Sentencia CP-451-12 — Registro 5426
Resumen
Se condenó al imputado en primer instancia por el delito de facilitación de medios de transporte para el tráfico ilícito de drogas. resolviendo en segunda instancia Sin Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."De la Procedencia del Recurso.- El núcleo de la censura de la Libelista estriba en el hecho de que el Tribunal de Sentencia, receptó prueba, valoró prueba y dio por probado hechos derivados de prueba ilícita que afecta directamente el pronunciamiento del fallo. Identifican como prueba ilícita el hallazgo y posterior decomiso de la droga, encontrada en el interior de una mochila en la Gran Terminal de Autobuses San Pedro Sula. Para poder resolver lo planteado es preciso detenernos primero en conceptualizar que es Prueba Ilícita y que es Prueba Ilegal. Prueba Ilícita: Señala el Artículo 1 de la Constitución de la República que Honduras es un Estado de Derecho, ello es ciertamente la base de todo el sistema estatal, por cuanto los Poderes del Estado, instituciones Centralizadas, Descentralizadas y Desconcentradas y con ello todo funcionario público y empleado público debe de desarrollar sus funciones, asir su comportamiento, bajo lo preceptuado en las normas legales validas y vigentes, a efecto de que éstas sean positivas y eficaces.- El Estado de Honduras, no puede basarse en actuaciones realizadas al margen de la ley o contrarias a la ley, por cuanto sería un contrasentido que queriendo hacer prevalecer el imperio de la ley, se valga de actos ejecutados al margen de ésta.- Particularmente en el Proceso Penal, el respecto al Derecho, a la Ley, constituye su fundamento existencial, es a través del Proceso Penal que el Estado de Honduras imputa a una persona un acto contrario a la Ley, debiendo celebrar dicho proceso con estricto ajuste a las normas para que la consecuencia del juicio sea válida.– Concretamente interesa que en el Proceso Penal la prueba que se reproduzca sea de carácter lícita y de carácter legal.- La Prueba es de carácter licita cuando ha sido obtenida mediante un acto o procedimiento estipulado o permitido por la ley, ergo, la prueba es de carácter ilícita cuando para su obtención se ha violentado la ley, causando la violación o la disminución ilegitima de derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República o violación o disminución ilegitima de los Derechos Humanos establecidos en los Tratados y Convenios que formen parte del Derecho Interno Hondureño y que compongan el bloque Constitucional.- De lo anterior se concluye que para la existencia de prueba ilícita se requiere los siguientes presupuestos: A)Que se haya obtenido una prueba o una fuente de prueba; B) Que dicha obtención haya sido contrario a la ley, es decir no amparada por la ley; Incluye aquí el prevalecimiento de la supremacía de la Constitución de la República o de las normas que integran el bloque constitucional, por cuanto aun cuando un reglamento o una ley autorice la obtención de la fuente de prueba, ésta se considerara ilícita si se contradice con normas fundamentales; C) Que la obtención de la fuente de prueba haya significado la violación o disminución ilegitima de garantías fundamentales o de derechos humanos, reconocidos en la Constitución de la República o en los Tratados y Convenios que formen parte del derecho interno del Estado, respectivamente; D) Que la violación o disminución ilegitima de ese derecho fundamental o de ese derecho humano, sea en perjuicio de una persona o un grupo de personas determinadas, ya sea que estas personas participen como actores del proceso o que sean terceros desligados a éste; E) Que sin la inobservancia o disminución ilegitima del derecho fundamental o del derecho humano, no hubiese sido posible la obtención de la prueba; y, F) Que la inobservancia o disminución ilegitima del derecho fundamental o del Derecho Humano sea anterior o simultánea a la obtención de la prueba.- El Legislador Hondureño, ha previsto que cuando se reproduzca un medio de prueba ilícito en el proceso, la sanción procesal será el desconocimiento de cualquier valor probatorio de ésta –Árbol Envenenado-; Pero además el legislador hondureño ha establecido que también carecerán de eficacia probatoria todo medio de prueba que se derive directamente de aquella que ha sido obtenida mediante la violación o disminución ilegitima de garantías fundamentales o derechos humanos –Frutos del Árbol Envenenado[3]-. Un medio de prueba se deriva de otro ilícito, cuando suprimiendo hipotéticamente el segundo, automáticamente el primero se vería igualmente suprimido, debido a su dependencia existencialista; A partir de ésta idea ultima la prueba ilícita no puede ser apreciada valorativamente, si es posible apreciar aquella que se le derive, siempre que concurra cualquiera de las siguientes circunstancias: A) Hallazgo Inevitable o Descubrimiento Inevitable: Cuando la prueba derivada, con o sin la prueba ilícita, estaba destinada a ser encontrada; Dependerá aquí hacer una relación suficientemente razonada del porque la prueba derivada hubiese sido inevitablemente encontrada, aun cuando no hubiese existido la prueba ilícita; y, B) Fuente Independiente: Cuando la prueba derivada se desprenda al mismo tiempo e inevitablemente de otro medio de prueba licito e independiente al de carácter ilícito; Entre la fuente independiente y la prueba ilícita no debe de haber dependencia existencial, relación o subordinación. El estudio a desarrollar por los Juzgadores es la relación causal entre la prueba ilícita y la fuente independiente y al determinarse que no existe ninguna, la ilicitud de la prueba no alcanza la prueba derivada, por cuanto ésta última se desprende igualmente de una fuente independiente lícita.- El control procesal de la prueba ilícita puede ser de previo o a posteriori: De previo inadmitiendo el medio de prueba en la audiencia de proposición de ésta a consecuencia de su ilicitud –Artículo 317 del CPP- o denunciando su ilícito en la etapa de incidentes del debate por hechos nuevos o hechos antes no conocidos hasta entonces –Artículo 320 CPP-; o a posteriori cuando el Tribunal de Sentencia, en su valoración, niegue crédito a la prueba y a toda aquella que se derive de ésta –Artículo 220 CPP-.- Con todo, existe una sola excepción, en donde por respeto al Derecho de Defensa, se autoriza a los Tribunales valorar una prueba ilícita, y es cuando su valoración sea solicitada expresamente por el titular o todos los titulares del derecho fundamental o del derecho humano que haya sido inobservado o disminuido ilegalmente, siempre que participe en el proceso penal en su calidad de Imputado. Como hemos dicho la prueba ilícita tiene el carácter de tal como consecuencia de haber violentado o disminuido ilegítimamente un derecho fundamental o un derecho humano, sin embargo esa prueba ilícita puede significar un medio de defensa de descargo del Imputado titular de ese derecho, por lo que al solicitarlo éste, el Tribunal deberá de valorar el medio de prueba considerado ilícito –pudiendo ser esta valoración positiva o negativa-, por cuanto su desconocimiento conllevaría a un doble perjuicio del imputado: el primero al habérsele inobservado o restringido ilegítimamente un derecho fundamental o un derecho humano y, segundo el desproveerlo de un medio de prueba en su defensa precisamente por haber sido víctima de la violación a un derecho fundamental o a un derecho humano: Ejemplo: Allanamiento a una casa de habitación, en horas de la noche, sin autorización de sus moradores y sin que concurran las circunstancias excepcionales que establece la Constitución de la República, constatándose en ese allanamiento la ausencia de armas o explosivos.- Ciertamente el acto del allanamiento es ilícito y, como regla general, no puede ser reproducido como medio de prueba en juicio, así como todo elemento que le deriva de éste, sin embargo y a petición del Imputado, el Tribunal deberá de valorarlo, caso contrario se le provocara doble perjuicio al imputado, por un lado ser objeto de un allanamiento ilícito y por otro, ser desprovisto de un medio de prueba a su favor a causa precisamente por haber sido objeto de un allanamiento ilícito. La Prueba Ilegal es aquella que es calificada así, no como consecuencia del proceso de obtención, sino como consecuencia de la inobservancia de la ley al momento de su reproducción en el proceso penal. En estos casos existe una violación a la garantía del debido proceso, por cuanto el medio de prueba se aparto del procedimiento establecido en el código de rito, para su presentación y reproducción en el debate, vicio que puede ser saneado de las siguientes formas: renovando el acto, rectificando el error o cumpliendo el acto omitido –Artículo 171 CPP-.- Estos son los casos, como ejemplo, en donde se realiza una inspección ocular sin presencia del Tribunal o se toma la declaración de un testigo sin juramentación y advertencias legales previas: En el primer caso será necesario renovar el acto con la presencia del Tribunal, en el segundo caso, bastara con cumplir el acto que fue omitido. Criterio de la Sala Respecto al Motivo: La Recurrente afirma que el medio de prueba consistente en el registro de la persona imputada y la incautación de la droga decomisada es de carácter ilícito, criterio que no comparte este Tribunal de Casación debido a que no fue habido dicho medio de prueba como consecuencia de un acto contrario a la ley y que implicara la violación a un derecho fundamental o de un derecho humano de una persona(s), por el contrario, según se relata en la sentencia, las actas de decomisos o secuestro y de registro personal están suscritas por agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, aceptadas y suscritas por el propio Imputado, determinándose asimismo en la Sentencia-lo cual constituye razón suficiente- que si en un lugar público donde converge cualquier cantidad de personas como lo es la Gran Terminal de Autobuses de San Pedro Sula, no se permitiese a los encargados de la seguridad realizar todas aquellas diligencias tendientes a evitar o reprimir la comisión de delitos, seria como aceptar que en dicho lugar tenga lugar la comisión de hechos ilícitos. No se debe olvidar que los miembros de la Seguridad Privada de dicho lugar, llamaron a La Policía Nacional quienes se agenciaron de la evidencia, que mas tarde se constituyo como prueba, por diligencias que no están reñidas con la ley, mucho menos que significaran afectación de derechos de persona alguna, entonces la obtención de este medio de prueba no constituyen prueba ilícita.- Al contrario, el Tribunal Supremo ha estudiado la base probatoria de la sentencia emitida, determinando que el fallo no se apoya en ningún medio de prueba que afecta la validez de la sentencia, así como tampoco se aprecia una violación al Derecho de Defensa, toda vez que el mismo no gravita en la inexistencia de la posibilidad material para la parte Defensora de realizar actos procesales en descargo a las imputaciones formuladas contra el acusado, tampoco en el hecho de que se encontrase, en algún momento de la actividad procesal, en una condición desventajosa en relación a su contraparte, como consecuencia de una situación material o por disposición de una ley, sin que el Tribunal procurase balancear dichas diferencias, a efecto de colocar a los litigantes en un mismo plano de oportunidad frente al proceso. Por lo anterior el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional debe de ser declarado SIN LUGAR..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el día tres (3) de Noviembre del año dos mil catorce (2014) , por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO en su calidad de Coordinador, MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO Y JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, dicta sentencia conociendo el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veinticuatro de julio de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falló:1) CONDENANDO al señor J. R. C. S., a la pena de SEIS (6) AÑOS DE RECLUSION, por el delito de FACILITACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.2)CONDENANDO al señor J. R. C. S., a pagar a favor de LA ADMINISTRACION PUBLICA la cantidad de CINCUENTA MIL LEMPIRAS (L.50.000.00). 3) CONDENANDO al señor J. R. C. S. a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena.4) DECLARO civilmente al señor J. R. C. S. de la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por dichos delitos. 4) NO CONDENO en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, la Abogada D. O. P., en su condición de Defensora Pública del señor J. R. C. S.. SON PARTES: La Abogada A. R. P., en su condición de Defensora Pública del señor J. R. C. S. como Parte Recurrente y la Abogada R. C. en su condición de Fiscal del Ministerio Público como Parte Recurrida. HECHOS PROBADOS “Este Tribunal de acuerdo a las pruebas practicadas en juicio y valoradas de acuerdo con los criterios de la sana crítica, la razón, las máximas de la experiencia, la lógica, la psicología y el sentido común, declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: UNICO: Que el día tres de febrero del año dos mil once, siendo las ocho con treinta minutos de la mañana, en La Gran Terminal Metropolitana de Autobuses de San Pedro Sula, Cortés, se encontraba el señor L. E. O. M., desempeñando sus labores como Guardia de Seguridad de dicho establecimiento, cuando observó al joven J. R. C. S., con una conducta sospechosa, procedió a abordarlo solicitándole un registro de la mochila que portaba, encontrándole en una bolsa de color negro en el interior de la mochila, la cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES PUNTO DOS GRAMOS (173.2 Grs.) de hierba seca (marihuana), cantidad que no es compatible para el consumo personal inmediato, siendo detenido y puesto a la orden de la Policía Nacional.” C O N S I D E R A N D O I.- El Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por la Abogada D. O. P., en su condición de Defensora Pública del Señor J. R. C. S., reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo.” II.- LA RECURRENTE ABOGADA D. O. P., PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL DE LA MANERA SIGUIENTE:”EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. MOTIVO UNICO: Infracción del Precepto Constitucional contenido en los artículos 82 y 90 en relación con los artículos 303 y 307 de la Constitución de la Republica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el. artículo 361 Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO. Las Normas sustantivas infringidas son los artículos 82, 90, 303 y 307 de la Constitución de la República, que establecen: “Que el derecho de Defensa es inviolable, y que los habitantes de la República tiene libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes”. ARTICULO 90. “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.”.Artículos estos que han sido violentados por el Tribunal de Sentencias por no haberse enervado el estado de inocencia que le asiste al acusado, ya que la prueba aportada se encuentra viciada por haber sido obtenida con violación de un derecho fundamental, irrespetando los estándares del debido proceso contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República. Ya que se desprende con las declaraciones de los testigos lo siguiente: La declaración del procesado J. R. C. S., dice “el guardia me dijo que me hacia un registro yo le dije esta bien, en eso llego un muchacho y pregunto por los buses yo le dije que no sabia, vino el puso una mochila en la pared de la Terminal y quede a corta distancia en eso llegaron los guardias y me preguntaron de quien era, y yo les dije que era d el, de ahí vino uno me dijo deci que es tuya, de ahí vino un guardia saco la bolsa de la mochila, de ahí volvió a meter la bolsa a la mochila , se metieron a la oficina y me empezaron a golpear para que dijera que era mía, yo les dije que no sabia”, el testigo O. M. H. dijo: “pregunta la Defensa al testigo: En que consistió la información para trasladarse a la Terminal ? Recibimos una llamada de la posta de chamelecon de que en ese sector había una persona detenida y que únicamente portaba una mochila con hierbas de marihuana y fuimos a verificar en una patrulla y la información si era cierta”. Otra pregunta “es decir que cuando usted llego ya los guardias sabían el contenido de esa mochila”? contesta SI, PREGUNTAS DEL TRIBUNAL: cuando llegan a la oficina de la gran Terminal quien tiene esa mochila en poder de quien se las entrego a usted? Contesta: Un guardia que supuestamente lo había registrado”. Declaración de L. E. O. dijo: “Que lo hizo hacer el Registro? contesta “ Siempre hacemos eso cuando anda una persona ahí espiando, porque anda bastante gente robando, de allí llamaron a la policía y yo me fui para mi puesto, a quienes se refiere? Yo le dije al capitán encargado de toda la Terminal. Preguntas de la Defensa: “ en que lugar lo hizo cuando registro la mochila? Contesta; adentro de la Oficina.”.La Defensa del imputado al analizar el expediente en su conjunto observo desprenderse del mismo la ilegalidad de dicho acto, vulnerando la norma de un orden procesal o de una simple omisión de una formalidad, sino por el contrario de un comportamiento que compromete el respeto del marco constitucional, al vulnerarse directamente lo que la constitución no tolera ni permite, que se procediera al Registro de la mochila del encausado por los Guardias de Seguridad de la Gran Terminal de la Ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes, sin el previo control de legalidad del acto efectuado, por lo que el acto cuestionado debía ser declarado nulo, porque la vulneración de una garantía constitucional, acarrea de pleno derecho, nulidad del acto viciado, por imperativo constitucional. Consideramos y como se manifiesto antes, el Tribunal sentenciador debió declarar nulo lo relacionado con lo de FACILITACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILICTO DE DROGAS, y nos deja la duda razonable, si los guardias tenían sospechas de que en el interior de dicha mochila había droga, ellos no debieron de practicar el registro, si no que tenían que llamar de inmediato a la policía nacional para que lo practicara, tal como lo ordena el articulo 203 del Código Procesal Penal que dice. “La policía Nacional, se encargara de inspeccionar y custodiar el lugar donde ocurrieron los hechos que se investigan.”, Artículo 207. La forma de practicar los Registros Personales se practicaran individualmente y con respecto absoluto para la dignidad, el pudor, la integridad corporal y la salud de las personas. El Registro de personas será efectuado por agentes del mismo sexo y de no haberlas, por dos personas también del mismo sexo, designadas para el efecto”. Honorables Magistrados consideramos que la prueba recolectada en el caso que nos ocupa carece de eficacia probatoria por haberse violado las garantías procesales establecidas en la Constitución de la República y en los convenios internacionales relativos a derechos humanos de los que Honduras forma parte, así como cuantos sean consecuencia necesaria de tales actos o hechos y que no hubiere sido posible su obtención sin la información derivada de ellos, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan podido incurrir quien obtuvo ilícitamente la información. En consecuencia la prueba vertida en juicio es ilícita (espuria), o prohibida, por la forma en que se obtuvo, por lo que creemos que la prueba es el elemento procesal mas susceptible de ser alterada, pues su manipulación se puede dar en varios momentos: a) a la hora de formarla, b) a la hora de aplicarla, c) al momento de decisión Judicial. Esta Defensa considera que la Prueba en materia penal es sinónimo de garantía y como tal debe de manejarse tanto en la fase de formación, como al introducirla en el proceso y finalmente al momento de apreciarle por parte del Juzgado, quien debe acudir a los mas estrictos criterios dentro del esquema de la libre convicción (sana crítica), para no mancillar esa condición, pues la naturaleza de garantía la convierte en imperativa, de ahí que cada vez que la prueba venga vulnerada y se le niegue este carácter de garantía en el proceso penal, la consecuencia lógica es la NULIDAD ABSOLUTA de esta. Si queremos hacer realidad nuestro anhelo de tener un proceso ajustado a derecho, necesariamente debemos respetar la forma que la Constitución nos indica. Todo ello para lograr una tutela eficaz de la persona humana y de sus derechos fundamentales, debemos venerar nuestra ley fundamental y defenderla de quienes no quieran acatarla. Es la única manera de lograr la efectiva vigencia del derecho constitucional al debido proceso que toda persona tiene. No puede aceptarse que la lucha procesal sea como una guerra en la cual el “FIN JUSTIFIQUE LOS MEDIOS”, de manera que se pueda recurrir aun a las peores atrocidades con el pretexto de querer encontrar la verdad para aplicar la sentencia, en consecuencia si la prueba se obtiene mediante la violación a un derecho fundamental como es el presente caso se convierte en un medio ilícito de administrar la justicia. En una palabra será ilícito todo aquel elemento probatorio que sea consecuencia de un procedimiento irrespetuoso de las formas que la ley establece para la obtención de la prueba. Dicho lo anterior se colige que es una obligación del Estado y especialmente impartiendo justicia en un proceso penal el no escatimar esfuerzo en la búsqueda de la verdad real, para garantizar a quien lo enfrenta, un juicio justo, el hecho de tomar en cuenta la prueba supra indicada para basar su fallo y condenar y condenar por el delito FACILITACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS” a mi representado J. R. C. S. en perjuicio de LA SALUD PUBLICA, lo cual solo puede ser subsanado a través del presente recurso de Casación.” RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LA ABOGADA D. O. P., APODERADA DEFENSORA PUBLICA DEL ACUSADO J. R. C. S.; PRECEPTO AUTORIZANTE ARTÍCULO 361 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL; NORMA INFRINGIDA ARTÍCULO 82 y 90 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 303 Y 307 CONSTITUCIONALES.. I.__ El Artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse Recurso de Casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo en la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la Ley Procesal y ello obedece a la intención del Legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el Artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general, toda norma legal puede vincularse con una norma constitucional, más el Recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de Recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de Casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los Recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Forma, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores[2] (Recursos Extraordinarios). La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. II. Bajo éste título la Petente denuncia la violación al Derecho de Defensa y del Debido Proceso, planteando los siguientes hechos: 1).- Por no haberse enervado el Estado de Inocencia que le asiste al acusado, ya que la prueba aportada se encuentra viciada por haber sido obtenida con violación de un derecho fundamental, irrespetando los estándares del debido proceso contenido en el Artículo 90 de la Constitución de la República. 2).- Considera la Recurrente que el Tribunal Sentenciador, debió declarar nulo lo relacionado al Delito de FACILITACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS, ya que se establece duda razonable, ya que si los guardias privados tenían sospechas de que en el interior de la mochila había droga, ellos no debieron de practicar el registro, sino que tenían que llamar de inmediato a la Policía Nacional para que lo practicarán, como lo ordena el Artículo 203 del Código Procesal Penal. 3).- La Prueba recolectada carece de eficacia probatoria por haberse violado las garantías procesales establecidas en la Constitución de la Republica, en consecuencia la prueba vertida en juicio es ilícita o prohibida, por la forma que se obtuvo. III.__ La Garantía del Debido Proceso se encuentra regulada por el Artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, definido tradicionalmente como aquel que garantiza que nadie puede ser condenado sino tras haber sido juzgado por un Tribunal competente, bajo las formalidades previamente previstas en la ley. Sin embargo el Principio del Debido Proceso más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del Debido Proceso legal, como ser el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, entre otros, en fin el Principio del Debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. El Debido Proceso se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate, ergo la trasgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados.- La Sentencia debe ser el resultado de la celebración de un debate en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la sentencia se convierte en un fruto viciado; Estas reglas esenciales son los principios informadores de la fase de juicio: defensa, presunción de inocencia, contradicción, inmediación, oralidad, concentración y publicidad. (Al respecto ver fallo de la Sala Penal de fecha 30 de Noviembre del 2011 en Exp 318-2010).- Particularmente y por referencia al recurso interpuesto, la Sala de lo Penal ha señalado que: “... uno de los requisitos Constitucionales del Proceso Penal, lo constituye el Derecho de Defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal, en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, como una manifestación del denominado derecho al debido proceso que “supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a sí mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado” (Véase Pavón Gómez German. De la Casación y la Revisión Penal. 2ª edición. Doctrina y Ley. 2003. Colombia. P 48 y 49.” (En fallo de fecha 02 de Noviembre del 2011, contenido en el expediente 342-09); Además esta Sala de lo Penal ha establecido que “…el derecho de defensa se lesiona, verbigracia, cuando se imposibilita al acusado la oportunidad durante la totalidad del proceso, de defenderse de los cargos, o para demostrar su versión de los hechos, el acceso irrestricto a las pruebas de cargo, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa sin sanción o censura alguna…” (En fallo de fecha 22 de Septiembre del 2011, contenido en el Expediente 390-09).- El Derecho de Defensa de derechos subjetivos es una reacción al hecho delictivo que obliga al Estado y posibilita al perjudicado a presentar la acción penal en los casos permitidos por la ley, pero además, entablada la acción, genera el derecho de la persona acusada de oponerse a ella, por tanto vincula a todas las partes litigantes en contienda, generando el deber de los órganos jurisdiccionales de velar estrictamente por su cumplimiento, potencializando su ejercicio y sancionando su inobservancia en el estricto equilibrio que le exige el Principio de Igualdad.-Pero además el Derecho de Defensa también le asiste al Ministerio Público, acusador privado o Procuraduría General de la República, en su caso, a quienes de igual forma se les debe de garantizar la observancia de las normas procesales que permitan la defensa de los intereses que representan, teniendo el derecho de presentar la acción penal y poder sustentarla a lo largo del proceso con la presentación de medios de prueba, con la oportunidad de presentar argumentos y con el espacio para oponerse a las pretensiones de la contraparte, pero todo ello, como ya se indico, en equilibrio proporcionado al Derecho de Defensa de aquellos contra los cuales se dirija la acción penal, equilibro que es obligación de los Tribunales garantizar y cuya fuente es el Principio de Igualdad de las partes ante la Ley y por tanto frente al Proceso, por lo que el Derecho de Defensa también es un derecho de la parte acusadora en su participación en el proceso. IV.__ De la Procedencia del Recurso.- El núcleo de la censura de la Libelista estriba en el hecho de que el Tribunal de Sentencia, receptó prueba, valoró prueba y dio por probado hechos derivados de prueba ilícita que afecta directamente el pronunciamiento del fallo. Identifican como prueba ilícita el hallazgo y posterior decomiso de la droga, encontrada en el interior de una mochila en la Gran Terminal de Autobuses San Pedro Sula. Para poder resolver lo planteado es preciso detenernos primero en conceptualizar que es Prueba Ilícita y que es Prueba Ilegal. Prueba Ilícita: Señala el Artículo 1 de la Constitución de la República que Honduras es un Estado de Derecho, ello es ciertamente la base de todo el sistema estatal, por cuanto los Poderes del Estado, instituciones Centralizadas, Descentralizadas y Desconcentradas y con ello todo funcionario público y empleado público debe de desarrollar sus funciones, asir su comportamiento, bajo lo preceptuado en las normas legales validas y vigentes, a efecto de que éstas sean positivas y eficaces.- El Estado de Honduras, no puede basarse en actuaciones realizadas al margen de la ley o contrarias a la ley, por cuanto sería un contrasentido que queriendo hacer prevalecer el imperio de la ley, se valga de actos ejecutados al margen de ésta.- Particularmente en el Proceso Penal, el respecto al Derecho, a la Ley, constituye su fundamento existencial, es a través del Proceso Penal que el Estado de Honduras imputa a una persona un acto contrario a la Ley, debiendo celebrar dicho proceso con estricto ajuste a las normas para que la consecuencia del juicio sea válida.– Concretamente interesa que en el Proceso Penal la prueba que se reproduzca sea de carácter lícita y de carácter legal.- La Prueba es de carácter licita cuando ha sido obtenida mediante un acto o procedimiento estipulado o permitido por la ley, ergo, la prueba es de carácter ilícita cuando para su obtención se ha violentado la ley, causando la violación o la disminución ilegitima de derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República o violación o disminución ilegitima de los Derechos Humanos establecidos en los Tratados y Convenios que formen parte del Derecho Interno Hondureño y que compongan el bloque Constitucional.- De lo anterior se concluye que para la existencia de prueba ilícita se requiere los siguientes presupuestos: A)Que se haya obtenido una prueba o una fuente de prueba; B) Que dicha obtención haya sido contrario a la ley, es decir no amparada por la ley; Incluye aquí el prevalecimiento de la supremacía de la Constitución de la República o de las normas que integran el bloque constitucional, por cuanto aun cuando un reglamento o una ley autorice la obtención de la fuente de prueba, ésta se considerara ilícita si se contradice con normas fundamentales; C) Que la obtención de la fuente de prueba haya significado la violación o disminución ilegitima de garantías fundamentales o de derechos humanos, reconocidos en la Constitución de la República o en los Tratados y Convenios que formen parte del derecho interno del Estado, respectivamente; D) Que la violación o disminución ilegitima de ese derecho fundamental o de ese derecho humano, sea en perjuicio de una persona o un grupo de personas determinadas, ya sea que estas personas participen como actores del proceso o que sean terceros desligados a éste; E) Que sin la inobservancia o disminución ilegitima del derecho fundamental o del derecho humano, no hubiese sido posible la obtención de la prueba; y, F) Que la inobservancia o disminución ilegitima del derecho fundamental o del Derecho Humano sea anterior o simultánea a la obtención de la prueba.- El Legislador Hondureño, ha previsto que cuando se reproduzca un medio de prueba ilícito en el proceso, la sanción procesal será el desconocimiento de cualquier valor probatorio de ésta –Árbol Envenenado-; Pero además el legislador hondureño ha establecido que también carecerán de eficacia probatoria todo medio de prueba que se derive directamente de aquella que ha sido obtenida mediante la violación o disminución ilegitima de garantías fundamentales o derechos humanos –Frutos del Árbol Envenenado[3]-. Un medio de prueba se deriva de otro ilícito, cuando suprimiendo hipotéticamente el segundo, automáticamente el primero se vería igualmente suprimido, debido a su dependencia existencialista; A partir de ésta idea ultima la prueba ilícita no puede ser apreciada valorativamente, si es posible apreciar aquella que se le derive, siempre que concurra cualquiera de las siguientes circunstancias: A) Hallazgo Inevitable o Descubrimiento Inevitable: Cuando la prueba derivada, con o sin la prueba ilícita, estaba destinada a ser encontrada; Dependerá aquí hacer una relación suficientemente razonada del porque la prueba derivada hubiese sido inevitablemente encontrada, aun cuando no hubiese existido la prueba ilícita; y, B) Fuente Independiente: Cuando la prueba derivada se desprenda al mismo tiempo e inevitablemente de otro medio de prueba licito e independiente al de carácter ilícito; Entre la fuente independiente y la prueba ilícita no debe de haber dependencia existencial, relación o subordinación. El estudio a desarrollar por los Juzgadores es la relación causal entre la prueba ilícita y la fuente independiente y al determinarse que no existe ninguna, la ilicitud de la prueba no alcanza la prueba derivada, por cuanto ésta última se desprende igualmente de una fuente independiente lícita.- El control procesal de la prueba ilícita puede ser de previo o a posteriori: De previo inadmitiendo el medio de prueba en la audiencia de proposición de ésta a consecuencia de su ilicitud –Artículo 317 del CPP- o denunciando su ilícito en la etapa de incidentes del debate por hechos nuevos o hechos antes no conocidos hasta entonces –Artículo 320 CPP-; o a posteriori cuando el Tribunal de Sentencia, en su valoración, niegue crédito a la prueba y a toda aquella que se derive de ésta –Artículo 220 CPP-.- Con todo, existe una sola excepción, en donde por respeto al Derecho de Defensa, se autoriza a los Tribunales valorar una prueba ilícita, y es cuando su valoración sea solicitada expresamente por el titular o todos los titulares del derecho fundamental o del derecho humano que haya sido inobservado o disminuido ilegalmente, siempre que participe en el proceso penal en su calidad de Imputado. Como hemos dicho la prueba ilícita tiene el carácter de tal como consecuencia de haber violentado o disminuido ilegítimamente un derecho fundamental o un derecho humano, sin embargo esa prueba ilícita puede significar un medio de defensa de descargo del Imputado titular de ese derecho, por lo que al solicitarlo éste, el Tribunal deberá de valorar el medio de prueba considerado ilícito –pudiendo ser esta valoración positiva o negativa-, por cuanto su desconocimiento conllevaría a un doble perjuicio del imputado: el primero al habérsele inobservado o restringido ilegítimamente un derecho fundamental o un derecho humano y, segundo el desproveerlo de un medio de prueba en su defensa precisamente por haber sido víctima de la violación a un derecho fundamental o a un derecho humano: Ejemplo: Allanamiento a una casa de habitación, en horas de la noche, sin autorización de sus moradores y sin que concurran las circunstancias excepcionales que establece la Constitución de la República, constatándose en ese allanamiento la ausencia de armas o explosivos.- Ciertamente el acto del allanamiento es ilícito y, como regla general, no puede ser reproducido como medio de prueba en juicio, así como todo elemento que le deriva de éste, sin embargo y a petición del Imputado, el Tribunal deberá de valorarlo, caso contrario se le provocara doble perjuicio al imputado, por un lado ser objeto de un allanamiento ilícito y por otro, ser desprovisto de un medio de prueba a su favor a causa precisamente por haber sido objeto de un allanamiento ilícito. La Prueba Ilegal es aquella que es calificada así, no como consecuencia del proceso de obtención, sino como consecuencia de la inobservancia de la ley al momento de su reproducción en el proceso penal. En estos casos existe una violación a la garantía del debido proceso, por cuanto el medio de prueba se aparto del procedimiento establecido en el código de rito, para su presentación y reproducción en el debate, vicio que puede ser saneado de las siguientes formas: renovando el acto, rectificando el error o cumpliendo el acto omitido –Artículo 171 CPP-.- Estos son los casos, como ejemplo, en donde se realiza una inspección ocular sin presencia del Tribunal o se toma la declaración de un testigo sin juramentación y advertencias legales previas: En el primer caso será necesario renovar el acto con la presencia del Tribunal, en el segundo caso, bastara con cumplir el acto que fue omitido. Criterio de la Sala Respecto al Motivo: La Recurrente afirma que el medio de prueba consistente en el registro de la persona imputada y la incautación de la droga decomisada es de carácter ilícito, criterio que no comparte este Tribunal de Casación debido a que no fue habido dicho medio de prueba como consecuencia de un acto contrario a la ley y que implicara la violación a un derecho fundamental o de un derecho humano de una persona(s), por el contrario, según se relata en la sentencia, las actas de decomisos o secuestro y de registro personal están suscritas por agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, aceptadas y suscritas por el propio Imputado, determinándose asimismo en la Sentencia-lo cual constituye razón suficiente- que si en un lugar público donde converge cualquier cantidad de personas como lo es la Gran Terminal de Autobuses de San Pedro Sula, no se permitiese a los encargados de la seguridad realizar todas aquellas diligencias tendientes a evitar o reprimir la comisión de delitos, seria como aceptar que en dicho lugar tenga lugar la comisión de hechos ilícitos. No se debe olvidar que los miembros de la Seguridad Privada de dicho lugar, llamaron a La Policía Nacional quienes se agenciaron de la evidencia, que mas tarde se constituyo como prueba, por diligencias que no están reñidas con la ley, mucho menos que significaran afectación de derechos de persona alguna, entonces la obtención de este medio de prueba no constituyen prueba ilícita.- Al contrario, el Tribunal Supremo ha estudiado la base probatoria de la sentencia emitida, determinando que el fallo no se apoya en ningún medio de prueba que afecta la validez de la sentencia, así como tampoco se aprecia una violación al Derecho de Defensa, toda vez que el mismo no gravita en la inexistencia de la posibilidad material para la parte Defensora de realizar actos procesales en descargo a las imputaciones formuladas contra el acusado, tampoco en el hecho de que se encontrase, en algún momento de la actividad procesal, en una condición desventajosa en relación a su contraparte, como consecuencia de una situación material o por disposición de una ley, sin que el Tribunal procurase balancear dichas diferencias, a efecto de colocar a los litigantes en un mismo plano de oportunidad frente al proceso. Por lo anterior el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional debe de ser declarado SIN LUGAR. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361 y 362 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su ÚNICO MOTIVO, interpuesto por la Abogada D. O. P., Defensora Pública del acusado J. R. C. S.. SEGUNDO: Declarar firme y ejecutable la Sentencia de fecha veinticuatro (24) de Julio del dos mil doce (2012), dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- MAGISTRADO PONENTE ZUNIGA MEDRANO.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de diciembre del año dos mil catorce.- Certificación de la sentencia de fecha tres de noviembre del año dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-451-2012.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
[2] Vid en este sentido: LLORENTE FERNANDEZ DE LA REGUERA, ÁNGEL, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115, cuando expresa que “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”
[3] Teoría originaria de los Estados Unidos de Norte América plasmada en los fallos de la Corte Suprema de Justicia: Silverthorne Lumber Co. Vrs. United State (1920), Nardone vrs. United States, (1939), Mapp vrs Ohio (1961), Escobedo vrs Illinois (1964), Miranda vrs Arizona (1966), Shapman vrs Arizona (1967), Katz vrs United Sates (1967) y Orozco vrs Texas (1969).