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Sentencia CP-51-12 — Registro 3207

Resumen

Se condenó en primer instancia por el delito de tentativa de homicidio, en casación se declara sin lugar el recurso interpuesto.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...Esta Sala de lo Penal, ha sido del criterio que ante defectos de la forma en la interposición de los Recursos de Casación, impera el Principio de Tutela Judicial, por lo que aun cuando un Recurso no esté debidamente estructurado o planteado, si éste permite avizorar el sentido del reclamo legal, es deber de la Sala de lo Penal dar una respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos; el único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un Recurso sería cuando éste fuese planteado en grado tan confuso que no sea posible ni siquiera deducir cual es el sentido del reclamo que se realiza, tal como acontece en el presente caso en donde han sido presentados argumentos correspondientes a tres tipos de Recursos de Casación y argumentos propios de la instancia, sin que al final pueda este Alto Tribunal saber con claridad y precisión el objeto del reclamo.- Por lo expuesto, es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil catorce, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO en su calidad de Coordinador, MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO y JACOBO CALIX HERNANDEZ; dicta sentencia conociendo el Recurso de Casación por Infracción de Ley, por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintidós de octubre de dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: 1) CONDENANDO al señor A. R. B. por el delito de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, en perjuicio de la TESTIGO PROTEGIDA E; a la pena de ONCE (11) AÑOS DE RECLUSION. 2) CONDENANDO al acusado A. R. B., a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL.- 3) DECLARO la responsabilidad civil del condenado A. R. B. 4) NO CONDENO en costas procesales, ni personales a dicho condenado.-Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma el Abogado M. DE J. Z. C., actuando en su condición de Apoderado Legal del señor A. R. B.. SON PARTES: El Abogado M. DE J. Z. C., en su condición de Apoderado Defensor del acusado A. R. B., como parte recurrente y la Abogada R. C., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS PRIMERO: El día dieciocho (18) de diciembre del año dos mil ocho (2008), la TESTIGO PROTEGIDA E, transexual femenina, se encontraba ofreciendo sus servicios sexuales a inmediaciones de la Colonia Palmira de esta ciudad de Tegucigalpa, como eso de las diez y treinta de la noche, el acusado A. R. B. conduciendo un vehículo tipo camioneta color gris, marca Kia Sorento, placa PCL-9850, se detuvo en el lugar, por lo que la TESTIGO PROTEGIDA E se acercó al vehículo, conversó con el acusado sobre los servicios sexuales que le estaba ofreciendo, después de ponerse de acuerdo se trasladaron hasta la salida que conduce a la ciudad de Danlí. SEGUNDO: Estando en el lugar, al tener discordancia sobre los servicios sexuales concertados, el acusado A. R. B. hizo uso de un cuchillo que portaba y le infirió varias heridas a la TESTIGO PROTEGIDA E en el cuello, tórax, abdomen, la cara, en antebrazos derecho e izquierdo y mano izquierda. El acusado A. R. B. se alejó luego del lugar, dejando en la vía pública a la ofendida gravemente herida. TERCERO: La herida en el tórax le produjo a la TESTIGO PROTEGIDA E entrada de aire en el pulmón derecho que amerito un procedimiento quirúrgico que se le practicó en el Hospital Escuela.” CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Ley, por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por el Abogado M. DE J. Z. C., en su condición de Apoderado Legal del señor A. R. B., reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.-El recurrente Abogado M. DE J. Z. C., en su condición de Apoderado Legal del señor A. R. B., procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente:” EXPOSICIÓN DE MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY O DOCTRINA LEGAL: ÚNICO MOTIVO: Infracción por aplicación indebida del precepto penal sustantivo contenido en los artículos números 116 y 15 en relación con el artículo 65 del Código Penal, en virtud de haber incurrido el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, de la Sección Judicial del Departamento de Francisco Morazán, en error de hecho en la apreciación de la prueba. PRECEPTO AUTORIZANTE: El precepto autorizante lo constituye el artículo número 360 del Código Procesal Penal. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El artículo números 116 dispone “Quien de muerte a una persona sin concurrir las circunstancias que se mencionan en los siguientes Artículos del presente Capitulo, comete el delito de homicidio, e incurrirá en la pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión…” y el artículo 15 como atenuante dispone que “Hay tentativa cuando, con la intención de cometer un delito determinado, se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente”, y el artículo 66 relacionado y vinculante preceptúa “Al autor de una tentativa y el cómplice de un delito consumado, se sancionara con la pena aplicable al autor del delito consumado rebajada en un tercio (1/3).” todos del Código Penal; la sentencia recurrida en los hechos probados establece lo siguiente: En el Recurso de Casación por infracción de Ley, prevalece como regla general el respeto absoluto de los hechos estimados y declarados como probados por el juzgador, siendo que los mismos, para este tipo de recurso, deberán de ser considerados como verdades indiscutibles e incontrovertibles, sin embargo como una excepción a esta regla general, el legislador ha incluido dentro de las causales que dan lugar a la Casación en el fondo en materia penal el ERROR DE HECHO en la apreciación de la prueba, si parte de un acto documento autentico que evidencia la equivocación manifiesta del juzgador y que no haya sido controvertida por otra prueba, esta es la única manera en que en un Recurso de Casación por Infracción de Ley el impugnante podrá contradecir los hechos declarados como probados por el juzgador y alegar a su vez hechos nuevos, en razón a lo anterior, en la sentencia recurrida, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, fallo condenando al procesado, desprendiéndose de sus tres numerales en los hechos probados de la Sentencia recurrida, que el Tribunal de Sentencia, tiene como hechos probados; el recurrente a través de este recurso impugnamos la sentencia citada y emitida por el Tribunal precitado, en el sentido que en sus hechos probados se establece como verdad los hechos PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, por lo que al analizar lo expuesto, se demuestra la equivocación del juzgador al imponer una pena a A. R. B. a titulo de AUTOR, pues a la luz de la SANA CRITICA DE LA PRUEBA, el no tienen ninguna participación en el ilícito enunciado y que se les imputa; además de ello, no nos encontramos con el Cuerpo del Delito, como tampoco concurre la consumación del delito, y el juzgador hace uso de un indicio racional frágil como fulcro para emitir una sentencia condenatoria; al analizar lo expuesto, se demuestra la equivocación del juzgador al imponer una pena al encartado a titulo de autor, pues a la luz de la sana critica de la prueba, el procesado en ningún momento han tenido participación en la comisión de dicho ilícito penal que se le imputa, en esa razón el Tribunal de Sentencia, según nuestra apreciación, no valoro la prueba en su conjunto incurriendo en ERROR DE HECHO en la apreciación de la prueba, siendo esto un acto autentico con la documentación llegada ante estrados, como la declaración testifical brindada por el testigo protegido clave E propuesto por el Ministerio Público, en consecuencia existen graves contradicciones relativas al testimonio brindado por este testigo; y los hechos probados que llevo al sentenciador al ERROR DE HECHO en la apreciación de la prueba, estos actos no han sido desvirtuados por otras pruebas, por lo cual claramente se desprende que con la prueba testifical de la defensa, como la prueba documental, los hechos fueron diferentes en cuanto a la conducta del procesado y el juzgador solamente ha tomado en consideración aspectos subjetivos, por todo lo anteriormente expuesto concluimos que al no tomar en cuenta el juzgador los medios probatorios en su contenido autentico, ha incurrido en un grave error de hecho en la apreciación de la prueba de actos auténticos como las declaraciones testifícales que no han sido controvertidas por otras pruebas con respecto a los hechos probados, con lo cual el juzgador evidencia una completa equivocación.- III.- El recurrente Abogado M. DE J. Z. C., en su condición de Apoderado Legal del señor A. R. B., procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional de la manera siguiente:”EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL: ÚNICO MOTIVO: Violación a infracción de precepto Constitucional, contenido en el artículo número 90 de la Constitución de la República de Honduras. PRECEPTO AUTORIZANTE: El precepto autorizante lo constituye el Artículo número 361 del Código Procesal Penal.-CONCEPTO DE LA INFRACCION: La Sentencia recurrida adolece de violaciones al ordenamiento jurídico preeminente en Honduras; en este sentido la Constitución de la República dándole plena vigencia al derecho fundamental al debido proceso, prescribe en el párrafo primero del artículo número 90 que "nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece" De donde resulta la imperiosa necesidad de encuadrar el proceso dentro de las provisiones establecidas en la Ley Procesal, respetando los derechos constitucionales y las garantías constitucionales establecidas en la ley, los tratados internacionales suscritos por Honduras, en ese sentido y de conformidad a la sentencia recurrida, la negación arbitraria e injustificada del acceso instaurado en la ley procesal infringe el derecho al proceso con todas las garantías o derechos fundamentales, resulta que la supuesta comisión del delito, calificando y condenando por un delito inexistente y sin su debida configuración, en ese sentido entendemos que se ha violentado los derechos constitucionales al encartado A. R. B.; Existen Nulidades Sustantivas y Nulidades Adjetivas, dependiendo la fundamentación que se use en su planteamiento. Las diferencias que existen entre ellas son: en cuanto al origen, en cuanto al bien jurídico tutelado y en el procedimiento que se sigue para su declaración judicial. En las nulidades sustantivas se mira el acto o contrato al que le falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para su valor o configuración, según su especie y calidad o estado de las partes; mientras que en las adjetivas se observa exclusivamente si en el procedimiento empleado para el reconocimiento de un derecho se cumplió con el precepto fundamental del proceso, el derecho de defensa y la organización o estructura judicial; el sentenciador debe ser garante del cumplimiento efectivo de las formas procesales, penales y las garantías constitucionales que asisten a los imputados, y nuestra legislación hondureña como los convenios internacionales relativos de los derechos humanos a que honduras es signatario, con lo cual le dan plena garantía al encartado para ser respetado en todas sus manifestaciones, y el artículo número 200 del Código Procesal Penal como principio de legalidad nos dice que "carecerán de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en la Constitución de la República y en los Convenios Internacionales………." Según el principio del debido proceso consagrado en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República "nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece", o sea que según el precepto constitucional toda persona tiene derecho a que lo juzgue su juez natural, el que deberá actuar ciñéndose a las exigencias que en cuanto a las formalidades, derechos y garantías establezca la ley; de manera que para que ese principio, el del debido proceso, pueda considerarse violado es necesario que el sentenciador que intervenga no sea un juez natural, o que se omita alguna formalidad o aplicación de la norma jurídica al caso concreto, de la ley penal, inclusive de las que señala la ley procesal, o que se atropelle un derecho constitucional, o que se irrespete una garantía judicial establecida por la ley, que es el caso que nos ocupa.” IV.- El recurrente Abogado M. DE J. Z. C., en su condición de Apoderado Legal del señor A. R. B., procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: ”EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: ÚNICO MOTIVO: Violación al Debido Proceso e Infracción a las normas Constitucionales y Código Procesal Penal, contenidas en los artículos números 9, 14, 20, del Código Procesal Penal; 90, y 321 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: El precepto autorizante lo constituye el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El Juez Sentenciador, vulnera el articulo numero 362 numeral 3, al separarse de la Sana Crítica de la prueba y obviando toda una gama de derechos Constitucionales, agregándole además, que nunca pudo enervar la presunción de inocencia que le otorgada la Constitución de la República al encartado; en el cuadro fáctico se determino que las pericias presentadas y evacuadas por el Ministerio Publico y ratificadas por Peritos de la Dirección de Medicina Forense, no son vinculantes con el juicio que nos ocupa, en virtud de la calificación jurídica del delito que se impuso, para presumir la comisión del delito enunciado, que no existen el cuerpo del delito, como para presumir que la imputación del delito, lo cual no se incorporo a los hechos probados, la descripción de la participación activa del implicado, que sirva de premisa menor en el proceso subsunción en el silogismo probatorio, no se describe hecho de participación activa del acusado, ni describe en la valoración de los elementos de prueba o indicios de recibo que sirvan para deducir o indicar la intención o dolo del imputado, pero si debe contener la fundamentación descriptiva de los elementos objetivos del tipo infringido, de hecho si analizamos detenidamente la sentencia observaremos que el sentenciador no logra describir la acción ilícita por la cual condena. En la fundamentación probatoria, el juez afirma prueba para los hechos tenidos como probados, pero no establece un nexo causal entre el delito y el imputado, que permita derivar la procedencia de la misma. En conclusión los elementos objetivos del Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, no esta contenidos en el cuadro fáctico de la sentencia, careciendo además del nexo causal que relacione al imputado con el delito, incluso da como cierto el testimonio inconsistente del Testigo Protegido E, como medio de prueba, esfuerzo que hace infructuosamente el juzgador en la valoración de la prueba y fundamentación jurídica, no logrando un nexo causal entre el supuesto delito y el imputado, reitero que: los preceptos penales adjetivos que se invocan como infringidos por falta de aplicación prescriben : Artículo 202 del Código Procesal Penal “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”, por su parte el párrafo primero del articulo 336 del Código Procesal Penal señala “ Que el Tribunal para resolver, solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el Debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las Reglas de la Sana Critica”, Así que el articulo 338 regula la Forma de estructurarla Sentencia, ordena al Juez Sentenciador valoración de la prueba, posteriormente expresa las pruebas tenidas en cuenta para declarar probado los hechos, justificando con ello las reglas de la Sana Crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio. Los hechos probados de una Sentencia Penal, debe estar sustentado en el acervo probatorio que se plasma en la fundamentación probatoria. La fundamentación probatorias se divide en dos Fases: DESCRIPTIVA e INTELECTIVA, en la primera el Tribunal describe cada una de las pruebas que le puedan dar sustento a su decisión, en la segunda, el Juzgador debe explicar porque un medio probatorio le merece fe y otro no, y además, porque un elemento de prueba u otro le llevan a una conclusión determinada. Sobre esta segunda operación, es el reproche del recurso de Casación por violación de las reglas de la Sana Critica, de acuerdo con el motivo planteado, de tal suerte que la violación a esas reglas que corrigen el correcto entendimiento humano, constituye un problema de fundamentación de la Sentencia; por ello el legislador en el articulo 338 del Código Procesal Penal, ubica dentro de la fundamentación del fallo en la regla cuarta, la valoración de la prueba. Las reglas de la Sana Crítica entonces, constituyen la especie dentro del género conocido como fundamentación. En el sistema de sana critica racional, que implementa nuestro sistema procesal penal, en cuanto a la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se las apoye. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la Sana Crítica Racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorada, la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir las normas de la lógica, la psicología, y la experiencia común. Dentro de las reglas de la lógica, al que debe sujetarse el juzgador en la valoración de las pruebas, según lo exigen los artículos 202 y 336 del Código Procesal Penal, y que recalca el artículo 338, sección cuarta, numeral 2) del mismo cuerpo legal. Según el casacionista FERNANDO DE LA RUA nos dice: “el razonamiento debe esta constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando.” Para ello la motivación debe ser concordante a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder convenientemente un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella, resulta que la sentencia que estoy cuestionando por esta vía de impugnación, contiene dos vicios graves que atentan con las reglas de la sana critica a observarse en la valoración de la prueba y que se convierten en consecuencia en la violación de los artículos mencionados, lo que resulta de la declaración del testigo protegido, quien narro los hechos objetos de este juicio, en los que atentaron en contra de su vida, el testigo en cuestión se sometió a una serie de preguntas, y cuyas respuestas fueron inconsistentes e incongruentes. No hay duda que al emitir su testimonio fue de manera lacónica, por lo que sus respuestas a preguntas pudo haber estado predeterminado, en ningún momento su declaración aseguro que el encartado fue quien le causo las heridas, por lo que no nos crea certeza sobre su participación, al dejar dudas razonables, por lo que el sentenciador extrae la inconsistencia apreciación que la respuesta de la víctima estaba predeterminada, en ese sentido concluimos que el juez sentenciador en ningún momento hizo una valoración justa, técnico-jurídica, equitativa y razonable de la sana critica probatoria.” DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY INTERPUESTO POR EL ABOGADO M. DE J. Z. C., ACTUANDO COMO DEFENSOR PRIVADO DEL ACUSADO A. R. B., CONTRA LA SENTENCIA DE FECHA VEINTIDÓS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ, DICTADA POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 360 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- NORMA INFRINGIDA: ARTÍCULOS 116 EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 15 Y 65 DEL CÓDIGO PENAL.- SE DENUNCIA ERROR DE HECHO EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA. I.- Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que: “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando DADOS LOS HECHOS QUE SE DECLAREN PROBADOS en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: a) Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, el artículo 369 del Código Procesal Penal, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; b) Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: 1) Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; 2) Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; 3) Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; 4) Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y 5) Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal.- En conclusión, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; en consecuencia, a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). II.- Esencialmente, el Censor formula reproche en contra de la sentencia dictada en la causa presente, por considerar que ha existido por parte del Tribunal Juzgador un Error de Hecho en la apreciación de la prueba, consistente en un acto auténtico, como ser una declaración testifical llegada ante estrados. III.- EL RECURSO NO ES DE RECIBO.- El recurrente, con su Recurso atenta en contra del Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados (líneas atrás explicado), al pretender que el Factum sea privado de valor a partir del análisis de medios probatorios.- El recurrente, al invocar ERROR DE HECHO como motivo del Recurso de Casación por Infracción de Ley, evoca a la antigua regulación que hacía el Código de Procedimientos Penales, en su artículo 412.2, mismo que fue declarado derogado el 19 de febrero de 2002, normándose el Recurso en la actualidad mediante el artículo 360 del Código Procesal Penal, que no contempla el motivo alegado como causal válida de impugnación.- Por lo expuesto, es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo. DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, INTERPUESTO POR EL ABOGADO M. DE J. Z. C., ACTUANDO COMO DEFENSOR PRIVADO DEL ACUSADO A. R. B., CONTRA LA SENTENCIA DE FECHA VEINTIDÓS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ, DICTADA POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 361 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- NORMA INFRINGIDA: ARTÍCULO 90 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA.- SE DENUNCIA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO AL DEBIDO PROCESO. I.- El artículo 361 del Código Procesal Penal, introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse Recurso de Casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede vincularse con una norma constitucional, más el Recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de Recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los Recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Forma, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores[2] (Recursos Extraordinarios). La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. II.- EL RECURSO NO ES DE RECIBO.- La Sala de lo Penal, al estudio del Recurso en mención, no encuentra reclamo o denuncia en contra de la sentencia impugnada por considerarla violatoria al Principio del Debido Proceso.- En el desarrollo del Recurso, el recurrente cita la norma constitucional del artículo 90, luego hace un análisis estrictamente jurídico de lo que a su entender son las Nulidades Sustantivas y las Nulidades Adjetivas para luego retomar el análisis del Principio del Debido Proceso y concluir con ello su argumento. No existe por parte del recurrente ningún señalamiento de que la sentencia haya infringido Derecho Fundamental o Derecho Humano reconocido o instituido por la Constitución de la República o por los Tratados y Convenios Suscritos por la República de Honduras en materia de Derechos Humanos y que formen parte de las normas del Bloque Constitucional. Ante la falta de agravio es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR EL ABOGADO M. DE J. Z. C., ACTUANDO COMO DEFENSOR PRIVADO DEL ACUSADO A. R. B., CONTRA LA SENTENCIA DE FECHA VEINTIDÓS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ, DICTADA POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.- PRECEPTO AUTORIZANTE ARTÍCULO 362.3, NORMA INFRINGIDA ARTÍCULO 202, AMBOS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- SE DENUNCIA VIOLACIÓN A LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN EL PROCESO DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA. I.- El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto; para que ésta sentencia tenga validez debe de estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio.- Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso.- Si no se cumplen con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley, y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas fijadas en la ley. II.- El recurrente formula varios reparos a la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia: Expone que ésta se separó de las Reglas de la Sana Crítica en la valoración de la prueba; añade que nunca se pudo enervar la Presunción de Inocencia de su Representado; cuestiona que no están contenidos en el Cuadro Fáctico los elementos objetivos del tipo penal de Homicidio; explica el contenido de los artículos 202 y 338 del Código Procesal Penal y finaliza debatiendo sobre la credibilidad de la Testigo Protegida “E”, calificando el testimonio de lacónico, cuyas respuestas a las preguntas fueron inconsistentes e incongruentes. III.- EL RECURSO NO ES DE RECIBO.- El recurrente al momento de formular su Recurso, no reparó en los requisitos de forma que imperativamente establece el artículo 363 del Código Procesal Penal, ya que bajo un solo título presenta argumentos que corresponden a tres tipos de Recurso de Casación diferente: Sana crítica relacionado con el Recurso por Quebrantamiento de Forma; presunción de Inocencia, relacionado con el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional e inadecuación del Factum al tipo penal de Homicidio con el Recurso por Infracción de Ley. El Código Procesal Penal, prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer Recurso de Casación, cuyo objeto por una parte, es velar por el respeto al Principio de Legalidad con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal-sustantivas y normas procesales, y por otra parte, la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal; para ello, el legislador ha previsto tres tipos de Recursos de Casación: Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley Penal Sustantiva y Quebrantamiento de Forma.- En una debida técnica recursiva, cualquier Censor, de inicio debe precisar en el escrito de interposición el tipo de Recurso de Casación que interpone, elegido conforme al vicio que considere existente en la resolución que impugna, seguidamente debe de explicar los defectos legales que provocan el vicio mediante el desarrollo de Motivos planteados de manera separada uno de otro, con un argumento claro que permitirá al Tribunal de Casación entender el sentido de la impugnación y dar una respuesta precisa a éste.- Tratándose del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma como el que nos ocupa en esta sección, el artículo 363 del Código Procesal Penal señala que es necesario que el recurrente señale claramente que se trata de dicho Recurso, citando cuál de los motivos contenidos en el artículo 362 es el concurrente y en caso de existir varios, desarrollándolos de manera separada, citando en cada uno la norma procesal que se considere infringida y las peticiones presentadas para subsanar el vicio en los casos que proceda, a continuación el desarrollo del argumento recursivo y finalmente la pretensión perseguida.- Retornando al caso de examen, el recurrente bajo un mismo título, ha desarrollado y relacionado tres tipos de Recurso de Casación de distinta naturaleza, privando al planteamiento de claridad; adicionalmente, el Recurso carece de precisión debido a que se señala de manera general y abstracta la violación de las reglas de la sana crítica, más no se focaliza cuál de estas reglas fue la que inobservó el Tribunal de Sentencia en el proceso de valoración; el recurrente, apartándose de la debida técnica recursiva que exige éste tipo de motivo, obvió confrontar los razonamientos valorativos consignados en la sentencia por los juzgadores con los conceptos que definen las reglas que componen la sana crítica y así demostrar la disparidad entre unos y otros; en su lugar, arremete en contra de la declaración de la Testigo Protegida “E”, confundiendo esta única instancia con una segunda instancia.- IV.- Esta Sala de lo Penal, ha sido del criterio que ante defectos de la forma en la interposición de los Recursos de Casación, impera el Principio de Tutela Judicial, por lo que aun cuando un Recurso no esté debidamente estructurado o planteado, si éste permite avizorar el sentido del reclamo legal, es deber de la Sala de lo Penal dar una respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos; el único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un Recurso sería cuando éste fuese planteado en grado tan confuso que no sea posible ni siquiera deducir cual es el sentido del reclamo que se realiza, tal como acontece en el presente caso en donde han sido presentados argumentos correspondientes a tres tipos de Recursos de Casación y argumentos propios de la instancia, sin que al final pueda este Alto Tribunal saber con claridad y precisión el objeto del reclamo.- Por lo expuesto, es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. POR TANTO.- LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE HONDURAS POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y, 360, 361 y 362 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: Declarando SIN lugar el único motivo del Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por el Abogado M. DE J. Z. C., en su condición de Defensor Privado del acusado A. R. B.. SEGUNDO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por el Abogado M. DE J. Z. C., en su condición de Defensor Privado del acusado A. R. B.. TERCERO: Declarando SIN lugar el único motivo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Abogado M. DE J. Z. C., en su condición de Defensor Privado del acusado A. R. B.. CUARTO: Se declara firme y ejecutable la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil diez (2010).- Y MANDA.- Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- Redactó: EL MAGISTRADO CALIX HERNANDEZ.- NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- JACOBO CALIX HERNÁNDEZ.- MAGISTRADO.-FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL.-”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil catorce.- Certificación de la sentencia de fecha cuatro de febrero de dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Supremo Tribunal de Justicia No.S.P.51=2012.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Véase. El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

[2] Véase. Vid en este sentido: LLORENTE FERNANDEZ DE LA REGUERA, ÁNGEL, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115, cuando expresa que “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto.”