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Sentencia CP-120-13 — Registro 5389

Resumen

En primera instancia se condenó a la imputada por el delito de Estafa Continuada, resolviendo en segunda instancia Sin Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

(Sin análisis jurisprudencial en la ficha)

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis (16) días del mes de junio del año dos mil quince (2015), por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS MARCO VINICIO ZÚNIGA MEDRANO en su calidad de Coordinador, JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha catorce de Diciembre de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: 1) CONDENANDO a la Señora K. M. R.: a) la pena de DOCE (12) AÑOS DE RECLUSION, MAS UNA MULTA DE TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CON CINCO LEMPIRAS (LPS. 369,005.00), por el delito de ESTAFA CONTINUADA, en perjuicio de J. M. H. V., R. E. S., E. F. Z., J. M. G., N. D. F., K. O. C. M., A. L. H. A., V. DEL C. M. M., W. J. O. A., S. N. G. R., C. E. M. M., M. J. G. T., N. E. A., F. D. R., M. R. A. M., A. R. C., J. C. B. O., L. D. V. M., J. DE LA C. H., D. O. C., I. M. M., D. L. L. L., S. E. C. M. Y G. H. M.; más las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL.- 2)NO CONDENO en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, la Abogada E. C. F., actuando en su condición de Defensora Pública de la señora K. M. R. SON PARTES: La Abogada A. R. P. P. en su condición de DEFENSORA PÚBLICA de la Imputada como RECURRENTE y la Abogada R. C. en su condición de en su condición de Fiscal del MINISTERIO PÚBLICO como RECURRIDO. HECHOS PROBADOS “Este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: En el período comprendido del mes de abril del año 2004, año 2007 y año 2008 la señora K. M. R. mediante anuncios de periódicos ofreció en venta y o alquiler números de taxis simulando ser propietaria de los números que ofrecía en venta o alquiler, presentándose ante las personas que acudieron en razón del anuncio como Gerente General de una sociedad denominada “Sociedad de Transportistas Independientes”. SEGUNDO: La señora K. M. R. convino con los señores: 1.-A. L. H. A. la venta del registro de taxi número 1545 por un valor de Lps. 60,000.00. 2.-Con el señor v. M. R. T. convino la venta del registro de taxi número 294 con un valor de Lps. 23,000.00. 3.-Con el señor K. O. C. convino la venta del número de registro de taxi 1448 por un valor de Lps. 70,000.00. 4.-Con el señor J. C. E. V. la venta del número de taxi número 1545 y 1735, pagándole por ello a la señora K. M. R. el valor de Lps. 106,000.00. 5.-Con el señor J. C. B. O. convino la venta del registro de taxi número 1198, pagando por ello Lps. 65,000.00. 6.-Con el señor F. D. R. la venta del número de taxi 3105 por Lps. 65,000.00. 7.-Con la señora N. S. P. la venta del número de taxi 351, pagando por ello Lps. 65,000.00. 8.-Con la señora F. V. H. la venta del número de taxi registro 1545, pagando Lps. 65,000.00. 9.-Con el señor D. O. C. a quien le vendió el número de registro de taxi 1545 y pagó por esto Lps. 70,000.00. 10.-Con el señor J. de la C. H. compró el número de taxi 1448 pagando por este Lps. 75,000.00. 11.-El señor B. E. compró el número 1735 y pagó la cantidad de Lps. 80,000.00. 12.-El señor M. R. A. M. compró el número de registro 1735 y pagó por ello Lps. 65,000.00. 13.-La señora M. E. G. compró el número de taxi 1735, pagando por ello Lps. 70,000.00. 14.-S. A. C. C. compró el número de registro de taxi 2695 y pagó la cantidad de Lps. 65,000.00. 15.-El señor N. P. M. compró el número de registro de taxi 1735, pagó Lps. 65,000.00; y compró también el número de registro 1545 pagando otros Lps. 65,000.00. 16.-S. N. G. R. compró el número 2695 y pagó la cantidad de Lps. 65,000.00. 17.-R. E. S. compró los números de taxis 156 por Lps. 65,000.00; y por la compra de un vehículo Lps. 60,000.00; pagando un total de Lps. 125,000.00. 18.-N. S. A. compró el número de taxi 1198 por Lps. 65,000.00. 19.-El señor J. M. H. Vivas compró el número 1735 y pagó por ello Lps. 70,000.00. 20.-I. M. M. compró el número de registro de taxi 1735 por la cantidad de Lps 70,000.00. 21.- L. C. G. compró el número 3054 y pagó Lps. 50,000.00; por el número 1567 pagó otros Lps. 50,000.00 y por el número 1545 pagó Lps. 65,000.00. 22.-L. Z. A. compró el número 351 y pagó Lps. 50,000.00. 23.-C. H. G. compró el número 1545 por Lps. 60,000.00 y además pagó Lps. 20,000.00 como prima por la compra de un vehículo. 24.-W. J. O. compró el número 2920 por Lps. 65,000.00, los números 1545 y 1735 por un valor de Lps. 195,000.00. 25.-J. A. V. compró el número de registro de taxis 1735 por un precio de Lps. 65,000.00. 26.-G. E. M. V. compró el número 1735 y también pagó unos honorarios profesionales por cambio de placa y a. pagando un total de Lps. 98,000.00. 27.- R. S. A. compró el número 1545 por Lps. 62,000.00. 28.-A. M. O. compró el número 1545 por Lps. 65,000.00. 29.-E. A. N. D. compró el número 1735 por Lps. 65,000.00. 30.-E. S. R. compró el número 1735 y 1545 pagando un total de Lps 140,000.00. 31.-F. G. compró el número 1198 pagando Lps. 60,000.00, y el 1448 por Lps. 60,000.00, haciendo un total de Lps. 120,000.00. 32.-C. E. M. compró el número 1448 por Lps. 65,000.00. 33.-V. M. B. compró el número 1448 y pagó Lps. 50,000.00; compró el número 1735 por Lps. 65,000.00 y el 1198 por Lps. 55,000.00, más Lps. 4,250.00 que pagó por varios trámites haciendo un total de Lps. 174,250.0. 34.-D. L. L. L. compró el número 1735, el número 1545 por Lps. 100,000.00. 35.- G. A. G. compró el número 1545 por Lps. 65,000.00. 36.-J. O. F. compró el número 1735 por Lps. 85,000.00. 37.- O. E. R. C. compró el número 1545 por Lps. 59,000.00. 38.-G. E. M. compró el número 1198 por Lps. 61,000.00. 39.-C. P. A. compró el número 3054 por Lps. 65,000.00. 40.-N. I. G. compró el número 351 por Lps. 65,000.00. 41.-J. E. S. A. compró el número 3055 por Lps. 65,000.00. 42.-L. D. V. compró el número 1735 por Lps. 65,000.00. 43.-A. R. C. compró el número 1735 por Lps. 65,000.00. 44.-J. R. G. compró el número 1735 por Lps. 60,000.00. 45.-S. E. C. compró un número por Lps. 70,000.00. 46.-O. A. H. R. pagó la cantidad de Lps. 82,500.00 por un número 1735 y un adelanto por compra de un vehículo. TERCERO: Asimismo la señora K. M. R., en el período antes señalado, convino en alquiler de números de taxis con las siguientes personas: 1.-N. D. F., quien pagó Lps 17,500.00 por el alquiler de un número de taxi que nunca le fue asignado. 2.-J. M. G. pagó Lps. 7,200.00 por alquiler de un número de taxi que tampoco le fue asignado. 3.-E. F. Z. G. pagó Lps. 17,500.00 por alquiler y honorarios profesionales sin asignarle ningún número de taxi. 4.-F. J. G. T. pagó Lps. 17,500.00 por alquiler de un número de taxi que no le fue asignado. 5.-R. H. S. pagó Lps. 7,200.00 por alquiler de seis meses de un taxi cuyo número no le fue asignado. 6.-F. A. V. pagó Lps. 7,200.00 por alquiler de un taxi por seis meses, no asignándosele número. 7.-L. A. A. V. pagó Lps. 14,400.00 por un año de alquiler de un número de taxi y honorarios, pero no se le asignó número. 8.-R. A. E. pagó Lps. 3,600.00 por tres meses de alquiler de un número de taxi 5364. 9.-O. C. E. pagó Lps. 7,200.00 por alquiler de un número de taxi por seis meses, sin asignarle número. CUARTO: Tanto a las personas que les vendió números de registro de taxi como a quienes les dio números de taxi en alquiler les generó confianza para lograr su convencimiento mediante un montaje de oficina debidamente equipada y con personal que atendía a los clientes; además de la simulación de llamadas telefónicas de supuestos clientes al momento de negociar con las víctimas haciéndoles manifestaciones como que si no se apuraba a pagar otro quería el número, lo que hizo que las víctimas para no perder la oportunidad que se les presentaba fueran a pagar a la señora K. lo más pronto posible el valor requerido por cada número de registro de taxi y/o alquiler, entregándoles la señora K. a cambio ciertos documentos como ser recibos de entrega de dinero, certificados de garantía, un documento privado de renuncia de derechos, entre otros. QUINTO: La señora K. a la vez les prometió a cada uno de los ofendidos entregarles en un plazo no mayor de cinco días el trámite concluido sobre permiso de operación del número de taxi vendido, compromiso que nunca cumplió y que cuando los ofendidos en reiteradas ocasiones llegaban a su oficina para reclamarle el cumplimiento ofrecido ésta nunca les resolvió; ocurriendo lo mismo con los señores que alquilaron los números de taxi a quienes a algunos les pagaron ciertos meses nada más pero lo demás quedó sin cumplirse. Todo ello provocó que los ofendidos denunciaran tales hechos ante el Ministerio Público. SEXTO: El monto total que recibió la señora K. por parte de los ofendidos asciende a la cantidad sumada tanto como compra de números de registro de taxi como de alquiler de tres millones seiscientos noventa mil cincuenta lempiras (Lps.3,690,050.00)”. C O N S I D E R A N D O I.- El Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por la Abogada E. C. F., en su condición de Defensora Pública de la encausada K. M. R.; reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.-LA RECURRENTE ABOGADA E. C. F., EN SU CONDICION DE DEFENSORA PUBLICA, DE LA ENCAUSADA K. M. R., PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, DE LA MANERA SIGUIENTE: “MOTIVO: Infracción del Precepto Constitucional contenido en el artículo 90, con relación al artículo 303 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO. PRIMERO: La norma sustantiva infringida en el artículo 90 de la Constitución de la República, que establece: Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…” Esta Norma Constitucional ha sido violentada por el Tribunal de Sentencia, ya que tiene relación directa con del debido proceso, por el motivo que ha desconocido el acuerdo de conciliación celebrado entre la imputada K. M. R. y los ofendidos el 24 de diciembre del 2008, en donde homologaron el siguiente acuerdo conciliatorio: 1.-La imputada en ese acto y mediante cheque procedió a pagar a cada uno de los ofendidos el 50%, del valor que les adeudan, recibiendo los ofendidos conforme. 2.- La imputada se comprometió con cada uno de los ofendidos a pagar el otro cincuenta por ciento en dos pagos, el primer pago en fecha 24 de febrero del año dos mil nueve y el segundo el 25 de Julio del año dos mil y para garantizar dicho pago los imputados otorgaron garantía hipotecaria de un bien inmueble a favor de los ofendidos, y en caso que la imputada no cumpla con dicho acuerdo los ofendidos podrán ejecutar la hipoteca que el señor R. M. otorgó a favor de los mismos. Dicha escritura se encuentra inscrita bajo el número 83 del tomo 88 del Registro de la propiedad de Yuscarán, y que una vez cumplido el plazo de seis meses. 3.-Se ordenó el cese de las medidas cautelares que le fueron impuestas. SEGUNDO: La Defensa en todo el transcurso del debate del juicio oral, ha venido presentando los recursos en los momentos procesales oportunos pero el Tribunal sentenciador lo ha desconocido pues se planteo la excepción en base al articulo 46 numeral 2 por falta de acción, en virtud de que este proceso no debió proseguirse, ya que la garantía hipotecaria los mismo ofendidos la firmaron, aceptaron dichas condiciones, aceptaron el inmueble, los ofendidos dijeron que iban a vender el inmueble para hacer efectivo el pago, eso dijeron en la conciliación, además el Juez cuando se homologo la conciliación, haciendo la advertencia que si no pagaban se iba a ejecutar la garantía. TERCERO: Nuestra sorpresa es que el Ministerio Público antes del vencimiento de los seis meses pide revisión de acuerdo conciliatorio, y fue aceptado por el Juez, cuando a este momento no se tenía porque hacer revisión, si ya se había homologado, que se iba a ejecutar la garantía y que esta había tasado el inmueble de común acuerdo en la cantidad DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS, cantidad que sobre pasa el cincuenta por ciento restante que se debía, por lo que se considera que el proceso no se llevó con reglas, principios, formalidades y garantías que la ley establece, como es el debido proceso. CUARTO: En consecuencia una vez que se llegó a un acuerdo de conciliación y que se iba a ejecutar la garantía hipotecaria, cuestión que al momento de revisar el acuerdo conciliatorio no lo hizo, lo que procedía era ordenar la ejecución de la garantía, ya que una conciliación pone fin al proceso, por tanto se VULNERO UNA GARANTIA CONSTITUCIONAL y esto ACARREA DE PLENO DERECHO NULIDAD DEL ACTO viciado por imperativo constitucional. QUINTO: Se ha violentado las garantías procesales establecidas en la Constitución de la República y en los convenios internacionales relativos a derechos humanos de los que Honduras forma parte, así como cuantos sean consecuencia necesaria de tales actos o hechos y que no hubiese sido posible procesales establecidas en la Constitución de la República y en los convenios internacionales relativos a derechos humanos de los que Honduras forma parte, así como cuantos sean consecuencia necesaria de tales actos o hechos. Si queremos hacer realidad nuestro anhelo de tener un proceso ajustado a derecho, necesariamente debemos respetar la forma que la Constitución nos indica. Todo ello para lograr una tutela eficaz de la persona humana y de sus derechos fundamentales, debemos venerar nuestra ley fundamental y defenderla de quienes no quieran acatarla. Es la única manera de lograr la efectiva vigencia del derecho constitucional al debido proceso que toda persona tiene. No puede aceptarse que la lucha procesal sea como una guerra en la cual el “FIN JUSTIFIQUE LOS MEDIOS”, de manera que se pueda recurrir aun a las peores atrocidades con el pretexto de querer encontrar la verdad para aplicar la sentencia. Dicho lo anterior se colige que es una obligación del Estado y especialmente impartiendo justicia en un proceso penal el no escatimar esfuerzo en la búsqueda de la verdad real, para garantizar a quien lo enfrenta, un juicio justo. Lo cual solo puede ser subsanado a través del presente recurso de Casación”. RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LA ABOGADA E. C. F., APODERADA DEFENSORA PUBLICA DE LA ACUSADA K. M. R.. PRECEPTO AUTORIZANTE ARTÍCULO 361 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL; NORMA INFRINGIDA ARTÍCULO 90 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA.

I. El Artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional se posibilita en todos los casos en que pueda interponerse Recurso de Casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo en la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un Precepto Constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la Ley Procesal y ello obedece a la intención del Legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el Artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general, toda norma legal puede vincularse con una norma constitucional, más el Recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de Recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los Recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Forma, a los cuales la Ley taxativamente establece los motivos fundamentadores[2] (Recursos Extraordinarios). La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. II. Imputa la Censora que ha existido Violación al Debido Proceso, Garantía Constitucional reconocida en el Artículo 90, ello como consecuencia de: “1). Que se ha desconocido el acuerdo de conciliación celebrado entre la imputada K. M. R. y los ofendidos el 24 de diciembre del 2008, en donde homologaron el siguiente acuerdo conciliatorio: 1.-La imputada en ese acto y mediante cheque procedió a pagar a cada uno de los ofendidos el 50%, del valor que les adeudan, recibiendo los ofendidos conforme. 2.- La imputada se comprometió con cada uno de los ofendidos a pagar el otro cincuenta por ciento en dos pagos, el primer pago en fecha 24 de febrero del año dos mil nueve y el segundo el 25 de Julio del año dos mil y para garantizar dicho pago los imputados otorgaron garantía hipotecaria de un bien inmueble a favor de los ofendidos, y en caso que la imputada no cumpla con dicho acuerdo los ofendidos podrán ejecutar la hipoteca que el señor R. M. otorgó a favor de los mismos. Dicha escritura se encuentra inscrita bajo el número 83 del tomo 88 del Registro de la propiedad de Yuscarán, y que una vez cumplido el plazo de seis meses.” III. La Garantía del Debido Proceso se encuentra regulada por el Artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, definido tradicionalmente como aquel que garantiza que nadie puede ser condenado sino tras haber sido juzgado por un Tribunal competente, bajo las formalidades previamente previstas en la ley. Sin embargo el Principio del Debido Proceso más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del Derecho Procesal Penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, como ser el Derecho de Acceso a los Tribunales, a la Justicia Gratuita, al Juez predeterminado por la Ley, a la Defensa, a la Imparcialidad del Juez, a la Igualdad de Armas Procesales, a utilizar los Medios de Prueba pertinentes, a un Proceso Público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, entre otros, en fin el Principio del Debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. El Debido Proceso se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate, ergo la trasgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. La Sentencia debe ser el resultado de la celebración de un debate en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la sentencia se convierte en un fruto viciado. Estas reglas esenciales son los principios informadores de la fase de juicio: defensa, presunción de inocencia, contradicción, inmediación, oralidad, concentración y publicidad. (Al respecto ver fallo de la Sala Penal de fecha 30 de Noviembre del 2011 en Exp 318-2010).- IV. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO.- A criterio de esta Sala, el reclamo formulado mediante el Recurso, no se enmarca en la norma constitucional que se cita como violentada, toda vez que el mismo no gravita en la inexistencia de la posibilidad material para la parte Defensora de realizar actos procesales en descargo a las imputaciones formuladas contra la Acusada, tampoco en el hecho de que se encontrase, en algún momento de la actividad procesal, en una condición desventajosa en relación a su contraparte, como consecuencia de una situación material o por disposición de una Ley, sin que el Tribunal procurase balancear dichas diferencias, a efecto de colocar a los litigantes en un mismo plano de oportunidad frente al proceso. Por el contrario, el reclamo formulado por la Defensa en éste motivo es en cuanto al arreglo conciliatorio y la ejecución de la garantía hipotecaria, que se determino en la conciliación al determinar la Recurrente que “el Ministerio Público antes del vencimiento de los seis meses pidió la revisión del acuerdo conciliatorio, y fue aceptado por el Juez, cuando a este momento no se tenía porque hacer revisión, si ya se había homologado, que se iba a ejecutar la garantía y que esta había tasado el inmueble de común acuerdo en la cantidad DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS, cantidad que sobre pasa el cincuenta por ciento restante que se debía, por lo que se considera que el proceso no se llevó con reglas, principios, formalidades y garantías que la ley establece, como es el Debido Proceso. En consecuencia una vez que se llegó a un acuerdo de conciliación y que se iba a ejecutar la garantía hipotecaria, cuestión que al momento de revisar el acuerdo conciliatorio no lo hizo, lo que procedía era ordenar la ejecución de la garantía, ya que una conciliación pone fin al proceso, por tanto se VULNERO UNA GARANTIA CONSTITUCIONAL y esto ACARREA DE PLENO DERECHO NULIDAD DEL ACTO viciado por imperativo constitucional.” VI. La Sala de lo Penal quiere dejar asentado que la Conciliación implica el acuerdo entre sujetos que parten, en principio, de posturas discrepantes o posiciones de intereses enfrentadas. El concepto tiene dos dimensiones igualmente importantes: por un lado, la que hace referencia al logro de un resultado, el acuerdo, que normalmente tendrá por objeto la reparación del daño; por otro, importa también en cuanto al procedimiento, ya que supone el protagonismo de sujetos directamente implicados en el delito (infractor y víctima), en su tratamiento y en la regulación de sus consecuencias, a través del proceso comunicativo caracterizado por la horizontalidad y la superación de los estrechos limites que imponen las definiciones jurídicas (aunque estas influyan en dicha comunicación). En el sistema de conciliación mediada se destacan tres características fundamentales: 1) La participación de los directamente implicados (autor y víctima); 2) La atención a las consecuencias lesivas del delito y 3) La intervención de una instancia mediadora que facilite la comunicación entre los sujetos enfrentados con el fin de llegar a una solución pacificadora. Ante este particular se hace necesario señalar que el Artículo 45 del Código Procesal Penal establece el mecanismo de Conciliación así como sus efectos correspondientes en el caso de cumplimiento o incumplimiento del acuerdo alcanzado; y en el caso de incumplimiento el artículo referido manda que el procedimiento debe continuar. En el presente caso la tesis de la Recurrente no es de recibo, ya que la circunstancia señalada fue revisada por el Juez que conoció de la causa anterior al debate y la declaro fracasada por el incumplimiento de dicho acuerdo por parte de la Acusada hacia los ofendidos (ver folios 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103 TOMO DOS) resolución que fue confirmada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán ( ver folios 1180, 1181 TOMO DOS) por lo que en el cumplimiento del Principio de Legalidad el proceso ha seguido su curso de acuerdo a la normativa procesal penal hasta dictarse la Sentencia correspondiente, sin que pueda observar este Tribunal violación alguna al Debido Proceso. VII. Asimismo la competencia objetiva del Tribunal de Casación es definida formalmente por la Ley, pero materialmente por la parte Impugnante, cuando en su Recurso de Casación fija los motivos de su censura y señala los aspectos legales a revisar, ello no acontece en el presente caso, ya que si bien la Censora indica en su motivo la violación a la Garantía del Debido Proceso, no logra explicar con claridad qué actuación judicial generó violación a las formalidades establecidas previamente por la ley para el desarrollo del juicio penal y con ello la posibilidad de que el Tribunal de Casación pudiera extender su competencia material en dicho análisis. Por lo anterior el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional debe de ser declarado SIN LUGAR en su ÚNICO MOTIVO. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los Artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 360, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal. - FALLA: PRIMERO: Declarando NO HA LUGAR LA ADMISION del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su ÚNICO MOTIVO, interpuesto por la Abogada E. C. F. en su condición de Apoderada Defensora Pública de la Señora K. M. R.. SEGUNDO: Declarar firme y ejecutable la Sentencia de fecha catorce (14) de diciembre del dos mil doce (2012), dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán. MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- MAGISTRADO PONENTE ZUNIGA MEDRANO.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- ABOG. MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- ABOG. JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- ABOG. CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de julio del año dos mil quince.- Certificación de la sentencia de fecha dieciséis de junio del año dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-120-2013.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

[2] Vid en este sentido: LLORENTE FERNANDEZ DE LA REGUERA, ÁNGEL, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115, cuando expresa que “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”