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Sentencia CP-475-12 — Registro 5803

Resumen

Se condeno a imputado en primera instancia por los delitos de robo de vehículo y portación ilegal de arma y municiones comerciales.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...III.- DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA E INFRACCIÓN DE LEY INTERPUESTO POR LA DEFENSA PÚBLICA. 1) El Recurrente denunció que la Sentencia recurrida carecía de Motivaciones Fácticas Suficientes, por lo que no se observaron las Reglas de la Sana Crítica. De igual forma alegó que el fallo proferido violentó el Debido Proceso, el Estado de Inocencia y el Principio de Contradicción al haber admitido medios de pruebas que considera ilícitos. Al desarrollar su impugnación el Censor consideró que la Sentencia dictada contra los señores D. Y. F. R. y O. B. U. R., es contraria a la Sana Crítica, ya que se basa en razonamientos débiles e insuficientes, utilizando para ello las declaraciones testificales de los señores J. A. M. y S. A. P., cuyos testimonios son contradictorios en elementos esenciales como la ubicación de los imputados al momento de ser capturados por la autoridad policial, violentando con ello la Ley de Contradicción debido a que una es cierta y la otra falsa. De igual forma el Tribunal Sentenciador no tomó en cuenta la prueba de descargo que presentara la defensa, aduciendo que por ser familiares los testigos propuestos les restaban credibilidad. Señaló también el Reclamante, que el Tribunal A-quo tomó en consideración para configurar el delito de Portación Ilegal de Arma, un Informe Balístico que fue incorporado cuando el proceso ya se había judicializado, sin tener conocimiento la Defensa y sin seguirse los procedimientos que establece la Ley. Por último, aseveró que el Ministerio Público no había aportado prueba alguna que acreditara la pertenencia del vehículo supuestamente robado. 2) Los Motivos de Casación están señalados en los Artículos 360, 361 y 362 del CPP, que se refieren de forma respectiva, a la Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, Casación por Violación de Precepto Constitucional y Casación por Quebrantamiento de Forma. Independientemente cual sea el motivo que se invoque, hay que adelantar que la Casación siempre implica la Infracción de una Ley, bien se trate de una Norma Constitucional, de una Ley Penal Sustantivo o Material, de una Ley Extra-Penal que debe ser observada en la aplicación de ésta o de una Norma Procesal. Igualmente, sea cual fuere el Motivo que se invoque, el control Casacional se dirige a la demostración de dos tipos de vicios: a) Vicio de Juicio (Vicio de Aplicación del Derecho) b) Vicio de Actividad (Vicio en el Procedimiento). Esta distinción parte de la diferente posición en que se halla el Juez frente al Derecho, según sea Sustantivo o Procesal. De ello se dice que estaremos ante el primer vicio, cuando en la Sentencia el Tribunal realice una incorrecta Aplicación de la Ley Sustantiva, es decir, aquella que resuelve el fondo del asunto planteado en la Acusación y en la Defensa, incluyendo también el vicio de error en la Activación Lógica del Juzgador al emitir la Sentencia, especialmente en la Reconstrucción del Hecho (Nuestro Código sin embargo, los refiere como vicios en la forma). Por otro lado nos encontraremos ante el vicio en el procedimiento, cuando se haya producido un incumplimiento de las Normas que rigen el Procedimiento y la forma de dictar la Sentencia. En conclusión, esos dos tipos de vicios nos conducen a los conocidos como Vicios de Fondo (Sobre la Ley Sustantiva o Material) y Vicios de Forma (ocurridos sobre la Ley Adjetiva o Material) [1]. 3) Observa esta Sala de lo Penal, que el Recurrente al encabezar en su escrito de presentación del Recurso de Casación, señala la interposición del mismo en dos especies distintas, el primero por Quebrantamiento de Forma según lo regula el Artículo 362 del Código Procesal Penal; y el Segundo denunciando la Infracción de Ley, conforme lo estipula el Artículo 360 del mismo cuerpo legal; sin embargo al desarrollar su impugnación no separó adecuadamente cada motivo, tal como lo regula el Artículo 363 del Código Procesal Penal que dice: “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo…En lo que respecta a la casación en el fondo, deberá citar concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considere infringidos, el sentido en que lo hubiera sido, y expresara, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende; y tratándose de la casación en la forma, deberá también, de manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad para subsanarlos”, esto con el fin de que el recurso planteado se revista de claridad y precisión, pero el Recurrente no ha respetado los parámetros, disposiciones y lineamientos que regula el Artículo precitado para la interposición y/o presentación de un Recurso de Casación. De igual forma, el Recurrente denunció la Violación de varias Garantías y Derechos Constitucionales que supuestamente se vulneraron al momento en que el Tribunal Sentenciador admitió pruebas, pero lastimosamente no utilizó una correcta Técnica en la vía recursiva utilizada, pues el Artículo 361 del Código Procesal Penal es claro en establecer que, en todos los casos en que con arreglo al mismo, pueda interponerse un Recurso de Casación, será suficiente la Infracción de Precepto Constitucional, abriendo con ello un innumerable espacio de oportunidades; sin embargo el Censor no fue claro ni especifico en denunciar estas supuestas violaciones Constitucionales, a través del Recurso correspondiente. 4) Este Supremo Tribunal considera que el Reclamante no solo incurrió en un Error en la Vía Recursiva, sino además es falto de claridad, precisión y coherencia, lo cual imposibilita que éste Supremo Tribunal pueda dar respuestas concretas a los señalamientos del Censor. Al realizar un examen exhaustivo de la Sentencia que se cuestiona, concluye que la misma cumple con todos los requisitos legales del Artículo 338 del Código Procesal Penal, razón suficiente para desestimar la presente impugnación..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el diez (10) de marzo del año dos mil catorce (2014), por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS CARLOS DAVID CÁLIX VALLECILLO en su calidad de Coordinador, MARCO VINICIO ZÚNIGA MEDRANO y JACOBO ANTONIO CÁLIX HERNÁNDEZ, dicta sentencia conociendo el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha dieciocho de Julio de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: 1) CONDENANDO al Señor D. Y. F. R.: a) A la pena de DIEZ (10) AÑOS DE RECLUSIÓN, por el delito de ROBO DE VEHÍCULO, en perjuicio de C. F. O.; b) A la pena de TRES (03) AÑOS DE RECLUSIÓN, por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA Y MUNICIONES COMERCIALES, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- 2) CONDENANDO al Señor O. B. U. R. a la pena de DIEZ (10) AÑOS DE RECLUSIÓN, por el delito de ROBO DE VEHÍCULO, en perjuicio de C. F. O..- 3) CONDENANDO a los encausados a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL.- 4) NO CONDENÓ en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio a los encausados.- Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Ley, el Abogado J. R., actuando en su condición de Defensor Público de los señores D. Y. F. R. y O. B. U. R..- SON PARTES: La Abogada D. M. R. P. en su calidad de Defensora Pública de los Imputados, como Recurrente y el Abogado S. C. A. en su condición de Representante del Ministerio Público como recurrido. HECHOS PROBADOS ÚNICO: El día uno de Febrero del año dos mil once a eso de la seis y cuarenta minutos de la tarde el señor J. A. M., circulaba a inmediaciones de la Iglesia Catedral en el centro de la Ciudad de Tegucigalpa, conduciendo un vehículo tipo turismo color blanco marca Toyota Corolla, placas AAJ 4584 el cual operaba como taxi con registro 5280 cuando fue abordado por el acusado D. Y. F. , quien le pidió lo llevara al barrio La Granja de la Ciudad de Comayagüela, subiendo al asiento del pasajero en la parte delantera del vehículo. Cuando se encontraban en dicho lugar, el acusado D. Y., realizó una llamada telefónica en la que expresó a su interlocutor “mi amor téngame lista la cena” pidiéndole al señor J. A. ingresara a una calle sin pavimento, una vez que había avanzado pocos metros, D. se sacó de la cintura un arma de fuego tipo pistola 9 mm, con serie número 11463, empuñadura color café cargada con tres proyectiles, la que no tenía permiso para portar, con la cual procedió a apuntarle al señor J. A. M., exigiéndole detuviera el vehículo. En ese momento el acusado O. B. U., primo de D. Y., se presentó al lugar y se dirigió hacia el taxi, procedió a abrir la puerta del conductor, ordenándole a J. A. que se bajara, a lo que este accedió. O. B. ingresó al vehículo el que condujo para alejarse rápidamente del lugar junto con el acusado D. Y..” C O N S I D E R A N D O I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Ley, interpuesto por el Abogado J. R., en su condición de Defensor Público de los encausados D. Y. F. R. y O. B. U. R.; reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.-EL RECURRENTE ABOGADO J. R., EN SU CONDICIÓN DE DEFENSOR PÚBLICO, DE LOS ENCAUSADOS D. Y. F. R. y O. B. U. R., PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA E INFRACCIÓN DE LEY, DE LA MANERA SIGUIENTE: EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN. MOTIVACIÓN: La sentencia carece de motivaciones fácticas suficientes, por lo que no se observan las reglas de la sana crítica.- Asimismo, la sentencia de mérito fue proferida violentando el principio del debido proceso, estado de inocencia y contradicción al admitir medios probatorios ilícitos. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en los artículos 1, 2, 4, 200, 360 y 362.3 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La sentencia promulgada por el Tribunal de Sentencia carece de una valoración de los hechos conforme a la sana crítica, específicamente las reglas de la lógica de la derivación en su característica de razón suficiente, la Ley de la contradicción y las leyes de la experiencia. Asimismo, la sentencia de mérito fue proferida violentando el principio del debido proceso, estado de inocencia y contradicción al admitir medios probatorios ilícitos tal y como se establece en el Código Procesal Penal: ARTÍCULO 1. JUICIO PREVIO: Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme a los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente Código y con respeto estricto de los derechos del imputado. ARTÍCULO 2. ESTADO DE INOCENCIA: Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este Código. En consecuencia, hasta esa declaración, ninguna autoridad podrá tener a una persona como culpable ni presentarla como tal ante terceros. Por consiguiente, lo que se informe se limitará a poner de manifiesto la sospecha que pende sobre la misma. La violación a lo dispuesto en el párrafo anterior obligará a los responsables a indemnizar a la víctima por los perjuicios causados, los que serán exigibles en juicio civil ordinario, sin perjuicio de la responsabilidad penal o administrativa que proceda. ARTÍCULO 4. PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN: Salvo que el presente Código señale otro procedimiento el juicio será oral y público y en él regirá el principio de contradicción. Tanto el imputado como su Defensor, tendrán derecho a presentar los elementos probatorios de que dispongan en cualquier etapa del proceso, incluso durante la investigación preliminar. En este último caso lo harán ante el fiscal a cuyo cargo se encuentre la investigación. ARTÍCULO 200. PRUEBAS PROHIBIDAS O ILICITAS: Carecerán de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en la Constitución de la República y en los convenios internacionales relativos a Derechos Humanos de los que Honduras forme parte; así como cuantos sean consecuencia necesaria de tales actos o hechos y que no hubiera sido posible su obtención sin la información derivada de ellos, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan podido incurrir quien obtuvo ilícitamente la información. PRIMERO: Con base a lo anterior, el tribunal emite una sentencia condenatoria en contra de mis representados, la cual es contraria a la sana crítica debido a que se fundamenta en argumentaciones débiles e insuficientes para llegar a la conclusión a la que arriba en el fallo. El Tribunal utiliza como motivación de su sentencia las declaraciones de los testigos J. A. M. M. y S. A. P. A. para declarar a mis representados, los señores D. Y. F. R. y O. B. U. R., culpable del delito de robo de vehículo y portación ilegal de arma y municiones comerciales. No obstante, dichas declaraciones son contradictorias entre sí en elementos fundamentales como ser la ubicación de los imputados al momento de ser capturados por la Policía. Esto, debido a que el primero indica que los imputados se encontraban caminando al momento de ser interceptados, mientras el segundo manifiesta que los imputados se encontraban dentro del vehículo en dicho momento. Las anteriores declaraciones violentan la ley de la contradicción debido a que o bien una de las afirmaciones es cierta o bien es falsa en su totalidad, no pudiendo el Tribunal tomar en cuenta como una única afirmación a ambas, debido a que la importante contradicción que se hace sobre las mismas descarta a una de las dos. Aunado a ello, el testigo M. dice no estar seguro de haber podido identificar a los imputados pues manifestó que ninguno de los acusados portaba lentes lo cual hacía que la fisonomía de las personas cambiara significativamente. Lo anterior, de acuerdo a las reglas de la experiencia, crea una duda razonable sobre la posible imputación del delito, debido a que quien sufrió la acción del robo de vehículo duda sobre la culpabilidad de mi representado y lo hace manifiesto en su declaración. En cuanto a la prueba de descargo, la misma no fue tomada en consideración por el Tribunal argumentando sin mayores incidencias, que al ser familiares de mis representados las mismas no pueden tener credibilidad. Lo anterior vulnera el debido proceso y el estado de inocencia de los imputados pues, corresponde al Ministerio Público probar la culpabilidad de mis representados y no a la defensa probar su inocencia todo ello con base a lo establecido por el sistema acusatorio que nos rige, mismo que derogó al sistema inquisitivo donde la culpabilidad parecía presumirse de hecho. Por lo que sus declaraciones no pueden ser descartadas sólo por ser familiares de los imputados, ya que, es al Ministerio Público a quien le corresponder desvirtuar la prueba de descargo y no a alegaciones basadas únicamente en el parentesco de las testigos. SEGUNDO: Agregado a lo anteriormente expuesto, el Tribunal toma en consideración, para la delimitación de los delitos dilucidados en juicio, especialmente para el de portación ilegal de arma y municiones comerciales, el informe balístico presentado por el Ministerio Público. El cual, fue incorporado cuando el proceso ya se había judicializado, siendo lo correcto solicitar un peritaje donde la Defensa tuviera conocimiento como así lo indica el debido proceso y el principio de contradicción. Sin embargo, irrespetando dichos principios el Tribunal decide valorar como medio de prueba dicho dictamen. TERCERO: Por otra parte, el Ministerio Público nunca aporta al presente juicio elementos probatorios que constaten la ajenidad del vehículo, pues únicamente cuenta con la declaración testifical de dos personas quienes afirman no ser dueñas del vehículo y con un acta de inspección y de decomiso que se contradicen entre sí al establecer el nombre del propietario del vehículo. Con todo ello, y considerando los elementos probatorios de descargo, esta Defensa considera que la sentencia en cuestión no cumple con los requisitos de la Sana Crítica y el Debido Proceso pues, de haber valorado conforme a ellos no hubiese restado credibilidad a la declaración de los testigos de descargo, mismos que fueron precisos y contestes en sus testimonios, viéndose reforzados por la declaración manifiesta del testigo M. M. quien dice no estar seguro de que los imputados, D. Y. F. R. y O. B. U. R., sean los responsables de los delitos dilucidados en el presente juicio.” III.- DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA E INFRACCIÓN DE LEY INTERPUESTO POR LA DEFENSA PÚBLICA. 1) El Recurrente denunció que la Sentencia recurrida carecía de Motivaciones Fácticas Suficientes, por lo que no se observaron las Reglas de la Sana Crítica. De igual forma alegó que el fallo proferido violentó el Debido Proceso, el Estado de Inocencia y el Principio de Contradicción al haber admitido medios de pruebas que considera ilícitos. Al desarrollar su impugnación el Censor consideró que la Sentencia dictada contra los señores D. Y. F. R. y O. B. U. R., es contraria a la Sana Crítica, ya que se basa en razonamientos débiles e insuficientes, utilizando para ello las declaraciones testificales de los señores J. A. M. y S. A. P., cuyos testimonios son contradictorios en elementos esenciales como la ubicación de los imputados al momento de ser capturados por la autoridad policial, violentando con ello la Ley de Contradicción debido a que una es cierta y la otra falsa. De igual forma el Tribunal Sentenciador no tomó en cuenta la prueba de descargo que presentara la defensa, aduciendo que por ser familiares los testigos propuestos les restaban credibilidad. Señaló también el Reclamante, que el Tribunal A-quo tomó en consideración para configurar el delito de Portación Ilegal de Arma, un Informe Balístico que fue incorporado cuando el proceso ya se había judicializado, sin tener conocimiento la Defensa y sin seguirse los procedimientos que establece la Ley. Por último, aseveró que el Ministerio Público no había aportado prueba alguna que acreditara la pertenencia del vehículo supuestamente robado. 2) Los Motivos de Casación están señalados en los Artículos 360, 361 y 362 del CPP, que se refieren de forma respectiva, a la Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, Casación por Violación de Precepto Constitucional y Casación por Quebrantamiento de Forma. Independientemente cual sea el motivo que se invoque, hay que adelantar que la Casación siempre implica la Infracción de una Ley, bien se trate de una Norma Constitucional, de una Ley Penal Sustantivo o Material, de una Ley Extra-Penal que debe ser observada en la aplicación de ésta o de una Norma Procesal. Igualmente, sea cual fuere el Motivo que se invoque, el control Casacional se dirige a la demostración de dos tipos de vicios: a) Vicio de Juicio (Vicio de Aplicación del Derecho) b) Vicio de Actividad (Vicio en el Procedimiento). Esta distinción parte de la diferente posición en que se halla el Juez frente al Derecho, según sea Sustantivo o Procesal. De ello se dice que estaremos ante el primer vicio, cuando en la Sentencia el Tribunal realice una incorrecta Aplicación de la Ley Sustantiva, es decir, aquella que resuelve el fondo del asunto planteado en la Acusación y en la Defensa, incluyendo también el vicio de error en la Activación Lógica del Juzgador al emitir la Sentencia, especialmente en la Reconstrucción del Hecho (Nuestro Código sin embargo, los refiere como vicios en la forma). Por otro lado nos encontraremos ante el vicio en el procedimiento, cuando se haya producido un incumplimiento de las Normas que rigen el Procedimiento y la forma de dictar la Sentencia. En conclusión, esos dos tipos de vicios nos conducen a los conocidos como Vicios de Fondo (Sobre la Ley Sustantiva o Material) y Vicios de Forma (ocurridos sobre la Ley Adjetiva o Material)[1]. 3) Observa esta Sala de lo Penal, que el Recurrente al encabezar en su escrito de presentación del Recurso de Casación, señala la interposición del mismo en dos especies distintas, el primero por Quebrantamiento de Forma según lo regula el Artículo 362 del Código Procesal Penal; y el Segundo denunciando la Infracción de Ley, conforme lo estipula el Artículo 360 del mismo cuerpo legal; sin embargo al desarrollar su impugnación no separó adecuadamente cada motivo, tal como lo regula el Artículo 363 del Código Procesal Penal que dice: “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo…En lo que respecta a la casación en el fondo, deberá citar concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considere infringidos, el sentido en que lo hubiera sido, y expresara, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende; y tratándose de la casación en la forma, deberá también, de manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad para subsanarlos”, esto con el fin de que el recurso planteado se revista de claridad y precisión, pero el Recurrente no ha respetado los parámetros, disposiciones y lineamientos que regula el Artículo precitado para la interposición y/o presentación de un Recurso de Casación. De igual forma, el Recurrente denunció la Violación de varias Garantías y Derechos Constitucionales que supuestamente se vulneraron al momento en que el Tribunal Sentenciador admitió pruebas, pero lastimosamente no utilizó una correcta Técnica en la vía recursiva utilizada, pues el Artículo 361 del Código Procesal Penal es claro en establecer que, en todos los casos en que con arreglo al mismo, pueda interponerse un Recurso de Casación, será suficiente la Infracción de Precepto Constitucional, abriendo con ello un innumerable espacio de oportunidades; sin embargo el Censor no fue claro ni especifico en denunciar estas supuestas violaciones Constitucionales, a través del Recurso correspondiente. 4) Este Supremo Tribunal considera que el Reclamante no solo incurrió en un Error en la Vía Recursiva, sino además es falto de claridad, precisión y coherencia, lo cual imposibilita que éste Supremo Tribunal pueda dar respuestas concretas a los señalamientos del Censor. Al realizar un examen exhaustivo de la Sentencia que se cuestiona, concluye que la misma cumple con todos los requisitos legales del Artículo 338 del Código Procesal Penal, razón suficiente para desestimar la presente impugnación. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 360, 361, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal.- FALLA: ÚNICO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Ley en su Único Motivo, interpuesto por el Abogado J. R., en su condición de Defensor Público de los imputados D. Y. F. R. y O. B. U. R..- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. Redactó: EL MAGISTRADO ZÚNIGA MEDRANO. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO COORDINAODR.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de abril del año dos mil catorce.- Certificación de la sentencia de fecha diez de marzo del año dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-475-2012.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Cuellar Cruz Rigoberto. Fernández Entralgo Jesús. Gomez Colomer Juan Luis y otros. Derecho Procesal Penal de Honduras (Manual Teórico-Práctico). Agencia Española de Cooperación Internacional. Honduras, 2004. Páginas 585 y 586.