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Sentencia CP-172-14 — Registro 5460

Resumen

En primera instancia se absolvió al imputado por el delito de Almacenamiento de Armas Prohibidas, resolviendo en segunda instancia Sin Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...

RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA REPRESENTACION DEL MINISTERIO PUBLICO ARGUYENDO QUE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA IMPUGNADA CONTIENE HECHOS DECLARADOS PROBADOS QUE SON CONTRADICTORIOS ENTRE SI.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 1) DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- El Censor arguye que en el relato de hechos probados, el Tribunal de instancia afirma por un lado, que las armas incautadas en la vivienda del acusado M. C. C. eran de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, sin embargo, más adelante y de manera contradictoria expresa que no se le puede deducir responsabilidad penal a dicho imputado por ausencia de dolo en su comportamiento. La Representación del Ministerio Público considera que tales afirmaciones contenidas en el factum son inconciliables entre sí por lo que debe declararse con lugar el motivo de casación formulado. Esta Sala considera pertinente recordar tal como lo hizo en la sentencia del 16 de mayo de 2013 (Expediente de Casación No. 397.-2012) que el vicio denunciado por el recurrente se producirá cuando los hechos comprendidos en el relato fáctico sean contradictorios e inconciliables entre sí, de tal manera que la afirmación de uno de ellos implique la negación del otro. Es necesario que la contradicción sea absoluta o manifiesta, en el más amplio sentido gramatical, lo que viene a significar jurídicamente que no sólo sea ostensible, sino también insubsanable e incompatible con la integridad del relato histórico[5]. El vicio examinado no comprende la oposición o discordancia entre hechos por un lado, y conceptos o valoraciones jurídicas por el otro, planteamiento éste que encuentra un cauce adecuado por otrSa vías procesales. Una lectura detenida de los hechos declarados probados no pone de manifiesto algún tipo de contradicciones entre sí de tal manera que la afirmación del primero suponga la negación del segundo. En el primero no solamente se hace alusión al hallazgo de tres armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas en la vivienda habitada por el acusado y su familia, sino también que las mismas estaban asignadas y bajo la disponibilidad para su uso y portación a elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras encargados de resguardar la vida, integridad corporal y bienes del imputado, quien fungiendo en ese entonces como Gerente General de HONDUTEL había sido víctima de amenazas y de un atentado en días inmediatamente próximos y anteriores al hallazgo antes referido. Por otro lado se tiene por acreditado que la autorización para guardar las armas mencionadas en una caja de seguridad fue concedida por el Jefe del Estado Mayor Presidencial habida cuenta de la lejanía entre las unidades a las que pertenecían los elementos militares y la vivienda del imputado. En tanto que en el segundo se expresan las circunstancias de tiempo y lugar en que se produjo el allanamiento, que a su vez condujo al hallazgo e incautación de las tres armas relacionadas, añadiendo el Tribunal de enjuiciamiento que por las razones expuesta es del criterio que no concurre el elemento subjetivo del tipo en la conducta del encartado y que por ende no cabe deducirle responsabilidad por el delito por el cual venía siendo acusado. Esta Sala ya dijo que las valoraciones que conducen al Tribunal de instancia para negar la presencia del dolo en el comportamiento del endilgado han debido tener un espacio adecuado en la fundamentación probatoria y/o jurídica de la sentencia, sin embargo, aún manteniendo el segundo hecho probado en toda su extensión dentro del factum, no se constata que este sea inconciliable o contradictorio con el primero, ni que la afirmación de uno comporte la negación del otro de tal manera que se advierte la falta de coherencia interna que demanda la redacción de los hechos probados. Por todas las razones anteriormente expuestas, el presente motivo formulado por la Representación del Ministerio Púbico debe ser desestimado.-.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de septiembre de dos mil quince, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO en su calidad de Coordinador, JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha once de enero de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: “PRIMERO: ABSOLVEMOS de toda responsabilidad penal al Señor M. A. C., …del delito de ALMACENAMIENTO DE ARMAS PROHIBIDAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO. SEGUNDO: Declarar sin lugar el incidente de nulidad del allanamiento. TERCERO: No procede declarar la responsabilidad civil del señor M. C. C. CUARTO: Exoneramos del pago de costas y gastos ocasionados en el juicio a M. A. C.QUINTO: Ordenar la devolución de las armas siguientes: 1) un arma de fuego tipo sub-ametralladora, marca Thompson, modelo M1A1, calibre 45 auto serie número 659075 con su cargador, corroída en su estructura de hierro, de mecanismo automático, 2) un arma de fuego tipo carabina marca Underwood, modelo M1 calibre 7.62x33mm, serie número 6104465LR.C071660, con cargador de mecanismo semi automático, 3) una arma de fuego tipo sub-ametralladora sin marca, ni modelo legible, calibre 9x19mm, sin número de serie legible, con su cargador de mecanismo automático; las cuales se encuentran en el Almacén de Evidencias del Ministerio Público.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, la Abogada I. A. F., actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público.- SON PARTES: I. Adela Fuentes en representación del Ministerio Público y parte recurrente; e I. A. M. O. y R. H. B. G., Apoderados Defensores del imputado M. A. C. C.. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por los motivos de Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma es admisible en tanto que reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que ahora debemos pronunciarnos sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- “HECHOS PROBADOS.- Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este Tribunal declara, expresa y terminantemente probados, los hechos siguientes: PRIMERO: A partir del mes de Agosto del 2007 con instrucciones del señor Presidente de la República de Honduras J. M. Z. R., el jefe del Estado Mayor Presidencial C. E. M. M. solicitó a las Fuerzas Armadas de Honduras que se le proporcionara seguridad al señor M. C. en su condición de Gerente General por Ley de Hondutel y a su familia, debido a las amenazas que era objeto y a un atentado que en días anteriores sufrió su seguridad personal, que fue denunciado ante la Dirección Nacional de Investigación Criminal y ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, por lo cual al prestarle seguridad personal al señor C. se le asignó personal del ejército que utilizaban las siguientes armas: a) un arma de fuego tipo sub-ametralladora, marca Thompson, modelo M1A1, calibre .45 auto serie número 659075 con su cargador, corroída en su estructura de hierro, de mecanismo automático, 2) un arma de fuego tipo carabina marca Underwood, modelo M1 calibre 7.62x33mm, serie número 6104465LR.C071660, con cargador de mecanismo semi-automático, 3) un arma de fuego tipo sub-ametralladora sin marca, ni modelo legible, calibre 9x19mm, sin número de serie legible, con su cargador de mecanismo automático que pertenecían todas a las Fuerzas Armadas con buen estado de funcionamiento mecánico y operativo que no aparecían registradas en el inventario oficial de la institución y que eran utilizadas para brindar seguridad a altos funcionarios del gobierno central como el señor M. C., en cuya vivienda ubicada en Valle de Ángeles fue expresamente autorizada por el Jefe del Estado Mayor Presidencial que se mantuvieran guardadas en virtud de la lejanía de la residencia.- SEGUNDO: El 9 de Noviembre del 2007 como a eso de las 6:08 minutos de la mañana se efectuó en un allanamiento en la vivienda del señor M. C. ubicada en la Aldea las 3 Rosas del municipio de Valle de Ángeles, departamento de Francisco Morazán, en dicha diligencias se encontraron en el interior de una caja de seguridad las 3 armas de fuego antes descritas que son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, de los hechos antes relacionados se desprende que no se le puede deducir responsabilidad al señor M. C. Castro por un delito de Almacenamiento de Armas Prohibidas en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras por el cual venía siendo acusado al no haberse acreditado el elemento subjetivo del tipo por lo que conforme a los artículos 339 del Código Procesal Penal procede decretar su absolución.”. III.- La recurrente, Abogada I. A. F., formalizó su recurso de casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN 1.- INFRACCIÓN DE LEY PRIMER MOTIVO: “Falta de Aplicación del artículo 332-A en relación con el 32 del Código Penal”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El precepto penal y legal citado como infringido por Falta de Aplicación textualmente establece: Artículo 332-A del Código Penal: “La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en éstas últimas las armas AK-47, en cualquiera de sus modelos, será sancionada con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L.5,000°°) a diez mil (L. 10,00000) lempiras por cada arma incautada. La Policía Nacional o cualquier otra autoridad que decomise ese material lo pondrá de inmediato a disposición del Ministerio Público”. El artículo 32 del Código Penal, también citado como infringido, en su parte conducente señala: “Se considera autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho...” Los Hechos Estimados y Declarados Probados por el Juzgador fueron los siguientes: “PRIMERO: A partir del mes de Agosto del 2007 con instrucciones del señor Presidente de la República de Honduras, J. M. Z. R., el jefe de Estado mayor presidencial C. E. M. M. solicitó a las Fuerzas Armadas que se le proporcionará seguridad al señor M. C. en su condición de gerente general por ley de Hondutel y a su familia, debido a las amenazas que era objeto y a un atentado que en días anteriores sufrió su seguridad personal, que fue denunciado ante la Dirección Nacional de Investigación Criminal y ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, por lo cual, al prestarle seguridad personal al señor C. se le asignó personal de ejército que utilizaban las siguientes armas: 1) un arma de fuego tipo sub-ametralladora, marca Thompson, modelo MIAI, calibre .45 auto serie número 659075 con su cargador, corroída en su estructura de hierro, de mecanismo automático 2) un arma de fuego tipo carabina marca Underwood, modelo M1 calibre 7.62 x 33mm, serie número 6104465LR.CO71660, con cargador de mecanismo semi automático, 3) una arma de fuego tipo sub-ametralladora sin marca, ni modelo legible, calibre 9xl9mm, sin número de serie legible, con su cargador de mecanismo automático que pertenecían todas a las Fuerzas Armadas con buen estado de funcionamiento mecánico y operativo que no aparecían registradas en el inventario oficial de la institución y que eran utilizadas para brindar seguridad a altos funcionarios del gobierno central como el señor M. C., en cuya vivienda ubicada en Valle de Ángeles fue expresamente autorizada por el jefe de estado mayor presidencial que se mantuvieran guardadas en virtud de la lejanía de la residencia. SEGUNDO: El 9 de Noviembre del 2007 como a eso de las 6:08 minutos de la mañana se efectuó en un allanamiento a la vivienda del señor M. C. ubicada en la Aldea las 3 Rosas del municipio de Valle de Ángeles, departamento de Francisco Morazán, en dichas diligencias se encontraron en el interior de una caja de seguridad las 3 armas de fuego antes descritas que son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, de los hechos antes relacionados se desprende que no se le puede deducir responsabilidad al señor M. C. C. por un delito de Almacenamiento de Armas Prohibidas en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras por el cual venía siendo acusado al no haberse acreditado el elemento subjetivo del tipo por lo que conforme a los artículos 339 del Código Procesal Penal procede decretar su absolución”. Según se desprende del fáctum, el juez tuvo como acreditado, que el imputado almacenó en su casa armas prohibidas, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, sin ser persona autorizada para ello; concurriendo de tal forma, los requisitos indispensables para la configuración del tipo penal de Almacenamiento de Armas Prohibidas, de manera que al decretar en la parte resolutiva del fallo una Sentencia Absolutoria a favor del encausado, incurre en un grave vicio de Infracción de Ley por Falta de Aplicación del artículo 332-A del Código Penal. Resulta importante referir, que la acción perpetrada por el acusado constituye el delito de Almacenamiento de Armas Prohibidas, el cual se configura con simple hecho de tener bajo su disponibilidad y control los instrumentos (armas o municiones, etc.); respecto a lo cual es oportuno relacionar la sentencia 252-2008 de fecha 29 de Septiembre de 2009, que en un caso similar consideró: “....aunque el acusado no fue detenido por la policía en posesión material de las armas de fabricación artesanal, éstas fueron encontradas en un lugar cercano y de fácil acceso para el acusado, en virtud de estar dispuestas, en un lugar aledaño bajo su potencial control y protección de manera similar a la que ocurre con otros delitos como los de posesión de drogas ilícitas y otros objetos de ilícita tenencia. Para ésta Sala basta con que se haya acreditado que los instrumentos del delito han sido encontrados en lugar cercano al ámbito especial de protección y disponibilidad al acusado, para que el juzgador pueda concluir por razonamientos e inferencias lógicas, que el acusado ha estado en su posesión...”. Al analizar la sentencia impugnada se concluye, que del cuadro fáctico se puede evidenciar los siguientes extremos: 1.- Que el imputado mantenía en su casa, dentro de una caja fuerte protegida con clave o contraseña, tres armas de fuego de guerra propiedad de las Fuerzas Armadas de Honduras. 2.- Que el encausado no estaba ni podía estar autorizado para poseer o almacenar esas armas ya que son de uso exclusivo de la institución estatal señalada y su tenencia por parte de un particular (independientemente de su condición de funcionario de Estado) constituye infracción a la Ley Penal. 3.- Que las tres armas incautadas al imputado están clasificadas como armamento o material de guerra, por lo que su almacenamiento en lugar diferente a los utilizados Fuerzas Armadas, es ilícito. 4.- Que el imputado tenía a su disposición y control el almacenaje de las armas en mención. El fallo que se cuestiona a través de este recurso, en el Segundo numeral del apartado de la Fundamentación Jurídica concluye: “éstas armas se encuentran comprendidas dentro del catálogo de armas prohibidas para el uso de ciudadanos civiles”, sin embargo, el ente jurisdiccional considera que: “en el caso que nos ocupa, no se con figuró el tipo penal de Almacenamiento de Armas Prohibidas debido a la ausencia de dolo en el actuar del acusado”; conclusión que no es congruente con lo que refleja el Hecho Probado, donde se establece que producto de un allanamiento en la casa del imputado se encontraron 3 armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, mismas que estaban guardadas en el interior de una caja de seguridad; por otra parte, si bien se relata en el hecho probado que el jefe de Estado Mayor Presidencial autorizó expresamente que las armas se mantuvieran guardadas en la casa del enjuiciado en virtud de la lejanía de la residencia, dicha circunstancia no constituye una eximente de responsabilidad, pues es sabido que no tiene validez ni efecto legal alguno, ya que ésta persona (jefe de Estado mayor presidencial) no constituye la autoridad competente para otorgar permisos de Portación de Armas, es así que el artículo 3 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares, establece que “Corresponde a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, la organización del Registro Nacional de Armas, en el cual estarán depositadas las evidencias de balística de todas las armas que circulen en el país, siendo responsabilidad de la Dirección General de Investigación Nacional, el manejo de dicho registro y correspondiendo a la Dirección General de la Policía Preventiva, lo relativo a la tenencia y portación”. En el caso sub judice, no existe permiso alguno que pudiera autorizar la tenencia de armas de guerra a un particular o civil, por estar expresamente prohibido por la Ley; de manera que se torna evidente el dolo con que ha actuado el imputado al almacenar armas de fuego de naturaleza prohibida, por estar reservado su uso exclusivo a las Fuerzas Armadas de Honduras. En conclusión, la conducta perpetrada por el imputado y descrita en el cuadro fáctico, se subsume en el tipo penal de Almacenamiento de Armas Prohibidas, contenido en el artículo 332—A del Código Penal. Para los efectos del artículo 363 del Código Procesal Penal, la pretensión del Ministerio Público va orientada a que el procesado M. A. C. C. sea condenado por el ilícito penal supraindicado, pues al haber dictado un fallo Absolutorio a pesar de lo descrito en el fáctum, ha incurrido en la infracción por Falta de Aplicación del artículo 332-A del Código Penal”. RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY INTERPUESTO POR LA REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO PUBLICO DENUNCIANDO QUE EN LA SENTENCIA ABSOLUTORIA IMPUGNADA SE HA DEJADO DE APLICAR INDEBIDAMENTE EL ARTICULO 332-A DEL CODIGO PENAL EN RELACIÓN AL ARTICULO 32 DEL MISMO TEXTO PUNITIVO.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360 DEL CODIGO PROCESAL PENAL. El Censor es del criterio que del relato de hechos probados se desprende que el acusado tenía almacenadas tres armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, en una caja fuerte ubicada dentro de su casa de habitación, sin contar para ello con la debida autorización, ya que si bien es cierto que el Jefe del Estado Mayor Presidencial autorizó al procesado para que tuviera en su poder dichas armas, tal funcionario no era el competente para otorgar dicho permiso, función que le correspondía a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad conforme lo dispone el artículo 3 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares, de ahí que el encausado M. C. C. ha debido ser condenado como autor del delito de almacenamiento de armas prohibidas, tipificado en el artículo 332-A del Código Penal. Esta Sala considera pertinente recordar que a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de Derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad, la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de Derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. La tenencia ilícita de armas en cualquiera de sus modalidades es un delito contra la seguridad interior del Estado, formal y de peligro abstracto. El bien jurídico protegido no es solamente la seguridad del Estado, sino también la seguridad general o comunitaria, para los que supone un grave riesgo y peligro que instrumentos aptos para herir, e incluso matar, se hallen en manos de individuos sin la fiscalización y el control que supone la expedición estatal de la correspondiente autorización o permiso. En definitiva, el bien jurídico protegido es la seguridad de la comunidad frente a lo riesgos que entraña la libre circulación y tenencia de armas. En el relato fáctico se establece que con instrucciones del entonces Presidente de la República, Don J. M. Z. R., el también otrora Jefe del Estado Mayor Presidencial C. E. M. M., solicitó a las Fuerzas Armadas de Honduras que proporcionaran seguridad a quien fungía como Gerente General de HONDUTEL y ahora acusado M. C. C., quien en días inmediatamente anteriores había sido objeto de amenazas y de un atentado. Por otro lado se desprende del relato de hechos probados que como producto de esa solicitud elementos pertenecientes a las Fuerzas Armadas de Honduras fueron asignados a la vivienda del imputado quienes utilizaban las armas incautadas, es decir, una subametralladora Thompson, una carabina marca Underwood y una subametralladora sin marca, mismas que pertenecían a las Fuerzas Armadas de Honduras, dándose la circunstancia de que el Jefe de Estado Mayor Presidencial autorizó para que en una caja de seguridad se guardasen tales armas en virtud de la lejanía de la residencia ubicada en la comunidad de Tres Rosas, Municipio de Valle de Angeles, (como se desprende del cuerpo total de la sentencia), respecto a las unidades militares a las que pertenecían los elementos, que de manera rotatoria y bajo cuya responsabilidad se encontraba el brindar seguridad al encausado[1]. De este modo se desprende que la disponibilidad efectiva de tales armas siempre se encontró bajo la esfera de elementos pertenecientes a las Fuerzas Armadas de Honduras, quienes por otro lado y dadas las características de aquellas se encontraban autorizados para su portación y uso, en este sentido la Sala de lo Penal considera que en las circunstancias antes apuntadas no se ha puesto en peligro el bien jurídico protegido por la norma penal, como es la seguridad general o comunitaria, ya que más bien el depósito de tales armas en una caja de seguridad era precisamente para evitar que personas ajenas a los elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras que estaban asignados de manera rotatoria para proteger la vida, integridad corporal y bienes del acusado y su familia, tuvieran disponibilidad de aquellas y por ende circulasen sin fiscalización o control. Cabe aquí entonces lo dispuesto en el artículo 2-C del Código Penal donde se reconoce el principio de lesividad (nulla poena, nullum crimen, nulla lex poenali sine iniuria ) conforme al cual “no podrá imponerse pena o medida de seguridad alguna si la acción u omisión no lesiona o pone en peligro efectivo un bien jurídico protegido por la ley penal”, ya si bien es cierto que una interpretación literal y meramente formalista del tipo pudiera llevar a entender que la conducta del encausado al permitir que se guardaran en una caja de seguridad de su propiedad armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas se subsume en la modalidad de almacenamiento de armas prohibidas descrita en el artículo 332-A del Código Penal, no es menos cierto que una lectura integral de los hechos probados pone de manifiesto que su comportamiento en realidad y por la razones apuntadas con anterioridad no ha lesionado o puesto en peligro el bien jurídico protegido por la norma, y por tanto no es merecedor de reproche penal alguno que de lugar a la imposición de una pena, de ahí que el presente motivo formulado por la Representación del Ministerio Público ha de ser desestimado. IV.- Continúa manifestando el recurrente en su Recurso por: “QUEBRANTAMIENTO DE FORMA PRIMER MOTIVO; “Los Hechos estimados probados no son claros y terminantes, al existir una Predeterminación del Fallo.” PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 1, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La sentencia recurrida, al establecer la declaración de los hechos estimados y declarados probados, específicamente en el segundo hecho, introduce elementos de Valoración Jurídica que no corresponden al Fáctum y que debieron analizarse en el apartado de la sentencia correspondiente para ello, lo que torna los mismos faltos de claridad y precisión. El artículo 338 del Código Procesal Penal, que comprende los requisitos de la sentencia, prescribe en su numeral 1, en relación a la declaración de los hechos probados: “En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico predeterminen el fallo que haya de dictarse”. La predeterminación del fallo en el caso subjudice se produce cuando, el Tribunal en la parte final del relato fáctico expresa: “...de los hechos antes relacionados se desprende que no se le puede deducir responsabilidad al señor M. C. Castro por un delito de Almacenamiento de Armas Prohibidas en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras por el cual venía siendo acusado al no haberse acreditado el elemento subjetivo del tipo por lo que conforme a los artículos 339 del Código Procesal Penal procede decretar su absolución”, en virtud que existe una anticipación conceptual del criterio del juzgador que debe ser plasmado en el apartado de fundamentación jurídica, afectando la supuesta explicación de su razonamiento y pensamiento. El defecto que se invoca en el presente motivo se produce: “cuando el juzgador redacta el fáctum en términos obscuros o ambiguos que imposibilitan su comprensión gramatical, o los estructura en forma incompleta omitiendo consignar circunstancias para su apreciación completa y coherente... los hechos probados no son claros y terminantes, cuando se construyen de manera confusa, dubitativa, imprecisa o vacilante, que impide la perfecta comprensión de la realidad histórica debatida, pues en contraposición a lo expuesto, el fáctum ha de ser concluyente, tajante, imperativo y categórico en lo que se relata, para que cumpla con la cualidad de “ser claro y terminante” y por ende merecedores del respeto reverencial y absoluto que en casación se atribuye”[2] Requisitos que no se cumplen en los hechos probados de la sentencia objeto de impugnación, ya que al introducir elementos de valoración que predeterminan el fallo, incumple con los requisitos que el Código Procesal Penal le exige en la Regla Primera del artículo 338 antes señalado. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido, ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio. RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA REPRESENTACION DEL MINISTERIO PÚBLICO ARGUYENDO QUE LA DECLARACION DE HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA NO ES CLARA NI TERMINANTE, YA QUE CONTIENE CONCEPTOS QUE POR SU CARÁCTER JURIDICO HAN PREDETERMINADO EL FALLO.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 1) DEL CODIGO PROCESAL PENAL EN RELACION AL ARTICULO 338 SECCION CUARTA No. 1) DEL MISMO TEXTO LEGAL.- El Censor arguye que la declaración de hechos probados contenida en la sentencia recurrida no es clara ni terminante, ya que del primero de los hechos probados se desprende que la conducta del imputado M. C. C., se subsume en el delito de almacenamiento de armas prohibidas tipificado en el artículo 332-A del Código Penal y por ende debió imponérsele la pena correspondiente, sin embargo, más adelante en el hecho probado segundo, el Tribunal de enjuiciamiento de manera incorrecta, ha empleado conceptos que por su exclusivo carácter jurídico han predeterminado el fallo al expresar que no se logró acreditar el elemento subjetivo del tipo en el comportamiento del encartado por lo cual ha procedido su absolución, estimando el recurrente que tal razonamiento ha debido incluirse en la fundamentación jurídica del fallo y no como erróneamente lo hizo el Tribunal, en el factum de la sentencia. Esta Sala considera pertinente destacar, tal como lo hizo en la sentencia del 29 de septiembre de 2011 (Expediente de Casación No. 218.-2010), que el vicio procesal denunciado por el recurrente se origina cuando la redacción de los hechos probados aparece confusa, dubitativa o imprecisa, de modo que por su insuficiencia o oscuridad, o por no expresar en forma conclusiva, imperativa, terminante o categórica, sino vacilante o dubitativa, puede conducir a subsunciones alternativas, en definitiva, a consecuencia de la ambigüedad del relato. La falta de claridad puede venir determinada por haber empleado expresiones ininteligibles u oscuras que hacen difícil la comprensión del relato o cuando incurre en omisiones que alteran su significación y dejan prácticamente sin contenido específico la narración de los hechos; se produce, pues, cuando lo narrado es incomprensible por su deficiente redacción, oscuridad, ambigüedad o imprecisión, también cuando por omisión de elementos o circunstancias importantes, se impide conocer la verdadera realidad de lo ocurrido con la lógica consecuencia de que falta base fáctica para determinar si los hechos son o no constitutivos de la infracción penal, o cual ha sido la participación concreta de los acusados en la ejecución del delito; por consiguiente, no basta para apreciar el defecto procesal que la narración se ofrezca oscura o ininteligible en alguna de las partes, o en términos de ambigüedad o imprecisión que haga difícil su comprensión, sino que es necesario que tales defectuosidades se hallen en conexión con los condicionamientos determinantes de la calificación penal asignada a los hechos probados, provocando una laguna o vacío en la descripción histórica de los mismos, que determina una falta de premisa fáctica para formular la calificación jurídica, de forma que no pueda orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda estructurada, el pronunciamiento condenatorio o absolutorio, es decir, que resulta inadecuada para servir de argumentación lógica al fallo, y ello porque la “quaestio facti” debe servir de apoyo y sustento a la calificación jurídica o “quaestio iuris”. Esta Sala considera que en el primer hecho declarado probado el Tribunal de instancia describe con la suficiente claridad las circunstancias en virtud de las cuales se produjo el hallazgo de tres armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas en una caja de seguridad ubicada en la casa de habitación del acusado M. C. C., así como también de que las mismas estaban destinadas para uso y portación de elementos de dicha institución asignados para salvaguardar la vida, integridad corporal y bienes, tanto del encartado como de su familia, habida cuenta que el señor C. C. en días anteriormente próximos al referido hallazgo había sido víctima de amenazas y de un atentado cuando fungía como Gerente General de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL). Por otro lado en el fáctum se describe quien autorizó para que las armas incautadas fueran guardadas en la caja de seguridad antes mencionada, de ahí que no se acusa ambigüedad, oscuridad o imprecisión en los hechos declarados probados que hayan impedido a esta Sala determinar cual ha sido el comportamiento del imputado y si éste es o no típico y por ende calificar desde el punto de vista jurídico si su conducta es o no constitutiva del delito por el cual ha venido siendo acusado. Esta Sala estima que si bien es cierto que las referencias en el fáctum, a la ausencia de dolo en el comportamiento del acusado han debido incluirse en la fundamentación probatoria y/o jurídica de la sentencia, no es menos cierto que tal referencia no afecta a la descripción de la conducta del procesado C. C. y demás circunstancias contenidas en el primero hecho probado, ya que suprimido mentalmente el segundo hecho probado, es posible para esta Sala establecer con un mínimo de claridad la premisa fáctica necesaria para formular la calificación jurídica, de forma que se puede orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda estructurada, el pronunciamiento condenatorio o absolutorio. Ciertamente en el segundo hecho probado el Tribunal de instancia expresa que “no se le puede deducir responsabilidad al señor M. C. C. por un delito de almacenamiento de armas prohibidas en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras por el cual venía siendo acusado al no haberse acreditado el elemento subjetivo del tipo”, lo que en principio, es decir aprorísticamente, podría entenderse que constituye una predeterminación el fallo.[3]. Sin embargo, como ya lo dijimos antes, pese a esa deficiencia que presenta el relato fáctico, puesto que las referencias a la ausencia de dolo han debido explicarse mejor en la fundamentación probatoria y/o jurídica, la misma no es de tal relevancia que suprimida mentalmente produzca una laguna o vacío en la descripción histórica de los hechos, que determinen una falta de premisa fáctica mínima para formular la calificación jurídica correspondiente en el proceso de subsunción. Por todas las razones anteriormente expuestas, el presente motivo formulado por la Representación del Ministerio Público, debe ser desestimado. SEGUNDO MOTIVO: “Hechos Probados Contradictorios” PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 1, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La sentencia recurrida al declarar o estimar el Segundo Hecho Probado señaló: “El 9 de Noviembre del 2007 como a eso de las 6:08 minutos de la mañana se efectuó un allanamiento a la vivienda del señor M. C. ubicada en la Aldea las 3 Rosas del Municipio de Valle de Ángeles, departamento de Francisco Morazán, en dichas diligencias se encontraron en el interior de una caja de seguridad las 3 armas de fuego antes descritas que son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, de los hechos antes relacionados se desprende que no se le puede deducir responsabilidad al señor M. C. C. por un delito de Almacenamiento de Armas Prohibidas en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras por el cual venía siendo acusado al no haberse acreditado el elemento subjetivo del tipo por lo que conforme a los artículos 339 del Código Procesal Penal procede decretar su absolución”. Al examinar el supra indicado relato fáctico se logra evidenciar, que el mismo adolece del vicio de contradicción, ya que por una parte deja establecida la participación del acusado en el delito de Almacenamiento de Armas Prohibidas y refiere que las armas encontradas en la vivienda del acusado son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y por otra asevera: “de los hechos antes relacionados se desprende que no se le puede deducir responsabilidad al señor M. C. C. por un delito de Almacenamiento de Armas Prohibidas en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras...”, lo que vuelve el hecho contradictorio, ya que si las armas son de uso exclusivo de la Institución Estatal mencionada, porque son armas de guerra o combate comprendidas en el artículo 332-A: no puede darse el contrasentido de que “no se pueda deducir responsabilidad al acusado”, quien es persona particular, por el delito de Almacenamiento de las mismas; dando lugar con ésta contradicción entre dos afirmaciones no conciliables entre sí, al vicio enunciado y por lo tanto es procedente la anulación de la sentencia impugnada. De acuerdo a la que establece el Código Procesal Penal de Honduras, éste vicio se pone de manifiesto cuando los hechos comprendidos en el relato fáctico son contradictorios e inconciliables entre sí, es decir cuando se entra en la afirmación y la negación simultánea de hechos o circunstancias reproducidas en el juicio; la norma citada señala que los hechos deberán ser descritos con claridad, precisión y coherencia; en cambio en la sentencia impugnada se presenta la contradicción antes referida, dando lugar al vicio señalado. Para referencia, estimamos de importancia transcribir lo que el Manual de Derecho Procesal Penal Hondureño señala al respecto: «No está de más insistir que el defecto resulta de la inobservancia de la regla cuarta, numeral 1 del art. 338, donde se impone el deber de redactar el fáctum con claridad, precisión y “coherencia”. . . para que el vicio afecte la coherencia de la sentencia debe ser interno, esto es producido en el seno de los hechos probados... Sobre este punto la doctrina española insiste que “no se trata de una contradicción lógica, conceptual o ideológica, sino léxica y de carácter gramatical, de manera que la afirmación de un hecho implique la negación de otro”[4]. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido, ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio”. RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA REPRESENTACION DEL MINISTERIO PUBLICO ARGUYENDO QUE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA IMPUGNADA CONTIENE HECHOS DECLARADOS PROBADOS QUE SON CONTRADICTORIOS ENTRE SI.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 1) DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- El Censor arguye que en el relato de hechos probados, el Tribunal de instancia afirma por un lado, que las armas incautadas en la vivienda del acusado M. C. C. eran de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, sin embargo, más adelante y de manera contradictoria expresa que no se le puede deducir responsabilidad penal a dicho imputado por ausencia de dolo en su comportamiento. La Representación del Ministerio Público considera que tales afirmaciones contenidas en el factum son inconciliables entre sí por lo que debe declararse con lugar el motivo de casación formulado. Esta Sala considera pertinente recordar tal como lo hizo en la sentencia del 16 de mayo de 2013 (Expediente de Casación No. 397.-2012) que el vicio denunciado por el recurrente se producirá cuando los hechos comprendidos en el relato fáctico sean contradictorios e inconciliables entre sí, de tal manera que la afirmación de uno de ellos implique la negación del otro. Es necesario que la contradicción sea absoluta o manifiesta, en el más amplio sentido gramatical, lo que viene a significar jurídicamente que no sólo sea ostensible, sino también insubsanable e incompatible con la integridad del relato histórico[5]. El vicio examinado no comprende la oposición o discordancia entre hechos por un lado, y conceptos o valoraciones jurídicas por el otro, planteamiento éste que encuentra un cauce adecuado por otrSa vías procesales. Una lectura detenida de los hechos declarados probados no pone de manifiesto algún tipo de contradicciones entre sí de tal manera que la afirmación del primero suponga la negación del segundo. En el primero no solamente se hace alusión al hallazgo de tres armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas en la vivienda habitada por el acusado y su familia, sino también que las mismas estaban asignadas y bajo la disponibilidad para su uso y portación a elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras encargados de resguardar la vida, integridad corporal y bienes del imputado, quien fungiendo en ese entonces como Gerente General de HONDUTEL había sido víctima de amenazas y de un atentado en días inmediatamente próximos y anteriores al hallazgo antes referido. Por otro lado se tiene por acreditado que la autorización para guardar las armas mencionadas en una caja de seguridad fue concedida por el Jefe del Estado Mayor Presidencial habida cuenta de la lejanía entre las unidades a las que pertenecían los elementos militares y la vivienda del imputado. En tanto que en el segundo se expresan las circunstancias de tiempo y lugar en que se produjo el allanamiento, que a su vez condujo al hallazgo e incautación de las tres armas relacionadas, añadiendo el Tribunal de enjuiciamiento que por las razones expuesta es del criterio que no concurre el elemento subjetivo del tipo en la conducta del encartado y que por ende no cabe deducirle responsabilidad por el delito por el cual venía siendo acusado. Esta Sala ya dijo que las valoraciones que conducen al Tribunal de instancia para negar la presencia del dolo en el comportamiento del endilgado han debido tener un espacio adecuado en la fundamentación probatoria y/o jurídica de la sentencia, sin embargo, aún manteniendo el segundo hecho probado en toda su extensión dentro del factum, no se constata que este sea inconciliable o contradictorio con el primero, ni que la afirmación de uno comporte la negación del otro de tal manera que se advierte la falta de coherencia interna que demanda la redacción de los hechos probados. Por todas las razones anteriormente expuestas, el presente motivo formulado por la Representación del Ministerio Púbico debe ser desestimado.- POR TANTO.- La Corte Suprema de Justicia en nombre del ESTADO DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales 338, 359, 360 y 362 del Código Procesal Penal.- FALLA: Declarando SIN LUGAR el Recurso de Casación por infracción de ley en su motivo único y por quebrantamiento de forma en sus dos motivos, interpuesto por la Representación del Ministerio Público, contra la sentencia absolutoria dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, en fecha once de enero de dos mil catorce, que absuelve de responsabilidad penal al imputado M. A. C. C. por el delito de ALMACENAMIENTO DE ARMAS PROHIBIDAS en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- Y MANDA: Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para que proceda con arreglo a Derecho.- MAGISTRADO PONENTE CALIX VALLECILLO.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de diciembre del año dos mil quince.- Certificación de la sentencia de fecha dos de septiembre del año dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-172-2014.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Según se desprende de la fundamentación intelectiva de la prueba, tales elementos estaban asignados al Noveno Batallón de Infantería con sede en el Valle de Jamastrán, Municipio de Danlí, Departamento de El Paraíso, y a otro Batallón ubicado en el lugar conocido como Las Tapias, Departamento de Francisco Morazán. (vid. Folio No. 668 vuelto)

[2] Manual de Código Procesal Penal Hondureño, Tomo II, p. 421. Honduras, C.A., 2003

[3]Cabe aquí recordar que tal el vicio tiene lugar cuando en la redacción de los hechos probados se emplean “conceptos” que unitariamente describen una infracción delictiva, de frases técnico-jurídicas que engloban la definición de un concreto tipo punible, siempre que por ellas solas se llegue indefectiblemente al pronunciamiento decisorio acordado, de modo que trastocando el orden de la relación histórica del acontecer enjuiciado y valoración jurídica del mismo, neta separación entre factum (relato de hechos probados) y iudicium (fundamentación jurídica) impuesta por el artículo 338 del Código Procesal Penal, se anticipan en el relato fáctico términos, locuciones o frases de estricta técnica penal, de aquellas que selectivamente se emplean en la elaboración científica sustantiva de las distintas figuras penales, o utilizadas cuando de definir los grados de participación, fases de ejecución o de circunstancias modificativas de la responsabilidad se trata; expresiones que con independencia de la estimación valorativa a efectuar en la fundamentación jurídica de la sentencia, deben reservarse para dicho sector de la misma. En definitiva, el vicio denunciado encuentra su razón de ser en evitar la sustitución de un hecho o sucesión de hechos, elemento fáctico de la sentencia penal, por un concepto jurídico, lo que supone, ya de antemano, la valoración penal del comportamiento, de modo que tiene lugar cuando el Tribunal de instancia ha adelantado en los hechos probados la subsunción, de tal manera que el Tribunal de casación no puede conocer el hecho imputado como tal, sino sólo a través de su significación jurídica. Para que prospere el motivo invocado es necesario que concurran los siguientes requisitos: 1) Que se trate de expresiones técnico-jurídicas que definan o den nombre a la esencia del tipo delictivo aplicado, 2) Que tales expresiones sean asequibles tan sólo a los juristas entendidos en Derecho y su uso no sea compartido en el lenguaje común, 3) Que tengan relación causal con el fallo, y 4) Que suprimiendo tales conceptos, dejen sin base el hecho o los hechos históricamente narrados, es decir, que tal supresión dé lugar a un vacío fáctico y haga incongruente el fallo. Vid. LUZON CUESTA, JOSE MARIA, El Recurso de Casación Penal, 2ª Edición, Editorial COLEX, Madrid, 2000, pág. 145 y ss.

[4] Op.Cit.P.421

[5] Vid. LUZON CUESTA, JOSE MARIA: en El Recurso de Casación Penal, 2ª Edición, Editorial COLEX, Madrid, 2000, págs. 143-145.