Sentencia CP-106-09 — Registro 5092
Resumen
Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa de la imputada, contra la sentencia que la condena por el delito de apropiación indebida continuada
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."La Sala ha reiterado también como presupuesto de la casación por infracción de ley, el principio de intangibilidad de los hechos fijados en la sentencia recurrida, estableciendo que el recurso de casación fundado en ese motivo, sólo procede para corregir el Derecho, de suerte que las cuestiones de hecho escapan al control jurisdiccional del Tribunal de Casación. La doctrina ha establecido tres especies o modalidades al referirse al Recurso de Casación por Infracción de Ley, es decir, “Violación o Falta de Aplicación ” que consiste en la falta de aplicación de ley o doctrinas legales que corresponden o se ajustan a los hechos probados que enuncia la sentencia, “Aplicación Indebida” que consiste precisamente en la invocación por el Juzgador de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, y por último la “Interpretación errónea” que consiste que citando la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. En el caso examiné, observa este Tribunal de Casación que el Recurrente si bien señala la interpretación errónea de un precepto penal sustantivo, al momento de desarrollar su impugnación no hace alusión a cuál fue el sentido distinto que el Sentenciador le otorgó al Artículo 242 numeral 8 del Código Penal, sino que advierte que dicha norma penal no se subsume en el cuadro fáctico de la sentencia, alegatos propios de un Recurso por Infracción de Ley en su especie de “Aplicación Indebida”; ahora bien, consideramos importante dar respuesta al recurrente de sus señalamientos, no obstante lo indicado. III.- La característica básica del delito de Apropiación Indebida es el castigo de la administración desleal del patrimonio ajeno con abuso de la confianza que en el depositario se ha puesto, transmutándose, unilateralmente por el autor, el título posesorio legítimamente iniciado por cualquier relación jurídica habilitadora para ello, en propiedad ilegítima, siendo sus elementos característicos los siguientes: a) Que el Sujeto Activo se halle en posesión legítima del dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial; b) Sujeto Pasivo será el propietario que voluntariamente accedió a trasladar la posesión al sujeto activo, con la provisionalidad o temporalidad determinada por la relación jurídica que media entre ambos; c) Que se trate de un Acto o Negocio Jurídico que origine la entrega al sujeto activo del objeto depositado con obligación de devolución por el poseedor al propietario, entendiéndose como supuestos más habituales, el depósito, comisión, administración, comodato, arrendamiento de obra o servicio, en definitiva cualquier título que tramita la posesión y no la propiedad e imponga la obligación de reintegro; d) La acción viene determinada por el Aprovechamiento Abusivo de la confianza latente en el negocio base y traicionando tal lealtad, conculcando las obligaciones emanantes de la relación jurídica generadora, pervierte y cambia la posesión originaria en propiedad abiertamente antijurídica, hostilmente lesiva para quien aguarda la entrega, asumiendo facultades de disposición que sólo al propietario competen, incorporándolo a su patrimonio, en provecho propio; e) Doble resultado de enriquecimiento del sujeto activo o empobrecimiento o perjuicio patrimonial del sujeto pasivo; f) Ánimo de Lucro que preside e impulsa toda la actuación del individuo y que consiste en la intención de obtener cualquier ventaja, utilidad o beneficio, incluso la finalidad meramente contemplativa o de ulterior beneficencia o liberalidad. En la configuración del delito de Apropiación Indebida pueden distinguirse dos etapas diferenciadas, la primera se concreta en una situación inicial lícita, generalmente contractual, en la que el sujeto activo recibe en calidad de depósito, comisión o administración, o por cualquier otro título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos, dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble, recepción presidida por la existencia de una convenida finalidad específica de devolución o bien de empleo en un destino determinado, es decir, de entrega de un tercero o terceros para cumplir la finalidad pactada. En la segunda etapa el agente transmuta esa posesión legítima (o propiedad afectada a un destino, en el caso de bienes fungibles), en disposición ilegítima y abusando de la tenencia material de los bienes y de la confianza recibida, dispone de ellos, los distrae de su destino o niega haberlos recibido, es decir, se los apropia indebidamente, en perjuicio del depositante, comitente, dueño o persona que debería percibir los bienes u obtener la contrapartida derivada de su destino pactado. El dolo debe abarcar todos los elementos típicos, en particular, el haber recibido la cosa en virtud de un título que produzca la obligación de entregarla o devolverla, y además debe concurrir una voluntad de apropiación o animus rem sibi habendi (elemento volitivo)[1]. IV.- Los Hechos Probados refieren claramente que la imputada M. S. P. laboró como cajera en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pinalejo Limitada, ubicada en la aldea de Pinalejo, Quimistán Departamento de Santa Bárbara; por tanto, la procesada recibía los depósitos de los afiliados a la cooperativa, procedía a postear las libretas de los socios con los depósitos que realizaban, pero no los registraba en el sistema de cómputo de la cooperativa, tomando para sí ese dinero y no lo registraba a la cooperativa, realizando esas transacciones en varias ocasiones; de igual forma, realizaba retiros de las cuentas de los clientes sin autorización de éstos, efectuando la rebaja en el sistema de cómputo de la cooperativa, pero el retiro no aparecía posteado en las libretas de los cooperativistas. El manejo de los fondos de los que estaba encargada la acusada M. S. como cajera en la Cooperativa Pinalejo Limitada con sede en Quimistán, traía aparejada el ejercicio de una función de confianza recaída en su persona, con el específico encargo de la recepción, trasiego y destino final del bien fungible en que el dinero consiste, lo que comportaba una intensidad, seguridad y permanencia posesoria en su custodia y disponibilidad para dirigir su destino que encaja en la fórmula abierta descrita en el tipo penal del artículo 242 No. 8) del Código Penal. El título de legitimación que ostentaba la imputada M. S. P. proviene "ab initio" precisamente de su cargo en la Cooperativa, a quien representaba cuando recibía o entregaba sumas dinerarias y que dicho dinero, aquella, es decir, la señora M. S. -como cajera- habría y estaba obligada de entregarlo ya a la Cooperativa o a los clientes legitimados para retirar sumas de dinero, tales circunstancias determinan que su actividad se adecua a la de un depositario temporal hasta la rendición de cuentas a sus superiores jerárquicos, confeccionando el cuadre diario de caja, lo que permite calificarlo como poseedor de las sumas económicas, en tanto que, representando a la Cooperativa, poseía un dinero ajeno que ella era encargada de velar y conservar, dado que le había sido entregado en razón de la confianza que la Cooperativa había depositado en su persona para su gestión en las distintas operaciones a ella encomendadas en condición de cajera. De este modo, al haber dispuesto como propios la señora M. S. P. del dinero que los cooperativistas depositaban, gestiones que si bien eran registrados en las libretas de ahorro de los clientes, pero no ingresados al sistema de cómputo de la cooperativa, determinan que haya incurrido en un grave quebranto de la confianza depositada en su persona, en la custodia y conservación de los fondos de los cuales era un depositario temporal, por tal razón su conducta se subsume a título de autor, en el tipo penal de apropiación indebida del artículo 242 No. 8) del Código Penal, tal como lo ha catalogado el Sentenciador; por tanto, considera esta Sala de lo Penal, que los Hechos Probados se han subsumido de forma correcta y armónica en el delito del Apropiación Indebida, razones suficientes para desestimar este primer motivo de casación..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 362, Numeral 6 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
....".- Expuso el recurrente que el Tribunal Sentenciador incurrió en grave transgresión al Artículo 88 de la Constitución de la República, consignando como Precepto Autorizante el Artículo 361 del Código Procesal Penal. Explicó el recurrente que al haber valorado el Juzgador la prueba documental consistente en un Acta Notarial levantada por la Juez de Paz del Municipio de Quimistán, quien es Notario por Ministerio de la Ley, en la cual la acusada M. S. P. rindió declaración en la que admite su responsabilidad en los hechos investigados, infringió el precepto constitucional antes referido que advierte “Sólo hará prueba la declaración rendida por Juez competente”, garantía que va encaminada a proteger el derecho de la persona imputada a declarar si así lo desea; sin embargo, el espíritu del Constituyente es que, necesariamente dicha deposición debe ser controlada por un Juez Natural bajo el principio de inmediación que establece nuestro proceso penal, situación que fue inobservada por los Sentenciadores. Señala el recurrente, que tan grave es el quebranto a la Constitución de la República, que el Juez A-quo utilizó dicho medios de prueba para fundamentar la declaración de Hechos Probados, pues lo consideró como el único medio de prueba. Expresó además el denunciante, que el Acta Notarial en referencia elaborada por la Juez de Paz I. S. H., no contiene la firma de la imputada, lo que demuestra su falta de voluntad con dicho acto, además de no concordar con el número de afiliados supuestamente afectados y con el aparente importe económico ilegalmente apropiado por aquella. II.- El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse Recurso de Casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo en la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada, un Precepto Constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general, toda Norma Legal puede vincularse con una Norma Constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro, en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores. La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial.- III.- El recurrente denuncia que el Tribunal de Sentencia ha emitido un fallo condenatorio producto de la inobservancia del Artículo 88 de la Constitución de la República que recoge el Principio Material de que “Sólo hará prueba la declaración rendida ante Juez competente” debido a que el Juzgador valoró y tomó en consideración para emitir su resolución de culpabilidad para la acusada, en una prueba documental consistente en Acta Notarial levantada por la Juez de Paz del Municipio de Quimistan, que contiene una declaración donde la imputada M. S. P., aceptaba su responsabilidad en los hechos que se le acusan, prueba documental que sirvió de base para la conformación del cuadro fáctico de la sentencia. A efecto de dar una respuesta integral al planteamiento, es ineludible para esta Sala de lo Penal realizar un análisis respecto a la figura central del proceso penal: el Imputado y su relación con la prueba: A.- El Imputado: Define el artículo 101 del Código Procesal penal que imputado es toda persona a la que se le atribuya participación en la comisión de un delito o falta por parte de los órganos encargados de la persecución penal, llámese Policía Nacional, Ministerio Público o Procuraduría General de la República en su caso, con independencia que se encuentre privada de su libertad o en el ejercicio de ésta. La calidad de imputado comienza a partir de la intimación, (Art. 84 último párrafo de la Constitución Política y Art. 101, 282.6 y 287.1 del Código Procesal Penal), que se da cuando a la persona se le informa por parte del Estado sobre los hechos delictivos en los que se le considera participo. La Intimación viabiliza el ejercicio de la defensa –Técnica y Material- y por ello constituye un deber para los Órganos Persecutores del delito a cumplir cuando la persona sindicada es llamada a responder por el hecho delictivo, como producto de una citación a declarar o en el acto de la aprehensión, pero además la intimación es un derecho, que posibilita a que cualquier persona que tenga conocimiento de estar siendo inculpada en la comisión de un delito comparezca voluntariamente (Art. 276 del Código Procesal Penal) ante el órgano persecutor (Policía, Ministerio Público, Procuraduría General de la República u Órgano Jurisdiccional), para ser informada de manera clara y sencilla sobre los hechos que se consideran delito (Art. 101.11 segundo párrafo del Código Procesal Penal).- Como consecuencia de la intimación nace la relación jurídico procesal, dando paso a que la ahora persona imputada pueda ejercer el conjunto de derechos procesales que reconocen las normas constitucionales y las normas procesales. En este punto, es importante aclarar que no implica que previo al acto de Intimación al sospechoso no le asista derecho alguno, ya que ello no es así, éste por su naturaleza de persona humana comparte con los demás ciudadanos los derechos reconocidos en la Constitución y las leyes, (Inviolabilidad del domicilio, de las comunicaciones, de la libertad ambulatoria, etc.), mas a partir de la Intimación la persona adquiere la calidad de imputada y con ella un conjunto de derechos particulares que se ejercen con ocasión del proceso penal (Art. 15 y 101 Código Procesal Penal), por ello en el acto de Intimación adicionalmente el Estado tiene la obligación de informar a la persona imputada el conjunto de derechos que le asisten en el proceso penal, posibilitando al mismo tiempo su ejercicio material, puesto que informar sobre derechos sin permitir su ejercicio es burlar la dignidad humana.- B.- La Prueba: Son innumerables los conceptos que la doctrina ha fijado para el término de prueba, casi tantos como la cantidad de acepciones que dicho término tiene en el ámbito procesal, más con ello la Prueba “en su acepción más genérica y puramente lógica, prueba quiere decir, a un mismo tiempo, todo medio que produce un conocimiento o probable, acerca de cualquier cosa, y en sentido más amplio y haciendo abstracción de las fuentes, significa el conjunto de motivos que nos suministra ese conocimiento. La primera es una concepción subjetiva y la segunda es objetiva”, dicho de otra manera la prueba es “el conjunto de razones que resultan del total de elementos introducidos al proceso y que le suministran al Juez el conocimiento sobre la existencia o inexistencia de los hechos que conforman el objeto del juicio y sobre el cual se debe decidir”.- Gravitan alrededor de la Prueba los conceptos de Objeto de prueba, sujeto de prueba, órgano de prueba, medio de prueba y elemento de prueba, mismos que para su fácil desarrollo se exponen a la inversa: 1) Elemento de Prueba: Es el dato o información que se extrae del medio de prueba como consecuencia de su valoración por el órgano jurisdiccional.- 2) Medio de Prueba: Es el conducto, vía o figura procesal mediante el cual se hace llegar al proceso la fuente de la prueba y al órgano de prueba. En el Código Procesal Penal aparecen regulados un número limitado de medios de prueba, bajo la advertencia de que éste no es un número clausus y que aunque no esté regulado todo medio de prueba es permitido (Principio de Libertad probatoria) siempre que reúna dos requisitos esenciales: que sea objetivamente confiable y que sea lícito (Art. 199 del Código Procesal Penal).- 3) Fuente de Prueba: “Es el hecho del cual se sirve el Juez para deducir la verdad”; es la cosa o persona que se somete a estudio y que permite afirmar o descartar el objeto de prueba; 4) Órgano de Prueba: “Es el sujeto que aporta un elemento de prueba y lo transmite al proceso. Su Función es la de intermediario entre la prueba y el Juez”. El órgano de Prueba no se considera como “Prueba”, sino como intermediario entre el elemento de prueba y el Juzgador, como ocurre con los testigos o los peritos.- 5) Sujeto de Prueba: Persona que contribuye en la reproducción de un medio de prueba; e) Objeto de Prueba: “Es aquello susceptible de ser probado, aquello sobre lo que debe o puede recaer la prueba”. La prueba en el proceso penal se ocupa de tres temas: sobre la existencia del hecho, sobre la participación del imputado y sobre las condiciones personales del imputado (Imputabilidad).- C.- El Imputado Frente a la Prueba: La persona imputada puede presentarse frente a la prueba como un objeto de prueba o como un sujeto de prueba: i) El Imputado es Objeto de Prueba cuando se considere a su entidad corporal como fuente de datos que faciliten la investigación penal, adoptando una posición pasiva frente a la actividad probatoria (Art. 107 del Código Procesal Penal).- Las normas Constitucionales y procesales exigen la concurrencia de requisitos muy puntuales y la observancia de procedimientos rigurosos a efectos de tener al Imputado como objeto de prueba, cuya inobservancia no sólo hacen estéril la actividad probatoria a consecuencia de su ilicitud, sino que además podrían implicar la comisión de delitos en perjuicio de la persona del imputado.- ii) El Imputado actuara como Sujeto de Prueba cuando para la obtención de un elemento probatorio se requiera su participación activa, por lo que en acatamiento al artículo 88 de la Constitución de la República, esta participación debe de ser libre y voluntaria.- Ampara la anterior consideración el Principio de Inocencia Material, contenido en el artículo 89 de la Constitución, siendo la obligación del Estado, a través del órgano acusador, destruir la misma con la aportación de medios de prueba suficientes, sin que el imputado esté obligado a contribuir a dicha aportación, por ello, el Artículo 88 Constitucional establece que: “No se ejercerá violencia ni coacción de ninguna clase sobre las personas para forzarlas a declarar. Nadie puede ser obligado en asunto penal… a declarar contra sí mismo…”. El imputado una vez intimado y enterado de los derechos que le asisten frente al proceso, podrá elegir libremente participar en la actividad probatoria como sujeto de prueba (mediando asesoramiento de su apoderado legal si así lo considera necesario), realizando activamente los actos que se requieran para la práctica del medio de prueba, sin que sea permitido cualquier tipo de coacción o amenaza para ello, de este modo la declaración del imputado (en cualquier etapa del proceso), su participación en careo (Art. 260 del Código Procesal Penal), reconstrucción de hechos (Art. 262 del Código Procesal Penal), aportación de cuerpo de escritura para comparaciones y todo medio de prueba en el que se requiera que realice un papel activo y colaborador, deberán de ser voluntario y sin consecuencia procesal alguna en caso de negativa total o parcial.- La participación del imputado como sujeto de prueba es un acto de defensa material, pero además es una fuente de prueba que debe de ser valorada en contraste con la demás prueba, aún cuando se trate de una declaración donde se confiese su participación en el delito o si se trata de una declaración donde se plantee una cuartada. El Artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, establece el derecho de toda persona imputada de ser oída por autoridad competente, lo que conlleva la inversa obligación de esa Autoridad Competente de escuchar a la persona imputada y examinar no solo su declaración sino que cualquier otro acto que realice como sujeto de prueba de conformidad a las funciones del Órgano Persecutor del Delito que la reciba y el momento procesal que se realice, examen que puede resultar en una valoración positiva o negativa a los intereses del imputado[1].- IV.- Al realizar el análisis profundo del caso examiné, este Tribunal de Casación puede concluir que las actuaciones del Sentenciador al valorar un medio de prueba que no se realizó conforme los principios constitucionales y procesales, propios y consecuentes con las exigencias del debido proceso, infringieron gravemente al Artículo 88 de nuestra Constitución de la República que regula el principio de que “Sólo hará prueba la declaración rendida ante Juez Competente”, por las siguientes razones: a) El Sentenciador no debió valorar la prueba documental consistente en el Acta Notarial que contiene una supuesta declaración de la acusada donde aceptaba los hechos que se investigaban, levantada por la Juez de Paz del Municipio de Quimistan, Departamento de Santa Bárbara, I. S. H., pues si bien ella ostentaba un cargo jurisdiccional, fue llamada para dar crédito de un acto como Ministra de Fe, pero no le inviste de la competencia necesaria que exige nuestra Constitución de la República, es decir, no constituye un Juez de Garantías. b) Al momento de levantar el Acta Notarial, no se encontraba presente ningún defensor que le advirtiera a la acusada de las consecuencias que tendría su decisión de rendir declaración, por tanto se violentó el Derecho de Defensa. c) Si bien al momento de levantar el Acta Notarial la señora M. S. P. no ostentaba la calidad de imputada, pues no se le había presentado requerimiento fiscal ante Juez competente, en su condición de Persona le asistían los derechos y garantías que establece nuestra Carta Magna y desde el momento en que se presentó intimación penal en su contra, no tiene ninguna validez, pues le asisten todos los derechos y garantías que establece nuestra Constitución de la República para una persona imputada. d) Es evidente que la acusada M. S.fue sometida a presión y coerción por parte de las autoridades de la Cooperativa, pues si bien, accedió a realizar ciertas manifestaciones ante la Juez de Paz, no firmó el acta notarial para demostrar su voluntad de someterse a ese acto; pero si se encontraban presentes los auditores de la IHDECOP y autoridades de la Cooperativa, quienes ciertamente intimidaron a la imputada. e) Dicha prueba documental no podía si quiera ser utilizada en el acto del debate conforme lo regula el artículo 311 del Código Procesal Penal, pues si la decisión de la acusada hubiese sido rendir declaración, esa manifestación anterior ante la Juez de Paz por parte de la acusada, no se efectuó en ninguna etapa del proceso penal, llámese investigación o etapa preparatoria. f) El Acta Notarial que contiene la aceptación de los hechos por parte de la acusada, no se realizó bajo los principios procesales de inmediación y contradicción, es decir, ningún Juez competente tuvo contacto directo con el desarrollo de esa prueba y no fue sometido al contradictorio por parte de las partes procesales, por tanto es de pleno derecho nula. g) El Tribunal Sentenciador utilizó y valoró ésta prueba documental para adquirir la certeza necesaria de la culpabilidad de la señora M. S. P. M., al grado tal que fue incluida en la redacción que plasmara el Sentenciador en la Fundamentación Fáctica del fallo, con el objeto de darle credibilidad a los mismos. V.- La Declaración de la persona imputada es la fundamental manifestación del derecho de defensa material, adoptando el imputado el papel de sujeto de prueba, ya sea porque cuenta su versión de los hechos o porque responde al interrogatorio que se le formule, declaración que es válida y consecuente con el artículo 88 de la Constitución siempre que: 1) Se de la Intimación de Cargos y la Lectura de Derechos como acto previo; 2) Que la decisión de declarar sea voluntaria y libre de coacción, manteniendo dichas condiciones a lo largo de la declaración, requisitos que no fueron así respetados en el caso examiné, por tanto concluye esta Sala de lo Penal, que es procedente declarar Con Lugar la presente impugnación, decretar la nulidad de la sentencia así como el juicio que se celebró y ordenar una nueva celebración de un Debate con jueces distintos a los que participaron. Esta Sala de lo Penal, no se pronuncia sobre los Motivos de Casación por Quebrantamiento de Forma invocados por el recurrente, en virtud de haber prosperado el único motivo de Casación por Infracción de Precepto Constitucional solicitado, con los efectos jurídicos que ello conlleva.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el dos de junio de dos mil quince, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS MARCO VINICIO ZÚNIGA MEDRANO en su calidad de Coordinador, JACOBO CÁLIX HERNÁNDEZ Y CARLOS DAVID CÁLIX VALLECILLO; dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley, por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la Sentencia de fecha uno de diciembre de dos mil ocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, mediante la cual falló: 1º CONDENANDO a la acusada M. S. P. M., por el delito de APROPIACIÓN INDEBIDA CONTINUADA, en perjuicio de LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PINALEJO LIMITADA; a las penas de QUINCE AÑOS DE RECLUSIÓN Y UNA MULTA DE CIENTO SESENTA MIL TRESCIENTOS UN LEMPIRAS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (Lps.160,301.85).- 2º CONDENANDO a dicha acusada, a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL. 3º NO CONDENÓ a la acusada M. S. P. M. en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio.- 4º DECLARÓ la Responsabilidad Civil de la acusada en cuanto a que debe responder por la restitución y la indemnización de los daños ocasionados a dicha Cooperativa. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, el Abogado J. C. B. G., en su condición de Apoderado Defensor de la señora M. S. P. M.. ES PARTE: El Abogado J. C. B. G. en su condición de Apoderado Defensor de la imputada, como parte recurrente. HECHOS PROBADOS PRIMERO: La señora M. S. P. laboró como cajera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pinalejo Limitada, ubicada en la aldea de Pinalejo, Quimístan, Santa Bárbara, desde el año dos mil hasta el 31 de julio de 2005; ésto sucedió desde los años dos mil tres hasta el año dos mil cinco, la señora M. S. P. recibía los depósitos de los afiliados a la cooperativa, posteaba los mismos en las libretas de los socios, pero no los registraba en el sistema de cómputo de la cooperativa, de esa forma se tomaba para si el dinero y no lo ingresaba en la Cooperativa, esta actitud lo realizó en múltiples ocasiones; así mismo en múltiples ocasiones realizó retiros de las cuentas de los afiliados de la cooperativa, sin autorización de estos, tomando para sí, el dinero, en estos casos rebajaba el dinero de la cuenta del afiliado en el sistema de cómputo de la cooperativa y el retiro no aparecía posteado en la libreta del afiliado. SEGUNDO: Al descubrirse los faltantes del dinero que había tomado M. S. P., El Instituto Hondureño de Cooperativas (IHDECOOP) realizó una auditoria en la que se estableció que el monto del dinero faltante haciende a un Millón Seiscientos Tres Mil Dieciocho Lempiras con Cincuenta y Tres centavos (Lps.1,603,018.53). TERCERO: La señora M. S. P. admitió que había tomado el dinero de la Cooperativa ante Notario Público y manifestó su intención de reparar el daño. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Ley, por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- El Abogado J. C. B. G. procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley, Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE LEY”. Precepto Procesal que da lugar al Recurso de Casación: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Precepto Legal Infringido: Artículo 242 numeral 8 del Código Penal. Explicación del motivo: Para explicar el motivo de casación por infracción de ley es necesario remitirnos a la sentencia recurrida y examinar los hechos declarados probados por el Tribunal de Sentencia del Departamento de Santa Bárbara, los cuales se reproducen así: “HECHOS PROBADOS. Valorando conjuntamente las pruebas legítimamente practicadas en juicio de acuerdo con los criterios de la sana crítica, este tribunal, declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: La señora M. S. P. laboró como cajera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pinalejo Limitada Ubicada en la aldea de Pinalejo, Quimistan, Santa Bárbara, desde el año dos mil hasta el 31 de julio de 2005; esto sucedió desde los años dos mil tres hasta el año dos mil cinco, la señora M. S. P. recibía los depósitos de los afiliados a la cooperativa, posteaba los mismos en las libretas de los socios, pero no los registraba en el sistema de computo de la cooperativa de esa forma se tomaba para si el dinero y no lo ingresaba en la Cooperativa, esta actitud lo realizo en múltiples ocasiones; así mismo en múltiples ocasiones realizo retiros de las cuentas de los afiliados a la cooperativa, sin autorización de estos, tomando para sí, el dinero, en estos casos rebajaba el dinero de la cuenta del afiliado en el sistema de computo de la cooperativa y el retiro no aparecía posteado en la libreta del afiliado.-SEGUNDO: Al descubrirse los faltantes del dinero que había tomado M. S. P., El instituto Hondureño de Cooperativas (IHDECOOP) realizo una auditoria en la que se estableció que el monto del dinero faltante haciende a un Millón Seiscientos Tres mil Dieciocho Lempiras con Cincuenta y Tres centavos (Lps .1,603,018.53).-TERCERO: La señora M. S. P. admitió que había tomado el dinero de la Cooperativa ante notario público y manifestó su intención de reparar el daño. EXPLICACIÓN DE NORMA INFRINGIDA POR ERRÓNEA INTERPRETACIÓN. Los hechos probados apuntados, y que son diseñados por la mayoría del Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara como verdad material en la sentencia recurrida, no se subsumen desde ningún punto de vista en el tipo penal del artículo 242 numeral 8 del Código Penal en el cual se define el delito de Apropiación Indebida. En este sentido, a simple vista, se puede apreciar que los hechos probados no establecen que la señora M. S. P. haya cometido el delito apropiación indebida continuada, esto en referencia a que la modalidad delictiva que exige el tipo penal apuntado no se encuentra plasmado en los hechos que se dan como probados.-Debido a la mala redacción en la declaración de los hechos probados de la sentencia, la que contiene abundante cacofonía y con una narrativa incoherente que va de primera a tercera persona de manera indiscriminada, lo único que se puede colegir es que la mayoría del Tribunal de Sentencia tiene como hecho cierto que la señora M. S. Laboró como cajera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pinalejo Limitada y que tomó para sí dinero, sin establecerse la cantidad; Asimismo, que El instituto Hondureño de Cooperativas (IHDECOOP) realizó una auditoria estableciendo que el dinero faltante “haciende” (a lo mejor el redactor de la sentencia quiso expresar asciende) a un Millón Seiscientos Tres mil Dieciocho Lempiras con Cincuenta y Tres centavos (Lps. 1,603,018.53). El hecho cierto es que en la cooperativa existe un faltante pero no se sabe porque, ya que este hecho fáctico no vincula a la encausada pues lo único que hace el tribunal en su redacción es presumirlo ambiguamente sin establecerse de forma directa evitando claridad, precisión y coherencia. Es necesario expresar a los honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia que la mayoría del Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara no construyó por sí misma los hechos probados de la sentencia emitida el primero de diciembre de dos mil ocho, si no que únicamente copiaron una sentencia anterior que se dictó el veintiuno de julio del año dos mil seis con otros jueces que integraron el tribunal de sentencia en el primero juicio que se le realizó a la señora M. S. P., esto visible a folio seiscientos cincuenta y cuatro vuelto del expediente donde constan las diligencias procesales. Lo insólito del caso es que el Juez redactor de la sentencia, copió lo hechos probados de la Sentencia, no se tomó la molestia de construir los hechos para llegar a la verdad material con la prueba desarrollada en juicio, si no que indolentemente copia los hechos de algo que fue anulado mediante un recurso de casación, aunado a la torpeza de copiar los hechos probados de la sentencia hasta con los mismos errores de ortografía que tenía la sentencia anterior, un ejemplo claro: escribe la palabra asciende como “HACIENDE” (Folio 654v). ¿No será esto un atentado para la justicia? ¿Es acaso la función de un juez copiar sentencias? ¿Habrán valorado la prueba de acuerdo a los principios del proceso? Lo cierto es que aquí lo que se demuestra es que la mayoría del tribunal no supo ni tiene claro los hechos, ni mucho menos entendió la prueba aportada en juicio, de tal forma que le resulto más fácil para el juez copiar una sentencia anulada alejándose de ejercer su función que por principio y por ley debe tener todo juez independiente.-Siguiendo la explicación del motivo de casación por infracción de ley, debemos precisar también que el Tribunal de Sentencia utiliza en los hechos probados la expresión “tomaba para sí o tomando para sí” teniendo esto una acepción que se origina del verbo tomar que significa coger, asir, adquirir, quitar con la mano algo. Por lo anterior, la descripción realizada por el Tribunal de Sentencia y declarado como hecho cierto no se puede adecuar al tipo penal de apropiación indebida, ya que éste es discordante como conducta ilícita descrita en el fundamento que se origina en el derecho sustantivo, el cual se procede a explicar de la manera siguiente: El artículo 242 numeral 8 del Código Penal establece literalmente, lo siguiente: “Incurrirá en las penas del artículo anterior 1…, 2…, 3…, 4…, 5…, 6…, 7…, 8) Quien en perjuicio de otro se apropiare o distrajere dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que hubiere recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que conlleve obligación de entregarle o devolverla, o negare haberla recibido”. Tomando en cuenta la descripción del tipo penal es necesario que el hecho se adapte con la modalidad delictiva descrita en el artículo 242 numeral 8. En este sentido, para que pueda existir el delito de apropiación indebida el sujeto activo debe apropiarse o distraer dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que hubiere recibido del sujeto pasivo mediando o valiéndose para ello un título traslaticio de posesión. El tipo penal en alusión declara, entre estos, expresamente, que estos títulos deben ser en depósito, comisión o administración o cualquier otro que lleve la obligación de entregar o devolver. En este orden de cosas, al examinar los hechos probados fácilmente se puede advertir que no se describe la conducta ilícita señalada en el articulo 242 numeral 8 ya que la señora M. S. P. no tiene un título traslaticio de posesión con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pinalejo limitada, ya sea en depósito, comisión o administración, pues únicamente ésta ultima mantenía una relación de trabajo. Estos títulos señalados en la norma sustantiva son exigibles, ya que sin estos no existe delito pues la característica principal en modalidad delictiva en este tipo penal es el empleo del fraude o el engaño y como se reitera bajo un título traslaticio de posesión: DEPÓSITO, COMISION, ADMINISTRACION. -El simple hecho de establecer como hecho probado que la encausada tomaba para sí dinero sin establecer cuanto, no es motivo suficiente para considerar que esta apreciación se encuadra en el delito de apropiación indebida ya que de ser cierto solamente cumple con la primera parte del tipo penal: “Quien en perjuicio de otro se apropiare o distrajere dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble” sin embargo, esta primera subsunción no cumple con el requisito fundamental del delito de apropiación indebida que es que ésta apropiación sea por medio de un título traslaticio de posesión tal como lo exige la segunda parte del tipo penal: “…que hubiere recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que conlleve obligación de entregarle o devolverla, o negare haberla recibido”. Por lo anterior, el delito de apropiación indebida es la mutación de una posesión inicialmente legítima en una propiedad ilícita, esto es, la apropiación de lo que se posee en virtud de un título que no transmite la propiedad si no la posesión, y la consiguiente expropiación a quien, siendo el legítimo propietario de la cosa, ha cedido su posesión al sujeto activo de la infracción por un título que genera la obligación de entregar o devolver la cosa; en estos casos este título debe ser necesariamente deposito, comisión o administración u otros títulos que se encuentran ya definidos y reglamentados en el Código Civil y el Código Mercantil.-En el caso concreto, la señora M. S. P. no tienen ningún título traslaticio de posesión con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pinalejo Limitada, de ahí que los hechos probados de la sentencia ni siquiera menciona un título de los que exige la ley penal, tampoco menciona si bajo ese título existió el derecho de exigir la entrega o devolución de la cosa cuya posesión se transmitió en virtud de uno de los títulos considerados "idóneos", o lo que es igual ni siquiera menciona el derecho de reivindicar aquello de lo que se es propietario la cooperativa pero cuya posesión transmitió bajo un título. No existe en los hechos probados acción por parte de la cooperativa de exigir la devolución de lo dado en depósito, comisión o administración o es mas el tiempo en el cual se puede devolver el dinero que supuestamente se dio en depósito, comisión o administración. La doctrina dominante establece que en la apropiación indebida de dinero si el sujeto activo es una persona solvente y puede pagar lo dado bajo un título traslaticio de posesión no existe el delito, en virtud que el pago de lo debido se puede exigir por cualquier vía, de aquí la errónea adaptación que hace la mayoría del tribunal sobre el delito en referencia. (Jiménez Villarejo, José; Apropiación Indebida de Dinero; Cuadernos y Estudios de Derecho Judicial. España, edición 2004.).-Con la simple observancia de los hechos probados, que vergonzosamente para la justicia fueron copiados de una sentencia anterior y que la honorable Corte Suprema de Justicia anulo vía casación, podemos ver que la acción descrita no se subsume en el tipo penal de apropiación indebida por el cual condena por mayoría el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara en su fallo, pues como ya se dijo antes los hechos probados no se adecuan a los elementos básicos del tipo penal. Por otro lado, los hechos probados únicamente dejan sentado que los hechos descritos por la mayoría del Tribunal no son coherentes, ni claros, ni precisos. PRETENSIÓN: Comprobada la exigencia de que la norma infringida es de carácter sustantivo y, en vista que los hechos declarados probados no se pueden subsumir en el tipo penal debido a que se ha generando una condena con unos hechos que fueron copiados de otra sentencia y que a todas luces es atentatoria a la justicia; asimismo, que tales hechos son inamovibles bajo el articulo 369 tercer párrafo del código procesal penal y, que no caben ser trasladados a otra figura penal sin violentar el principio acusatorio, por lo que habiéndose acreditado con esta exposición de motivos que lo hechos probados de la sentencia no se pueden subsumir en el tipo penal de Apropiación Indebida Continuada, se solicita que la honorable Corte Suprema de Justicia enmiende el error en el fallo condenatorio y dicte una sentencia de carácter absolutorio a favor de la señora M. S. P..” III.- Sigue manifestando el recurrente: “MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. Precepto Procesal que da lugar al Recurso de Casación: Artículo 361 del Código Procesal Penal. Infracción de Precepto Constitucional: Artículo 88 de la Constitución de la República. Único Motivo. Para explicar el motivo de casación por infracción de precepto constitucional es necesario remitirnos a la valoración de la sentencia sobre un medio de prueba denominado acta notarial, que da pie a la construcción de los hechos probados copiados de una sentencia anterior- como verdad única, infringiendo de esta manera el artículo 88 de la Constitución de la República. Motivo que se invoca en este momento porque la vulneración se produce en la sentencia recurrida. En el apartado cuarto de la valoración de la sentencia se establece: “CUARTO: La prueba documental se valora de la siguiente manera: 1)…, 2)…, 3) ESTE TRIBUNAL DE SENTENCIA: Le da fuerza probatoria al acta notarial levantada por la juez de paz del municipio de Quimistan y Notario por Ministerio de la Ley, por cuanto la misma es copia fiel a su original, y en ella puede leerse que la procesada confiesa haberse tomado en forma inconsulta en su carácter de cajera de la Cooperativa supra mencionada de los depósitos que hacia los socios manifestándole el modo de operar que era la siguiente: Que recibía los depósitos que los socios realizaban los posteaba en su respectiva libreta, imprimía los recibos de los depósitos destruía las copias y no ingresaba al sistema de computo la información respectiva a la operación, y luego tomaba el efectivo.- Con lo expuesto con los testigos y la prueba documental no queda duda que la acusada es la autora material del delito de APROPIACIÓN INDEBIDA CONTINUADA en perjuicio de la Cooperativa mencionada anteriormente.” El acta notarial en referencia fue presentada con una fotocopia autenticada, lo que significa que el acta notarial original nunca se presentó al juicio oral y público. El acta en alusión fue realizada por I. S. H. P., juez de paz del Municipio de Quimista del departamento de Santa Bárbara, a solicitud del abogado H. R. O. R. (acusador privado) y en presencia del gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pinalejo Limitada F. E. S., quien el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara en el apartado cuarto de la valoración de la prueba valora su testimonio de la siguiente manera: “CUARTO: La prueba documental se valora de la siguiente manera: 1)…, 2)…, 3)…,4)…,5) Se evacuó por medio de lectura la declaración del señor F. E. S., quien rindió su testimonio en audiencia inicial, misma que no se le da valor probatorio, por resultar de la prueba evacuada que él mismo puede tener alguna responsabilidad en este caso, por lo tanto su declaración estaría encaminada a protegerse a sí mismo.” Las valoraciones expresadas violan flagrantemente la garantía constitucional establecida en el artículo 88 de la Constitución de la República que reza: “No se ejercerá violencia ni coacción de ninguna clase sobre las personas para forzarlas a declarar. Nadie puede ser obligado en asunto penal, disciplinario o de policía a declarar contra sí mismo, contra su cónyuge o compañero de hogar, ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Solo hará prueba la declaración rendida ante juez competente. Toda declaración obtenida con infracción de cualesquiera de estas disposiciones, es nula y los responsables incurrirán en las penas que establezca la ley.” La disposición que establece que sólo hará prueba la declaración rendida ante juez competente es una garantía procesal que va encaminada a proteger el derecho del encausado a declarar cuando a si lo desee, pero esta declaración, debe ser, necesariamente, controlada por un juez natural bajo el principio de inmediación que establece la normal procesal penal para que esta prueba surta efectos en el proceso de juzgamiento. El Tribunal de Sentencia al darle fuerza probatoria a esta acta notarial lo hace únicamente basado en el principio que todo acto de fe pública constituye plena prueba, entendiéndolo como un acto formal que se realiza ante la autoridad legitimada para atribuirla, el cual brinda seguridad jurídica al concebirse que está revestido de veracidad y confianza por haberse realizado en presencia del fedatario; Si bien esta apreciación sobre la fe pública es certera, no es absoluta ya que su fuerza probatoria puede ser enervada si se demuestra, ante el órgano jurisdiccional donde se presenta como prueba, que el contendido del acta está recubierta de falsedad. En primer término se sustenta que ha existido violación a la disposición constitucional con el fundamento en que el acta notarial constituye el único medio de prueba con el cual el órgano juzgador elabora los hechos probados de la sentencia que lo llevan a un fallo de condena. Esto se refrenda al establecerse que no existieron otros medios de prueba que establecieran los hechos de forma directa, por ejemplo ningún medio de prueba testifical o documental establece lo que dicen los hechos probados, de ahí que el Tribunal trata de calzar forzosamente, bajo una inexistente prueba indiciaria, visible en el apartado sexo de la sentencia sobre la valoración de la prueba, una conducta que no se reproduce con la prueba en su conjunto, sino que se establece únicamente por medio del acta notarial dando como resultado una verdad material errónea sobre una supuesta declaración donde la señora M. S. P. es confesa de un hecho que conduce al tribunal de sentencia a entender que se trata de un delito de Apropiación Indebida Continuada. Bajo este punto es necesario expresar que la defensa de la señora M. S. P. en todo el juicio oral y público demostró y argumentó que el acta notarial contenía hechos falsos y lo que está plasmado en el acta notarial, no lo dijo la encausada. El acta notarial en referencia, elaborada por la Juez de Paz I. S. H., no contiene la firma de la señora M. S. P. lo que demuestra su falta de voluntad de declarar. Este primer dato nos demuestra la violación al artículo 88 constitucional, lo cual no fue valorado por el Tribunal de Sentencia, alejándose de su obligación de valorar la prueba ofertada en juicio, pues la lógica no indica que si la señora M. S. P. se hubiese declarado confesa, ante la notaria por ministerio de la ley, hubiese firmado el acta notarial en el acto que se produce la declaración. El raciocinio común nos indica que si esta persona no firmó es porque ella no estaba de acuerdo con el contenido del acta. Por otra parte, el hecho de considerar por parte del Tribunal que el acta notarial constituye plena prueba en juicio no es una verdad absoluta puesto como ya se refirió esta pierde su fuerza probatoria al demostrarse que contiene datos falsos, ejemplo de ello es lo siguiente: El acta notarial no concuerda con el número de afiliados afectados en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pinalejo Limitada con la cantidad que establece la auditoría realizada por el señor H. H. M., auditor de IHDECOOP. La juez de Paz en el acta notarial establece y describe los nombres de treinta personas afiliadas como afectados, mientras que el auditor de IHDECOOP hizo una auditoria de cuarenta y cuatro personas afiliadas. Ambos refieren que lo extraviado es un millón seiscientos mil lempiras; sin embargo, al observar estos datos detenidamente se denota una incoherencia y falta homogeneidad en lo expuesto en ambos medios de prueba debido a que con una simple operación mental podemos determinar que no se ajusta o es incongruente que el tener datos diferentes entre el número de afectados nos den la misma cantidad de dinero extraviado. La lógica nos indica que ambos medios de prueba deberían tener la misma cantidad de afectados y la misma cantidad de dinero extraviado. Este hecho nos deja como conclusión que entre una y otra prueba no existe armonía y se desprende que el acta notarial contiene datos falsos. (El acta notarial menciona el nombre de 31 afiliados, en juicio se presentaron 44 carpetas de afiliados con su respectivo nombre).-Igualmente, el acta notarial contiene datos falsos, como ser que menciona a los señores E. R. V. y D. V. S. como personas afectadas por los faltantes que supuestamente resultaron en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pinalejo Limitada. Estos hechos fueron controvertidos y desacreditados en el juicio oral con las propias declaraciones de estos afiliados quienes en la vista oral fueron contundentes en afirmar que ellos en ningún momento sufrieron pérdidas en sus ahorros, siendo determinantes al manifestar que ellos sacaron su dinero de la cooperativa y que no tenían faltantes en sus cuentas; sin embargo, pese a esto, el tribunal no da crédito a las declaraciones de los testigos en mención. Entre los requisitos esenciales para la validez del acta notarial se puede observar que la misma no contiene el timbre de ley; igualmente, no contiene la exigencia de dar fe que en el lugar donde la juez de paz actúa como notario por ley, no existe notario hábil en el ejercicio de sus funciones, requisito establecido en el artículo 87 de la Ley del Notariado de 1930, que es la aplicable al momento de realizarse el acta notarial. El Tribunal de Sentencia violenta el artículo 88 constitucional al tomar exclusivamente el acta notarial como declaración de la imputada, considerando este hecho como cierto, sin reflexionar que la notaria por ley únicamente puede estampar en el acta notarial lo que observó y le consta, pero que no necesariamente lleva aparejado que lo que se establece sea cierto. Sobre éste punto es necesario referirse a que el acta notarial el tribunal la ha considerado como una especie de prueba anticipada donde sólo basta contratar los servicios de un notario que señale que una persona confesó haber cometido un delito para que el órgano juzgador estime, por tratarse de fe pública con fuerza probatoria, que el hecho delictuoso es cierto, sin tomar en cuenta que el dicho de una persona únicamente da certeza de que lo dijo, pero no es suficiente para determinar que el hecho existe o como en el presente caso, que la encausada, según el acta, se niega a firmar una supuesta declaración que consta en el acta notarial y que contiene datos irreales y falsos, dejando en clara evidencia que la misma en su totalidad es inverosímil, de ahí la vulneración a la disposición constitucional. Al tenor de lo anterior damos los siguientes paradigmas: piénsese, por ejemplo, en un caso de homicidio en que la madre por ocultar el delito cometido por su hijo se inculpa ante los oficios de un notario, pero la prueba restante presentada en el proceso sindique como único responsable al hijo. Aquí el juzgador tendría que realizar un esfuerzo mental para valorar la prueba en el proceso conjuntamente con el acta notarial para llegar al principio de verdad material, hecho que no ha sucedió en la sentencia que se reprocha en casación, ya que el tribunal de sentencia no valoró en su conjunto la prueba restante ofertada en el proceso dejando como única verdad el acta notarial. Otro ejemplo sería el de un notario que con evidente mala fe es contratado por otra persona para que estampe en un acta notarial la declaración de un enemigo donde éste ultimo confiese un delito, pero con tal mala elaboración que el resto del acta es incongruente con la prueba aportada en juicio, obviamente el tribunal dejara sentada la falta de credibilidad del acta notarial por contener datos falsos. En conclusión, tomar un acta notarial como verdad absoluta en un proceso sin considerar el resto de la prueba seria contrario a los principios procesales y odioso para un Estado de Derecho, pues entonces únicamente bastaría que el ente fiscal presentare actas notariales en un juicio para obtener un fallo favorable a sus pretensiones dejando a un lado la investigación criminal por entender que la fe pública constituye plena prueba en juicio. De aquí podemos aseverar que el acta notarial aludida en la sentencia recaída en contra de la señora M. S. P., al contener datos falsos esta no puede considerarse como plena prueba y, que en todo caso, al contener vicios resulta en contra de la disposición constitucional que señala que sólo hará prueba la declaración rendida ante juez competente, esto en referencia a la idónea aplicación que debe existir sobre la jerarquía de la ley donde la Constitución de la República prevalece sobre la ley secundaria. PRETENSIÓN. Comprobada la exigencia de que la sentencia infringe un precepto de carácter constitucional y, en vista que los hechos declarados probados en la sentencia se toma la declaración de la imputada ante un notario por ley, sin ser esta declaración rendida ante juez competente que conozca de los hechos que se le imputan a la señora M. S. P. generando una condena que a todas luces es atentatoria a la justicia al haberse comprobado que el acta notarial esta envestida de falsedad; se solicita que la honorable Corte Suprema de Justicia enmiende el error declarando la nulidad del juicio y la sentencia en virtud de haberse acreditado la vulneración de una garantía procesal de carácter constitucional como ser el hecho de tomar como prueba un declaración sin que esta haya sido rendida ante un juez competente.” IV.- SIGUE MANIFESTANDO EL IMPETRANTE: “MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. PRIMER MOTIVO: Haber excluido el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara una prueba de valor decisivo consistente en una pericia que determinaba la inocencia de nuestra representada. Precepto Procesal que da lugar al Recurso de Casación: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. Para explicar el motivo de casación por quebrantamiento de forma en su primer motivo es necesario remitirse a la sentencia en el apartado quinto sobre la valoración de la prueba:“QUINTO: No se hace valoración de los medios de prueba testificales consistentes en declaraciones de los señores C. A. B. por haber sido desistido por la parte que lo propuso sin objeción de la parte contraria, asimismo el pericial que debía rendir el señor J. A. M. por el hecho de haber sido desistido de su testimonio por la parte proponente, y no fue posible la lectura solicitada por el Ministerio Publico por no constar en autos el informe de este perito y no se constaba con más tiempo para suspender el debate para poder recuperarlo.” Es necesario explicar a los Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia que el medio de prueba pericial fue propuesto por la defensa al Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara y no por el Ministerio Publico; asimismo, el tribunal hace caer en error a la defensa al establecerse por parte de la secretaria del Tribunal que el perito se encontraba fuera del país. Pese a ello, existe un informe pericial presentado que sí debió haberse evacuado ya que estaba en poder de la secretaría del Tribunal de Sentencia y éste era de suma importancia ya que consistió en una auditoría interna realizada a la cooperativa de Ahorro y Crédito Pinalejo Limitada que se dirigía a determinar si en realidad existieron los faltantes y si el monto era congruente con lo alegado por el ente acusador. Lo anterior debido a que dentro del proceso no existió una pericia al respecto, si no que una prueba documental y testifical elaborada por el Instituto Hondureño de Cooperativas (IHDECOOP) la cual no fue ordenada ni controlada por ningún órgano jurisdiccional y que a su vez ésta no determina que exista un faltante de un millón seiscientos tres mil dieciocho lempiras con cincuenta y tres centavos (Lps.1,603,018.53) como se explicara más adelante en otro motivo de casación por quebrantamiento de forma.-Sobre este medio de prueba también debe hacerse hincapié que al inicio del debate en fecha 2 de octubre de dos mil ocho en el acta de debate en la pagina numero 1 línea 29 consta que al perito J. A. M. no se le citó por no ser posible. En la pagina número 32 línea 21 de la misma acta de debate la defensa, sobre la ausencia del perito en el debate solicita lo siguiente: “Con el perito J. A. M., esta defensa cree que es importante que comparezca a esta audiencia en virtud de que él hizo una auditoria y que fue propuesta por la defensa y ordenada por el Tribunal de Sentencia para que pudiera establecerse que fue lo que sucedió con estas irregularidades que se presentan en esta cooperativa y es interesante establecer cuál es la relación que existe entre la auditoría realizada por el señor H. H. M. con la realizada por el señor J. A. M. por lo que persistimos que sea citado este caballero.” En la página 33 de la misma acta de debate, reanudada la audiencia de debate con fecha veintitrés de octubre del año dos mil ocho, la secretaria del Tribunal de Sentencia informa sobre el perito en alusión, lo siguiente: “no fue citado en legal y debida forma el perito J. A. M., se recibió vía fax según informe brindados al señor receptor del Tribunal de San Pedro Sula el señor M. A. V., que esta persona no fue posible su localización según informes de una empleada de la auditoria y contabilidad Alvarado Chessa S. de R.L. la cual no quiso brindar su nombre, no se encuentra dicha persona en el país, con constancia firmada por el receptor.” Al final de la pagina 33 y seguido a la página 34 del acta de debate se puede verificar que el Ministerio Público solicita que se desista del perito y que únicamente se lea el informe pericial a lo cual la defensa solicitó se le permitiera esperar a que se evacuara toda la prueba propuesta para poder decidir sobre lo solicitado por el Ministerio Publico en virtud de ser ésta una prueba propuesta por la defensa. Después de evacuada la prueba, la defensa accede a lo solicitado por el Ministerio Público en la que solicita se lea el informe pericial, sin embargo, esto no sucede en vista que la Secretaria del Tribunal de Sentencia, quien está obligada a custodiar el expediente, informa lo siguiente: (Consignado en la pagina 45 línea 41 del acta de debate) “El presidente ordena a la secretaria adjunta de lectura a la pericia.- secretaria responde no tiene el documento y no consta en el expediente, y se ha hecho una revisión de la primera y segunda pieza y ese dictamen no está en ninguna de las dos piezas”. Posteriormente, el tribunal resuelve: (pagina 46 línea 16 del acta de debate) “Hacer constar que no se va a tomar en cuenta este medio de probatorio porque no esta no lo podemos evacuar, y el Ministerio Publico se le pone en conocimiento esta situación para que realice las diligencias pertinentes en relación a sus atribuciones” Seguidamente el Ministerio Publico basado en el principio de objetividad que le obliga el artículo 93 del Código Procesal Penal interpuso recurso de reposición, en la cual la defensa se unió al recurso planteado, exponiendo su réplica, que consta en el acta de debate en la pagina 48 línea 25 de la manera siguiente: “…Pero quería quedar claro aquí la defensa no es que no quiere que se evacue ese medio de prueba si nosotros lo solicitamos, solicitamos para controvertirlo con el testimonio del señor que viene de IHDECOOP únicamente para ello, y por eso que nosotros en este momento queremos dejar debidamente esclarecido que la defensa también habida (lo correcto es ávida) que se evacue ese medio de prueba…” Una vez expresado lo anterior, queda evidenciado que se hizo el reclamo respectivo, por ambas partes, para subsanar el agravio provocado por la secretaria del Tribunal de Sentencia en vista que de acuerdo a la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales ésta es la encargada de custodiar todo el proceso: “articulo 222.- Serán Obligaciones de los Secretarios: 11. Custodiar y Conservar cuidadosamente los sellos, procesos y documentos que estuvieren a su cargo”. Precisamente esta situación provocó indefensión a la señora M. S. P., por lo cual la defensa interpuso la respectiva denuncia ante la Insectoría General de Juzgados y Tribunales bajo expediente 424-IGJT-PJ08. El Tribunal a la fecha no informó ni mucho menos dio cuenta a la Insectoría General de Juzgados y Tribunales sobre la irregularidad planteada, a pesar de saber que la única responsable es la secretaria del Tribunal de Sentencia por ser esta quien debe custodiar los expedientes por disposición de la ley.-Honorables magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el hecho de no evacuar un medio de prueba tan importante como es una pericia, la cual fue ordenada por el propio Tribunal de Sentencia, provoca un agravio enorme a la encausada puesto que esta prueba pericial demostraba de forma determinante la inocencia de la señora M. S. P.; a su vez, establecía, que si hubo faltantes de dinero dentro de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pinalejo Limitada estos no ascendían a la cantidad de un millón seiscientos tres mil dieciocho lempiras con cincuenta y tres centavos (Lps. 1,603,018.53) como lo quiso hacer creer el ente acusador conjuntamente con el acusador privado. Es de hacer notar que esta cantidad no fue demostrada en el juicio oral y público razón por la cual era de suma importancia esta prueba pericial ya que los faltantes aludidos resultaron ser un embuste para involucrar a la encausada y evitar se descubriera el desorden administrativo que mantenía el gerente de la cooperativa F. S., quien es el verdadero responsable de los hechos. Pese haberse realizado el reclamo respectivo el Tribunal de Sentencia resuelve el recurso de reposición de la siguiente manera: (consta en el acta de debate en la página 48 línea 31) “El Tribunal de Sentencia Resuelve: Por unanimidad de votos vamos a conceder parcialmente el recurso de reposición, a fin de expresar la resolución de la siguiente manera, que en virtud del informe rendido por la secretaria verbalmente, no se evacua el medio probatorio, es difícil no podemos contar con él en este momento, no podemos suspender el debate porque ya lo hemos suspendido una vez y el máximo que nos da la ley solo son quince días y eso fue lo que utilizamos, entonces esta el Ministerio Publico tiene conocimiento de la situación, se le solicita por parte del tribunal que se encargue de la investigación , porque es el ente que tiene la investigación de los delitos hoy en día, no es el Tribunal el que va investigar, administrativamente el Tribunal de Sentencia tendrá que poner en conocimiento a los órganos contralores de los tribunales, pero no es una razón para suspender el juicio, no nos queda más hacer constar nuevamente que la razón porque no se evacua ese medio probatorio de la defensa, es porque no está en el proceso, este Tribunal no lo conoce, porque no lo recibió, este tribunal no integro cuando se realizó la proposición de prueba, nosotros no podemos saber si se recibió o no, eso no lo podemos saber no conocemos absolutamente nada.” La resolución emanada del Tribunal de Sentencia es absurda y fuera de toda lógica, pues resuelve un recurso de reposición de manera parcial siendo el resultado total, la no evacuación de una prueba que es importante para el proceso. Por otra parte su fundamento final es espurio, porque sí era de su conocimiento que la prueba pericial sí se recibió y que estaba bajo la custodia de la secretaria de Tribunal, además se evacuó en el proceso anterior el cual fue anulado en casación, hecho que la secretaria se los hizo saber en el juicio: (consta en pagina 46 línea 2 del acta de debate) “El presidente pregunta a Secretaria ese medio probatorio en audiencia de proposición de prueba? Secretaria responde. Ese medio probatorio fue traído y evacuado y consta en un acta anterior, y allí consta que la secretaria adjunta dio lectura al dictamen pericial”. Sin embargo, acreditada la existencia del informe pericial y ante una mala dirección del debate por parte del presidente del Tribunal que por inopia de su raciocinio suspende el juicio oral por quince días cuando no era meritorio y por la apatía de no ordenar citar en el momento oportuno a los testigos y peritos, decide suspenderlo agotando arbitrariamente el cauce procesal, de esta forma el tribunal se ata solo y no puede volverlo a suspenderlo al darse cuenta que violenta el principio de concentración establecido en el Código Procesal Penal.-Queda claro y evidenciado que el informe pericial resultaba importante para el proceso puesto que éste demostraba que la Cooperativa no tenia faltantes que ascendían a un millón tres mil dieciocho lempiras con cincuenta y tres centavos; y, que sumado a esto, tal cifra no fue demostrado en el juicio ya que los acusadores solo presentaron un certificado del director de IHDECOOP donde expresa que ese era el faltante sin ningún refrendo; asimismo, cuarenta y cuatro carpetas de cuadros comparativos entre el sistema y las libretas que no sustenta lo alegado por los acusadores ya que tampoco demuestra esa cantidad; notoria es entonces la importancia de la única prueba pericial presentada en el proceso.-RETENSIÓN. Comprobada la exigencia del artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal en el sentido que la sentencia recurrida adolece de un vicio, que consiste en la decisión del Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara de excluir del material probatorio una prueba Pericial de valor decisivo, lo que le generó una apreciación distorsionada de la totalidad prueba aportada en juicio, provocando una condena que a todas luces es contraria a la justicia. Se solicita que la honorable Corte Suprema de Justicia enmiende el error declarando la nulidad de la sentencia y el juicio, en virtud de haberse acreditado que el tribunal de Sentencia excluyó una prueba de valor decisivo”.- V.- SIGUE MANIFESTANDO EL RECURRENTE.- “MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA.- SEGUNDO MOTIVO: No haber observado, el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. (No se expresa reclamo alguno para subsanar el error, por haberse producido el vicio en la sentencia que se reprocha). Precepto Procesal que da lugar al Recurso de Casación: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Para explicar el motivo de casación por quebrantamiento de forma en su segundo motivo es necesario remitirse a la sentencia en el apartado cuarto numeral segundo, sobre la valoración de la prueba, la cual se analizará numeral por numeral “CUARTO: La prueba documental se valora de la siguiente manera: 1)…, 2) Mediante la certificación extendida por el director ejecutivo de IDEHCOOP, se acredita que la cantidad de dinero que hacía falta en la Cooperativa, es de un MILLON SEISCIENTOS TRES MIL, DIECIOCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS, prueba que queda reforzada con el resto de la misma, que fue evacuada con la que guarda relación directa. Se evacuaron las fotocopias autenticadas de las cuentas de ahorro de los socios, así como una serie de carpetas debidamente numeradas, donde constan las cantidades que les fueron retiradas cantidades de dinero sin su autorización, quedando evidenciado que las libretas no concuerdan con el registro de sistema de computo y que las hojas de retiro tienen todas las firmas de la encartada, sin concordar con la firma de los socios”. En este apartado podemos apreciar que el Tribunal de Sentencia le da credibilidad, sin seguir las reglas de la sana critica, a tres pruebas documentales y estima que las hojas de retiro tienen la firma de la encartada: La valoración sujeta a reproche da como acreditado con una certificación del director de IHDECOOP que la cantidad de dinero que hacía falta en la cooperativa es de un millón seiscientos tres mil dieciocho lempiras con cincuenta y tres centavos, esgrimiendo en su escasa valoración, que esta prueba queda reforzada con el resto de la misma, sin especificar por ejemplo con cual prueba se refuerza; asimismo, que fue evacuada con la que guarda relación directa, sin especificar mínimamente con cual prueba tiene relación directa. El sistema de la sana crítica racional permite al juez la libertad de valorar autónomamente la prueba que es puesta a su conocimiento, pero esta libertad debe estar sometida a normas de la lógica, la sicología y la experiencia común. En este caso, siguiendo los principios de la lógica formal, podemos apreciar que el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara no utiliza las reglas de la lógica ni emplea un criterio racional para llegar a la verdad material. En primer término vemos una flagrante contradicción en el apartado segundo de los hechos probados con lo expresado en el apartado cuarto de la valoración de la prueba, puesto que el tribunal expresa como hecho probado que los faltantes que ascendían a un millón seiscientos tres mil dieciocho lempiras con cincuenta y tres centavos fueron establecidos por una auditoria elaborada por el Instituto Hondureño de Cooperativas IHDECOOP, mientras que en la valoración de la prueba, en el apartado cuarto, numeral segundo, establece que el dinero que hacía falta en la cooperativa fue acreditado mediante una certificación extendida por el director de IHDECOOP. ¿No es ésta una contradicción?.-El argumento utilizado por el Tribunal es frágil, en primer lugar porque el juzgador le da plena credibilidad a una certificación emitida por el director IHDECOOP como si ésta se hubiese producido por un agente envestido de fe pública, que por el contrario, no puede ser considerado como tal por el simple hecho de no ostentar ningún tipo de fe que tenga aparejada fuerza legal. Por otra parte, no se pude dar crédito a un documento por si solo únicamente por el hecho que una persona así lo estime, ya que no basta que el director de IHDECOOP lo certifique si no que para poder constituirse como un documento creíble debió ser reconocido judicialmente por quien elaboró o contar con otra prueba que le diera fuerza y virtualidad. En atención a ello, el tribunal devenía obligado, al no contar con el reconocimiento judicial del documento por parte de quien lo elabora, basado en el principio de la razón suficiente, tomar otra prueba que reforzara su apreciación y así acreditar el extremo de considerar esta prueba como certera; pese a ello, el tribunal no valora la prueba, solo la cree, y no explica porque le da credibilidad, siendo este hecho una violación a los principios rectores de la sana critica es decir las normas de la lógica, la sicológica y la experiencia común como se explicó anteriormente. En cuanto a las fotocopias autenticadas de las cuentas de ahorro de los socios junto con unas carpetas numeradas, el tribunal con estos medios de prueba documentales valora que allí constan las cantidades de dinero que fueron retiradas sin autorización, quedando evidenciado que las libretas no concuerdan con el registro del sistema de computo y que las hojas de retiro tienen todas las firmas de la encartada. La primera observancia que se debe realizar sobre esta insuficiente valoración probatoria es que el tribunal no explica que el ente acusador presentó cuarenta y cuatro carpetas pertenecientes a cuarenta y cuatro afiliados junto con sus respectivas libretas o cuentas de ahorro; asimismo, que en estas cuarenta y cuatro carpetas consta un cuadro comparativo entre los datos arrojados por el sistema de computo y las libretas de los afiliados, siendo ésta la auditoría realizada por el señor H. H. M. N. , auditor de IDEHCOOP y que en esta auditoría se determinan supuestamente los faltantes alegados por los acusadores. El Tribunal de Sentencia violenta las reglas de la sana crítica precisamente las reglas de la lógica al no apreciar exhaustivamente el material probatorio que es sometido a su conocimiento. Sobre las cuarenta y cuatro carpetas el señor H. H. M. N. estableció que para determinar el monto de los faltantes en la cooperativa cada carpeta tenía un cuadro de ajuste y que este era el indicador de los faltantes, así en el acta de debate el señor H. H. M. N. al ser interrogado al respecto dice: (consta en el acta de debate en la pagina 40 línea 5) “Se le cede la palabra a la defensa. Quisiera que me pusieran a la vista la carpeta del afiliado 20-20093 al testigo H. H. M. N. El Tribunal de Sentencia resuelve. Que se le ponga a la vista al testigo de la carpeta del afiliado 20-20093. La secretaria Adjunta puso a la vista al testigo de la carpeta 20-20093.- En esa carpeta cual es el faltante?. Cinco mil ochocientos lempiras. A donde lo dice? En ajuste. Pero dice faltante en la carpeta? Hablar de ajuste o de faltante de un expediente en un tribunal es la misma competencia. Que significa de la misma competencia? Tiene el mismo significado.” En atención a lo expresado por el auditor de IDEHCOOP y sumar el cuadro de ajustes de las cuarenta y cuatro carpetas de los cuarenta y cuatro afiliados que fueron las personas a quienes se les perjudico con los faltantes dentro de la cooperativa, se puede establecer con la simple suma aritmética que los faltantes ascienden a la cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO lempiras con SESENTA Y UN centavos (L. 481,874.61) suma que se extrae del cuadro comparativo en el campo denominado valor de ajustes. En relación a ello queda demostrado que ante el Tribunal de Sentencia no se acreditó desde ningún punto de vista la cantidad de un millón seiscientos tres mil dieciocho lempiras con cincuenta y tres centavos (Lps. 1,603,018.53) Es por ello que el Tribunal al no contar con prueba determinante de los faltantes decide darle credibilidad a un certificado emitido por el director de IDEHCOOP sin tener ningún sustento. Sobre el mismo punto debemos dejar asentado que honorable Juez A. F. P. D. en su voto disidente sí observó y apreció la prueba sometida a su conocimiento aplicando la sana crítica al establecer en el voto, lo siguiente: “Tomando en cuenta estas exigencias procesales ineludibles, debo hacer hincapié sobre la escasa valoración que realiza la mayoría de los honorables jueces en la sentencia. En primer lugar, es necesario determinar si con la prueba aportada tanto por el ente acusador del Estado, el acusador privado y la defensa, se logra comprobar si efectivamente existió, dentro de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pinalejo limitada, un extravió de fondos que ascienden a un millón seiscientos mil lempiras, esto de acuerdo a la formalización de acusación hecha en la audiencia preliminar y en la posición planteada en el inicio del debate, tanto por la Fiscalía del Ministerio Publico y la acusación privada. Al respecto, sobre el material probatorio de cargo planteado para acreditar estos extremos resulta imprescindible examinar esta prueba que consistió en un análisis comparativo de movimiento entre el sistema de computo de la cooperativa y libreta de ahorros de las cuentas de los afiliados. Estudio realizado por el testigo H. H. M., auditor de IHDECOOP, y quien en la audiencia de debate reconoció todo el material aportado que consistía en 44 carpetas que contienen las cuentas de los afiliados y el registro del sistema de cómputo de la cooperativa. En esta auditoría, el señor H. H. M., determina que todo este estudio realizado se confirmaba un faltante de un millón seiscientos mil lempiras (1,600,000.00), argumentando que esto se verificaba con los ajustes hechos por la cooperativa a los afiliados. Al analizar cada una de las carpetas enunciadas y la declaración del testigo quien manifestó que al sumar los ajustes hechos por la cooperativa daba la cantidad expresada en la acusación. Se denota su falta de credibilidad ante el Tribunal de Sentencia debido a que éste dato lejos de ser real no concuerda con el contenido de cada una de las carpetas (folios 87 al 609) pues el valor del total de los ajustes, según las carpetas, asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO lempiras con SESENTA Y UN centavos (L. 481,874.61) suma que se extrae del cuadro comparativo en el campo denominado valor de ajustes. Igualmente al sumar el cuadro comparativo específicamente el campo denominado Total de Apropiación Indebida este asciende a la cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE con CUARENTA Y SIETE centavos. Tomando en cuenta estos datos y la declaración del señor H. H. M., quien expresó que los datos del total de ajuste con el total de lo apropiado indebidamente debían coincidir, se desprende que este testigo no dijo la verdad al manipular la información que supuestamente recabo, pues los datos vierte en la vista oral no concuerdan y mucho menos llegan a la cantidad de un millón seiscientos mil lempiras. Por lo anterior, resulta desatinado que la mayoría del tribunal de sentencia esgrima como hecho probado que existió un faltante de un millón seiscientos mil lempiras sin tener prueba fehaciente de dato, puesto que la prueba que se presentó no acredita esa cantidad.” Visto lo anterior surge la pregunta ¿Por qué la mayoría del tribunal establece que existe un faltante de millón seiscientos tres mil dieciocho lempiras con cincuenta y tres centavos (Lps 1,603,018.53)? La respuesta es sencilla: porque la mayoría del Tribunal valoró la prueba sin aplicar los criterios de las sana critica, por lo tanto le fue más fácil dar por creíble un certificado sin ningún sustento y así COPIAR LOS HECHOS PROBADOS DE UNA SENTENCIA ANTERIOR QUE FUE ANULADA POR TENER VICIOS EN LA VALORACION DE LA PRUEBA. ¿No esto una burla a la justicia? En el presente caso el órgano juzgador no aplicó las reglas de lógica en su derivación de la ley del tercero excluido, razón por la cual los hechos que estimó probados no son congruentes con la prueba vertida en el juicio oral, es por ello que la prueba no dice lo que la mayoría del tribunal afirma. Siguiendo la valoración desatinada que realiza la mayoría del Tribunal observamos que éste deja determinado que todas las hojas de retiro tienen todas las firmas de la encartada. Haciendo una aplicación correcta basada en los criterios de la sana crítica, fácilmente se establece que no existe prueba que determine el nexo entre las firmas plasmadas en un documento fotocopiado y la encartada, hecho que no se puede demostrar más que con un perito calígrafo, de ahí surge el siguiente cuestionamiento ¿Cómo supo el tribunal que las firmas que aparecen en las hojas de retiro eran de la encartada, si en el juicio oral no se presentó ninguna prueba calígrafa que así lo determinara? ¿A caso el tribunal conoce la firma de la encausada? resulta pues que el tribunal sobre estos recibos o retiros únicamente pudo observar fotocopias, las cuales no pueden por si solas constituirse en prueba creíble por ser fácilmente adulterables, además la imputada en ningún momento reconoció la firma que dice el tribunal que le pertenece. Sobre este sentido la defensa en reiteradas ocasiones le hizo al órgano jurisdiccional este señalamiento como se hace constar en el acta de debate pagina 15 línea 5: “El Tribunal de Sentencia Resuelve: Ordena a la secretaria adjunta que se le pongan a la vista documentos comprobantes de recibos a la testigo: Se le cede la palabra a la Defensa. Previo quisiera ver la autentica de esos documentos, me pueden orientar donde viene la autentica de esos recibos. Secretaria responde: no viene autentica solo presentaron fotocopias.- Se le cede la palabra al acusador. Se presentaron varias autenticas seguramente se encuentra en otra. Su señoría es una prueba admitida ya dos años, consta aquí y solamente fotocopias debidamente autenticadas efectivamente así los propusieron estos son los recibos desde 64069 hasta 64101 y dice solamente eso no me especifica a en el momento de la pretensión de la autentica, estoy hablando de las autenticas porque así aparece cuando la propusieron, yo solamente leo que propusieron en aquella oportunidad, y efectivamente no aparece autentica, solo son cuatro de los cuatro solo tres son lo que aparecen autenticados esto solo son autenticas. El tribunal de Sentencia Resuelve: Aunque solo son fotocopias están incorporados al proceso, sin perjuicio del valor probatorio se ordena que se le ponga a la vista de la testigo”. Aquí se puede observar que al Tribunal de Sentencia únicamente se le presentaron fotocopias sin autenticar y que en su valoración les da credibilidad pese a que no contienen autenticas y, aunque las tuviera, esto sencillamente no demuestra que las firmas que calzan en los recibos o en las hojas de retiros hayan sido firmados por la encausada puesto que el requisito indispensable para poder determinar lo que la mayoría del tribunal aduce es que esto fuese demostrado mediante una prueba calígrafa. Nuevamente la mayoría del Tribunal falta a las reglas de la sana crítica porque da como probado que la encausada firmó recibos, firmo retiros, sin tener a su alcance prueba veraz y creíble que lo demostrara, ya que la única forma que podría determinarse como se dijo es mediante una pericia calígrafa, la cual no fue realizada en ningún momento del proceso. Siguiendo las faltas cometidas por la mayoría del Tribunal de Sentencia precisamente por violentar las reglas de la sana crítica se advierte nuevamente otro desatino: En el apartado tercero, párrafo tercero de la valoración de la sentencia se establece: “TERCERO:… Declararon los testigos D. V. S. que decían que me habían agarrado dinero de mi cuenta, pero eso es una mentira porque mis cuentas está bien no he sido afectado en este problema. Seguidamente el testigo E. R. V. yo no me daba cuenta de nada hasta llego el abogado O. a dejarme una cita con la secretaria del juzgado de Quimistan hasta entonces no me daba cuenta de eso, después me mandaron a pedir la libreta de la cooperativa y no la quise mandar. Estas declaraciones que son irrelevantes a criterio de la mayoría de este tribunal y no guardan relación con las teorías de las partes”. Seguidamente en el apartado cuarto numeral tres de la valoración de la sentencia se establece: “CUARTO: La prueba documental se valora de la siguiente manera: 1)…, 2)…, 3) ESTE TRIBUNAL DE SENTENCIA. Le da fuerza probatoria al acta notarial levantada por la juez de paz del municipio de Quimistán y Notario por Ministerio de la Ley, por cuanto la misma es copia fiel a su original, y en ella puede leerse que la procesada confiesa haberse tomado en forma inconsulta en su carácter de cajera de la Cooperativa supra mencionada de los depósitos que hacia los socios manifestándole el modo de operar que era la siguiente: Que recibía los depósitos que los socios realizaban los posteaba en su respectiva libreta, imprimía los recibos de los depósitos destruía las copias y no ingresaba al sistema de computo la información respectiva a la operación, y luego tomaba el efectivo. Con lo expuesto con los testigos y la prueba documental no queda duda que la acusada es la autora material del delito de APROPIACION INDEBIDA CONTINUADA, en perjuicio de la Cooperativa mencionada anteriormente.” Al relacionar estos dos apartados de la sentencia vemos que el tribunal no le da credibilidad a los testigos propuesto por la defensa, pese a que ellos manifestaron no haber sido afectados en sus cuentas de ahorro y contradecir el acta notarial elaborada por la juez de Paz de Quimistan, ya que en esta ultima aparecen como personas afectadas, por ejemplo en el acta de debate consta lo que dijo el señor D. V. S. en la pagina 30 línea 17: “Por qué me habían agarrado dinero de mi cuenta, pero eso es una mentira porque mis cuentas están bien no he sido afectado en este problema”. Por su parte el señor E. R. V. declaro lo siguiente: (visible a pagina 32 línea 3: “Yo no me daba cuenta de lo que me han acumulado, porque tenía un dinerito pero me lo comí yo, yo no me daba cuenta de nada hasta que llego el Abogado Osorio a dejarme una cita con la Secretaria del Juzgado de Quimistan, hasta entonces no me daba cuenta de eso, nadie me había comunicado nada que me habían involucrado en eso, después me mandaron a pedir la libreta de la cooperativa y no la quise mandar. Interroga la Defensa.- usted era afiliado de la cooperativa. Si. A usted alguien le sacó dinero?.- No, yo lo saque. Usted no tuvo problemas con la cooperativa? No”. Estas dos declaraciones resultan irrelevantes para el tribunal, sin embargo si se hubiese utilizado las reglas de la sana crítica seria una prueba importante para desacreditar el acta notarial puesto que en ella aparecen estos dos testigos como afectados. La lógica racional nos indica que si una persona tiene una cuenta en un banco o en una cooperativa y le informan que desapareció su dinero el raciocinio natural nos señala que esas personas reclamarían lo que les pertenece, lejos estaría entonces encontrar una persona que tenga una conducta contraria. Obviamente esto desacredita lo establecido en el acta notarial pues lo contradicen los testigos que son mencionados en la misma acta como afectados y que tampoco aparecen en la auditoría realizada por IHDECOOP, lo que demuestra que ambas son pruebas espurias. Lo anterior, únicamente expone que la mayoría del tribunal no hizo una valoración conjunta de la prueba ni la relacionó, porque al apreciar el acta notarial esta tiene un contenido diferente con el resto del material probatorio, más allá de ello es que el acta menciona a treinta y tres personas afectadas y la auditoria de IDEHCOOP señala cuarenta y cuatro personas, entonces aquí tenemos un conclusión sencilla: la prueba no demuestra lo que el tribunal confirma como hechos probados violentándose así las reglas de la sana critica sana critica. Finalmente, podemos apreciar que la mayoría del tribunal de Sentencia al valorar los testimonio de los testigos de cargo únicamente transcribe lo que los declarantes dijeron sin explicar porque les dio credibilidad, por ejemplo: en el primer apartado de la sentencia en cuanto a la declaración de A. R. M. C., I. S. H. P. y G. I. G. solo reproduce sus declaraciones y la única valoración que hace el tribunal es la siguiente: “Estos testigos tuvieron conocimientos de los hechos directamente a través de sus sentidos y declaran perfectamente sobre los mismos guardando relación entre sí. La mayoría del tribunal no advierte que hayan declarado motivados por alguna razón, y al interrogatorio y contrainterrogatorio de las partes se mostraron contundentes, convirtiéndose en útiles para al tribunal para dar probados los hechos anteriormente probados”. Aquí la mayoría del tribunal dejo un vacío enorme sobre lo que se espera relativo a la valoración de la prueba, en la que se debe explicar sin margen de duda porque se estima que tales declaraciones dan como resultado los hechos probados. Pese a esta exigencia el tribunal valora ambiguamente las declaraciones y no toma en cuenta que ninguno de los testigos presencio a la señora M. S. P. M. tomar dinero, pues ningún testigo presentado fue presencial. Por otra parte, dos de ellas manifestaron ser gerentes de la Cooperativa en otras filiales y ambas revelaron que el Gerente de la cooperativa tiene la responsabilidad de darse cuenta de los faltantes porque es una exigencia el realizar arqueos diarios. Seguido a esto no se toma en cuenta, en el caso de la testigo A. R. M. C., cuando el honorable juez A. F. P. D. le pregunto a quien considera responsable de los hechos y ella respondió NO SE. De la pregunta realizada quedó constancia en el acta de debate en la página 10 línea 15, no así de la respuesta ya que esta no se registró, por malicia del juez presidente y la secretaria, puesto que era obligación incluir en el acta esta respuesta tan importante, sin embargo se obvio su inclusión. Pese a ello, esto sí quedó registrado en las grabaciones magnetofónicas que realiza el Tribunal de Sentencia. Es necesario señalar que el Tribunal de Sentencia genera una sentencia con una valoración ambigua con un resultado dudoso puesto hasta el propio tribunal no le quedo completamente claro quién es responsable de un supuesto faltante de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pinalejo Limitada, ya que el apartado cuarto numeral cinco, establece: “CUARTO: La prueba documental se valora de la siguiente manera: 1)…, 2)…,3)…,4)…,5) Se evacuó por medio de lectura la declaración del señor F. E. S., quien rindió su testimonio en audiencia inicial, misma que no se le da valor probatorio, por resultar de la prueba evacuada que él mismo puede tener alguna responsabilidad en este caso, por lo tanto su declaración estaría encaminada a protegerse a sí mismo.” .-O sea, aquí el tribunal genera una duda razonable, ya que responsabiliza al gerente de la cooperativa F. E. S., lo extraño es que el tribunal en su valoración no nos dice cuánto dinero tomó para sí el gerente de la cooperativa. Esto es una muestra fehaciente que el tribunal no utilizo los criterio de la sana crítica porque de haberlos utilizado llegaría a la conclusión que no se demostró fehacientemente si existió faltantes en la cooperativa y que sí existieron estos son producto de una mala gerencia.-Es notorio que el Tribunal dejó de apreciar las reglas de la sana critica porque no brinda ni menciona que criterio de racionabilidad aplicó para dar como creíbles los testimonios, dejando únicamente a la arbitrariedad la valoración de la prueba. Con el testigo H. M. N. el tribunal nuevamente transcribe la declaración y en su escasa valoración, se pronuncia de la siguiente manera: “El testimonio de este testigo tiene plena credibilidad por poseer conocimientos técnicos que ilustran a este tribunal, pues labora para un órgano estatal contralor de las cooperativas, cuyas atribuciones se las confiere la ley, y no se demostró ni se advierte que tal testigo haya actuado con alguna motivación, los hechos que conoce los obtuvo personalmente revisando todas y cada una de las carpetas y expresó que de su actividad emitió un documento; testigo que es totalmente útil para declarar probados los hechos antes apuntados”. Con esta valoración tan frágil el tribunal pretende hacer creer que cumple con las exigencias de la norma procesal penal de expresar las pruebas que ha tenido en cuenta para declarar probados los hechos, justificando, según las reglas de la sana critica, el valor que se haya dado según su razonamiento. Es patente que el órgano jurisdiccional no relaciono este testimonio con las cuarenta y cuatro carpetas que incluían una supuesta auditoría realizada por el testigo H. M. N. hecho que se deslinda al haberse comprobado que no quedó acreditado con la auditoria que exista un faltante de un millón seiscientos tres mil dieciocho lempiras con cincuenta y tres centavos.-La insolencia de la mayoría del tribunal es aun mas grave y evidente cuando en el apartado segundo de la valoración de la prueba solo transcribe lo que dijeron los testigos G. S. V. V., B. I. M. E. y J. L. M. M. y no bastando semejante desaguisado repite la misma valoración que le dio en el apartado primero a los testimonios de A. R. M. C., I. S. H. P. y G. I. G. estableciendo como valoración de prueba los siguiente: “Estos testigos tuvieron conocimientos de los hechos directamente a través de sus sentidos y declaran perfectamente sobre los mismos guardando relación entre sí. La mayoría del tribunal no advierte que hayan declarado motivados por alguna razón, y al interrogatorio y contrainterrogatorio de las partes se mostraron contundentes, convirtiéndose en útiles para al tribunal para dar probados los hechos anteriormente probados”. Este entuerto es para asombrarse puesto que a la mayoría del Tribunal de Sentencia no solo le bastó copiar los hechos probados de una sentencia anterior declarada nula en casación, sino que también se ahorro tiempo evitando tener que utilizar las reglas de la sana critica para valorar la prueba testifical ya que lo más sencillo es volver a copiar lo que sesudamente ya había valorado en otros testigos. ¿No esto una bofetada a la justica y a la inteligencia? En conclusión Honorables magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la mayoría del Tribunal de Sentencia trata de hacer creer, estableciendo en el apartado sexto de la valoración de la prueba, que en el presente caso toda la prueba vertida en juicio es indiciaria sin tener en cuenta que para que estos sean concluyentes y permitan fundar la sentencia cada indicio debe estar probado, que deben se concomitantes, que existan una pluridad de indicios, que sea unívocos entre el indicio indicador con el indicado, que tenga homogeneidad inculpatoria y que permitan establecer un nexo lógico causal entre el contenido de las pruebas indiciarias y las conclusiones obtenidas por el juzgador. Partiendo de estas exigencias se puede apreciar que el tribunal únicamente forzó y creo indicios los cuales no existieron como prueba directa, pues como ya se verificó es evidente la incapacidad por parte de la mayoría del Tribunal de Sentencia de utilizar las reglas de la sana critica, en consecuencia no es posible que al no tener determinado de una manera certera que exista faltantes de dinero en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pinalejo Limitada podamos llegar a la conclusión que fue encausada que los tomó si el propio tribunal se contradice y estima que también es responsable el gerente F. E. S. Las valoraciones de la mayoría del tribunal de sentencia provocan agravio a nuestra representada ya que provocan una condena sin aplicarse a la prueba evacuada en el juicio oral y público las reglas atinentes a la sana crítica. PRETENSIÓN. Comprobada la exigencia del artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal en el sentido que la sentencia recurrida adolece de un vicio, que consiste en que el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara dejo de observar en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica, lo que le generó una apreciación deformada del conjunto de la prueba aportada en juicio, provocando una condena que a todas luces es contraria a la justicia. Se solicita que la honorable Corte Suprema de Justicia enmiende el error declarando la nulidad de la sentencia y el juicio, en virtud de haberse acreditado que el Tribunal de Sentencia no utilizó las reglas de la sana critica en la valoración de la prueba. DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY EN SU ÚNICO MOTIVO INTERPUESTO POR LA DEFENSA PRIVADA DE LA ACUSADA M. S. P. M., DENUNCIANDO INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DEL ARTÍCULO 242 NUMERAL 8 DEL CÓDIGO PENAL. I.- El Recurrente señaló que conforme a los Hechos Probados el Tribunal Sentenciador interpretó erróneamente el Precepto Penal sustantivo del Artículo 242 numeral 8 del Código Penal, consignando como precepto autorizante el Artículo 360 del Código Procesal Penal. Explicó el impetrante, que el cuadro fáctico de la sentencia, en ningún momento se subsumen en el tipo penal del Artículo 242 numeral 8 del Código Penal, pues no establecen que la imputada haya cometido el delito de Apropiación Indebida, pues la mala redacción utilizada por los Sentenciadores, contienen abundante cacofonía y una narrativa incoherente. Expresa el Censor, que a simple vista la Fundamentación Fáctica del fallo no permite establecer cuál fue la conducta ilícita realizada por la señora M. S. P., pues no puede extraerse de ellos que la acusada tiene un título traslaticio de posesión con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pinalejo limitada. II.- Tal como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A la Sala, tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de Derecho contenido en la sentencia. El Recurso de Casación por Infracción de Ley tiene por finalidad, la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de Derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse o partir su alegación de los Hechos Probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto, pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. La Sala ha reiterado también como presupuesto de la casación por infracción de ley, el principio de intangibilidad de los hechos fijados en la sentencia recurrida, estableciendo que el recurso de casación fundado en ese motivo, sólo procede para corregir el Derecho, de suerte que las cuestiones de hecho escapan al control jurisdiccional del Tribunal de Casación. La doctrina ha establecido tres especies o modalidades al referirse al Recurso de Casación por Infracción de Ley, es decir, “Violación o Falta de Aplicación ” que consiste en la falta de aplicación de ley o doctrinas legales que corresponden o se ajustan a los hechos probados que enuncia la sentencia, “Aplicación Indebida” que consiste precisamente en la invocación por el Juzgador de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, y por último la “Interpretación errónea” que consiste que citando la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. En el caso examiné, observa este Tribunal de Casación que el Recurrente si bien señala la interpretación errónea de un precepto penal sustantivo, al momento de desarrollar su impugnación no hace alusión a cuál fue el sentido distinto que el Sentenciador le otorgó al Artículo 242 numeral 8 del Código Penal, sino que advierte que dicha norma penal no se subsume en el cuadro fáctico de la sentencia, alegatos propios de un Recurso por Infracción de Ley en su especie de “Aplicación Indebida”; ahora bien, consideramos importante dar respuesta al recurrente de sus señalamientos, no obstante lo indicado. III.- La característica básica del delito de Apropiación Indebida es el castigo de la administración desleal del patrimonio ajeno con abuso de la confianza que en el depositario se ha puesto, transmutándose, unilateralmente por el autor, el título posesorio legítimamente iniciado por cualquier relación jurídica habilitadora para ello, en propiedad ilegítima, siendo sus elementos característicos los siguientes: a) Que el Sujeto Activo se halle en posesión legítima del dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial; b) Sujeto Pasivo será el propietario que voluntariamente accedió a trasladar la posesión al sujeto activo, con la provisionalidad o temporalidad determinada por la relación jurídica que media entre ambos; c) Que se trate de un Acto o Negocio Jurídico que origine la entrega al sujeto activo del objeto depositado con obligación de devolución por el poseedor al propietario, entendiéndose como supuestos más habituales, el depósito, comisión, administración, comodato, arrendamiento de obra o servicio, en definitiva cualquier título que tramita la posesión y no la propiedad e imponga la obligación de reintegro; d) La acción viene determinada por el Aprovechamiento Abusivo de la confianza latente en el negocio base y traicionando tal lealtad, conculcando las obligaciones emanantes de la relación jurídica generadora, pervierte y cambia la posesión originaria en propiedad abiertamente antijurídica, hostilmente lesiva para quien aguarda la entrega, asumiendo facultades de disposición que sólo al propietario competen, incorporándolo a su patrimonio, en provecho propio; e) Doble resultado de enriquecimiento del sujeto activo o empobrecimiento o perjuicio patrimonial del sujeto pasivo; f) Ánimo de Lucro que preside e impulsa toda la actuación del individuo y que consiste en la intención de obtener cualquier ventaja, utilidad o beneficio, incluso la finalidad meramente contemplativa o de ulterior beneficencia o liberalidad. En la configuración del delito de Apropiación Indebida pueden distinguirse dos etapas diferenciadas, la primera se concreta en una situación inicial lícita, generalmente contractual, en la que el sujeto activo recibe en calidad de depósito, comisión o administración, o por cualquier otro título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos, dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble, recepción presidida por la existencia de una convenida finalidad específica de devolución o bien de empleo en un destino determinado, es decir, de entrega de un tercero o terceros para cumplir la finalidad pactada. En la segunda etapa el agente transmuta esa posesión legítima (o propiedad afectada a un destino, en el caso de bienes fungibles), en disposición ilegítima y abusando de la tenencia material de los bienes y de la confianza recibida, dispone de ellos, los distrae de su destino o niega haberlos recibido, es decir, se los apropia indebidamente, en perjuicio del depositante, comitente, dueño o persona que debería percibir los bienes u obtener la contrapartida derivada de su destino pactado. El dolo debe abarcar todos los elementos típicos, en particular, el haber recibido la cosa en virtud de un título que produzca la obligación de entregarla o devolverla, y además debe concurrir una voluntad de apropiación o animus rem sibi habendi (elemento volitivo)[1]. IV.- Los Hechos Probados refieren claramente que la imputada M. S. P. laboró como cajera en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pinalejo Limitada, ubicada en la aldea de Pinalejo, Quimistán Departamento de Santa Bárbara; por tanto, la procesada recibía los depósitos de los afiliados a la cooperativa, procedía a postear las libretas de los socios con los depósitos que realizaban, pero no los registraba en el sistema de cómputo de la cooperativa, tomando para sí ese dinero y no lo registraba a la cooperativa, realizando esas transacciones en varias ocasiones; de igual forma, realizaba retiros de las cuentas de los clientes sin autorización de éstos, efectuando la rebaja en el sistema de cómputo de la cooperativa, pero el retiro no aparecía posteado en las libretas de los cooperativistas. El manejo de los fondos de los que estaba encargada la acusada M. S. como cajera en la Cooperativa Pinalejo Limitada con sede en Quimistán, traía aparejada el ejercicio de una función de confianza recaída en su persona, con el específico encargo de la recepción, trasiego y destino final del bien fungible en que el dinero consiste, lo que comportaba una intensidad, seguridad y permanencia posesoria en su custodia y disponibilidad para dirigir su destino que encaja en la fórmula abierta descrita en el tipo penal del artículo 242 No. 8) del Código Penal. El título de legitimación que ostentaba la imputada M. S. P. proviene "ab initio" precisamente de su cargo en la Cooperativa, a quien representaba cuando recibía o entregaba sumas dinerarias y que dicho dinero, aquella, es decir, la señora M. S. -como cajera- habría y estaba obligada de entregarlo ya a la Cooperativa o a los clientes legitimados para retirar sumas de dinero, tales circunstancias determinan que su actividad se adecua a la de un depositario temporal hasta la rendición de cuentas a sus superiores jerárquicos, confeccionando el cuadre diario de caja, lo que permite calificarlo como poseedor de las sumas económicas, en tanto que, representando a la Cooperativa, poseía un dinero ajeno que ella era encargada de velar y conservar, dado que le había sido entregado en razón de la confianza que la Cooperativa había depositado en su persona para su gestión en las distintas operaciones a ella encomendadas en condición de cajera. De este modo, al haber dispuesto como propios la señora M. S. P. del dinero que los cooperativistas depositaban, gestiones que si bien eran registrados en las libretas de ahorro de los clientes, pero no ingresados al sistema de cómputo de la cooperativa, determinan que haya incurrido en un grave quebranto de la confianza depositada en su persona, en la custodia y conservación de los fondos de los cuales era un depositario temporal, por tal razón su conducta se subsume a título de autor, en el tipo penal de apropiación indebida del artículo 242 No. 8) del Código Penal, tal como lo ha catalogado el Sentenciador; por tanto, considera esta Sala de lo Penal, que los Hechos Probados se han subsumido de forma correcta y armónica en el delito del Apropiación Indebida, razones suficientes para desestimar este primer motivo de casación. DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL EN SU ÚNICO MOTIVO INTERPUESTO POR LA DEFENSA PRIVADA DE LA ACUSADA M. S. P. M., DENUNCIANDO INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 88 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. I.- Expuso el recurrente que el Tribunal Sentenciador incurrió en grave transgresión al Artículo 88 de la Constitución de la República, consignando como Precepto Autorizante el Artículo 361 del Código Procesal Penal. Explicó el recurrente que al haber valorado el Juzgador la prueba documental consistente en un Acta Notarial levantada por la Juez de Paz del Municipio de Quimistán, quien es Notario por Ministerio de la Ley, en la cual la acusada M. S. P. rindió declaración en la que admite su responsabilidad en los hechos investigados, infringió el precepto constitucional antes referido que advierte “Sólo hará prueba la declaración rendida por Juez competente”, garantía que va encaminada a proteger el derecho de la persona imputada a declarar si así lo desea; sin embargo, el espíritu del Constituyente es que, necesariamente dicha deposición debe ser controlada por un Juez Natural bajo el principio de inmediación que establece nuestro proceso penal, situación que fue inobservada por los Sentenciadores. Señala el recurrente, que tan grave es el quebranto a la Constitución de la República, que el Juez A-quo utilizó dicho medios de prueba para fundamentar la declaración de Hechos Probados, pues lo consideró como el único medio de prueba. Expresó además el denunciante, que el Acta Notarial en referencia elaborada por la Juez de Paz I. S. H., no contiene la firma de la imputada, lo que demuestra su falta de voluntad con dicho acto, además de no concordar con el número de afiliados supuestamente afectados y con el aparente importe económico ilegalmente apropiado por aquella. II.- El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse Recurso de Casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo en la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada, un Precepto Constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general, toda Norma Legal puede vincularse con una Norma Constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro, en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores. La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial.- III.- El recurrente denuncia que el Tribunal de Sentencia ha emitido un fallo condenatorio producto de la inobservancia del Artículo 88 de la Constitución de la República que recoge el Principio Material de que “Sólo hará prueba la declaración rendida ante Juez competente” debido a que el Juzgador valoró y tomó en consideración para emitir su resolución de culpabilidad para la acusada, en una prueba documental consistente en Acta Notarial levantada por la Juez de Paz del Municipio de Quimistan, que contiene una declaración donde la imputada M. S. P., aceptaba su responsabilidad en los hechos que se le acusan, prueba documental que sirvió de base para la conformación del cuadro fáctico de la sentencia. A efecto de dar una respuesta integral al planteamiento, es ineludible para esta Sala de lo Penal realizar un análisis respecto a la figura central del proceso penal: el Imputado y su relación con la prueba: A.- El Imputado: Define el artículo 101 del Código Procesal penal que imputado es toda persona a la que se le atribuya participación en la comisión de un delito o falta por parte de los órganos encargados de la persecución penal, llámese Policía Nacional, Ministerio Público o Procuraduría General de la República en su caso, con independencia que se encuentre privada de su libertad o en el ejercicio de ésta. La calidad de imputado comienza a partir de la intimación, (Art. 84 último párrafo de la Constitución Política y Art. 101, 282.6 y 287.1 del Código Procesal Penal), que se da cuando a la persona se le informa por parte del Estado sobre los hechos delictivos en los que se le considera participo. La Intimación viabiliza el ejercicio de la defensa –Técnica y Material- y por ello constituye un deber para los Órganos Persecutores del delito a cumplir cuando la persona sindicada es llamada a responder por el hecho delictivo, como producto de una citación a declarar o en el acto de la aprehensión, pero además la intimación es un derecho, que posibilita a que cualquier persona que tenga conocimiento de estar siendo inculpada en la comisión de un delito comparezca voluntariamente (Art. 276 del Código Procesal Penal) ante el órgano persecutor (Policía, Ministerio Público, Procuraduría General de la República u Órgano Jurisdiccional), para ser informada de manera clara y sencilla sobre los hechos que se consideran delito (Art. 101.11 segundo párrafo del Código Procesal Penal).- Como consecuencia de la intimación nace la relación jurídico procesal, dando paso a que la ahora persona imputada pueda ejercer el conjunto de derechos procesales que reconocen las normas constitucionales y las normas procesales. En este punto, es importante aclarar que no implica que previo al acto de Intimación al sospechoso no le asista derecho alguno, ya que ello no es así, éste por su naturaleza de persona humana comparte con los demás ciudadanos los derechos reconocidos en la Constitución y las leyes, (Inviolabilidad del domicilio, de las comunicaciones, de la libertad ambulatoria, etc.), mas a partir de la Intimación la persona adquiere la calidad de imputada y con ella un conjunto de derechos particulares que se ejercen con ocasión del proceso penal (Art. 15 y 101 Código Procesal Penal), por ello en el acto de Intimación adicionalmente el Estado tiene la obligación de informar a la persona imputada el conjunto de derechos que le asisten en el proceso penal, posibilitando al mismo tiempo su ejercicio material, puesto que informar sobre derechos sin permitir su ejercicio es burlar la dignidad humana.- B.- La Prueba: Son innumerables los conceptos que la doctrina ha fijado para el término de prueba, casi tantos como la cantidad de acepciones que dicho término tiene en el ámbito procesal, más con ello la Prueba “en su acepción más genérica y puramente lógica, prueba quiere decir, a un mismo tiempo, todo medio que produce un conocimiento o probable, acerca de cualquier cosa, y en sentido más amplio y haciendo abstracción de las fuentes, significa el conjunto de motivos que nos suministra ese conocimiento. La primera es una concepción subjetiva y la segunda es objetiva”, dicho de otra manera la prueba es “el conjunto de razones que resultan del total de elementos introducidos al proceso y que le suministran al Juez el conocimiento sobre la existencia o inexistencia de los hechos que conforman el objeto del juicio y sobre el cual se debe decidir”.- Gravitan alrededor de la Prueba los conceptos de Objeto de prueba, sujeto de prueba, órgano de prueba, medio de prueba y elemento de prueba, mismos que para su fácil desarrollo se exponen a la inversa:
- Elemento de Prueba: Es el dato o información que se extrae del medio de prueba como consecuencia de su valoración por el órgano jurisdiccional.- 2) Medio de Prueba: Es el conducto, vía o figura procesal mediante el cual se hace llegar al proceso la fuente de la prueba y al órgano de prueba. En el Código Procesal Penal aparecen regulados un número limitado de medios de prueba, bajo la advertencia de que éste no es un número clausus y que aunque no esté regulado todo medio de prueba es permitido (Principio de Libertad probatoria) siempre que reúna dos requisitos esenciales: que sea objetivamente confiable y que sea lícito (Art. 199 del Código Procesal Penal).- 3) Fuente de Prueba: “Es el hecho del cual se sirve el Juez para deducir la verdad”; es la cosa o persona que se somete a estudio y que permite afirmar o descartar el objeto de prueba; 4) Órgano de Prueba: “Es el sujeto que aporta un elemento de prueba y lo transmite al proceso. Su Función es la de intermediario entre la prueba y el Juez”. El órgano de Prueba no se considera como “Prueba”, sino como intermediario entre el elemento de prueba y el Juzgador, como ocurre con los testigos o los peritos.- 5) Sujeto de Prueba: Persona que contribuye en la reproducción de un medio de prueba; e) Objeto de Prueba: “Es aquello susceptible de ser probado, aquello sobre lo que debe o puede recaer la prueba”. La prueba en el proceso penal se ocupa de tres temas: sobre la existencia del hecho, sobre la participación del imputado y sobre las condiciones personales del imputado (Imputabilidad).- C.- El Imputado Frente a la Prueba: La persona imputada puede presentarse frente a la prueba como un objeto de prueba o como un sujeto de prueba: i) El Imputado es Objeto de Prueba cuando se considere a su entidad corporal como fuente de datos que faciliten la investigación penal, adoptando una posición pasiva frente a la actividad probatoria (Art. 107 del Código Procesal Penal).- Las normas Constitucionales y procesales exigen la concurrencia de requisitos muy puntuales y la observancia de procedimientos rigurosos a efectos de tener al Imputado como objeto de prueba, cuya inobservancia no sólo hacen estéril la actividad probatoria a consecuencia de su ilicitud, sino que además podrían implicar la comisión de delitos en perjuicio de la persona del imputado.- ii) El Imputado actuara como Sujeto de Prueba cuando para la obtención de un elemento probatorio se requiera su participación activa, por lo que en acatamiento al artículo 88 de la Constitución de la República, esta participación debe de ser libre y voluntaria.- Ampara la anterior consideración el Principio de Inocencia Material, contenido en el artículo 89 de la Constitución, siendo la obligación del Estado, a través del órgano acusador, destruir la misma con la aportación de medios de prueba suficientes, sin que el imputado esté obligado a contribuir a dicha aportación, por ello, el Artículo 88 Constitucional establece que: “No se ejercerá violencia ni coacción de ninguna clase sobre las personas para forzarlas a declarar. Nadie puede ser obligado en asunto penal… a declarar contra sí mismo…”. El imputado una vez intimado y enterado de los derechos que le asisten frente al proceso, podrá elegir libremente participar en la actividad probatoria como sujeto de prueba (mediando asesoramiento de su apoderado legal si así lo considera necesario), realizando activamente los actos que se requieran para la práctica del medio de prueba, sin que sea permitido cualquier tipo de coacción o amenaza para ello, de este modo la declaración del imputado (en cualquier etapa del proceso), su participación en careo (Art. 260 del Código Procesal Penal), reconstrucción de hechos (Art. 262 del Código Procesal Penal), aportación de cuerpo de escritura para comparaciones y todo medio de prueba en el que se requiera que realice un papel activo y colaborador, deberán de ser voluntario y sin consecuencia procesal alguna en caso de negativa total o parcial.- La participación del imputado como sujeto de prueba es un acto de defensa material, pero además es una fuente de prueba que debe de ser valorada en contraste con la demás prueba, aún cuando se trate de una declaración donde se confiese su participación en el delito o si se trata de una declaración donde se plantee una cuartada. El Artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, establece el derecho de toda persona imputada de ser oída por autoridad competente, lo que conlleva la inversa obligación de esa Autoridad Competente de escuchar a la persona imputada y examinar no solo su declaración sino que cualquier otro acto que realice como sujeto de prueba de conformidad a las funciones del Órgano Persecutor del Delito que la reciba y el momento procesal que se realice, examen que puede resultar en una valoración positiva o negativa a los intereses del imputado[2].- IV.- Al realizar el análisis profundo del caso examiné, este Tribunal de Casación puede concluir que las actuaciones del Sentenciador al valorar un medio de prueba que no se realizó conforme los principios constitucionales y procesales, propios y consecuentes con las exigencias del debido proceso, infringieron gravemente al Artículo 88 de nuestra Constitución de la República que regula el principio de que “Sólo hará prueba la declaración rendida ante Juez Competente”, por las siguientes razones: a) El Sentenciador no debió valorar la prueba documental consistente en el Acta Notarial que contiene una supuesta declaración de la acusada donde aceptaba los hechos que se investigaban, levantada por la Juez de Paz del Municipio de Quimistan, Departamento de Santa Bárbara, I. S. H., pues si bien ella ostentaba un cargo jurisdiccional, fue llamada para dar crédito de un acto como Ministra de Fe, pero no le inviste de la competencia necesaria que exige nuestra Constitución de la República, es decir, no constituye un Juez de Garantías. b) Al momento de levantar el Acta Notarial, no se encontraba presente ningún defensor que le advirtiera a la acusada de las consecuencias que tendría su decisión de rendir declaración, por tanto se violentó el Derecho de Defensa. c) Si bien al momento de levantar el Acta Notarial la señora M. S. P. no ostentaba la calidad de imputada, pues no se le había presentado requerimiento fiscal ante Juez competente, en su condición de Persona le asistían los derechos y garantías que establece nuestra Carta Magna y desde el momento en que se presentó intimación penal en su contra, no tiene ninguna validez, pues le asisten todos los derechos y garantías que establece nuestra Constitución de la República para una persona imputada. d) Es evidente que la acusada M. S.fue sometida a presión y coerción por parte de las autoridades de la Cooperativa, pues si bien, accedió a realizar ciertas manifestaciones ante la Juez de Paz, no firmó el acta notarial para demostrar su voluntad de someterse a ese acto; pero si se encontraban presentes los auditores de la IHDECOP y autoridades de la Cooperativa, quienes ciertamente intimidaron a la imputada. e) Dicha prueba documental no podía si quiera ser utilizada en el acto del debate conforme lo regula el artículo 311 del Código Procesal Penal, pues si la decisión de la acusada hubiese sido rendir declaración, esa manifestación anterior ante la Juez de Paz por parte de la acusada, no se efectuó en ninguna etapa del proceso penal, llámese investigación o etapa preparatoria. f) El Acta Notarial que contiene la aceptación de los hechos por parte de la acusada, no se realizó bajo los principios procesales de inmediación y contradicción, es decir, ningún Juez competente tuvo contacto directo con el desarrollo de esa prueba y no fue sometido al contradictorio por parte de las partes procesales, por tanto es de pleno derecho nula. g) El Tribunal Sentenciador utilizó y valoró ésta prueba documental para adquirir la certeza necesaria de la culpabilidad de la señora M. S. P. M., al grado tal que fue incluida en la redacción que plasmara el Sentenciador en la Fundamentación Fáctica del fallo, con el objeto de darle credibilidad a los mismos. V.- La Declaración de la persona imputada es la fundamental manifestación del derecho de defensa material, adoptando el imputado el papel de sujeto de prueba, ya sea porque cuenta su versión de los hechos o porque responde al interrogatorio que se le formule, declaración que es válida y consecuente con el artículo 88 de la Constitución siempre que: 1) Se de la Intimación de Cargos y la Lectura de Derechos como acto previo; 2) Que la decisión de declarar sea voluntaria y libre de coacción, manteniendo dichas condiciones a lo largo de la declaración, requisitos que no fueron así respetados en el caso examiné, por tanto concluye esta Sala de lo Penal, que es procedente declarar Con Lugar la presente impugnación, decretar la nulidad de la sentencia así como el juicio que se celebró y ordenar una nueva celebración de un Debate con jueces distintos a los que participaron. Esta Sala de lo Penal, no se pronuncia sobre los Motivos de Casación por Quebrantamiento de Forma invocados por el recurrente, en virtud de haber prosperado el único motivo de Casación por Infracción de Precepto Constitucional solicitado, con los efectos jurídicos que ello conlleva.-POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 82, 88, 89, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 360, 361, 362 y 369 del Código Procesal Penal. 242.8 del Código Penal. FALLA: PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por el Abogado J. C. B. G. en su condición de Apoderado Defensor de la señora M. S. P. M. en la causa instruida en su contra por el delito de APROPIACIÓN INDEBIDA en perjuicio de COOPERATIVA DE AHORRO y CREDITO PINALEJO LIMITADA. SEGUNDO: Declarar HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por el Abogado J. C. B. G. en su condición de Apoderado Defensor de la señora M. S. P. M. en la causa instruida en su contra por el delito de APROPIACIÓN INDEBIDA en perjuicio de COOPERATIVA DE AHORRO y CREDITO PINALEJO LIMITADA. TERCERO: SE DECRETA LA NULIDAD de la sentencia de fecha uno de diciembre del dos mil ocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara. CUARTO: Ordena que se celebre un nuevo juicio que deberá conocer un Tribunal integrado por jueces distintos a los que participaron en el debate anulado. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que se proceda conforme a derecho.- Redactó: EL MAGISTRADO CÁLIX HERNÁNDEZ. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL.-”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, uno de julio del dos mil quince.- Certificación de la Sentencia de fecha dos de junio del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No.S.P.106=2009.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] Véase. Sentencia de Casación Penal N° 85-2009 dictada por la Sala de lo Penal de fecha 02 de noviembre del 2011.
[2] Véase. Sentencia de Casación Penal N° SP 266-2010, dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 15 de abril del 2013.