Sentencia CP-51-13 — Registro 4163
Resumen
En primer instancia se absuelve a la acusada por el delito de trafico ilicito de drogas, se dcelara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el MP
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El Recurrente señala como Motivo de Casación no haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las Reglas de la Sana Crítica, invocando como precepto autorizante el Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. La Sala de lo Penal realizado el examen de este motivo a efecto de determinar si el juzgador de instancia inobservo las Reglas de la Sana Crítica resuelve en base a las consideraciones siguientes: 1) El Artículo 202 del Código Procesal Penal impone la obligación de valorar la prueba y el Artículo 336 párrafo primero del mismo Código especifica que solo se valorará aquella prueba que se halla ejecutado durante el debate, relacionado con el Artículo 338 preámbulo, regla cuarta numeral 2) que manda dar valor a cada prueba en base a un razonamiento de conformidad con las Reglas de la Sana Crítica; en suma, la observación de esta normativa es lo que podemos identificar como consideración de prueba. 2) Un examen detenido del caso en estudio, permite precisar que el Juzgador de instancia declaró ilegal el allanamiento llevado a cabo al domicilio de la Imputada ya que el mismo se llevo a cabo en contravención a los requisitos formales que la ley establece para la práctica y la convalidación de la referida diligencia, por lo que para el referido Tribunal dicho allanamiento sin orden judicial se realizo en tergiversación, disminución y conculcación de los Derechos y Garantías de la hoy Imputada. Asimismo el Tribunal de Sentencia estimó que todas las pruebas que se evacuaron posterior al referido Allanamiento sin Orden Judicial al derivar de ésta, como lo son las Pruebas Documentales consistente en las Actas de Decomiso, Acta de Inspección Ocular y Autorización de Ingreso de Vivienda, así como la Constancia de la Dirección Regional de Medicina Forense, son igualmente ilícitas y por ello se omite valoración alguna de la prueba ulterior, por las formas como fueron obtenidas y por ser frutos del árbol envenenado, refiere también el Tribunal en cuanto al Dictamen Toxicológico que al mismo no se le da valor probatorio en virtud de para su práctica debió de realizarse audiencia respectiva a efecto que la Defensa y el Procesado tuvieren conocimiento de dichas diligencias y pudiesen hacer valer sus objeciones, por lo que dicho dictamen es ilícito y no procede hacer valoraciones en la Sentencia sobre su contenido, en tal sentido cobra relevancia precisar si la prueba declarada ilícita es de aquellas que originan la ilegalidad de las posteriores o si por el contrario es posible separar las actuaciones posteriores de manera que independientemente puedan generar elementos probatorios que lleven a ser considerados como lícitos y consecuentemente arribar a conclusiones ya sea para pronunciar una sentencia absolutoria o incluso condenatoria. 3) El alegato recursivo viene centrado en afirmar el A-quo en la Sentencia dictada vulnero la Regla de la Lógica de la Derivación en su postulado de Razón Suficiente en su característica de Suficiencia ya que su fallo absolutorio no deriva de la valoración armoniosa de la prueba aportada y que los medios de prueba evacuados eran suficientes para dictar un fallo condenatorio en contra de la Acusada por el Delito Imputado, pero el tribunal no fue capaz de extraer dicha fuente de su convencimiento dada la falta de valoración en la prueba aportada. 4) Aprecia el Tribunal que la fustigación del fallo no viene centrada en la procedencia o no de la declaratoria de ilegalidad del Allanamiento, sino más bien en la pretensión del Recurrente de que se estime la independencia probatoria de otros medios de prueba que en su opinión justifican el allanamiento de morada, enfatizando que: a) La solicitud de allanamiento fue realizada con la autorización de la procesada, por ende la misma no vulnera los derechos constitucionales de la misma y consecuentemente la evidencia encontrada en la casa de ésta no puede reputares como ilícita. b) Que no obstante que al juicio no se allegó el acta de allanamiento respectiva, no es menos cierto que en el proceso obra el Acta de Inspección Ocular realizada en la vivienda de la procesada y ratificada en juicio por el Agente de Investigación Luis Enrique Cruz por lo que se estima que la referida Acta es valida. c) En relación a la pericia el recurrente indica que para la practica del mismo se observaron las formalidades legales contenidas en el Artículo 273 del Código Procesal Penal. 5) En opinión de esta Sala, el Tribunal de Sentencia, atinadamente no ha hecho menos que seguir la doctrina del fruto del árbol venenoso, “conforme la cual la ineficacia de la prueba ilegalmente obtenida afecta aquellas otras pruebas que si bien son en si mismas legales, no obstante se basan en datos conseguidos por aquella prueba ilegal, dando lugar a que tampoco estas pruebas legales puedan ser admitidas” , esta doctrina ha encontrado acogida en el derecho Hondureño, en observancia a lo dispuesto en el Artículo 200 del Código Procesal Penal al establecerse que carecerán de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren las Garantías Procesales establecidas en la Constitución de la República y en los Convenios Internacionales relativos a derechos humanos de los que Honduras forme parte; así como cuantos sean consecuencia necesaria de tales actos o hechos y que no hubiera sido posible su obtención sin la información derivada de ellos, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan podido incurrir quien obtuvo ilícitamente la información, de manera que la única forma en que pudiera subsistir las diligencias probatorias distintas al allanamiento sin orden judicial, es que dichas diligencias hubiese sido posible obtenerlas sin la practica de dicho allanamiento lo que no ha ocurrido en el caso subjudice, así pues, tiene rango constitucional el derecho a la inviolabilidad al domicilio, el que solo puede verse restringido por resolución judicial (Artículo 99 de la Constitución) observando el procedimiento previsto en el Artículo 212 del Código Procesal Penal, disposiciones que han sido debidamente observadas por el Juzgador de Instancia y que necesariamente conducen a determinar que el Allanamiento practicado fue ilegal, primero porque al momento de llevarse a cabo no se levanto la respectiva acta y segundo porque no se llevó a cabo la convalidación de forma inmediata del mismo, por lo que el allanamiento de morada y toda la prueba evacuada posteriormente, al tener su origen en un allanamiento ilegal, son también ilegales, por ello se considera correcta la decisión del Tribunal de Instancia de abstenerse de valorar toda la prueba que tuvo origen en el Allanamiento declarado ilegal. Consecuentemente, al estar basada la omisión de considerar determinada prueba, en la ilegalidad de esta, no procede el motivo de Casación invocado. .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el día tres (3) de noviembre del año dos mil catorce (2014) , por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO en su calidad de Coordinador, MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO Y JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ dicta sentencia conociendo el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha dos de Octubre de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, mediante la cual falló: 1) ABSOLVIENDO a la señora D. L. por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS; 2) NO CONDENO en costas procesales, personales y gastos ocasionados por dicho Juicio.- Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, el Abogado E. C. V., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público. SON PARTES: La Abogada D. R. en su condición de Fiscal del Ministerio Público como Parte Recurrente y el Abogado M. R. A. actuando en su condición de Defensor Publico del señor E. C. V., como Parte Recurrida. HECHOS PROBADOS “Habiendo valorado las prueba practicadas en el acto del juicio oral, conforme a la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados el hecho siguiente: UNICO: El día domingo ocho de enero del dos mil doce (08/01/12), entre dos y tres de la tarde (2:00 y 3:00 p.m.), en la aldea El Ciruelo en el Municipio de Macuelizo, departamento de Santa Bárbara, los Agentes de la Policía Nacional Preventiva realizan un operativo para investigar una denuncia, que en el sector de El Ciruelo Macuelizo, se vendía droga, los agentes de la policía al llegar a la casa de D. L., le solicitan autorización para hacer un registro a la casa de la hoy imputada, procediendo a su detención y remisión a las celdas policiales, presentándose requerimiento fiscal el día 9 de enero 2012, por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de la SALUD PUBLICA.” C O N S I D E R A N D O I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por el Abogado E. C. V., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- EL RECURRENTE ABOGADO E. C. V., EN SU CONDICION DE FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, DE LA MANERA SIGUIENTE: EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION. POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: “MOTIVO UNICO: “No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Crítica”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: Será de utilidad para la mayor comprensión del presente recurso establecer lo que se debe entender en cuanto a la valoración de la prueba en un proceso penal. Según el Artículo 202 del Código Procesal Penal: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla Cuarta del Artículo 338 del mismo cuerpo legal. Ante la normativa señalada, el Tribunal sentenciador se ve en la obligación al momento de dictar sentencia, de apreciar todo y cada uno de los medios probatorios que se desarrollaron en el debate, es decir, que aún aquella que a simple vista se aprecia como inútil para la resolución del caso, siempre y cuando haya sido evacuada en el debate, merece un pronunciamiento respecto a su valoración, a través del cual a la probanza se le brinde el contenido, exiguo o crucial, que la misma merezca y que por ende constituya el respaldo fáctico o bien de una condena, o de una absolución. Resulta, que el fallo que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la Sana Crítica a observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte en consecuencia, en la violación de los Artículos mencionados, por cuanto la conclusión dispositiva del A quo en cuanto a la absolución por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas, precedido del proceso intelectivo de valoración probatoria que hemos destacado, evidentemente infringe la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, ya que su decisión carece de sustento proveniente del contenido de la probanza evacuada en el juicio; lo cual se hace manifiesto al momento de valorar el elenco probatorio de forma armónica y conjunta, en el cual después del análisis practicado a las mismas, estimó que los medios probatorios en los que se sustenta la pretensión acusatoria fueron obtenidos de manera ilícita y en consecuencia los mismos no pueden ser objeto de valoración, lo que indefectiblemente conduce a la absolución de la procesada D. L.. De lo antes expuesto se desprende que el Tribunal de Sentencia incurrió en el vicio in procedendo alegado, en virtud de lo cual resulta necesario el análisis de la probanza evacuada en debate, las cuales entre otros aspectos, refieren lo siguiente: J. C. P., policía, relató que el 08 de enero de 2012, mientras se encontraba en la posta policial de Quimistán, se recibió una llamada telefónica, denunciando que en la Aldea de El Ciruelo, en la casa de la señora D. L., se vendía hierba seca supuestamente marihuana, por lo cual se desplazó a la dirección indicada junto al oficial Cruz de la DNIC, el Sub Comisario M. de J. S. y el policía L. D. Al ubicar la vivienda, la dueña les extendió autorización de ingreso y el sub oficial de la DNIC requisó la residencia, encontrando en el patio o corredor de la casa, unos tambos o barriles tapados con unos sacos, paquetes conteniendo supuesta marihuana, y billetes de distintas denominaciones que sumaban seis mil lempiras, los cuales estaban debajo de un colchón. Posteriormente se detuvo a la procesada y se puso a la orden de la Fiscalía; de todo lo sucedido se levantaron las actas correspondientes. L. E. C., p., declaró que a través de una llamada telefónica el 08 de enero de 2012 se tuvo conocimiento que en la Aldea El Ciruelo, había una vivienda en donde se vendían drogas, por lo cual se trasladaron al lugar indicado y obtuvieron la autorización para ingresar a la vivienda por parte de su dueña, cuando requisaron la misma, encontraron en un corredor de la parte trasera, dos baldes plásticos conteniendo unos envoltorios, con supuesta marihuana, y al interior de una habitación de la casa se encontró dinero alrededor de seis mil lempiras; la evidencia fue puesta a la orden de la fiscalía juntamente con la imputada. En ese acto, ratifica el acta de inspección ocular y la Autorización de ingreso a la vivienda en donde aparece la huella digital de la encausada por no saber leer. D. W. M. U., toxicólogo forense, quien ratifica el dictamen pericial realizado a la evidencia enviada el 11 de enero de 2012, la número uno con un peso total de 229.5 gramos; la segunda de 434.3 gramos y la tercera de 1870.4 gramos de marihuana, lo cual no es compatible con el consumo personal inmediato. Como prueba documental se allegó al proceso: *Acta de Decomiso de una lapicera color rojo y azul conteniendo en su interior veinte billetes de cien lempiras, un billete de quinientos lempiras. *Acta de decomiso de un balde plástico de color negro. *Acta de decomiso de un balde plástico que contiene 38 carrucos envueltos en papel periódico con hierba verde supuesta marihuana. *Acta de decomiso de una bolsa color negro conteniendo en su interior dos paquetes envueltos con tape transparente con hierba seca supuesta marihuana. *Acta de inspección Ocular ratifica por el Agente de Investigación L. E. C. El Sentenciador al valorar la diligencia de allanamiento realizada en la residencia de la señora D. L. refiere que “en el caso que nos ocupa, debemos entender que las diligencias practicadas por los agentes policiales, que consisten en ingresar los ya mencionados Agentes a la vivienda, de una persona que esta siendo investigada penalmente, no puede llamarse de otra manera que no sea allanamiento sin orden judicial… el simple hecho de que la persona investigada firme una autorización de ingreso a su vivienda no exime a los Agentes de sus obligaciones como funcionarios, de levantar acta de allanamiento y su posterior convalidación en forma inmediata. Sobre dicho argumento debemos precisar que la afirmación del Tribunal vulnera la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, pues tal como lo ha establecido el Sentenciador la diligencia de allanamiento realizada con la autorización de la procesada, por ende la misma no vulnera los derechos constitucionales de ésta, y consecuentemente la evidencia encontrada en la casa de ésta no puede reputarse como ilícita, al respecto la Honorable Corte de Justicia, a través de la Sala de lo Penal mediante sentencia CP. 43-09 ha establecido que “…la inviolabilidad del domicilio regulada en el artículo 99 de la misma carta magna, desde esa norma, posibilita la restricción del mismo, ahora bien, es el propio artículo 99 de la Constitución el que establece los dos casos en que puede hacerse un ingreso o registro a un domicilio, uno con el consentimiento de la persona que lo habita y el otro con autorización judicial; en el caso de autos, no cabe duda que tuvo lugar el ingreso y registro con el consentimiento del dueño de la morada, tal y como se demostró con el documento respectivo, mismo que en ningún momento fue cuestionado a efectos de argumentar algún vicio con el consentimiento ofrecido. 3) …el juez instructor estimó no necesaria la convalidación judicial en virtud de la autorización del dueño de la vivienda, resolución que esta Sala estima correcta y que fue consentida por ambas partes…Este Tribunal de Casación, no aprecia que se hallan infringido los artículos 90 y 99 de la Constitución de la República en virtud de que la restricción del derecho a la inviolabilidad del domicilio se vio limitada por una de las formas previstas y autorizadas por la propia Constitución, mas aun, por la propia voluntad del titular del derecho.” Por otro lado se debe referir que no obstante que al juicio no se allegó el acta de allanamiento respectiva, no es menos cierto que en el proceso obra el Acta de Inspección Ocular realizada en la vivienda de la procesada, y ratificada en juicio por el Agente de Investigación L. E. C., en la cual describe que “el día ocho de enero del dos mil doce, siendo las 14:20 horas, se procedió a ingresar a la vivienda de la señora D. L., quien le autorizó para tal efecto, observando en la parte trasera de la residencia (en la acera de concreto) dos recipientes plásticos de color negro, en su interior contenían una bolsa de color negro y estas a vez 38 carrucos envueltos en papel periódico, con hierba verde supuestamente marihuana y una bolsita de plástico transparente llena de hierba verde supuesta marihuana. 2. Una bolsa de plástico color negro, conteniendo en su interior once bolsitas de plástico transparente llenas de hierba verde supuesta marihuana… en el patio de la casa se encuentra un cajón viejo de hierro y debajo de este se encontró una bolsa plástica de color negro conteniendo en su interior dos paquetes envueltos en tape transparente conteniendo en su interior dos paquetes envueltos en tape transparente, conteniendo en su interior hierva verde, supuesta marihuana… en un cuarto se encontró debajo de una de las camas, una lapicera de tela y plástico de color azul con ziper rojo, en su interior veinte billetes denominación de veinte lempiras, diez y ocho billetes denominación de cincuenta lempiras, cuarenta y dos billetes denominación de cien lempiras, mas un billete denominación de quinientos lempiras haciendo un total de seis mil lempiras exactos” Como podréis observar Honorables Magistrados, dicho documento contiene un registro pormenorizado que señala la vivienda en donde se realizó el allanamiento así como la evidencia y la ubicación en que fue encontrada la misma, el fue suscrito por una autoridad competente, el Agente de Investigación Criminal L. E. C.; por lo tanto, esta Fiscalía estima que el Acta en referencia cumple con los requisitos exigidos por la normativa procesal con respecto a la documentación y registro de actuaciones como el Allanamiento, sin embargo dicha probanza no fue valorada de forma conjunta y armónica por el Sentenciador, quien no extrajo las conclusiones que la misma ofrece, tal es, que la evidencia allegada al juicio, si fue encontrada en la casa de la señora D. L., tal como lo afirma la prueba testimonial, y que dicho aspecto encuentra respaldo en la prueba documental ofrecida. *En lo relativo al Dictamen Toxicológico, ratificado en juicio por el Doctor D. M., al cual no se le otorga ningún valor probatorio por las razones siguientes: El mismo se obtiene mediante solicitud expresa del Agente del Ministerio Público, asignado al caso, solicitud que se realiza el once (11) de enero de dos mil doce, fecha posterior al requerimiento fiscal, el cual fue presentado el día nueve (09) de enero de dos mil doce, por lo que previo a solicitarse unilateralmente la pericia, debió haberse señalado la audiencia respectiva, a efecto que la defensa y el procesado tuvieron conocimiento de dicha diligencia y poder hacer las objeciones oportunamente. Del análisis de basamento, esta Fiscalía observa que el Sentenciador vulnera la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, en su característica de suficiencia pues en la realización de la pericia indicado se ha observado el cumplimiento de las formalidades legales el artículo 273 del Código Procesal Penal, el cual brinda amplias facultades al Ministerio Público para adoptar las medidas que sean necesarias para impedir que se produzcan las consecuencias ulteriores del delito (inspecciones, realizar pericias en el campo de la criminalística, etc.) en las cuales no se requerirá autorización judicial, salvo cuando pueda afectarse un derecho garantizado en la Constitución de la República y los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte. En este orden de antecedentes, es importante recordar que la fase de averiguación, también llamada etapa preparatoria, se encuentra bajo la dirección del Ministerio Público y que la diligencia indicada fue ordenada por el Ministerio Público precisamente en esa etapa procesal. Asimismo, el artículo 272 del CPP, señala que el Ministerio Público, la Policía y en su caso la Procuraduría General de la República, tienen la obligación de averiguar las circunstancias del hecho punible del que, por la vía que fuere hayan tenido conocimiento; permitiendo el sistema que, una vez incoada la causa, el Fiscal pueda practicar u ordenar que se practiquen las averiguaciones y actos de investigación que considere necesario para fortalecer la posición acusatoria antes de formalizar su acusación en la etapa intermedia (Artículo 300 del CPP). Lo anteriormente expuesto evidencia que las conclusiones a las que arribó el Sentenciador no son resultado de una valoración conjunta y armónica pues el Tribunal se limitó a establecer que el Dictamen Toxicológico no puede ser objeto de valoración porque el mismo no fue realizado a través del órgano jurisdiccional, posición, que tal como ha quedado demostrado no encuentra respaldo legal. Es en consideración a todos los aspectos supraindicados que podemos afirmar, que el A quo en la sentencia vulneró la regla lógica de la Derivación en su postulado de Razón Suficiente en su característica de suficiencia, pues de la misma se desprende de manera indefectible, que la decisión de absolver a la señora D. L. por sindicarla responsable de la comisión del delito de TRAFICO ILICTO DE DROGAS en perjuicio LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS no deriva de la valoración armoniosa de la prueba aportada, de la manera como lo hemos explicado. En conclusión y siendo que los medios de prueba evacuados eran suficientes para dictar un fallo condenatorio en contra de D. L. por el delito referido, el Tribunal a pesar de ello no ha sido capaz de extraer de dicha fuente de su convencimiento, dada la falta de valoración en la prueba en la manera antes señalada, lo cual generó el vicio in procedendo susceptible de recurrir vía casación; vicio éste que procedemos a denunciarlo hasta en este momento, ya que el mismo se produjo en el acto mismo de sentenciar, por ende no ha podido efectuarse reclamación alguna previamente; por ende no cabe más que casar el fallo impugnado y ordenar el reenvió y evacuación de un nuevo juicio”. DEL RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA EN SU UNICO MOTIVO INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÙBLICO. El Recurrente señala como Motivo de Casación no haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las Reglas de la Sana Crítica, invocando como precepto autorizante el Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. La Sala de lo Penal realizado el examen de este motivo a efecto de determinar si el juzgador de instancia inobservo las Reglas de la Sana Crítica resuelve en base a las consideraciones siguientes: 1) El Artículo 202 del Código Procesal Penal impone la obligación de valorar la prueba y el Artículo 336 párrafo primero del mismo Código especifica que solo se valorará aquella prueba que se halla ejecutado durante el debate, relacionado con el Artículo 338 preámbulo, regla cuarta numeral 2) que manda dar valor a cada prueba en base a un razonamiento de conformidad con las Reglas de la Sana Crítica; en suma, la observación de esta normativa es lo que podemos identificar como consideración de prueba. 2) Un examen detenido del caso en estudio, permite precisar que el Juzgador de instancia declaró ilegal el allanamiento llevado a cabo al domicilio de la Imputada ya que el mismo se llevo a cabo en contravención a los requisitos formales que la ley establece para la práctica y la convalidación de la referida diligencia, por lo que para el referido Tribunal dicho allanamiento sin orden judicial se realizo en tergiversación, disminución y conculcación de los Derechos y Garantías de la hoy Imputada. Asimismo el Tribunal de Sentencia estimó que todas las pruebas que se evacuaron posterior al referido Allanamiento sin Orden Judicial al derivar de ésta, como lo son las Pruebas Documentales consistente en las Actas de Decomiso, Acta de Inspección Ocular y Autorización de Ingreso de Vivienda, así como la Constancia de la Dirección Regional de Medicina Forense, son igualmente ilícitas y por ello se omite valoración alguna de la prueba ulterior, por las formas como fueron obtenidas y por ser frutos del árbol envenenado, refiere también el Tribunal en cuanto al Dictamen Toxicológico que al mismo no se le da valor probatorio en virtud de para su práctica debió de realizarse audiencia respectiva a efecto que la Defensa y el Procesado tuvieren conocimiento de dichas diligencias y pudiesen hacer valer sus objeciones, por lo que dicho dictamen es ilícito y no procede hacer valoraciones en la Sentencia sobre su contenido, en tal sentido cobra relevancia precisar si la prueba declarada ilícita es de aquellas que originan la ilegalidad de las posteriores o si por el contrario es posible separar las actuaciones posteriores de manera que independientemente puedan generar elementos probatorios que lleven a ser considerados como lícitos y consecuentemente arribar a conclusiones ya sea para pronunciar una sentencia absolutoria o incluso condenatoria. 3) El alegato recursivo viene centrado en afirmar el A-quo en la Sentencia dictada vulnero la Regla de la Lógica de la Derivación en su postulado de Razón Suficiente en su característica de Suficiencia ya que su fallo absolutorio no deriva de la valoración armoniosa de la prueba aportada y que los medios de prueba evacuados eran suficientes para dictar un fallo condenatorio en contra de la Acusada por el Delito Imputado, pero el tribunal no fue capaz de extraer dicha fuente de su convencimiento dada la falta de valoración en la prueba aportada. 4) Aprecia el Tribunal que la fustigación del fallo no viene centrada en la procedencia o no de la declaratoria de ilegalidad del Allanamiento, sino más bien en la pretensión del Recurrente de que se estime la independencia probatoria de otros medios de prueba que en su opinión justifican el allanamiento de morada, enfatizando que: a) La solicitud de allanamiento fue realizada con la autorización de la procesada, por ende la misma no vulnera los derechos constitucionales de la misma y consecuentemente la evidencia encontrada en la casa de ésta no puede reputares como ilícita. b) Que no obstante que al juicio no se allegó el acta de allanamiento respectiva, no es menos cierto que en el proceso obra el Acta de Inspección Ocular realizada en la vivienda de la procesada y ratificada en juicio por el Agente de Investigación Luis Enrique Cruz por lo que se estima que la referida Acta es valida. c) En relación a la pericia el recurrente indica que para la practica del mismo se observaron las formalidades legales contenidas en el Artículo 273 del Código Procesal Penal. 5) En opinión de esta Sala, el Tribunal de Sentencia, atinadamente no ha hecho menos que seguir la doctrina del fruto del árbol venenoso, “conforme la cual la ineficacia de la prueba ilegalmente obtenida afecta aquellas otras pruebas que si bien son en si mismas legales, no obstante se basan en datos conseguidos por aquella prueba ilegal, dando lugar a que tampoco estas pruebas legales puedan ser admitidas”[1], esta doctrina ha encontrado acogida en el derecho Hondureño, en observancia a lo dispuesto en el Artículo 200 del Código Procesal Penal al establecerse que carecerán de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren las Garantías Procesales establecidas en la Constitución de la República y en los Convenios Internacionales relativos a derechos humanos de los que Honduras forme parte; así como cuantos sean consecuencia necesaria de tales actos o hechos y que no hubiera sido posible su obtención sin la información derivada de ellos, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan podido incurrir quien obtuvo ilícitamente la información, de manera que la única forma en que pudiera subsistir las diligencias probatorias distintas al allanamiento sin orden judicial, es que dichas diligencias hubiese sido posible obtenerlas sin la practica de dicho allanamiento lo que no ha ocurrido en el caso subjudice, así pues, tiene rango constitucional el derecho a la inviolabilidad al domicilio, el que solo puede verse restringido por resolución judicial (Artículo 99 de la Constitución) observando el procedimiento previsto en el Artículo 212 del Código Procesal Penal, disposiciones que han sido debidamente observadas por el Juzgador de Instancia y que necesariamente conducen a determinar que el Allanamiento practicado fue ilegal, primero porque al momento de llevarse a cabo no se levanto la respectiva acta y segundo porque no se llevó a cabo la convalidación de forma inmediata del mismo, por lo que el allanamiento de morada y toda la prueba evacuada posteriormente, al tener su origen en un allanamiento ilegal, son también ilegales, por ello se considera correcta la decisión del Tribunal de Instancia de abstenerse de valorar toda la prueba que tuvo origen en el Allanamiento declarado ilegal. Consecuentemente, al estar basada la omisión de considerar determinada prueba, en la ilegalidad de esta, no procede el motivo de Casación invocado. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los Artículos 1, 61, 82, 99, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 212, 338, 359, 362 preámbulo y número 3) y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: ÚNICO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo, interpuesto por el Abogado E. C. V., en su condición de Fiscal del Ministerio Público. - Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. Redactó: EL MAGISTRADO ZÚNIGA MEDRANO. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de diciembre del año dos mil catorce.- Certificación de la sentencia de fecha tres de noviembre del año dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-51-2013.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] Borja de Quiroga Jacobo López. Las escuchas telefónicas y la prueba ilegalmente obtenida. AKAL. 1989. Madrid. P 115 y 116