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Sentencia CP-169-13 — Registro 5403

Resumen

Se condenó al imputado en primer instancia por el delito de violación de los deberes de los funcionarios y evasión culposa. En casación se confirma la sentencia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...Observa esta Sala de lo Penal, que la recurrente hace ver la supuesta contradicción en los razonamientos del Sentenciador específicamente entre el numeral segundo de la motivación jurídica del fallo en el que el Sentenciador establece que el imputado a pesar de encontrarse en labores de vigilancia sin justificación alguna dejó de dar aviso oportuno de la salida de los reclusos pues se hace inviable que, desde donde se encontraba y estando atento no haya escuchado cuando tiraron la puerta de madera; por otra parte, en el número tercero del mismo apartado el Juzgador consideró que dicha acción es culposa al desempeñar de forma negligente su turno de vigilancia. Al respecto, la Sala, no considera que dichos argumentos del Sentenciador sean contrapuestos entre sí, pues en el apartado segundo lo que realiza es precisamente una descripción de esa conducta negligente, pues advierte que si el encausado V. D. A. hubiese “estado atento” a las funciones que en razón de su cargo tenía, era posible que observara el momento mismo de la fuga de los internos, pero al no encontrarse atento, ni cumplir con las asignaciones que tenía, permitió de forma negligente la fuga de presos. Ahora bien, no existe en los razonamientos del Sentenciador el asomo siquiera de que la actuación del imputado se haya realizado mediante el dolo o intencionalidad de querer cometer el delito de evasión como lo deja entre ver la recurrente, pues no se acreditó mediante ningún medio de prueba que estuviese coludido con los internos prófugos para permitir la salida de éstos, por tanto, consideramos que los argumentos del Sentenciador fueron correctos sin existir entre ellos razonamientos contrapuestos que hagan de la sentencia un fallo dudoso o desacertado. Por lo expuesto, consideramos procedente desestimar el presente motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de abril del año dos mil quince, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los Magistrados MARCO VINICIO ZÚNIGA MEDRANO en su calidad de Coordinador; JACOBO CÁLIX HERNÁNDEZ y CARLOS DAVID CÁLIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiséis de octubre de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual falló: 1) CONDENANDO al señor V. D. A., a la pena de TRES (03) AÑOS y NUEVE (9) MESES DE RECLUSIÓN, por el delito de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS Y EVASIÓN CULPOSA en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; asimismo lo condenó a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ESPECIAL, por el doble de tiempo que dure la pena. 2) CONDENANDO al señor V. D. A., a la pena de INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la pena; así como también a realizar trabajos en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario por el tiempo que dure la pena. 3) DECLARÓ la responsabilidad civil de dicho condenado. 4) NO CONDENÓ en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por dicho juicio. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, la Abogada R. M. M. H., en su condición de Fiscal del Ministerio Público. SON PARTES: La Abogada Y. M. en su calidad de Representante del Ministerio Público como parte recurrente y la Abogada A. Y. R. P. en su condición de Defensora Pública, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS PRIMERO: El 14 de agosto del año dos mil once, el Policía Penitenciario V. D. A. cumplía turno de noche en la Posta #3, situada en la parte trasera exterior izquierda del Centro Penal de Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios; antes de la 1:40 horas de ese día en medio de la lluvia, y por un acceso cerrado con tablas de madera situado a pocos metros de donde V. D. desempeñaba su vigilancia, logran salir desde el interior del penal los reclusos R. O. C. H., A. R. R., L. A. L. V. y N. G. C. H., quienes se encontraban legalmente detenidos en dicho Centro Penal, y se fugan del mismo; sin que V. D. diera la voz de alarma hasta la 1:40 horas, cuando ya han a bandonado los reclusos dicho centro. SEGUNDO: Antes de su fuga, los reclusos arriba mencionados ocupaban celdas de privilegio, ubicadas cerca del acceso tapado con madera ya referido; apareciendo, después de la fuga, rotos y en el suelo los candados que aseguraban estas celdas. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por la Abogada R. M. M. H. en su condición de Fiscal del Ministerio Público, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- La Abogada recurrente R. M. H., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: ”EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN. PRIMER MOTIVO: Infracción de ley por Aplicación Indebida del artículo 392 en relación al párrafo tercero del artículo 13, ambos del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el párrafo primero del artículo 360 del Código Procesal Penal. PLANTEAMIENTO DEL RECURSO: El A quo en el fallo en estudio declaró terminantemente como hechos probados las siguientes verdades intangibles; PRIMERO: El día 14 de agosto del año dos mil once, el Policía Penitenciario V. D. A. cumplía turno de noche en la posta #3, situada en la parte trasera exterior izquierda del Centro Penal de Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios; antes de la 1:40 horas de ese día en medio de la lluvia y por un acceso cerrado con tablas de madera situado a pocos metros de donde V. D. desempeñaba su vigilancia, logran salir desde el interior del penal los reclusos R. O. C. H., A. R. R., L. A. L. V. y N. G. C. H., quienes se encontraban legalmente detenidos en dicho Centro Penal, y se fugan del mismo; sin que V. D. diera la voz de alarma hasta la 1:40 horas, cuando ya han abandonado los reclusos dicho centro. SEGUNDO: Antes de su fuga los reclusos arriba mencionados ocupaban celdas de privilegio, ubicadas cerca del acceso tapado con madera ya referido; apareciendo, después de la fuga rotos y en el suelo los candados que aseguraban estas celdas. Las normas citadas como infringidas establecen: Artículo 392: “Se sancionará con reclusión de uno (1) a tres (3) años al custodio por cuya culpa se haya producido la evasión de un detenido o un condenado...” Artículo 13: “...El delito es culposo cuando es resultado de imprudencia, impericia o negligencia o cuando es producido de la inobservancia o un condenado…”un reglamento o de órdenes, resoluciones o deberes, atendidas las circunstancias y la situación personal del delincuente. El delito culposo solo será punible en los casos expresamente determinados por la ley...” Del cuadro fáctico establecido por el Tribunal Sentenciador no se evidencia que la conducta ejecutada por el imputado V. D. A., se enmarque en el delito de EVASION CULPOSA, en virtud que no logra desprenderse de los hechos declarados como probados cuales son las circunstancias que hacen que el accionar del encausado sea de forma culposa, es decir, no establecen donde está la imprudencia, impericia o negligencia en sus actuaciones; y por el contrario establece por el acceso donde vigilaba el procesado, los reclusos R. O. C., A. R., L. L. y N. C. lograron salir, sin que V. D. diera la voz de alarma, de ahí que el delito por el cual es condenado no corresponde al tipo penal descrito en el factum. En virtud de lo anterior solicitamos se declare procedente el presente motivo solicitando se case el fallo por padecer del vicio in iundicando. III.- Sigue manifestando la recurrente en su Recurso de Casación por Infracción de Ley. SEGUNDO MOTIVO: Infracción de Ley por Falta de Aplicación del artículo 391 de del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el párrafo primero del artículo 360 del Código Procesal Penal. PLANTEAMIENTO DEL RECURSO: El presente motivo se hace en virtud que el juez A quo, omitió la aplicación de la norma penal sustantiva que corresponde a la declaración de hechos probados que fueron declarados en el fáctum de la sentencia. El precepto penal de orden sustantivo que se cita como infringidos textualmente dice: Artículo 391 que establece:” Será sancionado con reclusión de cinco (5) a diez (10) años, quien colabore en la evasión de un detenido o condenado. Si quien ha favorecido la evasión fuese servidor público, además del aumentó en un tercio en la pena por su condición de tal, se le impondrá inhabilitación especial por el doble del tiempo establecido para la reclusión...”. Artículo 13 del Código Penal que en el párrafo segundo establece: “...que el delito es doloso cuándo el resultado responde a la intención que se tuvo al ejecutar o cuando el autor sabe, o está obligado a saber, que como consecuencia de su acción u omisión existe la posibilidad de que se produzca un efecto dañosos, constitutivo de delito, no obstante, lo cual ejecuta el hecho y acepta, por ende las consecuencias que del mismo se derivan...” Del análisis del precepto en referencia, conforme los hechos fijados por el Tribunal, los cuales fueron transcritos en el motivo que antecede, quedó plenamente acreditado la existencia de un hecho típico donde el sujeto activo es el imputado V. D. A., y se puede apreciar que si concurren los elementos objetivos y subjetivos del tipo ya que se ha constatado que el encausado permitió la fuga de reclusos penitenciarios por la posta número 3 del Centro Penal, lugar donde él se encontraba asignado y que era responsable de su seguridad; pues la corta distancia donde se encontraba su lugar de vigilancia, al acceso por donde salieron los prófugos hace inviable que no haya escuchado cuándo tiraron la salida de madera y que no los haya visto salir después al exterior, aun cuando el lugar se encontraba iluminado por lo que estaba obligado a dar la alarma en el momento inmediato de la fuga de los reclusos, y no hasta la una con cuarenta minutos de la madrugada (1:40am), que es la hora que establece el sentenciador en el fáctum, como el momento en que se da la alerta, por lo que su accionar favoreció a la fuga de R. O. C., A. R., L. L. y N. C.. En caso de autos y tal como lo describe el juzgador al momento de redactar los hechos probados el encausado permitió que los reclusos salieran por un acceso de madera que apareció roto, dando la alarma de este incidente hasta que ya los presos habían abandonado totalmente la zona, por tanto sus actuaciones facilitaron esta fuga. Como se puede apreciar, de acuerdo con los hechos probados, la conducta del acusado sirvió para el perfeccionamiento de la comisión del delito de EVASION, lo que lo hace incurrir en el ilícito tipificado en el artículo 391 del Código Penal por concurrir los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal en referencia, asimismo se evidencia que se trata de un dolo directo, ya que el resultado del delito de evasión responde a la intención del encausado al permitir la fuga de los reclusos penitenciarios, ya que estaba obligado y era responsable de la seguridad de la posta a la cual se encontraba asignado. Por lo antes expuesto, la Fiscalía solícita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada. IV.- La recurrente en su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, manifestó: TERCER MOTIVO: “Adolecer la sentencia proferida de motivación jurídica contradictoria”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: El fallo que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta contra la motivación jurídica del fallo por ser contradictorias, por cuanto la conclusión dispositiva del A quo en cuanto a decretar una sentencia Condenatoria por el delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS y EVASION CULPOSA en concurso ideal, fue precedido de un proceso intelectivo de valoración probatoria que evidentemente resulta contradictoria, en la motivación jurídica, ya que el Juzgador reconoce que los actos cometidos por el encausado son dolosos pero condena por un delito culposo. La motivación para ser lógica debe responder a las leyes del entendimiento humano, con la especial característica de ser coherente, es decir constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, debiendo para ello ser congruente, no contradictoria e inequívoca, es decir que la motivación opera como garantía del proceso ya que las conclusiones deben ser proporcional al hecho ilícito que se sanciona. El vicio que hoy se alega se pone de manifiesto en la sentencia proferida, cuando en los fundamentos jurídicos esgrimidos por el Juzgador se denota irrespeto al principio de coherencia, al no existir congruencia en el contenido de la sentencia que constituye un todo armónico, al haber entrado el Tribunal en juicios inconciliables, es decir contradictorios, en lo relatado en los juicios de la fundamentación jurídica del fallo. Ello es así, pues basta con examinar lo esgrimido por el Juzgador al momento de emitir la sentencia de mérito, específicamente en lo establecido en el numeral segundo del apartado de motivación jurídica en el quinto párrafo que refiere que: “el imputado era un empleado público que ejercía el cargo de policía Penitenciario en el Centro Penal de Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios y en ese momento desempeñaba labores de vigilancia en la costa número 3 de ese centro, por lo que debía estar atento a lo que acontecía en el entorno físico, de cuya seguridad era responsable y sin justificación alguna dejo de dar el aviso oportuno a la salida de los cuatro reclusos que se fugaron por el área que el vigilaba, pues la corta distancia de su lugar de vigilancia al acceso por donde salieron los prófugos hace inviable que, estando atento, no hay escuchado cuando tiraron la salida de madera y que no haya visto salir después al exterior tampoco la tormenta podría impedir que, a esa hora y estando iluminada la zona1 pudiera verlos y dar el aviso correspondiente mediante un disparo de alarma, en lugar de dejar abandonada su posta para ir personalmente a alertar sobre el derribo del acceso de madera, como efectivamente procedió el imputado. (Lo subrayado es nuestro). Asimismo en el numeral tercero de la referida motivación jurídica entra en contradicción con el numeral anterior al referir que la conducta del acusado respecto al delito de EVASION ES CULPOSA esta descrita en el artículo 13 del Código Penal,… está plenamente probado que V. D. A. realizó actos culposos al desempeñar de forma negligente su turno de vigilancia pues el acusado estaba sabido que aun en la lluvia estaba obligado a realizar lo necesario para cumplir su asignación y evitar la fuga de reclusos cuya custodia era responsable y no fue lo suficientemente diligente en el cumplimiento de su función. La conducta realizada por el acusado V. D. A., es culposa porque no responde a la conciencia y voluntad y tampoco se acredito que el acusado sabia o estaba obligado a saber que como consecuencia de su acción existía la posibilidad de producir un efecto dañoso”. Como se puede apreciar de la lectura de estos numerales, se desprende que las afirmaciones plasmadas en los mismo son totalmente contradictorias, puesto que el Tribunal, primero acepta que el imputado por “la corta distancia de su lugar de vigilancia al acceso por donde salieron los prófugos hace inviable que, no haya escuchado cuando tiraron la salida de madera y que no los hay visto salir” para luego establecer que el encausado no fue lo suficientemente diligente en el cumplimiento de su función y que sus acciones no responden a su conciencia y voluntad; siendo más que evidente que si el imputado, debió de escuchar cuando tiraron la puerta y ver cuando salían los reclusos, aspectos que fueron resaltado por el sentenciador para poder condenarlo por el delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios, estas mismas circunstancias debieron considerarse para emitir la condena por el delito de evasión contemplado en el artículo 391 del Código Penal, ya que si éste presenció el momento en que se produce la fuga, lo hace un participante activo en los hechos, además de que se evidencia que su conducta obedece a una voluntad, dejar salir a los reclusos, sin dar el aviso oportuno para evitar su fuga, lo que demuestra que su conducta se encuentra ejecutada con dolo y con culpa como lo afirma el juzgador. Es por ello que la decisión tomada por el Tribunal de Sentencia resulta equivoca como resultado de contradecirse en motivación jurídica, pues como antes indicamos del proceso intelectivo de la valoración de la prueba de cargo se infiere la culpabilidad del procesado en la participación del delito de EVASION; tipificado en el artículo 391 del Código Penal Vigente; Asimismo su participación se efectuó a titulo de AUTOR DIRECTO, tal como lo ha establecido ampliamente la Doctrina al referir que: “Se reputan como Autores todos los que concurren a la comisión del delito, tomando parte en su ejecución con unidad de acción, igual propósito y cooperación

reciproca, es decir se produce por todos aquellos que intervinieron en su perpetración con la misma finalidad y fin, por eso la pena a imponer a cuantos concurrieron en su comisión debe ser igual para todos, con independencia de quien fuese, de entre los participantes el que lo materializase con su acción individual…[1] por ende el Ministerio Público como recurrente es del firme criterio que el razonamiento del Juzgador en este apartado de la sentencia es contradictorio, partiendo de que una resolución motivada debe abarcar indefectiblemente la fundamentación jurídica en la que se razone sobre la calificación penal de los hechos, su participación y circunstancias, y en el presente caso es manifiesta la incoherencia en que incurre el Juzgador, al no haber expuesto de una forma clara y terminante sin dejar

lugar a dudas, que el accionar del encausado se enmarca en el delio de EVASION calificado en el artículo 391 en relación 393 en concurso ideal con el artículo 38 del Código Penal por haber efectuado acciones dolosas, por ende estas falencias en la sentencia nos conducen indefectiblemente a patentizar el vicio que ahora se reprocha. En resumen, por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido previamente efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio; no obstante solicitamos que se case el fallo recurrido y se proceda conforme a derecho corresponde.” DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY EN SUS DOS MOTIVOS, INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO, ARGUMENTANDO APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTÍCULO 392 DEL CÓDIGO PENAL Y FALTA DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 391 DEL MISMO CUERPO LEGAL. I.- Esta Sala de lo Penal, ha tenido a bien resolver en un mismo apartado los dos motivos de Casación por Infracción de Ley interpuestos por la recurrente, pues sus señalamientos y argumentaciones van referidos a la Fundamentación Fáctica de la sentencia. II.- Expresó la recurrente, que existió Infracción de Ley por aplicación Indebida del Artículo 392 en relación al 13 del Código Penal y Falta de Aplicación del Artículo 391 del mismo cuerpo legal, consignando como Precepto que le autoriza la interpelación de la presente impugnación en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. Expone la recurrente que conforme el Cuadro Fáctico de la sentencia recurrida, no se evidencia que la conducta realizada por el imputado V. D. A. se enmarque en un ilícito culposo, pues no se logra desprender de los Hechos Probados cual fue la imprudencia, impericia o negligencia en sus actuaciones; pero que si se logra derivar de ellos los elementos objetivos y subjetivos de un delito doloso, pues se ha constatado que el encartado permitió la fuga de reclusos, ya que la corta distancia donde se encontraba en guardia era imposible no ver la huida de los presos y estaba obligado a dar la alarma. III.- Como lo hemos reiterado en otros fallos, a esta Sala de lo Penal, tratándose del motivo invocado por la recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de Derecho contenido en la sentencia. El Recurso de Casación por Infracción de Ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse o partir su alegación de los Hechos Probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto, pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. IV.- Ante los planteamientos de la recurrente, resulta necesario efectuar un análisis detallado de la Fundamentación Fáctica de la sentencia para determinar si en ellos se encuentran los elementos objetivos y subjetivos del tipo de Evasión Culposa como lo consideró el Juzgador, o de un delito doloso como alega la recurrente. Al respecto, el relato de hechos probados establece, que el 14 de agosto del 2011, el imputado V. D. A. se encontraba de turno en la posta 3 del Centro Penal de Puerto Lempira, Departamento de Gracias a Dios, cuando antes de la 1:40 a.m. y en medio de la lluvia logran salir desde el interior del penal, los reclusos R. O. C., A. R., L. A. L. y N. G. C., sin que V. D. diera voz de Alarma. En cuanto al delito de Evasión Culposa reprochado por la recurrente, decisión que considera correcta esta Sala de lo Penal, pues se desprende que el acusado no actuó movido por una intencionalidad, sino que más bien existió negligencia al no estar atento a la vigilancia que debía de realizar, es decir, faltó al deber del cuidado propio de su labor estar “vigilante”. En ningún momento el relato de hechos advierte que el encausado haya estado en confabulación con los prófugos o que haya recibido por parte de estos alguna remuneración a cambio de su fuga, lo que denotan los hechos es la falta de diligencia al no estar pendiente de todo lo que acontecía desde la posta donde se encontraba en vigilia, configurándose una conducta imprudente. V.- Esta Sala de lo Penal, considera pertinente señalar, que en los delitos culposos, contrario a los delitos dolosos, la acción típica no está determinada con precisión en la ley, en tanto que ésta solamente refiere que el delito es culposo, “…Cuando es resultado de imprudencia, impericia o negligencia, o cuando es producto de la inobservancia de una ley, de un reglamento, órdenes, resoluciones o deberes, atendidas las circunstancias y la situación personal del delincuente...” Al respecto, la doctrina ha desarrollado el criterio que puede ponderar cuando una conducta ha sido realizada culposamente. El punto de referencia doctrinal lo proporciona el denominado “deber objetivo de cuidado”. El concepto de cuidado objetivo es a la vez un concepto objetivo y subjetivo. Es objetivo por cuanto interesa cuál es el cuidado requerido en el sector profesional dentro del cual se juzga una conducta determinada. Ello comporta a la vez un juicio normativo que surge de la comparación entre la conducta que hubiere seguido un hombre razonable y prudente en la situación del autor y la observada por el autor en la realidad. Dos son los elementos de este juicio normativo, uno intelectual, según el cual es necesaria la consideración de todas las consecuencias de la acción u omisión que, conforme a un juicio razonable (“objetivo”) eran de previsible producción (“previsibilidad objetiva”); y otro valorativo, según el cual sólo es contraria al cuidado aquella acción u omisión que queda por debajo de la medida adecuada socialmente. Tales reglas de “cuidado” no siempre son fáciles de precisar, de tal modo que es necesario recurrir a criterios abstractos como “buen conductor”, “conductor experimentado”, “hombre de inteligencia media”. Así por ejemplo, para precisar si en un caso concreto un anestesiólogo ha violado el deber de cuidado y ha producido la muerte del paciente, se debe indagar como habría actuado un profesional en tal especialidad técnica, en las mismas condiciones en las que lo hizo el autor. En algunas ocasiones, las reglas de cuidado que deben observarse vienen descritos en normas jurídicas de rango legal o reglamentario, como las reguladoras del tráfico terrestre (Ley y Reglamento de Tránsito), marítimo, aéreo, los vigentes en ámbitos de trabajo o encargadas de regular la buena marcha de fuentes de riesgo (plantas de energía, reactores), etc.., de las que no necesariamente se pueden derivar infracciones del deber de cuidado, como sucede con el conductor experto que conduce con la licencia vencida, o el chofer, que para no atropellar a una persona que yace herida sobre la vía, irrumpe en el carril contrario y logra así salvarle la vida al lesionado al actuar, justamente, con el cuidado debido. Otras veces, para concretizar las reglas de cuidado hay que recurrir a reglas de experiencia en el ejercicio de determinadas profesiones (la llamada “lex artis”): médico, ingeniero, arquitecto. Por otro lado, cabe señalar, que en la doctrina científica se han elaborado una serie de criterios destinados a precisar el concepto de culpa con relevancia penal, uno de ellos es el principio de confianza, que permite, en las actividades peligrosas en las que participan varias personas, esperar que también los demás actúen con la diligencia debida. Así por ejemplo, en el sector del tráfico automovilístico, el conductor que tiene preferencia, situado en un cruce de calles, puede confiar en que los otros conductores respeten esa preferencia, igualmente sucede en los trabajos realizados en equipo, por ejemplo, una intervención quirúrgica, en los que cada uno de los integrantes del equipo pueden confiar en que los demás colegas realizarán la parte del trabajo que les corresponde con la debida diligencia. Los criterios antes expuestos, valoran, por tanto, la conducta desde el punto de vista de un observador imparcial situado en la situación y circunstancias del sujeto que la realice. Pero también en la culpa concurre un elemento subjetivo que atiende a la capacidad individual, al nivel de conocimientos, previsibilidad y experiencia del sujeto. Así, por ejemplo, en una misma situación, el saber especial de un individuo, sus deberes profesionales, etc…, pueden servir de base para valorar su conducta como culposa, mientras que la misma conducta realizada por una persona sin esos conocimientos específicos puede ser correcta. Así por ejemplo, el médico que conoce la debilidad propia del paciente debe actuar más cuidadosamente que el que no la conoce, su imprudencia, respecto a prescripción de un medicamento contraindicado es mayor. También el rol que desempeña el sujeto puede ser determinante para la exigencia de un mayor deber de diligencia. En este sentido, se puede hablar de un “doble baremo”, en cuanto que primero hay que establecer un baremo generalizador u objetivo de lo que se considera imprudente e individualizarlo después con arreglo a las circunstancias del caso concreto y a los conocimientos y capacidades especiales del sujeto que interviene en ese caso. Por ello, no puede juzgarse de la misma manera al conductor profesional, inscrito en el campeonato mundial de carreras de autos de la llamada Fórmula I, que al ciudadano común cuando guía su vehículo camino a casa si ambos desencadenan, verbigracia, un resultado de muerte a título de culpa; o al practicante de medicina que realiza una complicada operación, si se le comparara con el profesional de amplia trayectoria. Las acciones imprudentes sólo pueden ser castigadas, por imperativo del principio de intervención mínima del Derecho Penal, en la medida que en que se producen determinados resultados. El desvalor de la acción (la acción imprudente) no es por sí, suficiente para determinar una sanción penal, sino que es preciso, además, que se conecte con el desvalor del resultado, es decir, con la producción de un resultado prohibido. Es por ello, que en los delitos culposos de resultado lesivo debe mediar entre la acción imprudente y el resultado lesivo, en primer lugar, una relación de causalidad, es decir, una conexión que permita imputar ya en el plano meramente causal ese resultado concreto que se ha producido al autor de la acción u omisión imprudente realizada[2]. Dicho esto, y retomando el análisis de los argumentos expuestos por la recurrente, ésta sostiene que en los hechos probados declarados como tales por el Tribunal de Sentencia no se recogen los elementos precisos para encuadrar el proceder del acusado en el precepto penal contentivo del tipo penal de Evasión Culposo (artículos. 392 en relación al 13 párrafo tercero del Código Penal), faltando establecer cuál es la imprudencia, impericia o negligencia con la que actuó el imputado. Esta Sala constata que en la exposición de su motivo, la recurrente se basa en una interpretación literal del “factum” o relación de hechos probados de la sentencia, señalando que en esta no se expresa que el encartado haya actuado con imprudencia, impericia o negligencia; frente a este alegato cabe señalar que al Tribunal de Sentencia le está vedado el empleo de expresiones o frases que comporten una predeterminación del fallo, de ahí que la afirmación tajante de que el encartado actuó con imprudencia, impericia o negligencia en el caso concreto, inserta en la declaración de hechos probados, hubiera dado lugar a un vicio de la sentencia, al tenor de lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal donde se establece “que en párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse”. Ahora bien, después del análisis correspondiente se pueden deducir con certeza del Cuadro Fáctico la ausencia del elemento subjetivo - “dolo”- referido al conocer y querer cometer el delito por el autor, cuya concurrencia es indispensable para la calificación que erróneamente reclama la recurrente. En consecuencia, consideramos que no se ha infringido por aplicación indebida o falta de aplicación, ninguna norma sustantiva, tal como lo alega la denunciante, razón suficiente para desestimar el primer y segundo motivo de casación por infracción de ley, interpuesto por el Ministerio Público. DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA EN SU ÚNICO MOTIVO, INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO, DENUNCIANDO MOTIVACION JURÍDICA CONTRADICTORIA. I.- Cuestiona la recurrente, que el fallo proferido contiene un vicio grave que atenta contra la motivación jurídica del fallo por ser contradictoria, consignando como Precepto Autorizante el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Explicó la recurrente que la conclusión dispositiva del A-quo al decretar una sentencia condenatoria por el delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios y Evasión Culposa en concurso ideal, fue producto de un proceso intelectivo contradictorio en su motivación jurídica, pues el Juzgador reconoce por una parte que los actos cometidos por el encausado son dolosos pero condena por un delito Culposo. Expresó que en el numeral segundo de la Motivación Jurídica (5to párrafo) el Sentenciador estableció que el imputado era el responsable de la vigilancia en la posta número tres del centro penal de Puerto Lempira, por lo que debía estar atento a lo que acontecía en su entorno físico, de cuya seguridad era responsable y sin justificación alguna dejó de dar el aviso oportuno de la salida de los cuatro reclusos que se fugaron por el área que el vigilaba, pues la corta distancia de su lugar de vigilancia al acceso por donde salieron los prófugos hace inviable que, estando atento, no haya escuchado cuando tiraron la puerta de madera y que no los haya visto salir del penal, tampoco es justificación que la tormenta impidió que a esa hora y estando iluminada la zona, pudiera verlos y dar el aviso correspondiente mediante un disparo de alarma, en lugar de abandonar su posta para ir personalmente a alertar sobre el derribo del acceso de madera, como efectivamente procedió el imputado. Afirmó el denunciante que el razonamiento esgrimido por el A-quo es contradictorio con lo descrito en el numeral tercero de la motivación que dice: “está plenamente probado que V. D. A. realizó actos culposos al desempeñar de forma negligente su turno de vigilancia pues el acusado estaba sabido que aun en la lluvia estaba obligado a realizar lo necesario para cumplir su asignación y evitar la fuga de reclusos cuya custodia era responsable y no fue suficientemente diligente en el cumplimiento de su función. La conducta realizada por el acusado V. D. A. es culposa porque no responde a la conciencia y voluntad y tampoco se acreditó que el acusado sabía o estaba obligado a saber que como consecuencia de su acción existía la posibilidad de producir un efecto dañoso”. Según la recurrente, ambos razonamientos son contradictorios, lo que violenta la coherencia que deben guardar los raciocinios del Juez. II.- La motivación de la sentencia debe tener como requisito la Logicidad y de forma específica la coherencia que deben mantener los argumentos de la resolución, puesto que deben guardar una debida relación y concordancia, resulta que la contradicción de esos argumentos resta esa cualidad, ya que implican la existencia de juicios contrapuestos y que se excluyen entre sí. El vicio ocurriría cuando existiera una contradicción entre la valoración probatoria y los hechos probados, o entre estos y la fundamentación jurídica o si la contradicción apareciese de forma interna en esa valoración de la prueba o en la motivación jurídica. Es natural que exista el control casacional sobre la contradicción en la motivación, puesto que ello resta seguridad a la decisión que se toma por el juzgador, al fundamentarse en argumentos o juicios excluyentes, por lo que se dudaría de lo acertado de la decisión[3]. III.- Observa esta Sala de lo Penal, que la recurrente hace ver la supuesta contradicción en los razonamientos del Sentenciador específicamente entre el numeral segundo de la motivación jurídica del fallo en el que el Sentenciador establece que el imputado a pesar de encontrarse en labores de vigilancia sin justificación alguna dejó de dar aviso oportuno de la salida de los reclusos pues se hace inviable que, desde donde se encontraba y estando atento no haya escuchado cuando tiraron la puerta de madera; por otra parte, en el número tercero del mismo apartado el Juzgador consideró que dicha acción es culposa al desempeñar de forma negligente su turno de vigilancia. Al respecto, la Sala, no considera que dichos argumentos del Sentenciador sean contrapuestos entre sí, pues en el apartado segundo lo que realiza es precisamente una descripción de esa conducta negligente, pues advierte que si el encausado V. D. A. hubiese “estado atento” a las funciones que en razón de su cargo tenía, era posible que observara el momento mismo de la fuga de los internos, pero al no encontrarse atento, ni cumplir con las asignaciones que tenía, permitió de forma negligente la fuga de presos. Ahora bien, no existe en los razonamientos del Sentenciador el asomo siquiera de que la actuación del imputado se haya realizado mediante el dolo o intencionalidad de querer cometer el delito de evasión como lo deja entre ver la recurrente, pues no se acreditó mediante ningún medio de prueba que estuviese coludido con los internos prófugos para permitir la salida de éstos, por tanto, consideramos que los argumentos del Sentenciador fueron correctos sin existir entre ellos razonamientos contrapuestos que hagan de la sentencia un fallo dudoso o desacertado. Por lo expuesto, consideramos procedente desestimar el presente motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 360, 362.3, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 13, 392 del Código Penal.- FALLA: PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos, interpuesto por la Abogada R. M. M. H. en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la acusación instruida contra el señor V. D. A.. SEGUNDO: Declarar NO HA LUGAR al Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Abogada R. M. M. H. en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la acusación instruida contra el señor V. D. A.. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. Redactó: EL MAGISTRADO CÁLIX HERNÁNDEZ. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL.-”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de Mayo del año dos mil quince.- Certificación de la Sentencia de fecha catorce de abril del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No.S.P.169=2013.- FIRMA Y SELLO

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Diccionario de Jurisprudencia Penal, MARQUEZ DE PRADO Y NORIEGA MARIA DOLORES, GOMEZ DE LAÑO Y BOTELLA FRNCISCO JAVIER, Editorial Colex, año 1981-1993.pág.1103-1104

[2] Vèase. Sentencia Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia N° SP 270-2009, de fecha 06 de abril del 2010.

[3] Véase. Cuellar Cruz, Rigoberto. Fernández Entralgo, Jesús. Gomez Colomer, Juan Luis y otros. Derecho Procesal Penal de Honduras. Manual Teórico-Práctico. Agencia Española de Cooperación Internacional. Poder Judicial de Honduras. Año 2004, Página 599.