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Sentencia CP-106-12 — Registro 5382
Resumen
Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa, contra la sentencia que condena a los imputados por el delito de asesinato seguido de robo
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El Censor expone que se incorporaron por lectura las declaraciones que en la etapa preparatoria habían rendido los testigos protegidos identificados como 1, 2 y A1, con violación de las normas contenidas en el Título IV, del Libro Segundo del Código Procesal Penal, en tanto cuanto que dicha incorporación fue autorizada por el Tribunal de instancia solamente con la manifestación del Representante del Ministerio Público en el sentido de que su comparecencia en el debate se había tornado imposible ante el riesgo o peligro para sus vidas, argumento que además de no haberse acreditado es injustificado ya que tal peligro se ha podido conjurar por dos vías: a) si el riesgo o peligro era porque los testigos habían recibido amenazas antes del juicio para que no fueran a declarar al debate, se les podía prestar resguardo policial antes, durante y después del proceso, b) si el peligro radicaba en la posibilidad de que al declarar en el debate se descubriera su identidad, podría evitarse ese riesgo adoptando entre otras medidas que lo hicieran con el rostro cubierto o utilizando mecanismos para la distorsión de la voz. De los antecedentes se desprende que la Representación del Ministerio Público solicitó que se incorporan por lectura las declaraciones que rindieran en la audiencia inicial los testigos protegidos 1, 2 y A1, arguyendo que habían “sido amenazados por los imputados” y que habían “tenido que irse de sus lugares”, petición a la que accedió el Tribunal de instancia expresando que “de alguna manera los testigos han sido interceptados o amenazados motivo por el cual no han podido comparecer, en ese sentido no puede haber denuncia por ser testigos protegidos”. Una lectura detenida del expediente bajo estudio revela que desde los inicios del proceso se decretó la medida cautelar de prisión preventiva en contra del imputado K. F. (vid. Folio No. 142), sin que conste que la misma haya sido modificada en el transcurso del procedimiento, siendo oportuno señalar que al tenor de lo prescrito por el artículo 178 del Código Procesal Penal, entre otras circunstancias procede ordenar tal medida frente a la posible obstrucción de la investigación por parte del imputado, el riesgo fundado de que el imputado se reintegre a la organización delictiva a la que sospecha que pertenece y utilice los medios que ella le brinda para entorpecer la investigación o frente al riesgo fundado de que el imputado atente o ejecute actos de represalia en contra del acusador o denunciante. Del referido precepto se colige que la prisión preventiva por sí misma se constituye en una barrera dirigida a conjurar los peligros que con la finalidad de obstruir la acción de la justicia pudiera derivarse de actos intimidatorios realizados por los encartados en contra de los testigos cuya comparecencia se requiera en el debate. Por otro lado, el artículo 237 del Código Procesal Penal prevé una serie de medidas de protección de los testigos que se pueden adoptar cuando racionalmente exista un grave peligro para la persona o bienes del testigo, de su cónyuge o compañero de vida, o de un ascendiente, descendiente o hermano de cualquiera de ellos, como consecuencia del testimonio que ha de prestar, encontrándose entre ellas: a) que en las actuaciones no conste su nombre y demás datos que permitan su identificación y localización: b) que comparezcan para la práctica de las diligencias procesales utilizando cualquier procedimiento que imposibilite su identificación visual y c) que se fije como domicilio, a efecto de comunicaciones, la propia sede del órgano jurisdiccional interviniente, por cuyo conducto serán enviadas reservadamente a su destinatario. Finalmente mediante Decreto No. 63.-2007 del 28 de mayo de 2007 se aprobó la Ley de protección a testigos en el proceso penal que contempla varias medidas como son el alejamiento del lugar del riesgo, reubicación temporal o definitiva, cambio de identidad, modificación de rasgos físicos o otras que sean necesarias para garantizar la vida, así como la seguridad física, psicológica, laboral y la integridad de las personas que podrán ser adoptadas por el Director del Programa Nacional de Protección de Testigos en el Proceso Penal, y otras adicionales que el Fiscal de la Causa puede promover ante otras autoridades, como son las de índole policial dirigidas a: 1) el alejamiento inmediato del testigo y de su grupo familiar del lugar del riesgo, 2) vigilancia, monitoreo y patrullaje policial, 3) medios y modalidades de comunicación policial de emergencia; y d) acompañamiento del testigo por un agente policial (escolta), medidas penitenciarias, y medidas procesales jurisdiccionales, esto es: 1) métodos de distorsión de la voz o de aspecto físico y cualquier otro instrumento técnico que proteja la identidad y/o integridad física del testigo; 2) anonimato o resguardo de identidad y reserva de la misma, 3) video-conferencia, 4) garantía de preferencia en la tramitación del caso en el proceso jurisdiccional, asegurando su confidencialidad (vid. Arts. 11 y 12 de la Ley de Protección y Testigos en el Proceso Penal, así como también la Estrategia Provisional para la protección de testigos, peritos, víctimas y demás intervinientes en el proceso penal, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 30,557 del 27 de noviembre de 2004 que contempla las acciones que competen adoptarse en sede policial, fiscal o judicial para la protección de testigos). Sentado lo anterior, resulta ilustrativo lo que explica el procesalista español CUBILLO LOPEZ, al referirse a las declaraciones rendidas por testigos durante la etapa preparatoria del proceso, señalando que tales declaraciones siguen las reglas generales en materia de prueba testifical y para que alcancen valor probatorio habrán de reproducirse en la fase de enjuiciamiento…esto es: ante el tribunal sentenciador (inmediación), con eventual asistencia de personas distintas a las partes o sus representantes (publicidad), y en la presencia del acusado, con su Letrado, quien debe tener la oportunidad de interrogar al testigo (contradicción). Nada varía, pues, respecto a cualquier declaración efectuada durante la instrucción..añadiendo que “..no existe un régimen especial cuando se trata de un testigo que ha estado sujeto a medidas protectoras…de tal manera que los testigos protegidos deben comparecer al juicio, como cualquier otro, sin que su condición de tales determine una modificación del régimen ordinario de prueba, en el sentido de que pudiese considerarse que es suficiente con la declaración sumarial, liberándoles de la declaración personal en el juicio oral..el testigo protegido debe comparecer en el juicio oral para ratificar la declaración que efectuó durante la instrucción, y este testimonio será valorado…según las reglas del criterio racional..” El miedo o temor del testigo a las posibles represalias como consecuencia de su declaración no justifican, al menos legalmente, que aquél deje de comparecer…” El artículo 311 No. 2) del Código Procesal Penal autoriza la incorporación por lectura de los testimonios rendidos en la etapa preparatoria cuando sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en el acto del juicio oral. Sobre tal criterio resulta de utilidad para efectos de ilustración lo expuesto por FERNANDEZ ENTRALGO con citación de otros autores, cuando señala que “…para empezar, se distingue entre imposibilidad y dificultad (más o menos grave) de reproducción de la prueba. No representa escollo la imposibilidad absoluta –irremediable (<>), en la terminología de Roxin -de reproducción, la muerte, ignorado paradero o anomalía física o psíquica definitivamente inhabilitante para prestar declaración, o la destrucción del objeto sobre el que habría de practicarse la pericia, entrarían en este capitulo. En otras ocasiones, en cambio es posible practicar la prueba, pero se oponen obstáculos que o hacen especialmente difícil su práctica, o esta representaría una notable dilación. Se hace, entones preciso –como observa la profesora Barona Villar -ponderar los intereses en juego y optar entre la lectura sustantiva, o la suspensión del juicio para la práctica de la prueba. Una vez más, pueden suscribirse las sensatas palabras del profesor Asencio Mellado: En estos supuestos cabria… atender a diversos factores de manera singularizada y no sujetos a normas generales, tales como la duración previsible de la incomparecencia, la importancia de la declaración o su innecesariedad, el hecho penal enjuiciado, la situación personal del imputado, el interés económico de las victimas, y los perjuicios derivados de la espera en resumen, etc., que podían bien aconsejar el prescindir de la prueba, o bien la lectura en función del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y a los…. intereses de las victimas del delito…. Como antes lo explicamos, el Representante del Ministerio Público manifestó en la audiencia de debate que los testigos protegidos habían sido “sido amenazados por los imputados” y que habían “tenido que irse de sus lugares” lo que dio pie para que el Tribunal de instancia incorporara por lectura las declaraciones rendidas por los testigos protegidos 1, 2 y A1 en la etapa preparatoria, arguyendo que “de alguna manera los testigos han sido interceptados o amenazados motivo por el cual no han podido comparecer, en ese sentido no puede haber denuncia por ser testigos protegidos”. A criterio de esta Sala tal argumento no justifica la incorporación por lectura de tales testimonios, en tanto en cuanto que por un lado el Juzgador se ha basado en una mera manifestación verbal del fiscal, sin que resulte avalada por algún elemento probatorio, en el sentido de que los imputados perfectamente individualizados y guardando prisión hayan amenazado a los testigos para que no comparecieran a declarar en el debate. Por otro lado, tampoco consta de autos que los testigos protegidos a consecuencia de las supuestas amenazas hayan abandonado su lugar de residencia y se desconozca su paradero para los efectos de su citación a juicio. Finalmente, aún y cuando se hubiese acreditado de que los procesados hayan amenazado a los testigos, ya el ordenamiento jurídico establece una serie de mecanismos que aunque limitados en la práctica van más allá de la ocultación de los datos que permitan su identificación y que se dirigen a proteger la vida y la integridad física y psíquica de los testigos y sus parientes, como son entre otros la protección por parte de los agentes de seguridad del Estado (policías, miembros de la Fuerzas Armadas). No es de recibo el argumento de que por ser protegidos los testigos no pueden denunciar o poner en conocimiento de las autoridades competentes las amenazas que pudieran haber recibido, antes bien lo que corresponde hacer en tales casos es una acción mancomunada de los distintos operadores de justicia para que en sede policial, fiscal o judicial reciban la debida protección dentro de los parámetros expuestos en la normativa señalada con anterioridad. Por otro lado, el artículo 312 No. 3) del Código Procesal Penal prevé la posibilidad de suspender el debate cuando no comparezcan los testigos cuya intervención sea indispensable; de otro modo, se corre el riesgo de que en muchos otros casos similares al que ahora conocemos, la simple manifestación verbal del representante del ente acusador en el sentido de que los testigos han sido amenazados por los imputados y que por tal motivo han abandonado su lugar de residencia habitual, de pie para que sin haberse realizado previamente los esfuerzos necesarios para la protección y localización de los testigos que supuestamente han sido objeto de intimidación; de manera sistemática y reiterada se sacrifiquen las garantías esenciales de la publicidad, la contradicción y la inmediación al incorporar al debate y por lectura las declaraciones testificales rendidas en la etapa preparatoria, particularmente cuando las mismas sean esenciales, como sucede en el presente caso, habida cuenta que fueron las declaraciones de los testigos protegidos 1, 2 y A1 rendidas en la etapa preparatoria en las que se apoyó fundamentalmente el Juzgador de instancia para dictar un veredicto condenatorio en contra del encartado K. E. F. F.. De este modo, la Sala considera que la incorporación por lectura en el juicio oral de las declaraciones testificales tantas veces mencionadas se ha realizado con vulneración de las reglas previstas por el artículo 311 No. 2) del Código Procesal Penal y al mismo tiempo con vulneración de la garantía del debido proceso que consagra el artículo 90 párrafo segundo de la Constitución de la República.."
La
Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA
la sentencia que literalmente dice: “EN
NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito
Central, a los tres días del mes de marzo dos mil quince, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS, MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO en su calidad de Coordinador, JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ y
CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo de los Recursos
de Casación por Infracción de Ley, Infracción de Precepto Constitucional y
Quebrantamiento de Forma, interpuestos contra la sentencia de fecha veintiuno
de mayo de dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia del Departamento
de Olancho, mediante la cual falló:1)
CONDENANDO a los acusados K. E. F. F. Y R. D. C., a la pena de TREINTA (30) AÑOS DE RECLUSION por el
delito de ASESINATO SEGUIDO DE ROBO, en
perjuicio de S. S. M. Y S. E. M. V.. 2)
CONDENANDO a los acusados K. E. F. F.Y
R. D. C., a las penas accesorias de INHABILITACION
ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena.- 3) DECLARO la responsabilidad civil de
los acusados K. E. F. F. Y R. D. C.4) NO CONDENO en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio a los acusados K. E. F. F. Y R. D.O C. Interpusieron
los Recursos de Casación por Infracción
de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma el Abogado M. R. L. R., en su condición de
Defensor Privado del Señor K. E. F. F., el
Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por
Quebrantamiento de Forma, la
Abogada R. A. Z., en
su condición de Defensora Privada del Señor
R. D. C., y el Recurso de
Casación por Infracción de Ley, la
Abogada C. Y. A., en
representación del Ministerio Público. SON
PARTES: La Abogada I. A. F., Agente
de Tribunales del Ministerio Público; el Abogado M. R. L. ROSALES, Apoderado Defensor del acusado K. E. F. F.; y, la Abogada R. A. Z. A., Apoderada Defensora del imputado R. D. C., como partes recurrentes-recurridas. HECHOS PROBADOS “Este Tribunal
de Sentencia declara y estima los hechos probados siguientes: PRIMERO: Como a la una con
treinta minutos de la tarde del día sábado quince de diciembre del año dos mil
siete el señor S. S. M., quien se
desempeñaba como alcalde del municipio de Esquipulas del Norte, Olancho, se
dirigía en compañía del señor S. E. M. V., del municipio de la Unión, Olancho, hacia
el municipio de Esquipulas del norte, Olancho, en un vehículo doble cabina
color azul, año 2007, sin placa, marca frontier, cuando transitaban por el
lugar denominado la doble jurisdicción de Jano, cerca del caserío Las
Crucitas, a la orilla de la carretera se
encontraban seis personas entre ellas los ahora imputados K. E. F. F. y R. D. C., quienes mediante el uso de armas de fuego
de diferentes calibres, dispararon en dirección del vehículo en que se
conducían los señores S. S. M. y S. E. M.
V., causándoles varias heridas en diferentes partes del cuerpo las
que provocaron la muerte en el acto. SEGUNDO: Una vez que lograron dar muerte a los ahora occisos, los ahora
imputados K. E. F. Y R. D. C. y las
otras personas que los acompañaban procedieron a apoderarse de los objetos de
valor que portaban sus víctimas, entre estos objetos un arma de ruego tipo escopeta,
marca akkar, calibre 12 Gauge, serie: 7551293, propiedad de S. S. M.. TERCERO: La policía inició investigación y determinó que
entre los responsables de este hecho se encontraban los ahora imputados K. E. F. y R. D. C., por lo que
realizaron, operativos y allanamientos a las viviendas de los mismos en la
vivienda donde residía el acusado K. E.
F., encontraron el arma de fuego tipo escopeta, calibre 12, marca akkar,
serie 7551293 propiedad de S. S. M..”
C O N S I D
E R A N D O I.-
Los Recursos de Casación por Infracción
de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma el Abogado M. R. L. R., en su condición de
Defensor Privado del Señor K. E. F. F., el
Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por
Quebrantamiento de Forma, la
Abogada R. A. Z., en
su condición de Defensora Privada del Señor
R. D. C., y el Recurso de
Casación por Infracción de Ley, la
Abogada C. Y. A., en
su condición de Fiscal del Ministerio Público, reúnen los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su
admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o
improcedencia de los mismos.” II.- EL
RECURRENTE ABOGADO M. R. L. R., EN SU CONDICION DE DEFENSOR PRIVADO DEL SEÑOR K.
E. F. F., PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR INFRACCION A
PRECEPTO CONSTITUCIONAL Y POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA DE LA MANERA SIGUIENTE:”MOTIVO
DE CASASION. PRIMERO MOTIVO: LA INFRACCION
AL PRECEPTO CONSTITUCIONAL: Es cuando la sentencia viola un precepto constitucional, como es el
presente caso, el principio de nom bis in iden o principio de doble
juzgamiento, el cual dice: “Ninguna
persona podrá ser juzgada otra vez por los mismos hechos punibles que motivaron
anteriores enjuiciamientos”, ya que se basa en medios o elementos
probatorios incorporados y valorados en otro juicio, en el cual el imputado fue
absuelto. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 361 del Código Procesal
Penal, en relación al artículo 11 del mismo cuerpo legal y 95 párrafo segundo de la Constitución de la República. EXPLICACION DEL MOTIVO DE CASACION. Al
emitir la sentencia el juzgador, se basó en medios o elementos de prueba que
había sido incorporada y valorada en otro juicio, en el cual los imputados
habían sido absueltos, por lo cual se considera que hay una violación al
artículo 95 de la Constitución de la República, que
dice: “Ninguna persona podrá ser juzgada
otra vez por los mismos hechos punibles que motivaron anteriores
enjuiciamientos”, y al artículo 11 del Código Procesal Penal, el cual
señala: “Que ninguna persona podrá ser juzgada
nuevamente por los mismos hechos punibles que motivaron anteriores
enjuiciamientos, aunque se modifique su calificación o se aleguen nuevas
causas”. El quebrantamiento Constitucional, considero la produce el
Tribunal de Sentencia, en el numeral SEGUNDO
del Capítulo VALORACION DE LA PRUEBA, cuando que
dice: Una vez que lograron dar muerte a los ahora occisos, los ahora imputados
K. E. F. y R. D. C. y las otras personas que los acompañaban, procedieron a apoderarse de los objetos de valor que
portaban sus víctimas, entre estos objetos una arma de fuego tipo escopeta,
marca akkar, calibre 12 Gauge, serie 75511293, propiedad de S. S. M., en
relación al numeral PRIMERO, literales h) y j), del capitulo VALORACION
DE LA PRUEBA,
que el literal h), dice: Acta de decomiso o secuestro de un arma de
fuego, color negro, tipo escopeta, marca AKKAR, calibre 12 Gauge, serie:
75511293, firmada por el imputado K. E. F. F., que según relación de los hechos
del informe de investigación pertenecía al ahora occiso S. S. M.; y literal
J), dice: Acta de Secuestro de una arma de fuego, tipo fusil AK-47, serie BA
220288, firmada por el Imputado K. E. F., también en relación al párrafo
último, del numeral OCTAVO, del capítulo VALORACION INTELECTIVA, que dice: Es
así que al cotejar estas declaraciones con las diligencias de allanamiento,
captura y decomiso a los imputados K. E. F., y R. D. C., arribamos a la
lógica conclusión de participación y autoría de los delitos de ASESINATO
SEGUIDO DE ROBO, puesto que se determinó con las declaraciones de los testigos
protegidos y de la esposa del occiso S. S. M., que éste al momento de los hechos, portaba un arma tipo escopeta, color
negro, marca akkar, serie 7551293, misma que posteriormente fue encontrada en
poder del acusado K. E. F., si bien es cierto, que al relacionar la diligencia de allanamiento, decomiso de escopeta y captura
de los imputados, fácilmente se puede arribar a la lógica conclusión de
culpabilidad, pues en manera alguna los acusados han justificado el motivo de
la tenencia de dichas armas y siendo que la proximidad temporal y especial de
dicha tenencia del arma, al hechor de asesinato, seguido de robo, se
encuentra determinada, todo nos indica que la credibilidad de los testigos
protegidos, está respaldada con prueba adicional, como ser este hallazgo del
arma del occiso S. M., en poder de las personas que fueron identificadas por
los testigos protegidos y que son sujetos a enjuiciados en este proceso.
Señores magistrados, estos medios de prueba incorporados por el a quo al debate,
violan el principio constitucional de nom bis in idem o principio de doble
juzgamiento, estipulado en el párrafo segundo del artículo 95 de la Constitución
de la República
y el 11 del Código Procesal Penal, porque las acta de decomiso y secuestro, incorporadas
como medios de prueba al presente juicio, que se señala en el numeral segundo,
del Capitulo de Valoración de la
Prueba y en los literales h) y j), fueron extraídas o
pertenecen a los expedientes AP-048-2008 y AP-044- 2008, mismos que consistía en
otra causa que se les siguió a los imputados K. E. F. y R. D. C., por los
delitos de Portación Ilegal de Armas, en el cual se les dictó sentencia absolutoria, la cual se
encuentra firme, tal como se probó con el medio de prueba inspección que se
realizó a los expedientes antes mencionados, razón por la cual nuestro
representado, ya fue juzgado por ese hecho, es decir por el hecho de portar
esas armas, por lo tanto dichas actas en ningún momento debieron ser propuestas
por el Ministerio Público y ni admitidas como pruebas por el Tribunal
sentenciador, ya que tal causa ha adquirido el carácter de cosa juzgada, por lo
tanto si tales actas, no sirvieron o no fueron validas para probar las
responsabilidad penal o la culpabilidad de mi representado y del otro imputado,
en el delito de Portación Ilegal de Armas que se les imputó, como es que van a
ser validas o van a servir para probar la responsabilidad penal en el presente
juicio, ello aún independientemente del motivo por el cual fueron absueltos en
aquel expediente, por lo que si tales actas son invalidas o ilegales para aquel
juicio, también lo son para este, razón por la cual con ello se ha violado el
principio Constitucional de nom bis in
idem o principio de doble juzgamiento, en virtud de que al incorporar al
presente juicio, valorarlas y con ellas condenar a nuestro representado, se les
juzgó dos veces por los mismos hechos, ya que dichas actas fueron incorporadas
y valoradas en otro juicio, en el cual se les absolvió, tomando en cuenta que
tales actas de decomiso eran la prueba principal del delito de Portación Ilegal
de Armas, y en el presente juicio, según el a quo, son la prueba principal, que
vincula a nuestro representado con los delitos de Asesinato y Robo, por lo
tanto al incorporarse en forma ilegal las mencionadas actas de decomiso del
arma, desaparece toda conexión entre las armas y nuestro representado, y por lo
tanto no puede imputársele al señor K. D. F., el delito de asesinato, cometido
en contra de los señores S. S. M. y S. E. M. V.; en consecuencia, el a quo
realizó una mala valoración de la prueba, al decir en el capitulo de La Valoración
Intelectiva de las Pruebas, que la arma tipo escopeta, color
negro, marca akkar, serie 7551293, decomisado
a nuestro representado, era propiedad occiso, el señor K. E. F., S. S. M., en
consecuencia, al ser ilegalmente incorporadas al juicio dichas actas, nuestro
representado no tenía porqué justificar la tenencia de las armas, ya que tal
justificación la realizó en el expediente número AP-048-2008, que se le siguió
por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS, prueba de ello, es que fue
absuelto, por lo tanto el tribunal a quo, cometió un contundente error, al
condenar a mi representado: K. E.
F., a treinta años de reclusión, de manera injusta, arbitraria y alejada de
la verdad..ESTE DEFECTO QUEBRANTA LA CONSTITUCION EN SUS ARTICULOS: 95, párrafo segundo: Ninguna persona
puede ser juzgada por los mismos hechos punibles que motivaron anteriores
enjuiciamientos. 11 del Código Procesal Penal.- Prohibición de doble juzgamiento.
Ninguna persona podrá ser nuevamente juzgada por los mismos hechos punibles
que motivaron anteriores enjuiciamiento, aunque se modifique su calificación o
se aleguen nuevas circunstancias. PRETENCION
DE LA DEFENSA.La defensa pretende la nulidad del fallo condenatorio del señor: K.
E. F., debiendo la sala de lo penal, ordenar elaborar una nueva sentencia.” RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE
PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO
POR LA DEFENSA DEL
ENCARTADO K. E. F. F., ARGUYENDO
QUE AL DICTAR UNA SENTENCIA
CONDENATORIA, EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA
INCURRIDO EN VIOLACIÓN DEL NOM BIS IN IDEN O PROHIBICION DE DOBLE JUZGAMIENTO, AL FUNDAR LA SENTENCIA EN
MEDIOS O ELEMENTOS PROBATORIOS INCORPORADOS Y VALORADOS EN OTRO JUICIO, EN EL
CUAL EL IMPUTADO FUE ABSUELTO.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO
361 DEL CODIGO
PROCESAL PENAL. De
conformidad a lo previsto en el artículo 95 de la Constitución de la República,
ninguna persona podrá ser juzgada otra vez por los mismos hechos punibles que
motivaron anteriores enjuiciamientos. Dicho axioma, comporta una limitación muy
importante impuesta por la soberanía a los poderes del Estado, que en su tiempo
significó una preciosa conquista para la seguridad individual, hasta el punto
de que hoy integra el amplio espectro de los derechos que se le deben
garantizar a toda persona y aparece consignado con marcada vehemencia en los
diversos convenios y tratados internacionales sobre la materia. En fin, por
ello se señala que una vez decidida, con las formalidades legales, la
responsabilidad imputada en el proceso penal, las partes deben acatar la
resolución que le puso término, sin que les sea permitido, plantearlo de nuevo.
De lo contrario, la incertidumbre reinaría en la vida jurídica y la función
judicial resultaría menguada gravemente y sus fines no podrían lograrse. En el
proceso penal el juez se encuentra vinculado a la sentencia, por lo que se
encuentra obligado a no proferir nuevo pronunciamiento de fondo, una vez se que
ha conocido del mismo asunto mediante una sentencia anterior. Por ello se
afirma que la cosa juzgada penal tiene un efecto negativo, pues impide fallar
nuevamente. Este efecto negativo de la cosa juzgada se traduce en el principio
conocido como non bis in idem, según el cual nadie puede ser juzgado dos veces
por idéntico comportamiento. La expresión hecho debe entenderse como conducta
humana, mientras que la identidad alude a la persona (eadem personam), al
objeto (eadem re) y a la causa de persecución (eadem causa petendi) de lo
contrario no se podría hablar de identidad del hecho. En el caso bajo examen la
Defensa del imputado considera que al dictarse una condena en su contra por el
delito de asesinato seguido de robo, se ha vulnerado la prohibición de doble
juzgamiento que consagra el artículo 95 de nuestro Texto Fundamental. De
acuerdo a lo que se consigna en LA fundamentación intelectiva de la prueba,
durante el debate se incorporó por lectura la sentencia absolutoria dictada a
favor del imputado K. E. F. F. en la causa que se le siguiera por el delito de
portación ilegal de armas de fuego (vid. Folio No. 264 vuelto), sin embargo el
texto íntegro de la referida sentencia no consta incorporada en el expediente
que ahora nos ocupa, lo que impide a esta Sala verificar si efectivamente
concurre la identidad sobre el hecho alegada por el Censor. Es decir, no consta
que en el primer enjuiciamiento se haya juzgado al imputado por un delito de
robo u otra figura que se refiera al mismo comportamiento o conducta con una
calificación jurídica distinta y que ha tenido por objeto la misma arma de
fuego, siendo posible y no contrario a la prohibición constitucional que se
absuelva a una persona por un delito de portación ilegal de armas de fuego, y
que posteriormente surjan elementos de investigación en virtud de los cuales se
acredite que esa misma arma fue objeto
de un delito de robo en el que ha tenido participación el encartado, tomando en
cuenta que se puede portar ilegalmente un arma de fuego al margen o con
independencia de que haya sido o no adquirida como producto de un delito contra
la propiedad. Otra cosa es lo que alega la Defensa en cuanto a que las actas de
incautación o decomiso del arma incautada pudieran carecer de validez, en cuyo caso el recurrente ha debido encauzar
su denuncia por la vía que prevé el artículo 362 No. 2) del Código Procesal
Penal. De este modo y no resultando acreditada de manera fehaciente la
identidad en cuanto a la causa de persecución entre el primero y segundo
enjuiciamiento, el presente motivo formulado por el Censor ha de ser
desestimado. III.-
EL RECURRENTE ABOGADO M. R. L. R., SIGUE MANIFESTANDO EN SU SEGUNDO MOTIVO:” EL QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: Es cuando en la sentencia se basa en medios o
elementos probatorios incorporados por su lectura en violación a normas
contenidas en el Título IV, del libro Segundo de éste Código, lo cual trae como
consecuencia la inobservancia de los principios rectores del juicio oral y
publico, como ser los principios de oralidad, inmediación y contradicción. PRECEPTO AUTORIZANTE:
Artículo 362 numerales 2, párrafo segundo y 5 del Código Procesal Penal, en relación a los artículos 4, 310
y 311, numeral 2 del mismo cuerpo legal. EXPLICACION DEL MOTIVO DE
CASACION. Al emitir la sentencia el juzgador, se basó en medios o
elementos de prueba incorporados por su lectura, violando lo estipulado en los
artículos 4, 310 y 311, numeral 2 del Código Procesal Penal, ya que tal
situación trae como consecuencia la inobservancia de las normas establecidas
para el juicio oral y público, como ser el de oralidad, inmediación y el
contradicción, por lo cual se considera que hay un quebrantamiento de forma, a
la luz del articulo 362 numeral 2, párrafo segundo del Código Procesal Penal.
El quebrantamiento de forma considero la produce el Tribunal de Sentencia, en
el numeral PRIMERO del Capítulo VALORACION DE LA PRUEBA, que dice: La
prueba del Ministerio Público consistió en la incorporación por lectura de las
declaraciones que en audiencia inicial rindieron los testigos protegidos con
las claves 1, 2, y AL, que obran a folios 95, 96, 97, 98 y 99 de las actuaciones, declaraciones cuya
incorporación se justificó en la imposibilidad que tuvieron los testigos para
comparecer al debate, debido al riesgo o peligro para sus vidas, lo que se
consideró coherente con la figura de protección de testigos utilizadas desde el
inicio de las actuaciones”. Como podrán apreciar señores magistrados, el
fundamento o justificación que señala el Tribunal de Sentencia, al admitir la
incorporación por lectura las declaraciones que en audiencia inicial rindieron
los testigos protegidos clave 1, 2 y AL, alegando en la imposibilidad que
tuvieron para comparecer al debate, debido al riesgo o peligro para sus vidas, no
es justificable por ser la misma escueta, subjetiva y demás
inverosímil, por la siguiente razón: Porque en ningún momento el Ministerio
Público, señaló o aclaró la forma en que se ponía en riesgo o peligro la vida
de los testigos al comparecer al debate, lo cual debió de aclararse o
realizarse de la siguiente forma: a).-
Si el riesgo o peligro era porque los testigos habían recibido amenazas antes
del juicio para que no fueran a declarar en el debate; b).- Si el riesgo o peligro era porque al momento de declarar en el
debate, existía la posibilidad de que se descubriera su identidad; y s el
riesgo era el señalado en el literal a),
tal situación se hubiera solventado con resguardo policial para los testigos
antes, durante y después del proceso; y si el riesgo era el señalado en el
numeral b), tal situación se
solventaba con el método de distorsión de vos u otra medida de protección de
identidad, además de que los testigos iban a comparecer al debate con el rostro
cubierto, por lo que las posibilidades de que su identidad se descubriera, eran
mínimas o nulas. En ambos casos, tal situación debió ser comprobada por el
Ministerio Público y no debió solo a limitarse a decir que los testigos no
podía comparecer al juicio porque sus integridad física o vidas estaban en
peligro, comprobación que debió hacerlo (por ejemplo), mediante expediente o nota
dirigida al testigo, de ofrecimiento de Admisión al Programa de Protección al
Testigo, en la cual se negaran a ser admitidos al Programa, tal como lo señala
el artículo 05 de Código
Procesal Penal y la Ley
de Protección al Testigo, ya que si los testigos manifestaron que estaban
siendo amenazados para obligarlos a no ir a declarar en el debate, mismas que
ponían en riesgo o peligro sus vidas, el Ministerio Público estaba en la
obligación ineludible, de ofrecerle el Programa de Protección de Testigo u adoptar
otras medida para su integridad física y con ello también asegurar la
comparecencia del testigo al debate o mediante expediente de declaración
rendida ante el mismo Ministerio Público, en al cual manifestaran que estaban
siendo amenazados para no ir a declarar, razón por la cual no iban a comparecer
al debate, situaciones que ni una y ni la otra sucedió, además de que tal
circunstancia era o es creíble, ya que dichos testigos se encontraban amparados
en el sistema de testigos protegidos, lo que significa que la única persona que
sabía de la identidad de los mismos, era la representante del Ministerio
Público.- Entonces como es posible que dichos testigos hayan sido amenazados,
si solamente dicha representante del ente Fiscal, sabía quienes eran, razón por
la cual resulta inverosímil la justificación invocada por el Ministerio
Público, de que la vida e integridad física de los testigos se encontraban en
riesgo, no obstante, si hubiera sido cierto, quiere decir que el sistema de
administración de justicia no puede garantizar la integridad física o la vida
de un testigo y la de su familia, por lo que no tiene razón de ser, la figura
de testigos protegidos, ya que de una u otra forma se va a saber su identidad y
domicilio, para que los imputados o cualquier persona los puedan amenazar o
intimidar para la no comparecencia en juicio, por lo que mas bien esa figura,
es una amenaza para la integridad física y vida de los testigos. Por lo
anteriormente expuesto, se comprueba que la justificación alegada por el Ministerio
Público, para la incorporación mediante lectura de las declaraciones
testificales rendidas en audiencia inicial, no es válida, ni justificable y
además inverosímil, y ni fue comprobada en el juicio, razón por la cual hay
violaciones a las normas contenidas en el Título IV, del Libro segundo de éste
Código, como ser que se violó los principios rectores del juicio oral y
público, como ser el de oralidad, lo cual señala que los testigos deben
de comparecer al debate para que personalmente el juez y a las partes, puedan escuchar de vida
vos, la deposición de los mismos, y con ello formase una idea o convicción de
que es cierto o es falso, lo que están narrando; el de inmediación, el
cual le permite al juez y a las partes escuchar personalmente y de viva vos, la
deposición de los testigos; y de contradicción, con lo cual le permite a
las partes y al jurado, interrogar a los testigos, en aspectos que consideren
oportuno para poder verificar la veracidad de sus declaración, por lo que con
la lectura de las actas de las declaraciones de los testigos que rindieron en
la audiencia inicial el Tribunal de Sentencia, construyó un cuadro fáctico
alejado de la verdad, al tener como hecho probado, las declaraciones de los
testigos cuyas declaraciones son contradictorios entre sí y que también son
escuetas, ya que no son precisos al narrar los hechos, típico de un testigo
mentiroso, por lo que el tribunal a quo, cometió un contundente error de hecho,
al condenar a mi representado: K. E. F.,
a treinta años de reclusión, de manera injusta , arbitraria y alejada de la
verdad…ESTE DEFECTO QUEBRANTA LA FORMA PROCESAL EN SUS ARTICULOS: 04. Principio de Contradicción. Salvo
que el presente Código señale otro procedimiento, el juicio será oral y público
y en él regirá los principios de contradicción…310. Oralidad del juicio. Las
declaraciones del imputado, de los testigos, peritos y demás
intervinientes que se produzcan en el debate, así como las resoluciones y
sentencias que dicte el respectivo Tribunal, serán orales. 311. Lecturas
autorizadas. Excepcionalmente podrán ser incorporadas al juicio por lectura
que hará el secretario: 1)..., 2).- Los testimonios o pericias practicadas
durante la etapa preparatoria, cuando sea imposible o extraordinariamente
difícil su reproducción; 3)…PRETENCION
DE LA DEFENSA. La defensa pretende la nulidad del fallo condenatorio
del señor: K. E. F. F., debiendo
la sala de lo penal, dictar una nueva sentencia.” RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA
INTERPUESTO POR LA DEFENSA
DEL ENCARTADO K. E. F. F., ARGUYENDO QUE LA SENTENCIA CONDENATORIA, SE
BASA EN MEDIOS O ELEMENTOS PROBATORIOS INCORPORADOS POR LECTURA EN VIOLACIÓN A
NORMAS CONTENIDAS EN EL TÍTULO IV, DEL LIBRO SEGUNDO DEL CODIGO PROCESAL PENAL,
LO CUAL TRAE COMO CONSECUENCIA LA INOBSERVANCIA DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL
JUICIO ORAL Y PUBLICO, COMO SON LOS PRINCIPIOS DE ORALIDAD, INMEDIACIÓN Y
CONTRADICCIÓN.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO
362 No. 2) y 5) DEL
CODIGO PROCESAL PENAL. El
Censor expone que se incorporaron por lectura las declaraciones que en la etapa
preparatoria habían rendido los testigos protegidos identificados como 1, 2 y
A1, con violación de las normas contenidas en el Título IV, del Libro Segundo
del Código Procesal Penal, en tanto cuanto que dicha incorporación fue autorizada
por el Tribunal de instancia solamente con la manifestación del Representante
del Ministerio Público en el sentido de que su comparecencia en el debate se
había tornado imposible ante el riesgo o peligro para sus vidas, argumento que
además de no haberse acreditado es injustificado ya que tal peligro se ha
podido conjurar por dos vías: a) si el riesgo o peligro era porque los testigos
habían recibido amenazas antes del juicio para que no fueran a declarar al
debate, se les podía prestar resguardo policial antes, durante y después del
proceso, b) si el peligro radicaba en la posibilidad de que al declarar en el
debate se descubriera su identidad, podría evitarse ese riesgo adoptando entre
otras medidas que lo hicieran con el rostro cubierto o utilizando mecanismos
para la distorsión de la voz. De los antecedentes se desprende que la
Representación del Ministerio Público solicitó que se incorporan por lectura
las declaraciones que rindieran en la audiencia inicial los testigos protegidos
1, 2 y A1, arguyendo que habían “sido amenazados por los imputados” y que
habían “tenido que irse de sus lugares”, petición a la que accedió el Tribunal
de instancia expresando que “de alguna manera los testigos han sido
interceptados o amenazados motivo por el cual no han podido comparecer, en ese
sentido no puede haber denuncia por ser testigos protegidos”. Una lectura
detenida del expediente bajo estudio revela que desde los inicios del proceso
se decretó la medida cautelar de prisión preventiva en contra del imputado K. F.
(vid. Folio No. 142), sin que conste que la misma haya sido modificada en el
transcurso del procedimiento, siendo oportuno señalar que al tenor de lo
prescrito por el artículo 178 del Código Procesal Penal, entre otras
circunstancias procede ordenar tal medida frente a la posible obstrucción de la
investigación por parte del imputado, el riesgo fundado de que el imputado se
reintegre a la organización delictiva a la que sospecha que pertenece y utilice
los medios que ella le brinda para entorpecer la investigación o frente al
riesgo fundado de que el imputado atente o ejecute actos de represalia en
contra del acusador o denunciante. Del referido precepto se colige que la
prisión preventiva por sí misma se constituye en una barrera dirigida a
conjurar los peligros que con la finalidad de obstruir la acción de la justicia
pudiera derivarse de actos intimidatorios realizados por los encartados en
contra de los testigos cuya comparecencia se requiera en el debate. Por otro
lado, el artículo 237 del Código Procesal Penal prevé una serie de medidas de
protección de los testigos que se pueden adoptar cuando racionalmente exista un
grave peligro para la persona o bienes del testigo, de su cónyuge o compañero
de vida, o de un ascendiente, descendiente o hermano de cualquiera de ellos,
como consecuencia del testimonio que ha de prestar, encontrándose entre ellas:
a) que en las actuaciones no conste su nombre y demás datos que permitan su
identificación y localización: b) que comparezcan para la práctica de las diligencias
procesales utilizando cualquier procedimiento que imposibilite su
identificación visual y c) que se fije como domicilio, a efecto de
comunicaciones, la propia sede del órgano jurisdiccional interviniente, por
cuyo conducto serán enviadas reservadamente a su destinatario. Finalmente
mediante Decreto No. 63.-2007 del 28 de mayo de 2007 se aprobó la Ley de
protección a testigos en el proceso penal que contempla varias medidas como son
el alejamiento del lugar del riesgo, reubicación temporal o definitiva, cambio
de identidad, modificación de rasgos físicos o otras que sean necesarias para
garantizar la vida, así como la seguridad física, psicológica, laboral y la
integridad de las personas que podrán ser adoptadas por el Director del
Programa Nacional de Protección de Testigos en el Proceso Penal, y otras
adicionales que el Fiscal de la Causa puede promover ante otras autoridades,
como son las de índole policial dirigidas a: 1) el alejamiento inmediato del
testigo y de su grupo familiar del lugar del riesgo, 2) vigilancia, monitoreo y
patrullaje policial, 3) medios y modalidades de comunicación policial de
emergencia; y d) acompañamiento del testigo por un agente policial (escolta),
medidas penitenciarias, y medidas procesales jurisdiccionales, esto es: 1)
métodos de distorsión de la voz o de aspecto físico y cualquier otro
instrumento técnico que proteja la identidad y/o integridad física del testigo;
2) anonimato o resguardo de identidad y reserva de la misma, 3)
video-conferencia, 4) garantía de preferencia en la tramitación del caso en el proceso jurisdiccional, asegurando su
confidencialidad (vid. Arts. 11 y 12 de la Ley de Protección y Testigos en el
Proceso Penal, así como también la Estrategia Provisional para la protección de
testigos, peritos, víctimas y demás intervinientes en el proceso penal,
publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 30,557 del 27 de noviembre de 2004
que contempla las acciones que competen adoptarse en sede policial, fiscal o
judicial para la protección de testigos). Sentado lo anterior, resulta
ilustrativo lo que explica el procesalista español CUBILLO LOPEZ, al referirse a las declaraciones rendidas por
testigos durante la etapa preparatoria del proceso, señalando que tales
declaraciones siguen las reglas generales en materia de prueba testifical y
para que alcancen valor probatorio habrán de reproducirse en la fase de
enjuiciamiento…esto es: ante el tribunal sentenciador (inmediación), con
eventual asistencia de personas distintas a las partes o sus representantes
(publicidad), y en la presencia del acusado, con su Letrado, quien debe tener
la oportunidad de interrogar al testigo (contradicción). Nada varía, pues,
respecto a cualquier declaración efectuada durante la instrucción..añadiendo
que “..no existe un régimen especial cuando se trata de un testigo que ha
estado sujeto a medidas protectoras…de tal manera que los testigos protegidos
deben comparecer al juicio, como cualquier otro, sin que su condición de
tales determine una modificación del
régimen ordinario de prueba, en el sentido de que pudiese considerarse que es
suficiente con la declaración sumarial, liberándoles de la declaración personal
en el juicio oral..el testigo protegido debe comparecer en el juicio oral para
ratificar la declaración que efectuó durante la instrucción, y este testimonio
será valorado…según las reglas del criterio racional..” El miedo o temor del
testigo a las posibles represalias como consecuencia de su declaración no
justifican, al menos legalmente, que aquél deje de comparecer…”[1] El artículo 311 No. 2) del Código Procesal
Penal autoriza la incorporación por lectura de los testimonios rendidos en la
etapa preparatoria cuando sea imposible o extraordinariamente difícil su
reproducción en el acto del juicio oral. Sobre tal criterio resulta de utilidad
para efectos de ilustración lo expuesto por FERNANDEZ ENTRALGO con citación de
otros autores, cuando señala que “…para empezar, se distingue entre
imposibilidad y dificultad (más o menos grave) de reproducción de la prueba. No
representa escollo la imposibilidad absoluta –irremediable (<>), en la
terminología de Roxin -de reproducción, la muerte, ignorado paradero o anomalía
física o psíquica definitivamente inhabilitante para prestar declaración, o la
destrucción del objeto sobre el que habría de practicarse la pericia, entrarían
en este capitulo. En otras ocasiones, en cambio es posible practicar la prueba,
pero se oponen obstáculos que o hacen especialmente difícil su práctica, o esta
representaría una notable dilación. Se hace, entones preciso –como observa la
profesora Barona Villar -ponderar los
intereses en juego y optar entre la lectura sustantiva, o la suspensión del
juicio para la práctica de la prueba. Una vez más, pueden suscribirse las
sensatas palabras del profesor Asencio Mellado: En estos supuestos cabria… atender a
diversos factores de manera singularizada y no sujetos a normas generales,
tales como la duración previsible de la incomparecencia, la importancia de la
declaración o su innecesariedad, el hecho penal enjuiciado, la situación
personal del imputado, el interés económico de las victimas, y los perjuicios
derivados de la espera en resumen, etc., que podían bien aconsejar el
prescindir de la prueba, o bien la lectura en función del derecho a un proceso
sin dilaciones indebidas y a los…. intereses de las victimas del delito….[2] Como antes lo
explicamos, el Representante del Ministerio Público manifestó en la audiencia
de debate que los testigos protegidos habían sido “sido amenazados por los
imputados” y que habían “tenido que irse de sus lugares” lo que dio pie para
que el Tribunal de instancia incorporara
por lectura las declaraciones rendidas por los testigos protegidos 1, 2 y A1 en
la etapa preparatoria, arguyendo que “de alguna manera los testigos han sido
interceptados o amenazados motivo por el cual no han podido comparecer, en ese
sentido no puede haber denuncia por ser testigos protegidos”. A criterio de
esta Sala tal argumento no justifica la incorporación por lectura de tales
testimonios, en tanto en cuanto que por un lado el Juzgador se ha basado en una
mera manifestación verbal del fiscal, sin que resulte avalada por algún
elemento probatorio, en el sentido de que los imputados perfectamente
individualizados y guardando prisión hayan amenazado a los testigos para que no
comparecieran a declarar en el debate. Por otro lado, tampoco consta de autos
que los testigos protegidos a consecuencia de las supuestas amenazas hayan
abandonado su lugar de residencia y se desconozca su paradero para los efectos
de su citación a juicio. Finalmente, aún y cuando se hubiese acreditado de que
los procesados hayan amenazado a los testigos, ya el ordenamiento jurídico
establece una serie de mecanismos que aunque limitados en la práctica van más
allá de la ocultación de los datos que permitan su identificación y que se
dirigen a proteger la vida y la integridad física y psíquica de los testigos y
sus parientes, como son entre otros la protección por parte de los agentes de
seguridad del Estado (policías, miembros de la Fuerzas Armadas). No es de
recibo el argumento de que por ser protegidos los testigos no pueden denunciar
o poner en conocimiento de las autoridades competentes las amenazas que
pudieran haber recibido, antes bien lo que corresponde hacer en tales casos es
una acción mancomunada de los distintos operadores de justicia para que en sede
policial, fiscal o judicial reciban la debida protección dentro de los
parámetros expuestos en la normativa señalada con anterioridad. Por otro lado,
el artículo 312 No. 3) del Código Procesal Penal prevé la posibilidad de
suspender el debate cuando no comparezcan los testigos cuya intervención sea
indispensable; de otro modo, se corre el
riesgo de que en muchos otros casos similares al que ahora conocemos, la simple
manifestación verbal del representante del ente acusador en el sentido de que
los testigos han sido amenazados por los imputados y que por tal motivo han
abandonado su lugar de residencia habitual, de pie para que sin haberse
realizado previamente los esfuerzos necesarios para la protección y
localización de los testigos que supuestamente han sido objeto de intimidación;
de manera sistemática y reiterada se sacrifiquen las garantías esenciales de la
publicidad, la contradicción y la inmediación al incorporar al debate y por
lectura las declaraciones testificales rendidas en la etapa preparatoria,
particularmente cuando las mismas sean esenciales, como sucede en el presente
caso, habida cuenta que fueron las declaraciones de los testigos protegidos 1,
2 y A1 rendidas en la etapa preparatoria
en las que se apoyó fundamentalmente el Juzgador de instancia para
dictar un veredicto condenatorio en contra del encartado K. E. F. F.. De este
modo, la Sala considera que la incorporación por lectura en el juicio oral de
las declaraciones testificales tantas veces mencionadas se ha realizado con
vulneración de las reglas previstas por el artículo 311 No. 2) del Código
Procesal Penal y al mismo tiempo con vulneración de la garantía del debido
proceso que consagra el artículo 90 párrafo segundo de la Constitución de la
República. Por todas las razones anteriormente expuestas, el presente motivo ha
de ser declarado con lugar, con efecto extensivo a favor del coimputado R. D. C.,
por encontrarse en las mismas circunstancias (vid. Artículo 349 del Código
Procesal Penal). IV.-
EL RECURRENTE ABOGADO M. R. L. R., SIGUE MANIFESTANDO EN SU TERCER MOTIVO: “EL QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: Es cuando la sentencia no se observan las reglas de
la sana crítica en la valoración de la prueba o se deja de considerar o valorar
alguna prueba de valor decisivo. PRECEPTO
AUTORIZANTE: El presente motivo se encuentra comprendido en el
artículo 362 numeral 2, párrafo último y numeral 3, párrafo último, del Código
de Procesal Penales, en relación al artículo 202 y 339 del mismo cuerpo legal.
Para desarrollar este motivo, es necesario recordar algunos aspectos
importantes sobre fundamentación y las reglas de la SANA CRITICA que dan
contenido al sistema de valoración probatorio ordenado en el Código Procesal
Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO DE
CASACION. Conforme al artículo 202 del Código Procesal Penal, el
sistema de valoración autorizado es el de la sana crítica, por lo que la
estructura de la sentencia es definida en el artículo 339 del mismo cuerpo
legal, en tanto esa sentencia es el juicio de valor emitido por el tribunal a
quo, en el cual el si considera que no hay prueba suficiente o que hay duda
razonable, debe dictar sentencia absolutoria a favor del imputado.- La
sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los
hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica y sobre la cual
se realiza aquel ejercicio valorativo.- Ese cuadro fáctico se sustenta en un
acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria,
dividida en descriptiva e intelectiva.- La primera implica para el tribunal,
señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para
efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto
entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio
luego de esta fundamentación probatoria descriptiva, el tribunal debe de
decidir en sentencia la apreciación de los medios de prueba, o sea, la
fundamentación intelectiva.- En ese apartado el juzgador debe de explicar
porqué, un medio probatorio merece fe y no otro; además, porqué un elemento de
prueba u otro le lleva a una conclusión determinada.- Sobre este fundamento
intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las
reglas de la sana crítica.- Por eso, como lo ha reconocido la jurisprudencia
costarricense, debe considerarse que todo problema de violación de las normas
del correcto entendimiento humano es un problema de fundamentación jurídica,
las reglas a que nos referimos son las de la experiencia a psicología y la
lógica.- Las primeras se refieren al conocimiento que un hombre común tiene
sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la
condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el limite de éstos
son el conocimiento técnico especializado; La de la Psicología se relacionan
con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia; Las
reglas de la lógica implican que el ejercicio intelectivo del juzgador debe
guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad
de una razón y justificación adecuada para ser verdad). La coherencia manda la
aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido.
La derivación induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente
(las afirmaciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre
ellas), verdadera (razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y
suficientes (los elementos bases de las conclusiones valorativas deben ser
aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se
juzga. Vista la fundamentación fáctica y probatoria de la sentencia recurrida,
esta defensa del señor K. E. F., encuentra violación a las
reglas del recto entendimiento humano (sana crítica) por los siguientes
aspectos: Manda el artículo 202 del Código Procesal Penal, que el juzgador
forme su convicción valorando de acuerdo a las reglas de la sana crítica y en
forma conjunta y armónica toda la prueba producida.- En el presente caso el
Tribunal a quo, violó lo que es las reglas de la sana crítica al darle
credibilidad a los testigos de cargo, los cuales rindieron su declaración en
audiencia inicial, mediante el sistema de testigos protegidos, identificados
con las claves 1, 2 y Al, por las razones siguientes: Porque le da credibilidad
a las declaraciones de dichos testigos, que son contradictorias entre sí y
además escuetas.- Contradicción siguientes: a) El testigo clave 1, que iban con
un amigo para las Crucitas, mientras que el testigo clave 2, dijo que iban para
la Comunidad de los Pozas; b).- El también testigo clave 1, dijo que salieron
para adelante, mientras el testigo clave 2, dijo que salieron para atrás,
contradicciones que el a quo, las justifica con el hecho de que se debe a la
capacidad de asimilación de las personas de zonas rurales, lo cual no es
cierto, ya que tal aspecto no justifica tales contradicciones, aunado a ello,
que el testigo 2, dice que iban a buscar unos semovientes, lo cual no son
palabras o expresiones de las personas de esas zonas, por lo que debido a su
bajo nivel educativo, ya que solo se dicen vacas, cuando se van a referir a un
semoviente, pues la palabra semoviente es una palabra científica, que solo
generalmente solo es referida por expertos en la materia, por lo tanto esas
declaraciones violan los principios de la lógica, la experiencia común y el de
la psicología; además otra situación esta fuera de la lógica, es que ambos los
testigos, dicen que corrieron por el monte, cuando salieron allá, uno de ellos
dijo que escucharon un bus y el otro dijo que en eso se aproximaba un bus, y
ambos se montaron a él, lo que significa que las personas que iban dentro de
él, no se bajaron para auxiliar al alcalde, es decir que solo vieron el hecho e
inmediatamente se fueron, lo cual esta fuera de todo contexto de la lógica y de
la máxima de la experiencia, pues es sabido qué, o mejor dicho la máxima de la
experiencia nos dice o enseña qué, cuando hay un accidente, aun en el caso de
que no conozcan a las víctimas, las personas se paran a ver lo que sucede o a
auxiliar a los accidentados, y no
digamos si eran personas de esos lugares, que es casi seguro que eran
conocidas de la mayoría de los que iban en el bus, y aún mas tomando en cuenta
que uno de los ofendidos era Alcalde, que por su condición de personajes
políticos y públicos, son personas muy populares en sus comunidades y
alrededores, por lo que es casi seguro, que de haber sido cierto, tal situación
hubiera ocasionado conmoción entra las personas que iban en el bus, por lo que
tal ayuda, hubiera tardado no menos de una hora, y tomando en cuenta que los
imputados desde el momento que sucedió el hecho, hasta que salieron a la calle,
recorrieron aproximadamente un kilómetro, el cual lo realizaron en cinco
minutos, tal como lo mencionan ellos, por lo que no concuerda con el tiempo en
que empezaron a correr y llegar a la calle, con el tiempo que pasó el bus, pues
el bus es casi seguro, que desde que ocurrió el hecho, al auxiliar a las
víctimas, se tardó no menos de una hora, además que ello significa que el bus
casi o inmediatamente o al mismo tiempo, iba pasando cuando le dispararon a los
ofendidos, que hasta pudieron ver el hecho y a los hechores, razón por la cual
la versión de los testigos protegidos, denominados clave 1 y 2, no es creíble,
y por ello, viola los principios de la lógica, la psicología y de la máxima de
la experiencia; b).- También la declaración del testigo clave A-1, es
inverosímil, violatoria de los principios de la lógica y de la psicología, al
decir: “y ví que los cuerpos
estaba cerca de la paila y el otro retirado, en la parte del carro habían
cuatro personas que estaban armadas, y en el otra lado habían dos”, ya que
si el testigo A-1, vio a los imputados, es completamente seguro que los
hechores también lo vieron a él, ello tomando en cuenta que el llegó al lugar
de los hechos en vehículo, haciendo ruido y polvo, es decir que no lo hizo en
forma sigilosa, por lo que si hubiera sido cierto tal situación, es
completamente seguro, que el fuera otro de los muertos, porque los hechores es
seguro que lo hubieran matado en ese momento también a él o en su defecto otro
día, ya que si el testigo los conocía, es seguro que también los hechores lo
conocían a él, ya que las personas que viven en los pueblos se conocen todos,
por lo pequeños que son estos, ello tomando en cuanta, que en este tipo de
delitos, los hechores tratan de no ser vistos, pues sus fechorías las hacen en
lugares alejados (tal como fue el caso), y si alguien los mira a ellos y si
ellos saben que los vieron, es seguro que también van a matar o darle muerte a
ese testigo, para que no los delate, pues esta en juego su libertad y hasta sus
vidas, además, tan tontos o confiados fueron los hechores, al dejarse ver del
testigos protegido A-l, pues sería ilógico creer que fue que no vieron o
escucharon (bien por el sonido o por el polvo de la calle de tierra),de largo
el vehículo llegar, para no haberse escondido o no quedarles tiempos de haberse
escondido, por lo cual, la versión que da el testigo clave A-1, es inverosímil,
mas bien con ello se infiere que son testigos mentirosos y preparados, por lo
tanto viola los principios de la lógica, la psicología y la experiencia común.
Por otro lado, el Tribunal a quo dejó de valorar las declaraciones de mi
representado, quien señaló que el día que lo capturó la policía no le decomisó
ninguna arma, y que el día y hora que mataron a los ofendidos se encontraba en
EL Municipio La Unión,
Departamento de Olancho, cobrando un cheque, de CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.5,000.00), declaración que
fue corroborada por los testigos de descargo, mismas que son concordantes entre
si, como ser el de los señores L. P. D. Z., J. A. F., Y. G. R. y H. R. C., y
que el hecho de que son familiares y amigos, eso en ningún momento desacredita
dichas declaraciones, en vista de que quienes tienen mas posibilidades de saber
que hacen, con quien y donde se encuentran las personas, son sus mismos
familiares, ya que con ellas es que se convive, y no un extraño, pues lo que
debe desacreditar a un testigos, son sus declaraciones discordantes, situación
que no se ha dado con los testigos de descargo, sino mas bien con los de
descargo, quienes aquellos fueron contradictorios, evasivos entre si. Por lo
anteriormente expuesto, al ser las declaraciones testificales de los testigos
protegidos, identificados con las claves 1, 2 y A- 1, incongruentes,
inverosímiles e ilógicos, con lo cual se prueba que no hay prueba que vincule a
nuestro representado, en los delitos de ASESINATO y ROBO, en perjuicio de los
señores S. S. M. y S. E. M. V., es que el a quo debió de haber dictado una
sentencia absolutoria, en atención a una duda razonable. ESTE VICIO SE ENCUENTRA EN EL NUMERAL CUARTO DE LOS
HECHOS PROBADOS Y EN EL HECHO
PRIMERO DE LA VALORACION
DE LA PRUEBA,
para demostrar la violación de los principios de la sana critica,
basta con leer la declaración de los testigos protegidos de cargo,
identificados con las claves 1, 2 y A-l, rendidas en la audiencia inicial. ESTE DEFECTO QUEBRANTA LA FORMA PROCESAL EN SUS ARTICULOS: 202.-Valoración de las pruebas.
La sana crítica.- Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana
crítica. 339: Resolución.- Si el tribunal considera que no hay pruebas
suficientes para condenar al imputado, dictará sentencia absolutoria; asimismo,
absolverá en caso de duda razonable. La defensa pretende la nulidad del fallo
condenatorio del señor: K. E. F. F., debiendo la sala de lo penal,
dictar una nueva sentencia.” RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA
INTERPUESTO POR LA DEFENSA
DEL ENCARTADO K.
E. F., ARGUYENDO QUE AL DICTAR UNA
SENTENCIA CONDENATORIA, EL TRIBUNAL DE INSTANCIA NO HA
OBSERVADO LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA EN LA VALORACIÓN DE
LA PRUEBA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 3)DEL CODIGO PROCESAL PENAL.
Al haber prosperado el primer motivo de casación por quebrantamiento de
forma planteado por la Defensa del imputado K. E. F. F., esta Sala considera
que no resulta pertinente pronunciarse sobre el presente motivo formulado por
la Defensa del encausado antes mencionado. V.- LA RECURRENTE ABOGADA
R. A. Z., EN SU CONDICION DE DEFENSORA
PRIVADA DEL SEÑOR R. D. C., PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR
INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL Y POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA DE LEY DE LA MANERA SIGUIENTE:”EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE
PRECEPTO CONSTITUCIONAL.
MOTIVO UNICO: Infracción por violación de los artículos 82 y 90 de la Constitución
de la República,
citado en relación con los artículos 4, 1,8,
12, 13, 14 y 3l1 numerales 2) del Código Procesal Penal. PRECEPTO
AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el
Artículo 3I del Código Procesal Penal.EXPLICACION DEL MOTIVO. Los preceptos
Constitucionales y procesales citados; corno infringidos por violación
textualmente prescriben: El artículo 2 Constitucional en su parte
conducente dice: “El Derecho de Defensa es inviolable.-...” Artículo 90 Constitucional, párrafo primero en
su parte conducente prescribe: “Nadie puede
ser juzgado sino por un Juez o
Tribunal competente con las formalidades,
derechos y garantías que la ley establece.”Del
Código Procesal Penal: Artículo 14: Inviolabilidad del derecho a la
defensa. “El derecho de defensa es inviolable…”Artículo
4: Principio de Contradicción. “Salvo
que el presente Código señale otro procedimiento, el juicio será oral y público y en él regirá el principio de contradicción…”. Artículo
7: Independencia de Jueces y Magistrados. “El juzgamiento de los delitos y de las faltas
corresponderá a jueces y magistrados…
imparciales, sólo sometidos a la Constitución de
la República, a los Tratados y a las Leyes…”. Artículo 8
Finalidad del proceso. “La finalidad del
proceso será la realización
pronta y efectiva de la justicia penal”.Artículo 12
párrafo primero: Lealtad para con la justicia. “Los juzgados y demás tribunales en el proceso penal
actuaran con absoluta lealtad a
la justicia”.Artículo 13: Igualdad de los Intervinientes. “Los jueces y magistrados velarán por la efectiva igualdad de los intervinientes en el proceso”. Partiendo
de las normas supraindicadas, si Derecho
de Defensa fue concebido como una necesidad de solución a las constantes
vejaciones de las que eran objeto las personas sometidas al proceso penal,
específicamente a la imposibilidad material en la que sé encontraba el
procesado para hacer valer su versión sobre los hechos que se enjuiciaban. Dicho Derecho, además de constituirse
como un prerrogativa a favor de su titular, también se proyecta como una
garantía al procurar la protección de si bien el derecho de defensa, en
apariencia :C concibe corno de exclusiva utilización de las personas imputadas
por la comisión de un delito, al instituirse corno una de las muchas limitantes
en las que se puede atrincherar
el indiciado ante los abusos de un Estado como órgano represor, no se desconoce
que también esta concebido para todo aquel sujeto que intervenga en la
realización del proceso. entendiéndose que es un derecho que le asiste tanto al
imputado (Defensor) corno a la víctima
(Acusador Privado y/o Ministerio Público), es más el artículo constitucional no
lo encasilla al proceso penal, de tal suerte que es un derecho que rige en todo
tipo de procesamiento jurídico, sin importar la materia que se trate; además la
referida norma desarrolla inmediatamente el Derecho de Libre Acceso a los
Tribunales, dejando establecido el vínculo entre el Derecho de Defensa y su
efectividad al permitirle a cualquiera el acceso a los Tribunales
para hacer valer sus
derecho, o en otras palabras, para defender su derecho; tratando
de resumir de manera sencilla el Derecho de Defensa, tal vez terminaríamos
indicando que es la facultad que se le otorga a las partes para que puedan
defender su derecho de la agresión que dicen sufrir de la contraparte, es decir “el imputado defiende su
libertad, mientras que la víctima
defiende su derecho a la
justicia”.Partiendo de esa idea es que se logra entender, como es
que el Derecho de Defensa se viene a establecer como la cuna y abrevadero de otros derechos
y garantías, como ser: el principio de contradicción (¿Como podría defenderme
si no puedo contradecir?); igualdad de armas (Cómo podría defenderme
eficazmente si no estoy en igualdad de condiciones?). que entre otros, también
le da cobijo al “Principio de Comunidad de la prueba”, conforme al cual
las pruebas una vez aportadas por las partes al proceso, no son de quien las
promovió, sino que son del proceso, es decir una vez introducidas legalmente en
el mismo, su función es la de probar lo existencia o inexistencia de los hechos
del proceso con independencia de que beneficien o perjudiquen a quien las
promueva o u la parte contraria, la cual además puede invocarla. Entendemos
entonces, que una vez propuesta y admitida la prueba es por que la misma tiene
utilidad, pertinencia y proporcionalidad con el hecho investigado y que
permitir la no evacuación de la misma es como permitir que probablemente no
salga a relucir toda lo verdad, lo que produciría la indefensión de una de las
versiones; ante la ausencia de un elemento importante para la elaboración del juicio
que Fundamentara la decisión judicial, sin importar a quien Favorezca, máxime
cuando la finalidad es buscar la realización de la justicia y ésta no se podrá
alcanzar sin llegar a la verdad. Es por esas razones, que el Principio de la
comunidad de Prueba se constituye como un instrumento de defensa, de tal suerte
que su violación también implica la violación del Derecho de Defensa; tanto es
así que la misma Corte Suprema de Justicia, en el Fallo que resolvió la Casación Penal
número 1370- 2004, reconoció que “ en el proceso penal está vigente el principio de comunidad de prueba, consistente en que
una vez admitida una
prueba deja de ser disponible
para la parte que la propuso y se convierte en una prueba válida para todos los
intervinientes…”.Son esas razones por las que sostenemos, que carece
de eficacia, toda renuncia hecha por quien propuso la prueba, bien sea respecto
a su producción o valoración, sin la previa anuencia de la contraparte y del
ente Juzgador[3], ya que de permitirse
probablemente se estaría impidiendo que se llegase a determinar la verdad del
suceso enjuiciado, lo que indiscutiblemente provocaría una injusticia, porque a
una de las partes se le estaría privando de la posibilidad de acreditar su
versión, es decir de defender su derecho y por consiguiente se estaría violando
el Derecho de Defensa. Nuestra normativa procesal, no hace referencia expresa
al Principio de Comunidad de Prueba, lo que podría generar a criterios de
algunos, la apariencia de que no hay prohibición de renuncio de la prueba y que al no estar reglada es
permitida: pero si vemos lo dispuesto en los artículos 99 párrafo tercero y 31
7 párrafo cuarto del Código Procesal Penal, éstos refieren, que no es cualquier
prueba la que puede pertenecer al proceso, porque para que las pruebas puedan
ser admitidas en el proceso deberán de ser pertinentes, útiles y
proporcionadas, y son las carencias de éstas cualidades las que no permitirán
el ingreso de ellas al proceso
Siendo así las cosas, advertimos que nuestra norma penal adjetivo, solo enumero
una manera de excluir la prueba, una vez que ha sido admitido en el proceso y
es cuando la misma padece de causales de ilicitud, planteándola como incidente;
es por ello que fuera de esa condición, no podrá retirarse prueba alguna a no
ser, claro está, que exista un convenio entre todos los intervinientes del
proceso, por ende no se vulnere un derecho constitucional. Aplicando lo antes
desarrollado, en nuestro caso en concreto, la defensa del otro co-imputado K. E.
F. F., en el momento procesal de proponer la prueba, ofertó una Reconstrucción
de Hechos, misma que no fue objetada ni por esta Defensa, ni por el ente
acusador y por tanto, dicho medio probatorio fue admitido por el Tribunal de
Sentencia que hoy recurrimos. Al momento de la realización del juicio,
específicamente en la etapa de los incidentes, el Ministerio Público aún a sabiendas de que en la
audiencia de proposición de pruebas ofreció y le fue admitido sin ninguna
objeción de las partes el testimonio de los testigos protegidos con clave 1. 2. y A-l, cambió su estrategia y pidió que se incorporara mediante
lectura autorizada las declaraciones que en audiencia inicial rindieron estos
mismos testigos, aduciendo que estaban siendo amenazados, extremo que nunca fue
acreditado de manera indubitado, pero que sin embargo, la Sala Sentenciadora
admitió dicho medio de prueba documental y dio como cierto que en efecto dichos
testigos habían sido interceptados y amenazados y que por tal razón no
era posible su comparecencia en el juicio (Ver pág. 4 y 5 del Acta de
Debate). Consecuentemente nos opusimos, se hizo el respectivo reclamo y contra esta resolución se
interpuso el respectivo recurso de reposición, argumentando la defensa de ambos
indiciados, que al admitirse dicha probanza se violenta a todas luces el
Derecho de Defensa garantizado en la Constitución de la Republica, por cuanto
que al no poder ser interrogados y contrainterrogados estos testigos, limita en
gran parte el medio de prueba denominado Reconstrucción de Hechos, pues la
practica de dicho medio de prueba es fundamental para la comprobación de la
verdad y demostrar la inocencia de nuestros patrocinados, aunado a que para lo
practica de dicho diligencia es imprescindible contar con el Juez, con lo
imputados, sus defensores, los testigos, el fiscal y el acusador privado
en su caso, con el objeto de reproducir fielmente como sea posible la escena
del delito, oyéndose la declaración de los imputados si estos acceden a ello y de los testigos
con el fin de explicar detalladamente los circunstancias de lugar, tiempo y
forma en que se desarrollaron los hechos, sin embargo, el Tribunal ante
estos alegatos de nuestra parte denegó el mismo y resolvió “que otras personas diferentes podrían
hacer las veces de quienes estuvieron en el hecho, como ser testigos e
imputados conforme a nuestra normativa procesal, en otras palabras, el
Juzgador nos vedó el derecho que la
Ley nos otorga a las partes, de hacer uso de todos los
elementos de prueba necesarios que permitan lograr en este caso nuestra pretensión
exculpatoria, por disposición mismo del Juzgador; lo que generó uno
evidente ventaja a favor de la parte acusadora, quien como ya se explicó,
llegado el momento de los incidentes cambió su estrategia y aquellos testigos
protegidos cuya declaración fue ofrecida para el debate, prácticamente renunció
a ellos bajo el argumento que estaban amenazados y decidió incorporar sus
dichos mediante lectura autorizada, situación que nos orilla o plantear la
presente casación, para lograr la enmienda de esa errado decisión; pues es
evidente, que con la admisión de esa prueba documental consistente en la
incorporación mediante lectura de las declaraciones de los testigos claves 1.
2. y A-1, se ha vulnerado el nuestro derecho de defensa, ya que en primer
termino se nos mancilló el derecho de interrogar y contra interrogar a esos
testigos al no permitir el A quo, que declararon en debate, e igualmente
cercenó la estrategia de la defensa en cuanto a la practica de una
reconstrucción de hechos, pues al resolver la situación de la manera en que
lo hizo y que hemos señalado, observamos que al Tribunal, solamente le interesó
valga la redundancia la estrategia de la parte acusadora y no así la
da la defensa de los acusados, lo que sin duda alguna, lo aleja del
“principio de imparcialidad” que le debe regir en su condición de Juzgador
(art.7. CPP); por ende se deriva,
que en el conocimiento que tuvo del caso, tampoco le interesó cumplir con la finalidad del proceso penal (art.8
CPP), que es la búsqueda de la verdad a la que únicamente podemos arribar, a
través de la actividad probatoria del
juicio[4]
(Principios de la verdad material y de Libertad Probatoria); faltando así a su
obligación de lealtad para con la justicia (art. 12 CPP, párrafo primero), pues
no dio el mismo trato a las partes intervinientes, en la manera que lo hemos
expuesto, infringiendo obviamente el derecho de defensa que le asiste a nuestro
representado; por cuanto en el primero de nuestros agravios expuestos, no se
rechazó la pretensión de la fiscalía; y en el segundo de los agravios, no se
nos permitió hacer uso del Principio de Libertad Probatoria, contenido en el
articulo 199 del Código Procesal Penal (como es la practica de la Reconstrucción
de hechos; siendo ambos agravios causados por el Juzgador, vulnerando también
por ello, el artículo 1 del Código Procesal Penal; lo que ha ocasionado un
grave perjuicio a esta defensa, ya que se nos ha privado del derecho a
contradecir la versión acusatoria incurriéndose en infracción del artículo 4 de
la misma norma. Todas estas incidencias han repercutido en el hecho de que el
sistema penal fracasara, en lo que respecta a éste caso, en cuanto a la
obtención de su finalidad, va que lo justicia no ha encontrado su efectividad
al no lograrse desplegar un juicio con todas las garantías. Y para los efectos
del artículo 363 del Código Procesal Penal, esto Defensa expresa, que la
interpretación pretendida de los preceptos legales arribas enunciados, está
orientada a que el
Tribunal de Sentencia declare improcedente la solicitud de incorporación
mediante lectura autorizada de los testimonios rendidos en audiencia inicial de
los testigos protegidos 1, 2, y A-l, por
ser violatorio a nuestro derecho de defensa y a los principios rectores de la
actuación de las partes procesales, como ser oralidad, inmediación,
contradicción de las partes, así como el principio de libertad probatoria y el
principio de la comunidad de la prueba, por cuanto que evitó con ello la
practica de un medio de prueba propuesto por la parte defensora de uno de los
inculpados, que dicho sea de paso, yo no es del que tu promovió sino del
proceso como lo es la reconstrucción de hechos tal como quedó
evidenciado, lo que conlleva que el presente recurso sea declarado con lugar.” RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN
DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO
POR LA DEFENSA DEL
ENCARTADO R. D. C., ARGUYENDO
QUE AL DICTAR UNA SENTENCIA
CONDENATORIA, EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA
VULNERADO EL DERECHO DE DEFENSA Y LA GARANTIA DEL DEBIDO
PROCESO, CONSAGRADOS RESPECTIVAMENTE EN LOS ARTÍCULOS
82 Y 90 DE LA
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 4, 1, 8, 12, 13, 14 Y 31 NUMERAL 2) DEL
CÓDIGO PROCESAL PENAL.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO
361 DEL CODIGO
PROCESAL PENAL. Habiendo prosperado el primer motivo de casación
por quebrantamiento de forma planteado por la Defensa del encausado K. E. F. F.,
con efecto extensivo a favor del coimputado R. D. C.; esta Sala considera que
no resulta pertinente pronunciarse sobre el presente motivo formulado por la
Defensa de éste último. VI.- LA
ABOGADA RECURRENTE R. A.
Z., SIGUE MANIFESTANDO EN SU RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, DE LA SIGUIENTE MANERA:”
MOTIVO UNICO: Que la sentencia se
base en medios o elementos de prueba probatorios incorporados por su lectura en
violación a las normas contenidas en el Titulo IV, del libro Segundo del Código
Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se
encuentra comprendido en el articulo 362 numeral 2) del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO:
Los Preceptos penales adjetivos que se invocan como infringidos por
falta de aplicación por el juzgador en la sustanciación del juicio son: Artículo
4: Principio de Contradicción. “Salvo que el presente Código señale otro procedimiento, el juicio será oral y público y en él regirá el principio
de contradicción…” Artículo 14: Inviolabilidad del derecho a la
defensa. “El derecho de defensa es inviolable….”Artículo 311: Lecturas Autorizadas. “Excepcionalmente podrán ser incorporadas al juicio por lectura que
hará el Secretario: 1)……2) Los testimonios o pericias
practicadas durante la etapa preparatoria, cuando sea imposible o extraordinariamente
difícil su reproducción en el
acto del Juicio oral;3)…4)….5)….6)….” El vicio se presenta porque el Tribunal de Sentencia,
basó el fallo condenatorio en medios o elementos probatorios incorporados por
su lectura en violación a las normas contenidas en el Titulo IV del Libro
Segundo CPP, como ser la declaración rendida en audiencia inicial por los
testigos protegidos 1, 2 y A-1 sin
cumplirse los parámetros autorizados y delineados en nuestra ley objetiva,
especialmente con lo prescrito en el Artículo 311.2 del Código Procesal, toda
vez que la norma citada establece puntualmente la lista de los elementos de
investigación documentados que por excepción pueden incorporarse al luido por
lectura del secretario. Bajo el esquema del Código Procesal Penal, a las partes
le corresponde proponer en la
Fase previa al debate las pruebas de que se harán valer para
acreditar sus pretensiones en el juicio, por manera que aunque exista cierta
actividad probatoria recabada en las etapas anteriores, si se pretenden
utilizar en el debate, deben introducirse como ya se dijo bajo los parámetros
delineados y autorizados por la ley. En el presente caso, en la audiencia de
proposición de pruebas (art. 317 del CPP), el Ministerio Público, propuso entre
otros medios de prueba, la testifical, consistente en la declaración de los
Testigos Protegidos 1, 2, y Al, quienes se supone tienen conocimiento directo
de los hechos sometidos a investigación, por estar presentes en el lugar, día y
hora en que fueron privados de su vida los hoy occisos, pero al momento de la
realización del juicio, específicamente en la etapa de los incidentes, el ente
acusador con fundamento en el artículo 311.2 aún o sabiendas de que en la
audiencia de proposición de pruebas ofreció y le fue admitido sin ninguna
objeción de las partes el testimonio de los testigos protegidos antes
indicados, cambió su estrategia y pidió que se incorporara mediante lectura
autorizada las declaraciones que en audiencia inicial rindieron estos mismos
testigos, aduciendo que estaban siendo amenazados, extremo que nunca fue
acreditado de manera indubitado, mas sin embargo, la Sala Sentenciadora
admitió dicho medio de prueba documental y dio como cierto que en efecto dichos
testigos hablan sido interceptados y amenazados y que por tal razón no era
posible su comparecencia en el juicio (Ver páq. 4 y 5 del Acta de Debate), olvidando
el Juzgador que el artículo 311 supra indicado, ya establece de manera puntual
la lista de lo elementos de investigación documentados que por excepción pueden
incorporarse al juicio mediante lectura, de tal suerte que en el caso de
morras, con solo el hecho de haber sido propuestos en la audiencia de
proposición de pruebas como prueba testifical, arropados bajo la figura de
protección de testigos contenido en el artículo 227 del CPP, no legitima el
hecho de que ya en la vista pública sus dichos de la audiencia inicial se
incorporan mediante lectura autorizada amparado en el artículo 311.2, puesto
que la misma ley ya define que solo bastaba utilizar cualquier procedimiento
que imposibilitaba su identificación visual normal por el imputado y el público
(art. 237.2), de tal suerte, que desde esa óptica nada imposibilitaba la
reproducción de sus testimonios en el acto del luido oral, tomando en cuenta
además que las declaraciones del imputado, de los testigos, peritos y las demás
intervenciones que se produzcan durante el debate, así como las resoluciones
que dicte el Tribunal, serán orales. Entonces el vicio se
presenta desde que la sentencia se ha
fundado en prueba evacuada por lectura, sin estar comprendida dentro de los
supuestos del citado artículo 311. En consecuencia, al incorporar prueba por
lectura, al margen de lo autorizado, se debe entender que en el presente caso
se han ultrajado a su vez otros principios del Titulo IV como el de oralidad,
contradicción e inmediación que son naturales e inmanentes al modelo procesal
actual. Y para los efectos del artículo 363 del Código Procesal Penal, esta
Defensa expresa, que la interpretación pretendida de los preceptos legales
arribas enunciados, está orientada a que se declare improcedente la solicitud
de incorporación mediante lectura autorizada de los testimonios rendidos en
audiencia inicial de los testigos protegidos 1, 2, y A-1, por ser violatorio a
nuestro derecho de defensa y a los principios rectores de la actuación de las
partes procesales, como ser oralidad, inmediación, contradicción de las partes,
se anule el fallo recurrido y los actos realizados de forma irregular, que se ordene la devolución de los
antecedentes al respectivo Tribunal para que el tramite de que se trate sea
substanciado de nuevo de conformidad con la ley, lo que conlleva que el
presente recurso sea declarado con lugar. En tal sentido y por todo lo
señalado, en los términos del precepto utilizado como autorizante en el
presente motivo, se presenta por la infracción procesal a los artículos 4,
14,310 y 311 numerales 2) del
Código Procesal Penal, consecuencia de lo cual se generó lo violación absoluta al debido proceso por lesionarse
el derecho de defensa, de igualdad de armas, de contradicción, respecto a una
de las partes legitimadas en juicio, postulados que deben campear en todo
juzgamiento regular conforme al programa de enjuiciamiento penal proclamado en
la prima lex; que sin duda alguna confiamos y solicitamos a la Sala de lo Penal que una vez
de su conocimiento, resuelva de la manera que en derecho procede, que es casar
la presente sentencia.” RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA
INTERPUESTO POR LA DEFENSA
DEL ENCARTADO RUBÉN DARÍO CASTRO, ARGUYENDO QUE LA SENTENCIA CONDENATORIA, SE
BASA EN MEDIOS O ELEMENTOS PROBATORIOS INCORPORADOS POR LECTURA EN VIOLACIÓN A
NORMAS CONTENIDAS EN EL TÍTULO IV, DEL LIBRO SEGUNDO DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO
362.2 DEL C
Habiendo prosperado el primer motivo de casación por quebrantamiento de forma
planteado por la Defensa del encausado K. E. F. F., con efecto extensivo a
favor del coimputado R. D. C.; esta Sala considera que no resulta pertinente
pronunciarse sobre el presente motivo formulado por la Defensa de éste último. VII.- LA RECURRENTE ABOGADA
C. Y. A., EN SU CONDICION DE FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO, PROCEDIO A
FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY DE LA MANERA SIGUIENTE:”EXPOSICION
DEL MOTIVO DE CASACION. UNICO MOTIVO: Infracción de Ley Sustantiva por interpretación errónea del artículo 117 en
relación con el 2D y 69 del Código Penal. PRECEPTO
AUTORIZANTE: El
presente motivo de
primero del artículo 360 del Código Procesal Penal. PLANTEAMIENTO DE
NUESTRO RECURSO:
Desarrolladas que fueron todas las pruebas en la audiencia de
debate, el Juzgador concluyó que los
hechos que ha declarado probado en el fallo ahora impugnado, se subsume en el
delito de Asesinato seguido de Robo,
tipificado en el artículo 117 del Código
Penal, razón por la cual procedió a condenar
a los acusados K. E. F. y R. D. C.,
imponiéndoles a cada uno de ellos la pena de reclusión de treinta (30) años de reclusión. Pese
a que las resultas del juicio concuerdan con la pretensión de este ente
acusador, no así lo es la pena de
reclusión impuesta por el Juzgador en el fallo ahora impugnado, y es precisamente
sobre este punto que se centra nuestro reproche recursivo. Dado que del
mismo cuadro fáctico de la sentencia se infiere, como en efecto así es, que
resultó probado que los acusados son
responsables de la muerte de dos personas, como ser los señores S. E. M. V. y S. S. M.; en ese sentido el A quo si bien condenó a los acusados
por ambas muertes, incurrió en infracción de ley al haber impuesto una pena a
cada uno de ellos, como si sólo fuesen responsables de una muerte y no dos
como realmente sucedió. Por
nuestra parte, desde la formalización de la acusación y aún en el momento de
evacuarse la audiencia de individualización de la pena, interesamos al Tribunal
a efecto que tomase en cuenta lo antes referido para efectos de imponer la pena
concreta a los acusados, solicitando que se les impusiera a cada uno de ellos
la pena de treinta y cinco (35) años por
cada uno de los delitos; es decir, 35
años de reclusión por la muerte seguida de robo en perjuicio de S. E. M. V. y
35 años de reclusión por la muerte seguida de robo en perjuicio de S. S. M., para una suma de setenta (70)
años de reclusión a cada uno de los condenados, en virtud que dada la
naturaleza y manera de comisión de éstos delitos determina que ambos imputados
son responsables por las muertes de sus víctimas a título de autor. Retroalimentando
nuestro reproche, advertimos a Vosotros Honorable Sala de lo Penal, que por los
motivos antes indicados se evidencia que el A quo ha incurrido en una
infracción de ley sustantiva, por interpretar de manera errónea lo dispuesto en
los siguientes artículos de nuestra norma penal sustantiva: Art. 117: “Es reo de asesinato, ……La pena por asesinato será de
veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y cuando se cometiese mediante pago, recompensa o promesa remuneratoria,
o se acompaña de robo o
violación, la pena será de treinta
(30) años a privación de reclusión de por vida de la libertad”. (Lo en
negrita y subrayado es nuestro). Art.
2-D: “Las penas y medidas
de seguridad sólo se impondrán
cuando sean necesarios y en forma
proporcional a la gravedad del hecho realizado”. (Lo en negrita y
subrayado es nuestro). Art. 69: “El juez determinará en la sentencia la
pena aplicable al indiciado dentro del máximo y el mínimo señalado por la ley
para cada delito y las circunstancias en que el mismo se haya cometido. Para ello tendrá en cuenta sus
antecedentes personales, su mayor o menor peligrosidad, las circunstancias atenuantes y agravantes que hayan concurrido en el hecho apreciadas tanto por su
número como, sobre todo, por su
magnitud e importancia, y la mayor extensión de los males producidos por el
delito, en particular los de naturaleza económica”. (Lo en negrita y subrayado es nuestro). Ya que la literalidad de éstos preceptos y aplicándolos a nuestro
caso en concreto, el A quo indudablemente debió imponer una pena establecida
dentro del marco legal correspondiente al delito, es decir dentro del rango de treinta (30) años de reclusión a privación
de libertad de por vida; lo cual en el caso de autos se observa que
incumplió el Juzgador, pues como antes indicamos si bien es cierto aplicó una
pena dentro de éste rango (30 años de reclusión a cada uno de los imputados),
no menos cierto es, que olvidó que se
trataba de dos occisos, es decir dos delitos distintos y que por ello debió
cuando menos imponerles a los condenados, treinta años por cada delito, en suma sesenta (60) años a cada uno de
ellos. Sumado a lo anterior, la
pena concreta impuesta por el Juzgador es además contraria a derecho, porque
también inobservó el Sentenciador que de los mismos hechos que estimó probados
se infieren las circunstancias agravantes descritas en el artículo 27 del Código Penal en sus numerales 12, 13 y 19, como
ser: Que el hecho fue ejecutado con
auxilio de gente armada, en despoblado, y en cuadrilla; pese a que las
mismas fueran advertidas por el Ministerio Público al momento de desarrollarse
la audiencia de individualización de la pena, tal como consta en el acta de
mérito, y por lo que solicitó se les
impusiera una pena de treinta y cinco años de reclusión por cada delito a cada
uno de los acusados para hacer una sumatoria individual de setenta (70) años de reclusión. Es así que cierto es que el Ministerio
Público, tiene claro que resulta incuestionable que nuestra ley penal sustantiva
le permite al Juez el libre arbitrio judicial de determinación de la pena; sin
embargo, entendemos que éste arbitrio no puede tornarse en una decisión
caprichosa, alejada de la razonabilidad que le exige el mismo principio de
legalidad, ya que el Juzgador no tiene más facultades que moverse dentro del
marco legal, que siempre estará determinado por la logicidad y equidad que en
el caso de la determinación de la pena se extrae del contexto normativo[5] Partiendo de ello, es cierto que el
Código Penal establece en su ya citado artículo 35, que la duración de las
penas acumuladas por varios delitos no excederán de treinta (30) años; sin
embargo dicho término de tiempo es tomado en cuenta únicamente para efectos del
cumplimiento de la pena por parte del penado, cuando por motivo de tiempo la
misma resultase ilusoria; pero no así
para la imposición de la pena en sí, pues de ser así resultaría entonces
irrelevante que la misma norma sancione algunos delitos como en el caso de
autos cuyo rango máximo es “hasta con privación
de libertad de por vida”.Reflejándose la importancia de lo anterior, al
momento de pretenderse por parte de los condenados se les beneficie con la
concesión de libertad condicional[6].Sobre
la base de todo lo anterior, observamos y explicamos la concurrencia de un
vicio in iudicando, específicamente la infracción por interpretación errónea de
los artículos en comento en la descripción del motivo; vicio que se produce en
el acto mismo de sentenciar, al imponer una incorrecta determinación de la pena concreta de reclusión en contra
de los condenados Kelvin Eduviges Funez y Rubén Darío Castro. En consecuencia
estimamos que el presente motivo es de procedencia, por cuanto la
interpretación que se le debe dar a la norma en los casos de delitos contra la
vida, que como resulta del Juicio el A quo decida condenar, éste debe imponer
una pena por cada infracción, sin perjuicio de que esta sobrepase treinta años
de reclusión, ya que éste límite únicamente es aplicable para efectos de
cumplimiento de la condena y no así de la imposición de la sanción. Siendo que
a sido evidenciado que la aplicación que ha realizado la judicatura del art.
117 del Código Penal, constituye una interpretación errónea del mismo en
relación con el art. 2D del mismo cuerpo legal, en tanto que ha restringido el
alcance que la norma penal le otorga a los efectos del delito de Asesinato
seguido de Robo en perjuicio de dos (2) personas, por lo que se solicita el
examen y corrección del yerro. Aunado a lo anterior debe observarse la concurrencia
de circunstancias agravantes o atenuantes que modifiquen la responsabilidad del
condenado; pero que en el caso de concurrir éstas, como en efecto también
sucede en el caso de mérito, debe entonces partir de un término que nunca podrá
ser el mínimo de la pena, existiendo incluso jurisprudencia nacional que trata
al respecto[7]. Por cuanto es esta
pretensión de interpretación a los preceptos citados como infringidos, la cual
deben estimar Vosotros Honorables Magistrados, al declarar con lugar el
presente recurso y una vez que case la sentencia impugnada; emitan un fallo de
conformidad a derecho que además de ello, sirva de instrumento jurídico de
apoyo al igual que los antes citados, como base jurisprudencial al presente y a
los demás Órganos Jurisdiccionales al momento de imponer la pena.” RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE
LEY SUSTANTIVA INTERPUESTO
POR LA REPRESENTACION
DEL MINISTERIO PÚBLICO, ARGUYENDO QUE AL DICTAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA, EL
TRIBUNAL DE INSTANCIA HA INTERPRETADO EN FORMA ERRONEA EL
ARTÍCULO 117 EN RELACIÓN CON LOS ARTICULOS 2D Y 69 DEL CÓDIGO PENAL. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360 DEL CODIGO PROCESAL PENAL.
Habiendo prosperado el primer motivo de casación por quebrantamiento de forma
planteado por la Defensa del encausado K. E. F. F., con efecto extensivo a
favor del coimputado R. D. C.; esta Sala considera que no resulta pertinente
pronunciarse sobre el presente motivo formulado por la Representación del
Ministerio Público. POR
TANTO: La CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE
LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313
atribución 5), 316 párrafo segundo reformados de la Constitución
de la República;
1 de la Ley de
Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360, 361,362.2,3 y 5 del Código
Procesal Penal; 117 en relación con los artículos 2D y 69 del Código Penal.- FALLA: 1) DECLARANDO SIN LUGAR EL
MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL planteado por la Defensa del imputado K. E.
F. F.; 2) DECLARANDO CON LUGAR EL PRIMER MOTIVO POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA
planteado por la Defensa del encartado K. E. F. F.. con efecto extensivo
a favor del coimputado R. D. C.; 3) DECLARA LA NULIDAD de la sentencia
condenatoria dictada contra los acusados antes mencionados por el Tribunal de
Sentencia de Olancho en fecha veintiuno (21) de mayo de dos mil diez (2010)y del debate en que se pronunció. Y MANDA: 1.- Que se repita el juicio oral y público con jueces diferentes a
los que participaron en el debate anulado. 2.-
Que se remitan las presentes diligencias
al Tribunal de origen, para que proceda conforme a Derecho- REDACTÓ EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO.-NOTIFIQUESE.-
FIRMAS Y SELLO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- JACOBO
ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.-
MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del
Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil
quince.- Certificación de la sentencia de fecha tres de marzo del año dos mil
quince, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este
Tribunal No. SP-106-2012.
LUCILA
CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA
GENERAL
[1]
Vid. CUBILLO LOPEZ, IGNACIO JOSE, en La
Protección de Testigos en el Proceso Penal, CIVITAS /THOMSON REUTERS,
Editorial Aranzadi, págs.. 175-187.
[2]
Vid. JIMENEZ ENTRALGO, JESUS, en El
manejo del juicio oral, Cuadernos de Estudios Judiciales Rafael Alvarado
Manzano, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs.. 38-39.
[3] Cafferrata Nores,Josè.-La Prueba en el Proceso
penal.-Tercera Ediciòn.-Ediciones Desalma,Buenos Aires,Argentina.-1998.-Pág.40.
1.Vid. Código Civil Art.19: “El contexto de la
ley servirá para ilustrar el sentido de
cada una de sus partes, de
manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.”.
2 Código Penal Art. 79: El Tribunal de Primera Instancia que conoció de
la causa, podrá conceder la libertad condicional
al reo que haya cumplido…. las tres cuartas (3/4) partes de la pena cuando ésta exceda de doce (12)
años, y concurran además las siguientes circunstancias ….“.
Art. 75: “EJ período de prueba a que estará sujeto quien goce de] beneficio
de la libertad condicional será
igual al que le falte para cumplir la pena impuesta. Si durante el
periodo de prueba incurriera en un nuevo delito o violare las
medidas de seguridad impuestas, se revocará la libertad condicional y e hará
efectiva la parte de la pena que haya dejado de cumplir, sin conmutar en la
misma, el tiempo que haya permanecido en libertad”.
4 La Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Penal, en fecha
once (11) de mayo del 2005, emite sentencia, en la cual resuelve un recurso de
casación en el Exp No. CP-864-2004, en la cual dispone: “…..el sentenciador ha
determinado que la pena abstracta para el delito de robo es de cinco a nueve
años, pero en vista de ser robo agravado se el aumenta un tercio quedando la
pena de seis años ocho meses a doce años, en
reiteradas sentencias esta Sala ha determinado que en el caso de no existir
circunstancias modificativas de la responsabilidad, es decir agravantes y
atenuantes, la pena se aplica en término medio……..”
[6]
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