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Sentencia CP-470-12 — Registro 4203

Resumen

Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el Minsiterio Público, contra la sentencia que condena al imputado por el delito de facilitación de medios de transporte para el tráfico ilícito de drogas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."De los conceptos lingüísticos antes relacionados como de los extraídos de la realidad criminológica propia del fenómeno que globalmente se conoce como Tráfico Ilícito de Drogas, esta Sala es del criterio que la conducta de los imputados H. S. Y E. F. Y., no se subsume en el Tipo Penal previsto por el Artículo 22 de la Ley contra el Tráfico Ilícito de Drogas, pues del relato fáctico no se desprende que hayan realizado acciones para facilitar a otro individuo un medio de transporte, pues la droga decomisada fue encontrada entre sus ropas, los encartados asumieron la tarea de alto riesgo de transportar por sí mismos la droga antes relacionada. Y es que si partimos, como lo entiende esta Sala, que el Artículo 22 de la Ley contra el Tráfico Ilícito de Drogas, comprende la acción que se limita a la facilitación o el suministro, ya sea a título oneroso o gratuito del vehículo o medio de transporte, utilizado por otro para el acarreo de la sustancia prohibida, que el Legislador Hondureño ha considerado merecedora de menor pena; el Transporte de la Droga incautada preordenado a su difusión, realizado por los encausados H. S. Y E. F. Y. es decir, por si mismos, indudablemente constituye un hecho punible y de alto riesgo, que se comprende dentro del término genérico y por tanto utilizado en el ámbito penal del Tráfico Ilícito de Drogas[1], que se configura al tenor de lo previsto en los artículos 18, 19 y 5 No. 34) de la Ley Penal Especial tantas veces referida[2], todo ello teniendo en cuenta que no existe disposición legal en contrario que configure al Transporte de Drogas pre-ordenado al Tráfico como un tipo Autónomo y merecedor de menor pena, sino como una modalidad de lo que global y genéricamente se conoce como Tráfico Ilícito de Drogas. Por lo anteriormente expuesto se declara con lugar el presente Recurso de Casación en sus dos motivos, formulados por la Representación del Ministerio Público. 5) Siendo que los imputados H. S. Y E. F. Y. carecen de antecedentes penales y de que no se aprecian circunstancias agravantes ni atenuantes, esta Sala de lo Penal es del criterio que se les imponga la pena mínima que prevé el Artículo 18 de la Ley contra el Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de abril de dos mil catorce, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS CARLOS DAVID CÁLIX VALLECILLO en su calidad de Coordinador, MARCO VINICIO ZÚNIGA MEDRANO y JACOBO ANTONIO CÁLIX HERNÁNDEZ, dicta Sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto contra la Sentencia de fecha siete de abril de dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual falló: 1º.- CONDENANDO a los señores H. S. Y E. F. Y., a la penas de SEIS (6) AÑOS DE RECLUSIÓN Y UNA MULTA DE CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps50.000.00), por el delito de FACILITACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. 2º.- CONDENÓ a los señores H. S. Y E. F. Y., a las Penas Accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL. 3º.- CONDENÓ a los señores H. S. Y E. F. Y. a trabajar en obras públicas o en labores dentro del Centro Penitenciario por el tiempo que dure la pena. 4º.-DECLARÓ la Responsabilidad Civil de los señores H. S. Y E. F. Y.. 4º.- NO CONDENÓ en Costas Procesales Personales, ni gastos ocasionados por este Juicio a dichos condenados.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley la Abogada V. B. F., en su condición de Representante del Ministerio Público. SON PARTES: El Abogado S. C. A. como Agente de Tribunales del MINISTERIO PÚBLICO como RECURRENTE y la Abogada A. R. P. en su condición de DEFENSORA PÚBLICA como RECURRIDA. DECLARACIÓN DE HECHOS PROBADOS PRIMERO: El día veintiséis de Mayo del año dos mil nueve, los Policías Preventivos S. L. M., J. H. P. y A. A. R., después de recibir una denuncia vía teléfono de una persona, se dirigieron a inmediaciones de una Iglesia ubicada en el sector denominado El Cayo, en la Isla de Guanaja, Departamento de Islas de la Bahía, donde observaron a los Señores H. S. y E. F. Y., caminando por el sector, por lo que procedieron a realizarles un registro personal a cada uno de ellos. SEGUNDO: Como resultado del registro practicado al Señor H. S., le fue encontrado en la bolsa delantera del pantalón quince (15) piezas de cocaína base, conocida como piedras de crack, envueltas en papel aluminio, cuyo peso neto es de cinco punto ocho gramos (5.8 g), y veinte (20) envoltorios de papel traza, conteniendo cada uno marihuana, con un peso de veintiuno punto un gramo (21.1g); cantidades que no son compatibles para el consumo personal inmediato. TERCERO: Terminado el registro personal practicado al Señor E. F. Y., le fue encontrado en la bolsa delantera del pantalón veinticinco (25) piezas de cocaína base, conocida como piedras de crack, envueltas en papel aluminio, cuyo peso neto es de seis punto cero gramos (6.Og), y trece (13) envoltorios de papel traza, conteniendo cada uno marihuana, con un peso neto de veintidós punto cinco gramos (22.5 g); Cantidades que no son compatibles para el consumo personal inmediato.” C O N S I D E R A N D O I.- El Recurso de Casación por Infracción de Ley es admisible en tanto que reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que ahora debemos pronunciarnos sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- LA ABOGADA V. B. F., EN SU CONDICIÓN DE AGENTE DE TRIBUNALES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PROCEDIÓ A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY DE LA MANERA SIGUIENTE:”EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE CASACIÓN. PRIMER MOTIVO INVOCADO: “Infracción de Ley por Aplicación Indebida del Artículo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito Drogas y Sustancias Psicotrópicas”. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL PRIMER MOTIVO: El tipo penal de “Facilitación de local o medios de transporte” recogido en el art. 22 de la Ley de Tráfico dispone: “Se le impondrá la pena de seis a nueve años de reclusión y multa de cincuenta mil a cien mil lempiras, a quien intencionalmente facilite el local o los medios de transporte, aun a título gratuito, para el tráfico o consumo ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicos u otras drogas peligrosas “. Esta norma penal inicia su descripción típica con el término “intencionalmente” es decir que resalta la intención de facilitar el local o el transporte, aspecto central que en este caso no se deriva de los hechos declarados probados, que lo que narran es un registro personal en el cual se les encontró a los imputados en posesión de droga lista para ser comercializada, pero no hay indicio alguno que indique que esta posesión tenía como fin facilitar el transporte de la misma de un lugar a otro, ni que en dicha labor se encontraban en caso de ser válida la tesis que el cuerpo puede constituirse en un medio de transporte. En otras palabras, aun aceptando esta tesis del cuerpo como medio de transporte y así la configuración en el presente caso de los elementos objetivos del tipo de facilitación de medios de transporte, no estaría acreditado el elemento subjetivo descrito expresamente por la norma, es decir la intención de facilitar medios de transporte de la droga de un lugar a otro. En consecuencia al no haber indicio que indique una facilitación de medios de transporte que tendría que ser guiada por la “intención de”, consideramos que se ha aplicado indebidamente el tipo penal del artículo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, en consecuencia deba casarse la sentencia y declarar inaplicable la norma contenida en el artículo en referencia.” III.- SIGUE MANIFESTANDO LA ABOGADA RECURRENTE EN SU:” SEGUNDO MOTIVO INVOCADO: “Infracción de Ley por Falta Aplicación del Artículo 18 en relación al 26 último párrafo de La Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito Drogas y Sustancias Psicotrópicas” (En adelante Ley de Tráfico) PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL SEGUNDO MOTIVO: Artículo 26 último párrafo: “En los casos en que la posesión o tenencia exceda de la cantidad mínima considerada para consumo personal inmediato, se entenderá como violación al Artículo 18 de esta ley.” Artículo 18: “El que trafique con drogas, estupefacientes o sustancias controladas, será penado con reclusión de quince a veinte años y multa de un millón a cinco millones de lempiras.” El Tribunal sentenciador evacuadas que fueron todas las probanzas, estimó como hecho probado en lo relevante lo siguiente:“PRIMERO: El día veintiséis de mayo del año dos mil nueve, los policías preventivos S. L. M., J. H. P. y A. A. R., después de recibir una denuncia vía teléfono de una persona, se dirigieron a inmediaciones de una iglesia ubicada en el sector denominado El Cayo, en la Isla de Guanaja, Departamento de Islas de la Bahía, donde observaron a los señores H. S. y E. F. Y., caminando por el sector, por lo que procedieron a realizarles un registro personal a cada uno de ellos. SEGUNDO: Como resultado del registro practicado al Señor H. S., le fue encontrado en la bolsa delantera del pantalón quince (15) piezas de cocaína base, conocida como piedras de crack, envueltas en papel aluminio, cuyo peso neto es de cinco punto ocho gramos (5.8 g), y veinte (20) envoltorios de papel traza, conteniendo cada uno marihuana, con un peso neto de veintiuno punto un gramos (21. lg,); Cantidades que no son compatibles para el consuno personal inmediato. TERCERO. Terminado el registro personal practicado al Señor E. F. Y., le fue encontrado en la bolsa delantera del pantalón envuelto en papel aluminio, cuyo peso neto es de seis punto cero gramos (6 Og), y trece (13) envoltorios de veintidós punto cinco gramos (22.5 g); Cantidades que no son compatibles para el consumo personal inmediato.” El Ministerio Público solicitó condena por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas de conformidad al artículo 18 en relación al 26 último párrafo de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, en virtud que de conformidad a este último “en los casos en que la posesión o tenencia exceda de la cantidad mínima considerada para consumo personal inmediato (como en el presente caso), se entenderá como violación al Artículo 18 de esta ley.” Y por su parte dicho artículo 18 señala que “el que trafique con drogas, estupefacientes o sustancias controladas, será penado con reclusión de quince a veinte años y multa de un millón a cinco millones de lempiras.” Esta presunción legal establecida por el artículo 26 último párrafo, conforme a la cual la Cocaína base (Crack) y la Marihuana en cuya posesión se encontró a los imputados H. S. y E. F. Y. al exceder lo considerado para consumo personal (el primero con 5.8 g de Crack y 21.1 g de Marihuana; el segundo con 6.0 g de Crack y 22.5 g de Marihuana) se entiende como tráfico de drogas, presunción que en el presente caso se ve confirmada por la forma en que se encontraba la droga (piedras de Crack envueltas en papel aluminio -15 y 25- y envoltorios de papel traza -20 y 13 respectivamente-); Es trascendente indicar que esta presunción legal de subsunción de la conducta de los imputados en el tipo penal de tráfico de drogas admite prueba en contrario, es decir que los señores H. S. y E. F. Y. pudieron haber declarado o presentado prueba de descargo para desvirtuar la presunción de tráfico y por ejemplo al menos intentar sostener la tesis de ser consumidores previsores, que no tenían conocimiento que en sus ropas se encontraba la droga o cualquier otro descargo que desvirtuara la presunción legal de trafico confirmada en este caso por la forma en que se tenía lista la droga para ser comercializada al por menor. En otras palabras al no haber sido desvirtuada la presunción legal que entiende como constitutiva de tráfico de drogas la posesión de la misma en que fueron encontrados los imputados H. S. y E. F. Y. nos encontramos ante una aplicación indebida del artículo 18 en relación al 26 último párrafo de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas. En consecuencia requerimos se case la sentencia y se aplique el tipo penal de Trafico de Drogas con fundamento en los dos artículos aquí referidos. IV.- RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY EN SU PRIMER Y SEGUNDO MOTIVO, INTERPUESTOS POR LA REPRESENTACION DEL MINISTERIO PÚBLICO DENUNCIANDO EN PRIMER LUGAR LA APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTÍCULO 22 DE LA LEY SOBRE USO INDEBIDO Y TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS, Y COMO SEGUNDO MOTIVO LA FALTA DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 18 EN RELACIÓN AL 26 DE LA LEY EN REFERENCIA. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360 DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- Los dos (2) Motivos de Casación interpuestos por el recurrente, guardan íntima relación, ya que cuestionan con similares argumentos el proceso de subsunción, que a partir del relato de hechos probados, ha efectuado el Juzgador de instancia, de ahí que esta Sala ha considerado pertinente abordarlos conjuntamente y darles una respuesta unificada. 1) El Censor denuncia la aplicación indebida del artículo 22 de la Ley Especial de Drogas, que sanciona la facilitación de los medios de transporte para el tráfico ilícito de drogas, ya que la conducta de los imputados descrita en el factum no se subsume en el tipo penal antes mencionado. En dicho relato se tiene por acreditado que los encartados fueron objeto de un registro personal por parte de elementos de la policía, producto del cual se les encontró en posesión de crack y marihuana en cantidades que exceden el consumo personal inmediato.- A criterio del recurrente, del factum no se desprende que la posesión de la droga por los encartados, haya sido con la intención de trasladar la misma de un lugar a otro, por lo cual resultaría evidente la indebida aplicación del precepto legal antes mencionado. En cuanto al Segundo Motivo, el impetrante señala que el artículo 26 de la Ley contra el Tráfico ilícito de Drogas prevé que los casos que la posesión o tenencia excediera de la cantidad mínima para consumo personal, se entenderá que se produce la violación del Artículo 18 de la misma Ley, donde a su vez se establece que, el que trafique con drogas, estupefacientes o sustancias controladas, será penado con reclusión de quince a veinte años y multa de un millón a cinco millones de Lempiras. El Censor arguye que en los hechos probados se tiene por acreditado que a los imputados H. S. y E. F. Y. se les incautó drogas, esto es, “crack y marihuana”, en cantidades que exceden el consumo personal inmediato, por lo que conforme al artículo 26 de la Ley Especial en referencia, han debido ser condenados por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas. 2) Esta Sala considera pertinente recordar, que a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. 3) El Artículo 22 de la Ley Sobre Tráfico Ilícito de Drogas establece lo siguiente: “Se le impondrá la pena de seis a nueve años de reclusión y multa de cincuenta mil a cien mil lempiras, a quien intencionalmente facilitare…….los medios de transporte, aún a título gratuito, para el tráfico o consumo ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicos u otras drogas peligrosas.” Por su parte, el Artículo 18 de la misma Ley Penal Especial prevé que: “El que trafique con drogas, estupefacientes o sustancias controladas será penado con reclusión de quince a veinte años y multa de un millón a cinco millones de lempiras”; Señalando en el Artículo 5 No. 34) de la referida Ley: “Que para los efectos de la presente Ley, salvo indicación expresa en contrario, se entiende por: Tráfico Ilícito: Todo acto dirigido o emergente de las acciones de producir, fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, donar, introducir al país, sacar del país y/o realizar transacciones a cualquier título, de sustancias controladas, financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente Ley o de otras normas jurídicas”. Una lectura detenida de los preceptos legales antes indicados, pone en evidencia que la controversia esencial planteada en el presente recurso, se entabla entre la posición del Juzgador de Instancia que ha condenado al imputado por la comisión del delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico de Drogas (Art. 22), y la del Censor cuando sostiene que, del Relato Fáctico se desprende que el encartado debe ser sancionado con la pena prevista para el Tráfico de Drogas (Art. 18), entre cuyas modalidades se comprende la acción de Transporte de Drogas, al tenor de la definición que proporciona el Artículo 5 No. 34) de la Ley Penal Especial en referencia. Huelga decir que amén de un tratamiento punitivo sumamente severo, la técnica utilizada por el Legislador Hondureño en la tipificación de los delitos relativos al Tráfico de Drogas es poco afortunada, ya que al definir el Tráfico de Drogas (Art. 5 No. 34), hace referencia a verbos típicos como son los de producir, fabricar, tener en depósito, transportar, que a su vez son empleados en los mismos términos o similares en la construcción de otros Tipos Penales contenidos en la misma Ley y que son merecedores de menor pena, así tenemos: el cultivo de plantas estupefacientes, que tiene asignado una pena de nueve a doce años de reclusión, (Art. 16); la fabricación de drogas, castigada con una pena de nueve a doce años de reclusión (Art. 17); la facilitación intencional del local o los medios de transporte para el tráfico o consumo ilícito de drogas sancionado con una pena de seis a nueve años de reclusión (Art. 22), lo que en apariencia provoca un solapamiento de las conductas punibles, es decir, los mismos hechos típicos descritos en varios preceptos a los que no obstante se les estaría asignando penas distintas. En el Artículo 5 No. 34) es evidente que la cantidad de verbos descriptivos que contiene, obedece al interés del Legislador por cubrir de la mejor forma posible, todo el elenco de actividades que estima pueden configurar el complejo de conductas pre-ordenadas al Tráfico de Drogas, que usualmente son realizadas por distintas personas que intervienen a lo largo del proceso, lo que en modo alguno excluye que no puedan ser progresiva o simultáneamente realizadas por una misma persona. Esta es una actividad compleja, porque la comercialización, venta o suministro, requieren de un producto 'terminado', es decir, de un proceso de obtención de la materia prima de la droga, de su purificación, 'industrialización' y finalmente su distribución, para llegar al objetivo final que es poder traficar con ella. Planteado lo anterior es pertinente que tratemos de dilucidar si al referirnos al Transporte de Drogas (Art. 5 No. 34), y a la Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico de Drogas (Art. 22), estamos hablando de la misma conducta y por ende sancionada con igual pena, o por el contrario se trata de hechos punibles diferentes y merecedores de distintas sanciones. Como lo explica ACALE SANCHEZ, “El transporte es realizado en algunos casos por la persona que ha comprado para sí la droga, pero mayoritariamente, por personas, contratadas para esa concreta función tan arriesgada y tan vulnerable a la intervención policial, si bien a la vista de la jurisprudencia existente en este punto, el transportista no suele dar el nombre de quien le contrató[1].” Más adelante, la citada autora señala que “…el transporte como forma de hacer circular la droga, es una de las conductas que sin lugar a dudas ha sido considerada por la jurisprudencia que pone en peligro el bien jurídico salud pública, pues supone un acto material de difusión de la droga.”[2] Remitiéndose a un precedente Jurisprudencial de su país, la penalista antes mencionada expresa que el transporte ha sido definido en los siguientes términos: “…transporte vale tanto como la acción de trasladar la droga tóxica o estupefaciente de un punto a otro, con ulterior finalidad de transmisión a otro u otros, y puede hacerse mediante el uso de cualquier vehículo o medio de locomoción (ferrocarril, automóvil, embarcación o bicicleta), a lomos de caballerías, o vehículos de tracción animal, o…mediante mujeres porteadoras, las que disimulando debajo de sus ropas, pueden llevar cantidades de hachís o de otras sustancias estupefacientes…”[3]. Así las cosas, debemos ahora determinar que se entiende por facilitar. De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, facilitar es “hacer fácil o posible la ejecución de una cosa o la consecución de un fin”. También puede entenderse como equivalente a “proporcionar o entregar”[4]. 4) De los conceptos lingüísticos antes relacionados como de los extraídos de la realidad criminológica propia del fenómeno que globalmente se conoce como Tráfico Ilícito de Drogas, esta Sala es del criterio que la conducta de los imputados H. S. Y E. F. Y., no se subsume en el Tipo Penal previsto por el Artículo 22 de la Ley contra el Tráfico Ilícito de Drogas, pues del relato fáctico no se desprende que hayan realizado acciones para facilitar a otro individuo un medio de transporte, pues la droga decomisada fue encontrada entre sus ropas, los encartados asumieron la tarea de alto riesgo de transportar por sí mismos la droga antes relacionada. Y es que si partimos, como lo entiende esta Sala, que el Artículo 22 de la Ley contra el Tráfico Ilícito de Drogas, comprende la acción que se limita a la facilitación o el suministro, ya sea a título oneroso o gratuito del vehículo o medio de transporte, utilizado por otro para el acarreo de la sustancia prohibida, que el Legislador Hondureño ha considerado merecedora de menor pena; el Transporte de la Droga incautada preordenado a su difusión, realizado por los encausados H. S. Y E. F. Y. es decir, por si mismos, indudablemente constituye un hecho punible y de alto riesgo, que se comprende dentro del término genérico y por tanto utilizado en el ámbito penal del Tráfico Ilícito de Drogas[5], que se configura al tenor de lo previsto en los artículos 18, 19 y 5 No. 34) de la Ley Penal Especial tantas veces referida[6], todo ello teniendo en cuenta que no existe disposición legal en contrario que configure al Transporte de Drogas pre-ordenado al Tráfico como un tipo Autónomo y merecedor de menor pena, sino como una modalidad de lo que global y genéricamente se conoce como Tráfico Ilícito de Drogas. Por lo anteriormente expuesto se declara con lugar el presente Recurso de Casación en sus dos motivos, formulados por la Representación del Ministerio Público. 5) Siendo que los imputados H. S. Y E. F. Y. carecen de antecedentes penales y de que no se aprecian circunstancias agravantes ni atenuantes, esta Sala de lo Penal es del criterio que se les imponga la pena mínima que prevé el Artículo 18 de la Ley contra el Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 5 No. 34), 18, 22 y 26 párrafo último de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas; 360 párrafo primero y 369 párrafo segundo del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR EL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY en sus DOS MOTIVOS, interpuesto por la Representación del Ministerio Público. SEGUNDO: CASANDO PARCIALMENTE y por tanto Reformando la Sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ceiba departamento de Atlántida, en fecha siete de abril del dos mil once. TERCERO: DECLARANDO penalmente responsable a los imputados H. S. Y E. F. Y. por el delito de TRANSPORTE DE DROGAS PREORDENADO AL TRÁFICO ILÍCITO en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA. CUARTO: IMPONIENDO a los procesados H. S. Y E. F. Y. la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN, descontando el tiempo que han permanecido sometidos a la medida cautelar de prisión preventiva, y a una multa por el importe de UN MILLÓN DE LEMPIRAS. QUINTO: CONDENANDO a los acusados H. S. Y E. F. Y. a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena principal, así como también a trabajar en obras públicas o en el establecimiento penitenciario de conformidad con la ley. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a Derecho.- REDACTÓ EL MAGISTRADO CÁLIX VALLECILLO.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil catorce.- Certificación de la sentencia de fecha veintinueve de abril del año dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-470-2012.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Vid. ACALE SANCHEZ, MARIA, en Salud Pública y Drogas Tóxicas, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, págs. 58-59.

[2] Vid. ACALE SANCHEZ, MARIA, op cit, pág. 60.

[3] Vid. ACALE SANCHEZ, MARIA, op. Cit, pág. 60

[4] Vid, Voz: “facilitar”, en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Tomo I, 21ª Edición, Madrid, 1992, pág. 943.

[5] Sobre los conceptos “amplio” y “estricto” de los actos de tráfico de drogas, vid: ACALE SANCHEZ, MARIA, Op. Cit. Pág. 42 y ss. Dicha autora señala que la tipología de conductas descritas por la Convención de Naciones Unidas de 1988 contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, en su artículo 1 literal m) relacionado con el 3 en sus párrafos 1 y 2, corresponde a un “concepto amplio y confuso” (vid. Pág. 43). Tales preceptos tienen correspondencia con lo dispuesto en el artículo 5 No. 34) de la Ley contra el Tráfico Ilícito de Drogas de Honduras, de ahí la compleja labor interpretativa a la que se enfrentan los Juzgados y Tribunales de nuestro país para la delimitación y aplicación de las distintas figuras delictivas previstas en esa ley penal especial.

[6] vid. Sentencia del 19 de septiembre de 2012 recaída en el Expediente No. 279-2010