. Así las cosas se afirma que el sentenciador al haber dictado tal sentencia a los imputados ha producido en consecuencia la violación del precepto penal contenido en el artículo 32 del Código Penal, relacionado con el 3 de la Ley de Lavado de Activos.
DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL PROCESADO M. A. A. V., DENUNCIANDO VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 89 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA QUE CONTIENE EL PRINCIPIO -DERECHO A LA PRESEUNCIÓN DE INOCENCIA-. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 361 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.
I. Esgrimió el recurrente, que el Tribunal de Sentencia incurrió en la violación de uno de los principios básicos que consagra nuestra Constitución de la República, cual es el relativo al estado de inocencia que se le atribuye a toda persona, consagrado en el artículo 89 de nuestra Carta Magna, al disponer que “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. Aduce, que en la sentencia de que se recurre, se condenó al señor M. A. A. V.. por considerar que éste no acreditó causa o justificación económica legal de la procedencia del dinero que le fue decomisado. Argumenta, que la norma que debe aplicarse es la contenida en el artículo 89 de la Carta Magna, pues no se puede sostener que, en ningún caso, es procedente que se imponga al imputado la obligación de probar su inocencia, puesto que él es inocente, por mandato constitucional, hasta tanto sea declarado culpable por autoridad competente; y así las cosas, es violatorio de la Constitución de la República condenar a un imputado por no presentar prueba tendente a acreditar los extremos señalados, lo que implica, una presunción de culpabilidad a la que se le da mayor fuerza que al estado de inocencia que, de manera clara y terminante, consagra el artículo 89 de la Constitución de la República; el que así, de esa manera, se ha infringido por falta de aplicación. II. La regulación del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, obedece a la intención del legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Toda norma legal puede vincularse con una norma constitucional, más el Recurso a desarrollar bajo este título debe de denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal, sustantivo en el momento de emitir la sentencia, esto es debido a que si bien, la normativa Procesal Penal establece la infracción de precepto constitucional como motivo de casación, las normas constitucionales susceptibles de ser examinadas son aquellas referentes a derechos fundamentales, que guarden relación con el derecho penal o las formas del juicio, en consecuencia, deberá intentarse el Recurso acudiendo únicamente a las normas constitucionales reguladoras de derechos fundamentales que eventualmente pudieran verse afectas producto de la persecución penal. En una buena técnica, se debe optar a esta Vía Recursiva cuando no sea posible denunciar el vicio a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro, en contraposición con los Recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Legal y Quebrantamiento de Forma, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores. La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional, es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial, como ser las sentencias. III. Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que “La base de la doctrina constitucional respecto de la presunción de inocencia consiste, en que para desvirtuar la misma es preciso una mínima actividad probatoria, producida con las debidas garantías, que pueda entenderse de cargo y de la que se deduzca la culpabilidad del procesado. Por otro lado, como una carga de quien acusa, la presunción de inocencia es correlativamente un derecho fundamental, en virtud del cual incumbe a quien acusa aportar las pruebas desvirtuadoras de aquella presunción iuris tantum. No puede imputarse, en principio, a un ciudadano la carga de probar su inocencia, pues, en efecto, ésta es la que inicialmente se presume como cierta hasta que se demuestre lo contrario. Ahora bien, esta carga de la prueba, y la necesidad de su efectiva práctica cobra sentido, no como un mero formalismo, sino con una específica y definida finalidad: la formación de la convicción del Juzgador respecto de los hechos. En último término, lo que interesa es la adecuada formación de esa convicción. La sucesión o concatenación lógica de las fases del proceso penal, en lo que aquí interesa podría sintetizarse, muy esquemáticamente, como: a) Aportación de prueba por la acusación; b) A continuación, reconstrucción, a partir de esa prueba, de los hechos por el Juez; c) Finalmente, la subsunción de tales hechos en los correspondientes tipos penales. Llegar pues a la determinación de los hechos del caso a partir de la prueba practicada aparece como una operación lógica fundamental. De este modo, la Sala de lo Penal estima que en el motivo de casación por Infracción de Precepto Constitucional, fundado en vulneración del derecho de Presunción de Inocencia, debe recaer sobre: a) La ponderación del Juzgador sobre la prueba, para constatar si las partes acusadoras han aportado al juicio prueba de cargo mínima para enervar la presunción de inocencia; y, b) La racionalidad de la fundamentación intelectiva de la prueba para verificar los razonamientos o inferencias lógicas derivadas de ésta, para si en su valoración, el Juzgador ha observado las reglas del correcto entendimiento humano. IV.- En el caso examiné, esta Sala de lo Penal, considera importante recordar que la condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general, corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior, no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra. La ley contra el Delito de Lavado de Activos, (decreto 45-2007) en sus artículos 3 y 4 dispone que incurre en la comisión de ese tipo penal, quien por si o intérposita persona entre otras actividades posea, traslade, oculte activos procedentes de cualquier actividad ilícita o que no tenga justificación económica o legal de su procedencia. Tal disposición constituye un tipo de peligro abstracto que sanciona la posesión material de activos que no tienen una justificación legal de su procedencia. En estos casos, corresponde a la defensa acreditar la procedencia lícita de dichos activos, para evitar su incautación y su vinculación indiciaria al delito de lavado de activos. No se trata pues de un tipo penal que posibilita a la defensa del acusado permanecer inactiva ante la necesidad insoslayable de realizar una actividad probatoria orientada puntualmente a justificar en juicio la procedencia legal de los activos. En el presente caso, fue aportado por el ente acusador, medios de prueba documentales, testifícales y periciales consistentes en acta de decomiso (folios No. 92 y 93, tomo No. 2 del expediente judicial), acta de Registro personal practicadas al procesado A. V. (folio 94, tomo No. 2 del expediente judicial), declaraciones testificales de los señores O. M. P. (folios No. 2860 vuelto, Tomo No. 10 del expediente judicial), M. F. P. C. (folios No. 2862 vuelto, Tomo No. 10 del expediente judicial) y S. M. G. (folios No. 2,862 vuelto, Tomo No. 10 del expediente judicial) y H. A. H. O. (folios No. 2861 frente, Tomo No. 10 del expediente judicial), quienes se desempeñan como Policías de Servicios Especiales de Investigación, Agentes Policiales de Seguridad Aeroportuaria y representante de INTERPOL) y Análisis Financiero y Patrimonial en relación a los tres procesados y de la Empresa CENAT ofertado por el Ministerio Público (Folios No. 2197 al 2236, Tomo No. 9 del expediente judicial). A criterio de esta Sala de lo Penal, hasta este momento procesal se ha producido una mínima actividad probatoria de cargo que no permite entender vulnerado el artículo 89 de la Constitución en tal medida, que en una relación causa-efecto deba traer como resultado la absolución del encartado M. A. A. V. decretada en casación por esta Sala. Por lo anteriormente expuesto, se declara improcedente el presente motivo de casación invocado por la Defensa del encartado.
DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE LEY O DE DOCTRINA LEGAL EN SU UNICO MOTIVO, CONSIGNADO EN EL ARTÍCULO No. 3 DE LA LEY CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL PROCESADO M. A. A. V..
I. El recurrente invoca como infringido por aplicación indebida, el precepto penal sustantivo prescrito en el artículo 3 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, que dispone: “incurre en el delito de lavado de activos, ...quien por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las conductas siguientes: adquiera, posea, administre, custodie, utilice, convierta, transfiera, traslade, oculte o impida la determinación del origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos, productos o instrumentos que procedan directa o indirectamente de los delitos de tráfico ilícito de drogas, tráfico de personas, tráfico de influencias, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades públicas o privadas, secuestro terrorismo y delitos conexos.” Expone, que sin la menor concordancia con ninguna de las partes anteriores y sin ningún signo de puntuación, aparecen agregadas las líneas siguientes: “o que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia”. Estableció el Recurrente que el señor A. V. fue detenido por la autoridad con motivo de habérsele encontrado, al registrársele, alguna cantidad de dinero, por calificar esa situación como constitutiva del delito de Lavado de Activos y, luego, se presentó requerimiento fiscal ante el Juzgado de Letras competente, atribuyéndole la comisión del mencionado delito; una vez en curso el proceso, la defensa presentó prueba tendente a acreditar el origen lícito de ese dinero. Como esa prueba no convenció al Tribunal de Sentencia, se pronunció en contra del imputado un fallo condenatorio. Al resolverse en ese sentido, tenemos que la condena se dio, según aparece en el quinto hecho probado de la sentencia recurrida, “por haber tomado el señor A. V. la decisión de trasladar la cantidad de dinero decomisada a Colombia “sin que se acreditara el origen lícito del mismo”, en lo que consiste para el Tribunal de Sentencia, en el fallo que se está impugnando, la configuración del delito de Lavado de Activos, al tenor de lo que se expresa en la parte final del artículo 3 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, o sea que la supuesta falta de la prueba señalada se dio durante el curso de la respectiva causa penal; en otras palabras, está claro que el proceso se inició antes de que se pudiera haber consumado el supuesto delito de Lavado de Activos, según el criterio del Tribunal. Resulta, entonces, que se ha condenado al señor A. V., según el Tribunal de Sentencia, por no haber conseguido demostrar, así se sostiene en el fallo que se impugna, la licitud del origen de determinada cantidad de dinero. O sea, pues, que según el criterio del Tribunal sentenciador con sólo que se desconozca de donde procede determinada cantidad de dinero, ya queda acreditada la autoría del delito de Lavado de Activos para quien haya tenido consigo ese efectivo. Parece que semejante criterio carece, en absoluto, de sustentación jurídica; ya que no es eso, por cierto, lo que expresa, en manera alguna, la disposición citada. Aduce también, que el precepto aparece al final, el agregado que dice “o que no tenga causa o justificación económica legal de su procedencia”, ahora bien, ¿cuál es la razón lógica en que se basa el Tribunal para que, en la cita del artículo 3 citado, que aparece en la sentencia, haya transcrito ese agregado final, después de haber copiado nada más una parte del contenido del artículo en que se describe el delito de que se trata? No se explica, de ninguna manera, cuál fue la motivación para que en esa cita se uniera el último párrafo del artículo 3 de la mencionada ley mediante el uso de la conjunción disyuntiva “o”, solamente con el “pedazo” de la primera parte que antes se ha trascrito, dejando por fuera aspectos importantes que configuran el delito de lavado de activos, para el caso, el relativo a la procedencia de los activos, objetos o instrumentos de las conductas en que consiste tal ilícito penal. Concluye afirmando que en parte primera de la disposición antes citada, no se puede subsumir de ninguna manera, el comportamiento del condenado; además de que al respecto, no aparece ni la más mínima prueba para fundamentar un fallo de condena. II. Esta Sala considera importante recordar, que a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Precisados los límites en los que puede desenvolverse la función revisora de esta Sala cuando del recurso de casación por infracción de ley se refiere, ahora es pertinente que indiquemos cuales son los elementos del tipo penal aplicado por el Tribunal de Instancia. En nuestro país, el delito de lavado de activos es tipificado por primera vez, mediante Decreto Legislativo No. 202-97 (Ley contra el delito de lavado de dinero o activos), que entrara en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta en su edición de fecha 7 de febrero de 1998. Este cuerpo normativo castiga el delito de lavado de activos únicamente cuando el objeto de éste recae sobre bienes procedentes, directa o indirectamente, del tráfico ilícito de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Posteriormente, y en sintonía con la tendencia internacional de ampliar el catálogo de delitos previos, -en tanto que también son susceptibles de generar ingentes cantidades de dinero otras actividades criminales cuya introducción en los cauces económicos legales pueden llegar a lesionar los bienes jurídicos protegidos con la incriminación del delito de lavado de activos-; es como mediante el Decreto Legislativo No. 45-2002 del 5 de marzo de 2002 (Ley Contra el Delito de Lavado de Activos), y que entrara en vigor, veinte días después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, en su edición de fecha 15 de mayo de 2002, los bienes objeto de esa infracción penal, al tenor de lo establecido en sus artículo 3 y 4 pueden provenir directa o indirectamente, no solamente del delito de tráfico de drogas, sino también, del “…tráfico de personas, tráfico de influencias, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades públicas o privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos o que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia”. Al margen de la redacción poco afortunada de los preceptos antes citados, esta Sala entiende que con la vigente Ley contra el Delito de Lavado de Activos, pueden ser objeto idóneo de este delito, los bienes que tienen origen en cualquier actividad ilícita, ya que el legislador en la configuración de los tipos establece en principio un catálogo de delitos usualmente cometidos en el ámbito de la criminalidad organizada, luego se extiende a los delitos conexos para finalizar con una cláusula de cierre, indicando que se castigarán las acciones constitutivas de blanqueo sobre “bienes que no tengan causa o justificación económica legal”, por lo que hay que entender que siendo injustificada e ilegal la obtención de bienes, estos pueden ser objeto idóneo de un posterior delito de lavado o blanqueo. Del relato fáctico se desprende que el acusado M. A. V. al momento de su detención en el aeropuerto internacional de San Pedro Sula llevaba consigo la cantidad de diez mil ciento cincuenta dólares americanos, al mismo tiempo que sus empleados y compañeros de viaje, los coimputados J. A. V. y H. A. C. T., les fueron incautados nueve mil novecientos sesenta y dos dólares y nueve mil ochocientos dólares, respectivamente. Igualmente se desprende del relato de hechos probados que el encartado M. A. V. fue la persona que decidió trasladar la totalidad de las sumas de dinero antes relacionadas hacia su país de origen, Colombia, sin que lograra acreditar el origen lícito de las mismas y por lo tanto brindar las explicaciones concernientes a la causa o justificación económica legal de su procedencia, de tal manera que su conducta se subsume al mismo tiempo en la posesión y traslado de bienes de origen ilícito, acciones que se tipifican en el artículo 3 de la Ley contra el Delito de Lavado de Activos. En consecuencia el presente motivo formulado por la Defensa del acusado M. A. V. debe ser desestimado.
DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA POR HABERSE EXCLUIDO PRUEBA DE VALOR DECISIVO EN SU MOTIVO PRIMERO INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL PROCESADO M. A. A. V..
I.- El recurrente cita como precepto autorizante el artículo 362 numeral 2) del Código Procesal Penal, explicando que el precepto penal adjetivo que se invoca como infringido prescribe: “Artículo 202. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica”. Argumenta, por parte del juzgador, se ha excluido prueba de valor decisivo como ser: 1) Declaración del testigo A. P.. 2) Declaración de la testigo H. S. G. G.. 3) Documentos procedentes de Colombia, obtenidos por la vía de asistencia judicial y debidamente apostillados, relacionados con la conducta y antecedentes del señor M. A. A. V.; así como relativos a la sociedad mercantil “Centro Científico Internacional de Medicina Biológica SAS”, de la cual él es representante legal. 4) Documentos relacionados con la Sociedad Centro Natural, S.A. de C.V. 5) Análisis financiero del Centro Natural S.A. de C.V., elaborado por el profesional R. U. D. L.. 6) Las declaraciones relacionadas con el impuesto sobre la renta y presentadas por el señor A. P., con el propósito de hacer efectivo ese impuesto por parte del Centro Natural, S. A. de C.V. 7) Los informes relativos a la compra de dólares por parte de personas que trabajan para de la sociedad anónima mencionada en los numerales anteriores. Señaló el recurrente que en la sentencia recurrida no se les reconoció ningún valor probatorio a esos medios de prueba, no obstante que indiscutiblemente mediante ellos se acreditó plenamente el origen lícito del dinero decomisado al señor A. V.. II. La Sala de lo Penal, realizado el examen de este motivo a efecto de determinar si el juzgador de instancia no consideró prueba de valor decisivo, o si por el contrario fue considerada, resuelve en base a las consideraciones siguientes: 1) El artículo 202 del Código Procesal Penal impone la obligación de valorar la prueba y el artículo 336 párrafo primero del mismo Código especifica que solo se valorará aquella prueba que se halla ejecutado durante el debate, relacionado con el artículo 338 preámbulo, regla cuarta numeral 2), que manda dar valor a cada prueba en base a un razonamiento de conformidad con las reglas de la sana crítica; en suma, la observación de esta normativa es lo que podemos identificar como consideración de prueba y cuya inaplicabilidad constituye la concurrencia del motivo citado por el censor, implica pues una falta de valoración de determinada prueba de valor decisivo. 2) “En torno a la exclusión de prueba decisiva para la litis, esta Sala comparte lo expuesto por el Jurista Español Ángel Llorente Fernández de la Reguera, cuando explica que: “resulta operativo cuando en la sentencia recurrida se excluya indebidamente una prueba (por considerarla ilícita sin serlo, por ejemplo), o no se considere (omitiéndose toda referencia a ella) siendo decisiva para decretar la absolución o condena del imputado. Esta posibilidad impugnatoria conlleva la revisión de los hechos probados, pues la exclusión indebida o la no consideración de una prueba trascendental tienen obligada proyección en el relato histórico de la sentencia combatida. Si la exclusión de la prueba ha tenido lugar en la sentencia de forma correcta o si el medio de prueba ha sido valorado por el tribunal de instancia, aunque lo fuere desacertadamente, en uno u otro caso, habrá de rechazarse el motivo, sin perjuicio de que la apreciación errónea de la prueba pueda dar lugar a la articulación de un recurso, amparado en el numeral siguiente, si en su ponderación no se observaron las reglas de la sana crítica” (SP. Exp. No. 28-2010, de fecha 19 de septiembre del 2012, páginas No. 11 y 12). 3) Concretamente el recurrente reprocha que el Juzgador no ha valorado siete medios de prueba, aduciendo el impetrante que fueron excluidos o dejados de considerar por el tribunal de instancia; sin embargo, un examen detenido de los medios de prueba apuntados por el impetrante, revela que dichas pruebas si fueron incluidas y consideradas por el Tribunal de Sentencia. Al respecto, esta Sala constata que, en los numerales Décimo Séptimo y Vigésimo Primero de la valoración de la prueba (folio No. 2961 al 2964 y No. 2978 al 2983, Tomo No. 10 del Proceso) el Juzgador de instancia hace referencia expresa y valora las declaraciones de los testigos de descargo A. P. y H. S. G. G.; asimismo, en los numerales Décimo Noveno y Vigésimo respectivamente de la valoración de la prueba (folios No. 2968 al 2978, Tomo No. 10 del Proceso), el Tribunal A-quo hace referencia expresa y valora tanto el dictamen pericial Financiero Patrimonial del Centro Natural, S. A, de C.V. (CENAT), como la prueba documental consistente en: A) Documentos procedentes de Colombia, obtenidos por la vía de asistencia judicial y debidamente apostillados, relacionados con la conducta y antecedentes del señor M. A. A. V.; así como relativos a la sociedad mercantil “Centro Científico Internacional de Medicina Biológica, SAS”, de la cual él es representante legal. B) Documentos relacionados con la Sociedad Centro Natural, S.A. de C.V. D) Las declaraciones relacionadas con el impuesto sobre la renta y presentadas por el señor A. P., con el propósito de hacer efectivo ese impuesto por parte del Centro Natural, S. A. de C.V. E) Los informes relativos a la compra de dólares por parte de personas que trabajan para la Sociedad Anónima mencionada en los numerales anteriores. Habiendo realizado el A-quo la valoración de dichos medios de prueba en un sólo numeral (numeral vigésimo del apartado de la valoración de la prueba, Folios 2977 y 2978, Tomo No. 10 del expediente judicial). III.Por lo anteriormente expuesto, este Tribunal de Casación no advierte que el Tribunal de instancia haya excluido prueba de valor decisivo, pues ha externado cual es el valor probatorio que le merecen cada una de las pruebas señaladas por el Censor, otra cuestión se plantea cuando se discute si las pruebas evacuadas en juicio han sido valoradas correctamente, es decir con observancia de las reglas de la sana crítica, en cuyo caso el cauce procesal como antes lo dijimos, discurre por otra vía diferente a la invocada por el recurrente, es decir, por la prevista en el artículo 362 No. 3) párrafo final del Código Procesal Penal. Por las razones anteriormente expuestas, el presente motivo planteado por la Defensa del encartado ha de ser desestimado.
DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA POR NO HABERSE VALORADO LA PRUEBA CON ARREGLO A LA SANA CRÍTICA EN SU MOTIVO SEGUNDO INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL PROCESADO M. A. A. V..
I. El Censor cita como precepto autorizante el artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal, explicando que en la sentencia de que se recurre se declara probado que el señor M. A. A. V. incurrió en el delito de Lavado de Activos, echando mano como medio de prueba la presunción, ya que en los autos no existe ni el más mínimo elemento de prueba directa mediante el cual pueda considerarse acreditado que él incurrió en el mencionado ilícito penal. Según el criterio del Tribunal sentenciador, su representado no probó la causa o justificación económica legal de la procedencia del dinero que le fue decomisado (con base en lo que se dispone en el párrafo final del artículo 3 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos). Estimó que con ese proceder se obvió el principio de razón suficiente que forma parte de la sana crítica, pues no es razón suficiente que no se haya acreditado el origen lícito de determinada cantidad de dinero para considerar probado todo lo que antes se señala. Específicamente, con el “Análisis Financiero y Patrimonial”, presentado por el señor R. A. R. T., estableció el Tribunal que no se logró justificar de manera clara la procedencia del dinero que entregó el señor P. a su proveedor de productos cuyo representante es el señor M. A. A. V.”. Es decir que, para el Tribunal, el dinero se entregó por el señor P. al señor A. V. pero no quedó clara la procedencia de ese dinero. Asimismo, el hecho que haya habido desorden en el manejo de la contabilidad de CENAT, S.A. de C.V., no puede llevar a la conclusión de que el señor A. no ha acreditado la licitud del dinero. Teniendo en consecuencia, que en la valoración de esta prueba no se ha aplicado la regla de la sana crítica que procedía. II. Esta Sala considera pertinente recordar que conforme a lo dispuesto en el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal : “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que..en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica..”. El proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque en virtud del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí[3], su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. El límite de las reglas de la experiencia está en los conocimientos técnicos especializados. En lo que concierne a las reglas de la lógica tenemos que la regla de identidad nos dice que una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Es decir, José solo puede ser José y no Juan. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, un argumento "X" solo puede ser "X". No podría por ejemplo una sentencia decir en una parte que se absuelve bajo la certeza de la inocencia, para afirmar más adelante que se absuelve por duda, porque viola el principio de identidad (en lo que interesa al Ministerio Público), pues estaría diciendo que "A" es "B". Diría que la certeza de la inocencia es la duda de la culpabilidad, y eso viola el principio de identidad. El principio de contradicción nos dice que una persona o cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, o sea el tribunal no puede aseverar algo y luego desvirtuarlo, porque solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Y el principio de tercero excluido nos dice que de dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa. A contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. En cuanto a las reglas de la psicología, éstas no están referidas a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos, como la observación del tribunal de mérito en caso de que un testigo se muestre nervioso al contestar una pregunta, que fue disperso al construir sus repuestas, ignorante en cuanto al idioma o cultura general básica, etc. Eso tiene que incluirse en el fallo al hacer la valoración. Podría ser que diga el tribunal, que no se cree al testigo porque se puso nervioso (más de lo normal), o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una de sus respuestas lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración. III. Expuesto lo anterior, conviene aquí reseñar para efectos de ilustración, lo expuesto por el jurista ZARAGOZA AGUADO, cuando al referirse a los aspectos probatorios en los procesos por lavado de dinero, alude al debate que suscita la supuesta inversión de la carga de la prueba en relación con la acreditación del delito de lavado de activos, recordando que la presunción de inocencia es un derecho fundamental, sin olvidar también que es una presunción “iuris tantum” que admite prueba en contrario, es decir que es susceptible de ser destruida por elementos de prueba, no solo directa sino también indirecta o de presunciones. El autor antes citado señala que como elementos indiciarios de interés, será necesario valorar para demostrar el origen ilícito de los bienes, entre otros muchos, datos tales como la utilización de identidades supuestas, la inexistencia de relaciones comerciales que justifiquen los movimientos de dinero, la utilización de testaferros sin disponibilidad económica real sobre los bienes, la vinculación con sociedades ficticias carentes de actividad económica alguna, muy especialmente si radican en países conceptuados como paraísos fiscales, la realización de alteraciones documentales, el fraccionamiento de ingresos en los depósitos bancarios para disimular su cuantía, la disposición de elevadas cantidades de dinero en efectivo sin origen conocido, la simulación de negocios u operaciones comerciales que no responden a la realidad, la percepción de elevadas comisiones por los intermediarios y en definitiva cualesquiera otras circunstancias concurrentes en la ejecución de tales actos que sean susceptibles de ser calificadas como irregulares o atípicas desde una perspectiva financiera o mercantil y que no vienen sino a indicar en el fondo la clara intención o voluntad de ocultar o encubrir los bienes o productos de una actividad delictiva[4]. En el caso bajo examen no constituye un hecho controvertido para las partes, que en fecha 7 de noviembre de 2012, cuando los ahora imputados M. A. A. V., J. A. M. V. y H. A. C. T. se dirigían a tomar un vuelo desde el aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula con destino a la República de Colombia, les fueron incautados las cantidades de 10,150; 9962 y 9860 dólares americanos, respectivamente. La controversia radica entonces, en que por un lado la Representación del Ministerio Público sostiene que durante el proceso no se ha logrado acreditar que tales cantidades de dinero fueran producto de alguna actividad económica legal y que no obstante dicho conocimiento el imputado M. A. había decidido trasladarlas con el auxilio de sus compañeros de viaje y al mismo tiempo empleados a su servicio, a la República de Colombia, en tanto que la Defensa arguye que las mismas si tienen una justificación económico legal de su procedencia, en tanto cuanto que constituían el pago legítimo que el señor A. P., en su condición de representante de la sociedad mercantil denominada Centro Natural CENAT, con domicilio social en Honduras, había efectuado en virtud de operaciones comerciales realizadas con la sociedad Centro Biológico Internacional con domicilio social en Bogotá, Colombia y cuyo representante legal era el procesado M. A.. Al emitir un veredicto condenatorio en contra de éste último, el Tribunal de enjuiciamiento se ha basado fundamentalmente en los resultados del dictamen pericial que rindiera el Analista Financiero R. T. R., adscrito a la Unidad contra el delito de lavado de activos y privación de dominio del Ministerio Público (vid. Folios No. 2195-2237 del Tomo 9) El Tribunal A Quo expresa que conforme a dicha experticia, la empresa denominada Centro Biológico de Medicina Natural aparenta ser rentable en Colombia, sin embargo debido a que el Gerente de la empresa CENAT, con domicilio social en Honduras, el señor A. P. manejaba sus cuentas personales mezcladas con cuentas empresariales, (lo que se opone a normas y principios básicos de contabilidad), no se ha logrado justificar de manera clara la procedencia del dinero que entregó el señor P. a su proveedor de productos, es decir, el procesado M. A.. Por otro lado, el Juzgador señala que un análisis del patrimonio de la empresa Centro Biológico de Medicina Natural reflejó que se trata de una empresa rentable, pero que el perito concluyó que surgen dudas sobre este extremo ya que no se cruzó información entre aquella y CENAT. Agrega que las incongruencias puestas de relieve por el perito conducen a estimar que el señor A. P. carecía de la capacidad económica para entregar la suma de dinero en dólares que fuera incautada al imputado M. A. V., surgiendo entonces la duda de cómo lo obtuvo y por que razón no utilizó el sistema financiero para llevarlo a su país, indicando por otro lado que dicho encartado utilizó a dos de sus empleados para trasladar veintinueve mil dólares de manera fraccionada con destino a Colombia (vid. Folios No. 2957-2959 del Tomo 10). Como ya lo expresara esta Sala en sentencia del 7 de noviembre de 2013 (Expediente de Casación Penal No. 80.-2013), en general, las pautas de valoración del medio de prueba pericial nos señalan que se debe considerar el sustento de los métodos científicos empleados, el grado de desarrollo alcanzado por la respectiva ciencia, arte, disciplina u oficio, si entre las premisas y las conclusiones existe un necesario nexo lógico, si el informe es en sí mismo preciso o impreciso, coherente o contradictorio, concluyente o incluyente, la firmeza y calidad de los fundamentos del perito, etc..- La aspiración del Perito en la presentación de su dictamen es que sea leído o escuchado por el profano, y que éste haga suyo su contenido, convencido de los resultados expuestos.- Por otro lado, también se indica en la sentencia antes citada, que el Juez dispone de un conjunto de medios probatorios adicionales para la formación de un juicio sobre el caso, de los que el experto no dispone, por actuar en un ámbito más restringido, de modo que la uniformidad, coherencia con otros medios de prueba, incluyendo otros dictámenes, es determinante para evaluar su certeza….Resumiendo todo lo expuesto: el medio de prueba pericial debe valorarse a la luz de las reglas de la sana crítica, considerando si la opinión del perito ha sido bien fundada y expresada sin equívocos, y si no ha sido superada por un mayor convencimiento de otros medios de prueba, incluyendo otro medio de prueba pericial.- Una lectura detenida de los antecedentes de los que hace relación el Perito RONY REYES TORRES en su experticia, revela que: 1) en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, a los trece días del mes de febrero de 2010, los señores A. P. y L. V. A. V. constituyeron ante Notario, la sociedad mercantil denominada CENTRO NATURAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, conocida por sus siglas como CENAT, entidad mercantil que fue inscrita en el Registro Público de Comercio (vid. Folios No. 2260 a 2264 del Tomo 9). Por otro lado también se constata que contaba con la Licencia Sanitaria extendida por la Dirección General de Regulación Sanitaria de la Secretaría de Salud de Honduras en fecha 21 de enero de 2011 para la distribución de productos naturales (vid. Folio NO. 2269 del Tomo 9); inscripción en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés y Permiso de Operación extendido por la Corporación Municipal de San Pedro Sula (vid. Folios No. 2441 y 2442 del Tomo 9, respectivamente). 2) Por otro lado también se corrobora en los autos que en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, República de Colombia, en fecha 12 de octubre de 2000, varias personas, incluyendo al ahora imputado, M. A. A. V., comparecieron ante Notario para constituir la sociedad denominada CENTRO CIENTIFICO INTERNACIONAL DE MEDICINA BIOLOGICA LTDA y que posteriormente se protocolizó ante Notario, en la misma ciudad, el día 15 de diciembre de 2010, un acuerdo de los socios para aumentar su capital social (vid. Folios No. 2470-2477; 2481-2488 del Tomo 9, respectivamente). De este modo se acreditó en juicio la existencia jurídica de las sociedades CENAT y CENTRO CIENTIFICO INTERNACIONAL DE MEDICINA BIOLOGICA LTDA. 3) La celebración de un contrato de cesión comercial celebrado entre las sociedades antes mencionadas en virtud del cual el CENTRO CIENTIFICO INTERNACIONAL DE MEDICINA BIOLOGICA LTDA autoriza al CENAT, la explotación comercial y distribución de los productos cuya titularidad le corresponde; dentro de Honduras como en el resto de Centro América (vid. Folios No. 2444-2446 del Tomo 9); 4) Diversa documentación mediante la cual se acredita en diversas fechas la exportación de productos por diversos montos, realizadas por el CENTRO CIENTIFICO INTERNACIONAL DE MEDICINA BIOLOGICA LTDA desde Colombia a Honduras, para ser distribuidos por el CENAT (vid. Folios No. 2294-2369 del Tomo 9), habiendo intervenido en los procedimientos de exportación y prestación de servicios de logística, las sociedades denominadas COMERCIALIZADORA BLANCO G. SAS y SIN FRONTERAS CUSTOM BROKER’S (vid. Folios No. 2516; 2518-2519 del Tomo 9, respectivamente); 5) La contratación periódica y por valores significativos de servicios publicitarios con varios medios de comunicación hondureños (diarios y radioemisoras), algunos de ellos con una cobertura a nivel nacional para promocionar los productos naturales distribuidos por CENAT en Honduras (vid. Folios No. 2610-2645 del Tomo 9);6) Documentación relativa a la declaración del pago del impuesto sobre la renta del señor A. P. ante la Dirección Ejecutiva de Ingresos (vid. Folios 2284-2292 del Tomo 9)[5]; 7) Documentación relativa a declaraciones del impuesto sobre la renta de CENAT en diversos períodos ante la Dirección Ejecutiva de Ingresos (vid. Folios No. 2265-2268 del Tomo 9) 8) Adquisición de divisas (dólares americanos) en diversas fechas del año 2012 por personas relacionadas con el CNAT (empleados y socios); 9) Movimientos bancarios de cuentas de ahorro pertenecientes a los señores A. P. y H. G. G. (vid. Folios 2377-2405 del Tomo 9), Gerente y Subgerente de CENAT, respectivamente, y a las que hace referencia el Perito en su informe, señalando como fuente a la Unidad de Información Financiera (UIF) (vid. Folios NO. 2211 y 2220, respectivamente).10) Documentación relativa a la declaración del impuesto sobre la renta presentadas por el CENTRO CIENTIFICO INTERNACIONAL DE MEDICINA BIOLOGICA LTDA en diversos períodos ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de la República de Colombia; 11) Declaraciones del impuesto sobre la renta como persona natural, del ahora imputado M. A. V. A., presentadas en diversos períodos ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de la República de Colombia (vid. Folios No. 2509-2514). Esta Sala no puede soslayar que de conformidad a la resolución administrativa 325-9/2003 del Directorio del Banco Central de Honduras, para efectos de lo dispuesto en los artículos 5 y 48 de la Ley Contra el Delito del Lavado de Activos aprobada mediante Decreto Legislativo No. 45-2002 del 05 de marzo de 2002, se fija la suma de diez mil dólares estadounidenses (US$ 10,000.00), o su equivalente en cualquier otra divisa o moneda nacional, como la cantidad a partir de la cual toda persona deberá declarar su portación al salir o ingresar al territorio nacional, de ahí que partiendo de que la suma incautada a los tres imputados y cuya pertenencia se atribuye al procesado M. A. V. supera dicha suma, nos lleva a concluir que se infringió la normativa administrativa antes señalada, la que a su vez constituye un indicio en contra del encartado antes mencionado, sin embargo, esta Sala considera que un análisis armónico de la prueba evacuada en juicio con observancia de las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia no conduce de manera inequívoca a concluir que el dinero incautado a los encartados es de procedencia ilícita, y más bien llevan a estimar razonablemente que entre las sociedades CENTRO CIENTIFICO INTERNACIONAL DE MEDICINA BIOLOGICA LTDA y CENAT, se han realizado diversas operaciones comerciales a través de varios años, de tal manera que la primera con domicilio social en Santa Fe de Bogotá, República de Colombia ha venido suministrando productos distribuidos y comercializados por la segunda en Honduras, lo que se desprende de la documentación que acredita diversas exportaciones realizadas desde Colombia a Honduras en diversas fechas y montos. De este modo no encontramos razones para estimar que nos encontramos ante sociedades ficticias carentes de actividad económica alguna o de poca importancia, refuerza esta apreciación el hecho de que se han presentado declaraciones del pago de impuestos ante la autoridad competente de nuestro país por el señor A. P., socio y a la vez Gerente de CENAT, de la CENAT como persona jurídica, del CENTRO CIENTIFICO INTERNACIONAL DE MEDICINA BIOLOGICA LTDA como persona jurídica, y del ahora imputado y representante legal de ésta última como persona natural, el señor M. A. ante la autoridad competente de la República de Colombia. Por otro lado no sería razonable entender que CENAT ha sido una mera sociedad instrumental o de pantalla, habida cuenta que de los antecedentes se desprende que ha realizado la apertura de establecimientos abiertos al público en Honduras, con inversiones importantes en publicidad a través de medios escritos y radiales, algunos de difusión o de cobertura nacional, para la promoción periódica de sus productos. A esto cabe añadir el manejo de varias cuentas bancarias por los señores A. P. y H. G. G., Gerente y Subgerente de CENAT, respectivamente, quienes han venido administrando dicha sociedad y que reflejan significativos movimientos de dinero a través de varios años. De ahí que hasta este momento procesal, la tesis avalada por otro lado, con las declaraciones rendidas por los testigos presentados por la Defensa (vid. Folios No. 2866 vuelto al 2873), en cuanto a que el dinero incautado a los imputados corresponde al pago previo que el señor A. P. realizó para satisfacer créditos anteriores por el suministro de productos naturales y como anticipo para la posterior remisión de un nuevo pedido, no resulta inverosímil, o contrario a la lógica y las máximas de la experiencia. Esta Sala no desconoce que el Perito RONY REYES TORRES tiene razón al señalar algunos procedimientos contables incorrectos que se atribuyen particularmente a los testigos A. P. y H. G. G., Gerente y Subgerente de CENAT, respectivamente, al no abrir cuentas bancarias a nombre de dicha sociedad para la administración de sus recursos financieros, y en vez de ello hacerlo a través de sus propias cuentas abiertas en el sistema bancario nacional, sin embargo ello no constituye una circunstancia que lleve a la conclusión unívoca de que el dinero incautado a los procesados ha tenido una procedencia ilícita, sin perjuicio de las responsabilidades de orden fiscal o contable que hayan podido incurrir los mencionados señores. La comisión del delito de lavado de activos que se le atribuye al procesado M. A. V., exige que el sujeto activo realice las acciones descritas en el tipo penal, es decir, poseer, trasladar, etc, bienes de origen ilícito, y al mismo tiempo actuar con dicho conocimiento. En el caso de autos, esta Sala considera que el Tribunal de instancia ha vulnerado el principio de derivación, ya que de haber realizado una valoración armónica y crítica de los medios de prueba evacuados en juicio, tanto de cargo como descargo podría haber arribado a un resultado distinto. Consecuentemente el presente motivo formulado por la Defensa del acusado M. A. V. debe ser estimado.
DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO
DE FORMA POR INOBSERVANCIA DE LAS REGLAS ESTABLECIDAS EN EL CODIGO PROCESAL PENAL PARA LA REALIZACION DEL JUICIO ORAL Y PUBLICO EN SU TERCER MOTIVO INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ENCAUSADO M. A. A. V..
Esta Sala no se pronuncia sobre el presente motivo de casación al haber prosperado el que se ha fundado en la vulneración de las reglas de la sana crítica.
DE LA IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE LEY O DE DOCTRINA LEGAL EN SU UNICO MOTIVO, CONSIGNADO EN EL ARTÍCULO No. 32 DEL CODIGO PENAL INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO.
I. El recurrente invoca como infringido por falta de aplicación, el precepto penal sustantivo prescrito en el artículo 32 del Código Penal que dispone: “Se considera autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado”. Según se describe en el hecho probado, los imputados tomaron parte directa en la ejecución del hecho, pues tal como lo describe el cuadro fáctico de la sentencia, ellos junto con el señor M. A. V. se distribuyeron la cantidad de dinero decomisado, misma respecto a la cual no fue acreditado su origen lícito. Dado lo anterior, el Ministerio Público recurre al entender que existe una falta de aplicación del artículo 32 del Código Penal, relacionado con el 3 de la Ley de Lavado de Activos, ya que se considera que se presentan todos los requisitos exigidos por dicho cuerpo legal para considerar la participación de los acusados H. A. C. T. y J. A. M. V. a título de Autores, como se puede colegir de la simple lectura del Factum. Asimismo, de acuerdo a esta teoría se puede calificar como autor a la persona que sabe el qué, cómo y cuándo se va a realizar el delito, contribuye objetivamente al hecho (dominio funcional del hecho) y en el caso en que intervengan varias personas, quienes hayan acordado la realización del hecho delictivo. Una vez determinado lo anterior, reviste de trascendencia centrar el análisis en la teoría denominada “Imputación Objetiva del resultado”, ya que en los delitos de resultado es claro que su consumación depende de la producción del resultado típico, y el constatar que el sujeto ha contribuido con su acción a causar el resultado constituye un requisito esencial del tipo objetivo, comprobable vía imputación objetiva. Para los efectos del artículo 363 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público expresa que la interpretación pretendida del precepto penal relacionado, está orientada a que los procesados, H. A. C. T. Y J. A. M. V. en común acuerdo con M. A. A. V. tenían en su poder la cantidad de veintinueve mil novecientos setenta y dos dólares americanos en varias denominaciones, la que repartieron entre sí; no acreditando el origen lícito de dicha cantidad de dinero. Así las cosas, se afirma que el sentenciador al haber dictado tal sentencia a los imputados ha producido en consecuencia la violación del precepto penal contenido en el artículo 32 del Código Penal, relacionado con el 3 de la Ley de Lavado de Activos. II. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal, que “Habrá lugar al Recurso de Casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” De esta norma se puede determinar la configuración del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: A) Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato de un acontecimiento histórico declarado por el Tribunal de Sentencia, respecto al asunto debatido, mismos que se desprenden de la valoración hecha a los medios de prueba reproducidos en juicio y de los cuales los Juzgadores han podido apreciar de manera directa, colocándolos en una posición exclusiva de valoración. Por ello, el artículo 369 del Código de Procesal Penal, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos declarados probados; el Recurso de Casación por Infracción de Ley deberá de tener como base los hechos probados, sin pretender la inclusión o exclusión de ninguna de sus partes.- B) Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo como consecuencia de la infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: 1) Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; 2) Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; 3) Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; 4) Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y 5) Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. De allí, que a la Sala de lo Penal, tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia, su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia a partir de los hechos declarados probados; en este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley, debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia, consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). “La infracción por falta de aplicación consiste en la omisión, de parte del juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. (Fernández Entralgo, Jesús; Derecho Procesal Penal de Honduras, Litocom, S. de R.L. de C.V, 2004, Tegucigalpa, Honduras. Pág. 589). “Como lo ha venido reiterando esta Sala de lo Penal, “La Falta de Aplicación de la Ley” como infracción, debe resultar necesariamente a partir de los hechos declarados probados, cuando los Jueces omiten la ley aplicable a la causa que se falla, o se pasa por alto la existencia de una ley que regule la cuestión jurídica que se debate, o en forma deliberada se resiste a aplicarla” (S.P. Exp. No. 393-2009, de fecha 16 de agosto del 2012). III. En el caso examiné, los juzgadores declararon como hechos probados los siguientes: Primero: El día siete de noviembre del año dos mil doce, a eso de las 7:20 de la mañana, se disponían a salir del país los señores M. A. A. V., J. A. M. V. Y H. A. C. T., con destino a la República de Colombia, a través del Aeropuerto Villeda Morales de la ciudad de San Pedro Sula, cuando fueron requeridos por autoridades de migración, ya que al pasar por la máquina de rayos X se detectó que llevaban consigo en sus ropas dólares en efectivo. SEGUNDO: Al haber sido registrados, se determinó que M. A. A. V. llevaba en su pantalón la cantidad de diez mil ciento cincuenta dólares americanos: a J. A. M. V. se le encontró la cantidad de nueve mil novecientos sesenta y dos dólares americanos y, al señor H. A. C. T.la cantidad de nueve mil ochocientos sesenta dólares americanos. TERCERO: El señor M. A. V. es el gerente propietario del Laboratorio Centro Científico Internacional ubicado en la república de Colombia, encargado de la elaboración y distribución de productos naturales, empresa que mantenía relaciones comerciales con la empresa CENAT, ubicada en la ciudad de San Pedro Sula, cuyo gerente es el señor A. P. de nacionalidad colombiana. CUARTO: Los señores J. A. M. V. y H. A. C. T., se desempeñaban como encargado de bodega y auxiliar de publicidad, respectivamente, quienes laboraban para el señor M. A. V., en la República de Colombia. QUINTO: El señor M. A. A. V. decidió trasladar la cantidad detallada en el hecho primero, hacia Colombia, sin que se acreditara el origen lícito del mismo, el cual suma la cantidad de veintinueve mil novecientos setenta y dos dólares americanos en varias denominaciones. Del factum se deriva que el dolo requerido por el tipo penal únicamente concurre en el procesado M. A. V., al haber decidido trasladar la cantidad incautada hacia la República de Colombia, tratándose de dinero que no tenia justificación económica legal de su procedencia, no desprendiéndose del hecho declarado probado la existencia de dolo por parte de lo imputados M. V. y C. T.. Así las cosas, La Sala de lo Penal, no aprecia la “voluntad” realizadora del tipo objetivo y con ello la configuración del dolo como actitud subjetiva de decidirse y seleccionar medios para la ejecución de una acción lesiva a un bien jurídico, que se derive del comportamiento de los encausados M. V. y C. T.. Así, en el caso examiné, no han omitido los Juzgadores alguna ley aplicable a la causa. Consecuentemente el presente motivo formulado por el Ministerio Público debe ser desestimado. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 360, 361, 362 preámbulo y numerales 2), 3), 5) y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo interpuesto por la defensa del procesado señor M. A. A. V.. SEGUNDO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por la defensa del procesado M- A. A. V.. TERCERO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su primer y tercer motivo interpuesto por la defensa del procesado M. A. A. V.. CUARTO: Declarar HA LUGAR, el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su segundo motivo, por no haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica, en consecuencia, anula la sentencia únicamente respecto al encausado M. A. A. V.. En cuanto a la sentencia dictada contra los imputados J. A. M. V. Y H. A. C. T. el pronunciamiento de absolución dictado a favor de ellos permanece incólume, debiendo realizarse nuevo debate únicamente para juzgar al imputado M. A. A. V.. QUINTO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo interpuesto por el Ministerio Público. Y MANDA: PRIMERO:
- Declarar la nulidad absoluta del fallo de fecha cinco de febrero del año dos mil catorce dictado por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán y del debate en que se pronunció, únicamente respecto al encausado M. A. A. V.. 2) Que se repita otro debate, con jueces diferentes a los que participaron en el anulado, únicamente para juzgar al imputado M. A. A. V.. SEGUNDO: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. Redactó: EL MAGISTRADO CALIX HERNANDEZ. NOTIFIQUESE.
MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO
MAGISTRADO COORDINADOR
JACOBO CALIX HERNANDEZ
MAGISTRADO
CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO
MAGISTRADO
[1] Bramont Arias, Torres LuisA.. Esquema de la Parte General, Tratado de Derecho Penal, parte general, Bustos Ramírez, Extractados a su vez de la revista de práctica jurídica, número 19, enero-junio 2007, Universidad San Juan Bautista, Lima, Perú.
[2] Gómez de la Torre, Ignacio, Arroyo Zapatero Luis, Lecciones de Derecho Penal, parte general, págs. 141 1 143, Editorial Praxis, Barcelona, España, 1996.
[3] En virtud del principio de inmediación el Juez se relaciona directamente con los medios de prueba sobre los que ha de formar su convicción. Significa dicho principio que la actividad probatoria ha de transcurrir ante la presencia o intervención del órgano jurisdiccional encargado de pronunciar la sentencia. Un procedimiento está presidido por el principio de inmediación cuando el Juez o Tribunal están obligados a formar su íntima convicción y a fundamentar su sentencia exclusivamente con el resultado probatorio que ha podido formarse bajo su directa intervención en el juicio oral. De este modo el proceso lógico seguido por el Tribunal de Instancia en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto a control a través del examen casacional.
[4] Vid. ZARAGOZA AGUADO, JAVIER, “Análisis sustantivo del delito (II): Cuestiones de interés sobre el delito de blanqueo de bienes de origen criminal: la prueba indiciaria, la comisión culposa. Nuevas Orientaciones en Derecho Comparado”, AAVV en “Prevención y Represión del blanqueo de capitales”, Estudios de Derecho Judicial No. 28, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2000, págs. 297-298.
[5] Según refiere el Perito RONY REYES TORRES, en las declaraciones juradas presentadas por el Señor A. P. ante la Dirección Ejecutiva de Ingresos, se consigna que tuvo ingresos brutos en los ejercicios fiscales de los años 2009, 2010 y 2011 de 3, 013,148.22 Lempiras, vid. Folio NO. 2219 del Tomo 9.