Sentencia CP-461-11 — Registro 14539
Resumen
En primer instancia se condena a la imputada por el delito de hurto, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Esta Sala coincide en que el derecho de defensa consagrado en el artículo 82 de la Constitución ha de ser tutelado desde los primeros momentos en que el MinisterioPúblico, atribuye algún grado de responsabilidad penal a una persona concreta o determinada. Tal derecho tiene íntima conexión con el previsto en el artículo 84 de la misma Carta Magna, conforme al cual toda persona al momento de ser arrestada o detenida debe ser informada con toda claridad de sus derechos y de los hechos que se le imputan. De igual forma este derecho a ser informado, es reconocido por e Código Procesal Penal, texto normativo que su artículo 101 prevé que el imputado tiene derecho a que: “la correspondiente autoridad le indique en el acto en forma clara y precisa, cuáles son los hechos constitutivos de delito que se le atribuyen”. Por otra parte, el Requerimiento Fiscal ha de contener entre otros requisitos, una relación sucinta de los hechos y el delito que se le imputa (vid. Art. 293 numerales 2 y 3). Por el principio acusatorio, que rige el sistema procesal hondureño, el Juzgador está vinculado a la fijación de los hechos establecida en la formalización de la acusación, auto de apertura a juicio o en su caso en la ampliación de la acusación[1], de tal manera que no puede dar por acreditados otros hechos que no hayan sido debatidos entre las partes. Esto es así, en razón del principio de congruencia entre la sentencia y la acusación, consignado en el artículo 337 del Código Procesal Penal, lo que no impide al órgano jurisdiccional calificar los hechos de forma diferente, a la efectuada por el Ministerio Público, siempre que no lo haga en forma más gravosa o en perjuicio del acusado. En el caso bajo examen el A Quo condena a la encartada RINA DINORA GUIFARRO RAMIREZ por un delito de HURTO, y no por el delito de APROPIACION INDEBIDA del que venía siendo acusada. La Apropiación Indebida, es una figura que el legislador hondureño ha ubicado sistemáticamente en EL Título VII, Capítulo VI del Libro II bajo el epígrafe de la estafa y otros fraudes, y que se sanciona con una pena de seis (6) a nueve (9) años de reclusión y multa del 10% del valor de lo defraudado cuando este supere los supera los cinco mil pero no excede los cien mil lempiras, en cambio el delito de Hurto, tipificado en los artículos 223 y 224 del Código Penal, se sanciona únicamente con una pena comprendida entre los cuatro (4) a siete (7) años de reclusión cuando el valor de la cosa objeto de la infracción supera los cinco mil lempiras, es decir que el cambio o modificación de calificación jurídica de los hechos, realizada por el A Quo en la sentencia, si bien difiere de la pretensión del Ministerio Público, no se aparta de los hechos debatidos en las diferentes etapas del proceso, es decir, de que la encartada realizaba diversas funciones de naturaleza administrativa en un centro hospitalario de carácter privado, entre otras las de pagar los alquileres del local, recibiendo varios cheques para tales efectos, mismos que los sustrajo para sí misma sin rendir explicación alguna sobre su destino, imputaciones respecto a las cuales ha tenido la oportunidad plena de defenderse y refutar, tanto mediante la aportación de pruebas como mediante la formulación de alegatos de orden jurídico. De este modo, esta Sala no constata la vulneración del derecho de defensa ni de ser informada de los hechos objeto de la imputación en perjuicio de la encausada, que consagran respectivamente los artículos 82 y 84 de nuestro Texto Fundamental así como también otras normas con rango o fuerza de ley. Cuestión distinta es que el Juzgador de instancia haya subsumido incorrectamente la conducta de la encartada RINA DINORA GUIFARRO RAMIREZ en el delito de hurto, a lo cual nos referiremos más adelante al resolver el recurso que por infracción de ley ha formulado la Representación del Ministerio Público; de ahí que el presente motivo ha de ser desestimado...."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...". Esta Sala al ponderar la prueba incorporada al proceso ha podido constatar que hay suficiente prueba de cargo de testigos, pericial y documental para enervar la presunción de inocencia de la acusada. Asimismo considera que del proceso no se desprende que el Juzgador luego de valorar las pruebas agregadas al proceso, haya albergado una duda razonable en torno a la comisión de un hecho delictivo perpetrado por la imputada. En cuanto a las supuestas contradicciones o incongruencias existentes en el relato de hechos probados este no es el cauce procesal adecuado para alegarlas como sí hubiera podido serlo a través del previsto por el artículo 362 No. 1) del Código Procesal Penal. Por todas las razones anteriormente expuestas, el motivo de casación formulado por la Defensa ha de ser desestimado-.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Esta Sala constata que el recurrente no menciona, es decir omite de forma absoluta, hacer referencia concreta a la regla o reglas de la sana crítica, es decir, de la lógica, Psicología o las máximas de la experiencia que de acuerdo a su entender, habrían sido inobservadas por el Juzgador, en la valoración o motivación intelectiva de las pruebas, tampoco menciona los efectos que la falta de aplicación de una determinada regla del correcto razonamiento humano, haya provocado en el fallo, defecto esencial en la técnica recursiva del recurrente, que no corresponde subsanar a este tribunal de casación de manera oficiosa. Por lo anteriormente expuesto, el motivo de casación invocado por la Defensa ha de ser desestimado..".
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de noviembre de dos mil catorce, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO en su calidad de Coordinador, MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO y EDITH MARIA LOPEZ RIVERA por excusa justificada del Magistrado JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, dicta sentencia conociendo de los Recursos de Casación por infracción de Ley, Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha cinco de agosto de dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, mediante la cual CONDENÓ a la señora RINA DINORA GUIFARRO RAMÍREZ, a la pena de CINCO (5) AÑOS DE RECLUSIÓN, como autora del delito de HURTO, más las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL en perjuicio de la POLICLÍNICA MÉDICO QUIRÚRGICO LA ESPERANZA INTIBUCÁ S. DE R.L..- Interpusieron los Recursos de Casación por Infracción de Ley, Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma, los Abogados WAGNER VALLECILLO PAREDES, actuando en su condición de Apoderado de la señora RINA DINORA GUIFARRO, y la Abogada ELA ARGENTINA ARGUETA SILVA, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público.- SON PARTES: El Abogado WAGNER VALLECILLO PAREDES, Apoderado Defensor de la acusada RINA DINORA GUIFARRO RAMIREZ, como parte recurrente; y la Abogada ROXANA CASTRO, en representación del Ministerio Público, como parte recurrida. CONSIDERANDO I.- Los Recurso de Casación por Infracción de Ley, Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma son admisibles en tanto que reúnen los requisitos exigidos por la ley, por lo que ahora debemos pronunciarnos sobre la procedencia o improcedencia de los mismos. II.- “HECHOS PROBADOS PRIMERO: En fecha catorce (14) de Septiembre del año dos mil dos se constituyó como Sociedad de Responsabilidad Limitada, denominada la Policlínica Médico Quirúrgica La Esperanza, Intibucá, con sede en la ciudad de la Esperanza, Intibucá, teniendo como socios fundadores los señores René Ratliff Bueso, Filomena Banegas Cruz y Carlos Alberto Madrid Rivera, recayendo en el último la Gerencia de dicha empresa comercial, aconteciendo de que por razones de trabajo individual de cada y uno de los socios, dicha empresa mercantil se mantuvo a la deriva sin ningún tipo de control, en donde los cobros del pago de los pacientes igual los podían hacer las enfermeras, Doctores y la acusada; manejándose incluso la gerencia vía teléfono con las empleadas de la misma. SEGUNDO: La señora RINA DINORA GUIFARRO RAMÍREZ, laboró en dicha Policlínica entre los años dos mil dos y dos mil siete, quien mediante asignaciones verbales de los socios realizaba tareas administrativas entre ellas el pagos de alquileres y otros, aconteciendo de que recibió cheques por un valor total de sesenta mil lempiras, a fin de pagar alquileres de dicha Clínica, cantidad de dinero que sustrajo para sí misma sin dar explicación alguna de tal situación. TERCERO: La Empresa mercantil antes mencionada, suspendió sus operaciones en el año dos mil siete, desconociéndose los motivos de su cierre y sin contar con datos que revelen alguna falencia en su sistema contable del que se pudiera deducir su descalabro comercial, año en que las enfermeras Teresa de Jesús Pineda y María Inocente Hernández Gómez así como la propia Rina Dinora Guifarro, renunciaron de forma irrevocable de sus funciones y que eventualmente las enfermeras recibieron sus pagos como derechos laborales”. III.- El recurrente, Abogado WAGNER VALLECILLO PAREDES, en su condición de Apoderado de la señora RINA DINORA GUIFARRO, formalizó sus Recursos de Casación por Infracción de Ley, Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma, de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE CASACIÓN UNICO MOTIVO DE INFRACCION DE LEY: De conformidad con los hechos declarados probados por unanimidad del Tribunal Sentenciador, se ha infringido un precepto penal de carácter sustantivo. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360, párrafo primero, del Código Procesal Penal (en adelante CPP). EXPLICACION DEL MOTIVO: El precepto penal sustantivo que se invoca como infringido por falta de aplicación o aplicación indebida, es el Artículo 1 en relación con el artículo 13 del Código Penal y consecuentemente los preceptos penales infringidos por aplicación indebida son los Artículos 223 con relación al artículo 14 de la norma sustantiva del mismo cuerpo legal. Desarrollo del Vicio: a) Hecho Probado La sentencia de mérito expresa y declara probados tres hechos de los cuales el impetrante encuentra que la infracción a la ley sustantiva se colige específicamente del contenido del hecho PRIMERO: El cual literalmente declara que: “Que en fecha catorce (14) de septiembre del años dos mil dos, se constituyó como sociedad de Responsabilidad Limitada, denominada Policlínica Medico Quirúrgico La Esperanza; Intibucá, con sede en la ciudad de la Esperanza; Intibucá, teniendo como socios fundadores los señores René Ratliff Bueso, Filomena Banegas Cruz y Carlos Alberto Madrid Rivera, recayendo en el último la Gerencia de dicha Empresa comercial, aconteciendo de que por razones de trabajo individual de cada y uno de los socios, dicha empresa mercantil se mantuvo a la deriva sin ningún tipo de control, en donde los cobros del pago de los pacientes igual los podían hacer las enfermeras, doctores y la acusada, manejándose incluso la gerencia vía teléfono con las empleadas de la misma” Exposición del Vicio: Del hecho probado descrito se deriva que el acontecimiento, tal y como quedó acreditado en la sentencia de mérito, no se subsume en el tipo penal de HURTO regulado en el Artículo 223, con relación al Artículo 14, del Código Penal, los cuales literalmente establecen, en su orden, lo siguiente: “Comete el delito de Hurto quien: 1)Sin la voluntad de su dueño toma bienes muebles ajenos, los animales incluidos, sin violencia o intimidación en las personas ni fuerza en las cosas……”; y, “…el delito es consumado cuando en el concurran todos lo elementos de su tipificación legal”. De la literalidad de los Artículos transcritos se deriva que para que a un individuo pueda imputársele la comisión de un delito, en el caso particular, HURTO, será necesario que el autor TOME BIENES de otra persona como resultado de un actuar intencionado y obligado a saber o conocer que como consecuencia de su acción u omisión existe la posibilidad de que se produzca un efecto constitutivo de delito, no obstante, lo cual ejecuta el hecho y acepta, por ende, las consecuencias que del mismo se derivan”. De tal manera que no pueden calificarse los hechos de la sentencia con base a la infracción penal de HURTO, en virtud que de los mismos no se deriva la concurrencia de los elementos objetivos exigidos por la Ley penal para la configuración de tal delito, tales como haber actuado en forma objetiva una sola persona en la acción, pues de ahí parte la infracción a la ley sustantiva, pues no existe tan solo una persona participando sino un sin número de personas, que logran obtener una participación clara y precisa, pues esto se deriva del hecho probado al establecer “como socios fundadores los señores René Ratliff Bueso, Filomena Banegas Cruz y Carlos Alberto Madrid Rivera, recayendo en el ultimo la Gerencia de dicha Empresa comercial” y todos firmaba cheques y aceptaban pagos de los clientes. Mucho menos los elementos subjetivos del tipo penal, pues no se encuentra acreditado ninguna valoración previa a los hechos investigados, por lo que no existió prueba alguna que respalde la intencionalidad o el conocimiento previo del resultado. Es ahí donde el Tribunal yerra al establecer, en el primero hecho al manifestar de la fundamentación jurídica de la sentencia, “que dicha empresa mercantil se mantuvo a la deriva sin ningún tipo de control”. Por lo que resulta necesario que el Juzgador, como espectador objetivo, frente a un caso como el presente y para emitir un juicio más acertado, debe colocarse no sólo en el lugar del imputado, es decir, en lo que el Juzgador hubiera hecho si fuese a quien le entregaron unos títulos valores, sino que también deberá colocarse en la posición de la víctima y preguntarse igualmente cómo hubiera actuado en su lugar, es decir, si él o cualquier persona en condiciones normales hubiera firmado los títulos valores Cheques, sin condición restrictiva de pago alguna. Dicho lo anterior, no cabe duda que sobre la base de los hechos probados por el mismo Tribunal de Sentencia y acreditados en la sentencia, existe una evidente infracción penal a los Artículos 223, con relación al 14, del Código Penal; al evidenciarse que el Tribunal Sentenciador ha forzado la fundamentación jurídica al otorgarle a los hechos probados una incorrecta calificación jurídica, como lo es “HURTO”, y para ello ha recurrido a argumentos insostenibles como los expuestos. b) Norma Jurídica Aplicable De conformidad con lo expuesto, la norma jurídica que el Tribunal Sentenciador dejó de aplicar se encuentra en el Artículo 1 del Código Penal, el cual literalmente establece: “Nadie podrá ser penado por infracciones que no estén determinadas en una Ley anterior a la perpetración de un delito”. En relación al artículo 13 del código penal “el delito es doloso cuando el resultado de la intención que se tuvo al ejecutarlo o cuando el autor sabe, o esta obligado a saber, que como consecuencia de la acción u omisión existe la posibilidad de que produzca un efecto constitutiva de delito, no obstante, lo cual ejecuta el hecho y acepta, por ende las consecuencia que del mismo se deriven.Al respecto, cabe señalar, que ha establecido el Juzgador que la persona Jurídica conocida o denominada Policlínica Médico Quirúrgico La Esperanza; Intibucá, con sede en la ciudad de la Esperanza; Intibucá, mantenía a la deriva sin ningún tipo de control, en donde los cobros del pago de los pacientes igual los podían hacer las enfermeras, doctores (socios) y la acusada, manejándose incluso la gerencia vía teléfono con las empleadas de la misma “ por lo tanto deja entrever el Tribunal que efectivamente existe responsabilidad en cuanto a la imputación formalizada por el ente acusador del Estado pero no cabe responsabilidad de parte de la encartada, pues como queda acreditado en los hechos probados nunca fue la persona que tenía la responsabilidad de administrar dicha Empresa, legalmente dispone la Ley positiva Vigente en su artículo 78 del Código de Comercio La Administración de las Sociedades de responsabilidad Limitada estará a cargo de uno o mas Gerentes, que podrán ser socios o personas extrañas a la sociedad, designadas temporalmente o por tiempo indeterminado Siempre que no se haga la designación de gerentes, todos los socios concurrirán a la administración”. No cabe duda que así quedo acreditado mediante la prueba evacuada que era otra la persona encargada legalmente de la administración de la sociedad mercantil que se ha tenido como víctima, y quien era quien libraba los títulos valores denominados cheques que pueden ser a la orden o al portador y dice la Ley artículo 598 El Librador es responsable del pago del cheque. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no puesta”. RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LA ENCARTADA ARGUYENDO QUE DE LOS HECHOS DECLARADOS PROBADOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA SE DESPRENDE QUE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA INFRINGIDO LOS ARTÍCULOS 1 Y 13 DEL CÓDIGO PENAL; Y APLICADO INDEBIDAMENTE LOS ARTÍCULOS 223 Y 14 DEL MISMO TEXTO PUNITIVO.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360 PARRAFO PRIMERO DEL CODIGO PROCESAL PENAL. El Censor cuestiona que de los hechos declarados probados no se desprende que la encausada haya realizado una conducta que se subsuma en el delito de HURTO, tipificado en el artículo 223 en relación al 14 del Código Penal. Esgrime que no existe prueba que respalde la intencionalidad o el conocimiento previo del resultado en la encartada, para que se le atribuya la comisión del delito antes mencionado. Estima que el Juzgador A Quo dejó de aplicar el Artículo 1 del Código Penal, que establece: “Nadie podrá ser penado por infracciones que no estén determinadas en una Ley anterior a la perpetración de un delito”, y el artículo 13 del código penal, que prevé cuando puede considerarse que un delito es doloso. Arguye en el relato de hechos probados no resulta acreditado que la acusada era la persona que tenía la responsabilidad de administrar la Empresa, funciones que de acuerdo a lo previsto en el Artículo 78 del Código de Comercio, está a cargo de uno o mas Gerentes y que por ende no puede atribuírsele el delito de hurto por el cual ha resultado condenada. Esta Sala considera pertinente recordar que a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de Derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las normas que deban aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. De los hechos declarados probados se desprende que la encartada RINA DINORA GUIFARRO RODRIGUEZ laboró en un centro hospitalario propiedad de una Sociedad de Responsabilidad Limitada, denominada la Policlínica Médico Quirúrgica La Esperanza, Intibucá, con sede en dicha ciudad, entre los años dos mil dos y dos mil siete. Que en virtud de instrucciones verbales impartidas por los socios realizaba tareas de naturaleza administrativa entre ellas el pago de alquileres y otros, dándose la circunstancia de que recibió cheques por un valor total de sesenta mil lempiras, a fin de pagar alquileres del local donde funcionaba dicha Clínica, cantidad de dinero que sustrajo para sí misma sin dar explicación alguna de tal situación. Esta Sala considera que si bien es cierto que del factum de la sentencia impugnada no se desprende que la conducta de la encartada RINA DINORA GUIFARRO se subsuma en el tipo penal de hurto, no es menos cierto que resulta constitutiva del delito de APROPIACION INDEBIDA, tipificado en el artículo 242 No. 8) del Código Penal, tal y como lo explicaremos más adelante al resolver el recurso que por infracción de ley ha interpuesto la representación del Ministerio Público: de ahí que el presente motivo formulado por la Defensa ha de ser desestimado. V.- Continúa manifestando el recurrente en su Recurso de CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. De conformidad con los hechos declarados probados por unanimidad del Tribunal Sentenciador, se ha infringido un precepto de carácter Constitucional. PRIMER MOTIVO: PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal (en adelante CPP). PRECEPTO INFRINGIDO: Artículo 84 en relación directa con el 82 de la Constitución de la República. EXPLICACION DEL MOTIVO: El precepto Constitucional infringido precisamente lo constituye el que desarrolla el artículo 84 de la Constitución de la República que establece en su párrafo segundo: “El arrestado o detenido debe ser informado en el acto y con toda claridad de sus derechos y de los hechos que se le imputan……” 82 “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República, tiene libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las Leyes”. Cabe destacar que el momento de la detención es también extensible al momento de su imputación en la causa penal y a su posterior enjuiciamiento ante el Tribunal competente; lo cual si bien se le informo los hechos, estos se subsumen en un tipo penal diferente al que se le condena a la encartada, por lo que no tuvo la oportunidad de un real derecho de defensa. DESARROLLO DEL VICIO. Este motivo va dirigido a demostrar que el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, incurrió en el vicio de violentar en la sentencia el más sagrado de los derechos fundamentales en juicio como lo es el derecho a que el imputado sea informado de los hechos que se le imputan y de la calificación Jurídica en la cual subsumen esos hechos, y todos los derechos fundamentales pues basta la lectura de dicho fallo, donde de acuerdo a los razonamientos siguientes: 1.- El requerimiento Fiscal promovido por el Ministerio Público contra la señora RINA DINORA GUIFARRO, por suponerla responsable del delito de APROPIACION INDEBIDA, así fue admitido en fecha doce de septiembre del año dos mil ocho. 2.- En la audiencia de declaración de imputado de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil ocho, se le puso en conocimientos los hechos que se le imputan, calificados como APROPIACION INDEBIDA; (véase folio 44 de primera pieza de autos) 3.- En la audiencia inicial celebrada en el Tribunal de Instancia, en fecha catorce de enero del años dos mil nueve (véase folio 90 de primera pieza de autos) también se decreto auto de prisión por suponer responsable a la señora RINA DINORA GUIFARRO, del delito de APROPIACION INDEBIDA en perjuicio de la Policlínica Medico Quirúrgica La esperanza; Intibucá, S. de R.- 4.- En fecha treinta de marzo del dos mil nueve, celebrada que fue la audiencia preliminar, donde la representación del Ministerio Publico, formalizó por el delito de apropiación indebida (folio 108 primera pieza de autos), y así emitió resolución el Tribunal de Instancia decretando apertura a juicio oral y público por el delito de APROPIACION INDEBIDA (véase folio ciento tres 113 de primera pieza de autos). 5.- En la audiencia de debate oral y público, realizada en fecha nueve de mayo de dos mil once, también formalizó acusación la representación del Ministerio Fiscal por el delito de APROPIACION INDEBIDA, al momento de realizar su exposición de posiciones, no existieron modificaciones en la calificaciones del ente acusador.(véase folio 106 de segunda pieza de autos).- 6.- En dicha Audiencia consta a folio ciento seis (106) donde el Tribunal Juzgador le da a conocer a la imputada los derechos Constitucionales, allí mismo aunque no consta le dio a conocer los hechos que le imputan, además la acusada escucho los argumentos en la exposición de posiciones inicial del Ministerio Publico. Como se observara precisamente a encartada se le manifestaron hechos calificados de diferente forma, o sea que los hechos que conoció la encartada, los subsumió el ente acusador en un tipo penal diferente por cual condeno, o sea no le dio el real derecho a la señora RINA DINORA GUIFARRO, de defenderse de hechos subsumidos en un tipo penal diferente, puesto que no se desfilo ningún tipo de prueba para descargar una imputación no calificada por el Representante del Ministerio Público, si bien es cierto la calificación por la cual se condena a la imputada es de un delito contra la propiedad, no es menos cierto que su configuración y estructura son totalmente diferentes, o sea no podemos establecer que la configuración o desplazamiento de la acción sea similar en un tipo penal que en otro.- Por lo que al condenar por un ilícito penal configurado y estructurado de diferente forma, al cual la encartada tuvo el conocimiento de unos hechos subsumidos en un tipo penal y condenada por otro, violentado un derecho fundamental de la persona acusada, pues tuvo la oportunidad el Ministerio Fiscal de ampliar su acusación o de modificarla en los momentos oportunos y sin embargo no lo realizo, sino que el Tribunal de Sentencia al momento de emitir el fallo califica de forma diferente a como venía sosteniendo el ente acusador del Estado, violentándole la garantía constitucional del defensa o de una real defensa. No pudo hacerse antes ninguna reclamación contra el vicio en que consiste el motivo, porque se produjo en el pronunciamiento de la sentencia”. RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LA ENCARTADA RINA DINORA GUIFARRO RODRIGUEZ, ARGUYENDO QUE AL DICTAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA, EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA INCURRIDO EN INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 84 EN RELACIÓN CON EL 82 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 361 DEL CODIGO PROCESAL PENAL. El Censor arguye que la sentencia impugnada ha incurrido en infracción del artículo 84 en relación al 82 de la Constitución de la República. El artículo 84 de la Constitución de la República establece en su párrafo segundo: “El arrestado o detenido debe ser informado en el acto y con toda claridad de sus derechos y de los hechos que se le imputan……” Y el artículo 82 que: “El derecho de defensa es inviolable”. El recurrente alega que en el presente caso se han vulnerado a la acusada RINA DINORA GUIFARRO RAMIREZ, derechos fundamentales como lo son el derecho a ser informada sobre los hechos que se le imputan y la calificación jurídica dada a esos hechos. El Censor expone que en el requerimiento fiscal, audiencia de declaración de imputado, audiencia inicial, auto de apertura a juicio, y en el acto del juicio oral y público el Ministerio Público ha venido sosteniendo una acusación por el delito de APROPIACION INDEBIDA. Reprocha el impetrante que no obstante lo anterior, en la sentencia dictada por el Tribunal de instancia este califica los hechos en forma diferente, por la cual condenó a la acusada. Estima que aunque la calificación dada por el Juzgador también es por un delito contra la propiedad, es decir, por hurto, la configuración y estructura de este delito es diferente. Concluye que al condenar a la imputada RINA DINORA GUIFARRO RAMIREZ por un delito de HURTO, es decir en forma diferente al tipo penal por el que fue acusada (apropiación indebida), se ha vulnerado en su perjuicio el derecho fundamental a la defensa. Esta Sala considera pertinente recordar que ésta tipología (recurso por infracción de precepto constitucional) es la más amplia de las que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto por el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante la sustanciación del procedimiento o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el recurrente debe echar mano de este tipo de recurso cuando no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro, en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Legal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece cuales son los motivos fundamentadores.- La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento efectivo del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial, como son las sentencias. Esta Sala coincide en que el derecho de defensa consagrado en el artículo 82 de la Constitución ha de ser tutelado desde los primeros momentos en que el Ministerio Público, atribuye algún grado de responsabilidad penal a una persona concreta o determinada. Tal derecho tiene íntima conexión con el previsto en el artículo 84 de la misma Carta Magna, conforme al cual toda persona al momento de ser arrestada o detenida debe ser informada con toda claridad de sus derechos y de los hechos que se le imputan. De igual forma este derecho a ser informado, es reconocido por e Código Procesal Penal, texto normativo que su artículo 101 prevé que el imputado tiene derecho a que: “la correspondiente autoridad le indique en el acto en forma clara y precisa, cuáles son los hechos constitutivos de delito que se le atribuyen”. Por otra parte, el Requerimiento Fiscal ha de contener entre otros requisitos, una relación sucinta de los hechos y el delito que se le imputa (vid. Art. 293 numerales 2 y 3). Por el principio acusatorio, que rige el sistema procesal hondureño, el Juzgador está vinculado a la fijación de los hechos establecida en la formalización de la acusación, auto de apertura a juicio o en su caso en la ampliación de la acusación[1], de tal manera que no puede dar por acreditados otros hechos que no hayan sido debatidos entre las partes. Esto es así, en razón del principio de congruencia entre la sentencia y la acusación, consignado en el artículo 337 del Código Procesal Penal, lo que no impide al órgano jurisdiccional calificar los hechos de forma diferente, a la efectuada por el Ministerio Público, siempre que no lo haga en forma más gravosa o en perjuicio del acusado. En el caso bajo examen el A Quo condena a la encartada RINA DINORA GUIFARRO RAMIREZ por un delito de HURTO, y no por el delito de APROPIACION INDEBIDA del que venía siendo acusada. La Apropiación Indebida, es una figura que el legislador hondureño ha ubicado sistemáticamente en EL Título VII, Capítulo VI del Libro II bajo el epígrafe de la estafa y otros fraudes, y que se sanciona con una pena de seis (6) a nueve (9) años de reclusión y multa del 10% del valor de lo defraudado cuando este supere los supera los cinco mil pero no excede los cien mil lempiras, en cambio el delito de Hurto, tipificado en los artículos 223 y 224 del Código Penal, se sanciona únicamente con una pena comprendida entre los cuatro (4) a siete (7) años de reclusión cuando el valor de la cosa objeto de la infracción supera los cinco mil lempiras, es decir que el cambio o modificación de calificación jurídica de los hechos, realizada por el A Quo en la sentencia, si bien difiere de la pretensión del Ministerio Público, no se aparta de los hechos debatidos en las diferentes etapas del proceso, es decir, de que la encartada realizaba diversas funciones de naturaleza administrativa en un centro hospitalario de carácter privado, entre otras las de pagar los alquileres del local, recibiendo varios cheques para tales efectos, mismos que los sustrajo para sí misma sin rendir explicación alguna sobre su destino, imputaciones respecto a las cuales ha tenido la oportunidad plena de defenderse y refutar, tanto mediante la aportación de pruebas como mediante la formulación de alegatos de orden jurídico. De este modo, esta Sala no constata la vulneración del derecho de defensa ni de ser informada de los hechos objeto de la imputación en perjuicio de la encausada, que consagran respectivamente los artículos 82 y 84 de nuestro Texto Fundamental así como también otras normas con rango o fuerza de ley. Cuestión distinta es que el Juzgador de instancia haya subsumido incorrectamente la conducta de la encartada RINA DINORA GUIFARRO RAMIREZ en el delito de hurto, a lo cual nos referiremos más adelante al resolver el recurso que por infracción de ley ha formulado la Representación del Ministerio Público; de ahí que el presente motivo ha de ser desestimado. V.- Continúa manifestando el recurrente en su: “SEGUNDO MOTIVO DE INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL: De conformidad con los hechos declarados probados por unanimidad del Tribunal Sentenciador, se ha infringido un precepto Constitucional contenido en artículo 89 que a su letra establece “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361, del Código Procesal Penal en relación directa con el artículo 89 de la Constitución de la República (en adelante CPP). EXPLICACION DEL MOTIVO: El precepto constitucional infringido precisamente es el que se desarrolla en artículo 89 de la Constitución de la República que establece “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente” que conocemos en el derecho penal como el principio de In dubio Pro Reo. “La dimensión normativa se manifiesta en la existencia de una norma que impone a los Jueces la obligación de absolver cuando no se hayan podido convencer de la culpabilidad del acusado”. Desarrollo del Vicio: A) Hecho Probado La sentencia de mérito expresa y declara probados tres hechos de los cuales el impetrante encuentra que la infracción a la ley constitucional se colige específicamente del contenido del hecho PRIMERO: el cual literalmente declara “Que en fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dos se constituyó como sociedad de Responsabilidad Limitada, denominada Policlínica Médico Quirúrgico La Esperanza; Intibucá, con sede en la ciudad de la Esperanza; Intibucá teniendo como socios fundadores los señores René Ratliff Bueso, Filomena Banegas Cruz y Carlos Alberto Madrid Rivera, recayendo en el último la Gerencia de dicha Empresa comercial, aconteciendo de que por razones de trabajo individual de cada y uno de los socios, dicha empresa mercantil se mantuvo a la deriva sin ningún tipo de control, en donde los cobros del pago de los pacientes igual los podían hacer las enfermeras, doctores y la acusada, manejándose incluso la gerencia vía teléfono con las empleadas de la misma” SEGUNDO: El cual literalmente declara que: “La señora RINA DINORA GUIFARRO RAMÍREZ, laboró en dicha Policlínica entre los años dos mil dos y dos mil siete, quien mediante asignaciones verbales de los socios realizaba tareas administrativas entre ellas el pago de alquileres y otros, aconteciendo de que recibió por un valor total de sesenta mil Lempiras, a fin de pagar alquileres de dicha Clínica, cantidad de dinero que sustrajo para si misma, sin dar explicación alguna de tal situación” B) Exposición del Vicio De los hechos probados se puede establecer que efectivamente el Juzgador no considero la norma que establece el Principio del In dubio Pro Reo, reconocido en la norma sustantiva penal, pues se infiere de los mismos una grave contradicción entre los hechos probados, ya que si bien el elemento subjetivo en la valoración de la prueba que realizara el Juzgador no puede ser examinada en este vicio, si lo es precisamente que de la propia derivación de asunción de fallo emitido por el Tribunal de Sentencia se deduce entre líneas la existencia de una tesis y una antítesis, pero que dentro de ambas tesis era necesario, aplicable y deducible la aplicación de la existencia de una mas favorable que la otra, en este sentido el Tribunal deviene obligado a asumir con certeza la participación del encartado en los hechos imputados, ya que la prueba no deberá ser suficiente sino es considerada en verdaderos actos de prueba, que son objeto de valoración en su conjunto, exigencias que deberán obtener la necesidad de que la valoración probatoria se someta a las reglas de la lógica y de la experiencia, así como a la obligación de motivar o razonar el resultado de la valoración probatoria. Sin bien existe dicha valoración, siendo contradictorio sus hechos probados en consecuencia existe la necesidad de que al aplicar las reglas de la sana crítica, se contemplara el principio de In dubio Pro Reo, pues el silencio del Juzgador, amerita el rever dicho hechos en su sentido más amplio, pues utiliza deducciones y presunciones derivados de su valoración subjetiva y no objetiva, que llevan a la asunción de un fallo condenatorio, cuando se produce de su propia vos duda, cabe destacar la aparición de la obligación de absolver al encartado. B) Norma Jurídica Aplicable De conformidad a lo expuesto la norma jurídico aplicable al caso sub judice es precisamente la consignada en el artículo 89 de la Constitución de la República, que dice “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente” Al respecto podemos señalar que efectivamente el Juzgador reconoce la falta de aplicación de esta norma, que desarrolla el principio del In dubio Pro Reo, ya que desprende de ambos hechos probados una enorme contradicción, cabe destacar que deja sentado el Juzgador que existieron circunstancias, detalladas así: a) varias personas naturales constituyen una persona Jurídica; b) Empresa Mercantil a la deriva; c) sin ningún tipo de control; d) La gerencia manejándose incluso vía telefónica por el señor CARLOS MADRID RIVERA; c) aconteciendo que recibió cheques, f) a fin de pagar alquileres; g) que sustrajo para si misma; por donde se quiere apreciar los hechos probados descritos encontraremos una enorme contradicción. Incongruencia y falta de aplicación de la norma sustantiva al caso concreto, la cual sin duda hace más gravosa la situación del encartado. Pues resulta de la norma positiva y vigente que establece el código de comercio en su artículo 604. El que autorice a otro para expedir cheques a su cargo estará obligado con él, en los términos del convenio respectivo, a cubrirlos hasta el importe de las sumas que tenga a disposición del mismo librador, a menos que haya disposición legal expresa que lo libere de esta obligación”.Quedando hartamente probado que la señora RINA DINORA GUIFARRO, no firmaba títulos valores (cheques), que si firmó dichos cheques fue el endoso por que estaban librados a favor de la misma encartada, no siendo responsable ya que en ningún momento dichos títulos establecían para que estas cantidades fueran para otro propósito, como supone el Juzgador, al establecer que sustrajo dicho dinero para sí misma, pues ante el descontrol administrativo que si se acredita no se puede corroborar dicha versión. En Conclusión el In Dubio Pro Reo, contemplado en el Código Procesal Penal, consiste en la duda, a favor del reo, que supone un estado de ánimo del Juez que no se debe sustentar en una pura subjetividad sino que debe derivarse racional y objetivamente de la valoración de la pruebas del proceso, tal y como se demuestra en el presente caso, por la contradicción de los hechos probados, los cuales en una forma tal vez no directa, sino indirecta y disimulada deja ver una duda manifiesta, dejando de aplicar el derecho a la presunción de inocencia como exigencia en materia probatoria, en donde deberá existir ausencia de contradicciones. No pudo hacerse antes ninguna reclamación contra el vicio en qué consiste el motivo, porque se produjo en el pronunciamiento de la sentencia”. RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LA ENCARTADA RINA DINORA GUIFARRO RAMIREZ ARGUYENDO QUE AL DICTAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA, EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA INFRINGIDO EL PRINCIPIO-DERECHO A LA PRESUNCION DE INOCENCIA CONSAGRADO EN EL ARTICULO 89 DEL TEXTO FUNDAMENTAL.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 361 DEL CODIGO PROCESAL PENAL. El Censor arguye que el precepto infringido en la sentencia impugnada es el artículo 89 de la Constitución de la República que establece: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. A criterio del recurrente, de tal precepto a su vez se deriva el principio del IN DUBIO PRO REO. Esgrime que en los hechos declarados probados el Tribunal de instancia ha debido aplicar el principio del IN DUBIO PRO REO, en virtud de la contradicción e incongruencia que existe en los hechos probados. Afirma que resultó acreditado que la imputada RINA DINORA GUIFARRO, no firmaba los cheques que fueron extendidos, y que si firmó dichos cheques fue para su endoso, siendo que estaban librados a su favor, de ahí que no fue probado que ella sea responsable de que dichas cantidades se destinaran a otro propósito como supone el Juzgador, y que sustrajera ese dinero para sí misma, debido al descontrol administrativo que imperaba en la empresa. Señala que el In Dubio Pro Reo, consiste en que la duda debe favorecer al acusado, misma que no se debe sustentar en la mera subjetividad del Juez, sino derivarse racional y objetivamente de la valoración de la pruebas del proceso. Concluye que la contradicción existente en los hechos probados, disimuladamente deja ver una duda, por lo que entiende que el Juzgador dejó de aplicar el principio-derecho a la presunción de inocencia en favor de la imputada. Esta Sala de lo Penal, observa que en el presente caso, el recurrente dirige su ataque contra el relato fáctico de la sentencia impugnada, por estimar que los hechos declarados probados por el Juzgador, no son producto de una debida valoración probatoria, y como consecuencia de ello, concluye que se ha violado en perjuicio de la encartada el derecho fundamental a la Presunción de Inocencia por falta de aplicación del principio del in dubio pro reo. Esta Sala recuerda que para resolver el motivo de casación interpuesto por la Defensa es preciso que este Tribunal de Casación, pondere la prueba, para constatar la existencia o no, de prueba de cargo suficiente, si ha sido obtenida e incorporada legalmente al juicio; y, a la vez, verificar la racionalidad de los argumentos e inferencias lógicas derivadas de la prueba directa o indirecta, a efecto de constatar la razonabilidad o arbitrariedad del fallo. El Derecho fundamental de presunción de inocencia, como regla de juicio, dispone que sólo se enerva el estado de inocencia de un imputado cuando en un proceso seguido con todas las formalidades, derechos y garantías, se ha producido prueba de cargo suficiente y el Tribunal instancia ha dictado una sentencia condenatoria que declare su culpabilidad. En cambio el principio del Indubio pro reo, es una regla aplicable al momento de la valoración de la prueba, por parte del Juzgador, conforme a la cual si luego de valorarlas conforme a las reglas de la sana crítica, no se produce certeza positiva sobre la participación del acusado en el delito de que se le acusa, y por el contrario, prevalece en la conciencia del Juzgador un estado de duda razonable acerca de dicha participación, éste no tendrá más alternativa que absolver al encartado y proceder a dictar una sentencia absolutoria que así lo declare. Esta Sala al ponderar la prueba incorporada al proceso ha podido constatar que hay suficiente prueba de cargo de testigos, pericial y documental para enervar la presunción de inocencia de la acusada. Asimismo considera que del proceso no se desprende que el Juzgador luego de valorar las pruebas agregadas al proceso, haya albergado una duda razonable en torno a la comisión de un hecho delictivo perpetrado por la imputada. En cuanto a las supuestas contradicciones o incongruencias existentes en el relato de hechos probados este no es el cauce procesal adecuado para alegarlas como sí hubiera podido serlo a través del previsto por el artículo 362 No. 1) del Código Procesal Penal. Por todas las razones anteriormente expuestas, el motivo de casación formulado por la Defensa ha de ser desestimado. VI.- Continúa manifestando el recurrente en su: “PRIMER MOTIVO POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. De conformidad con los hechos declarados probados por unanimidad del Tribunal Sentenciador, se ha infringido un precepto penal de carácter Adjetivo. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362, numeral 1), del Código Procesal Penal (en adelante CPP). EXPLICACION DEL MOTIVO: El precepto penal adjetivo que se impetra es precisamente el consignado en el artículo 362 CPP- El Recurso de casación por Quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes: 1) Que falte la declaración de los hechos que el Tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante.- En relación con el articulo 202.- -Valoración de las pruebas.- La sana critica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano Jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba. Desarrollo del Vicio.Hechos probados. PRIMERO: el cual literalmente declara “Que en fecha catorce (14) de septiembre del años dos mil dos se constituyó como sociedad de Responsabilidad Limitada, denominada Policlínica Médico Quirúrgico La Esperanza; Intibucá, con sede en la ciudad de la Esperanza; Intibucá, teniendo como socios fundadores los señores René Ratliff Bueso, Filomena Banegas Cruz y Carlos Alberto Madrid Rivera, recayendo en el último la Gerencia de dicha Empresa comercial, aconteciendo de que por razones de trabajo individual de cada y uno de los socios, dicha empresa mercantil se mantuvo a la deriva sin ningún tipo de control, en donde los cobros del pago de los pacientes igual los podían hacer las enfermeras, doctores y la acusada, manejándose incluso la gerencia vía teléfono con las empleadas de la misma” SEGUNDO: El cual literalmente declara que: “La señora RINA DINORA GUIFARRO RAMÍREZ, laboró en dicha Policlínica entre los años dos mil dos y dos mil siete, quien mediante asignaciones verbales de los socios realizaba tareas administrativas entre ellas el pago de alquileres y otros, aconteciendo de que recibió por un valor total de sesenta mil Lempiras, a fin de pagar alquileres de dicha Clínica, cantidad de dinero que sustrajo para si misma, sin dar explicación alguna de tal situación” TERCERO: La Empresa Mercantil antes mencionada, suspendió sus operaciones en el año dos mil siete, desconociéndose los motivos de su cierre y sin contar con datos que revelen alguna falencia en sus sistema contable del que se pudiera deducir su descalabro comercial, año en que las enfermeras Teresa de Jesús Pineda y María Inocente Hernández Gómez así como la propia Rina Dinora Guifarro, renunciaron de forma irrevocable de sus funciones y que eventualmente las enfermeras recibieron sus pagos como derechos laborales”. EXPLICACIÓN DEL VICIO. La Sana Crítica o el sistema de libre valoración de prueba el Juez es libre para obtener su convencimiento por qué no está vinculado a reglas legales sobre la prueba, pero no significa que tenga una facultad libérrima y omnímoda sin limitaciones, con total irreversibilidad de la convicción del órgano a quo respecto de los hechos probados, así el Juzgador deberá seguir la lógica y racionalidad, teniendo la facultad de proceder al análisis y a la consecutiva ponderación, con arreglo a su propia consciencia, a los dictados de la razón analítica y a una intención que se presume siempre recta e imparcial.- Precisamente el Control a los limites se deberán al razonamiento explicito e implícito de la sentencia, y no a la percepción auditiva o visual, siendo necesario darle el soporte racional que se realiza sobre cada una de las pruebas, respecto precisamente a la vinculación del Tribunal/Juez a las leyes de la lógica, de la experiencia y del conocimientos científicos, estas exigencias se derivan sin duda del principio de presunción de inocencia. Se desprende de los hechos probados, un contradicción entre ambos, pues se deriva del primer hecho probado que la víctima en este caso es una persona Jurídica, de la sociedad mercantiles conocidas como Sociedad de Responsabilidad Limitada, denominada Policlínica Medico Quirúrgica La Esperanza, Intibucá, S. de R. L. y que tiene como socios varias personas naturales, incluido quien fungía como Gerente según lo deja acreditado el Tribunal de Sentencia, el señor CARLOS ALBERTO MADRID RIVERA, quien manejaba vía telefónica dicha administración, dicha empresa Mercantil se mantuvo a la deriva, sin ningún tipo de control, o sea que la persona que emitía los títulos valores y quien la Ley Mercantil dispone la responsabilidad y representación de la Sociedad Mercantil, es precisamente del Gerente, no de quien realice otras actividades, pues del segundo hecho probado se contradice al manifestar que sustrajo para sí misma cantidades de dinero, refiriéndose a la señora RINA DINORA GUIFARRO, precisamente de los cheques que recibió, olvidándose el Juzgador de que la norma legal vigente y positiva que regula los actos mercantiles, establece que los títulos valores son literales, autónomo e independientes, a la orden o al portador, no encontramos en ninguna de las pruebas desfiladas dentro del proceso a donde consta que esos títulos valores se libraron con el objeto de cancelar alguna obligación, porque si así fuese dicho títulos habrían sido librados a favor del titular de la obligación, pues se deduce de la lógica y la razón de que quien administra esa sociedad Mercantil es el Gerente quien tiene conocimientos básicos, pero ese descontrol administrativo que tiene como probado el Juzgador, y que nunca pudieron acreditar cual era la obligación contraída al librar dicho título valor (cheque) a favor de la señora RINA DINORA GUIFARRO, como pudo ser para el pago de sus propios salarios o de otros gastos o pagos, pues nunca se evacuo prueba consistente en que dichos cheques eran librados para el pago de determinado gasto, circunstancia que el Tribunal no valoro, pues soslaya en su sentencia al determinar la palabra SUSTRACCION, pues la encartado jamás sustrajo titulo valor alguno, pues le fueron entregados los cheques a su favor, en el desorden administrativo imperante no fueron capaces de establecer en juicio si esos títulos valores fueron entregados para el pago especifico de obligaciones concretas. Asimismo se evidencia la enorme contradicción al tercer hecho probado, pues establece la suspensión, utilizando un término que no se derivó de la prueba evacuada dentro del proceso, sino el cese o finalización de operaciones, pues la suspensión es un estado temporal y no permanente, y dicha persona Jurídica cerro operaciones en forma permanente, y manifiesta que no se pudo establecer alguna falencia, cuando en el primer hecho probado establece “sin ningún tipo de control” “manejándose incluso la gerencia vía teléfono con la empleadas de la misma” de la razón y la lógica se puede establecer el por qué el descalabro comercial, pero solo bajo la percepción Subjetiva del Juzgador no se pudo establecer, contradicción enorme en dichos hechos probados. (lo sombreado es nuestro) No pudo hacerse antes ninguna reclamación contra el vicio en qué consiste el motivo, porque se produjo en el pronunciamiento de la sentencia”. RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LA ENCARTADA RINA DINORA GUIFARRO ARGUYENDO QUE AL DICTAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA, EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA INOBSERVADO LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN EL PROCESO DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362.1 DEL CODIGO PROCESAL PENAL. El Censor arguye que existe contradicción entre los hechos probados, ya que del primero se deriva que la víctima es una persona Jurídica mientras que en el segundo se afirma que la acusada RINA DINORA GUIFARRO sustrajo para sí misma cantidades de dinero en razón de los cheques que recibió. Señala que el Tribunal de instancia ha olvidado que la normativa que regula los actos mercantiles, establece que los títulos valores son literales, autónomos e independientes, a la orden o al portador, no existiendo ninguna prueba dentro del proceso en virtud de la cual se acredite que esos títulos valores se libraron con el objeto de cancelar alguna obligación, es decir librados para el pago de determinado gasto, circunstancia que el A Quo no valoró, así como tampoco que la encartada no sustrajo titulo valor alguno, sino que le fueron entregados los cheques a su favor, debido al desorden administrativo imperante en la empresa. Esta Sala considera pertinente recordar que conforme a lo dispuesto en el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal : “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que..en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica..”. El proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque en virtud del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. El límite de las reglas de la experiencia está en los conocimientos técnicos especializados. En lo que concierne a las reglas de la lógica tenemos que la regla de identidad nos dice que una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Es decir, José solo puede ser José y no Juan. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, un argumento "X" solo puede ser "X". No podría por ejemplo una sentencia decir en una parte que se absuelve bajo la certeza de la inocencia, para afirmar más adelante que se absuelve por duda, porque viola el principio de identidad (en lo que interesa al Ministerio Público), pues estaría diciendo que "A" es "B". Diría que la certeza de la inocencia es la duda de la culpabilidad, y eso viola el principio de identidad. El principio de contradicción nos dice que una persona o cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, o sea el tribunal no puede aseverar algo y luego desvirtuarlo, porque solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Y el principio de tercero excluido nos dice que de dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa. A contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. En cuanto a las reglas de la psicología, éstas no están referidas a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos, como la observación del tribunal de mérito en caso de que un testigo se muestre nervioso al contestar una pregunta, que fue disperso al construir sus repuestas, ignorante en cuanto al idioma o cultura general básica, etc. Eso tiene que incluirse en el fallo al hacer la valoración. Podría ser que diga el tribunal, que no se cree al testigo porque se puso nervioso (más de lo normal), o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una de sus respuestas lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración. En el caso que ahora nos ocupa el Censor de la sentencia impugnada estima que el Juzgador de instancia vulneró las reglas de la sana critica, pues entiende que no fue probado en juicio que los cheques objeto de la supuesta infracción, fueran librados para el pago de determinado gasto, soslayando por otro lado que la encartada no sustrajo título valor alguno, sino que los mencionados cheques fueron librados a su favor, debido al desorden administrativo imperante en la empresa. Esta Sala constata que el recurrente no menciona, es decir omite de forma absoluta, hacer referencia concreta a la regla o reglas de la sana crítica, es decir, de la lógica, Psicología o las máximas de la experiencia que de acuerdo a su entender, habrían sido inobservadas por el Juzgador, en la valoración o motivación intelectiva de las pruebas, tampoco menciona los efectos que la falta de aplicación de una determinada regla del correcto razonamiento humano, haya provocado en el fallo, defecto esencial en la técnica recursiva del recurrente, que no corresponde subsanar a este tribunal de casación de manera oficiosa. Por lo anteriormente expuesto, el motivo de casación invocado por la Defensa ha de ser desestimado. VII.- Continúa manifestando el recurrente en su: “SEGUNDO MOTIVO POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. De conformidad con los hechos declarados probados por unanimidad del Tribunal Sentenciador, se ha infringido un precepto penal de carácter Adjetivo. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362, numeral 7), del Código Procesal Penal (en adelante CPP). PRECEPTO INFRINGIDO: Artículo 337 del CPP. EXPLICACION DEL MOTIVO: El precepto penal adjetivo que se impetra es precisamente el consignado en el articulo 362 CPP- El Recurso de casación por Quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes:1), 2), 3) 6) La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337 CPP. DESARROLLO DEL VICIO. Este motivo va dirigido a demostrar que el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, incurrió en el vicio de incongruencia de la sentencia al no dar respuesta cumplida y motiva a las peticiones formuladas tanto por el Ministerio Publico respecto del delito de APROPIACION INDEBIDA, por lo cuales acuso a RINA DINORA GUIFARRO, pues basta la lectura de dicho fallo, donde de acuerdo a los razonamientos siguientes: 1.- El requerimiento Fiscal promovido por el Ministerio Publico contra la señora RINA DINORA GUIFARRO, por suponerla responsable del delito de APROPIACION INDEBIDA, así fue admitido en fecha doce de septiembre del año dos mil ocho. 2.- En la audiencia de declaración de imputado de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil ocho, se le puso en conocimientos los hechos que se le imputan, calificados como APROPIACION INDEBIDA; (véase folio 44 de primera pieza de autos) 3.- En la audiencia inicial celebrada en el Tribunal de Instancia, en fecha catorce de enero del años dos mil nueve (véase folio 90 de primera pieza de autos) también se decreto auto de prisión por suponer responsable a la señora RINA DINORA GUIFARRO, del delito de APROPIACION INDEBIDA en perjuicio de la Policlínica Medico Quirúrgica La esperanza; Intibucá, S. de R.- 4.- En fecha treinta de marzo del dos mil nueve, celebrada que fue la audiencia preliminar, donde la representación del Ministerio Público, formalizó por el delito de apropiación indebida (folio 108 primera pieza de autos), y así emitió resolución el Tribunal de Instancia decretando apertura a juicio oral y público por el delito de APROPIACION INDEBIDA (véase folio ciento tres 113 de primera pieza de autos). 5.- En la audiencia de debate oral y público, realizada en fecha nueve de mayo de dos mil once, también formalizó acusación la representación del Ministerio Fiscal por el delito de APROPIACION INDEBIDA, al momento de realizar su exposición de posiciones, no existieron modificaciones en la calificaciones del ente acusador.(véase folio 106 de segunda pieza de autos). Señala el artículo 337 del CPP.- Congruencia de la sentencia con la acusación.- La Sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean las descritas en la formalización de la acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio, o en su caso en la ampliación de la acusación y en la contestación de esta, ni calificar los hechos, en perjuicio del acusado de forma distinta de la que resulte de las actuaciones indicadas”. Este precepto legal, indica al Órgano Jurisdiccional la correlación que debe existir entre las sentencias y las alegaciones y pretensiones de las partes, es decir el límite de su potestad resolutiva que impone la acusación fiscal respecto a los hechos sometidos al Juzgamiento, es este límite, que el Tribunal de Sentencia a irrespetado en el presente caso, pues tal como se ha indicado el Ministerio Fiscal a través de su fiscal en juicio fue concreto al presentar cargos por el delito de APROPIACION INDEBIDA, en contra de la procesada RINA DINORA GUIFARRO, fundando con ello el objeto de todo el proceso, es decir los hechos que sometía a enjuiciamiento y contra quien se dirigía esa acción, resultando un juicio arbitrario pues el Tribunal no se baso en la pretensión fiscal, sino que el mismo Juzgador violentando el “principio Acusatorio” decidió porque delito celebrar el juicio, poniendo en grave precario el de correlación o congruencia, sino también vulnerando los principios acusatorio y contradictorio que informan al proceso penal.- Es por ello que la sentencia que se impugna adolece del vicio in proceden do de incongruencia, ya que el Tribunal califica otros hechos que fueron en los cuales se baso la pretensión fiscal de APROPIACION INDEBIDA, en total menosprecio del artículo 337 ya referido, y que está estrechamente vinculado con el articulo 362.6 utilizado como fundamento del presente motivo de casación.- Resultando la sentencia totalmente incongruente con la pretensión fiscal y con los argumentos de la defensa, pues el Tribunal de Sentencia al momento de dictar su fallo establece hechos probados que no responden en su totalidad a la prueba evacuada en juicio, de tal manera que al hacer el trabajo de subsunción típica de esos hechos lo hace por un delito distinto del acusado. Esto se traduce precisamente en la violación al derecho de obtener una sentencia de fondo fundada en derecho congruente, al emitir la decisión final el Tribunal de Sentencia aprecio hechos distintos dentro de los cuales el encartado no tuvo la real opción de defenderse, negándosele ese derecho al no tener previo conocimiento que se le acusaba por delito diferente al que se venía formalizando a lo largo del proceso. Si bien en el fallo se califica un delito contra la propiedad, al igual por el cual se venía acusando a la encartada, no es menos cierto que los tipos penales son diferentes en su estructura, pues sus características difieren, y no es subtipo del otro por el cual se condeno, pues mantiene elementos en su estructura completamente independientes y con una enorme distancia entre unos y otro, por lo cual no puede aplicarse un criterio de homogeneidad. Vale la pena destacar que en su parte resolutiva del fallo impugnado por el impetrante existe la incongruencia por omisión, pues resulta que el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Comayagua, no se pronuncia por el delito formalizado por la Representación Fiscal, pues no absuelve del delito de a la acusada, pero sin la condena por el otro delito diferente por el que se le acusa, violentando flagrantemente el principio acusatorio y de congruencia que informa al proceso penal. No pudo hacerse antes ninguna reclamación contra el vicio en qué consiste el motivo, porque se produjo en el pronunciamiento de la sentencia”. RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LA ENCARTADA ARGUYENDO QUE LA SENTENCIA CONDENATORIA RECURRIDA ADOLECE DEL VICIOS DE INCONGRUENCIA ENTRE LA SENTENCIA Y LAS PRETENSIONES DE LAS PARTES, SEGÚN EL ARTÍCULO 337 DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362.6 DEL CODIGO PROCESAL PENAL. El Censor arguye que con la notificación del requerimiento fiscal, se puso en conocimiento de la acusada los hechos que se le imputan siendo calificados por la Representación del Ministerio Público como APROPIACION INDEBIDA; en el auto de prisión, la formalización de la acusación de la audiencia preliminar, y en el debate o juicio oral y público, también el Ministerio Público formalizó la acusación por el mismo delito. Señala que el artículo 337 del Código Procesal manda que la Sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean las descritas en la formalización de la acusación, contestación de cargos, auto de apertura a juicio, ampliación de la acusación, contestación de esta, ni calificar los hechos, en perjuicio del acusado de forma distinta de la que resulte de las actuaciones indicadas. En este sentido considera que ha de existir correlación entre la sentencia, las alegaciones y pretensiones de las partes, y que en el presente caso, el Tribunal de instancia ha vulnerado el Principio Acusatorio, y puesto en precario la correlación o congruencia en referencia, con violación del principio acusatorio y el de contradicción que informan al proceso penal. Concretamente explica que el vicio in procedendo se produce cuando el Juzgador de instancia ha efectuado una calificación jurídica de los hechos entendiendo que la encartada cometió un delito de HURTO y por tanto de manera distinta a la pretensión del fiscal que lo hizo en el transcurso del proceso por el delito de APROPIACION INDEBIDA. Esta Sala considera importante recordar, que en nuestro sistema procesal penal prevalece el principio acusatorio, por el que la acción penal pública es ejercida por un sujeto procesal distinto al órgano juzgador, el que determina los hechos, individualiza a los imputados, y tiene bajo su responsabilidad la investigación del delito y la carga de prueba de la imputación. Como complemento lógico a la prohibición de que el órgano jurisdiccional pueda plantear de oficio la acusación y sostener la acción penal, la aplicación del principio acusatorio obliga al Juez a respetar los extremos objetivos y subjetivos contemplados y señalados por el ente acusador. En este sentido, se impone la necesidad de una debida correlación entre acusación y sentencia, dejando la concreta determinación del contenido de la acusación a las partes, a fin de evitar el evidente riesgo que supondría para la imparcialidad del órgano decisor, el que se le permitiera sobrepasar los extremos de la acusación misma, lo que de hecho, vendría a suponer el sostenimiento indirecto de la pretensión penal por parte del órgano jurisdiccional. Lo anterior pone en evidencia la existencia de un determinado grado de vinculación en la persona del juez para con el elemento subjetivo (persona acusada) y objetivo (hecho punible) planteados por la acusación, que se traduce en una prohibición general, dirigida al órgano jurisdiccional de variar los elementos esenciales del objeto del proceso penal. Con respecto al elemento subjetivo, el referido principio exige que el Juez o Tribunal únicamente pueda realizar y dirigir el proceso contra la persona o personas que resulten efectivamente imputadas en la acusación. Con respecto al elemento objetivo, lo que el principio prohíbe es facultar al juzgador para incorporar en la sentencia hechos punibles no derivados del escrito de calificación previsto en la acusación, lo que incidiría en el derecho de defensa del imputado ante la posibilidad de ser condenado por un nuevo hecho punible sin habérsele otorgado oportunidad procesal de oponerse al mismo mediante posibles pruebas de descargo[2]. En este sentido, el artículo 337 del Código Procesal Penal hondureño establece que “la sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos o circunstancias que no sean descritas en la formalización de la acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación y en la contestación de ésta, ni calificar los hechos en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas”. De este modo, el precepto legal antes mencionado establece una obligación de correlación entre acusación y sentencia con respecto al objeto del proceso, prohibiéndole al órgano judicial la posibilidad de aplicar una pena por un hecho o a un sujeto distinto al introducido en el proceso por las partes. En este sentido, el principio acusatorio forma parte del haz de garantías de nuestro sistema procesal, directamente vinculado con el derecho fundamental a la defensa que consagra el artículo 82 de la Constitución de la República, que, como es notorio, proscribe toda posible indefensión. Toda persona acusada tiene derecho a conocer oportunamente el alcance y el contenido de la acusación a fin de no quedar sumida en una completa indefensión, por ello el objeto del proceso no puede ser alterado por el Tribunal de forma que se configure un delito distinto diferente al que fue objeto de debate procesal. El derecho a ser informado de la acusación exige su conocimiento completo, con el objeto de evitar un proceso penal inquisitivo que es incompatible con un sistema de derechos fundamentales y libertades públicas. Consecuencia de todo ello es que siempre ha de haber la debida congruencia entre la acusación y la condena, de modo que el Tribunal sentenciador no pierda su objetividad alterando de oficio los hechos o su calificación jurídica, salvo que actué dentro del marco legal de lo pedido, en ejercicio de su facultad individualizadora. Ese derecho a a ser informado de la acusación exige un conocimiento completo de los hechos de que se es acusado y de la calificación jurídica formulada por las partes acusadoras, y, a su vez, es presupuesto necesario de la evitación de indefensión que irremisiblemente se produce cuando se dictan condenas por hechos y cualificaciones de los mismos en un momento en que las posibilidades de defensa ya han pasado. Un análisis detenido de los antecedentes revela que desde que se interpuso el requerimiento fiscal hasta la celebración del juicio oral y público y aún posteriormente por esta vìa recursiva, el ente acusador ha venido sosteniendo que la encausada RINA DINORA GUIFARRO RAMIREZ es responsable del delito de APROPIACION INDEBIDA CONTINUADA, infracción penal tipificada en el artículo 242 No. 8) del Código Penal, en tanto que se le atribuye haber cobrado el importe de varios cheques y tomar el dinero para sì, cuando los mismos estaban destinados al pago de los alquileres del local donde funcionaba el centro hospitalario en la que prestaba sus servicios como enfermera al mismo tiempo que realizaba funciones de naturaleza administrativa que se le habìan confiado en virtud de instrucciones verbales. En este sentido podemos afirmar que no se ha vulnerado el principio acusatorio puesto que a partir de tales hechos es que se ha centrado el debate entre las partes durante las diferentes etapas del proceso. Por otro lado, el ente acusador ha mantenido desde el inicio hasta el final del procedimiento la misma tesis acusatoria, de ahí que la encartada RINA DINORA GUIFARRO RODRIGUEZ ha tenido la oportunidad de defenderse sin que se haya producido quebranto del principio acusatorio como tampoco de la debida correlaciòn o congruencia entre la sentencia y la acusación. Otra cosa es que el Tribunal de instancia en la motivación jurìdica haya absuelto erroneámente a la encartada por el delito de apropiaciòn indebida y le haya condenado por una infracción distinta cuya pena es menor, en este caso por el delito de hurto, sobre lo cual nos pronunciaremos al resolver el recurso por infracción de ley interpuesto por la Representación del Ministerio Público. Por todas las razones anteriormente expuestas el presente motivo de casación formulado por la Defensa ha de ser desestimado. VIII.- Continúa manifestando el recurrente en su: “TERCER MOTIVO POR INFRACCION DE QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. De conformidad con los hechos declarados probados por unanimidad del Tribunal Sentenciador, se ha infringido un precepto de carácter Adjetivo, contenido en la regla cuarta, del articulo 338 del Código Procesal Penal, en cuanto a que proscribe que en la declaración de hechos probados se empleen Conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que ha de dictarse”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 preámbulo, numeral 5) del Código Procesal Penal (en adelante CPP). En la parte que dispone literalmente lo siguiente Recurso de Casación por quebramiento de forma. El Recurso de casación por quebrantamiento de forma podré interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes: 5) La inobservancia de la reglas establecidas en el presente código para la realización del juicio oral y público. Es de dejar constancia desde ahora , que la regla para el desarrollo del juicio oral y público, que inobservada en la sentencia está contenida en el artículo 338, regla cuarta, numeral primero del código procesal penal, comprendido en la deliberación y la sentencia; asimismo en el artículo 266 del CPP., que aparece con el titulo ACTOS INTEGRANTES DEL DEBATE se dispone que el debate o juicio oral y público estará formado por los actos siguientes a) preparación del debate; b) Sustanciación del juicio; y c) Deliberación y sentencia” O sea pues que el precepto en que está comprendida la regla para el desarrollo del debate que se considera inobservada está comprendida dentro del apartado que el Código Procesal Penal se destina a regular precisamente el desarrollo del juicio oral y público. PRECEPTO INFRINGIDO: Artículo 338 regla cuarta numeral 1), en relación directa con el 266, y 362 numeral 5) del Código Procesal Penal, en adelante CPP. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: No obstante la prohibición legal de emplear, en la declaración de hecho probados “conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse”, el ordinal segundo de la que aparece en la sentencia recurrida, se expone “cantidad de dinero que sustrajo para si misma, sin dar explicación alguna de tal situación” al hacer uso del concepto “sustrajo” de exclusivo carácter jurídico, el Tribunal con ese proceder predeterminó el fallo que había de dictar, configurando así el vicio consistente en la inobservancia de la regla que prohíbe el uso de conceptos de la naturaleza señalada en la declaración de hechos probados, y configurando de esa manera, el motivo que del recurso. No pudo hacerse antes ninguna reclamación contra el vicio en que consiste el motivo, porque se produjo en el pronunciamiento de la sentencia que estamos impugnando”. RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LA ENCARTADA RINA DINORA GUIFARRO RAMIREZ ARGUYENDO QUE AL DICTARSE UNA SENTENCIA CONDENATORIA SE HAN INOBSERVADO LA REGLAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CÓDIGO PARA LA REALIZACIÓN DEL JUICIO ORAL Y PÚBLICO.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362.5 DEL CODIGO PROCESAL PENAL. El Censor arguye que el Tribunal de instancia ha inobservado reglas establecidas en el código procesal penal para la realización del juicio oral y público, concretamente en una parte o secciòn de los hechos probados consignados en la sentencia impugnada cuando se afirma que la imputada “sustrajo” una cantidad de dinero para sí misma. Estima el recurrente que el concepto “sustrajo”, es de exclusivo carácter jurídico, y que al hacer uso del mismo, el Juzgador ha predeterminado el fallo que habría de dictar, infringiendo de ese modo la exigencia prevista en el artìculo 338 regla cuarta No. 1 del Código Procesal Penal donde se establece que la declaración de hechos probados se hará con la debida claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que por su exclusivo carácter jurìdico, predeterminen el fallo que haya de dictarse. Esta Sala considera importante recordar, que el vicio alegado por el casacionista tiene lugar cuando en la redacción de los hechos probados se emplean “conceptos” que unitariamente describen una infracción delictiva, de frases técnico-jurídicas que engloban la definición de un concreto tipo punible, siempre que por ellas solas se llegue indefectiblemente al pronunciamiento decisorio acordado, de modo que trastocando el orden de la relación histórica del acontecer enjuiciado y valoración jurídica del mismo, neta separación entre factum (relato de hechos probados) y iudicium (fundamentación jurídica) impuesta por el artículo 338 del Código Procesal Penal, se anticipan en el relato fáctico términos, locuciones o frases de estricta técnica penal, de aquellas que selectivamente se emplean en la elaboración científica sustantiva de las distintas figuras penales, o utilizadas cuando de definir los grados de participación, fases de ejecución o de circunstancias modificativas de la responsabilidad se trata; expresiones que con independencia de la estimación valorativa a efectuar en la fundamentación jurídica de la sentencia, deben reservarse para dicho sector de la misma. En definitiva, el vicio denunciado encuentra su razón de ser en evitar la sustitución de un hecho o sucesión de hechos, elemento fáctico de la sentencia penal, por un concepto jurídico, lo que supone, ya de antemano, la valoración penal del comportamiento, de modo que tiene lugar cuando el Tribunal de instancia ha adelantado en los hechos probados la subsunción, de tal manera que el Tribunal de casación no puede conocer el hecho imputado como tal, sino sólo a través de su significación jurídica. Para que prospere el motivo invocado es necesario que concurran los siguientes requisitos: 1) Que se trate de expresiones técnico-jurídicas que definan o den nombre a la esencia del tipo delictivo aplicado, 2) Que tales expresiones sean asequibles tan sólo a los juristas entendidos en Derecho y su uso no sea compartido en el lenguaje común, 3) Que tengan relación causal con el fallo, y 4) Que suprimiendo tales conceptos, dejen sin base el hecho o los hechos históricamente narrados, es decir, que tal supresión dé lugar a un vacío fáctico y haga incongruente el fallo[3]. Resulta ilustrativo para resolver el motivo formulado, lo expuesto por LOPEZ ZUNIGA y FERNANDEZ ENTRALGO, cuando señalan que “..se incurriría en el vicio sí en la descripción se emplearan expresiones jurìdicas que la norma penal sustantiva utilice para describir la conducta punible, pero sólo en el caso de que dichos términos, por su exclusivo carácter jurídico, impidan su comprensión por personas no conocedoras de la ciencia penal (como ser alevosía, ensañamiento, etc…), ya que al incurrir en esta circunstancia incidirìa en una falta de claridad del relato fáctico. Ello no incluye la consignación de palabras empleadas por el legislador que por su general comprensión estén al alcance de todos (como ser intimidación, violencia, etc…)[4] Como explicabámos líneas arriba, el Juzgador de instancia declaró probado que la imputada “…recibió cheques por un valor total de sesenta mil lempiras, a fin de pagar alquileres de dicha Clínica, cantidad de dinero que sustrajo para sí misma sin dar explicación alguna de tal situación”. Esta Sala es del criterio que la redacción del factum ha podido ser mejor, sin embargo al señalar que la encartada recibió varios cheques con la finalidad de que pagara los alquileres del local donde funcionaba el centro hospitalario en el que prestaba sus servicios y que la cantidad de dinero obtenida la sustrajo para sí misma, no comporta la utilización de un término que tenga un carácter exclusivamente jurídico y que en una relación causa efecto haya anticipado en el relato fáctico la decisión de condenar a la encausada por un delito determinado. Cualquier lego o no conocedor del Derecho entiende que del relato antes mencionado se desprende que la señora RINA DINORA GUIFARRO RAMIREZ recibió cheques para pagar los alquileres del centro hospitalario donde trabajaba y que en vez de ello lo que hizo fue tomar para sì el importe de dichos títulos valores sin rendir explicación alguna al respecto, de ahì que no se haya producido el vicio denunciado por el Censor, consecuentemente debe desestimarse el presente motivo formuldo por la Defensa. IX.- La recurrente, Abogada ELA ARGENTINA ARGUETA SILVA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, formalizó su Recurso de Casación por Infracción de Ley, de la siguiente manera: “POR INFRACCIÓN DE LEY. PRIMER MOTIVO: Infracción por Aplicación Indebida del artículo 223 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El precepto penal citado como infringido por aplicación indebida textualmente dice: Artículo 223. “Comete el delito de Hurto: 1) Sin la voluntad de su dueño toma bienes muebles ajenos, los animales incluidos, sin violencia o intimidación en las personas ni fuerza en las cosas; 2) Encontrándose una cosa perdida no la entrega a la autoridad o a su dueño si sabe quién lo es y se apodera de la misma con ánimo de dueño; y 3) Sustraiga o utilice los frutos u objetos del daño que hubiera causado,...cualesquiera otras que tenga valor económico”. Se entiende del marco legal anterior que el accionar de la imputada va más allá, de la simple acción de sustraer dinero de ajena procedencia como lo aprecia el Sentenciador pues, concurre en el presente proceso otros elementos tales como se describe en el hecho probado segundo, que se le otorgó por los propietarios de la empresa médica, en forma verbal, a la encartada tareas de administración concurriendo por ende una de las hipótesis que contiene el tipo penal de apropiación indebida, aunado a lo anterior se cumplen asimismo algunas condiciones, entre ellas: que recibió cantidades de dinero en cheques con el propósito de pagar ciertas obligaciones que tenía la empresa médica que la imputada administraba.Para condenar por el delito de hurto es necesario que la encartada no haya ejercido nunca el cargo de administradora de la clínica médica y según las declaraciones testifícales evacuadas en juicio manifestaron que ella administraba la misma, concluyendo el Tribunal de Sentencia en el Hecho Probado segundo lo siguiente: SEGUNDO: “La señora Rina Dinora Guifarro Ramírez, laboró en dicha policlínica entre los años dos mil dos y dos mil siete, quién mediante asignaciones verbales, de los socios realizaba tareas administrativas entre ellas el pago de alquileres y otros, aconteciendo de que recibió cheques por un valor total de sesenta mil lempiras, a fin de pagar alquileres de dicha clínica, cantidad de dinero que sustrajo para si misma, sin dar explicación alguna de tal situación”. (el subrayado es nuestro). Como se puede apreciar de la simple lectura del Hecho Probado segundo transcrito en el párrafo que antecede, el Tribunal Sentenciador deja establecido que la señora Rina Dinora Guifarro Ramírez, fue la persona que tal como lo enuncié anteriormente, ejercía labores de administración y por tanto estaba obligada a realizar pagos de alquileres y otros, tal como lo venía realizando desde que inició operaciones dicha empresa médica, pagos que en el transcurso de cierto tiempo no realizó, apropiándose de cheques por la suma de sesenta mil (L.60,000.00) lempiras cantidad de dinero también referida en el cuadro fáctico. Partiendo de este extremo es importante destacar que el Tribunal considera que la imputada, sustrajo la cantidad de dinero en cheques, por lo cual su accionar se encuentra comprendido dentro del tipo penal de hurto; tal y como lo señala en el numeral primero, párrafo segundo apartado de Fundamentación Jurídica. Dado lo anterior, el Ministerio Público recurre al percibir que existe una aplicación indebida del artículo 223 del Código Penal; ya que se considera que la acción delictiva de la enjuiciada va mas allá de un mero Hurto, como se puede colegir de la simple lectura del cuadro fáctico en el hecho probado segundo, donde se describe exactamente la relación de trabajo de la acusada con la empresa médica, en el presente caso la víctima. Para los efectos del articulo 363 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público expresa que la interpretación pretendida del precepto penal relacionado, está orientada a que la procesada obtenga una pena menor a la que realmente le corresponde. Así las cosas se afirma que el sentenciador al haber condenado por el delito de hurto a la imputada, por considerar que no se acreditó en juicio el cargo de administradora en la empresa médica, ha producido en consecuencia la infracción por aplicación indebida del precepto penal contenido en el artículo 223 del Código Penal. RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA INTERPUESTO POR LA REPRESENTACION DEL MINISTERIO PUBLICO DENUNCIANDO LA APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTÍCULO 223 DEL CÓDIGO PENAL, ASI COMO TAMBIEN LA FALTA DE APLICACIÓN DEL ARTICULO 242 no. 8) Y 37 DEL CODIGO PENAL.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360.1 DEL CODIGO PROCESAL PENAL. El Censor arguye que de la simple lectura del hecho probado segundo de la sentencia recurrida, se desprende que la acusada RINA DINORA GULFARRO RAMÍREZ, ejercía labores de administración y por tanto estaba obligada a realizar pagos de alquileres y otros, tal como lo venía realizando desde que inició operaciones la empresa, pagos que en el transcurso de cierto tiempo no realizó, apropiándose de cheques por la suma de sesenta mil lempiras (L.60,000.00) Destaca que el A Quo consideró erróneamente que la conducta de la imputada se subsume en el delito de hurto del artículo 223 del Código Penal cuando debió hacerlo en el delito de apropiación indebida del artículo 242 No. 8) del mismo texto punitivo. Por otra parte. el ente acusador alega que ha debido aplicarse la figura del delito continuado prevista en el artículo 37 del Código Penal. Dada la íntima conexión que existe entre el primer y segundo motivos formulados por la Representación del Ministerio Público, este Tribunal de Casación dispone que por razones de economía procesal ambos sean resueltos en un mismo apartado. Esta Sala considera pertinente recordar que al tenor de lo establecido por el artículo 360 del Código Procesal Penal: “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: a) Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; b) Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: 1) Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; 2) Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; 3) Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; 4) Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y 5) Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal.- En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de ahí que a esta Sala tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de Derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados).Esta Sala considera pertinente destacar las diferencias que existen entre los delitos de hurto y apropiación indebida de tal manera que podamos establecer si la conducta de la encartada RINA DINORA GUIFARRO RAMIREZ se subsume en alguna de las figuras delictivas antes mencionadas. Como lo explica MORENO VERDEJO, el hurto requiere el apoderamiento de la cosa o separación fáctica del ámbito de disponibilidad de su dueño; mientras que en la apropiación indebida la cosa se halla previamente en poder del sujeto pasivo por haberla recibido del sujeto pasivo en virtud de un título que le obliga a entregarla a un tercero o a devolverla. En el hurto, el infractor, sin título alguno legitimador y con mala fe inicial, sustrae furtiva, subrepticia y clandestinamente, las cosas muebles ajenas que estaban en poder de su titular, y sin anuencia de éste, mientras que en la apropiación indebida el sujeto activo recibe legítimamente, mediante un título de transmisión posesoria y con licitud inicial, las cosas muebles ajenas que su titular le entrega voluntariamente[5]. Por su parte, el tratadista español ROCA AGAPITO, sostiene que la diferencia fundamental entre el hurto y la apropiación indebida radica en el título jurídico en virtud del cual se ha hecho entrega de la cosa. Si es uno de los mencionados expresamente en el art. 252 CP (depósito, comisión, administración u otro que genere obligación de entrega o devolución) [6] habrá apropiación indebida. Si la tenencia o detentación de la cosa no comporta ese especial deber jurídico de custodia o gestión del objeto, habrá simplemente hurto…..así por ejemplo en el caso del encargado de un archivo o biblioteca que sustraiga un libro o documento, la Jurisprudencia suele calificar esta conducta como hurto. Por el contrario, en el caso de que exista una posesión autónoma concedida por el dueño que rebase la simple condición de servidor de la posesión, habrá que apreciar apropiación indebida. El servidor de la posesión simplemente ejerce la posesión de otro, en cambio, en la apropiación indebida se puede decir que el sujeto activo ejerce la posesión por sí mismo y con un título legítimo, que le puede conceder alguna facultad (delegada) sobre el bien en cuestión[7]. Como antes lo explicamos, del factum se desprende que en virtud de instrucciones verbales impartidas por socios del establecimiento donde laboraba como enfermera, le fueron asignadas funciones de orden administrativo a la imputada RINA DINORA GUIFARRO, dándose la circunstancia de que a ésta le fueron entregados varios cheques con la finalidad de que pagara los alquileres de un local donde funcionaba la clínica donde trabajaba, sin embargo, el importe de dichos títulos valores lo tomó para sí misma sin que rindiera explicación alguna sobre su destino, de lo cual se deriva que tales cheques le fueron entregados por quien tenía autorización para librarlos, por lo que no puede hablarse de un hurto, ya que la encartada no se apoderó de manera subrepticia o clandestina de tales títulos valores para su posterior cobro. En cambio si se infiere del relato fáctico que habiendo recibido los mencionados cheques de manera legítima no los destinó al pago de alquileres sino que habiéndolos cobrado tomó el dinero para sí, conducta que se subsume en el delito de apropiación indebida del artículo 242 No. 8) del Código Penal donde se establece en su parte conducente que incurrirá en las penas del artículo anterior “quien en perjuicio de otro se apropiare de dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble….que hubiere recibido en administración, o por otro título que conlleve obligación de entregarla o devolverla…”. La Defensa ha sostenido que la encartada no ostentaba la condición de Administradora de la sociedad mercantil titular del establecimiento donde laboraba y que por tanto no puede considerarse que realizaba actos de administración, habida cuenta que al tenor de lo previsto en el artículo 78 del Código de Comercio “..la Administración de las sociedades de responsabilidad limitada estará a cargo de uno o más Gerentes..”. Esta Sala es del criterio que si bien es cierto no se acreditó en juicio que la imputada ostentara el cargo de Gerente del establecimiento mercantil donde prestaba sus servicios, no es menos cierto que en virtud de un contrato de mandato especial gratuito y verbal se le confiaron varios cheques para que los utilizara en el pago de alquileres, en este sentido cabe aplicar aquí lo previsto en los artículos 1888, 1889, 1891 y 1892 del Código Civil de los cuales se desprende que por el contrato de mandato se obliga una persona a prestar algún servicio o hacer alguna cosa, por cuenta o encargo de otra; que el mandato puede ser expreso o tácito; no requiere ser formalizado por escrito de tal manera que puede inclusive darse de palabra; puede ser especial, es decir para determinados negocios del mandante y que salvo pacto en contrario se supone gratuito. En lo que se refiere al carácter continuado de la infracción, el artículo 37 del Código Penal establece que “..cuando se cometa un mismo delito contra la propiedad dos (2) o más veces, bien sea en un solo momento o en momentos diversos, mediante acciones u omisiones ejecutadas en cumplimiento de un plan preconcebido o aprovechando idénticas o similares circunstancias, dichos delitos se considerarán como un solo continuado. Del relato fáctico se desprende que la encausada aprovechándose de la confianza que se depositara en ella para realizar el pago periódico de los alquileres del establecimiento donde trabajaba, en diversas ocasiones cobró el importe de los mismos y lo tomó para si misma, por lo que incurrió en un delito continuado de apropiación indebida. En tal situación se aplicará la pena más grave, aumentada en dos tercios. Tomando en cuenta que de acuerdo a la documentación aportada en el proceso se desprende que cada apropiación correspondiente a un mes de alquiler no pagado ascendía a la suma de siete mil quinientos lempiras (vid. Folio No. 7) tenemos entonces que la pena abstracta para el delito de apropiación indebida en su modalidad básica es de cuatro a siete años de reclusión cuando la cuantía de lo indebidamente apropiado supera los cinco mil y no excede de los cien mil lempiras, misma que aumentada en dos tercios en virtud de la ejecución de un delito continuado nos arroja finalmente una pena abstracta de seis años ocho meses a once años ocho meses de reclusión. Tomando en cuenta que no se aprecia la concurrencia de atenuantes ni agravantes ni que se haya puesto en evidencia que la encartada sea una persona de especial peligrosidad, este Tribunal de Casación considera procedente aplicar a la imputada RINA DINORA GUIFARRO RAMIREZ, la pena de seis años ochos meses de reclusión. Por todas las razones anteriormente expuestas se declara con lugar los dos motivos que por infracción de ley ha planteado la Representación del Ministerio Público. X.- Continúa manifestando la recurrente en su: “SEGUNDO MOTIVO: Infracción por Falta de Aplicación del artículo 242.8 en relación al artículo 37 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Los preceptos penales y legalmente citados como infringidos por falta de aplicación textualmente dicen: Artículo 242.8.- “Incurrirá en las penas del artículo anterior... 8) Quién en perjuicio de otro se apropiare o distrajere dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que hubiere recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que conlleve obligación de entregarle o devolverla, o negare haberla recibido”. Debemos retomar lo que el Sentenciador determinó como Hechos Probados para mayor comprensión de la exposición; como ya lo hemos sostenido, se puede apreciar en el cuadro fáctico en el numeral segundo, que el Tribunal Sentenciador deja establecido lo siguiente: SEGUNDO: “La señora Rina Dinora Guifarro Ramírez, laboró en dicha policlínica entre los años dos mil dos y dos mil siete, quién mediante asignaciones verbales, de los socios realizaba tareas administrativas entre ellas el pago de alquileres y otros, aconteciendo de que recibió cheques por un valor total de sesenta mil lempiras, a fin de pagar alquileres de dicha clínica, cantidad de dinero que sustrajo para si misma, sin dar explicación alguna de tal situación”. (el subrayado es nuestro). Al observar el cuadro fáctico, hecho segundo, se logra determinar que en el mismo se ven cumplidos todos los requisitos exigidos en el precepto legal que contiene el delito de Apropiación Indebida; pues se evacuó en Audiencia de Debate las declaraciones de testigos que confirman la condición en que operaba la encartada y las funciones que desempeñaba en la Empresa Médica. Así las cosas se afirma que el Sentenciador al haber condenado por el delito de Hurto y no por el delito de Apropiación Indebida, resta responsabilidad penal a la imputada por lo que ha producido en consecuencia la infracción del precepto penal contenido en el artículo 242.8 del Código Penal. Esta Fiscalía considera asimismo que el Sentenciador vulneró por falta de aplicación la norma penal contenida en el artículo 37 del Código Penal el cual establece: Artículo 37.- “Cuando se cometa un mismo delito contra la propiedad dos (2) o mas veces, bien sea en un solo momento o en momentos diversos, mediante acciones u omisiones ejecutadas en cumplimiento de un plan preconcebido o aprovechando idénticas o similares circunstancias, dichos delitos se considerarán como uno solo continuado”. Al desprenderse del hecho probado segundo que la imputada recibió “cheques” por un valor de sesenta mil lempiras (L.60,000.00), a fin de pagar alquileres y otros, resulta por lo tanto evidente que la imputada repitió su acción delictiva produciendo un delito continuado con relación al ilícito penal de apropiación indebida al quedarse con los cheques que recibía de la empresa en forma mensual, sin embargo se le condenó por el delito de Hurto dejando de aplicar el tipo penal correspondiente al delito de Apropiación Indebida cuya pena deberá ser aumentada en dos tercios (2/3) por haberse cometido el mismo de manera continuada. En base a los razonamientos jurídicos y fácticos expuestos, el Ministerio Público estima que debe procederse a casar la sentencia en virtud de que la misma adolece del vicio in iudicando señalado y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada”. RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA INTERPUESTO POR REPRESENTACION DEL MINISTERIO PUBLICO ARGUYENDO QUE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA INCURRIO EN INFRACCION DE LEY POR FALTA DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 242.8 EN RELACIÓN AL ARTÍCULO 37 DEL CÓDIGO PENAL. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 361 DEL CODIGO PROCESAL PENAL. El presente motivo ha sido declarado con lugar atendiendo a las razones que se explican abundantemente en el apartado anterior.
POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 90, 303, 304, de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360, 361 y 362.1,5,6 y 7 del Código Procesal Penal.- FALLA: 1) Declarando SIN LUGAR el recurso de casación por Infracción de Ley sustantiva, en su motivo único; Infracción de Precepto Constitucional, en sus dos motivos; y por Quebrantamiento de Forma, en sus tres motivos, interpuestos por el Apoderado Defensor de la Acusada RINA DINORA GUIFARRO RAMIREZ; 2) Declarando CON LUGAR el recurso de casación por infracción de ley interpuesto por la Representación del Ministerio Público en sus dos motivos; 3) Casando la sentencia de fecha cinco de agosto de dos mil once dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua; 4) Absolviendo a la imputada RINA DINORA GUIFARRO RAMIREZ del delito de HURTO en perjuicio de la sociedad mercantil denominada LA POLICLINICA MEDICO QUIRURGICA DE LA ESPERANZA INTIBUCA S. DE R.L.; 5) Declarando penalmente responsable a la encartada RINA DINORA GUIFARRO RAMIREZ como autora del delito de APROPIACION INDEBIDA CONTINUADA en perjuicio de LA POLICLINICA MEDICO QUIRURGICA DE LA ESPERANZA INTIBUCA S. DE R.L; 6)Imponiendo a la encausada RINA DINORA GUIFARRO RAMIREZ la pena de SEIS AÑOS OCHO MESES de RECLUSION, más las penas de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la condena, en lo demás se mantiene incólume la sentencia recurrida Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda con arreglo a Derecho.- REDACTO EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- EDITH MARIA LOPEZ RIVERA.- MAGISTRADA.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de enero del año dos mil quince.- Certificación de la sentencia de fecha diecisiete de noviembre del año dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-461-2011.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] Mediante Decreto No. 74-2013 del 8 de mayo de 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,301 del 11 de diciembre de 2013 y con vigencia a partir de esa misma fecha, se reformó el artículo 337 del Código Procesal Penal, extendiendo la vinculación del Juzgador a “..las conclusiones expuestas por las partes en la Audiencia de Debate…”
[2] Vid. CUELLAR CRUZ, RIGOBERTO, en Ensayos sobre Política Criminal, Derecho Penal y Proceso Penal, Tegucigalpa, AGM, 2004, pág. 31 y ss.
[3] Vid. LUZON CUESTA, JOSE MARIA, El Recurso de Casación Penal, 2ª Edición, Editorial COLEX, Madrid, 2000, pág. 145 y ss.
[4] Vid. LOPEZ ZUNIGA, JAIR EDUARDO / FERNANDEZ ENTRALGO, JESUS, en AAVV, Derecho Procesal Penal de Honduras (Manual Teórico-Práctico), LITICOM, Tegucigalpa, 2004, pág. 595.
[5] Vid. MORENO VERDEJO, JAIME, en AAVV, Código Penal, Comentarios y Jurisprudencia, (Adaptado al euro), Tomo II, DEL MORAL GARCIA, ANTONIO / SERRANO BUTRAGUEÑO, IGNACIO (Coordinadores), Editorial Comares, Granada, 2002, pág. 1734.
[6] Precepto del Código Penal español, equivalente al artículo 242 No. 8) del Código Penal hondureño.
[7] Vid. ROCA AGAPITO, LUIS, en AAVV, Derecho Penal Español, Parte Especial (II), Director: F. JAVIER ÁLVAREZ GARCÍA; Coordinadores: ARACELI MANJÓN-CABEZA OLMEDA / ARTURO VENTURA PÜSCHEL, págs. 293-294.