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Sentencia CP-22-12 — Registro 5451

Resumen

Se condenó al imputado en primer instancia por el delito de cohecho y sustracción de documentos públicos, resolviendo en segunda instancia Sin Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...EL ARGUMENTO NO ES DE RECIBO. La Sala de lo Penal, después de la confrontación de los hechos probados con la norma que ha sido denuncia como indebidamente aplicada, ha obtenido un resultado de tipicidad, es decir, que el factum encuadra en el supuesto de hecho descrito por el delito, por tanto, su aplicación por parte del Tribunal de Sentencia es correcta. Los hechos probados señalan que la acusada tenía asignado el expediente forestal abierto en la Fiscalía del Medio Ambiente en contra del señor J. E. Z. M., describen que el 16 de enero del 2008 Y. C. E. entregó documentación al señor Z. M., tomada del expediente en mención, motivada por la promesa de recibir a cambio una cantidad de dinero; es pues que la acusada SUSTRAJO indebidamente documentación que se encontraba bajo su custodia en su condición de funcionaria pública con un propósito ilegal, acción que se encuentra dentro del marco de reproche de la norma. El Censor, increpa que no se probó que la acusada tuviese la custodia del expediente en mención, lo que es argumento impropio por lo que ya se ha explicado, en cuanto a la naturaleza del recurso presentado, este hecho está consignado en el factum (F. 516v), el cual es inamovible e incuestionable por la vía del Recurso de Casación por Infracción de Ley; además, el censor señala que no se probó que el documento en mención haya estado destinado a ser presentado como medio de prueba, lo que no es parte de la exigencia del tipo penal, ésta consideración está reservada para los objetos, no así para los documentos y registros, de modo que lo entregado por la acusada, al ser documentos en resguardo, sin importar su naturaleza pública o privada, ejecutó directamente la conducta prohibida..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cuatro de noviembre de dos mil quince, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS: MARCO VINICIO ZÚNIGA MEDRANO, en su calidad de Coordinador, JACOBO CÁLIX HERNÁNDEZ y CARLOS DAVID CÁLIX VALLECILLO; dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha diecinueve de septiembre del año dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, mediante la cual CONDENÓ a la señora Y. C. E. S. a la pena de SIETE (7) AÑOS DE RECLUSIÓN, como autora de los delitos de COHECHO Y SUSTRACCIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, más las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley el Abogado M. A. Z. R., actuando en su condición de Apoderado Defensor de la señora Y. C. E. S.. SON PARTES: Los Abogados M. A. Z. R. Y J..H. S., en su condición de Defensores Privados de la acusada Y. C. E. S., como parte recurrente y el Abogado S. C. A., como parte recurrida. HECHOS PROBADOS PRIMERO: En fecha catorce de enero del año dos mil ocho, la Abogada Y. C. E. S., en ese entonces Agente Fiscal de la Fiscalía Especial del Medio Ambiente, a través de conversación telefónica sostenida con el señor J. E. Z. M., le pidió la cantidad de un millón quinientos mil lempiras, para resolverle favorablemente el expediente forestal que él tenía pendiente en esa unidad, ya que ella tenía asignadas estas diligencias. SEGUNDO: El día dieciséis de enero del año dos mil ocho, alrededor del mediodía, en el centro comercial “Santa Mónica, ubicado a inmediaciones del Aeropuerto Internacional Toncontín de esta ciudad capital, la señora Y. C. E. S. le entregó a don J. E. Z. M. documentación que tomó del expediente que ella tenía bajo su custodia”. CONSIDERANDO I. El Recurso de Casación por Infracción de Ley, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II. El recurrente Abogado M. A. Z. R. formalizó su Recurso de Casación por Infracción de Ley de la siguiente manera: “RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE LEY. MOTIVO ÚNICO DE CASACION INFRACCION DEL ARTÍCULO 361 EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 358-A DEL CÓDIGO PENAL. PRECEPTO AUTORIZANTE. El motivo se encuentra autorizado por el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO. Expone el maestro mexicano M. J. H. que “las figuras típicas geometrizan lo antijurídico, corrigen la intuición, frenan la emoción y dotan al derecho penal de una mística noble y de una reciedumbre segura y grandiosa que cercenan los arrebatos de la ira, los despotismos, las arbitrariedades y demás excesos emotivos inherentes a la feble condición humana. Sus contornos y distarnos, sus límites y ampliaciones, sus fácticas formas y contenidos intra jurídicos, captan los fenómenos ilícitos más trascendentes y más adheridos a la vívida realidad social Las figuras típicas no solo geometrizan lo antijurídico, sino que también sirven de fundamento a la culpabilidad jurídico penal, pues ésta se basa en el aislado acto típico, severamente -a través del acto típico- se penetra en la intimidad del autor y se valora dicha intimidad conforme a las individualizadas normas de deber, que emanan de las normas de derecho”[1]. Por su parte, la Dra. O. I. de G. M. en su libro “Análisis lógico de los delitos contra la Administración Pública” nos informa que la tipicidad es “la correspondencia unívoca uno a uno entre los elementos del tipo penal”[2] y los contenidos del delito; es decir, entiende la Dra. I., que para cada elemento o presupuesto del tipo penal tiene que existir una porción del contenido del delito que satisfaga la semántica de aquél y para cada porción del contenido del delito ha de haber un elemento del tipo que requiera su concreta concreción. Cuando no quede satisfecho el requisito de la exacta adecuación al tipo legal, aparecerá la atipicidad. El elemento de la tipicidad puede definirse como el encuadramiento de una conducta con la descripción hecha en la ley; en otras palabras, es la acuñación o adecuación de un hecho a la hipótesis legislativa. Celestino Porte Petit dice, que la tipicidad es: “la adecuación de la conducta al tipo, que se resume en la fórmula nullum crimen sine tipo”. El tipo es, podemos decir, la descripción de una conducta hecha por el Estado a través de los preceptos legales penales, dicho es, a través de la descripción que haga el Código Penal o la ley especial que así lo describa como una conducta penal. El tipo es, para muchos autores, la descripción de una conducta desprovista de valoración, es la descripción de la conducta y del resultado, quedando, por consiguiente, incluidas en el tipo, la acción y el resultado (causalismo). El tipo es la descripción legal de un delito, y la tipicidad es la amoldación o amoldamiento de la conducta a la fórmula descrita por la ley o fórmula típica. De lo anterior se desprende que los presupuestos del delito se pueden concretizar en el deber jurídico penal, buen jurídico penal, el sujeto activo del delito con sus elementos constituyentes —voluntariedad, imputabilidad, dominio del hecho, calidad de garante, calidad específica y pluralidad específica-, sujeto pasivo con sus posibles alternancias -calidad específica y pluralidad específica- y el objeto material. Para efecto de nuestra tesis nos referiremos a cuestiones específicas como el deber jurídico penal que comprende la prohibición o mandato categórico contenido en el tipo legal y lo establecido por Beling en cuanto a que la tipicidad no es otra cosa que encontrar en los hechos tenidos como probados la satisfacción de todos y cada uno de los presupuestos del tipo penal. Por su parte F. M. C. al referirse a los delitos y siguiendo los conceptos de la Imputación Objetiva, es menester imperativo tener el dominio del hecho, como teóricamente acepta y reconoce la sentencia impugnada al comentar la autoría del delito. El Artículo 32 del Código Penal define la autoría como quienes toman parte directa en la ejecución del hecho (autoría inmediata), los que fuerzan o inducen directamente a otro a ejecutarlo (autoría mediata) y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado (cómplice necesario). Gimbemat al referirse a este precepto final o cómplice necesario establece que esa contribución debe ser no de un elemento común, sino de aquellos que son escasos en el comercio de los hombres y que lo tornen indispensable para la comisión del delito. Cuando no se integran todos los elementos descritos en el tipo legal, se presenta el aspecto negativo del delito llamado atipicidad. La atipicidad es la ausencia de adecuación de la conducta al tipo. Si la conducta no es típica, jamás podrá ser delictuosa. En fondo, en toda atipicidad hay falta de tipo; si un hecho específico no encuadra exactamente en el descrito por la ley, respecto de él no existe tipo. “Las causas de atipicidad pueden reducirse a las siguientes: a) Ausencia de la calidad o del número exigido por la ley en cuanto a los sujetos activo y pasivo; b) Si faltan el objeto material o el objeto jurídico; c) Cuando no se dan las referencias temporales o espaciales requeridas en el tipo; d) Al no realizarse el hecho por los medios comisivos específicamente señalados en la Ley; e) Si faltan los elementos subjetivos del injusto legalmente exigidos; y, f) Por no darse, en su caso, la antijuricidad especial”. DOMINIO DEL HECHO Retomando la autoría conforme a las teorías material-objetivas que se orientan por pautas objetivas, intentan establecer el sentido de la intervención atendiendo a criterios de contenido, no sólo a la forma del comportamiento. El Concepto objetivo-material, sostiene que autor es aquel que aporta la contribución más importante, en cierto modo en la línea de la llamada causalidad eficiente. Las deficiencias de los conceptos objetivos de autor hicieron que la doctrina buscara otros tipos de Teoría. De esta forma, encontramos la Teoría del Dominio del Hecho para la cual el autor del delito es la persona que consciente y dolosamente controla el desarrollo del hecho, que tiene el dominio sobre el curso del mismo, dominio que se manifiesta en lo subjetivo porque lo orienta a la lesión de un bien jurídico y, en lo objetivo, porque goza del poder de interrumpir en cuanto quiera el desarrollo del hecho. Como se puede observar, esta Teoría combina elementos subjetivos y objetivos, y además admite sin problemas el concepto de autor mediato. Ahora, hay que diferenciar la autoría en función del ámbito en que se encuentre. Es cuando el sujeto no realiza la acción típica, no tiene dominio del hecho o no le incumbe el deber especial en los delitos de infracción de deber. Viendo el Artículo 361 del Código Penal, fundamentación jurídica en que descansa la sentencia impugnada se tiene que los presupuestos que el legislador establece para tener por cometido este delito son los siguientes: a) Que se trate de un funcionario o empleado público. b) Que éste solicite, reciba o acepte por si o a través de otra persona. c) Que se trate de dádivas, presentes, ofrecimientos, promesas o cualquier otra ventaja indebida. d) Ejecutar un acto contrario a sus deberes que sea constitutivo de delito. e) Que sea sin perjuicio de la pena aplicable al delito cometido en razón de la dádiva o promesa. f) Se sanciona con reclusión de cinco (5) a siete (7) años, más inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión. Frente a este tipo penal, el sentenciador considera como hecho probado lo siguiente: “Primero: En fecha catorce de enero del año dos mil ocho, la Abogada Y. C. E. S., en ese entonces Agente de la Fiscalía Especial del Medio Ambiente, a través de conversaciones telefónicas sostenidas con el señor J. E. Z. M., le pidió la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL LEMPIRAS, para resolverle favorablemente el expediente forestal que él tenía pendiente en esa unidad, ya que ella tenía asignadas estas diligencias.”[3] Las divergencias entre el hecho tenido como probado y los presupuestos del tipo penal, se pueden establecer en dos líneas diferentes de análisis, como lo pasamos a demostrar: LOS HECHOS TENIDOS COMO PROBADOS. 1. Señala el sentenciador que la concertación entre la supuesta víctima –testigo- y la señora E. S. se da “a través de conversaciones telefónicas”, teniendo por tales, según los antecedentes cifrados en la sentencia, la supuesta llamada que desde el parque España hace una supuesta mujer llamada R. a una supuesta C. E. y quien supuestamente le confirma su propósito de cobrar millón y medio de lempiras “por resolverle el caso”, no especifica la forma, ni lo aseverado por el señor Z. M. tuvo alguna confirmación para tenerlo como creíble. Una presunta llamada desde el Bufete Cuellar donde se ha instalado el Fiscal A. F. S. S. para practicar escuchas sin estar legalmente autorizado para ello y es su “leal entender” que le dice que esa es la voz de la señora E. S. y lo confirma porque la ve, de un edificio a otro, conversando con una persona y presume que tal es la conversación que ha escuchado, sin que su interlocutor lo autorice para hacer la escucha. En esta escucha no se practicó la prueba del audiómetro que le estableciera con un 99.9999 % que la voz que escuchó por el celular del señor Z. M. era la propia de la señora E. S., sino que bastó al sentenciador que el señor A. F. S. S., “a ojo de buen cubero” y sin ninguna experiencia en audiometría afirmara temerariamente que se trataba de la voz de determinada persona, para que luego el Tribual de Sentencia diera como hecho probado que la solicitud de dádiva se produjo “a través de conversaciones telefónicas” con un simple vaciado telefónico que lo único que deja establecido es que hubo una llamada de un teléfono a otro, sin establecer los protagonistas, la propiedad de los aparatos y el contenido de la conversación. Con semejante vinculación, no es posible llegar ni al más ínfimo indicio racional para ser considerado en una sentencia y mucho menos tener un hecho como cierto para fallar dentro de la certeza que reclama la sentencia condenatoria. Continúa el hecho tenido como probado que “le pidió la cantidad de un millón quinientos mil lempiras” Cuestión que también navega en el mar de la duda en vista de que los mismos protagonistas de la acusación dicen que el señor A. F. S. S. le escribía al señor Z. M. que regateara esa cantidad y que al final quedaba en un millón trescientos mil lempiras. Se presume que la entrega de esa cantidad era “para resolverle favorablemente el expediente forestal” y aquí el sentenciador nos lleva a un paseo por tres pretensiones en la sentencia: a) Lo que busca el señor Z. M. es que se le aplique un criterio de oportunidad al sentirse culpable de los hechos que se le imputan; b) Que se le resuelva favorablemente, esto es que se dicte una providencia mandando al archivo el expediente y que no se judicialice y, c) Que sustraiga los documentos que son imperativos para formular el requerimiento fiscal. Ante esta multiplicidad de objeto no se puede establecer con certeza cual es el imperante: Primero porque resulta peregrino que el señor Z. M. quiera pagar un soborno frente a la seguridad que su pariente le ha dado de obtener el criterio de oportunidad y donde las demás alternativas carecen de sentido. Segundo, lo mismo sucede si se le ofrece remitir al archivo las diligencias y deja en impunidad su conducta delictiva y, tercero, la que resulta más difícil de ofrecer y aceptar, que se le van a entregar las facturas decomisadas. El sentenciador, se decide por la más improbable de todas. A LOS PRESUPUESTOS DEL TIPO PENAL Partiendo de los presupuestos establecidos por el legislador para este tipo penal nos encontramos lo siguiente: a) Que se trate de un funcionario o empleado público. Este presupuesto se satisface a cabalidad, pues ha quedado demostrado que la señora Y. C. E. S. era empleada pública en el Ministerio Público a la fecha de los acontecimientos. b) Que éste solicite, reciba o acepte por si o a través de otra persona. Este presupuesto no se satisface certeramente, pues, ha quedado demostrado que no existe indubitación al establecer que haya habido comunicación entre el señor Z. M.y la señora Y. C. E. S.. Los vaciados telefónicos no indican, en ningún momento, quiénes son las personas que entablan el dialogo, ni mucho menos lo que se dicen. En ningún momento de su deposición, el señor Z. M. admite conocer el número telefónico de la señora E. S., ni mucho menos estar seguro que era con ella con quien platicaba por teléfono. De manera que no existe evidencia de que se haya materializado una solicitud de una dádiva, la haya aceptado o la haya recibido. En consecuencia, este presupuesto no ha sido establecido. c) Que se trate de dádivas, presentes, ofrecimientos, promesas o cualquier otra ventaja indebida. De resultar satisfechos todos los presupuestos, podría decirse que la sentencia si fija la dádiva o promesas remuneratoria en forma indebida por cuanto se presume y solamente eso, se presume que se solicitaba una cantidad en dinero como dádiva remuneratoria, sin especificar claramente quien es el sujeto recibidor, por cuanto nunca quedó establecido que haya sido concretamente la señora E. S., ni se pudo establecer, fuera de toda duda, la cantidad solicitada. d) Ejecutar un acto contrario a sus deberes que sea constitutivo de delito. Este presupuesto tampoco se satisface con la certeza de una sentencia condenatoria porque, como dejamos arriba bosquejado, en la valoración fáctica de la sentencia se señalan tres posibilidades para que el señor Z. M. no sea su conducta judicializada, dos de carácter legal y que no son constitutivas de delito como lo son el criterio de oportunidad y el archivo de la diligencias y solamente una es óbice de delito, pero ante el imperio de la duda se impone el Artículo 339 del Código Procesal Penal con su duda razonable en beneficio del procesado. La sentencia reconoce que al final el señor Z. fue objeto del criterio de oportunidad, pese al escándalo generado o quizás por contribuir conforme al numeral 5 del Artículo 28 del citado código. e) Que sea sin perjuicio de la pena aplicable al delito cometido en razón de la dádiva o promesa. Aquí la sentencia vuelve a separarse de la norma comentada que da razón al concurso real de delitos y jamás al concurso ideal con que la sentencia pretende dar forma al tipo penal. Este presupuesto nos indica claramente que en la aplicación del Artículo 361 del Código Penal se deben realizar dos acciones: que el funcionario ofrezca algo que es contrario a sus deberes y que es constitutivo de delito y luego que, por esa conducta solicite, reciba o acepte una dádiva o ventaja indebida. Al hablar de dos acciones estamos dentro del territorio del concurso real que se materializa en este caso con una pena de tres a seis años por la sustracción de documentos y de cinco a siete años por el cohecho, lo cual, conforme al Artículo 35 de Código Penal en armonía con el Artículo 69 del citado Código, la pena conjunta es de ocho a trece años, muy diferente a la pena de siete años que señala la sentencia, todo expresado al amparo del Artículo 350 del Código Procesal Penal. f) Se sanciona con reclusión de cinco (5) a siete (7) años, más inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión. Este presupuesto tampoco fue considerado en la sentencia al señalar indebidamente un concurso ideal que tampoco responde a los parámetros establecidos para la imposición de la pena que señala el Artículo 69 del Código Penal, sino que se hizo a base de discrecionalidad, dando la espalda a lo que se expresa como principio de legalidad de la pena es decir “nullun poena sine lege”. 2. El segundo hecho tenido como probado señala, que el día 16 de enero del año 2008, en el centro comercial Santa Mónica a inmediaciones del aeropuerto Toncontín, la señora Y. C. E. S., le entregó a don J. E. Z. M., documentos que tomó del expediente que ella tenía bajo su custodia. Aquí los hechos relevantes estriban en la entrega de documentos y que los mismos forman parte de un expediente entregado a custodia a la imputada. Los dos presupuestos no encuentran consistencia en la fundamentación fáctica ni en la fundamentación jurídica de la sentencia, pues en toda su dimensión no se encuentra el hecho de que Y. C. E. S. haya recibido de su jefe inmediato tal expediente y por ende jamás estuvo en su custodia, llegándose a la aberración que el mismo Ministerio Público presentó dos expedientes diferentes y con distinto número como posible fuente de tales documentos y, luego, en todo el proceso no pudo establecerse con la claridad de la certeza a qué documentos se refería, ya que en el cambio de bolsas que dicen haberse dado, nadie tomó razón de su contenido, como tampoco nadie se responsabiliza de su custodia ni se puede dar razón si los mismos eran constitutivos de delito o no. Al amparo de este hecho se cita, como norma aplicable, el Artículo 358-A del Código Penal, la cual no ofrece los siguientes presupuestos: a) Quien, b) Sustraiga, oculte, destruya o inutilice registros, documentos u objeto destinados a servir de prueba ante autoridad competente, c) Que estén confiados a la custodia de un funcionario público o de otra persona en interés del servicio público, d) Se sancionará con reclusión de tres (3) a seis (6) años. La norma ha sido aplicada indebidamente en vista de que se cumplen con todos los presupuestos del tipo penal, como pasamos a demostrar: a) Quien Con la presente preposición se establece que el autor del delito puede ser cualquier persona, se encuentre en el servicio público a no, de manera que la señora Y. C. E. S. sí cumple con esta expectativa del presupuesto b) Sustraiga, oculte, destruya o inutilice registros, documentos u objeto destinados a servir de prueba ante autoridad competente. El verbo recto del tipo penal se bifurca en una serie de actividades que van desde la sustracción, el ocultamiento, la destrucción e inutilización de registros, entre los que deben contarse los magnéticos o electrónicos, documentos y, más adelante el tipo incluye cualquier tipo de documento o registro que vaya a servir como medio de prueba ante autoridad competente. En el caso examiné, este presupuesto de tipo penal no se satisface, porque en el hecho tenido como probado no se establece el tipo de documento o registro es el que ha sido sustraído y si el mismo entorpece la función administrativa o va a constituir un medio de prueba. Ninguna de estas dudas ha sido resuelta por el sentenciador y la falta de claridad en la sentencia oculta a la presencia del lector la clase de documento que se trataba de sustraer. c) Que estén confiados a la custodia de un funcionario público o de otra persona en interés del servicio público. Ha quedado establecido que la señora Y. C. E. S. era una empleada del Ministerio Público, por lo que está involucrada como “otra persona en interés del servicio público”; pero en ninguna parte se encuentra evidencia o señalamiento alguno que nos diga que ésta señora recibió en custodia alguna cosa. No hay evidencia de entrega de algo, de recibo de algo y de que se trata ese algo. Se imputa si, pero no se demuestra y por lo tanto, este presupuesto tampoco se satisface. d) Se sancionará con reclusión de tres (3) a seis (6) años. La pena simplemente no se aplica, pues el sentenciador, violando en artículo 11 del Código Penal en una pena de libre albedrío decidió calificar de concurso ideal lo señalado en el Artículo 361 del Código Penal y a su libre voluntad consideró subir la pena mínima del cohecho en nueve meses más, sin ninguna fundamentación jurídica que no sea su voluntad. De manera que al no aplicar esta pena, tampoco satisfizo el presupuesto del tipo penal y la norma se ha visto totalmente violada. DE LA ATIPICIDAD Las causas de atipicidad se dan en los supuestos en los que concurren unas determinadas circunstancias que suponen la exclusión de la tipicidad de la conducta, negando con ello su inclusión dentro del tipo penal. Se da cuando en los elementos objetivos del tipo uno de ellos no encuadra en la conducta típica o simplemente no se da. Se dice que existe ausencia del tipo cuando en la ley no se encuentra plasmada o regulada alguna prohibición de alguna conducta, acorde al principio de legalidad penal. Por ejemplo, los vejámenes no están tipificados como delito en la mayoría de tos países. Aunque para muchos pueda ser una actitud reprochable, esta no será castigada por la ley o el Estado, ya que no es una conducta recogida y penada en el Código Penal. ASPECTO NEGATIVO: ATIPICIDAD. La atipicidad se puede dar por dos circunstancias: Por no adecuación a sus presupuestos. La atipicidad es la no adecuación de la conducta al tipo penal, por la cual da lugar a la no existencia del delito. Ausencia de tipo. La ausencia de tipo es la carencia del mismo. Significa que en el ordenamiento legal no existe la descripción típica de una conducta determinada. En vista de lo expuesto se concluye en la necesidad de anular la sentencia dictada por el Honorable Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa y en su lugar dictar la que conforme a Derecho corresponde”. DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA INTERPUESTO EL ABOGADO M. A. Z. R., DEFENSOR PRIVADO DE LA ACUSADA Y. C. E. S., SEÑALANDO INDEBIDA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 358-a Y 361 DEL CÓDIGO PENAL. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 360 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal, que “Habrá lugar al recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…”. Así pues, son dos los elementos del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal:

  1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato de un acontecimiento histórico declarado por el Tribunal de Sentencia, respecto al asunto debatido, mismos que se desprenden de la valoración hecha a los medios de prueba reproducidos en juicio y de los cuales los Juzgadores han podido apreciar de manera directa, colocándolos en una posición exclusiva de valoración. Por ello, el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados; y 2) Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a) Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b) Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c) Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d) Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal y e) Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí, que a la Sala de lo Penal, tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). II. La parte recurrente, presentó un extenso escrito en donde desarrolló su RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY, exponiendo un único motivo denunciando la indebida aplicación de las normas sustantivas de los artículos 358-A y 361 del Código Penal, manifestándose en desacuerdo con los hechos declarados probados por ser de la consideración de que no están respaldados por la ACTIVIDAD PROBATORIA que se desarrolló en la audiencia del debate, así puntualiza: 1) El Primer hecho Probado, que describe el delito de Cohecho, el Censor lo rechaza como consecuencia de: a) Las supuesta conversación telefónica no le fue practicada la prueba del audiómetro mediante la cual se pudiera establecer 99.9999% que la voz que escuchó por el teléfono celular el señor J. E. Z. M., era efectivamente de la acusada; b) Navega en un mar de dudas la supuesta cantidad de dinero que solicito la acusada, ya que el testigo A. F. S. S., le escribía al señor J. E. Z. M., para que regateara la cantidad a pagar y que al final quedó en un millón de lempiras con trescientos mil lempiras y c) La cantidad de dinero era para resolver favorablemente un expediente forestal, pero en la sentencia se plantean tres hipótesis: i) Para aplicar un criterio de oportunidad; ii) Ordenando el archivo administrativo de la causa; iii) Que se sustrajera documentos imperativos para la presentación del requerimiento fiscal; el Censor, señala que ante la multiplicidad del objeto del pago no se puede establecer con certeza cuál es el imperante. Completa el argumento el Censor afirmando que no se cumplen los elementos objetivos del tipo debido a que no se tiene la certeza de haya existido comunicación entre la acusada Y. C. E. S. y el señor J. E. Z. M., porque no quedó claro quién recibiría la dádiva o promesa remuneratoria, porque no se pudo establecer sin duda alguna la cantidad solicitada y finalmente porque no hay certeza de que a cambio de la dádiva o promesa remuneratoria se estuviese solicitando un acto ilegal, ya que la aplicación del criterio de oportunidad y el archivo administrativo de la causa son conductas lícitas, concluyendo que lo que existe en el presente caso es duda razonable debiéndose dictar una sentencia absolutoria según lo ordena el artículo 339 del Código Procesal Penal. 2) El Segundo hecho Probado, que describe el delito de Sustracción de Documentos Públicos, el Censor lo rechaza como consecuencia de: a) No se probó que la acusada Y. C. E. S. haya recibido de su Jefe la asignación del expediente y por ende jamás lo tuvo en custodia y b) No se pudo saber en todo el proceso a que documentos, ya que en el cambio de bolsas que se alegó en la audiencia de debate nadie dio razón de su contenido, ni nadie se responsabilizó de su custodia. III. El Código Procesal Penal, prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer Recurso de Casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, penales sustantivas y procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal; para ello, el legislador a previsto tres tipos de recursos de casación: Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley Penal Sustantiva y Quebrantamiento de Forma. Al respecto, quien interpone un recurso, en primer lugar, debe precisar el tipo de Recurso de Casación que interpone, elegido conforme al vicio que considere adolece la sentencia que impugna, seguidamente debe de explicar los defectos legales que provocan el vicio mediante el desarrollo de MOTIVOS, planteados de manera separada uno de otro, con un argumento claro que permitirá al Tribunal de Casación entender el sentido de la impugnación y dar una respuesta precisa a éste. Tratándose del Recurso de Casación por Infracción de Ley, el recurrente debe de tener presente que a éste rige el PRINCIPIO DE INTANGIBILIDAD de los Hechos Probados, (ver artículo 369 párrafo tercero del Código Procesal Penal), es decir, que los hechos probados no pueden ser atacados o cuestionados, pues no se pueden modificar, sino que partiendo de que los mismos son verdades incuestionables el reclamo debe de basarse en que exista falta de correspondencia de los hechos con las normas sustantivas vigentes o con la Doctrina Legal sentada por este Tribunal de Casación, tal y como se ha explicado líneas atrás; el Recurso de Casación por Infracción de Ley no busca entonces anular la sentencia dictada en la instancia por mala aplicación de las reglas de la sana crítica en la valoración probatoria o por errores en la aplicación de normas procedimentales, sino la rectificación de los pronunciamientos resolutivos por mala aplicación de la Ley Sustantiva o de la Doctrina Legal. IV. En el caso examiné, el alegato invocado no le corresponde a la naturaleza del Recurso de Infracción de Ley que se plantea, al interponerlo se hacen argumentaciones impropias, por una parte, se realizan alegatos que corresponden a la instancia al incluir bajo el apartado “ANTECEDENTES”, un relato de lo que entiende ha sido el contexto en el que se desarrollaron los hechos, agregando apreciaciones sobre a lo que si parecer fueron procedimientos incorrectos, confusiones y conclusiones incorrectas del órgano persecutor del Estado; por otra parte, el Censor, al entrar en materia con su Recurso presenta un único motivo, analizando los hechos probados por separados cuestionando que no existió certeza probatoria de lo que en ellos se afirma, más como si se tratase de un Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. De igual forma, no se hace la debida separación respecto a los típicos reclamados, agrupando en un solo motivo lo referente a su reclamo, por lo que a su criterio fue la indebida aplicación de los artículos 361, 358-A y 36 del Código Penal, mismos que merecían ser separados en motivos independientes para efectos de claridad y precisión, alejándose de lo que exige el tercer párrafo del artículo 363 del Código Procesal Penal y que fuere advertido acertadamente por el Ministerio Público incide negativamente en la suerte del Recurso, debido a que se ha dedicado un gran espacio para el desarrollo de argumentos que no pueden ser considerados por la Sala de lo Penal por no tener relación con el recurso elegido. Ahora bien, aún con lo señalado, esta Sala de lo Penal, ha sido del criterio que ante defectos en la interposición de los Recursos de Casación, impera el Principio de Tutela Judicial, por lo que aún cuando un recurso de Casación por Infracción de Ley no esté en todo debidamente estructurado o planteado, si éste permite visorar el sentido del reclamo legal, es deber de la Sala de lo Penal, dar una respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos, dando respuesta a aquellos que se ajustan a la naturaleza del recurso, razón por la cual esta Sala, los desarrolle separadamente para mejor comprensión. V. PRIMER ARGUMENTO: INDEBIDA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 361 DEL CÓDIGO PENAL. Es propio señalar que el Título XIII del Libro Segundo del Código Penal, agrupa una serie de tipos penales que tienen como objeto la salvaguarda del bien jurídico Administración Pública, el cual debe de conceptualizarse para efectos penales en un sentido lato como el correcto desempeño del Estado en todas las actividades que realiza, las que deben de caracterizarse por su legalidad, eficacia, eficiencia, probidad, economía, prontitud, imparcialidad, igualdad y publicidad, que son la letra viva de un Estado Social de Derecho como deber del empleado y funcionario público de conducirse con lealtad y probidad, como depositarios de la autoridad y responsables ante la sociedad de sus actuaciones, en los términos que dispone el artículo 323 de la Constitución de la República, 5 de la Ley General de la Administración Pública y 5 de la Ley de Contratación del Estado. Entre los delitos en contra de la Administración Pública tenemos el contenido en el artículos 361 que tipifica el delito de Cohecho Pasivo que reprocha la venalidad del funcionario público, en procura de proteger el funcionamiento normal de la Administración amenazada por la actitud del depositario de la autoridad que debería de protegerle; la venalidad, independientemente si es ejercida en relación con un acto que el funcionario debe cumplir legalmente o de aquellos que son contrarios a la ley, deteriora el correcto funcionamiento administrativo y pone en peligro la normalidad de su desenvolvimiento. Señala el Artículo 361 del Código Penal que “El funcionario o empleado público que solicite, reciba o acepte por sí o a través de otra persona, dádivas, presentes, ofrecimientos, promesas o cualquier otra ventaja indebida para ejecutar un acto contrario a sus deberes que sea constitutivo de delito, será sancionado con reclusión de cinco (5) a siete (7) años, más inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión, sin perjuicio de la pena aplicable al delito cometido en razón de la dádiva o promesa”; son los elementos objetivos del tipo penal: A) Sujeto Activo: Se trata de un tipo penal de autor calificado ya que debe de ser un empleado o funcionario público en ejercicio de su cargo con competencia para llevar a cabo el acto cuya realización u omisión se pretende, entendiéndose como funcionario o empleado público lo señalado por el artículo 393 del Código Penal, como toda persona natural que, por disposición de la ley o por nombramiento de autoridad competente, partícipe en el ejercicio de funciones públicas o desempeñe un cargo o empleo público, incluidos los alcaldes y regidores municipales; por su parte la Convención Interamericana contra la Corrupción en su artículo I señala que debe de entenderse por Funcionario público, Oficial Gubernamental o Servidor público, cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos. B) Sujeto Pasivo: Es el Estado de Honduras, como titular de la Administración Pública. C) Objeto material del delito: Es la administración pública, como bien jurídico protegido. D) Conducta criminosa: Centrada en el verbo rector, que en este caso son de tres órdenes: solicitar, recibir o aceptar: i) Solicita quien a partir de su iniciativa pide o exige dádivas presentes o una ventaja injusta; ii) Recibe el que entra en la tenencia material del objeto que se le entrega; y iii) Acepta quien admite recibir en el futuro lo que se le promete. La primera acción implica una actitud activa del funcionario, mientras que las restantes adopta una actitud pasiva (de allí el nombre del delito: Cohecho Pasivo), en donde además converge la comisión de otro delito por quien hace la entrega o el ofrecimiento (Cohecho Activo). Lo que se solicite o se reciba debe de ser dádivas, presentes o cualquier ventaja injusta, y lo que se acepte debe de ser la promesa o el ofrecimiento igualmente de dádivas, presentes o cualquier ventaja injusta: i) Dádivas o Presentes hacen referencia a algo que se puede dar y recibir en sentido material, por tanto son cualquier objeto que pueda transferirse con valor económico en el tráfico comercial lícito o incluso tráfico comercial ilícito (Como por ejemplo drogas). Es importante señalar, que la entidad, medida o extensión de la dádiva o el presente en valor económico es irrelevante a los fines de la tipicidad, no tiene por qué guardar proporción con la importancia del acto esperado del funcionario, respecto del cual puede ser ínfimo o absurdamente desproporcionado, ya que lo que interesa es que constituya el precio de la actividad o inactividad de aquél; ii) Ventaja Injusta: Es todo aquello que constituya beneficio, que se identifique con algo codiciable para el receptor aún cuando no pueda atribuírsele un valor económico, como por ejemplo favores sexuales y iii) La promesa u ofrecimiento debe de ser aceptada e implica la expectativa del empleado o funcionario público de recibir en el futuro una dádiva, presente o ventaja injusta, independientemente que esta se haya identificado o cuantificado e independientemente si se ha establecido el momento en que se otorgara. La estructura del tipo penal determina que la conducta del empleado o funcionario público debe de recaer sobre un acto u omisión futuro: se solicita, se da y se recibe, se ofrece y se acepta, para actuar u omitir, no por haber actuado u omitido; la dádiva, presente o ventaja injusta entregada para retribuir una conducta funcional YA ADOPTADA por el funcionario se encuentra fuera de los límites del delito de cohecho pasivo, encuadrándose en el delito de Aceptación Indebida de Dádivas del Artículo 365 del Código Penal. C) Modalidad criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector, puede ser ejecutada directamente por el Empleado o Funcionario Público o a través de otra persona la cual sirve de intermediario: i) La acción de solicitar puede ser de manera explícita, donde el funcionario público exprese directamente o a través de otro, su pretensión de obtener una dádiva, un presente o una ventaja injusta, pero también puede realizarse de manera implícita mediante insinuaciones, comentarios que traten de ornamentar la solicitud pero que no deje margen de dudas de lo que se quiere; ii) La acción de recibir, también puede ser de manera directa o por interpósita persona, para beneficio del funcionario público o de un tercero; así pues, el beneficio injusto puede ser recibido por el funcionario público para provecho propio o para provecho de un tercero, por otra persona para beneficio del funcionario, por otra persona para su propio beneficio o por otra persona, para que ésta a su vez utilice lo recibido para beneficio de un tercero; iii) La aceptación del beneficio injusto igualmente puede ser directamente por el funcionario público o por medio de un tercero, independientemente de que se hubiese pactado monto, cantidad o extensión del beneficio o momento en que éste debe de ser entregado, concedido u otorgado. D) Penalidad, está fijada por el legislador con una sanción de cinco a siete años de reclusión e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión que individualizadamente imponga el Tribunal de Sentencia y sin perjuicio de la pena que corresponda en caso de que se llegara a concretar el ilícito al que se haya comprometido el funcionario o empleado público. Como elemento subjetivo el tipo penal de Cohecho Pasivo es el dolo donde el autor motivado por algo distinto que el fiel cumplimiento de la ley, se compromete a la realización de un acto lícito o ilícito con la expectativa de recibir a cambio una dádiva, presente o ventaja injusta; el dolo requiere que el funcionario tenga conciencia del sentido de la dádiva, presente o ventaja injusta que solicita, recibe o de la oferta que acepta y, consecuentemente, que la solicitud, la recepción o la aceptación se hagan teniendo presente las finalidades perseguidas a quien se le solicita, por quien da o por quien promete, no siendo indispensable. Partiendo de lo anterior, se identifican como características del tipo penal de Cohecho Pasivo: A) Según Su Estructura: i) Tipo Penal básico: por describir de manera independiente un modelo de comportamiento humano. ii) Tipo Penal Compuesto: Ya que describe tres modelos de comportamiento distinto derivados de tres diferentes verbos rectores, cada uno de los cuales conforman por su mismo una modalidad típica distinta. B) Según su Contenido: i) Tipo Penal de Mera Conducta, los verbos rectores de solicitar, recibir y aceptar, se agotan con la mera acción del autor, sin que se requiera la producción de un resultado, de modo que el cumplimiento de lo acordado por ambas partes no es más que un acto de agotamiento irrelevante desde el punto de vista de la tipicidad del Art. 361, y por tanto, es un delito que no admite tentativa, es decir: 1) En el verbo rector solicitar no se requiere que la persona a la que se le realice dicha solicitud la acepte, tampoco se requiere que la persona habiendo accedido a la solicitud entregue la dádiva, presente o la ventaja injusta y 2) Para los verbos rectores de solicitar, recibir o aceptar, no se requiere que el funcionario concretice el acto ilícito contrario a sus deberes. ii) Tipo de Conducta Instantánea al contener tres supuestos de hecho (solicitar, recibir y aceptar) cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento. iii) Tipo Penal de Acción: Porque en las conductas criminosas de solicitar, recibir y aceptar, describe un modelo de comportamiento comisivo, es decir, exigen que el sujeto activo realice una conducta aún cuando ésta sea la de expresar su consentimiento. iv) Tipo Penal cerrado, porque siendo un tipo penal en blanco, el supuesto de hecho está descrito por tres verbos rectores que son integrados por lo dispuesto en la Constitución y en las leyes de la República, determinando así con precisión la circunstancia típica, de tal manera que la conducta reprochada está claramente definida. C) Según el Sujeto Activo: i) Unisubjetivo al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo. ii) Tipo Penal de Sujeto Activo Calificado ya que exige que el sujeto activo tenga la condición especial de Empleado o Funcionario Público. D) Según el Bien Jurídico Tutelado: i) Tipo Penal Monoofensivo, al proteger un único bien jurídico, el cual es la Administración Pública que puede verse afectada por la conducta realizada por el empleado o funcionario público motivando su conducta funcional por causa distinta al cumplimiento de la ley. ii) Tipo Penal de Peligro: La aparición del delito es con independencia si el funcionario realiza o no la conducta a la cual se ha comprometido a cambio de la dádiva, presente o ventaja injusta, por tanto el solo peligro de una actuación motivada por causa distinta a la ley está dentro la esfera de protección de la norma. VI.- EL ARGUMENTO NO ES DE RECIBO. El delito de Cohecho Pasivo se encuentra descrito en los hechos declarados probados, no siendo procedentes los cuestionamientos por insuficiente probatoria, por ser esto contrario al Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; nótese, que en el numeral primero del Factum (F. 516v) se describe que la acusada Y. C. E., Agente Fiscal del Ministerio Público, desempeñándose en la Fiscalía Especial del Medio Ambiente, es decir, teniendo la condición de funcionaria pública, sostuvo conversaciones telefónicas con el señor J. E. Z. M., a quien le SOLICITO una DADIVA consistente en dinero, a cambio de resolver favorablemente un expediente forestal que éste tenía pendiente en esa unidad, en el numeral segundo del Factum se establece que la acusada tomó documentos del expediente investigativo y se los entregó al señor J. E. Z. M.; es pues, que el factum se ajusta al ámbito situacional de la norma penal del artículo 361 del Código Penal que contiene el delito de Cohecho Pasivo, que ha calificado el Tribunal, puesto que la acusada valiéndose de su condición de funcionaria, solicitó la entrega de dinero con el fin de realizar una conducta contraria a la ley, como ser la extracción de documentos de investigación que pertenecían a un expediente. Resultando claro en cuanto a que los hechos probados describen los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal en referencia y por tanto la denuncia del Censor en cuanto a su indebida aplicación es improcedente. VII.- SEGUNDO ARGUMENTO: INDEBIDA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 358-A DEL CÓDIGO PENAL. En el Título XIII del Libro Segundo del Código Penal, además encontramos el artículo 358-A que tipifica el delito de Sustracción de Documentos que reprocha la disposiciones indebidas que se hagan de registros, documentos u objetos bajo la custodia del Estado y que por tanto de interés público; el artículo 358-A adicionado al Código Penal establece: “Quien sustraiga, oculte, destruya o inutilice registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario público o de otra persona en interés del servicio público u objetos destinados a servir de prueba ante autoridad competente, se sancionará con reclusión de tres (3) a seis (6) años. Si el autor del hecho fuere el mismo depositario, además de la pena anterior se le impondrá la de inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la condena”. Son los elementos objetivos del tipo penal: A) Sujeto Activo: Se trata de un tipo penal común, dado que puede constituirse como sujeto activo cualquier persona, no se requiere entonces la condición de empleado o funcionario público, ni tampoco estar desempeñándose como custodio de los documentos registros u objetos, pero en caso de que así sea el segundo párrafo dispone agravar la pena con la imposición de una pena principal de inhabilitación absoluta. B) Sujeto Pasivo, es el Estado de Honduras como titular de la Administración Pública, responsable de la custodia de documentos, registros u objetos de interés que es ejecutado por empleados y funcionarios públicos. C) Objeto material del delito, son documentos y registros u objetos: i) El tipo penal al no hacer distinción entre documentos públicos o privados, debe de entenderse que el ámbito de protección es para ambas categorías, debiéndose entender como documentos público lo señalado en el Artículo 270.2 y por Documento Privado lo establecido en el artículo 270.3 del Código Procesal Civil; ii) Se definen como registro una base de datos relacional, es la recopilación de información de una clase o especie determinada en soporte documental, electrónico o informático donde conste información de carácter pública o de interés público; y iii) Objeto, que es cualquier entidad corpórea. El tipo penal señala que los documentos y registros deben de estar bajo resguardo y el objeto además debe tener un propósito especifico: i) Los documentos y registros pueden estar bajo la custodia de un funcionario público, ya sea de manera temporal o permanente, independientemente que pertenezcan a una institución del estado o propiedad de una persona natural o jurídica; ii) Los documentos y registros pueden estar bajo la custodia de una persona particular por disposición legal, reglamentaria o por orden de autoridad competente, con el fin de que se preste un servicio de interés público; y iii) Los objetos deben de estar bajo custodia de funcionario público o bajo la custodia de un particular por interés de servicio público, como se ha explicado en los dos numerales anteriores, pero particularmente su custodia debe de ser con el fin de presentarlos como medio de prueba ante una autoridad administrativa o judicial. D) Conducta criminosa centrada en el verbo rector, presentándose en número de cuatro en el tipo penal en estudio: sustraer, ocultar, destruir e inutilizar: i) Sustraer implica separar el documento, registro u objeto del lugar donde se encuentra originalmente con el fin de no retornarlo; ii) Ocultar, consiste en esconder, tapar, disfrazar o encubrir a la vista los documentos, registros u objetos, de modo que estos no puedan ser encontrados y utilizados en el momento que se les requiera; iii) Destruir consiste en realizar una acción en el documento, registro u objeto de modo que éste deje de existir como tal; y iv) Inutilizar es ejecutar un acto en el documento, registro u objeto, de modo que éste ya no pueda ser utilizado al destino para el cual se elaboro o se dispuso. E) Modalidad criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector; el tipo penal no describe una modalidad criminosa exclusiva, de modo que ésta puede ser ejecutada de cualquier manera siempre que se observe alguno de los verbos rectos, así pues el sujeto activo puede realizar la conducta con o sin conocimiento de la persona que tenga en custodia los documentos, registros u objetos, ejerciendo en ésta intimidación, fuerza, engaño o contando con su colaboración. F) Penalidad, está fijada por el legislador con una sanción de tres a seis años de reclusión, a la que se suma la inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión que individualizadamente imponga el Tribunal de Sentencia cuando el sujeto activo sea precisamente la persona que tenía bajo su resguardo los documentos, registros y objetos sobre los que recayó la acción delictiva. Como elemento subjetivo el tipo penal de Sustracción de Documentos es el dolo, donde el autor conoce que está sustituyendo, ocultando, destruyendo o inutilizando un documento o registro que se encuentran en custodia y además quiere realizar la acción. Partiendo de lo anterior, se identifican como características del tipo penal en estudio: A) Según Su Estructura: i) Tipo Penal básico: por describir de manera independiente un modelo de comportamiento humano. ii) Tipo Penal Compuesto: Ya que describe cuatro modelos de comportamiento distinto derivados de cuatro diferentes verbos rectores, cada uno de los cuales conforman por su mismo una modalidad típica distinta. B) Según su Contenido: i) Tipo Penal de resultado, los verbos rectores de sustraer, ocultar, destruir e inutilizar, implican la producción de un resultado verificable y recaído en el documento, registro u objeto en custodia. ii) Tipo de Conducta Instantánea, los supuestos de hecho donde el comportamiento descrito se agota en un solo momento. iii) Tipo Penal de Acción: Porque en las conductas criminosas describen un modelo de comportamiento comisivo, es decir, exigen que el sujeto activo realice una conducta positiva. iv) Tipo Penal cerrado por estar determinados con precisión las conductas típicas de tal manera que la conducta reprochada se desprende de toda claridad del tipo penal. C) Según el Sujeto Activo: i) Unisubjetivo al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo. ii) Tipo Penal de Sujeto Activo Común al no exigir ninguna condición especial en el sujeto activo que ejecuta la conducta, identificándolo como “Quien…”. D) Según el Bien Jurídico Tutelado: i) Tipo Penal Monoofensivo, al proteger un único bien jurídico, el cual es la Administración Pública. ii) Tipo Penal de Peligro: por describir una conducta que no requiere la lesión efectiva del bien jurídico protegido, sino basta con que éste haya estado en una situación de peligro. VIII.- EL ARGUMENTO NO ES DE RECIBO. La Sala de lo Penal, después de la confrontación de los hechos probados con la norma que ha sido denuncia como indebidamente aplicada, ha obtenido un resultado de tipicidad, es decir, que el factum encuadra en el supuesto de hecho descrito por el delito, por tanto, su aplicación por parte del Tribunal de Sentencia es correcta. Los hechos probados señalan que la acusada tenía asignado el expediente forestal abierto en la Fiscalía del Medio Ambiente en contra del señor J. E. Z. M., describen que el 16 de enero del 2008 Y. C. E. entregó documentación al señor Z. M., tomada del expediente en mención, motivada por la promesa de recibir a cambio una cantidad de dinero; es pues que la acusada SUSTRAJO indebidamente documentación que se encontraba bajo su custodia en su condición de funcionaria pública con un propósito ilegal, acción que se encuentra dentro del marco de reproche de la norma. El Censor, increpa que no se probó que la acusada tuviese la custodia del expediente en mención, lo que es argumento impropio por lo que ya se ha explicado, en cuanto a la naturaleza del recurso presentado, este hecho está consignado en el factum (F. 516v), el cual es inamovible e incuestionable por la vía del Recurso de Casación por Infracción de Ley; además, el censor señala que no se probó que el documento en mención haya estado destinado a ser presentado como medio de prueba, lo que no es parte de la exigencia del tipo penal, ésta consideración está reservada para los objetos, no así para los documentos y registros, de modo que lo entregado por la acusada, al ser documentos en resguardo, sin importar su naturaleza pública o privada, ejecutó directamente la conducta prohibida. POR TANTO. LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su motivo único, interpuesto por el Abogado M. A. Z. R., en su condición de Apoderado Defensor de la imputada Y. C. E. S.. SEGUNDO: Declarando firme y ejecutable la sentencia de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil once (2011), dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó: EL MAGISTRADO CALIX HERNANDEZ. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de enero del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha cuatro de noviembre del año dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-22-2012.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Mariano Jiménez Huerta, derecho penal mexicano. Tomo I. Editorial Purrúa. México, 1980. pág. 17

[2] Entendiendo como tipo penal una descripción que hace el legislador de determinados eventos antisociales, con el contenido suficiente y necesario para proteger uno o mas bienes jurídicos.

[3] El subrayado es nuestro.