Sentencia CP-124-12 — Registro 5458
Resumen
En primera instancia se absolvió al imputado por el delito de Asesinato, resolviendo en segunda instancia Sin Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA EN SU ÚNICO MOTIVO, INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO DENUNCIANDO VIOLACIÓN A LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA. I.- Expuso la denunciante, que el Tribunal Sentenciador incurrió en el yerro de inobservar las Reglas de la Sana Crítica, consignando como Norma que le autoriza la interposición del Recurso, en el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal. Explicó la Recurrente que el Juez A-quo infringió la Regla Lógica de Derivación en su postulado de Razón Suficiente, al expresar sus Juicios de Valor de los siguientes medios probatorios: Testifical consistentes en las deposiciones de Testigo Protegido 1 y 2, Vaciado de Teléfono al celular de la imputada y el ahora occiso, Acta de Defunción del ofendido R. J. W., Certificado Médico de Difusión del perjudicado, Carta de Reporte Forense debidamente autenticado, Acuerdo de Venta de Propiedad entre la imputada y el ofendido, Contrato de Compraventa de un inmueble suscrito por la encartada y la víctima, Escritura Pública contentiva de una hipoteca otorgada por la acusada a favor de Empresa Spirit S de RL y pagarés por la suma de veintiséis mil dólares y siete mil novecientos setenta dólares extendido por la señora J. T. a favor del ofendido R. W.. El Sentenciador derivó de esta prueba que la imputada J. T. no tiene ningún grado de responsabilidad en los hechos que se le imputó, ya que se logró establecer que fueron personas desconocidas las que hirieron con arma de fuego al ahora occiso R. W.; sin embargo, consideró el impetrante que el razonamiento del Sentenciador es equívoco pues, el Testigo Protegido 1 advirtió que el día de los hechos, como a las nueve de la mañana fue a buscar al señor R. y no estaba, llegó una pareja preguntó por el Míster y le dijeron que no estaba, luego la pareja se fue tipo 12, él regresó y encontró a Míster R. en su carro herido, fue a buscar a otra persona y le brindaron ayuda trasladándolo al hospital y les dijo que la persona que le había lastimado eran dos, una de ellas J. T., en el momento del debate no reconoció a la imputada como la persona que el día de los hechos había ido a buscar al señor R.; el Testigo Protegido 2 expresó que el día de los hechos fue a buscar a Mister R. pero no lo encontró, en ese momento llegó una pareja también a buscarlo, se miraban nerviosos pero se fueron porque no estaba, casi a las 12 del mediodía regresó a buscarlo y lo encontró en su carro herido, le dieron asistencia junto con otra persona y él les manifestó que quien lo había herido era la señora J. T.; en el momento del debate si reconoció a la imputada como la persona que había ido a buscar al Señor R. el día en que apareció herido. El vaciado a los teléfonos 95763057 que pertenece al ofendido (así como lo tuvo por cierto la presidenta el Tribunal según acta de debate) y del teléfono 96893190 que pertenece a la imputada, determinó que el último teléfono realizó llamadas al número del señor R. W., y por los movimientos de GPS se logró establecer que la víctima y la imputada estuvieron cerca en el momento en que el Señor W. fue herido. Expresó además la impetrante que la prueba documental consistente en: Acta de Defunción Certificado médico de defunción y Carta de Reporte Forense del señor R. J. W., expresan que la muerte se produjo por trauma en cuello producido por herida de arma de fuego; el resto de prueba documental consistentes en Documentos de ventas de Propiedad, de grabaciones de hipotecas y Pagarés fueron suscritos entre el ofendido R. J. W. y la ahora acusada J. T., con lo que se acredita el posible móvil; el sentenciador expresó que en relación a los medios probatorios para acreditar la causa de la muerte, no acreditaban que la muerte se haya producido por proyectil de arma de fuego pues no se encontraba la autopsia respectiva y no se descartaba una mala praxis, conclusión que es violatoria a las Reglas del Recto Entendimiento Humano, pues no se puede derivar ese razonamiento de ningún medio probatorio. II.- Tal como lo hemos expresado en el motivo anterior, considera esta Sala de lo Penal, que los razonamientos que ha utilizado el sentenciador fueron realizados teniendo como base las Reglas de la Sana Crítica; pues si bien, lo testigos Protegidos 1 y 2 declararon que el ofendido R. J. W. les había manifestado que quien le había herido era la ahora acusada, sus testimonios fueron cuestionados por el consultor Técnico de la Defensa, quien es una persona con experticia y conocimientos en el área de la medicina, quien al debatir el Dictamen Médico de la Dra. M. E. S., manifestó que alguien con una herida por arma de fuego en el cuello, era imposible que pudiera vociferar palabra; explicación forense que es razonable, pues en el cuello se encuentran las cuerdas vocales que pudieron salir afectadas con las esquirlas; lo que provocó en los Sentenciadores que les hiciera dudar de las declaraciones de los testigos y restarles valor probatorio, conclusión que considera correcta esta Sala de lo Penal. En relación al vaciado telefónico, el sentenciador establece que no pueden darle valor probatorio pues no se acreditó que el número 95763057 pertenecía al ofendido y número 96893190 pertenezca a la imputada, haciendo ver la recurrente que el propio Tribunal Sentenciador manifestó en el Acta de Debate que esos números eran de propiedad de la acusada y de la víctima; al respecto, consideramos que si el Tribunal A-quo hace esa referencia, es porque precisamente el Ente Acusador al momento de la Proposición de Pruebas manifestó que esos números pertenecían al perjudicado y a la acusada, es por eso que el Juzgador hace referencia en esos mismo términos, pero del resultado de la prueba se puede derivar que en efecto y tal como lo razona el sentenciador, no es posible establecer de forma certera que esos números eran propiedad de la víctima y de la acusada, por lo que el vaciado telefónico se vuelve infructuosa. En relación con las pruebas documentales cuestionadas por la recurrente y presentadas para acreditar la muerte real del ofendido R. J. W., el sentenciador razonó adecuadamente las pruebas al advertir que la causa de la muerte solo es posible acreditarla con la debida autopsia y si bien existen certificados de defunción, en los cuales se establece que la muerte del señor R. J. W. fue producido por proyectil de arma de fuego, esos documentos no fueron expedidos por profesional médico forense que así lo confirme, sino que por autoridades civiles de la República de Canadá; En cuanto a los documentos presentados referentes a contratos de compra y venta, hipotecas y pagares entre el señor R. J. W. y la imputada J. G. T. B., cuestionados igualmente por la recurrente, considera este Tribunal de Casación que fueron razonados adecuadamente por el A-quo, pues lo único que puede derivarse de ellos es la relación contractual que existía entre ambos, sin poder llegar a establecer que ese fuera el móvil de los hechos, pues no hay prueba que confirme esa aseveración del impetrante. Por todas estas razones, consideramos que los argumentos del Tribunal Sentenciador fueron correctos, adecuados y conforme a las Reglas de la Sana Crítica;..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de octubre del año dos mil quince, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO en su calidad de Coordinador, JACOBO CÁLIX HERNÁNDEZ Y CARLOS DAVID CÁLIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la Sentencia de fecha cuatro de noviembre del año dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual ABSOLVIÓ a la señora J. G. T. B., de toda Responsabilidad Penal del delito consumado de ASESINATO, en perjuicio de R. J. W..- Interpusieron el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, los Abogados M. A. S. Z., actuando en su condición de Acusador Privado en la causa criminal que se le ha seguido a la señora J. G. T. B., y la Abogada W. D. L. C. R. P. actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público.- SON PARTES: El Abogado M. Á. S. Z. en su calidad de Acusador Privado y La Abogada D. R. en su condición de Representante del Ministerio Público, ambos como parte recurrente y el Abogado J. Á. C. F. en su calidad de Apoderado Defensor de la imputada, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS PRIMERO: El día veintisiete de febrero del año dos mil nueve, antes de las doce y treinta de la mañana, sujetos desconocidos, con una arma de fuego de calibre desconocido le dispararon al señor R. J. W., provocándole una herida por proyectil, en el cuello, trauma raquimedular a nivel de columna servicial (C4 C5-C6 C7). SEGUNDO: Este mismo día veintisiete de febrero del año dos mil nueve, aproximadamente a las doce y media de la tarde, entre la comunidad de Corozal y Just Parrow, en el municipio de Roatán, en el Departamento de Islas de la Bahía, fue encontrado por los testigos protegidos uno y dos; en su propiedad el señor R. J. W., con las heridas antes descritas en el interior de su vehículo tipo camioneta, color rojo, marca mitsubishi, de cinco puertas, sentado en el asiento de en medio, con la cabeza hacia el timón del vehículo, siendo trasladado por estas personas en un vehículo hacia el hospital, de Roatán, en coxen Hole, en el Departamento de Roatán, donde es intervenido ese mismo día, en la sala de quirófano del referido hospital. TERCERO: Ese mismo día veintisiete de febrero del año dos mil nueve, siendo las nueve y treinta y cinco de la noche, fue ingresado el señor R. W., al hospital de CEMESA, en estado grave, en la ciudad de San Pedro Sula, en el Departamento de Cortés, donde recibe asistencia médica y se le da una incapacidad para el trabajo de noventa días. CUARTO: El día cinco de abril del año dos mil nueve, en el hospital de ST Pauls Saskatoon, en la República de Canadá, el señor R. J. W., muere sin determinarse las razones de su fallecimiento”. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- El recurrente Abogado M. A. S. Z., formalizó su recurso de casación por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. MOTIVO PRIMERO: Error de hecho, por no haber considerado en toda su Dimensión prueba de valor decisivo. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal, en la parte que dice: “...excluya o deja de considerar alguna prueba de valor decisivo”. Los hechos constitutivos de este motivo los explico a continuación: El Tribunal Sentenciador, acepta entre los hechos probados lo siguiente: “Primero: El día veintisiete de febrero del año dos mil nueve, antes de las doce y treinta de la mañana, sujetos desconocidos, con un arma de fuego de calibre desconocido le disparan al señor R. J. W., provocándole una herida por proyectil, en el cuello, trauma raquimedular a nivel de columna servicial (C4, C5, C6, C7). Segundo: Ese mismo día veintisiete de febrero del año dos mil nueve, aproximadamente a las doce y media de la tarde, entre la comunidad de Corozal y Just Parrow, en el municipio de Roatán, en el Departamento de Islas de la Bahía, fue encontrado por los testigos protegidos uno y dos; en su propiedad el señor R. J. W., con las heridas antes descritas en el interior de su vehículo tipo camioneta, color rojo, marca Mitsubishi, de cinco puertas, sentado en el asiento de en medio, con la cabeza hacia el timón del vehículo, siendo trasladado por estas personas en un vehículo hacia el hospital, de Roatán, en Coxen Hole, en el Departamento de Roatán, donde es intervenido ese mismo día, en la sala de quirófano del referido hospital. Tercero: Ese mismo día veintisiete de febrero del año dos mil nueve, siendo las nueve y treinta y cinco de la noche, fue ingresado el señor R. W., al hospital de CEMESA, en estado grave, en la ciudad de San Pedro Sula, en el Departamento de Cortes, donde recibe asistencia médica y se le da una incapacidad para el trabajo de noventa días. Cuarto: El día cinco de abril del año dos mil nueve, en el hospital de ST Pauls Saskatoon, en la República de Canadá, el señor R. J. W., muere sin determinarse las razones de su fallecimiento.” Previo a desarrollar el presente motivo, es conveniente aclarar, para los efectos sucesivos, que el planteamiento se dirige a demostrar que el Tribunal de Sentencia recurrido no ha considerando en toda su dimensión prueba consistente de valor decisivo, no solo es el caso de que la haya excluido o no la haya tomado en cuenta, si no también que no la consideró en toda su dimensión ya que por un lado excluyo la valoración de prueba testifical (testigos Ch. G. N. y V. G. W.) y por otro lado valoró parcialmente otros medios de prueba y al propio tiempo violó en su valoración las reglas de la sana crítica, como se demostrará en el motivo siguiente. En ese sentido, y para llevar un orden en la redacción de los motivos de casación, me permito desarrollarlos de manera distinta al orden que aparece en la sentencia; tenemos que en el apartado de VALORACIÓN DE LA PRUEBA en el acápite décimo segundo se describen las declaraciones testifícales de los señores C. G. N. y V. G. W. las cuales se hubieron por medio de una asistencia legal basada en La Convención Interamericana Sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, siendo en este caso Honduras el País requirente y Canadá el País requerido para que se tomaran las declaraciones testifícales en Canadá de los señores C. G. N. Y V. G. W.. No consta en el acta de debate o juicio oral y público las declaraciones de los señores C. G. N. y V. G. W. ya que la Secretaría se limitó únicamente a mencionar que se dio lectura a las declaraciones, sin embargo en la sentencia específicamente en el acápite décimo segundo del intitulado VALORACION DE LA PRUEBA, se encuentran de una forma somera e incompleta los fragmentos de las declaraciones de los testigos mencionados las cuales no fueron valoradas en el fondo debido a que según el Tribunal Sentenciador dice: “…fueron rendidas ante un agente Policial sin ningún control Judicial y que la obtención de dichas declaraciones transgrede lo que establece el artículo 4 de la Convención Interamericana Sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, y que establece que la asistencia a que se refiere la presente convención, teniendo en cuenta la diversidad de los sistemas jurídicos de los estados partes, se basara en solicitudes de cooperación de las autoridades encargadas de la investigación y enjuiciamiento de delitos en el Estado requirente, lo que significa que las declaraciones debieron obtenerse ante un Juez por el nivel de enjuiciamiento en el que se encontraba el proceso, tal y como lo establece también el artículo 88 de la Constitución de la República que establece que solo hará plena prueba la declaración rendida ante juez competente…”
El carácter de valor decisivo de esta prueba se pone de manifiesto, cuando si se le excluye totalmente (como es el caso de que se trata) surge aun más la duda de si en realidad el ofendido hoy occiso señalara en vida que una de sus agresoras es la procesada J. T., pero si se le incluye y valora en toda su dimensión de acuerdo a la tesis propuesta, tenemos que indefectiblemente su peso y consistencia se traduce en certeza positiva de que la procesada J. T. es coautora del delito de asesinato en perjuicio de R. J. W. ya que estas deposiciones al ser concatenadas con los otros medios de prueba dan una certeza en la participación como coautora de la procesada J. T. en el delito de asesinato en perjuicio de R. W., extremo que únicamente es el necesario para la condena, pues de la lectura de los hechos probados se desprende que la imputada fue absuelta por no haber certeza de su participación en el ilícito penal, todo ello por la exclusión de prueba de valor decisivo, la cual fue habida a través de los canales legales exigidos por la Ley, aunado a ello que la práctica de la evacuación de la prueba fue ofertada por la acusación pública y admitida por el Tribunal en su totalidad, enviando este los respectivos suplicatorios al País requerido adjuntándole los interrogatorios formulados por las partes para que se le hicieran a los testigos en aquel País. Para desvanecer el fundamento del tribunal para excluir y no valorar la prueba testifical de los señores C. G. N. y V. G. W. basta con remitirse al artículo 10 de la Convención Interamericana Sobre Asistencia Mutua en Materia Penal que literalmente dice: “Artículo 10.- SOLICITUD DE ASISTENCIA REGULACION. Las solicitudes de asistencia libradas por el Estado requirente se harán por escrito y se ejecutaran de conformidad con el derecho interno del Estado requerido. En la medida en que no se contravenga la legislación del Estado requerido, se cumplirán los tramites mencionados en la solicitud de asistencia en la forma expresada por el Estado requirente.” (Las negritas y subrayado son míos para resaltar).
La solicitud de asistencia se realizo con las formalidades expresadas en la Ley sobre esa materia, es decir, la misma se hizo a través de la autoridad central en Honduras (Secretaria de Interior y Población), se enviaron los interrogatorios de las partes para con ello salvaguardar el principio de contradicción y la evacuación fue practicada de acuerdo al procedimiento del Estado Requerido (Canadá) tal y como se establece al principio de las declaraciones las cuales ingresaron a Honduras a través de la misma autoridad central que las envió a Canadá, debidamente legalizada lista para surtir efectos en el juicio que nos ocupaba en aquel entonces. Es clara la exclusión de valoración de la prueba y por ende el motivo desarrollado debe ser de recibo ya que se violenta con ello no solo el proceso sino también el derecho de defensa. (Artículo 82 y 90 constitucional). Por haberse producido el vicio en el propio acto de sentenciar, no ha sido posible reclamar su subsanación”. III.- Continúa manifestando el recurrente Abogado M. A. S. Z., en su: “MOTIVO SEGUNDO: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las Reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del Artículo 362 del Código Procesal Penal en la parte que dice: “...si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.” Los hechos constitutivos de este motivo los explico a continuación: Para desarrollar este motivo, es conveniente recordar algunos aspectos importantes sobre fundamentación y las reglas de la sana crítica que da contenido al sistema de valoración probatorio ordenado en el Código Procesal Penal. Pues bien, conforme al artículo 202, el sistema de valoración autorizado en el Código Procesal Penal es el de la sana crítica y la estructura de la sentencia es definida en el artículo 338 el mismo cuerpo legal, en tanto esa sentencia es el juicio de valor emitido por el A quo.- Debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica y sobre la cual se realiza aquel ejercicio valorativo.- Ese cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva.- La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por la reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio.- Luego de esta fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva tal y como lo intentó hacer el Tribunal de Sentencias recurrido. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada, no de una forma aislada y superficial sino de manera explícita concatenando en conjunto con toda la prueba reproducida en juicio.- Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica.- Por eso, como lo ha reconocido la jurisprudencia costarricense, debe considerarse que todo problema de violación de las normas del correcto entendimiento humano es un problema de fundamentación, las reglas a que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica.- Las primeras se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de estos son los conocimiento técnicos especializados.- Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia.- Las reglas de la lógica implican que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para ser verdad).
La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido.- La derivación induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte Congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos bases de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga.- Vista la fundamentación fáctica y probatoria de la sentencia censurada, el suscrito encuentra violación a las reglas del recto entendimiento humano (sana crítica) por los siguientes aspectos: 1. Manda el artículo 202 del Código Procesal Penal: Que el juzgador forme su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. En el presente caso, el tribunal de sentencia valoró muy tímidamente y de forma errónea el dictamen forense numero 2009030608 emitido y ratificado por la Doctora M. E. S., quien de paso cabe decir realizó un resumen del expediente médico del señor R. J. W. el 6 de marzo de 2009, expediente que se encontraba en ese entonces en el Hospital CEMESA de San Pedro Sula, Cortes el cual dice según el acta de debate:
“... Dictamen No. 2009030608.- oficio N/C, en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, a los veinte días del mes de marzo del dos mil nueve. A solicitud de la fiscalía de Roatán, el médico forense M. E. S.. Perito oficial del Ministerio Público, con número de colegiación 2602933804, emite el siguiente dictamen 06 de marzo del 2009, a las 9:35 a.m., nombre del evaluado: R. W., expediente No. P1-86563. Hospital: CEMESA, fecha de nacimiento, 2 de agosto de 1937, edad, 71 años, sexo, masculino, ocupación, arquitecto, soltero, dirección islas de la Bahía, fecha y hora de ingreso, 27 de febrero del 2009, 9:35 p.m. diagnostico de ingreso: Herida por arma de fuego en cuello. Resumen Historia Clínica: Referido del hospital de Roatán, con herida por proyectil disparado por arma de fuego en columna cervical C4, C5, C6, C7, ingresa a la emergencia, presión arterial 0/0, con impresión diagnostica: Herida penetrante de cuello por arma de fuego, según expediente clínico en hospital CEMESA, ingresa con historia de aproximadamente 7 horas de sufrir herida por arma de fuego a nivel de región anterior de cuello sin orificio de salida, que provoca dolor e imposibilidad de movimientos de miembros superiores e inferiores, se realiza TAC de cuello y tórax , evidenciándose fractura multifragmentaria de C4, C5, C6, C7 con comprensión de canal y neuma mediastino, consiente, orientado, con dolor, a febril, Glasgow 1.5 cuello: Con apósito sobre herida quirúrgica, seco y limpio, presión arterial 106/70, frecuencia cardiaca: 75 por minuto. Extremidades, no puede movilizar miembro superior e inferior, Impresión diagnostica: Herida por proyectil de arma de fuego 2.- Fractura multifragmentaria C5, leve examen.
Condición actual: Ingresado delicado en unidad de cuidados intensivos, conectado a respirador, bajo sedación, collar cervical. Evolución: 28 de febrero del 2009. Paciente intubado en UCI con ventilación mecánica, sedado, estado neurológico no valorable por fármacos, pupilas mioticas. Presión arterial: 102/63. Frecuencia cardiaca:
por minuto. TAC cervical, fractura de cuerpo vertebral de C5, C6 con fragmentos intranal así como lamina izquierda, proyectil alojado en canal medular, trayectoria antero posterior lo que hace sospechar sección medular C5-C6 foramen vertebral derecho fracturado posible lesión antria vertebral derecha. Tomografía multicorte de columna cervical: Control de osteosíntesis interna de fractura multifragmentaria a nivel de columna cervical, en los niveles C4, C5, C6, C7 que compromete elementos anteriores y posteriores metálicos y fragmentos óseos a nivel de canal raquídeo. Comentario Medico Legal: Se trata de masculino que según examen físico y revisión de expediente clínico presenta herida a la compatible a la producida por proyectil disparado por arma de fuego con lesión vertebral a nivel cervical. Dicha lesión lo incapacita para realizar sus labores diarias. Conclusiones: 1. Tipo de lesiones: Herida en cuello, trauma raquimedular a nivel de cervical con probable lesión medular, fractura inestable de C5. 2.- Incapacidad temporal: 90 días, a partir del hecho. 3.- Incapacidad parcial permanente. Se recomienda reevaluar al ser dado de alta definitiva, por médicos tratantes para valorar secuelas y ampliar o ratificar incapacidad temporal. 4.- Peligro de muerte: Si hubo. 5.- Objeto agresor: proyectil disparado por arma de fuego”.
Por su parte la defensa se hizo acompañar del Consultor Técnico Dr. D. C. B. quien en sus conclusiones respecto a la pericia de la Dra. M. E.
S. dice: “…Cuando un proyectil ingresa a un objeto, si ingreso a un cuello tuvo que producir lesiones es tanto el impacto que explota la estructura interna del cuello, en los estudios del hospital dice lateral, el daño es tan severo que las vértebras se quiebran, la medula jamás a quien se le corta jamás se restituye, no se recupera, el daño es severo hiriendo los componentes del cuello, ejemplo la voz la respiración a parte de las lesiones esa persona no se podía comunicar porque traía una intubación, que ya lo traía desde Roatán, el paquete muscular se inflama esta partido, la doctora dijo C4, C5, C6, se encuentra el movimiento de la boca y cuerdas bucales, si se introduce el blas de un proyectil, la persona que diga que podía hablar contradice lo que dice la doctora, la doctora dice que estaba consiente orientado, o sea en tiempo y espacio se contradice porque ella dice que esta sedado, por lo tanto hay disminución de las facultades de una persona, es contradictorio el dictamen de la doctora es obligación del médico regresar y hacer un nuevo dictamen, un perito no puede decir me contaron, en el hospital se encuentran los metales hasta hoy, la fiscal pregunta si hay elementos metálicos, la doctora dice que no, con ver las radiografías pudo haber confirmado que si hay, si una persona recibe disparo de cerca tendría que tener tatuaje, la medico dijo que no observó la distancia, no lo descubrió para poderlo ver, nadie investigó a qué distancia están los vestigios, un disparo efectuado dependiendo a la distancia va a producir un ola de destrucción, nadie puede acreditar a qué distancia se hizo el disparo, la intubación se hizo en Roatán, cuando alguien dijo que pudo hablar miente porque el venía entubado, las lesiones que la persona tenía en el cuello no podía hablar pero si hacer señales con el ojo, la doctora no pudo cumplimentar todo fue especulativo solo hizo un resumen de un expediente…” Fue evidente que el Tribunal de Sentencias cayó en el engaño elaborado por el Consultor Técnico de la defensa, Dr. Dennis Castro porque este realizó las conclusiones tergiversando la información del dictamen forense del perito acomodando a conveniencia el contenido del dictamen y logrando con ello que el tribunal valorara extremos erróneos lo cual explicó así:
Primeramente el Tribunal en la valoración intelectiva del dictamen forense de la Dra.M. E. S. tiene por confirmado que el señor R. J. W. no pudo hablar ni comunicarse con nadie posteriormente haber sufrido el disparo en el cuello debido que el Consultor estableció que el ofendido estaba entubado y bajo sedación y que la intubación se hace en la tráquea y es imposible que alguien pueda hablar así, así mismo, las lesiones que tenía en el cuello le imposibilitaban el habla. Lo que el tribunal omite y no valora es que el dictamen es producto de una revisión del expediente clínico del señor R. W.. El consultor técnico adujo que el ofendido venía intubado de Roatán y que por eso no podía hablar, ese extremo es falso ya que el dictamen forense dice en el intitulado EVOLUCIÓN: que el paciente fue intubado en el hospital CEMESA el 28 de febrero de 2009 y luego sedado y remitido a cuidados intensivos (UCI), el tribunal debió valorar que los hechos sucedieron el 27 de febrero de 2009 y que el ofendido fue trasladado ese mismo día en horas de la noche al Hospital CEMESA y que la intubación se le practicó hasta el día siguiente 28 de febrero ya estando en el Hospital CEMESA, por lo tanto la valoración de ese extremo dado por válido por el Tribunal es completamente incorrecto. Por otra parte el Tribunal tacha de contradictorio el dictamen forense tomando las palabras del consultor técnico quien dice que la doctora se contradice en su dictamen al decir que el paciente estaba consciente y orientado y posteriormente dice que está bajo sedación en unidad de cuidados intensivos.- Lo cierto es que el expediente clínico según el dictamen existen dos historias, una es la historia de remisión del hospital de Roatán y la otra es la historia del paciente ya ingresado en CEMESA; para el caso el dictamen dice que el paciente ingreso al hospital Roatán con presión 0/0 y que posteriormente estaba consciente y orientado, lo es porque el paciente cuando ingresa al hospital de Roatán es inmediatamente intervenido quirúrgicamente y una vez estable es llevado a la sala de hombres para su recuperación y posterior evacuación a CEMESA tal y como lo declaró la Testigo y enfermera E. M. B.. El Tribunal debió valorar los siguientes aspectos: a) Que el señor R. W. una vez ingresado al Hospital de Roatán fue intervenido quirúrgicamente y que luego de estar estabilizado fue trasladado a la sala de hombres para su recuperación y evacuación a San Pedro Sula.- b) Que el 28 de febrero de 2009 el ofendido fue intubado en el Hospital CEMESA e ingresado a la sala de cuidados intensivos, donde ya no se pudo comunicar con nadie por su condición.- c) Que al ingresar al hospital de Roatán posteriormente operado y estabilizado si pudo comunicarse verbalmente ya que todos los testigos de cargo afirman que se comunicó y nombró a la procesada J. T. como una de las personas que lo dañaron, es decir debió valorar en conjunto estos extremos con las deposiciones de los testigos de cargo para llegar a la convicción real de la participación de la acusada en el delito acusado y no dejarse sorprender por el Consultor Técnico de la Defensa de quien se conoce es su estrategia, además resulta inexplicable para el censor que el Tribunal recurrido restará valor a las declaraciones de todos los testigos de cargo quienes son contestes al declarar que el ofendido señaló a la procesada J. T. como una de sus agresoras, rechazando tales aseveraciones el Tribunal únicamente amparándose en un comentario vertido por el Consultor Técnico de la defensa al asegurar que el ofendido jamás pudo hablar con nadie, conclusiones que llega en base al mal entendimiento y erróneo análisis del dictamen forense, obviamente para favorecer a la defensa de quien se sabe se debía por haber sido contratado por ellos y por ende sus conclusiones estarían alejadas de la objetividad. 2.- En los acápites tercero, cuarto, quinto y sexto respectivamente de la VALORACION DE LA PRUEBA, se describen tanto las declaraciones de los testigos protegidos I y II, E. M. B. M., E. A. E. L. y M. Á. N. G.; que constituyen junto al Dictamen Forense emitido por la Dra. M. E. S. (acápite segundo) y el certificado de defunción de R. W. (acápite décimo) la prueba de valor decisivo, en que se fundamenta este motivo, toda vez que como consecuencia de no haber considerado en todo su contexto esta prueba, en primer lugar, se redactaron como aparece en la sentencia los hechos probados y en segundo lugar, se absolvió a la procesada en la parte dispositiva de la sentencia, pues de lo contrario el fallo habría sido diferente, al tratarse de valor decisivo.- Dicho lo anterior, pasamos a describir y analizar las pruebas estimadas de valor decisivo a que nos referimos, veamos: a) Declaración Testifical del Testigo protegido I, que según consta en el acta del debate, entre otras cosas dijo: “ese día que encontré a míster R. un viernes yo iba para la propiedad de él, habíamos trabajado una semana con él, a las nueve llegó una pareja en un carro gris oscuro, franja plateada, el varón se bajó del carro y preguntó por míster R., yo le dije que andaba en Ceiba, el varón caminó, cuando regresó la muchacha bajó de su carro, yo me fui al lado de en frente, le hice preguntas, ella dijo que no hablaba español, el varón llegó y se fueron, a las doce y media encontré en su vehículo a míster R., parqueado en su propiedad, me acerqué, lo vi herido, me fui corriendo a pedir ayuda, corrí andaba solo me dio temor, pedí ayuda a la comunidad, con un jefe mío fuimos a la propiedad y lo hayamos, le dijo si quería ayuda, le pregunte, quien le había hecho daño, dijo que eran dos y me mentó el nombre de J. T...” b) Declaración testifical del Testigo Protegido II que según consta en el acta del debate, entre otras cosas dijo: “era un día viernes esperábamos a míster R., como a las nueve de la mañana llegó una pareja en un vehículo se bajaron, nos preguntaron por míster R., caminaron por la propiedad nerviosos y se fueron, como a las nueve fuimos a la aldea y como a las doce regresamos ya estaba herido el señor regresamos a la aldea a pedir ayuda lo llevamos al hospital, nos dijo el nombre de la mujer J. T...” A preguntas del Ministerio Público el testigo contestó: “Ella es poco delgada, alta, el varón chaparro no alto, es caracol o gringo tiene ojos azules…como dos veces dijo J. T.… “Así mismo el testigo reconoció a la procesada en la sala del tribunal como la mujer que el 27 de febrero de 2009 a las nueve de la mañana llegara en compañía de un desconocido buscando al ofendido hoy occiso. c) Declaración testifical de la enfermera E. M. B. que según consta en el acta del debate, entre otras cosas dijo: “…el día que el paciente llego al hospital entre al turno B de dos de la tarde a nueve de la noche, se me reporto que había un paciente herido, que estaba grave, en ese momento había entrado como desconocido, COMO A LAS DOS Y MEDIA A TRES EL PACIENTE LLEGO A RECUPERARSE EN LA SALA DE HOMBRES. Se me informó que el paciente no se podía quedar, NO TENIAMOS EL EQUIPO NECESARIO, me cerciore que había una persona para cuidarlo, empecé hacer gestiones para evacuar a paciente, llamé a las aerolíneas, no habían vuelos, entró una llamada, la recepcionista no tenía información, me paso el teléfono, la voz era de una mujer, me dijo que como estaba el gringo que habían traído de corozal, yo le dije que no puedo darle información es confidencial, ella dijo soy una amiga, me bajé a la sala me encontré a la persona hablando con la enfermera auxiliar ella hacía preguntas sobre el paciente, ella se identificó como J. T., dice solo quiero saber cómo está el paciente, si puede escuchar, si va a vivir, YO FUI DONDE EL PACIENTE YA ESTABA CONSIENTE ME LE ACERQUE A DECIRLE QUE NO SE PREOCUPARA QUE LO IBAMOS A SACAR DE LA ISLA…”… en lo que se van la auxiliar encargada del paciente dijo que el señor decía que J. lo había hecho, nunca me dijo a mí que ella lo había hecho, pero si a la otra enfermera, yo me llevé al señor G. a la enfermería, le dije lo que el paciente decía LE ENTREGUE DIECIOCHO MIL LEMPIRAS. DOS CELULARES, UN ANILLO salió del lugar y fue hablar con el paciente...... con mi persona habló una vez, yo le dije que no hablara mucho porque tenía una herida en el cuello, el me decía que yo le hablara en ingles, ella (refiriéndose a J. T.) le dejó el teléfono a Grant, ella (refiriéndose a J. T.) ESTA PRESENTE EN LA SALA....” d) Declaración testifical de E. A. E. que según consta en el acta del debate, entre otras cosas dijo: “..e día 27 de febrero del dos mil nueve estaba con el jefe departamental de la policía, el recibe una llamada que en el hospital de Roatán se encontraba una persona herida a las 19 y 30 de la noche me personé al hospital en compañía de M. N. el me sirvió de traductor, le dije a N. que le preguntara quien le había disparado EL SEÑOR MENCIONO EL NOMBRE DE J. T., solicite autorización a una persona de salud dijo que teníamos que ser breve para hablar con el herido, estuvimos unos siete diez minutos, en ese momento solo iba M. N. y mi persona, lo que comprendí era que el señor con una voz entre cortante dijo J. T., bastante delicado solo tomé nota de lo sucedido..” e) Declaración testifical de M. Á. N. G. que según consta en el acta del debate, entre otras cosas dijo: “...e día 27 de febrero del 2009, recibí una llamada telefónica de un ex compañero de trabajo que estaba nombrado en temas de seguridad, el me preguntó que entre las comunidades de corozal y jus parrow habían baleado a un extranjero, le respondí que no estaba enterado pero iba averiguar, busque al alcalde de just parrow, cuando llegué al lugar del hecho no encontramos nada, procedimos a la comunidad de corozal, varias personas nos informaron que si habían baleado a W., de nacionalidad canadiense y que lo habían transportado al hospital público de Roatán, de mi oficina llamé al sub comisionado de policía J. B. Á., le pregunté que sabía del caso del extranjero baleado, el respondió que sí sabía algo que el señor estaba internado en el hospital público Roatán y que allí estaba vivo, el dijo que el caso lo maneja el clase uno A. E. el comisionado me pregunto si quería hablar con el policía y le dije que si, dijo que lo iba a mandar, minutos después se presento A. E., conversamos por unos minutos y acordamos ir al Hospital a visitar al paciente, el llegó primero, nos reunimos en la sala del Hospital, le pregunte al Doctor como estaba el señor, nos acercamos al área donde estaba el señor habían dos personas cerca de él, uno de nacionalidad canadiense me dijo que se llamaba G. N. y le pregunte que sabia del caso, que si el señor había hablado, EL HABLA DIJO QUE FUE J. T. QUIEN LO HABIA BALEADO, con el oficial escobar nos acercamos donde estaba el señor R. W. sobre su camilla, me pare junto a su camilla en una posición donde lo tenía de frente y le pregunte SEÑOR USTED SABE QUIEN LO HA BALIADO. EL ABRIÓ LOS OJOS Y RESPONDIÓ QUE SI SAQUE ESTA LIBRETA Y UN BOLIGRAFO VEO MUY BIEN YO LE REPETI LA PREGUNTA ME INCLINE CERCA DONDE ESTABA EL. LA VOZ ESTABA RONCA. AL INICIO MENCIONÓ UN NOMBRE COMO J., ANOTE ESCUCHE OUE MENCIONO J., LE PREGUNTE SI ERA J. T.. ME DIJO QUE SI LE PREGUNTE SI CONOCIA A J. ME DIJO QUE SI...” La característica predominante en la prueba testifical de cargo que he descrito es la de aseverar que el ofendido le manifestó de su voz a los testigos quien era la persona que lo había agredido, refiriéndose a la procesada J. G. T., no refiriéndose a la otra persona porque obviamente no la conocía, de tales declaraciones se extraen los siguientes puntos valorativos y contundentes: * Por una parte los testigos protegidos I y II son claros al declarar la forma en que encontraron al ofendido R. W. y en afirmar ambos que el mismo ofendido les dijera que la responsable de lo sucedido es la procesada J. T., el testigo protegido I no identificó plenamente a la procesada en la sala pero eso es obvio pues únicamente la había visto una vez y eso fue el 27 de febrero de 2009 a las 9:00 de la mañana que llegó junto a un desconocido a la propiedad del occiso, y la segunda vez fue el día del debate, es decir pasaron más de 2 años desde la última vez que la había visto y es obvio que físicamente la imputada ya no es la misma por la vida que vive en la penitenciaría lo que pudo haber cambiado ciertas facciones físicas tales como el tez de la piel, contextura física y color de pelo.- El testigo protegido II si reconoció a la procesada en la sala del Tribunal y si en algún momento dio características poco diferentes que las dadas por el otro testigo referente a las características físicas de la procesada esto no es concluyente para restar credibilidad a sus declaraciones, o restarles credibilidad por considerar el tribunal que dichos testigos también son sospechosos del crimen tal y como lo asevera el Tribunal en la valoración de estas declaraciones lo cual es totalmente abusivo y fuera de todo contexto lógico objetivo.- El Tribunal da credibilidad parcialmente a las declaraciones de los testigos protegidos y II únicamente en lo referente al día y hora en que encontraron al ofendido y la forma en cómo lo trasladaron al hospital, restando credibilidad a lo que el ofendido les manifestó en aquel momento, es decir, que era J. T. una de las personas que lo agredieron, las contradicciones que alude el tribunal no excluyen la verdad real de que el ofendido habló con los testigos y les contó con su voz ronca entrecortada que J. T. era una de las responsables.
- Con respecto a la testigo E. M. B., esta testigo afirmó que el ofendido le habló y esta le dijo que no se esforzara porque tenía una herida en el cuello, el Tribunal resta credibilidad a la testigo porque según el dictamen del Dr. D. C. el ofendido era imposible que hablara, el Tribunal como ya lo explique antes llega a esa conclusión debido a la mala valoración del dictamen forense el cual ya ha quedado explicado como debió ser valorado. * Las declaraciones de los testigos E. A. E. y M. Á. N. al igual que las de los otros testigos fueron tendientes a demostrar que el ofendido logró comunicarse con ellos y expresarles que la procesada J. T. era una de las responsables del hecho sin embargo el Tribunal de manera reiterada resta valor probatorio a estas declaraciones bajo el equivocado argumento de que por las lesiones sufridas y por estar intubado el ofendido no pudo hablar con nadie, todo ello tomando las palabras del Consultor Técnico de la defensa, extremo que no tiene peso ante las declaraciones contundentes de los testigos de cargo que hacer ver lo contrario, es decir que el ofendido les habló y les contó con dificultad quien era el responsable del hecho. En función de lo expresado la versión de los testigos de cargo en el caso que nos ocupa, merecen plena credibilidad por lo siguiente: 1. Ausencia de incredibilidad subjetiva derivada de las relaciones agresor-víctima-testigo, ya que no se presenta ningún móvil de resentimiento o enemistad que pudiera privar de credibilidad lo declarado por los testigos de cargo, pues todos manifestaron no conocer a la procesada, no ser parientes y no tener ningún interés en el juicio, si no por el contrario, estaban cumpliendo con el llamado judicial a través de una citación para declarar lo que sabían a cerca del hecho
- Como se puede constatar, las declaraciones de los testigos de cargo son invariables y consistentes, ya que han mantenido una misma versión en las dos declaraciones rendidas en el desarrollo del proceso, nos referimos a la del debate y a la rendida en la etapa preparatoria en la sede del Ministerio Público; 3. Verosimilitud, lo declarado por los testigos de cargo ha sido corroborado por otras pruebas objetivas incorporadas al juicio, como lo es el dictamen forense emitido por la Dra. M. E. S., certificados de defunción de señor R. W. y las declaraciones de los señores C. G. N. y V. G. W. que claramente concluyen que los hechos sucedieron tal y como ellos lo declararon. 3.- En el acápite noveno de LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA.- se encuentra el medio de prueba número diez consistente en el certificado médico de defunción del señor R. J. W. en el que de acuerdo al acta de debate y sentencia en el numeral 4 dice: “4 Causa de defunción: a.- secuelas: debido a o a consecuencia; b.- trauma en el cuello: debido a o a consecuencia de c.- herida por arma de fuego Intervalo entre el comienzo y la defunción: 36 días 4.- Autopsia: No 5.- Manera de muerte: Homicidio 6.- Lugar de la herida: Isla de Roatán, Honduras
7.- Fecha de la herida: mes de febrero, día 27, del 2009 8.- Como ocurrió la herida: Herida por arma de fuego en el cuello.......” El Tribunal sentenciador ha realizado una mala valoración de este medio probatorio al cual le resta credibilidad pese a ser un documento público proveniente del extranjero con todas las formalidades de Ley para que surta efecto en nuestro País (debidamente legalizado) No da por cierto el contenido del documento simple y sencillamente por no existir una autopsia que así le revele las causas de la muerte del ofendido. El sistema de valoración de la sana crítica, obliga al juzgador a valorar en forma conjunta, armónica y en todo su contexto la prueba, lo que no se ha producido en la presente sentencia, precisamente porque no se le dio todo el valor que contienen a los elementos decisivos ya relacionados anteriormente, mismos que fueron a medias considerados, pero no en toda su dimensión. Como se puede observar, en el presente razonamiento el Juzgador ha violado la regla lógica de la derivación, pues la conclusión descalificadora del dictamen forense, de la prueba testifical de cargo y el certificado médico de defunción del occiso R. J. W. a que llega, carece de justificación adecuada para ser verdadera, pues no ha deducido lógicamente (correctamente) de la prueba, la conclusión a que llegó el perito y tanto en el dictamen forense como en el certificado de defunción, así mismo las conclusiones lógicas a las que se llego con las deposiciones de los testigos de cargo.- Por otra parte debe recordarse que el límite del conocimiento del Juez, como hombre común, lo fijan los conocimiento técnicos especializados conforme a la regla de la experiencia, por ende, en casos como estos, no puede resistirse el juzgador, a considerar el juicio especializado, sin incurrir en infracción de las reglas de la experiencia común y de la lógica, por lo tanto no es válido que reste valor probatorio al certificado de defunción del occiso por no existir una autopsia que le asevere las causas de la muerte y la manera de la muerte como claramente se expresa en el aludido certificado de defunción del occiso el cual es tajante al enunciar que la manera de la muerte fue homicida y la causa fue el disparo por arma de fuego en el cuello que sufriera el occiso el 27 de febrero de 2009 por un desconocido quien se hacía acompañar de la procesada J. T.. Lo dicho en el párrafo anterior igualmente vale, para lo expuesto por el juzgador en la parte final de la valoración intelectiva del dictamen forense emitido por la Dra. M. E. S. donde también le resta crédito a lo manifestado en el dictamen Forense, argumentando que al ingresar el señor R. W. al Hospital Roatán su presión iba 0/0 por consecuencia de herida en la parte posterior de su cuello, lo que imposibilito que el mismo pudiera hablar e indicar en algún momento el nombre de la imputada o de cualquier otra persona.- Por otra parte el dictamen que rindió el doctor D. C. (solo debió hacer conclusiones al dictamen forense) deja en duda si efectivamente si esta persona pudo hablar en algún momento en esas condiciones.- El Tribunal obvió que el ofendido desde el momento de la herida sufrida en el cuello y el ingreso al hospital había transcurrido un tiempo prudencial, tiempo en el cual los testigos protegidos lo encontraron recién herido y aun consiente para decir quienes lo habían agredido tal y como lo declararon los testigos protegidos mencionados. Es visto que al tribunal le asalta la duda, por no haber valorado la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, ya que siendo la declaración de los testigos de cargo confiable, verdadera y consistente, la sentencia se orienta a encontrar más crédito en la versión del Consultor técnico Dr. D. C. quien concluyó que el ofendido jamás pudo hablar posteriormente a recibir el disparo en el cuello, lo que derivó en el Tribunal sentenciador a restarle valor probatorio a las declaraciones de los testigos de cargo quienes aseveraron haber hablado con el ofendido y escuchado de su voz que la imputada J. T. es una de las personas que lo agredieron.- Esto llevó consecuentemente al Tribunal a declarar como probado en el primer hecho de la sentencia, que “... sujetos desconocidos, con un arma de fuego de calibre desconocido le dispararon al señor R. W., provocándole una herida de proyectil, en el cuello…”. Lo que confirma una vez más la inadecuada técnica de valoración observada para resolver la litis penal que ahora ocupa vuestra atención. En base al planteamiento estructurado, se reitera que si el tribunal sentenciador, hubiere valorado las pruebas conforme al recto entendimiento humano (sana crítica) el resultado, lejos de ser duda, se habría traducido en certeza de que: Primero: El día 27 de febrero de 2009, antes de las doce y treinta de la mañana la imputada J. G. T. B. junto a un desconocido, con una arma de fuego de calibre desconocido le dispararon al señor R. W., provocándole una herida por proyectil, en el cuello, trauma raquimedular a nivel de la columna cervical (C4, C5, C6, C7). Segundo: Ese mismo día veintisiete de febrero del año dos mil nueve, aproximadamente a las doce y media de la tarde, entre la comunidad de Corozal y Just Parrow, en el municipio de Roatán, en el departamento de Islas de la Bahía, fue encontrado por los testigos protegidos uno y dos; en su propiedad el señor R. j. W., con las heridas antes descritas en el interior de su vehículo tipo camioneta, color rojo, marca Mitsubishi, de cinco puertas, sentado en el asiento de en medio, con la cabeza hacia el timón del vehículo, siendo trasladado por estas personas en un vehículo hacia el hospital, de Roatán en Coxen Hole en el Departamento de Roatán donde es intervenido ese mismo día en la sala de quirófano del referido hospital donde una vez estabilizado mencionó a los testigos E. E. y M. N. que la responsable de la agresión era la señora J. T.. Tercero: Que ese mismo día veintisiete de febrero del dos mil nueve, siendo las nueve y treinta y cinco de la noche fue ingresado el señor R. J. W. al hospital CEMESA en estado grave, en la ciudad de San Pedro Sula en el Departamento de Cortés, donde recibe asistencia médica y se le da una incapacidad para el trabajo de noventa días, siendo entubado y remitido a la sala de cuidados intensivos. Cuarto: El cinco de abril del año dos mil nueve en el hospital ST Paul Saskatoon en la República de Canadá el señor R. J. W. muere por causas de complicaciones de heridas de arma de fuego en el cuello, siendo la manera de la muerte homicida. Por haberse producido el vicio en el propio acto de sentenciar, no ha sido posible reclamar su subsanación”. IV.- La Recurrente Abogada W. D. L. C. R. P. en su calidad de Representante del Ministerio Público, formalizó su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: AL MOTIVO ÚNICO: “No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del artículo 362 del CPP. Expuesto lo anterior es importante señalar que será de utilidad para la mayor comprensión del presente recurso, establecer lo que se debe entender en cuanto a la valoración de la prueba en un proceso penal. Según el Artículo 202 del Código Procesal Penal, el sentenciador formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida y con arreglo a la sana crítica, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla Cuarta del Artículo 338 del mismo cuerpo legal. Este sistema de valoración, que implementa la reforma procesal penal, le permite al juzgador cierta libertad en su estimación de pruebas que determinen su convencimiento, pero siempre respetando las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Resulta, que el fallo que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la Sana Crítica a observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte en consecuencia, en la violación de los Artículos mencionados, por cuanto la conclusión dispositiva del A quo en cuanto a la absolución por el delito de Asesinato, precedido del proceso intelectivo de valoración probatoria que hemos destacado, evidentemente infringe la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, ya que su decisión carece de sustento proveniente del contenido de la probanza evacuada en el juicio; lo cual se hace manifiesto al momento de valorar el elenco probatorio de forma armónica y conjunta, en el cual después del análisis practicado a las mismas, no logra extraer el valor probatorio que éstas le ofrecen. Ello se hace patente cuando el sentenciador señaló: “…con la prueba evacuada en el debate, es suficiente para establecer que la acusada no tiene ningún grado de responsabilidad en los hechos que le imputó el Ministerio Público, ya que lo que se puede establecer, sin lugar a dudas es que persona o personas desconocidas, hieren con un arma de fuego desconocida al señor R. W., provocándole en su cuello, trauma raquimedular a nivel de columna cervical C4,C5,C6,C7, igualmente ha quedado acreditado la muerte del señor R., la misma no puede relacionarse con la lesión sufrida en su cuello, el día veintisiete de febrero, del año dos mil nueve…” Es el razonamiento equívoco del A Quo, el que precisamente genera la infracción señalada, en virtud que el mismo no se desprende de la probanza allegada al debate, tal como lo evidenciaremos a continuación: Testigo Protegido Uno declaró: Que el día de los hechos, iba para la propiedad de Mr. R. a cobrar su salario porque había trabajado una semana con él (ofendido), aproximadamente a las nueve de la mañana cuando ya se encontraba en el lugar, llegó una pareja en un vehículo, el varón se bajo del auto y caminó, cuando regresó al carro, la mujer se bajó y estuvo un rato parada, cuando él (testigo) le hizo una pregunta, ella le contestó que no hablaba español y se subió al vehículo, estas personas estuvieron allí alrededor de 35 minutos antes de marcharse. Ella era alta, pelo rubio corto, el varón era chaparro, un poco grueso, ojos azules. Aproximadamente a las 12:30 de ese día él (dicente) regresó a la propiedad y observó que el vehículo de Mr. R. estaba estacionado, se acercó y observó que el ofendido estaba tirado ya herido dentro de la cabina del automotor, él (víctima) pidió ayuda, por lo que el deponente corrió a pedir auxilio a la comunidad, un jefe que trabajaba con él, le ayudó, entraron a la camioneta y lo acomodaron en el asiento del pasajero para trasladarlo al hospital. Cuando le preguntó a Mr. R. quien le había hecho daño, les contestó que “eran dos, y dijo el nombre de J. T.”. Al interrogatorio contestó que no tiene conocimiento como resultó herido Mr. R., cuando se le preguntó si la mujer que vio aquel día se encontraba en la Sala de juicio, respondió que la señora que estaba en el salón de debates no se parecía a la mujer que vio aquel día, no miró a nadie cuando estaba auxiliando al herido. Retomando el momento en que se descubre al herido, continúa manifestando el dicente que la puerta del lado del chofer estaba cerrada, la otra estaba cerrada pero sin llave, pero él (deponente) no abrió, los cuatro vidrios estaban cerrados. No observó (refiriéndose a las personas que llegaron al terreno propiedad del ofendido) que estuvieren armadas y no sabe si además de ellos hubiera llegado más gente. La propiedad tenía rótulo de venta. Testigo protegido número dos, refirió que el día viernes como a eso de las nueve de la mañana estaban esperando a Mr. R., llegó una pareja en un vehículo, se bajaron y les preguntaron por el ofendido, les contestaron que aún no había llegado, ellos (pareja) caminaron por la propiedad, se veían como nerviosos y luego después de 15 minutos abordaron el auto y se fueron. La mujer era un poco delgada, alta, el varón un poco chaparro no muy alto, “caracol o gringo” con ojos azules. El testigo se fue de ese lugar y regresó como a las 12 del mediodía, encontraron a Mr. R. herido dentro de su vehículo color rojo, estaba tirado sobre el asiento del conductor al lado del timón, la puerta del conductor estaba abierta, él tenía una sandalia afuera, cuando lo vieron así, él (herido) dijo que habían sido dos personas, una mujer y un hombre, en dos veces dijo que era J. T.. Al preguntarle si la mujer que vio en aquel día estaba en la sala respondió que sí, era blanca, fornidita, tenía el pelo rubio pero es ella (la imputada). Como prueba documental de cargo se allegaron: ▪ Vaciado telefónico del número celular de J. G. B., así como la matriz respectiva, ratificado por L. D. S. (Analista Criminal), en la vista pública este señaló que el vaciado se realizó en el numero 9576-3057 que pertenece al ofendido (como así lo tuvo por cierto la Presidenta del Tribunal, según se desprende del acta de debate) con el número 96893190 que pertenece a la imputada, determinándose que este último realizó llamadas al número de R. W., y en por el movimiento de los celulares de ambos, determinado con el GPS, se logró establecer la hora especifica en que la víctima y el ofendido estuvieron en el mismo lugar. A la pregunta del Ministerio Público respondió que se concluye que ambos teléfonos estaban cerca por el mismo radio de frecuencia de la antena. Como parte de dicha pericia, se acompañó la matriz respectiva, mediante la cual se evidencian los siguientes aspectos: 1.- A las 11:01 J. T. con su teléfono 9689-3190 llamó al número 9576-3057 propiedad de R. W., ella se encontraba en French Harbor, y el ofendido en Juticalpa Hills (presentación, número 5). 2.- A las 11:02 se observa en la diapositiva número 6 (por el cambio de ubicación del celular 9576-3057) que el ofendido se mueve y llama de su celular al número 9689-3190 (imputada), y así continúan acercándose según se aprecia desde la diapositiva 6 hasta la número 9. 3. De las 11: 10 a las 11:11 se observa en el vaciado telefónico que J. T. de su celular 9689-3190 se comunicó en tres ocasiones al 9576-3057 del señor R. W.. 4. A las 11:47 se observa en la matriz que el ofendido llegó a donde se encontraba J. T., en French Harbor, diapositiva 10. 5. A las 12:11 J. T. del numero 9689-3190 efectuó una llamada telefónica a R. W., 9576-3057. Esta es la última comunicación que se observa entre ambos celulares (vaciado telefónico). 6. A las 12:19 se observa en la matriz por la localización de los celulares 9689-3190 y 9576-3057, propiedad de J. y R. respectivamente, que ambos se encuentran en el mismo lugar, diapositiva 12. 7. A partir de las 12:37 en adelante se observa por el movimiento del celular 96893190 de J. T. que esta se aleja de R. W., 9576-3057, quien queda estático en la misma ubicación, diapositiva 13 y siguientes). ▪Acta de Defunción de R. W. con número de auténtica 1559-09. ▪Certificado médico de defunción de R. James W., auténtica no. 1561-09, en la cual se establece que el deceso se produjo a consecuencia de secuelas de trauma en cuello producido por herida de arma de fuego. ▪Carta reporte F., auténtica No. 1564-09, emitida por la Oficina del Jefe de Investigación Forense, el señor K. A. W. investigador forense concluyó que la causa médica de la defunción fue secuelas por herida de arma de fuego en el cuello. (En el título de dicho documento se establece que este reporte se emite en casos en que no es necesaria una investigación). ▪ Acuerdo de venta de propiedad suscrito por J. T. con el señor R. W.. ▪ Instrumento No. 1474 del 13 de marzo de 2008, contentivo del contrato de compraventa de un inmueble suscrito por J. T. a favor de R. W.. ▪ Instrumento No. 578 del 21 de mayo de 2005, J. T. en representación de E. F. M., grava con hipoteca un inmueble a favor de Spirit Corp S. de R.L. (propiedad de la víctima, al respecto ver el contenido del documento legal). ▪ Instrumento No. 2659 del 26 de octubre de 2005, J. T. en representación de E. F. M. hipoteca un inmueble a favor de Spirit Corp S. de R.L. ▪ Pagarés por la suma de $26,000.00 y 7970.00 extendidos por la señora J. T. a favor del señor R. W.. Con los medios de prueba valorados en forma conjunta y armónica se logra evidenciar que lo dicho por los testigos protegidos se encuentra apegado a la verdad de los hechos, la señora J. G. T. B. en horas de la mañana llegó a buscar al ofendido hasta su propiedad, el testigo protegido 2 claramente señaló que la mujer que llegó a buscar a Mr. R. es la misma que estaba presente en el juicio, consecuentemente ubica a la imputada en dicho lugar. Por otra parte, los testigos protegidos afirmaron que encontraron herido al ofendido aproximadamente a las 12:30 del mediodía, y tal como se demuestra con el vaciado telefónico y la matriz, la señora J. G. T. B. desde las 11:01 comenzó a comunicarse telefónicamente con el occiso, y a través de la localización con el sistema gps de los celulares que ambos portaban, se ilustró al Sentenciador a través de una serie de diapositivas que componen la matriz telefónica, el movimiento del teléfono de R. W., 9576-3057, hasta que finalmente a las 12: 19 llegó al lugar en donde se encontraba la imputada (96893190), y es a las 12:37 que esta se aleja paulatinamente del sitio, allí en donde afirman los testigos protegidos que encontraron al ofendido con una herida en el cuello que finalmente le produjo la muerte, según se acredita con los documentos expedidos por las autoridades canadienses y que fueron debidamente autenticados y allegados al Tribunal a través los canales diplomáticos correspondientes. Con relación al medio probatorio del vaciado telefónico, el Tribunal en el apartado décimo tercero de la valoración probatoria estableció que el Ministerio Público no acreditó a quien pertenecían los números celulares analizados; esta conclusión del A-quo vulnera las reglas de la Sana Crítica tal como lo hemos venido sosteniendo, ya que de la simple lectura del acta de debate se desprende que cuando se evacuó el medio de prueba denominado vaciado telefónico “la presidenta (del tribunal) manifiesta que el número que se autorizó para realizar el vaciado es el 9576-3057 que pertenece al ofendido para realizarse el vaciado y este consistía en analizar la matriz y analizar teléfonos que se asociaran con el número 96893190 que pertenece a la señora J. T.”; lo que evidencia el conocimiento y aceptación por parte del Tribunal de que los números telefónicos referidos corresponden a R. J. W. y J. G. T. B., contradiciéndose el Sentenciador al momento de dictar el fallo estableció que “no se obtiene ningún hallazgo, puesto que no se acreditó a quien o a quienes pertenecen dichos números telefónicos, por lo que esta prueba es inútil al referido proceso”. Asimismo con la prueba documental consistente en los instrumentos públicos que contienen hipotecas constituidas por la imputada sobre bienes inmuebles a favor del señor R. J. W., así como los Pagarés por la suma de $26,000.00 y 7970.00 extendidos por la señora J. T. a favor del señor R. W., el órgano acusador logró demostrar en juicio la relación comercial existente entre estas dos personas y de su lectura se evidencia las deudas que mantenía la imputada con el ofendido. Al referirse a los medios probatorios allegados por el acusador público con la finalidad de acreditar la muerte del ofendido el sentenciador expresó “Si bien es cierto, se probó en juicio Oral y Público, la muerte material y legal del señor R. J. W. con el Acta de Defunción, Autenticada, bajo el número 1559 09, del extracto del registro civil D 163684, y con el registro de defunción, donde se confirma que el ofendido fallece el día cinco de abril, del año dos mil nueve, en el Hospital de St. Paul S Hospital, ciudad, Saskatoon en la República de Canadá, pero no se acredita que la muerte se haya producido como consecuencia de la herida en el cuello con la cual se conociera la relación causa y efecto, ya que había transcurrido un tiempo durante el cual no se conoció el manejo que se le siguió en el tratamiento al ofendido, ya que no se puede descartar una mala praxis, u otra complicación que solo la autopsia puede determinar…” Dicha conclusión dispositiva del A quo en cuanto a la absolución por el delito enjuiciado, precedido de un proceso intelectivo de valoración probatoria evidentemente infringe la regla lógica de razón suficiente en su característica de veracidad, ya que su decisión carece de sustento derivado del contenido de la probanza evacuada en el juicio, lo cual se hace manifiesto al momento valorar ésta última, pues el Sentenciador refiere que no puede descartar una mala praxis, sin embargo, dicha afirmación que no deriva de ninguna de las probanzas evacuadas, restando en consecuencia el valor probatorio al acervo fáctico del andamiaje acreditativo de cargo que se allegó al juicio, ya que constituyen un complemento científico a lo probanza testimonial evacuada con las formalidades con las formalidades establecidas en la ley. Es en consideración a todos los aspectos supra indicados que podemos afirmar, que él A-quo en la sentencia vulneró la regla lógica de la Derivación en su postulado de razón suficiente y veracidad al momento de valorarla, pues de la misma de manera indefectible se desprende, que la decisión de absolver a la acusada no deriva de la valoración armoniosa de la prueba aportada. En conclusión y siendo que los medios de prueba evacuados eran suficiente para dictar un fallo condenatorio por el delito de Asesinato, el Tribunal a pesar de ello no ha sido capaz de extraer de dicha fuente de su convencimiento, dada la falta de valoración en la prueba en la manera antes señalada, lo cual generó vicios in procedendo susceptibles de recurrir vía casación; vicio éste que procedemos a denunciarlo hasta en este momento, ya que el mismo se produjo en el acto mismo de sentenciar, por ende no ha podido efectuarse reclamación alguna previamente; por ende no cabe más que casar el fallo impugnado y ordenar el reenvió y evacuación de un nuevo juicio”. DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA EN SU PRIMER MOTIVO, INTERPUESTO POR EL ACUSADOR PRIVADO, ARGUYENDO NO HABER CONSIDERADO EN TODA SU DIMENSIÓN PRUEBA DE VALOR DECISIVO. I.- Denuncia el recurrente que el Tribunal A-quo incurrió en el yerro de falta de consideración de prueba de valor decisivo, consignando como Precepto Autorizante el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal. Explicó el Censor que el Juzgador erró al no considerar las declaraciones testificales de los señores C. G. N. y V. G. W. tomadas por medio de la Asistencia Legal con la República de Canadá y basada en la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal; dichas deposiciones no fueron incluidas en el Acta de Debate y fueron mencionadas en la sentencia de manera somera e incompleta no siendo valoradas, pues según el Sentenciador dichos testigos rindieron sus declaraciones ante un agente policial sin ningún control judicial, el A-quo argumentó razonando que se trasgrede lo establecido en el Artículo 4 de la ya mencionada Convención, pues según sus lineamientos dichas declaración debieron obtenerse ante un Juez por el nivel de enjuiciamiento en el que se encontraba el proceso. Consideró el Censor que el carácter exclusivo de dichas pruebas se pone de manifiesto cuando al excluirlas del acervo probatorio aumenta la duda de si en realidad el ofendido señaló en vida que una de sus agresoras es la ahora imputada; además argumentó, que el Artículo 10 de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal establece que las solicitudes de asistencia libradas por el Estado requirente, se harán por escrito y se ejecutarán de conformidad con el derecho interno del Estado requerido, en la medida en que no se contravenga la legislación del Estado requerido; pero en el caso examiné, la evacuación fue practicada de acuerdo al procedimiento de la República de Canadá, tal como lo establece al principio de las declaraciones, las cuales ingresaron a Honduras a través de la misma autoridad central que las envió a Canadá. II.- El motivo invocado resulta de dos hipótesis: la sentencia excluye indebidamente una prueba (expresamente la rechaza sin consignar las razones de esa decisión o se le considera ilícita sin serlo), o la resolución no la considera (omite toda referencia a ella) el vicio refleja entonces la infracción de los Artículos: a) 202, que impone al Juzgador la obligación de formar su convicción de la valoración conjunta y armónica de toda la prueba; b) 336, que señala que el tribunal sólo tendrá en cuenta las pruebas ejecutadas en el debate, las que serán apreciadas en su conjunto, y c) 338, sección cuarta, numeral 2, que manda al órgano jurisdiccional justificar el valor que haya dado a las pruebas practicadas durante el juicio. Es decir, el Tribunal de Sentencia tendrá la obligación de pronunciarse sobre la eficacia conviccional que le generen las pruebas rendidas, de tal suerte que si excluye arbitrariamente alguna de ellas o simple y sencillamente deja de mencionarla y consecuentemente valorarla, estaríamos ante la presente infracción, ya que en virtud de los principios de verdad real, de defensa y contradicción, el juez debe servirse de las pruebas recibidas en el debate para fundamentar su fallo. No se observaría la infracción en el caso en que el Tribunal exponga las razones por las cuales rechaza la prueba y esa exclusión es correcta, y aún si la prueba ha sido valorada aunque lo fuera de forma desacertada, debiéndose en ambos supuestos rechazar el motivo. Pero no basta con el rechazo (exclusión) u omisión de referencia (no consideración) de la prueba, es necesario que ella sea de valor decisivo. Los límites de esa determinación tendrá que establecerse conforme el método de inclusión mental hipotética, en cuyo caso de incluirse la prueba excluida o no considerada en la valoración del juez, junto con las restantes, las conclusiones de hecho hubieren sido necesariamente distintas[1]. III.- Un estudio exhaustivo de la causa revela que en la sentencia recurrida, en su numeral décimo segundo del apartado “Valoración de la Prueba”, el Juzgador realizó tanto la Valoración Descriptiva como la Valoración Intelectiva de las Declaraciones testificales de los señores C. G. N. y V. G. W., a las cuales no les concede valor probatorio porque fueron rendidas ante un agente policial sin tener control jurisdiccional, lo que trasgrede el Artículo 4 de la Convención conforme al cual debe considerarse la legislación del Estado requirente y por tanto recibir las declaraciones de los testigos ante Juez competente, de lo contrario, se violentaría el Artículo 88 de la Constitución que refiere a que sólo hará prueba la declaración rendida ante Juez competente. El Artículo 235 del Código Procesal Penal, regula los testigos residentes en el extranjero y establece que; “Si el testigo se encuentra fuera del país, el Juez a petición de parte, ordenará que se envíe un suplicatorio con el respectivo interrogatorio a las autoridades judiciales del Estado en que se encuentre el testigo, para que preste declaración. También podrá a petición de parte interesada, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, y especialmente la utilidad y proporcionalidad de la medida y la demora procesal que pueda representar, viajar al lugar donde se halla el testigo para recibirle declaración, en los anteriores casos, si estuviere previsto por tratado o convenio de cooperación jurídica internacional…En cuanto a las partes, éstas serán citadas oportunamente para que puedan intervenir durante la deposición del testigo”. Este precepto del Código Procesal Penal, sin duda establece el procedimiento base a seguir para recibir declaraciones de testigos en el extranjero, si estuviere previsto por tratado o convenio de cooperación jurídica internacional[2]. En todo caso la norma garantiza el Debido Proceso, el Derecho de Defensa y la Contradicción, que se ve complementada por los tratados internacionales suscritos sobre la materia; así la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, desarrolla la llamada Asistencia Judicial recíproca respecto de investigaciones, juicios y actuaciones en Materia Penal, enfatizando en su Artículo 10: “Las solicitudes de asistencia libradas por el Estado requirente se harán por escrito y se ejecutarán de conformidad con el derecho interno del Estado requerido. En la medida en que no se contravenga la legislación del Estado requerido, se cumplirán los trámites mencionados en la solicitud de asistencia en la forma expresada por el Estado requirente”; lo que significa que es necesario que el Estado requerido cumpla con las exigencias mínimas para que esas actuaciones sean consideradas legales por el Derecho interno del Estado requirente. Si revisamos nuestro Derecho interno, tanto normas Constitucionales y Procesales Penales, encontramos preceptos que armonizan con la disposición del convenio supracitada, así el Debido Proceso, Igualdad, el Derecho a la Defensa, los Principios de Oralidad y de Contradicción con jerarquía Constitucional y Procesal, permiten enfatizar que éste debe ser el procedimiento apropiado para recibir prueba testifical en el extranjero en correcta aplicación del artículo 235 del Código Procesal Penal y el precepto estudiado de la convención. IV.- En el caso examiné, resulta de importancia establecer cómo se gesta la declaración de los testigos en el Extranjero. Consta en autos, que el 18 de julio del 2011 la Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia giró el oficio N° 1812-SCSJ-2011 (Folio 740) mediante el cual solicitaban al Secretario de Estado en los Despachos de Interior y Población, el suplicatorio del Tribunal de Sentencia de La Ceiba, mediante la cual realizaban la petición a la República de Canadá de tomar las declaraciones de los señores C. G. N. y V. G. W. adjuntando el listado de interrogantes que la autoridad competente debería realizar a los testigos; a folio 861 al 883 encontramos la traducción de la declaración tomada al señor G. N. tomada el 30 de agosto del 2011 por el Comisario G. A. K. de la Policía Real Montada de Canadá, y a folio 884 al folio 899 encontramos la deposición de Vic Walls tomada el 30 de agosto del 2011 por el Comisario Al Spink de la policía Real Montada de Canadá. El Código Procesal Penal establece en su Artículo 199, que los hechos y circunstancias relacionados con el delito objeto del proceso, pueden ser demostrados utilizando cualquier medio probatorio, aunque no esté expresamente regulado en el Código, siempre que sea objetivamente confiable, lo cierto es que los requisitos y exigencias de los procedimientos establecidos en los convenios han sido instituidos para configurar con el debido proceso la confiabilidad de los medios de prueba bajo un respeto irrestricto de los derechos fundamentales de las personas traídas a juicio, de tal suerte que es imperativo examinar si los medios utilizados para la incorporación de la prueba en cuestión, tergiversan o disminuyen derechos fundamentales de los acusados y de los principios procesales integrantes del juicio oral y público, hablamos pues de oralidad, igualdad, contradicción, inmediación, derecho de defensa, que al permitirse la incorporación del medio de prueba fustigado por el recurrente, se ven restringidos, y con ello fundamentalmente el debido proceso plenamente garantizado en el marco constitucional y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que justamente buscan asegurar dentro de un sistema democrático controles al ejercicio de la acción penal y un proceso penal con la debida protección jurídica para los justiciables, la exigencia del debido proceso implica precisamente garantizar que no se niegue a ningún ciudadano sometido a juicio de la correcta tutela de sus derechos fundamentales, para que el juicio seguido en su contra finalice siempre con una sentencia ajustada al marco legal y a los principios constitucionales[3]. Las referidas declaraciones testificales, si bien, fueron tomadas conforme lo establece la Convención Interamericana de Asistencia Mutua, no se puede soslayar que disminuyen el pleno ejercicio del Derecho de Defensa, el Principio de Contradicción e Inmediación, y las mismas no se ajustan al contenido de lo establecido en el Artículo 88 de nuestra Carta Magna que de forma imperativa establece la obligación que las pruebas deban ser rendidas ante Juez Competente, en el presente caso, las declaraciones fueron tomadas por Comisarios de la Policía Montada de Canadá que no representan un cargo de la Judicatura, por tanto dichas actuaciones no revisten de la licitud necesaria para que sean razonadas por los Juzgadores, en tal sentido consideramos que la decisión del A-quo al separar dichos medios probatorios de su valoración fueron correctos y apegados a ley. Por todas las razones antes expuestas, es procedente desestimar el presente motivo de casación. DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA EN SU SEGUNDO MOTIVO INTERPUESTO POR EL ACUSADOR PRIVADO, DENUNCIANDO INOBSERVANCIA A LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA. I.- Reclamó el recurrente, que el Tribunal Sentenciador no valoró la prueba conforme a las Reglas de la Sana Crítica, consignando como Norma que le permite la interposición del Recurso, en el Artículo 362.3 del Código Procesal Penal. Explicó el recurrente que el Juzgador infringió gravemente las Reglas del Recto Entendimiento Humano, al valorar de forma tímida y errónea el dictamen forense número 2009030608 emitido y ratificado por la Doctora M. E. S., quien realizó un resumen del expediente médico del señor R. J. W. que se encontraba interno en el Hospital de CEMESA en San Pedro Sula, departamento de Cortés; dictamen que fue cuestionado por la defensa mediante el consultor técnico Dr. D. C. B., quien según el Censor hizo incurrir en error a los sentenciadores, pues afirmó que el ofendido R. J. W. no pudo hablar ni comunicarse con nadie posteriormente haber sufrido el disparo en el cuello, pues según el consultor de la defensa el ofendido estaba entubado y bajo sedación y que era imposible que vocifera palabra alguna; pero ese extremo establecido por el consultor es falso según el reclamante, pues el dictamen establece que el paciente fue entubado en el hospital CEMESA y sus dichos de quienes eran los responsables de sus lesiones las manifestó estando en el hospital en Islas de la Bahía. Para el Recurrente el Tribunal debió valorar que el ofendido una vez ingresado al hospital de Roatán, fue intervenido quirúrgicamente y una vez estabilizado fue trasladado a San Pedro, pero antes de su traslado si pudo comunicarse, al llegar al hospital CEMESA fue entubado e ingresado a la sala de cuidados intensivos donde ya no pudo comunicarse; pero el Tribunal Sentenciador se dejó sorprender por el consultor de la defensa y consideró como verdad que no era posible que el ofendido expresara palabra alguna, restándole con ello credibilidad a los testigos de la defensa. Expresó además el recurrente, que en los acápites tercero, cuarto, quinto y sexto de la Valoración Probatorio, el A-quo razona las declaraciones testificales de los Testigos Protegidos I y II, así como de G. M. B. M., E. A. E. L. y M. Á. N. G.; todos estos testigos coinciden que el ofendido manifestó con su voz que la persona que la había agredido era la señora J. T., testigos que el sentenciador no valoró de forma adecuada. También para el Reclamante el Juez A-quo no valoró de forma correcta, el certificado médico de defunción del ofendido R. J. W. pues le resta credibilidad pese a ser un documento público proveniente del extranjero con todas las formalidades de ley, pues para el Juzgador es necesaria una autopsia que revele las causas de muerte. II.- La Casación por Quebrantamiento de Forma va dirigida a la demostración de los vicios ocurridos en la tramitación del juicio que afectan sus regulaciones esenciales. Dentro de ellos se incluyen los defectos de los que pueda adolecer la sentencia. La inobservancia de esas Reglas es controlable en Casación. El Tribunal de Casación no tendrá ante este tipo de vicios que determinar si el Tribunal de Sentencia aplicó correctamente el Derecho a los Hechos, sino comprobar si cumplió los preceptos jurídicos reguladores de su actividad. La Sala de lo Penal ya ha reiterado, que las Reglas de la Sana Crítica aseguran que el juzgador no llegue a juicios de valor que sean arbitrarios, antojadizos o subjetivos; ya que debe fundarse en parámetros claros, objetivos e identificables como lo son las Reglas de la Sana Crítica. La arbitrariedad puede darse cuando se rechaza indebidamente o se valora inadecuadamente los medios de prueba dándoles un valor que no tienen o restándoles el que razonablemente les corresponde. Para poder apreciar la infracción alegada, el recurrente debe relacionar con claridad cuál de las Reglas de la Sana Crítica -La Lógica, La Psicología, La Experiencia Comúnse ha vulnerado en relación a la valoración efectuada por el juzgador de cada medio probatorio, pues debe ser claro que la valoración del juzgador debe tener un grave error de razonamiento que lleva a conclusiones absurdas, arbitrarias o contradictorias. III.- Esta Sala de lo Penal, a lo largo de la historia jurisprudencial, ha señalado en innumerables ocasiones que desborda el control casacional valorar los medios de prueba conforme a las Reglas de la Sana Crítica, para luego comparar dicha valoración con la hecha por el Tribunal de Instancia y así decidir conforme a la coincidencia o no de criterios; el Tribunal de Casación no constituye una segunda instancia y por tanto le está vedado por ley usurpar las funciones que corresponden exclusivamente al Tribunal de Sentencia en cuanto al proceso de valoración de la prueba como destino; ahora bien, el control casacional, por medio del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma autorizado por el artículo 362.3 del Código Procesal Penal, autoriza a controlar el proceso de razonamiento para valorar la prueba, dicho de manera profana, puede controlar el camino que siguió el Tribunal de Sentencia en el proceso de razonamiento valorativo a efecto de examinar si el mismo transitó dentro de las Reglas de la Sana Crítica, con independencia del destino al que se haya llegado, es pues, que en este proceso, no es tarea del Tribunal de Casación determinar la justicia de la conclusión valorativa a la que llegaron los Juzgadores, sino que si el razonamiento que se utilizó como instrumento para ello es conforme a las Reglas de la Sana Crítica por ser éste el sistema que ordena la ley a observar, de modo que aún cuando el Tribunal de Casación no comparta el criterio del Tribunal de Sentencia en cuanto a la conclusión a la que arribó respecto a la valoración de un medio de prueba, si dicha valoración no riñe con los postulados de la Sana Crítica habrá pasado el examen de legalidad casacional y la sentencia deberá de ser considerada como válida. Lo anterior es debido a una razón muy simple: los principios que rigen el debate no pueden reproducirse en toda su magnitud en el proceso de casación, por ello el nuevo modelo procesal penal que impera desde el año 2002, aumentó el número de juzgadores en materia penal de uno a tres, a efecto de minimizar el error judicial. Estos juzgadores en conjunto poseen instrumentos exclusivos de valoración como ser: la concentración, contradicción e inmediación, que les permite estar frente a la prueba como ninguna otra autoridad judicial y por tanto les posibilita valorarla de manera única y exclusiva, restando al control casacional verificar que en dicha valoración, sea cual sea que haya sido, haya respetado la legalidad al ser fiel con reglas que agrupa la sana crítica que es el sistema de valoración de prueba que autoriza la ley procesal[4]. IV.- Este Tribunal de Casación concluye, que el recurrente ha incurrido en Inadecuada Técnica Recursiva, pues lo argumentado por éste en cuanto al cargo formulado en su Motivo de Casación, vuelve incompleta la censura formulada por el mismo, ya que si bien señaló y alegó violación a la Regla de la Lógica y dentro de ésta, al Principio de Derivación, no explicó ni demostró cual debió ser el razonamiento intelectivo apropiado para concluir que debió condenar a la Imputada y por qué razones, ya que el Juzgador hizo una valoración conjunta y armónica de toda la prueba y explicó en base a la Lógica y la Experiencia, las conclusiones que lo condujeron al fallo absolutorio, por lo que correspondía al Impetrante hacer lo propio al momento de exponer su Motivo, explicando cual debió ser la Derivación o ejercicio intelectivo que correspondía al Juzgador para llegar a un fallo de culpabilidad. Sin embargo, el recurrente al momento de este ejercicio, sólo lo hizo en relación a la prueba testifical, sin vincularla con los demás medios de prueba y su valoración conjunta y armónica. Esta Sala, reitera su criterio de que, cuando de prueba testimonial se trata, cuya apreciación se funda en Sana Crítica, los eventuales errores del Juzgador en el proceso de valoración de la prueba, han de ser de naturaleza fáctica, quedando obligado el Impugnante a demostrar que la evaluación que se hizo de la prueba en la sentencia difiere de las que imponen la Lógica, la Experiencia común o la Ciencia; y que de no haberse presentado tal yerro la conclusión del Juzgador sería diferente; no bastan los criterios personales del Censor, ya que es necesario que precise de qué manera la valoración hecha por el Juzgador desconoce los principios que informan la Sana Crítica; y cómo, en relación con el conjunto probatorio, el error desquicia la decisión impugnada. No basta hacer alusión únicamente a la prueba que conviene al Impetrante o a aquella que puede aparentemente justificar el sentido de la infracción, es imperativo también que se relacione toda la prueba, incluidas aquellas que el Tribunal ha tomado en consideración para desestimar la prueba de cargo y que para el Juzgador han resultado verosímiles y convincentes y solo si en base a ese análisis persiste el error de Derivación y falta de Congruencia se estaría ante la infracción de falta de observación de las Reglas de la Sana Crítica. Ese proceso no lo explica el recurrente y por el contrario si lo aplicó el Juzgador en una serie de conclusiones que lo llevaron a la convicción de que no era posible condenar a la Imputada y por ello le absolvió; en consecuencia, es procedente declarar sin lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Acusador Privado. DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA EN SU ÚNICO MOTIVO, INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO DENUNCIANDO VIOLACIÓN A LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA. I.- Expuso la denunciante, que el Tribunal Sentenciador incurrió en el yerro de inobservar las Reglas de la Sana Crítica, consignando como Norma que le autoriza la interposición del Recurso, en el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal. Explicó la Recurrente que el Juez A-quo infringió la Regla Lógica de Derivación en su postulado de Razón Suficiente, al expresar sus Juicios de Valor de los siguientes medios probatorios: Testifical consistentes en las deposiciones de Testigo Protegido 1 y 2, Vaciado de Teléfono al celular de la imputada y el ahora occiso, Acta de Defunción del ofendido R. J. W., Certificado Médico de Difusión del perjudicado, Carta de Reporte Forense debidamente autenticado, Acuerdo de Venta de Propiedad entre la imputada y el ofendido, Contrato de Compraventa de un inmueble suscrito por la encartada y la víctima, Escritura Pública contentiva de una hipoteca otorgada por la acusada a favor de Empresa Spirit S de RL y pagarés por la suma de veintiséis mil dólares y siete mil novecientos setenta dólares extendido por la señora J. T. a favor del ofendido R. W.. El Sentenciador derivó de esta prueba que la imputada J. T. no tiene ningún grado de responsabilidad en los hechos que se le imputó, ya que se logró establecer que fueron personas desconocidas las que hirieron con arma de fuego al ahora occiso R. W.; sin embargo, consideró el impetrante que el razonamiento del Sentenciador es equívoco pues, el Testigo Protegido 1 advirtió que el día de los hechos, como a las nueve de la mañana fue a buscar al señor R. y no estaba, llegó una pareja preguntó por el Míster y le dijeron que no estaba, luego la pareja se fue tipo 12, él regresó y encontró a Míster R. en su carro herido, fue a buscar a otra persona y le brindaron ayuda trasladándolo al hospital y les dijo que la persona que le había lastimado eran dos, una de ellas J. T., en el momento del debate no reconoció a la imputada como la persona que el día de los hechos había ido a buscar al señor R.; el Testigo Protegido 2 expresó que el día de los hechos fue a buscar a Mister R. pero no lo encontró, en ese momento llegó una pareja también a buscarlo, se miraban nerviosos pero se fueron porque no estaba, casi a las 12 del mediodía regresó a buscarlo y lo encontró en su carro herido, le dieron asistencia junto con otra persona y él les manifestó que quien lo había herido era la señora J. T.; en el momento del debate si reconoció a la imputada como la persona que había ido a buscar al Señor R. el día en que apareció herido. El vaciado a los teléfonos 95763057 que pertenece al ofendido (así como lo tuvo por cierto la presidenta el Tribunal según acta de debate) y del teléfono 96893190 que pertenece a la imputada, determinó que el último teléfono realizó llamadas al número del señor R. W., y por los movimientos de GPS se logró establecer que la víctima y la imputada estuvieron cerca en el momento en que el Señor W. fue herido. Expresó además la impetrante que la prueba documental consistente en: Acta de Defunción Certificado médico de defunción y Carta de Reporte Forense del señor R. J. W., expresan que la muerte se produjo por trauma en cuello producido por herida de arma de fuego; el resto de prueba documental consistentes en Documentos de ventas de Propiedad, de grabaciones de hipotecas y Pagarés fueron suscritos entre el ofendido R. J. W. y la ahora acusada J. T., con lo que se acredita el posible móvil; el sentenciador expresó que en relación a los medios probatorios para acreditar la causa de la muerte, no acreditaban que la muerte se haya producido por proyectil de arma de fuego pues no se encontraba la autopsia respectiva y no se descartaba una mala praxis, conclusión que es violatoria a las Reglas del Recto Entendimiento Humano, pues no se puede derivar ese razonamiento de ningún medio probatorio. II.- Tal como lo hemos expresado en el motivo anterior, considera esta Sala de lo Penal, que los razonamientos que ha utilizado el sentenciador fueron realizados teniendo como base las Reglas de la Sana Crítica; pues si bien, lo testigos Protegidos 1 y 2 declararon que el ofendido R. J. W. les había manifestado que quien le había herido era la ahora acusada, sus testimonios fueron cuestionados por el consultor Técnico de la Defensa, quien es una persona con experticia y conocimientos en el área de la medicina, quien al debatir el Dictamen Médico de la Dra. M. E. S., manifestó que alguien con una herida por arma de fuego en el cuello, era imposible que pudiera vociferar palabra; explicación forense que es razonable, pues en el cuello se encuentran las cuerdas vocales que pudieron salir afectadas con las esquirlas; lo que provocó en los Sentenciadores que les hiciera dudar de las declaraciones de los testigos y restarles valor probatorio, conclusión que considera correcta esta Sala de lo Penal. En relación al vaciado telefónico, el sentenciador establece que no pueden darle valor probatorio pues no se acreditó que el número 95763057 pertenecía al ofendido y número 96893190 pertenezca a la imputada, haciendo ver la recurrente que el propio Tribunal Sentenciador manifestó en el Acta de Debate que esos números eran de propiedad de la acusada y de la víctima; al respecto, consideramos que si el Tribunal A-quo hace esa referencia, es porque precisamente el Ente Acusador al momento de la Proposición de Pruebas manifestó que esos números pertenecían al perjudicado y a la acusada, es por eso que el Juzgador hace referencia en esos mismo términos, pero del resultado de la prueba se puede derivar que en efecto y tal como lo razona el sentenciador, no es posible establecer de forma certera que esos números eran propiedad de la víctima y de la acusada, por lo que el vaciado telefónico se vuelve infructuosa. En relación con las pruebas documentales cuestionadas por la recurrente y presentadas para acreditar la muerte real del ofendido R. J. W., el sentenciador razonó adecuadamente las pruebas al advertir que la causa de la muerte solo es posible acreditarla con la debida autopsia y si bien existen certificados de defunción, en los cuales se establece que la muerte del señor R. J. W. fue producido por proyectil de arma de fuego, esos documentos no fueron expedidos por profesional médico forense que así lo confirme, sino que por autoridades civiles de la República de Canadá; En cuanto a los documentos presentados referentes a contratos de compra y venta, hipotecas y pagares entre el señor R. J. W. y la imputada J. G. T. B., cuestionados igualmente por la recurrente, considera este Tribunal de Casación que fueron razonados adecuadamente por el A-quo, pues lo único que puede derivarse de ellos es la relación contractual que existía entre ambos, sin poder llegar a establecer que ese fuera el móvil de los hechos, pues no hay prueba que confirme esa aseveración del impetrante. Por todas estas razones, consideramos que los argumentos del Tribunal Sentenciador fueron correctos, adecuados y conforme a las Reglas de la Sana Crítica; por lo que es procedente desestimar el presente motivo de casación. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los Artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 362 numerales 2 y 3, 363 y 369 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su dos motivos, interpuesto por el Abogado M. A. S. Z. en su condición de Acusador Privado en la causa instruida contra la señora J. G. T. B. por el delito de ASESINATO en perjuicio de R. J. W. SEGUNDO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Abogada W. D. L. C. R. P. en calidad de Representante del Ministerio Público, en la causa instruida contra la señora J. G. T. B. por el delito de ASESINATO en perjuicio de R. J. W.. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. Redactó: EL MAGISTRADO CÁLIX HERNÁNDEZ. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- COORDINADOR.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil quince.- Certificación de la sentencia de fecha veinte de octubre del año dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-124-2012.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] Véase. Cuellar Cruz, Rigoberto. Fernández Entralgo, Jesús. Gómez Colomer, Juan Luis y otros. Derecho Véase. Procesal Penal de Honduras (Manual Teórico Práctico) Agencia Española de Cooperación Internacional. Honduras, 2004. Páginas 596 y 597.
[2] VID Sentencia de Casación Penal N° 182-2009 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha veinticuatro de agosto del 2010
[3] VID Sentencia de Casación Penal N° 182-2009 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha veinticuatro de agosto del 2010.
[4] VID Sentencia de Casación Penal N° S.P. No.139-2011 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 24 de enero del 2013.