Sentencia CP-193-13 — Registro 5414
Resumen
Se condenó al imputado por el delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
DE LA PROCEDENCIA DEL MOTIVO. Respecto a los cuestionamientos de la peticionaria en cuanto a que la valoración de las pruebas efectuada por el Tribunal de Instancia se hizo con inobservancia de las Reglas de la Sana Crítica, esta Sala de lo Penal considera pertinente recordar que el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, podrá interponerse cuando en la valoración de la prueba no se han observado las Reglas de la Sana Crítica, debido a esto el proceso lógico seguido por el Juzgador al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto a control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las Reglas de la Sana Crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello importa que siendo libre y, por lo tanto, no sujeto a la prueba tasada, en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, por el Principio de Inmediación, su juicio en la valoración de la prueba debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuales falsos. De este modo, la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en Razón Suficiente, y por lo tanto, en observancia del Principio de Derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la Psicología y las Máximas de la Experiencia. En este último caso, el Juzgador vulneraría las Reglas de la Experiencia Común cuando en sus razonamientos revele ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. En el caso bajo examen, la Recurrente obvió establecer como ha resultado transgredida la Ley de la Derivación como integrante de la Regla de la Sana Crítica, y por ende, cuales fueron los razonamientos erróneos en los que el Tribunal de Sentencia incurrió. En torno a las consecuencias de esta omisión atribuible a la Recurrente, esta Sala coincide con lo señalado por G. P. G. cuando explica que: “.. tratándose de esta clase de censura, subráyese, que en debida técnica, corresponde al casacionista, no quedarse en simples enunciados o predicados, como sería el meramente pregonar genéricamente que se violaron las reglas de la sana critica, o que se violaron las reglas de la lógica o las leyes de la ciencia; en su contrario, en debida técnica y a efectos de la prosperidad de lo demandado, el impugnante se torna obligado a singularizar puntualidad, cuál o cuáles fueron las reglas de la sana critica violentadas e identificar si se trató de una máxima de experiencia, una ley de la lógica o una ley de la ciencia, y determinar cual, y además adentrarse en las incidencias de dichos errores en las dispositivas de lo fallado y demostrando a su vez que no haberse incurrido en dicha falencia valorativa, otro había sido, u otro habría podido ser el sentido…de lo sentenciado.[1] En ese orden de ideas resulta difícil entender los reclamos y darle respuesta de forma certera a los planteamientos de la Recurrente. Por todas las razones anteriormente expuestas es procedente desestimar este Único Motivo de Casación de Quebrantamiento de Forma alegado por la Defensa del Imputado G. A. A.
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dieciséis días del mes de junio del año dos mil quince, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO, JACOBO CALIX HERNANDEZ y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, dicta sentencia en el Recurso de Apelación interpuesto ante la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha seis de marzo del año dos mil catorce, por el Abogado C. F. A., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución de fecha seis de marzo del año dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones de La Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual declaró SIN LUGAR el ANTEJUICIO promovido por el Ministerio Público contra el señor L. C. D. en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Choloma, Departamento de Cortés, en perjuicio de la Administración Pública. ANTECEDENTES I. ANTEJUICIO.- En fecha veintidós de enero del año dos mil trece, compareció ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, la Abogada L. C. A. M., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, promoviendo Antejuicio contra el señor L. C. D., en su condición de Alcalde de Choloma, Departamento de Cortés, en virtud de imputarle responsabilidad penal en hechos que manifiesta, comenzaron en fecha 13 de Marzo de 2010, cuando un grupo de trabajadores de la Municipalidad de Choloma celebraron una sesión extraordinaria de asamblea general como miembros afiliados al Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Municipalidad de Choloma (SIDEYTMUCH) con el fin de reactivar el mismo, el cual se encontraba inscrito desde el 9 de octubre de 1981 y a la vez elegir los miembros de la junta directiva de dicho Sindicato, comunicándole por escrito la nómina de la junta directiva electa, al Alcalde Municipal de Choloma, Cortés. A partir de la reactivación del sindicato y desde que fuera del conocimiento pleno del señor alcalde de Choloma señor L. C. D., éste comenzó a despedir a todos los miembros de la Junta Directiva del Sindicato siendo un total de 33 empleados despedidos desde el mes de abril del año 2012, justificando en sus cartas de despido que dichas destituciones se debían a actividades sindicales los días 27 y 28 de abril, mismas que se realizaron en protesta a las destituciones realizadas por el Alcalde, pero posteriormente el señor C. les ofreció retornarlos al empleo con la condición de renunciar al sindicato, razón por la cual reintegró a varios de sus trabajadores, los cuales tuvieron que retirarse forzosamente de la afiliación.- Menciona también, que el señor L. C. D. ha manifestado en diferentes ocasiones su rechazo hacia la organización sindical, exteriorizando que la creación del mismo es inútil y que mientras él sea el Alcalde no permitirá la reactivación de éste, pues prefería dejar su cargo antes de que los trabajadores lograran sindicalizarse. Estos hechos han sido considerados por el Ministerio Público, como violatorios de la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva que tienen las y los trabajadores; y un exceso en las facultades que la ley le confiere, pues esto contraviene las garantías constitucionales plasmadas en el artículo 128 numeral 14; artículo 1 del Convenio 98 de la OIT; y, artículos 4 y 5 numeral 1 del Convenio 158 de la OIT; materializando con ello el tipo penal del artículo 349 numeral 2 del Código Penal, relacionada al delito de ABUSO DE AUTORIDAD. II. INFORME.- Que en proveído de fecha veinticuatro de enero del año dos mil trece, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, tuvo por interpuesto el Antejuicio de mérito y ordenó librar comunicación a fin de que el funcionario acusado informara de manera clara, concreta y precisa sobre los cargo a él formulados, dentro del término de tres días. Este informe fue presentado por el señor L. E. C. D. el uno de febrero del año dos mil trece, solicitando se declare sin lugar la petición de antejuicio, en virtud de que los despidos se hicieron conforme a la Ley. III. RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN APELACIÓN.- En fecha seis de marzo del año dos mil catorce, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, resolvió: “DECLARAR SIN LUGAR el ANTEJUICIO interpuesto por el Ministerio Público contra el señor L. C. D. en su condición de ALCALDE de la Municipalidad de Choloma, Cortés en perjuicio de la Administración Pública”. Basa su fallo la Corte de Apelaciones, en el principio de subsidiariedad del derecho penal, ante la consideración de que ha de concluirse el proceso judicial en el que se ha de deducir la existencia o no de responsabilidad laboral previo a que se proceda con la investigación de la responsabilidad penal. IV. AGRAVIOS DEL APELANTE.- En fecha doce de marzo del año dos mil catorce, el Ministerio Público, a través del Agente de Tribunales C. F. A., compareció ante la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, interponiendo Recurso de Apelación contra la resolución antes referida, expresando dos agravios: (1) Referido a que la Corte de Apelaciones en su relación realiza aseveraciones jurídicas que corresponde a la autoridad laboral competente conocer, valorar y resolver, para establecer si el antejuiciado tuvo un accionar por sobre las leyes de la República al ordenar los despidos; y (2) Relacionado a que la Corte de Apelaciones estableció que este antejuicio se desprendió de un asunto laboral y que siendo el antejuicio un procedimiento especial de naturaleza pre penal y que el derecho penal es de última ratio; éste solo procede después y no antes de que se agote la vía en la que se deduzca la responsabilidad laboral. V. CONTESTACION DE AGRAVIOS.- En proveído de fecha diecisiete de marzo del año dos mil catorce, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, tuvo por admitido en tiempo y forma el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público, concediendo a la parte apelada el término de tres días hábiles a partir del día siguiente de la notificación para que conteste los agravios expresados. En dicha contestación de agravios se solicitó se declare sin lugar el recurso de apelación, en virtud de no haberse expresado agravios por el recurrente y se declare la nulidad de todo lo actuado por la inexistencia del auto del que se notificara el recurrente. FUNDAMENTACION JURIDICA VI. DEL ANTEJUICIO. 1) Naturaleza del Antejuicio: El Antejuicio se define como la protección legal que tienen algunos funcionarios del Estado, a efecto de que una autoridad judicial, a solicitud de parte interesada, autorice incoar en contra de aquellos, un proceso criminal como consecuencia de actos cometidos en ocasión del desempeño de sus funciones públicas.- Concretamente, es una garantía pre-procesal, que prevé que el funcionario del estado, no sea perturbado con acusaciones criminales indebidas, pero también –y más importante- es una garantía para la ciudadanía para que se vea beneficiada de una correcta administración pública ejecutada por funcionarios del estado que no tengan la necesidad de distraerse en falsas acusaciones criminales que persigan separarle de sus funciones.- El Antejuicio no protege a la persona, sino a la función pública que desempeña aquella, erigiéndose como un instrumento para preservar la estabilidad de la persona en el desempeño del cargo público.
El Antejuicio ha sido asociado como una figura de protección para el ejercicio jurisdiccional; sin embargo, la misma no es exclusiva para los Jueces y Juezas, dado que la ley prevé tal protección para otro tipo de servidores públicos, entre ellos: los miembros de la Comisión de Banca y Seguros[1], los miembros de la Comisión para la Defensa y la Promoción de la Competencia[2], miembros de la Junta Administradora del Fondo de Seguros de Depósitos[3], Alcaldes, Vice Alcaldes y Regidores Municipales[4]. El Antejuicio, es entonces, un requisito previo para presentar acusación criminal en contra de ciertos funcionarios y funcionarias del Estado, como mecanismo de protección del ejercicio de funciones públicas. 2) Características del Antejuicio: A partir de lo apuntado, se identifican como características del Antejuicio: a) Es un procedimiento previo del momento de presentación de la acción penal en primera instancia, que es conocida por autoridad judicial; b) Es una garantía establecida en protección del ejercicio de la función pública, encomendada a ciertos funcionarios y funcionarias del Estado; c) Es un instituto de Orden Público y por tanto no es renunciable por parte del funcionario o funcionaria pública que este siendo cuestionado(a); d) Mediante el Antejuicio se determinará si existen o no un fundamento razonable para la iniciación de la acción penal, sin que proceda pronunciamiento sobre la justicia del caso; e) El Antejuicio puede operar como acción y como excepción: i. Como acción: en los casos en donde la persona interesada presenta el mismo ante la autoridad competente para su resolución; ii. Como excepción: cuando el funcionario o funcionaria pública acude al llamamiento judicial por haberse presentado en contra de éste una acción penal, solicitando su suspensión hasta tanto el actor no cuente con la autorización para entablar la acción penal, obtenida mediante el Antejuicio; y a. Al no haber pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión debatida, no constituye cosa juzgada (Art. 127 Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, ello genera varias consecuencias: i. Aun cuando sea declarado Con Lugar un Antejuicio, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República o la víctima (en delitos de acción privada) podrían decidir no presentar la acción penal al considerar la falta de méritos para ello; ii. El proceso penal incoado después de haberse declarado con lugar un Antejuicio podría finalizar con sobreseimiento definitivo o mediante sentencia absolutoria, según corresponda a derecho y no necesariamente con una sentencia condenatoria; iii. El Ministerio Público, la Procuraduría General de la República o la víctima, según sea el caso, podrán presentar un segundo antejuicio contra el mismo funcionario o funcionaria público, basado en los mismos hechos e imputando el mismo delito, cuando después de haberse declarado sin lugar un primer Antejuicio, aporten nuevo elementos de que permitan su revaloración; y, iv. La acción Penal, sin la necesidad de un previo Antejuicio, puede plantearse una vez que la persona acusada deje de desempeñarse como funcionario o funcionaria pública, aun cuando se haya declarado sin lugar un Antejuicio entablado cuando desempeñaba el cargo público. 3) Requisitos para la procedencia del Antejuicio: Presentado que sea el Antejuicio corresponde al Órgano Jurisdiccional que conozca de él, realizar un examen respecto a los requisitos formales y materiales del mismo; a la presentación del Antejuicio se verificará el cumplimiento de los requisitos formales y admitido que sea, una vez concluido el trámite previsto por el Código Procesal Penal, se examinarán tanto los requisitos formales como los materiales para efectos de decidir sobre su procedencia, tanto en primera, como en segunda instancia, en su caso, siendo estos requisitos: a. Verificación de Requisitos Formales: i. Que sea presentado por el Ministerio Público respecto a los delitos de acción pública como institución poseedora de éste Monopolio (Art. 25 del Código Procesal Penal), por la Procuraduría General de la República respecto a los delitos en perjuicio del Estado de Honduras o por la víctima (Art. 17 del Código Procesal Penal) en los delitos de acción pública y los de acción pública dependiente de instancia particular (Art. 26 del Código Procesal Penal) cuando hayan superado el proceso de Conversión de la Acción Pública a Acción Privada (Art. 41 del Código Procesal Penal), y en los delitos de acción privada (Art. 27 del Código Procesal Penal); ii. Que la persona contra la cual se presente el antejuicio esté en el desempeño de la función pública que protege esta garantía.- Si la Persona ha dejado de desempeñarse como tal, no tendría lugar la protección de la función estatal, correspondiendo proceder en contra de aquella de la misma forma como se haría en contra de cualquier ciudadano(a); iii. Que el delito imputado sea de aquellos que solo pueden ser cometidos con ocasión del desempeño de la función pública. iv. El escrito del Antejuicio defina claramente los hechos que el Peticionario considera constitutivos de delitos y además identifique el tipo penal o los tipos penales en los cuales considera que se encuadran. Con todo, el Tribunal no podrá realizar juicio de valor en cuanto a si los hechos se ajustan al tipo penal citado, sin que ello implique censurar la eventual acción penal, algo que no corresponde en el Antejuicio, el requisito solo exige claridad de los presupuestos, mas no certeza de los mismos. a. Verificación de Requisitos Materiales: Que al estudio de la causa, se concluya que existe fundamento razonable en lo alegado por el actor, sobre la existencia de un hecho que sólo puede ser definido en un proceso penal, descartándose consecuentemente: i. Que la acción sea una maniobra de separar al funcionario público de sus funciones; ii. Que la acción sea un medio de intimidación, en contra del funcionario público que no ha cedido a presiones en su correcto actuar; y iii. Que el hecho imputado no sea de aquellos que tengan apariencia de delito; DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN.- El Recurso es de Recibo: De la revisión de los antecedentes, esta Sala de lo Penal concluye, que el A-quo, tal y como lo manifiesta el apelante en su primer agravio, en su resolución se refiere a asuntos que escapan de su competencia, al expresar en ella, argumentos sobre la procedencia y base legal de los actos del imputado, en su condición de Alcalde, especialmente relacionados con el despido de algunos empleados de la Municipalidad; lo que resulta incongruente con la conclusión final que esboza como fundamento principal de su resolución, según el cual no procede el antejuicio, sino hasta que se agote la vía en que se deduzca lo que denominó “responsabilidad laboral”. Al respecto, es importante señalar, que esta Sala de lo Penal, reiteradamente, mediante su jurisprudencia (que debe conocer el Tribunal recurrido), al conocer de apelaciones en antejuicios, ha establecido que la suerte del procedimiento del Antejuicio[5] no depende de que se haya agotado otras instancias diferentes, como la civil, laboral o administrativa[6]. Dicho esto, y a efecto de determinar la procedencia del Antejuicio, únicamente interesa determinar la existencia de un hecho con apariencia de delito y que la responsabilidad penal de dicho hecho recaiga en una persona que por su cargo, esté aforada y amerite un procedimiento especial. La Sala de lo Penal estima, que el asunto debatido debe de ser resuelto sin distraerse sobre si los despidos efectuados por el señor Alcalde L. C. D. fueron justos o injustos desde el punto de vista laboral, puesto que ello atañe a una jurisdicción distinta a la penal que es la que nos ocupa. El punto de reflexión es, si el acusado estaba facultado legalmente para efectuar los despidos de los miembros del Sindicato, si este acto fue contrario a ley; y, una vez constatado ésto, si el acto contrario a ley reviste de apariencia de delito que dé fundamento razonable para la presentación de un requerimiento fiscal. Indica el artículo 100 de la Ley de Municipalidades, que el Alcalde Municipal tiene la facultad de nombrar, ascender, trasladar y destituir al personal; sin embargo, de ese mismo artículo se desprende que esas facultades no son absolutas, puesto que han de realizarse “de conformidad con la ley”. Es por ello, que para determinar la posibilidad de encontrarnos ante un hecho del que posiblemente se derive una responsabilidad penal, y que amerite un proceso penal, previamente autorizado por medio del Antejuicio; sea imperativo, que se analicen las normas a las que había de ceñirse el señor L. C. D., en su condición de Alcalde de Choloma, para efectuar las destituciones. La Constitución de la República como norma de más alta jerarquía en nuestro ordenamiento, establece en el artículo 128.14 como una garantía en el ámbito laboral, el derecho de los trabajadores a asociarse libremente para los fines exclusivos, de su actividad económico-social, mediante la organización de sindicatos. A partir de esta norma, se crea también lo que se denomina “Fuero Sindical”, que es la protección de la cual gozan los trabajadores que pertenecen a una Junta Directiva[7], y que de acuerdo al artículo 516 del Código de Trabajo establece un procedimiento específico previo a la toma de la determinación de destituir a quienes forman parte de la Junta Directiva de la organización sindical desde el momento de su elección y hasta seis meses después de cesar en sus funciones; que consiste en la obligación del patrono, en este caso del Alcalde, de comprobar previamente ante el Juez de Letras del Trabajo respectivo o ante el Juez de Letras de lo Civil en su defecto, que exista justa causa para dar por terminado el contrato, entiéndase por éste la relación de trabajo. Del expediente de Antejuicio no se desprende que efectivamente se haya procedido a que se haya agotado este procedimiento y por la circunstancia particular de tratarse de todos los miembros de la Junta Directiva del Sindicato, esto además de contrario a las disposiciones legales, podría acarrear Abuso de Autoridad, para lo cual, en caso de presentarse un requerimiento el Órgano acusador, debe acreditar la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, también en apariencia dar lugar a un delito de discriminación por pertenencia a una organización sindical; y, al efecto, merece importancia destacar que la Comisión de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo al abordar el caso de Honduras en relación al Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) en el apartado de “Cuestiones legislativas. Artículos 1 y 2 del Convenio. Protección contra los actos de discriminación e injerencia. La Comisión recuerda que desde hace numerosos años sus comentarios se refieren a la falta de protección adecuada contra los actos de discriminación antisindical ya que las sanciones previstas en el artículo 469 del Código del Trabajo contra las personas que atenten contra el libre derecho de asociación sindical, de 200 a 10.000 lempiras (200 lempiras equivalen a alrededor de 12 dólares de los Estados Unidos), son claramente insuficientes y meramente simbólicas. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa en su memoria que la protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo está garantizada por lo dispuesto en: 1) el artículo 128, 14) de la Constitución de la República al consagrar tanto al empleador como al trabajador el derecho de asociarse libremente; 2) en el artículo 517 del Código del Trabajo que otorga a los trabajadores la protección especial del Estado cuando notifiquen a su patrono su propósito de organizar un sindicato, estableciendo que desde la fecha de la notificación hasta recibir la constancia de la personalidad jurídica ninguno de los trabajadores notificantes puede ser despedido, trasladado o desmejorado en sus condiciones de trabajo sin justa causa calificada previamente por la autoridad respectiva; y 3) por las disposiciones del Código que imponen las sanciones señaladas por la Comisión. La Comisión recuerda que en su observación anterior tomó nota de que el artículo 321 del decreto núm. 191-96 de 31 de octubre de 1996 establece sanciones penales en caso de discriminación pero no ha obtenido respuesta. A este respecto, la Comisión pide una vez más al Gobierno que indique casos concretos en los que esta disposición ha sido utilizada para imponer sanciones por actos de discriminación antisindical. La Comisión hace esta solicitud porque a menudo las exigencias elevadas del derecho penal en materia de prueba pueden tener como resultado la falta de sanciones en casos de discriminación antisindical. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que en consulta con los interlocutores sociales tome las medidas necesarias para modificar las sanciones previstas en el artículo 469 del Código del Trabajo a efectos de que las mismas tengan un carácter disuasorio[8]” refiriéndose con ello a la observación de los efectos de la falta de aplicabilidad del artículo 321 reformado del Código Penal de Honduras. En virtud de lo anterior, esta Sala de lo Penal observa, que el A-quo no ha tenido en cuenta las circunstancias especiales, tanto fácticas como normativas del caso concreto y ameritando las mismas una investigación a fondo, para la determinación de una posible responsabilidad penal, que sólo podría llevar a cabo el Ministerio Público, al ser autorizado por medio de la declaración con lugar del antejuicio, procede revocar la denegatoria y otorgar el recurso de apelación. POR TANTO LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, POR CONDUCTO DE LA SALA DE LO PENAL, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS y en aplicación de los artículos 128.14, 303, 304, 313 atribución 3, 316 de la Constitución de la República, 1 y 127 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales,100 y 101 de la Ley de Municipalidades, 420, 421, 422 y 423 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público; SEGUNDO: Se REVOCA la sentencia de fecha seis (6) de marzo del año dos mil catorce (2014), dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, donde se resuelve declarar no ha lugar el Antejuicio sub examiné; TERCERO: Sin prejuzgar sobre el fondo, se declara SI HA LUGAR el Antejuicio promovido por el Ministerio Público en contra del señor L. C. D., en su condición de Alcalde Municipal de Choloma, Departamento de Cortés, a efecto de que se inicie el proceso penal correspondiente por suponerlo responsable a título de autor de un delito consumado de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Y MANDA.- Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de su origen con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- Redactó: EL MAGISTRADO CALIX HERNÁNDEZ.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los un día del mes de septiembre del año dos mil quince.- Certificación de la sentencia de fecha dieciséis de junio del año dos mil quince, recaída en el Recurso de Apelación de Antejuicio con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-154-2014.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] Véase. Art. 7 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.
[2]Véase. Art. 25 de la Ley para la Defensa y la Promoción de la Competencia.
[3]Véase. Art. 17 de la Ley de Seguro de Depósitos en Instituciones del Sistema Financiero.
[4]Véase. Art. 28 de la Ley de Municipalidades.
[5] Véase. Corte Suprema de Justicia. Sala de lo Penal. Sentencia de Apelación de Antejuicio de Expediente número 12-2012 de fecha cuatro de febrero del año dos mil trece; y, 044-2013 de fecha veintiuno de noviembre del año dos mil trece.
[6] Salvo para los miembros de la Junta Administradora del Fondo de Seguro de Depósitos, contra quienes no podrá intentarse el Antejuicio sino hasta después de haberse declarado con lugar las reclamaciones que se hayan hecho en proceso judicial contencioso administrativo.- Artículo 17 de la Ley de Seguro de Depósitos en Instituciones del Sistema Financieros.
[7] Véase. Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de Honduras. Acceso a la Justicia Laboral. El Derecho del Trabajo. Manual del Proceso Laboral. Versión Popular. Honduras. Febrero 2011. Pág. 23.
[8] Véase. OIT. Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Conferencia Internacional del Trabajo, 101.ª reunión, 2012. Informe http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_174831.pdf