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Sentencia CP-485-11 — Registro 3205

Resumen

Se condenó al imputado en primer instancia por el delito de actos de lujuria agravados

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

El Artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse Recurso de Casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo en la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general, toda norma legal puede vincularse con una norma constitucional, más el Recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de Recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los Recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Forma, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores[2] (Recursos Extraordinarios). La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. II.__ Bajo éste título el Petente denuncia la violación al derecho de defensa y del debido proceso, planteando dos hechos: 1).- Al momento de que se paso a la audiencia de debate a la menor K. B. R. M.z, el Tribunal de Sentencia ordeno que el acusado fuera conducido a otro lugar, por lo que no pudo presenciar lo que aquella declaro; 2).- Se negó la introducción por lectura de una declaración previa de la menor K. B. R. M., para evidenciar contradicciones con la declaración que en la audiencia de debate estaba brindando. III.__ La Garantía del Debido Proceso se encuentra regulada por el Artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, definido tradicionalmente como aquel que garantiza que nadie puede ser condenado sino tras haber sido juzgado por un Tribunal competente, bajo las formalidades previamente previstas en la ley; Sin embargo el Principio del Debido Proceso más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del Derecho Procesal Penal dirigido a que la persona sometida a la Jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos Derechos y Garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del Debido Proceso legal, como ser el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, entre otros, en fin el Principio del Debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. El Debido Proceso se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el Debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados.- La Sentencia debe ser el resultado de la celebración de un debate en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la sentencia se convierte en un fruto viciado; Estas reglas esenciales son los principios informadores de la fase de juicio: defensa, presunción de inocencia, contradicción, inmediación, oralidad, concentración y publicidad. (Al respecto ver fallo de la Sala Penal de fecha 30 de Noviembre del 2011 en Exp 318-2010).- Particularmente y por referencia al recurso interpuesto, la Sala de lo Penal ha señalado que: “... uno de los requisitos Constitucionales del Proceso Penal, lo constituye el Derecho de Defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal, en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, como una manifestación del denominado derecho al debido proceso que “supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a sí mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado” (Véase Pavón Gómez German. De la Casación y la Revisión Penal. 2ª edición. Doctrina y Ley. 2003. Colombia. P 48 y 49.” (En fallo de fecha 02 de Noviembre del 2011, contenido en el expediente 342-09); Además esta Sala de lo Penal ha establecido que “…el derecho de defensa se lesiona, verbigracia, cuando se imposibilita al acusado la oportunidad durante la totalidad del proceso, de defenderse de los cargos, o para demostrar su versión de los hechos, el acceso irrestricto a las pruebas de cargo, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa sin sanción o censura alguna…” (En fallo de fecha 22 de Septiembre del 2011, contenido en el Expediente 390-09).- El Derecho de defensa de derechos subjetivos es una reacción al hecho delictivo que obliga al Estado y posibilita al perjudicado a presentar la acción penal en los casos permitidos por la ley, pero además, entablada la acción, genera el derecho de la persona acusada de oponerse a ella, por tanto vincula a todas las partes litigantes en contienda, generando el deber de los órganos jurisdiccionales de velar estrictamente por su cumplimiento, potencializando su ejercicio y sancionando su inobservancia en el estricto equilibrio que le exige el Principio de Igualdad.-Pero además el derecho de defensa también le asiste al Ministerio Público, acusador privado o Procuraduría General de la República, en su caso, a quienes de igual forma se les debe de garantizar la observancia de las normas procesales que permitan la defensa de los intereses que representan, teniendo el derecho de presentar la acción penal y poder sustentarla a lo largo del proceso con la presentación de medios de prueba, con la oportunidad de presentar argumentos y con el espacio para oponerse a las pretensiones de la contraparte, pero todo ello, como ya se indico, en equilibrio proporcionado al derecho de defensa de aquellos contra los cuales se dirija la acción penal, equilibro que es obligación de los Tribunales garantizar y cuya fuente es el Principio de Igualdad de las partes ante la ley y por tanto frente al proceso, por lo que el derecho de defensa también es un derecho de la parte acusadora en su participación en el proceso.

Legislación citada

  • Código de Procedimientos Penales, art. 362, numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

El Recurso no es de Recibo.- Es criterio de la Sala de lo Penal que en el presente caso no ha existido violación al Debido Proceso o al Derecho de Defensa como lo alega el Petente, conclusión que es resultante del siguiente análisis: 1).- Al momento en que la menor K. B. R. M., fue llamada para que rindiese su declaración testifical se presento una colisión de derechos: Por una parte el derecho del acusado a estar presente en todos los actos que impliquen la reproducción de medios de prueba (Art. 14 del CPP) y así poder ejercer plenamente su derecho a la defensa (Art. 82 Constitucional) y el derecho de la menor ofendida a no ser re victimizar (art. 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño) y a no confrontar a su entonces supuesto agresor (Art. 92.d del Código de la Niñez y de la Adolescencia). En el mundo jurídico es común que en una situación concreta se de la colisión de dos derechos, en donde la subsistencia de uno de ellos a plenitud implicaría la privación total del otro; Por ello, en estos casos, se debe de buscar un punto de equilibro en donde ambos derechos cedan parte de su prebendas sin que pierdan si esencialidad y así lograr que ambos derechos prevalezcan.- Así pues en el caso que si bien el acusado tiene derecho a estar presente en todos los actos que impliquen medio probatorio, ello debe de matizarse cuando se trate de la declaración testifical del infante a quien se señala víctima, en especial cuando se indique víctima de un delito contra la libertad sexual, puesto que lo debe de evitarse es hacer que el menor se vea en presencia de su agresor teniendo que contar lo que le ocurrió y así ahondado más el daño psicológico producido revivenciando ese hecho que busca superar, por ello el imputado en estos casos no deberá de estar a la vista del menor, optando el órgano jurisdiccional en colocarlo en un lugar en donde pueda escuchar la declaración del infante pero sin que se revele su presencia y, cuando esto no sea posible por las condiciones físicas del Juzgado o Tribunal, ordenando que el imputado sea trasladado a otro lugar mientras el testigo víctima menor de edad rinde su declaración, siendo obligatorio que a la misma asista la Defensa Técnica quien podrá solicitar los espacios de tiempo que la prudencia mande para poder desplazarse donde este su representado, comunicarle sobre lo que esta declarando el o la menor, hacerle las consultas necesarias que le permitan regresar al Abogado(a) a la audiencia de debate y hacer el contradictorio. El derecho a la no revictimización también debe de matizarse, si bien se incumbe procurar que el menor supere el evento traumático, ello no le exonera de la obligación de prestar la colaboración judicial para el enjuiciamiento de las personas responsable de ése hecho; Ahora bien tal intervención en el proceso judicial deberá de realizarse de modo que repercuta lo menos posible en el menor, de modo que los actores del proceso deberán de adoptar las medidas necesarias para ello, con especial obligación los Jueces y Juezas que conozcan de la causa, siendo una de esas medidas evitar la confrontación del menor con su agresor. Conforme a la foliada judicial el Tribunal de Sentencia, atendiendo la solicitud del Ministerio Público, no solo ordeno la secretividad parcial del debate en el tiempo que tomara recibir la declaración de la menor K. B. R. M., cumpliendo lo preceptuado en el artículo 308.5 del Código Procesal Penal, sino que además ordeno que ésta declaración se rindiera sin la presencia del acusado, materializando así la garantía prevista del artículo 92.b del Código de la Niñez y la Adolescencia (F. 147 v.), resoluciones judiciales que son consecuentes con el Debido Proceso por cumplirse con ellas lo preceptuado en la ley y que no repercuten en el derecho de defensa debido a que si bien el acusado no tuvo la oportunidad de escuchar la declaración de la menor, en su representación se encontraba el Abogado Defensor quien estamos seguros informo los pormenores de lo acontecido. 2).- Establece el artículo 311 del Código Procesal Penal que excepcionalmente podrá introducirse a la audiencia de debate por lectura las declaraciones de testigos rendidas en la Etapa Preparatoria, para efectos clarificar cualquier contradicción que se advierta entre la dada en aquella ocasión con la que se esté rindiendo en el juicio; Con esto el Tribunal de Sentencia podrá determinar el grado de credibilidad que tiene el testigo que esta declarando al debate, al poder ver si ha existido contradicción en declaraciones anteriores y el porqué de estas contradicciones; No es estéril insistir que lo que el Tribunal de Sentencia valorara es la declaración que en ese momento este recibiendo en la audiencia de debate y no la que se haya introducido por lectura para efectos de contradicción. Las declaraciones que pueden recibirse en la Etapa Preparatoria son las declaraciones tomadas bajo el protocolo de prueba anticipada, las declaraciones recibidas en la audiencia inicial y las declaraciones tomadas por los Agentes de Policía en la etapa de Investigación Preliminar; Cada uno de los tipos de declaraciones enumerados tiene su grado de fiabilidad en cuanto a la información que poseen, así: a).- La declaración rendida bajo protocolo de prueba anticipada es tomada con más detalle y mas rigurosidad, debido al riesgo que existe de que ésta no pueda brindarse de manera posterior, por ello los letrados de las partes procuran ser mas exhaustivos en su interrogatorios; b).- Las declaraciones tomadas en la audiencia inicial si bien existe contradictorio, son menos exhaustivas e incluso su registro es menos detallado conforme lo indica el artículo 298 del Código Procesal Penal, esto debido a que estas declaraciones tiene como objeto provocar la decisión que el Juez de Garantía deba de dar al final de la audiencia sin que, como regla general, puedan trascender a otras etapas del proceso; c).- Las declaraciones administrativas tomadas por los Agentes de Investigación, si bien son esenciales en la etapa de investigación preliminar para orientar a los Agentes de Policía en la recabación de información, en el plano judicial son las menos fiables, debido a contrario a lo que ocurre con los dos tipos de declaraciones que se han hecho mención donde se realizan bajo el control jurisdiccional y con el contradictorio del Ministerio Público y la Defensa, en las declaraciones administrativas solo participa el declarante y el investigador, quien se encarga de levantar un acta donde hace constar lo que escucho y entendió de la persona y sin que exista un tercero que pueda corroborar la exactitud de lo dicho y de lo transcrito en el acta. Retornando al caso de examine, la Defensa Privada en la audiencia de debate solicito la introducción por lectura de la declaración administrativa rendida por la menor ofendida K. B.R. M., en fecha 08 de junio del 2009, por un agente de investigación por considerar que ésta contenía una versión distinta a la que la menor estaba dando en la audiencia de debate, específicamente en cuanto a que en aquella ocasión la niña menciono que los hechos ocurrieron estando de pie, mientras que en la audiencia de debate señala que ocurrieron estando acostados tanto ella como el acusado; El Tribunal de Sentencia escuchando la petición declaro la misma sin lugar, sin que se consignase en el acta de debate la motivación de esta resolución (F. 148). Al respecto la Sala de lo Penal determina que el Tribunal de Sentencia debió haber introducido por lectura la declaración rendida por la menor en la etapa de investigación preliminar a efecto de verificar la existencia de dicha contradicción y tener un elemento más para valorar la declaración de la menor rendida en la audiencia de debate, más con ello la Sala de lo Penal, haciendo una Inclusión Hipotética de la diligencia indebidamente omitida por los Juzgadores, llega a la conclusión que aun con la introducción de la declaración administrativa no se hubiesen dado elementos para modificar la valoración dada por los Juzgadores a la declaración de la menor en el debate y que se explica en la sentencia impugnada; Toma en cuenta la Sala de lo Penal que la declaración que se solicito se introdujese por lectura es una declaración administrativa tomada por un agente de investigación que no fue identificado en la audiencia de debate, sin la participación judicial, del Ministerio Público o de la Defensa y no porque sea obligatoria tal participación, sino porque la naturaleza de la diligencia así lo permite, entonces lo que se consigna en el acta es el entendimiento de una persona de lo que dijo la menor sin que exista control de un tercero, así pues véase que en dicha acta (F. 7), se documentó un relato ordenado de los hechos donde aparecen palabras entre paréntesis sin que se pueda establecer si dichas palabras fueron producto de lo que la niña dijo de viva voz, de alguna gesticulación de ella o de lo que el entrevistador entendió y quiso completar para mejor comprensión en la lectura, sumado que la supuesta contradicción no estriba en la existencia del hecho delictivo sino en la forma en que éste se ejecuto. Concluye la Sala de lo Penal que la omisión en que incurrió los Juzgadores de la Instancia no tiene la incidencia como para afectar alguno de los pronunciamientos de la Parte Dispositiva de la Sentencia, es pues que el ejercicio de la Defensa en este caso si bien tiene una afectación formal (el hecho de no acceder a la introducción por lectura de una declaración previa al debate), no tiene una afectación material (la declaración previa no tiene la fuerza para afectar la credibilidad de la declaración de la menor dada en la audiencia del debate) y ante la ausencia de dicha afectación material es procedente declarar sin lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su único motivo

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro (04) días del mes de Febrero del año dos mil catorce (2014), por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, en su calidad de Coordinador, MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO y JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veinticuatro de mayo del año dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de El Progreso, Departamento de Yoro, mediante la cual condenó al señor D. R. M. E., como autor responsable del delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS, en perjuicio de la menor K. B.Y R. M., a la pena de SIETE (7) AÑOS y SEIS (6) MESES de reclusión, más las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la condena principal, asimismo se le declara la responsabilidad civil proveniente del delito.- Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional, el Abogado J. E. C. M., actuando en su condición de Apoderado Defensor del señor D.R.M. E. SON PARTES: El Abogado J. E. C. M., apoderado defensor privado del Señor D. R. M. E., en su condición de Recurrente y la Abogada K. M., Agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrida. HECHOS PROBADOS En la Sentencia que hoy se impugna, se fija por el Tribunal de Sentencia como hecho probado el siguiente: “ÚNICO: Que en fecha ocho de junio del año dos mil nueve, alrededor de las diez de la mañana, la niña K. B. R. M., que en ese entonces tenía seis (6) años de edad, y su hermanita mayor se encontraban en la aldea punta Ocote del municipio de Yoro, departamento de Yoro, bajo el cuidado su abuela paterna R. R. S., ya que su padre no se encontraba en casa. Cuando la señora R. R. S. cruzó la carretera para ir a una pulpería, la menor R. M. tuvo deseos de orinar y se dirigió a un baño ubicado en la casa que en esa época la señora R. R. S. estaba construyendo. SEGUNDO: Al momento en que K. B. R. M. estaba orinando, el empleado de la llantera de su padre, D. R. R. M. E., ingresó al baño, que solo estaba cubierto con una cortina, tiró a la menor al suelo y con su pene le rozó la vulva. Cuando la señora R. R. S. regresó de la pulpería vio que su nieta estaba llorando, notó algo raro en ella, después de insistir a la menor que le dijera lo que había pasado, logró que ésta le contara lo ocurrido, y vio una manchita de sangre en el blúmer, razón por la cual llamó a la policía y a su hijo, padre de la menor K. B. R. M.”. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- El Recurrente, Abogado J. E. C. M, formalizó su recurso de casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: MOTIVOS DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO DE CASACION: QUEBRANTAMIENTO DE FORMA POR NO HABER OBSERVADO EL SENTENCIADOR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del artículo 362 del Código Procesal Penal. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El precepto penal objetivo que se invoca como infringido prescribe: “Artículo 202.- Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica.- El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida.” En relación con el párrafo primero del artículo 336 del Código Procesal Penal. El motivo que se invoca se orienta a demostrar la inobservancia de las reglas del recto entendimiento humano en la valoración de la prueba, que a la vez es un problema de fundamentación, conviene explicar en qué consisten esas reglas: Conforme el artículo 202, el sistema de valoración autorizado en el Código Procesal Penal, es el de la sana crítica y la estructura de la sentencia es definida en el artículo 338 del mismo cuerpo legal, en tanto esa sentencia es el juicio de valor emitido por el Tribunal A-Quo.- La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica y sobre la cual se realiza aquél ejercicio valorativo.- Ese cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, dividida en descriptiva e intelectiva.- La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por la regla del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir elemento probatorio.- Luego de esa fundamentación probatorio descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea la fundamentación intelectiva.- En este apartado el juzgado debe explicar porqué un medio probatorio le merece fe y otro no y además, porque un elemento de prueba u otro lo llevan a una conclusión determinada, porque como ha resuelto la Honorable Corte Suprema de Justicia en Sentencia dictada el Dos de Noviembre de Mil Novecientos Noventa y Nueve, que:..Es cierto que existe soberanía de los Jueces en la constatación de los hechos y en la valoración de la prueba relativa a los mismos, pero no es permisible que puedan llegar hasta la arbitrariedad de declarar probado lo que evidentemente no lo está en los autos…”, y es precisamente sobre estos extremos que se orienta el reproche del presente recurso de casación, porque una incorrecta determinación del hecho repercute en una incorrecta aplicación del derecho, y por end1e en la violación de las reglas de la sana crítica recae tanto sobre la fundamentación probatorio descriptiva como la intelectiva.- Por eso, como lo ha reconocido la jurisprudencia Costarricense, debe considerarse que todo problema de violación de las normas del correcto entendimiento humano es un problema de fundamentación, las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica.- Las primeras se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición del hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos Técnicos especializados.- Las de la Psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia.- Las reglas de la lógica implican que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad).- La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido.- La derivación induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente el convencimiento cierto del suceso que se juzga). Expuesto lo anterior, determinaremos en qué consisten los vicios de valoración de prueba en que incurrió el sentenciador de instancia, y como afirma don Fernando de la Rúa en su libro “La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1994, que “el control se orienta al proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento valorativo; y para lograr ese propósito indefectiblemente pasaré a revisar la prueba valorada, y señalar los vicios en el mismo orden en que lo ha hecho el Tribunal A-Quo: 1.- DECLARACIONES TESTIFICALES DE CARGO.- Aún entendiendo el problema que plantea la valoración de la prueba testifical por virtud del Principio de Inmediación, trataré en la medida de informarle al Honorable Tribunal Supremo, lo que manifestaron los testigos de cargo presentados por el Ministerio Público, para que también pueda controlar por vía de la casación las falsedades en que se orientan cada una de las derivaciones sin razón suficiente que hace el Tribunal A-Quo: De conformidad a los hechos considerados probados por el Tribunal de Sentencia y la prueba material se colige que es contradictoria, la menor K. B. R.M. manifiesta que fue tocada por el imputado sus partes genitales con su pene cuando estaba orinando, luego manifiesta que la tiró al piso y que después se acostó encima de ella, versión que es inverosímil, porque en un baño es imposible que un adulto pueda estar tirado en forma horizontal con una menor tomando en cuenta lo pequeño que generalmente resultan ser (los baños), más aún a pleno día y en un lugar donde concurren muchas personas como es una llantera; y en cuanto a los testigos R. R. D. y T. P.R. Z., son testigos de referencia que no merecen credibilidad, en el primer caso es la abuela de la supuesta ofendida y de alguna forma posee interés en el caso y la segunda un agente de tránsito que no presenció los hechos y solamente participó en la captura del señor D. R.M.E., que se encontraba en el lugar donde este trabajaba; el Tribunal de Sentencia en su valoración argumenta que la ofendida a mantenido la misma versión de los hechos desde el momento que estos ocurrieron, lo cual no es cierto porque en la etapa preparatoria la menor aduce que al momento de ser tocada con el pene del imputada estaban ambos parados, por ello se pidió lectura de la declaración para que se esclareciera ese punto, pero se de negó la solicitud planteada al Tribunal, de ahí que la prueba documental consistente en el dictamen psicológico ratificado por la Licenciada G. M. S. Z., es prueba subjetiva que incluso al momento de hacerle la evaluación a la menor no se tomó en cuenta la presencia de la defensa; en consecuencia estos hechos y conforme a la valoración de las pruebas no arrojan la veracidad, la contundencia, la precisión, la claridad, para quebrantar la inocencia de mi representado, por lo cual, las derivaciones que hace el Tribunal se alejan evidente y tristemente de la verdad y como razona una doctrina autorizada al estimar que: “La sorpresa para el recurrente es tan fuerte penetrante como para el imputado que en juicio se ve sorprendido por un Tribunal más requirente que el propio Fiscal de este modo quien tiene por Fiscal al Tribunal necesita a Dios por Defensor.- V.U.G., Manual de Derecho Procesal Penal.-Editorial Alberony.- Córdova, Argentina, 1999 Página 165.”; y afirmamos lo anterior, porque el Tribunal A-Quo, ha inobservado el Principio de Derivación al utilizar indicios multívocos o anfibológicos llegando a conclusiones erróneas tanto desde el punto de vista material como formalmente.- Esta flagrante violación al principio de derivación descalifica mortalmente la conclusión de los Juzgadores; este tipo de conclusiones transgreden el Principio de Derivación, que repercute en la inobservancia de las reglas de la sana crítica, el derecho de defensa y el debido proceso, los cuales por tratarse de derechos difusos de gran generalidad perfectamente ser invocado en éste tipo de recurso. 2 PRUEBA DOCUMENTAL a) Dictamen psicológico ratificado por la Licenciada G.M. S. Z., con identidad No. 0801-1984-2175, que contiene la evaluación realizada a la menor K. B. Y R. M., emitido en fecha 21 de Febrero de 2011, en donde se concluye que la edad maduracional de la menor corresponde a la edad cronológica que posee; que presenta capacidad intelectual normal; que tiene personalidad inmadura en proceso de formación debido a su edad; que presenta rasgos predominantes de aislamiento, timidez, vulnerabilidad emocional, dificultad en la adaptación, agresividad y retraimiento; tal prueba no constituye elementos de cargo en contra del señor D.R. M. E., resultado ser una información subjetiva y cuya evaluación se realizó habiendo transcurrido más de veinte meses de haberse iniciado el impulso acusatorio por parte del Ministerio Público y la cual se realizó sin la presencia del defensor, percatándonos de su contenido hasta el momento de su evacuación; en razón de lo anterior el Tribunal de Sentencia no puede establecer con el contenido de ese documento que la menor ha recibido daño psicológico a raíz de los sucesos ocurridos en su perjuicio. b) Certificación del acta de nacimiento de la menor K.B. R. M., la cual solo sirve para establecer la edad de la referida niña. PRUEBAS DE LA DEFENSA Muy conveniente a los intereses de la acusación la derivación que hace el Tribunal de Sentencia al referirse a los testigos de descargo presentados por la Defensa, señores J. Y. G. L., E. H.R. y C. ., al establecer que los miembros del Tribunal son del criterio que las declaraciones ofrecidas por estos testigos no merecen credibilidad, resulta totalmente inverosímil la tesis de la defensa cuando pretende desacreditar la versión ofrecida por la víctima, en tal virtud, resulta contradictoria la derivación jurisdiccional, porque en este caso los testigos versaron sobre hechos verídicos, siendo estos contundentes, claros y precisos en sus relatos que no cabe ningún margen de duda de la veracidad de sus dichos, estableciéndose que el día en que supuestamente ocurrieron los hechos el señor D. R. M.E., se encontraba trabajando en una llantera ubicada en la Aldea de Punta Ocote, Yoro, PRUEBA ÉSTA QUE HA SIDO EXCLUIDA, siendo prueba de valor decisivo de fundamental importancia para decidir en forma regular lo debatido en juicio. Como podrá observar el Ilustre Tribunal de Casación, si nos remitimos a la prueba descrita y la confrontamos con el razonamiento del Tribunal, encontramos que esa conclusión valorativa como motivación es inválida, pues no se ajusta a los principios de la derivación que exigen razón suficiente y fundada de cada conclusión, mismas que deben estar constituidas por inferencias razonables deducidas únicamente y exclusivamente de la prueba evacuada durante la substanciación del Juicio Oral y Público, sin recurrir en invenciones y falsedades que solo buscan perjudicar a mi cliente.- La motivación debe ser concordante, ésta es que a cada conclusión afirmada o negada debe corresponder, convenientemente un elemento de convicción del cual se pueda inferir tal conclusión.- El Tribunal, no ha derivado su conclusión fundada en los medios de prueba evacuados en juicio sino que ha recurrido constantemente a la invención, ultrajando la regla de la derivación que integra el gran concepto de logicidad perteneciente a la sana crítica racional. Como se ha demostrado, la sentencia objetada adolece de graves vicios de forma, siendo violatorios del sistema de la sana crítica racional que inspira el modelo procesal penal vigente, en consecuencia, el vicio se afirma, traduciéndose en quebrantamiento de forma que por haberse producido el vicio en el propio acto de sentenciar, no ha sido posible reclamar la subsanación. AGRAVIO: El agravio que causa a mi poderdante la sentencia, es haberle privado de su libertad ilegalmente al dictar un fallo condenatorio con evidente inobservancia de las reglas de la sana crítica. APLICACIÓN PRETENDIDA. Que se declare con lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma y consecuentemente se declare la nulidad absoluta de la sentencia, ordenando el reenvío para que el juicio Oral y Público sea conocido por otro Tribunal. III.- Continúa manifestando el recurrente en su: SEGUNDO MOTIVO DE CASACION.- INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. PRECEPTO AUTORIZANTE: El motivo de casación por Infracción de Precepto Constitucional se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal que prescribe lo siguiente: “RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL En todos los casos en que, con arreglo a este Código, pueda interponerse recurso de casación contra una resolución judicial, será suficiente para fundamentarlo, la infracción del precepto constitucional. Se alega violación al derecho de defensa y debido proceso comprendidos en los artículos 82 y 90 párrafo 1°. de la Constitución de la República en relación a los artículos 14, 101 No. 10 Y 278 del Código Procesal Penal. CONCEPTO DE LA INFRACCION.- Prescribe el artículo 82 párrafo 1°. de la Constitución de la República: El derecho de defensa es inviolable; el artículo 90 párrafo 1º. Nos dice: Nadie puede ser juzgado si no por juez competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece. Los preceptos jurídicos antes dichos tiene estrecha relación con lo que dispone el artículo 14 del Código Procesal Penal que en su parte conducente dice: El derecho de defensa es inviolable. El imputado su defensor tiene derecho a estar presentes en los actos del proceso Que incorporen elementos de prueba. El artículo 101 No. 10, también nos indica que uno de los derechos que posee todo imputado es estar presente con su Defensor, en todos los actos que impliquen elementos de prueba. Durante la sustanciación del juicio Oral y Público, precisamente en la evacuación de la prueba testifical de la menor K. B. R. M. que obra a folios (147) vuelto y (148) frente, el Tribunal de Sentencia incurre en violación al derecho de defensa y el debido proceso en perjuicio del imputado D. R. M. E., al ordenar la expulsión del imputado de la sala de juicios donde en ese momento se estaban evacuando los medios probatorios y ni siquiera se colocó a la supuesta víctima en algún lugar estratégico de forma que el imputado pudiera escuchar su versión, el Tribunal desestimó la petición de la defensa que pretendía que el condenado escuchara tal declaración; previo al retiro del imputado de la sala el Tribunal decretó SECRETIVIDAD PARCIAL DEL PROCESO, en perjuicio del imputado a quien no se le puede privar de estar presente en el juicio porque es el personaje principal de la causa y es a él a quien se le está juzgando; aunado a lo anterior también se le denegó a la defensa se le diera lectura a la declaración de la menor rendida en sede administrativa a efecto de que ésta pudiera aclarar las contradicciones que fueron expuestas en el debate y con todos los vicios el Tribunal le da valor como prueba de cargo en la sentencia dictada en fecha veinticuatro de Mayo del año dos mil once. AGRAVIO: El agravio que causa a mi poderdante la sentencia, es haberle privado a mi representado de estar presente en la evacuación de la prueba testifical de la menor K. B. R. M. o por lo menos haberlo colocado en un lugar estratégico a efecto de que escuchara la versión de ésta, tomando en cuenta que el Tribunal posee las condiciones para hacerlo; se decretó la secretividad parcial del juicio perjudicando al personaje principal que se juzga en este caso a D. R.M. E.; y se le privó a la defensa el derecho de aclarar contradicciones vertidas por la supuesta víctima en relación a la declaración rendida en la etapa preparatoria. APLICACIÓN PRETENDIDA. Que se declare con lugar el Recurso de Casación por el Motivo de casación que nos ocupa, declare la nulidad absoluta de la sentencia, ordenando el reenvío para que el juicio Oral y Público sea conocido por otro Tribunal”. RECURSO DE CASACIÓN POR DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR EL ABOGADO J. E. C. M., APODERADO DEFENSOR PRIVADO DEL ACUSADO D. R. M. E..- PRECEPTO AUTORIZANTE: 362 NUMERAL 3 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- NORMA INFRINGIDA: ARTÍCULO 202 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- DENUNCIA: VIOLACIÓN DE LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA. I.__ En El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del mismo, que desemboca en una sentencia en la cual el Órgano Jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que ésta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto a las formalidades establecidas en la Ley, no sólo para la emisión de la misma, sino durante el curso total del Proceso Penal. Es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las Normas de Derecho Procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el Órgano Juzgador debe subordinar su actividad, pues le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el Proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la Ley, no se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por ella y por el contrario, se ejecutan actos contra su voluntad, se produce entonces una Inejecución de la Ley Procesal, (Inejecución In Omitiendo). En consecuencia se ejecuta lo que la Norma Procesal prohíbe (Inejecución In Faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone aquella; Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el Proceso que se denomina Actividad Procesal Defectuosa o Defecto de Construcción y que el derecho común llama Vicio In Procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene precisamente la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales fijadas en la Ley. II.__ Rechaza el Petente la Sentencia emitida por la instancia, solicitando su invalidez por considerar que en la misma se ha hecho una valoración de los medios de prueba transgrediendo el Principio Lógico de Derivación y Razón Suficiente, componente de las Reglas de la Sana Critica, las que a su vez constituye el sistema de valoración obligatorio en el Sistema Procesal Penal.- Sustenta el Petente su reclamo en: 1).- La declaración de la niña K. B. R.M., en su opinión, debió haber sido declarada como no creíble ya que ésta declara que fue tirada al suelo por el acusado, más el lugar es un baño donde una persona adulta no puede estar en posición horizontal por el limitado espacio que hay generalmente en esos lugares.- Además la menor en su declaración de debate se contradijo con una declaración previa, la que no pudo ser objeto de comparación por negativa del Tribunal de Sentencia de introducirla por lectura; 2).- A las declaraciones de las Señoras R. R. D. y T.P. R. Z., no se les debió dar fuera probatoria porque estas son testigos de referencia, que no apreciaron los hechos; 3).- No debió dársele valor al Dictamen Psicológico Forense, por haber sido éste practicado veinte meses después de los hechos y por haberse tomado sin presencia del apoderado defensor; 4).- Incorrectamente se valoro negativamente la prueba testifical de la Defensa, Señores J. Y. G. L., E. H. R. y C. P., sin expresar suficientemente las razones para ello. III.__ Esta Sala de lo Penal, por alusión a la violación de las Reglas de la Sana Critica, considera pertinente recordar que el Artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.” Al respecto, se ha señalado que “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp 385-09). En el apartado de la valoración intelectiva el Juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Intima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la sana crítica; es éste último el que debe de observar el Juzgador Penal Hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En cuanto a la Sana Crítica como Sistema de Valoración de la Prueba, esta Sala ha señalado que en “…la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común…” (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Partiendo de la Doctrina Legal sentada por esta Sala de lo Penal, en los fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, del Exp 194-2009, de fecha 30 de noviembre del 2011, contenido en el Exp 297-09, de fecha 02 de noviembre del 2011, en el Exp 242-09 y de fecha 30 de noviembre del 2011 que resuelve el caso del Exp 125-2010, componen la Sana Crítica: 1).- Reglas de la Experiencia Común: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el Juzgador, sin relación alguna con el caso concreto que se Juzga, y que se adquieren a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por éste hecho son compartidas con las demás personas, aún cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a los fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del Juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El Juzgador deberá de analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de un fenómeno natural. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el Juzgador valora un hecho, considerara el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él por qué lo considera así; 2).- Las Reglas de la Psicología: Están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el Juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3).- Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de identidad: Una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”; ii. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera; iii. El principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. b. La Derivación: De este se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando. Exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga. IV.__ De la Procedencia del Recurso.- El Recurso no es de Recibo.- Ciertamente los delitos en perjuicio de la libertad e indemnidad sexual se caracterizan por su generalizada falta de medio de prueba testifical, centrándose el Debate muchas veces en la declaración de la víctima y en su valoración por parte de los Juzgadores (en especial cuando éste es el único medio para identificar a la persona responsable), misma que debe de realizarse de manera conjunta con la demás prueba que se aporte, ya sea prueba directa o prueba indirecta (indiciaria), la que puede referir sobre aspectos anteriores, relativos o posteriores al hecho y que puedan dar luz de lo que verdaderamente aconteció, valoración que deberá de realizarse tomando en cuenta: 1. El desarrollo intelectual y social de la víctima (desafortunadamente es recurrente que en los delitos de violación especial la víctima sea de baja escolaridad, mínimo desarrollo social y ausente conciencia de autodeterminación, condiciones que son igualmente compartidas con su núcleo familiar); 2. La persistencia en el tiempo del relato incriminatorio de la víctima; 3. La relación entre el sujeto pasivo y el sujeto activo (en especial las relaciones de prevalimiento); 4. Los aspectos derivados de la inmediación: Reglas de la Psicología (lenguaje corporal, tono de voz, espontaneidad o timidez, sencillez o elocuencia, nerviosismo o seguridad, estado anímico, sentido de colaboración o renuencia, memoria, capacidad de percepción, etc.), principios de la lógica (logicidad del relato en sí mismo y coherencia con la demás prueba) y las máximas de la experiencia (comparación del relato con modelos típicos cuyo conocimiento se encuentra dentro de la esfera del profano), (al respecto ver fallo de fecha 23 de enero del 2008, en el Exp 014-2007 y fallo de fecha 28 de julio del 2011, en el Exp 060-2010). V.__ Resolviendo el fondo del recurso interpuesto, la Sala de lo Penal considera que no le asiste la razón al Petente, sobre la base de: 1).- No se puede descartar el valor probatorio de la declaración de la menor K. B. R. M., oponiendo como motivo un argumento abstracto; El Petente señala que los baños por lo general están diseñados con espacios muy pequeños que no permiten que una persona adulta este acostada totalmente horizontal, argumento que al ser una Falacia Existencial toma en cuenta una generalidad y no específicamente el lugar donde ocurrieron los hechos, del que se desconoce su tamaño por falta de indagación de los litigantes sobre el tema, pero si se probo que se encontraba ubicado en una casa en construcción y que éste no contaba con una puerta, haciendo división una cortina, pudiendo permitir que una persona pueda acostarse totalmente, en posición horizontal, aun cuando ello implicase ocupar una porción de espacio fuera del baño atravesando el umbral donde estaba la cortina.- En cuanto a la contradicción aducida, ésta no se hizo patente al no haberse introducido por lectura al debate declaración previa de la menor. 2).- Las testigos R. R. D. y T. P. R. Z., son testigos que apuntalan la credibilidad de la menor K. B. R. M., el reproducir lo que escucharon de ella, siendo la misma versión que tuvieron oportunidad de escuchar los Juzgadores directamente de la ofendida, de allí su importancia.- El Petente indica que en especial la declaración de la Señora R. R.D., no debe de ser objeto de crédito por ser la abuela de la ofendida y por tanto tiene interés en el proceso, más ello es una falacia Argumentum Ad Hominem debido que en lugar de dirigir la descalificación en la lógica y evidencias de lo dicho por la testigo, se ataca el parentesco de ésta con la ofendida, razón que no es suficiente para desmeritar su dicho, en especial cuando se concatena con el acervo probatorio; 3).- En fecha 03 de Febrero del 2011, la Psicóloga Forense G. M. S. Z., evalúo a la menor K. B. R. M., concluyendo que la infante tenía una edad maduracional correspondiente a la edad psicológica, con rasgos predominantes de aislamiento, timidez, vulnerabilidad emocional, inseguridad, dificultad de adaptación, agrevisidad y retraimiento (F. 154 v.), lo que hizo concluir a los Juzgadores que tales rasgos eran consecuencia de la agresión sexual sufrida (F. 166), es pues que tal conclusión no fue hecha por la perito sino por los juzgadores en su valoración conjunta con la demás prueba.- El Petente señala que el dictamen no debe de ser valorado positivamente por haber sido practicado sin la presencia de la defensa, razonamiento que la Sala de lo Penal no comparte, considerando que este medio de prueba fue ofertado en la audiencia de proposición de prueba en fecha 26 de julio del 2010 y del que no existió oposición ni observación alguna en ese momento por la Defensa Técnica (F. 85) y que después de ello no consta en el expediente ninguna solicitud de la Defensa de estar presente en el análisis psicológico, sumado a que el Petente no indica como este hecho causo perjuicio material y concreto al acusado y que en todo caso éste argumento ninguna relación tiene con la violación de las reglas de la sana critica que es la denuncia que se hizo en este motivo de Casación.- Tampoco es atendible la objeción del Petente de que el Dictamen no merece valor por el tiempo en que medio entre el hecho y la evaluación, dado que no indica como éste hecho repercute en las conclusiones que obtuvo la Perito Forense. 4).- Finalmente el Petente reciente que la prueba presentada por la Defensa fue calificada como falta de crédito; Los testigos E. H. R. y C. P., no conocen de los hechos, sus declaraciones refirieron que el acusado D. R. M. E., es empleado del padre de la infante que se señala ofendida y que la acusación es una maquinación para evitar reconocerle sus derechos laborales, versión que acertadamente fue descartada por los Juzgadores de la Instancia, debido a que las Reglas de la Psicología nos indica que un padre no expondrá a su menor hija de ocho años como víctima de una agresión sexual ante su familia, amigos y vecinos, con el pírrico objetivo de evitar cancelar prestaciones laborales a un trabajador.- En cuanto al Testigo J. Y. G. L., su declaración es con el objeto de establecer una cuartada, indicando que el acusado estuvo en el taller trabajando el día de los hechos y que por lo tanto no pudo cometer el delito, más la contundencia de este testigo no pudo superar la que proporciono la prueba de cargo, de modo que su valor quedo opacado a la sombra de la certeza que hizo nacer en los Juzgadores la declaración de la menor ofendida K. B. R. M., su abuela R. R. D. y la agente de policía T. P. R. Z. Es por lo expuesto que procede declarar sin lugar el Motivo Único del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma planteado. RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR EL ABOGADO J. E. C. M., APODERADO DEFENSOR PRIVADO DEL ACUSADO D. R. M. E.; PRECEPTO AUTORIZANTE ARTÍCULO 361 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL; NORMA INFRINGIDA ARTÍCULO 82 y 90 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 14 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I.__ El Artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse Recurso de Casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo en la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general, toda norma legal puede vincularse con una norma constitucional, más el Recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de Recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los Recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Forma, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores[2] (Recursos Extraordinarios). La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. II.__ Bajo éste título el Petente denuncia la violación al derecho de defensa y del debido proceso, planteando dos hechos: 1).- Al momento de que se paso a la audiencia de debate a la menor K. B. R. M.z, el Tribunal de Sentencia ordeno que el acusado fuera conducido a otro lugar, por lo que no pudo presenciar lo que aquella declaro; 2).- Se negó la introducción por lectura de una declaración previa de la menor K. B. R. M., para evidenciar contradicciones con la declaración que en la audiencia de debate estaba brindando. III.__ La Garantía del Debido Proceso se encuentra regulada por el Artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, definido tradicionalmente como aquel que garantiza que nadie puede ser condenado sino tras haber sido juzgado por un Tribunal competente, bajo las formalidades previamente previstas en la ley; Sin embargo el Principio del Debido Proceso más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del Derecho Procesal Penal dirigido a que la persona sometida a la Jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos Derechos y Garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del Debido Proceso legal, como ser el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, entre otros, en fin el Principio del Debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. El Debido Proceso se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el Debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados.- La Sentencia debe ser el resultado de la celebración de un debate en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la sentencia se convierte en un fruto viciado; Estas reglas esenciales son los principios informadores de la fase de juicio: defensa, presunción de inocencia, contradicción, inmediación, oralidad, concentración y publicidad. (Al respecto ver fallo de la Sala Penal de fecha 30 de Noviembre del 2011 en Exp 318-2010).- Particularmente y por referencia al recurso interpuesto, la Sala de lo Penal ha señalado que: “... uno de los requisitos Constitucionales del Proceso Penal, lo constituye el Derecho de Defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal, en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, como una manifestación del denominado derecho al debido proceso que “supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a sí mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado” (Véase Pavón Gómez German. De la Casación y la Revisión Penal. 2ª edición. Doctrina y Ley. 2003. Colombia. P 48 y 49.” (En fallo de fecha 02 de Noviembre del 2011, contenido en el expediente 342-09); Además esta Sala de lo Penal ha establecido que “…el derecho de defensa se lesiona, verbigracia, cuando se imposibilita al acusado la oportunidad durante la totalidad del proceso, de defenderse de los cargos, o para demostrar su versión de los hechos, el acceso irrestricto a las pruebas de cargo, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa sin sanción o censura alguna…” (En fallo de fecha 22 de Septiembre del 2011, contenido en el Expediente 390-09).- El Derecho de defensa de derechos subjetivos es una reacción al hecho delictivo que obliga al Estado y posibilita al perjudicado a presentar la acción penal en los casos permitidos por la ley, pero además, entablada la acción, genera el derecho de la persona acusada de oponerse a ella, por tanto vincula a todas las partes litigantes en contienda, generando el deber de los órganos jurisdiccionales de velar estrictamente por su cumplimiento, potencializando su ejercicio y sancionando su inobservancia en el estricto equilibrio que le exige el Principio de Igualdad.-Pero además el derecho de defensa también le asiste al Ministerio Público, acusador privado o Procuraduría General de la República, en su caso, a quienes de igual forma se les debe de garantizar la observancia de las normas procesales que permitan la defensa de los intereses que representan, teniendo el derecho de presentar la acción penal y poder sustentarla a lo largo del proceso con la presentación de medios de prueba, con la oportunidad de presentar argumentos y con el espacio para oponerse a las pretensiones de la contraparte, pero todo ello, como ya se indico, en equilibrio proporcionado al derecho de defensa de aquellos contra los cuales se dirija la acción penal, equilibro que es obligación de los Tribunales garantizar y cuya fuente es el Principio de Igualdad de las partes ante la ley y por tanto frente al proceso, por lo que el derecho de defensa también es un derecho de la parte acusadora en su participación en el proceso. IV.__ De la Procedencia del Recurso.- El Recurso no es de Recibo.- Es criterio de la Sala de lo Penal que en el presente caso no ha existido violación al Debido Proceso o al Derecho de Defensa como lo alega el Petente, conclusión que es resultante del siguiente análisis: 1).- Al momento en que la menor K. B. R. M., fue llamada para que rindiese su declaración testifical se presento una colisión de derechos: Por una parte el derecho del acusado a estar presente en todos los actos que impliquen la reproducción de medios de prueba (Art. 14 del CPP) y así poder ejercer plenamente su derecho a la defensa (Art. 82 Constitucional) y el derecho de la menor ofendida a no ser re victimizar (art. 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño) y a no confrontar a su entonces supuesto agresor (Art. 92.d del Código de la Niñez y de la Adolescencia). En el mundo jurídico es común que en una situación concreta se de la colisión de dos derechos, en donde la subsistencia de uno de ellos a plenitud implicaría la privación total del otro; Por ello, en estos casos, se debe de buscar un punto de equilibro en donde ambos derechos cedan parte de su prebendas sin que pierdan si esencialidad y así lograr que ambos derechos prevalezcan.- Así pues en el caso que si bien el acusado tiene derecho a estar presente en todos los actos que impliquen medio probatorio, ello debe de matizarse cuando se trate de la declaración testifical del infante a quien se señala víctima, en especial cuando se indique víctima de un delito contra la libertad sexual, puesto que lo debe de evitarse es hacer que el menor se vea en presencia de su agresor teniendo que contar lo que le ocurrió y así ahondado más el daño psicológico producido revivenciando ese hecho que busca superar, por ello el imputado en estos casos no deberá de estar a la vista del menor, optando el órgano jurisdiccional en colocarlo en un lugar en donde pueda escuchar la declaración del infante pero sin que se revele su presencia y, cuando esto no sea posible por las condiciones físicas del Juzgado o Tribunal, ordenando que el imputado sea trasladado a otro lugar mientras el testigo víctima menor de edad rinde su declaración, siendo obligatorio que a la misma asista la Defensa Técnica quien podrá solicitar los espacios de tiempo que la prudencia mande para poder desplazarse donde este su representado, comunicarle sobre lo que esta declarando el o la menor, hacerle las consultas necesarias que le permitan regresar al Abogado(a) a la audiencia de debate y hacer el contradictorio. El derecho a la no revictimización también debe de matizarse, si bien se incumbe procurar que el menor supere el evento traumático, ello no le exonera de la obligación de prestar la colaboración judicial para el enjuiciamiento de las personas responsable de ése hecho; Ahora bien tal intervención en el proceso judicial deberá de realizarse de modo que repercuta lo menos posible en el menor, de modo que los actores del proceso deberán de adoptar las medidas necesarias para ello, con especial obligación los Jueces y Juezas que conozcan de la causa, siendo una de esas medidas evitar la confrontación del menor con su agresor. Conforme a la foliada judicial el Tribunal de Sentencia, atendiendo la solicitud del Ministerio Público, no solo ordeno la secretividad parcial del debate en el tiempo que tomara recibir la declaración de la menor K. B. R. M., cumpliendo lo preceptuado en el artículo 308.5 del Código Procesal Penal, sino que además ordeno que ésta declaración se rindiera sin la presencia del acusado, materializando así la garantía prevista del artículo 92.b del Código de la Niñez y la Adolescencia (F. 147 v.), resoluciones judiciales que son consecuentes con el Debido Proceso por cumplirse con ellas lo preceptuado en la ley y que no repercuten en el derecho de defensa debido a que si bien el acusado no tuvo la oportunidad de escuchar la declaración de la menor, en su representación se encontraba el Abogado Defensor quien estamos seguros informo los pormenores de lo acontecido. 2).- Establece el artículo 311 del Código Procesal Penal que excepcionalmente podrá introducirse a la audiencia de debate por lectura las declaraciones de testigos rendidas en la Etapa Preparatoria, para efectos clarificar cualquier contradicción que se advierta entre la dada en aquella ocasión con la que se esté rindiendo en el juicio; Con esto el Tribunal de Sentencia podrá determinar el grado de credibilidad que tiene el testigo que esta declarando al debate, al poder ver si ha existido contradicción en declaraciones anteriores y el porqué de estas contradicciones; No es estéril insistir que lo que el Tribunal de Sentencia valorara es la declaración que en ese momento este recibiendo en la audiencia de debate y no la que se haya introducido por lectura para efectos de contradicción. Las declaraciones que pueden recibirse en la Etapa Preparatoria son las declaraciones tomadas bajo el protocolo de prueba anticipada, las declaraciones recibidas en la audiencia inicial y las declaraciones tomadas por los Agentes de Policía en la etapa de Investigación Preliminar; Cada uno de los tipos de declaraciones enumerados tiene su grado de fiabilidad en cuanto a la información que poseen, así: a).- La declaración rendida bajo protocolo de prueba anticipada es tomada con más detalle y mas rigurosidad, debido al riesgo que existe de que ésta no pueda brindarse de manera posterior, por ello los letrados de las partes procuran ser mas exhaustivos en su interrogatorios; b).- Las declaraciones tomadas en la audiencia inicial si bien existe contradictorio, son menos exhaustivas e incluso su registro es menos detallado conforme lo indica el artículo 298 del Código Procesal Penal, esto debido a que estas declaraciones tiene como objeto provocar la decisión que el Juez de Garantía deba de dar al final de la audiencia sin que, como regla general, puedan trascender a otras etapas del proceso; c).- Las declaraciones administrativas tomadas por los Agentes de Investigación, si bien son esenciales en la etapa de investigación preliminar para orientar a los Agentes de Policía en la recabación de información, en el plano judicial son las menos fiables, debido a contrario a lo que ocurre con los dos tipos de declaraciones que se han hecho mención donde se realizan bajo el control jurisdiccional y con el contradictorio del Ministerio Público y la Defensa, en las declaraciones administrativas solo participa el declarante y el investigador, quien se encarga de levantar un acta donde hace constar lo que escucho y entendió de la persona y sin que exista un tercero que pueda corroborar la exactitud de lo dicho y de lo transcrito en el acta. Retornando al caso de examine, la Defensa Privada en la audiencia de debate solicito la introducción por lectura de la declaración administrativa rendida por la menor ofendida K. B.R. M., en fecha 08 de junio del 2009, por un agente de investigación por considerar que ésta contenía una versión distinta a la que la menor estaba dando en la audiencia de debate, específicamente en cuanto a que en aquella ocasión la niña menciono que los hechos ocurrieron estando de pie, mientras que en la audiencia de debate señala que ocurrieron estando acostados tanto ella como el acusado; El Tribunal de Sentencia escuchando la petición declaro la misma sin lugar, sin que se consignase en el acta de debate la motivación de esta resolución (F. 148). Al respecto la Sala de lo Penal determina que el Tribunal de Sentencia debió haber introducido por lectura la declaración rendida por la menor en la etapa de investigación preliminar a efecto de verificar la existencia de dicha contradicción y tener un elemento más para valorar la declaración de la menor rendida en la audiencia de debate, más con ello la Sala de lo Penal, haciendo una Inclusión Hipotética de la diligencia indebidamente omitida por los Juzgadores, llega a la conclusión que aun con la introducción de la declaración administrativa no se hubiesen dado elementos para modificar la valoración dada por los Juzgadores a la declaración de la menor en el debate y que se explica en la sentencia impugnada; Toma en cuenta la Sala de lo Penal que la declaración que se solicito se introdujese por lectura es una declaración administrativa tomada por un agente de investigación que no fue identificado en la audiencia de debate, sin la participación judicial, del Ministerio Público o de la Defensa y no porque sea obligatoria tal participación, sino porque la naturaleza de la diligencia así lo permite, entonces lo que se consigna en el acta es el entendimiento de una persona de lo que dijo la menor sin que exista control de un tercero, así pues véase que en dicha acta (F. 7), se documentó un relato ordenado de los hechos donde aparecen palabras entre paréntesis sin que se pueda establecer si dichas palabras fueron producto de lo que la niña dijo de viva voz, de alguna gesticulación de ella o de lo que el entrevistador entendió y quiso completar para mejor comprensión en la lectura, sumado que la supuesta contradicción no estriba en la existencia del hecho delictivo sino en la forma en que éste se ejecuto. Concluye la Sala de lo Penal que la omisión en que incurrió los Juzgadores de la Instancia no tiene la incidencia como para afectar alguno de los pronunciamientos de la Parte Dispositiva de la Sentencia, es pues que el ejercicio de la Defensa en este caso si bien tiene una afectación formal (el hecho de no acceder a la introducción por lectura de una declaración previa al debate), no tiene una afectación material (la declaración previa no tiene la fuerza para afectar la credibilidad de la declaración de la menor dada en la audiencia del debate) y ante la ausencia de dicha afectación material es procedente declarar sin lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361 y 362 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Abogado J. E. C. M., apoderado defensor privado del acusado D. R.M.E.. SEGUNDO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por el Abogado J. E. C. M., apoderado defensor privado del acusado D. R. M. E. TERCERO: Declarar firme y ejecutable la Sentencia de fecha veinticuatro (24) de Mayo del dos mil once (2011), dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de El Progreso, Departamento de Yoro. MANDA: Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- MAGISTRADO PONENTE ZUNIGA MEDRANO.- NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.-JACOBO ANTONIO CALIX HERNÁNDEZ.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.-“

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil catorce.- Certificación de la sentencia de fecha cuatro de febrero de dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Supremo Tribunal de Justicia No.S.P.485=2011.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

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[1] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

[2] Vid en este sentido: LLORENTE FERNANDEZ DE LA REGUERA, ÁNGEL, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115, cuando expresa que “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”