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Sentencia CP-467-12 — Registro 4202

Resumen

Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa del imputado contra la sentencia de primer instancia que lo condena por el delito de Portación Ilegal de Armas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."La naturaleza de elaboración “artesanal” de las armas caseras, no permite poder considerar que las mismas están comprendidas o se pueden equiparar a la prohibición contenida en el artículo 332-A, referido a las “armas de guerra”, pues su potencial destructivo, si bien es real, no puede entenderse similar, ni ser considerado de guerra, ya que éste último posee un diseño de alto impacto destructivo e implicará el uso de tecnología propia para la manufacturación de piezas y ensamblaje industrial de las mismas o bien con herramientas utilizadas manualmente, lo cual en nuestra realidad no es propio de las armas caseras (chimbas) en cuanto a su fabricación y al potencial destructivo de éstas, pues, usualmente se construyen de manera rudimentaria y para el uso de proyectiles de tipo comercial de menor impacto y alcance en relación a los de guerra, verbigracia, como lo es el caso de la capacidad de disparos e impacto de la arma denominada AK-47 en cualquiera de sus modelos. La intención del legislador en el referido artículo 332-A, es clara prohibiendo con mayor sanción en razón del principio de proporcionalidad, que supone una pena adecuada a la culpabilidad , la mayor peligrosidad que representa fabricar, almacenar, transportar, usar, traficar… material de guerra o de combate incluidas las armas AK-4, en cualquiera de sus modelos, evidentemente por considerar más grave el uso de las armas de guerra en relación a la categoría de las armas comprendidas en el artículo 332-B. V.- En cuanto a la posible adecuación de la conducta de portación de una arma casera en la prohibición establecida en el artículo 332-B. Fabricación y tráfico de armas de fuego y municiones comerciales, de defensa personal o deportivas y explosivos comerciales. Al revisar las exigencias objetivas que contiene el referido tipo penal, aparece la exigencia de: “quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre, o venda armas de fuego y municiones de uso personal…”. Al respecto, una arma de fabricación artesanal es considerada prohibida, por ende, su portación será siempre sin contar con el permiso de autoridad alguna y entra claramente en las que pueden considerarse de “uso personal”, pues, quienes fabrican o recurren a la portación de las “chimbas”, utilizan o portan una arma que perfectamente se puede considerar y de hecho se convierte y es utilizada como de -uso personal- con la cual efectivamente se pueden cometer hechos ilícitos, representando la sola portación ilegal un peligro real para el bien jurídico, requiriendo el tipo subjetivo el animus possidendi, aunque resulta suficiente el animus detinendi, no siendo necesario un animus domini o rem sibi habendi; así es suficiente con que la relación entre el arma y el sujeto activo del delito permita la disponibilidad de la misma, permita en definitiva, a voluntad de quien la porta su utilización conforme al destino o función objetiva que le es inherente, pero no se puede alcanzar con un arma casera la capacidad potencial de una arma de guerra, ni ejecutar propiamente actos o la finalidad propia de una arma de guerra, siendo consecuente la prohibición del artículo 332-B, con lo establecido en la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares, que en su artículo 8 numeral 2) determina como armas y municiones prohibidas: “Las armas de fuego y todo artefacto o dispositivo de fabricación casera o artesanal que permite lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza o expansión de los gases de la pólvora”. Al referirse el artículo 332-B, al término “armas de uso personal” si pueden considerarse comprendidas las “chimbas” y sancionarse el caso concreto que corresponda con la sanción predeterminada en dicha norma. En consecuencia, no se encuentra sustento para sostener que la conducta de portación de armas caseras es impune por no encontrarse comprendida en tipo legal alguno.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

Sentencia

EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de septiembre del año dos mil catorce, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los Magistrados CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, en su calidad de Coordinador, MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO y JACOBO CALIX HERNANDEZ; dicta sentencia conociendo el Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veinticinco de septiembre de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló 1) ABSOLVIENDO a los señores J. A. O. R., J. M. O. y J. C. O. R., por el delito de ROBO AGRAVADO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA en perjuicio del señor H. H. H. C. 2) CONDENANDO al señor J. C. O. R. por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; a la pena de OCHO (08) AÑOS DE RECLUSION Y UNA MULTA DE CINCO MIL LEMPIRAS (L. 5,000.00), más las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de ley el Abogado P. L. C., actuando en su condición de Defensor Público del señor J. C. O. R.. SON PARTES: Los Abogados A. R. P. Y A. A. G., actuando en su condición de Defensores Públicos del señor J. C. O. R., como parte recurrente y la Abogada D. R., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO: En fecha veintiocho de febrero de 2010, se encontraba el señor H. H. H. C., realizando una transacción comercial frente a un negocio de bebidas alcohólicas, en el Municipio de Ojojona, Francisco Morazán, teniendo estacionado el vehículo en que trasladaba la mercancía frente al negocio en referencia, hasta donde llegaron los señores J. A. O. R., J. M. O. Y J. C. O. R., este último haciendo un ademán, tocándose la cintura, le pidió que le entregara la cantidad de dos mil lempiras, que si no lo hacía lo asaltarían. El ofendido se negó a cumplir tal petición y salió de inmediato a interponer la denuncia a la posta de la Policía Preventiva del lugar.

SEGUNDO: Agentes que estaban en turno en la posta policial acompañaron al señor H. C., hasta donde se encontraban las personas denunciadas, quienes fueron requeridas por los mismos y al momento de realizar esta diligencia se le decomisó al señor J. C. O. R., un arma de fabricación casera tipo chimba.

CONSIDERANDO

I.- El Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por el Abogado P. L. C., en su condición de Defensor Público del encausado J. C. O. R.; reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II. RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY. MOTIVO UNICO: “Infracción de ley por aplicación indebida del precepto contenido en el artículo 332-A del Código Penal”. PRECEPTO AUTORIZANTE: “El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal”. EXPOSICION DEL MOTIVO: La Norma Sustantiva infringida es el artículo 332 A, del Código Penal que establece: FABRICACION Y TRAFICO DE MATERIAL DE GUERRA ARMAS Y MUNICIONES. La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o combate, incluidas en estas últimas las armas AK 47, en cualquiera de sus modelos, será sancionado con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L.5.000.00) a diez mil Lempiras (L.10.000.00), por cada arma incautada. La Policía Nacional o cualquier otra autoridad que decomise ese material lo pondrá de inmediato a disposición del Ministerio Público”. Artículo que ha aplicado incorrectamente el Tribunal de Sentencias, al no ajustarse a la declaración de los hechos probados con el tipo penal que establece ese artículo por las razones siguientes así, ya que los hechos probados constituyen la base de la sentencia, en consecuencia conforman el marco histórico descriptivo que sirve de cimiento a la norma penal que corresponde. SEGUNDO: Al analizar el contenido de los motivos se observa que la mayoría del Tribunal no analizó los elementos requeridos para establecer si se configuraba o no el tipo penal acusado cual es el de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE GUERRA, como puede apreciarse del conjunto del relato fáctico que constituye para los efectos de Casación verdades indiscutibles, por lo que por una parte se desprende que en la ejecución del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE GUERRA, hemos de decir que confrontados los hechos declarados probados en la sentencia de merito no constituyen el ilícito penal, ya que esta defensa no comparte este criterio, sin embargo avalamos el acertado razonamiento efectuado por la JUEZ DISIDENTE E. G. M., al discrepar que con el fallo a que ha llegado la mayoría en el supuesto enjuiciado, y que con lo hechos probados en la sentencia, que los mismos no resultan ser constitutivos del delito de Portación Ilegal de Armas de Guerra del artículo 332-A del Código Penal. TERCERO: Sigue manifestando la Juez Disidente que el Delito de Portación Ilegal de Armas de Guerra, se encuentra tipificado en el artículo 332-A, del Código Penal Vigente, y que para la descripción de las armas de guerra hemos de remitirnos a la Ley Especial constituida por la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares que en su artículo 8 determina las armas y municiones prohibidas entre ellas del numeral 1) Las armas de cualquier calibre de funcionamiento automático, las silenciadas o de alta precisión, cuyo uso es reservado a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y sujetas a Reglamentación especial”, y las de numeral 3) Las armas de fuego y todo artefacto o dispositivo de fabricación casera o artesanal, que permite lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza o expansión de los gases de la pólvora. Del contenido de la norma, es posible establecer cuales son las especificaciones propias de cada una de estas armas, así las armas de guerra o de combate son de funcionamiento automático, silenciadas o de alta precisión, mientras que un arma de fabricación casera o artesanal solo debe tener la capacidad de lanzar proyectiles aprovechando la fuerza de expansión de los gases de la pólvora, al ser armas distintas, el artículo 8 las regula en numerales diferentes, a igual que las demás armas estimadas como prohibidas, como lo son las armas de fuego de fantasía (bastones, lápices, maletines y otras), las que por ser prohibidas no significa las podemos considerar como armas de guerra. CUARTO: El delito de Portación Ilegal de Armas viene a ser un delito de mera actividad, permanente y de peligro abstracto que atenta contra la Seguridad Interior del Estado como bien Jurídico tutelado por la ley penal, basta para su consumación la posesión, no en el sentido jurídico de propiedad, sino en el material de disponibilidad. El tipo o elemento objetivo de la infracción pretendida por el Ministerio Fiscal, está determinada por la conducta típica de la Portación ejecutada por cualquier persona de un arma considerada de guerra o de combate, pues según lo establece la ley especial su uso es reservado a las fuerzas Armadas y Policial Nacional, en consecuencia son consideradas armas nacionales, sujetas al régimen de la Ley Orgánica de la Policía Nacional y son usadas exclusivamente para propósitos bélicos, y en el presente caso el arma decomisada al acusado J. C. O. R., es un arma de fabricación casera o artesanal elaborada con un tubo de metal color gris unidos con una abrazadera de metal color gris y un hule negro, ya que la misma fue puesta a la vista de las partes en el juicio Oral y Público, y si bien es un arma de fuego, no reúne las especificaciones de las armas de guerra o combate, por lo que es una arma diferente a las comprendidas en el numeral uno del artículo ocho (8) de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, explosivos, y otros similares y que resultan ser las armas cuya Portación por particulares esta comprendida dentro del tipo penal del artículo 332-A, del Código Penal Vigente, que refiere a armas de guerra o de combate. QUINTO: En el caso concreto al no concurrir los elementos objetivos del tipo penal indicado, solo procede la absolución de toda responsabilidad penal del imputado como autor del delito de Portación Ilegal de Armas de Guerra, ya que la posesión de las armas de fuego de Fabricación Artesanal solo conlleva la sanción Administrativa especificada en la Ley de Control de Armas de fuego, Municiones, Explosivos y similares, en razón de lo cual al no acreditarse el elemento objetivo antes referido, no cabe deducirle responsabilidad penal de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE GUERRA al encausado J. C. O. R., Señores Magistrados, consideramos que el razonamiento efectuado por la Juez disidente fue aplicado correctamente, por lo tanto la defensa estima que la sentencia dictada en juicio no esta en armonía con lo que revelan los hechos probados, en consecuencia con fundamento en esas consideraciones debe declararse nula la misma en cuanto al delito apuntado. SEXTO: Por otra parte, esta Defensa considera que fue violentada la cadena de custodia, ya que en Juicio Oral y Público se procedió a poner a la vista de las partes, la evidencia consistente en un arma de fabricación casera, tipo chimba, con un cartucho que en su base se lee 38 SPL, y cuando el Ministerio Público pone a disposición, hacía falta el proyectil o sea el cartucho, por lo cual es evidente que la cadena de custodia fue adulterada, razón por la cual la prueba no se vuelve confiable, y carece de eficacia probatoria, esta acción pone en peligro efectivo el bien jurídico protegido, es por eso la exigencia constitucional, de que el Juzgamiento se realice, con las formalidades, derechos y garantías establecidas en la ley, para contar con un proceso penal cuyas medios probatorios sean absolutamente legítimos y respetuosos de la cadena que valida la custodia del material probatorio. Por lo que el acto cuestionado debía ser declarado nulo, porque la vulneración de una garantía constitucional, acarrea de pleno derecho Nulidad del acto viciado. En consecuencia la prueba vertida en juicio es ilícita (espuria) o prohibida.

DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL MOTIVO UNICO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA INTERPUESTO POR LA DEFENSA.

I.- El recurrente formula sus alegatos, aduciendo que los sentenciadores en el fallo infringen la ley por aplicación indebida del precepto contenido en el artículo 332-A del Código Penal, sin ajustarse a la descripción contenida en la Ley Especial de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares, que en su artículo 8 determina las armas y municiones prohibidas entre ellas del numeral 1): armas de cualquier calibre de funcionamiento automático, las silenciadas o de alta precisión, cuyo uso es reservado a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y sujetas a Reglamentación especial y, las de numeral 2): armas de fuego y todo artefacto o dispositivo de fabricación casera o artesanal, que permite lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza o expansión de los gases de la pólvora. Invoca el recurrente, que del contenido de la norma es posible establecer cuales son las especificaciones propias de cada una de estas armas, así las armas de guerra o de combate son de funcionamiento automático, silenciadas o de alta precisión, mientras que una arma de fabricación casera o artesanal sólo debe tener la capacidad de lanzar proyectiles aprovechando la fuerza de expansión de los gases de la pólvora, al ser armas distintas, el artículo 8 las regula en numerales diferentes, a igual que las demás armas estimadas como prohibidas, como lo son las armas de fuego de fantasía (bastones, lápices, maletines y otras), las que por ser prohibidas no significa que se puedan considerar como armas de guerra. De igual forma argumenta el recurrente, que el arma decomisada al acusado J. C. O. R., es una arma de fabricación casera o artesanal elaborada con un tubo de metal color gris, unidos con una abrazadera de metal color gris y un hule negro y no reúne las especificaciones de las armas de guerra o combate, por lo que es una arma diferente a las comprendidas en el numeral uno del artículo ocho (8) de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, explosivos, y otros similares. II.- La Sala, ya ha reiterado que a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A la Sala de lo Penal, tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva que ha efectuado el Tribunal de Sentencia. “La Aplicación Indebida” es una especie de Casación por Infracción de Ley, consistente en la aplicación por los sentenciadores de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad que aparece consignada en los hechos probados, de tal forma que se aprecia la incongruencia entre el factum de la sentencia y la norma penal que se asigna, en consecuencia, la infracción se produce al citar y fundamentar el fallo con una norma extraña a los hechos estimados probados. A efectos de poder determinar sí el tribunal de instancia realizó una correcta aplicación de la norma sustantiva objetada, la Sala de lo Penal, ha realizado un análisis de los hechos probados de la sentencia recurrida, los cuales resultan inalterables en Casación, confrontándolos con la norma penal sustantiva aplicada por el Tribunal A-quo, para poder determinar su correcta o incorrecta aplicación. III.- Tratándose de un Recurso por Infracción de Ley, resulta pertinente también efectuar un análisis de la problemática que en la praxis judicial viene presentando los casos referidos a hechos consistentes en portar armas de fabricación casera o artesanal comúnmente conocidas como “chimbas”, existiendo diferentes criterios jurídicos para calificar esas conductas, que son los siguientes: 1) Considerar que la prohibición de portar armas caseras no se encuentra regulado en normativa alguna, resultando impune dicho hecho; 2) Se considera que la portacion de este tipo de armas caseras o artesanales se enmarca en la descripción del artículo 332-A; 3) Se considera que de acuerdo al calibre, las armas caseras deben enmarcarse en el artículo 332-B. Claramente, en la reforma por adición (Artículo 332-A) el legislador sanciona la fabricación y tráfico de material de guerra, armas y municiones, de conformidad a la descripción de la norma. En la reforma por adición (Artículo 332-B) se refiere y distingue la fabricación y tráfico de armas de fuego y municiones comerciales, de defensa personal o deportivas y explosivos comerciales. Las referidas normas, (desafortunadamente no han sido reguladas con la mejor técnica legislativa por el legislador), pero si es clara la categorización en dichas normas entre las referidas armas de guerra y las que no tienen esa categoría (comerciales). Ahora bien, el artículo 332-A, no dice cuales son las armas que deben ser consideradas de guerra, salvo la referencia a “incluir” como tales las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos. La Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares, establece en sus artículos 7 y 8 un catálogo de armas comerciales y prohibidas; por consiguiente y para efectos de establecer si las armas caseras (chimbas) pueden ser comprendidas en la categoría expresamente regulada en el artículo 332-A, resulta de utilidad remitirnos a la Convención Interamericana Sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales, en cuyo Anexo I proporciona un listado de armas convencionales objeto de regulación, además a la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y su Destrucción, al Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas y Otros Artefactos, al Protocolo Sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Armas Incendiarias, al Protocolo sobre Armas Láser Cegadoras, Protocolo sobre Fragmentos no Localizables, la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción, la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y su Destrucción y el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Anexo I de la Convención Interamericana Sobre Transparencia en las Adquisiciones De Armas Convencionales: 1. Carros de combate. Vehículos de combate blindados, automotores de ruedas u orugas dotados de gran movilidad para todo terreno y de un nivel elevado de autoprotección, de por lo menos 16,5 toneladas métricas de tara, equipados con un cañón principal de tiro directo de gran velocidad inicial con un calibre mínimo de 75 milímetros. 2. Vehículos blindados de combate. Vehículos automotores de ruedas, orugas o semiorugas dotados de protección blindada y de capacidad para todo terreno: a) diseñados y equipados para transportar a un grupo de combate de infantería de cuatro infantes o más, o b) equipados con un armamento integrado u orgánico de un calibre mínimo de 12,5 milímetros o con un lanzamisiles. 3. Sistemas de artillería de gran calibre. Cañones, o buses, piezas de artillería que reúnan las características de cañones u obuses, morteros o sistemas lanzacohetes múltiples capaces de atacar objetivos en tierra especialmente mediante tiro indirecto, de un calibre de 100 milímetros o más. 4. Aviones de combate. Aeronaves de ala fija o de geometría variable, diseñadas, equipadas o modificadas para atacar objetivos por medio de misiles guiados, cohetes no guiados, bombas, ametralladoras, cañones y otras armas de destrucción, incluidas las versiones de estas aeronaves que realicen acciones especializadas de guerra electrónica, de supresión de defensas antiaéreas o misiones de reconocimiento. En el término "aviones de combate" no quedan comprendidas las aeronaves utilizadas primordialmente con fines de adiestramiento, a no ser que se hayan diseñado, equipado o modificado del modo descrito. 5. Helicópteros de ataque. Aeronaves de ala giratoria, diseñadas, equipadas o modificadas para atacar objetivos por medio de armas guiadas o no guiadas anticarros, de aire a tierra, de aire a subsuelo o de aire a aire y equipadas con sistemas de control de tiro y apunte para dichas armas, incluidas las versiones de estas aeronaves que realicen misiones especializadas de reconocimiento o de guerra electrónica. 6. Naves de guerra. Navíos o submarinos armados y equipados para fines militares de 750 toneladas métricas o más de desplazamiento en rosca y otros de menos de 750 toneladas métricas de desplazamiento en rosca equipados para el lanzamiento de misiles de por lo menos 25 kilómetros de alcance o torpedos de alcance semejante. 7. Misiles y lanzamisiles. Cohetes guiados o no guiados, misiles balísticos o de crucero capaces de transportar una carga explosiva o armas de destrucción a una distancia de por lo menos 25 kilómetros y los medios diseñados o modificados específicamente para lanzar esos misiles o cohetes, si no están incluidos en las categorías 1 a 4. Esta categoría: a) Incluye también los vehículos dirigidos por control remoto que tengan las características definidas anteriormente para los misiles; b) No incluye los misiles de tierra a aire. Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas y Otros Artefactos: 1. Mina: toda munición colocada debajo, sobre o cerca de la superficie del terreno u otra superficie cualquiera y concebida para detonar o explotar por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona o de un vehículo. 2. Mina Lanzada A Distancia: toda mina, lanzada por artillería, cohetes, morteros u otros medios similares, así como las arrojadas desde aeronaves. 3. Arma Trampa: todo artefacto o material concebido, construido o adaptado para matar o herir y que funcione inesperadamente cuando una persona toque un objeto aparentemente inofensivo o se aproxime a él, o realice un acto que aparentemente no entrañe riesgo alguno. 4. Otros Artefactos: municiones y artefactos colocados manualmente que estén concebidos para matar, herir o causar daños y que funcionen por control remoto o en forma automática mediante acción retardada. Protocolo Sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Armas Incendiarias: Arma Incendiaria: Toda arma o munición concebida primordialmente para incendiar objetos o causar quemaduras a las personas mediante la acción de las llamas, del calor o de una combinación de ambos, producidos por reacción química de una sustancia que alcanza el blanco. Las armas incendiarias pueden consistir, por ejemplo, en lanzallamas, «fougasses», proyectiles explosivos, cohetes, granadas, minas, bombas y otros contenedores de sustancias incendiarias. Protocolo sobre Armas Láser Cegadoras. Armas láser Cegadoras: específicamente concebidas, como única o una más de sus funciones de combate, para causar ceguera permanente a la vista no amplificada, es decir, al ojo descubierto o al ojo provisto de dispositivos correctores de la vista. Protocolo sobre Fragmentos no Localizables. Arma de Fragmentos no Localizables: arma cuyo efecto principal sea lesionar mediante fragmentos que no puedan localizarse por rayos X en el cuerpo humano. Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción. Armas Bacteriológicas: Agentes microbianos u otros agentes biológicos, o toxinas, sea cual fuere su origen o modo de producción, de tipos y en cantidades que no estén justificados para fines profilácticos, de protección u otros fines pacíficos; y Armas, equipos o vectores destinados a utilizar esos agentes o toxinas con fines hostiles o en conflictos armados. Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y su Destrucción. 1. Armas Químicas: Se entiende, conjunta o separadamente: a) Las sustancias químicas tóxicas o sus precursores, salvo cuando se destinen a fines no prohibidos por la Convención, siempre que los tipos y cantidades de que se trate sean compatibles con esos fines; b) Las municiones o dispositivos destinados de modo expreso a causar la muerte o lesiones mediante las propiedades tóxicas de las sustancias químicas que libere el empleo de esas municiones o dispositivos; c) Cualquier equipo destinado de modo expreso a ser utilizado directamente en relación con el empleo de las municiones o dispositivos especificados en el apartado b). 2. Agente De Represión De Disturbios: Cualquier sustancia química que puede producir rápidamente en los seres humanos una irritación sensorial o efectos incapacitantes físicos que desaparecen en breve tiempo después de concluida la exposición al agente. IV.- La naturaleza de elaboración “artesanal” de las armas caseras, no permite poder considerar que las mismas están comprendidas o se pueden equiparar a la prohibición contenida en el artículo 332-A, referido a las “armas de guerra”, pues su potencial destructivo, si bien es real, no puede entenderse similar, ni ser considerado de guerra, ya que éste último posee un diseño de alto impacto destructivo e implicará el uso de tecnología propia para la manufacturación de piezas y ensamblaje industrial de las mismas o bien con herramientas utilizadas manualmente, lo cual en nuestra realidad no es propio de las armas caseras (chimbas) en cuanto a su fabricación y al potencial destructivo de éstas, pues, usualmente se construyen de manera rudimentaria y para el uso de proyectiles de tipo comercial de menor impacto y alcance en relación a los de guerra, verbigracia, como lo es el caso de la capacidad de disparos e impacto de la arma denominada AK-47 en cualquiera de sus modelos. La intención del legislador en el referido artículo 332-A, es clara prohibiendo con mayor sanción en razón del principio de proporcionalidad, que supone una pena adecuada a la culpabilidad[1], la mayor peligrosidad que representa fabricar, almacenar, transportar, usar, traficar… material de guerra o de combate incluidas las armas AK-4, en cualquiera de sus modelos, evidentemente por considerar más grave el uso de las armas de guerra en relación a la categoría de las armas comprendidas en el artículo 332-B. V.- En cuanto a la posible adecuación de la conducta de portación de una arma casera en la prohibición establecida en el artículo 332-B. Fabricación y tráfico de armas de fuego y municiones comerciales, de defensa personal o deportivas y explosivos comerciales. Al revisar las exigencias objetivas que contiene el referido tipo penal, aparece la exigencia de: “quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre, o venda armas de fuego y municiones de uso personal…”. Al respecto, una arma de fabricación artesanal es considerada prohibida, por ende, su portación será siempre sin contar con el permiso de autoridad alguna y entra claramente en las que pueden considerarse de “uso personal”, pues, quienes fabrican o recurren a la portación de las “chimbas”, utilizan o portan una arma que perfectamente se puede considerar y de hecho se convierte y es utilizada como de -uso personal- con la cual efectivamente se pueden cometer hechos ilícitos, representando la sola portación ilegal un peligro real para el bien jurídico, requiriendo el tipo subjetivo el animus possidendi, aunque resulta suficiente el animus detinendi, no siendo necesario un animus domini o rem sibi habendi; así es suficiente con que la relación entre el arma y el sujeto activo del delito permita la disponibilidad de la misma, permita en definitiva, a voluntad de quien la porta su utilización conforme al destino o función objetiva que le es inherente, pero no se puede alcanzar con un arma casera la capacidad potencial de una arma de guerra, ni ejecutar propiamente actos o la finalidad propia de una arma de guerra, siendo consecuente la prohibición del artículo 332-B, con lo establecido en la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares, que en su artículo 8 numeral 2) determina como armas y municiones prohibidas: “Las armas de fuego y todo artefacto o dispositivo de fabricación casera o artesanal que permite lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza o expansión de los gases de la pólvora”. Al referirse el artículo 332-B, al término “armas de uso personal” si pueden considerarse comprendidas las “chimbas” y sancionarse el caso concreto que corresponda con la sanción predeterminada en dicha norma. En consecuencia, no se encuentra sustento para sostener que la conducta de portación de armas caseras es impune por no encontrarse comprendida en tipo legal alguno. VI.- En el caso examiné, en razón de lo ya referido, esta Sala considera, que sí es de recibo parcialmente el reclamo del recurrente, en cuanto a que no es posible subsumir la conducta del acusado en el artículo 332-A del Código Penal. El Tribunal sentenciador fundamenta la condena en dicho artículo basado además en el Decreto Legislativo No. 101-2003, cuya vigencia se mantuvo del 11 de julio del 2003 al 15 de enero de 2004; y que establecía de manera primigenia un plazo de 90 días para la recolección de las armas de guerra, y de las armas de fabricación artesanal, pero como ya se mencionó, dicho Decreto tenia una vigencia de carácter temporal, por lo que no era posible a través de dicho Decreto definir o equiparar las armas de fabricación artesanal, a las armas de guerra o de combate, tal y como lo hace erróneamente el A-quo, porque habiendo entrado en vigencia por adición los artículos 332-A y 332-B del Código Penal el 16 de enero de 2004, según Decreto Legislativo No. 125-2003, no era procedente aplicar los artículos derogados del Decreto 101-2003. VII.- En los hechos probados no se establece, que el arma decomisada es de un calibre de funcionamiento automático, que sea de las silenciadas o de alta precisión, y cuyo uso es reservado a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional; sino que lo establecido en el factum es el decomiso de una arma de fabricación artesanal conocida como chimba que si es posible subsumir su conducta en el tipo penal establecido en el artículo 332-B del Código Penal, al quedar establecido que se le decomisó al acusado una arma de fabricación casera o artesanal comúnmente conocida como “chimba”, concurriendo los elementos objetivos del tipo penal aludido, al “poseer sin permiso de la autoridad competente”, una arma de fuego de fabricación artesanal, de las que pueden considerarse de “uso personal”, y que de acuerdo con la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares, en su artículo 8 determina las armas y municiones prohibidas entre ellas las del numeral 2) “Las armas de fuego y todo artefacto o dispositivo de fabricación casera o artesanal, que permite lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza o expansión de los gases de la pólvora”. Por lo que esta Sala considera, que los jueces han omitido la ley aplicable a la causa que se falla, y han invocado una norma sustantiva ajena a la verdad que aparece consignada en los hechos probados (332-A del Código Penal), de tal forma, que se aprecia la incongruencia entre el factum de la sentencia y la norma penal que se asigna; en consecuencia, es procedente declarar Con Lugar Parcialmente el Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto por la Defensa Privada, en cuanto a reformar la sentencia condenatoria dictada en contra del acusado J. C. O. R., condenándolo por la PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO PARA USO PERSONAL, tipificada en el 332-B del Código Penal. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 332-A y 332-B del Código Penal; 350, 359, 360, y 369 del Código Procesal Penal; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. FALLA: PRIMERO: Declara CON LUGAR PARCIALMENTE el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, invocado por el Abogado P. L. C., actuando en su condición de Defensor Público del señor J. C. O. R., a quien se le siguió proceso por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. SEGUNDO: SE REVOCA la condena impuesta al acusado J. C. O. R. por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA, tipificado en el artículo 332-A del Código Penal, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. TERCERO: CASA PARCIALMENTE LA SENTENCIA RECURRIDA de la siguiente manera: SE DECLARA LA CULPABILIDAD del señor J. C. O. R. y se le CONDENA por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA PARA USO PERSONAL (art. 332-B del Código Penal) en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de TRES (3) AÑOS DE RECLUSIÓN, la cual deberá cumplir en La Penitenciaria Nacional “Marco Aurelio Soto”, ubicada en la aldea de Támara, Departamento de Francisco Morazán; así como a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ESPECIAL E INTERDICCIÓN CIVIL, declarándose además la Responsabilidad Civil del condenado por este delito; quedando incólume el resto de la sentencia dictada en primera instancia. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que se proceda a ponerla en efectiva ejecución. Redactó: EL MAGISTRADO CALIX HERNANDEZ. NOTIFIQUESE.

CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO

MAGISTRADO COORDINADOR

MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO

MAGISTRADO

JACOBO CALIX HERNANDEZ

MAGISTRADO

[1] El principio de proporcionalidad establecido en el artículo 2-D del Código Penal, en sentido estricto implica que se debe ponderar la gravedad de la conducta, el objeto de tutela y la consecuencia jurídica, las penas deben ser adecuadas con relación a la gravedad de la conducta que se tipifica, establece una prohibición en exceso, manteniendo un equilibrio entre la sanción penal y los derechos fundamentales. Además, sólo una pena proporcionada puede responder a los ideales de la prevención general y de la prevención especial.