Sentencia CP-439-11 — Registro 3202
Resumen
Se condenó al imputado en primer instancia por el delito de portación ilegal de armas. En segunda instancia se resolvió Sin Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.."De la Procedencia del Recurso.- El recurso no es de Recibo.- Desprendiéndose del hecho probado esta Sala de lo penal afirma que el acusado A. G. H., es penalmente responsable de un delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras.- Señala los hechos probados (F. 158), que el acusado oculto en el interior del vehículo que conducía dos armas de fuego, ambas pistolas marca Girzan Parabellum, calibre 9 milímetros, sin contar aquel con el permiso correspondiente para portar dichas armas de fuego o para llevarlas a bordo del vehículo; Estos hechos claramente se encuentran en el ámbito situacional previsto en el artículo 332-B del Código Penal, antes analizado, cuando ordena formular reproche penal a aquella persona que posea y/o transporte arma de fuego de carácter personal sin previo permiso de la autoridad competente. Los hechos probados no dan cuenta de ninguna circunstancia que excluya la tipicidad (error de tipo o ausencia de dolo), que excluya la antijuricidad (causa de justificación), que excluya la culpabilidad (inimputabilidad, error de prohibición o no exigibilidad de otra conducta distinta) o que excluya la punibilidad (causas absolutorias de la pena), por cuanto no existe ningún impedimento para formular reproche al acusado por el delito que se describe en el hecho probado contenido en la sentencia condenatoria, a partir de la aplicación del artículo 332-B del Código Penal, debiendo declararse sin lugar el recurso de casación por infracción de una norma sustantiva..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil catorce (2014), por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO en su calidad de Coordinador, MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO y JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veinticuatro de junio del año dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual condenó al señor A. G. H, como autor del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena principal de CUATRO (04) años de reclusión, así como a las accesorias de INHABILITACION ESPECIAL e INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la condena principal, asimismo se le declaró la responsabilidad civil.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, el Abogado M. J. A. C., actuando en su condición de Apoderado Defensor del señor A. G. H..- SON PARTES: El Abogado M. J. A. C., Defensor Privado del acusado A. G. H., en su condición de Recurrente, la Abogada D. R., Agente Fiscal del Ministerio Público y el Abogado P. E. E., Representante de la Procuraduría General de la República, en su condición de Recurridos. HECHOS PROBADOS En la Sentencia que hoy se impugna, se fija por el Tribunal de Sentencia como hecho probado el siguiente: “ ÚNICO: El diecisiete de Abril del año dos mil diez el señor A. G. H. condujo un vehículo color rojo marca Kia hasta un lugar a inmediaciones del Banco Banpaís y el Registro Nacional de las Personas atrás de la Colonia L. L. de Tegucigalpa, llevando en el interior del vehículo y oculto en el interior del forro del asiento delantero del conductor, dos armas de fuego, ambas tipo pistola marca Girzan Parabellum calibre nueve milímetros, sin contar con el permiso correspondiente para portarlas o llevarlas a bordo del vehículo. Asimismo, dentro del vehículo el acusado A. H. se hacía acompañar de tres individuos más, todos los cuales se mantuvieron en el interior por un espacio aproximado de cuarenta y cinco minutos antes de que el conductor de otro vehículo color blanco se aproximase a dialogar con ellos, momento en el cual todos fueron requeridos por agentes de investigación que se habían apostado en las cercanías del lugar realizando vigilancia, relacionada con una denuncia en la que se indicaba que en dichos predios se solían estacionar vehículos vinculados a asaltos a personas que salían de la entidad bancaria”. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Ley reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- El Recurrente, Abogado M. J. A. C, formalizó su recurso de casación por Infracción de Ley de la siguiente manera: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION MOTIVO UNICO: Por haber incurrido el sentenciador en Infracción de Precepto Penal. El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DE MOTIVOS Esta defensa en el desarrollo de este recurso pretende demostrar el vicio in iudicando en que ha incurrido el órgano jurisdiccional y que causa agravio al valor justicia. Para los efectos de este motivo se cita como infringido el artículo 338 del Código Procesal Penal, Regla Cuarta numeral 3 que establece los requisitos de la Sentencia específicamente la fundamentación Jurídica que dice: “En párrafo también separados y numerados se consignarán de forma clara, sucinta y precisa, con indicación de los preceptos o doctrina legal aplicables, los fundamentos legales de la calificación legal de los hechos que se hubiesen tenido para cada uno de los procesados; de las causas de exención, atenuación o agravación de la responsabilidad penal, en caso de que concurra alguna de ellas, y de las penas que se impongan en caso de condena así como, los fundamentos doctrinales y legales de la responsabilidad civil en que pudieran haber incurrido las personas acusadas u otras sujetas a ella; del pronunciamiento sobre las costas; y de las disposiciones que puedan adoptarse sobre el destino de los objetos secuestrados”. Se ataca la sentencia dictada por el A-quo por considerar que el órgano sentenciador después de valorar la prueba conforme a las Reglas de la Sana Crítica, llevándolo a formar su convicción y sin valorar la prueba producida de manera conjunta y armónica, lo llevó a incurrir en un error in iudicando, al realizar una interpretación errónea de precepto penal aplicable al caso penal en concreto. La sentencia que ahora se recurre y que fuera dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa en la sala cuarta por mayoría de votos, declaró como hecho probado el siguiente: 1.- UNICO: El día 17 de abril del año 2010, el señor A. G. H., condujo un vehículo color rojo, marca Kia hasta un lugar a inmediaciones del Banco Banpaís y el Registro Nacional de las Personas atrás de la colonia Luis Landa de Tegucigalpa, llevando en el interior del vehículo y oculto en el interior del forro del asiento delantero del conductor, dos armas de fuego, ambas tipo pistola marca Girzan Parabellum calibre nueve milímetros, sin contar con el permiso correspondiente para portarlas o llevarlas a bordo del vehículo, el acusado A. G. H. se hacía acompañar de tres individuos más, todos los cuales se mantuvieron en el interior por un espacio aproximado de cuarenta y cinco minutos antes que el conductor de otro vehículo blanco se aproxime a dialogar con ellos, momentos en el cual todos fueron requeridos por agentes de investigación que se habían apostado en las cercanías del lugar realizando vigilancia, relacionada con una denuncia en la que se indicaba que en dichos predios se solían estacionar vehículos vinculados a asaltos a personas que salían de la entidad bancaria. ERROR IUDICANDO POR INTERPRETACION ERRONEA DE LA FORMA SUSTANTIVA, QUE PERMITE RECURRIR LA SENTENCIA INJUSTA DICTADA POR EL ORGANO SENTENCIADOR. El Sentenciador incurre en grave error de disconformidad de sus ideas y representaciones con la naturaleza de las cosas, en una apreciación falsa de lo que ocurre, el error es una falsa idea que tenemos de algo que no resulta ser tal cual lo creemos. Para S. T. C. el error es una deformidad entre el ser de un objeto tal como es advertido y el ser mismo objeto de la realidad…entonces el error consiste en la diferencia que hay entre la presunción y la realidad, entre el conocimiento y la verdad. (Ver Servio Tulio Ruiz, Teoría del Hecho Punible, Bogotá, Librería del Profesional, 1980, Pág. 39). Para JESUS IGNACIO GARCIA VALENCIA, puntualiza que el error de todas maneras es un problema de conocimiento, la ideo-representación no corresponde a lo que acontece en el mundo objetivo. (Ver Jesús Ignacio García Valencia, Las Causales de Inculpabilidad, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Santa Fe, Bogotá 1194, Pág.134). Al establecer el A-quo como hecho probado el antes mencionado, es claro y evidente que el Tribunal Sentenciador en la fundamentación jurídica interpretó erróneamente la Ley Sustantiva en su artículo 332 B del Código Penal Vigente, cuando decide declarar culpable a mi representado y lo condena por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, por existir un supuesto Dolo Directo y su participación a título de autor, situación que no logró probar el ente acusador. Para ser responsable de la comisión de un delito penal, es necesario tener participación en el mismo, ya sea a título de autor o coautor, y esa participación en la comisión del delito debe ser dolosa o culposa; Genéricamente por DOLO simplemente se entiende como conciencia y voluntad de realizar el tipo objetivo de un de un delito.- De esta definición se desprende que el dolo está constituido por dos elementos: A.- ELEMENTO INTELECTUAL: Para actuar dolosamente el sujeto de la acción debe saber que es lo que hace y conocer los elementos que caracterizan su acción como acción típica, es decir los elementos objetivos del tipo: sujeto, acción, resultado, relación causal o imputación objetiva, objeto material; el conocimiento que exige el dolo es un conocimiento actual, no bastando uno meramente potencial, es decir el sujeto ha de saber lo que hace, no basta con que hubiera debido o podido saberlo. B.- ELEMENTO VOLITIVO: Para actuar dolosamente no basta con el mero conocimiento de los elementos objetivos del tipo, es necesario, además, querer realizarlos.- El elemento volitivo supone voluntad incondicionada de realizar algo (típico) que el autor cree que pueda realizar. (Ver Muñoz Conde en la obra supra indicada páginas 269, 270, 271, 272). Atendiendo la mayor o menor intensidad de estos elementos (intelectual y volitivo) tradicionalmente la jurisprudencia distingue entre dolo directo y dolo eventual. DOLO DIRECTO: El autor quiere realizar precisamente el resultado (en los delitos de resultado) o la acción típica (en los delitos de simple actividad). El autor quería matar y mata, quería dañar y rompe la cosa, etc. DOLO EVENTUAL: El sujeto se representa el resultado como de probable producción y, aunque no quiere producirlo, sigue actuando, admitiendo su eventual realización.- El sujeto no quiere el resultado, pero cuenta con él, admite su producción, acepta el riesgo. (Ver ídem Págs. 272 y 273). El párrafo segundo del artículo 13 de nuestro Código Penal establece: “el delito es doloso cuando el resultado responde a la intención que se tuvo al ejecutarlo o cuando el autor sabe, o está obligado a saber, que como consecuencia de la acción u omisión existe la posibilidad de que se produzca un efecto constitutivo de delito, no obstante, lo cual ejecuta el hecho y acepta, por ende, las consecuencias que del mismo se derivan”: La primera parte de la definición anterior constituye lo que se llama dolo directo, mientras que la segunda parte se refiere lo que la jurisprudencia conoce como dolo eventual. PARECER DE LA DEFENSA: Es claro y evidente que de conformidad a la Doctrina penal actual, el A-quo interpretó erróneamente la aplicación de los conceptos de Dolo, Autoría y Delito. Esta defensa tal y como queda plasmado en el voto disidente de la mayoría, sobre el hecho que el señor A. G. H. tenía la posibilidad de saber que en el vehículo iban dichas armas solamente porque era el conductor del mismo, por la razón que explicaremos seguidamente: A.- Según los testigos de cargo, en el vehículo se encontraban cuatro personas, el conductor A. G., otro que se encontraba en el asiento del pasajero ubicado al lado del conductor, y otras dos que iban sentadas en el asiento posterior, atrás del asiento del conductor. También ha sido clara la prueba al indicar que las armas se encontraban escondidas en los forros de los asientos del conductor y el copiloto (pasajero al lado del conductor) lo cual se comprobó con las fotografías de la inspección ocular realizada al vehículo, se puede observar claramente que los forros de los asientos tienen un zíper que permite que cualquier persona lo abra fácilmente, con lo que se puede colocar cualquier objeto fácilmente. Esto tiene importación al considerar que en el asiento trasero iban dos personas distintas del señor A. G., puesto que si tal como lo aseveran los testigos de cargo, lo que ocurría en este caso era que las personas que se encontraban en el vehículo estaban esperando algún aviso para proceder a asaltar a algún usuario del banco, lo lógico resulta entonces que quienes anden las armas sean las personas que estén en el asiento de atrás, puesto que son éstas las que van a salir a interceptar al usuario del banco, en tanto que el conductor solamente se encarga de conducir el vehículo a fin de garantizar una fuga. Bajo esa misma hipótesis de los testigos de cargo, también resulta lógico que al observar los pasajeros sentados en el asiento posterior que varios agentes de investigación se acercaban al vehículo, procuraron por cualquier medio deshacerse de la evidencia que se considera ilícita, como lo sería en este caso las armas de fuego, por lo cual siendo el forro del asiento el lugar más accesible para esconder las armas, por lo que esta aseveración resulta ser una hipótesis pero no es algo descabellado si tomamos en consideración la cantidad de personas en el vehículo y el lugar donde se encontraron las armas, las personas más cercanas eran los del asiento posterior y no el conductor. Además la hipótesis anterior, se debe considerar la dificultad de acceso que tenía el señor A. H. hacia el lugar donde se encontraban ubicadas las armas, ya que resulta bastante difícil que una persona que está conduciendo un vehículo pueda hacer maniobras para esconder un arma de fuego en la parte posterior del asiento en el que se encuentra. Lo cierto es que esta posición resulta ilógico se considera la hipótesis de los testigos de cargo, contraída a que el objetivo de que el vehículo y sus ocupantes estuvieran en el lugar era realizar un asalto, y en todo caso devenía al Ministerio Público obligado a probar que sin duda alguna fue el señor A. el que escondió las armas en ese vehículo. También el Ministerio Público en el presente proceso logró acreditar la disponibilidad que el señor A. tenía sobre el vehículo en el momento o días anteriores al hecho, entre tanta pluralidad de posibles situaciones, devenía al ente fiscal obligado a acreditar que efectivamente el señor A. tenía un dominio efectivo sobre el vehículo dominio que no estaba limitado únicamente al hecho de conducir, puesto que sabemos que una persona que conduzca un vehículo no necesariamente tiene porqué tener conocimiento de lo que hay en el interior del vehículo, ya que en ocasiones ese vehículo puede ser obtenido solamente para hacer una diligencia, y luego retornar a su propietario. Pero en este caso el Ministerio Público no acreditó el dominio efectivo que tenía el acusado sobre el vehículo y mucho menos que éste tuviera conocimiento de las armas en cuestión, estaban en el lugar donde fueron encontradas. Todo lo anterior tiene relación directa con el tipo penal por el cual se ha acusado, puesto que el mismo plantea varias opciones, pero para que se pueda imputar objetivamente este hecho a una persona determina, se tiene que probar que esta persona sabía que en el vehículo se encontraban dichas armas de fuego, pero lo que ocurrió en este caso es que en ningún momento se probó tal situación, puesto que lo único que el Ministerio Público probó es que el vehículo iban cuatro personas y que se encontraban escondidas dos armas de fuego en el forro posterior de los dos asientos delanteros del vehículo, no obstante ello, lo cierto es que esta situación no es un indicio único y por lo tanto no indica que el señor A. G. sabía que dichas armas se encontraban en el lugar o que alguno de sus acompañantes llevaba consigo dicha arma, por tanto no queda establecido sin lugar a duda que por el hecho de que el señor A. condujera el vehículo era que tenía la intención de trasportar armas comerciales sin el respectivo permiso de portación porque cada persona responde a título propio con una infracción y en este caso la lógica apunta que los responsables eran los que se conducían en la parte posterior del vehículo. En relación al verbo POSEER, éste implica que la persona debe tener bajo su dominio el objeto del delito y también debe de tener conocimiento que no está autorizado por las autoridades correspondientes para tener dicho objeto, en este caso el arma de fuego. Pero en este caso las armas se encontraban en la parte posterior de los dos asientos delanteros, lugar al cual no tenía acceso el acusado por lo menos en el momento en que fue detenido el acusado por lo cual el tribunal juzgador no pudo afirmar con certeza que el acusado tuviese dominio sobre dichas armas, y como antes se dijo existen múltiples hipótesis que no descartan que quienes tuvieran consigo las armas y el dominio sobre las mismas fueran las personas que se encontraban en el asiento de atrás. Por otra parte es necesario acotar que las suposiciones que hacen los testigos de cargo con respecto a que el acusado y sus acompañantes se encontraban vigilando para realizar un asalto, no dejan precisamente meras suposiciones basadas en una clara estigmatización que los agentes tienen hacia el imputado y sus acompañantes, puesto que éstos consideran a éstos como delincuentes dedicados a asaltar los bancos. Sin embargo los juzgadores no pueden dejarse llevar por estigmatizaciones o perjuicios, sino que devienen obligados a fallar los casos conforme a la prueba objetiva que se haga llevar al juicio, misma que debe de ser valorada conforme a las reglas de la sana crítica y no sobre la base de presunciones o prejuicios sin fundamento. Sin embargo es menester recordar que en el proceso penal rige el principio de presunción de inocencia, garantía fundamental que tiene como objetivo evitar el abuso de la autoridad, incluyendo los policías y agentes de investigación que se pueden llegar incluso a detener a las personas solamente porque se presume que son delincuentes lo cual no solo afecta a dicha persona sino que a la larga crea una inseguridad jurídica en el país, puesto que los mismos ciudadanos no pueden tener la confianza en la policía preventiva y de investigación, generándose así un temor en la ciudadanía y por tanto un menoscabo en el desarrollo social y en el respeto a las garantías fundamentales que nuestra Constitución reconoce. Por lo que existe una pluralidad de hipótesis respecto a la forma o razones porque llegaron las armas a los lugares donde fueron encontradas, pudiendo ocurrir que fueran las personas que iban en el asiento posterior quienes tuvieran el dominio de dichas armas y por tanto que las llevaran consigo. En consecuencia de estas múltiples situaciones, no es posible tener la certeza de que el acusado tuviese conocimiento de la existencia de las armas en el lugar o que fuese él quien tenía dominio sobre las mismas armas o que tuviese la intención de llevarlas de un lugar a otro. Por lo que se vuelve prudente buscar el saneamiento del error in indicando por infracción de Ley, por interpretación y aplicación errónea por el A-quo de preceptos sustantivos, como lo es el artículo 13 párrafo Segundo del Código Penal Vigente que se relaciona con el Dolo Directo, artículos 31 y 32 del Código Penal que se relaciona a la forma de participación de la imputada, y que su participación fue a título de autor artículo 37 del Código, subsumiendo la supuesta participación de A. G. H. en base al artículo 332B del Código Penal Vigente, lo que no es congruente con lo demostrado en juicio, y será a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley que la Suprema Corte de Justicia debe dictar una nueva sentencia en apego a derecho, en la que se deba absolver de toda responsabilidad penal al señor A. G. H., ya que mi representado es inocente del delito imputado”. RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY INTERPUESTO POR EL ABOGADO M. J. A. C., DEFENSOR PRIVADO DEL ACUSADO A. G. H..- PRECEPTO AUTORIZANTE ARTÍCULO 360 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- DENUNCIA INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 338 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, INCORRECTA INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 13, 31, 32 Y 332-B DEL CÓDIGO PENAL. III.- Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al Recurso de Casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo Resaltado es Nuestro). Así pues, son dos los elementos del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato de un acontecimiento histórico declarado por el Tribunal de Sentencia, respecto al asunto debatido, mismos que se desprenden de la valoración hecha a los medios de prueba reproducidos en juicio y de los cuales los Juzgadores han podido apreciar de manera directa, colocándolos en una posición exclusiva de valoración. Por ello, el artículo 369 del Código de Procesal Penal, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos declarados probados, lo que se conoce como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados en Casación; El Recurso de Casación por Infracción de Ley deberá de tener como base los hechos probados, sin pretender la inclusión o exclusión de ninguna de sus partes; y 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; iv) Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y d. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. La Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia, su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia a partir de los hechos declarados probados; En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley, debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). En conclusión, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia.- IV.- El Censor en el planteamiento de su Recurso de Casación por Infracción de Ley, ha desconocido lo establecido en el artículo 360 del Código Procesal Penal, presentando un argumento impropio, errático e impreciso que inevitablemente condena la suerte de su petitoria.- De inicio el Censor acusa a la sentencia recurrida de estar basada en un vicio in iudicando, denunciando como infringido el artículo 338 del Código Procesal Penal, aun cuando el precepto autorizante del recurso es claro al señalar que mediante ésta vía se reclama la inobservancia, errónea aplicación o errónea aplicación de una norma de carácter Sustantivo.- De seguido señala el Censor que el Censor alega que existe errónea interpretación del artículo 332-B del Código Penal, con lo cual se aleja del planteamiento inicial e incluye un segundo alegato, mismo que además es incompleto por cuanto omite señalar cual es esa errónea aplicación hecha por el Iudex y a la vez cual es la interpretación que considera era la apropiada.- A continuación el Censor, tal como si se tratara de un alegato de instancia para efectos de sustentar una Teoría de Juicio, hace análisis respecto a los elementos del Dolo y analiza lo que a su criterio los medios de prueba acreditaron en la audiencia de debate, pasando por al el Principio de la Intangibilidad de los Hechos Probados explicado líneas atrás.- De final, el Censor insiste respecto a la existencia de un vicio in iudicando, más ésta vez señala como normas que fueron erróneamente interpretadas los artículos 13 en relación con los artículos 31 y 32 del Código Penal, dando un tercer giro a su Recurso de Casación, con la misma omisión anterior, es decir sin señalar de manera concreta cual ha sido la errónea interpretación del Iudex de las normas citadas. A la postre la Sala de lo Penal se encuentra ante un Recurso de Casación carente de claridad y precisión, el cual se señala que es por Infracción de Ley Penal Sustantiva, pero señala como infringida una norma procesal, que después modifica la línea argumentativa alegando errónea interpretación del artículo 332-B del Código Penal pero que sustenta en el análisis de medios probatorios tal cual fuera un alegato de primera instancia y no de única instancia, y que finaliza con una tercera línea argumentativa señalado errónea interpretación de los artículos 13 en relación con los artículos 31 y 32 del Código Penal, y con ello sin dejar oportunidad para que este Tribunal de Casación tenga una idea clara de cuál es el verdadero reclamo del Censor y su pretensión. Con todo y habiendo abierto la impugnación el análisis de los hechos probados en contraposición a la norma penal sustantiva que fundamenta la sentencia condenatoria, esta Sala de lo Penal, cumpliendo fielmente el Principio de Tutela Judicial Efectiva, procederá a realizar análisis del tipo penal en cuestión para luego determinar si éste es la norma penal sustantiva adecuada para resolver el conflicto que se describe en el hecho declarado probado. V.- El artículo 4 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares (en adelante Ley de Armas), reconoce el derecho de las personas nacionales y extranjeras de poseer y portar armas de fuego, para ello ordena que toda persona deberá de obtener permiso previo por parte de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, otorgado una vez que satisfaga los requisitos exigidos por esa misma ley, los cuales son los descritos en el artículo 27 reformado: 1. Formulario con sus datos personales y residencia; 2. Marca, modelo, número de serie, identificación de conversiones de calibre, si la tuviere, así como las demás características del arma. La persona interesada solo podrá poseer y/o portar armas de fuego y municiones clasificadas como permitidas, mismas que deben de tener las características y especificaciones que estipula los artículos 7 y 9 de la Ley de Armas; Pero además la ley es especifica en cuanto a las armas y municiones que se consideran prohibidas, es decir que no es permitida su adquisición, tenencia o portación, describiendo sus características y especificaciones en el artículo 8 y 10 de la ley mencionada; 3. Constancia de haberse practicado la prueba balística conforme lo señala el artículo 17 para los efectos establecidos en el artículo 19, ambos de la Ley de Armas; 4. Pago de la matrícula municipal; y; 5. Documentos de identificación. El permiso es intransferible (Art. 34 de la Ley de Armas), por ello la persona que lo obtenga deberá de reportar en un plazo máximo de diez días a la Policía Nacional y al Registro Nacional de Armas cualquier traspaso de propiedad que haga del arma registrada, a efectos de que el nuevo propietario realice la solicitud de permiso correspondiente, igualmente deberá de reportar el robo o extravío de la misma (Art. 20 y 31 de la Ley de Armas). El Estado de Honduras, para efectos de salvaguardar la seguridad interior, tiene el deber de realizar un estricto control de la posesión y portación de armas de fuego, por ello contempla la imposición de sanciones administrativas (artículos 27-C, 37, 54, 55, 56 y 57 de la Ley de Armas) y de sanciones penales (aplicables con independencia a las sanciones administrativas) para las personas que infrinjan dichos controles.- Entre las sanciones penales encontramos en el artículo 332-B que determina que “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o vendas armas de fuego y municiones para el uso personal o deportivas (…) incurrirá en una pena de tres a seis años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones (…) Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas (…) las descritas en la ley especial”; Así pues constituyen ELEMENTOS OBJETIVOS del tipo penal: 1. Sujeto Activo: El Sujeto activo es cualquier persona natural, sin necesidad de poseer cualidad alguna; 2. Sujeto Pasivo: Es el Estado de Honduras, como garante y responsable de la Seguridad Interior; 3. Conducta Criminosa centrada en el verbo rector, el cual en el caso de estudio consiste en: fabricar, almacenar, transportar, poseer, usar, suministrar, vender, ingresar o sacar armas o municiones del país de forma lícita (a través del control aduanero) o ilícita; 4. Modalidad Criminosa: entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en el caso de estudio implica: a. La ejecución de cualquiera de los verbos rectores descritos sin tener el permiso vigente expedido por la autoridad correspondiente del Estado de Honduras; b. Que el arma de fuego tenga la condición de tal, es decir que consista en algún artefacto o dispositivo construido industrialmente o artesanalmente que permita lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza de expansión de los gases de la pólvora; c. Que el arma sea de aquellas consideradas permitidas (Al referirnos con arma de fuego permitida es en referencia a aquellas armas que el Estado de Honduras permite su comercialización, susceptibles de ser objeto de permiso de posesión y portación) por reunir las características o especificaciones descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas. Como ELEMENTO SUBJETIVO el tipo penal exige que el sujeto activo realice la acción con dolo, es decir que se conduzca con el conocimiento de que está realizando alguno de los verbos rectores descritos respecto a un arma de fuego o munición permitido, sin el permiso de la autoridad competente y además que tenga la voluntad de realizarlo. El tipo penal en estudio tiene las siguientes CARACTERÍSTICAS: 1. Según su Estructura: a).- Tipo Penal Básico o Fundamental porque describe de manera independiente modelos de comportamiento humano; b).- Tipo Penal Compuesto: En virtud de que son nueve los modelos de comportamiento descritos en la norma (nueve verbos rectores), cada uno con la capacidad de conformar por sí mismo una descripción típica distinta; 2. Según su Contenido: a).- Tipo Penal de Mera Conducta o Actividad, ya que la descripción del tipo se agota con la acción del autor sin que se requiera producción de un resultado en el mundo exterior; b).- Tipo Penal describe Conductas Instantáneas y Conductas Permanente: i) Instantáneas: las de fabricar, suministrar, vender, sacar o ingresar al país el arma de fuego, por ser modelos de comportamiento que se agotan en un solo momento; ii) Permanente: las de almacenar, transportar, poseer y usar, el arma de fuego, debido a que el comportamiento del autor se renueva de manera continua entretanto este realizando la acción; c).- Tipo Penal de Acción ya que las conductas descritas en el tipo penal es de carácter comisivo; d).- Tipo Penal Cerrado, al determinarse con precisión las nueve circunstancias típicas, desprendiéndose con suma claridad las conductas prohibidas; 3. Según El Sujeto Activo: a).- Tipo Penal Unisubjetivo, por ser un tipo penal que puede ser realizado por una sola persona, sin participación de terceros; b).- Tipo Penal de Sujeto Activo Común, ya que el sujeto activo no requiere tener ninguna cualidad o categoría especifica; 4. Según El Buen Jurídico Protegido: a).- Tipo Penal Uniofensivo, al amparar un bien jurídico especifico, tal cual es la Seguridad Interior del Estado de Honduras; b).- Tipo Penal de peligro por cuanto el tipo penal no exige la existencia de un resultado, sino basta que la conducta se realice para que se consume el delito.- VI.-De la Procedencia del Recurso.- El recurso no es de Recibo.- Desprendiéndose del hecho probado esta Sala de lo penal afirma que el acusado A. G. H., es penalmente responsable de un delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras.- Señala los hechos probados (F. 158), que el acusado oculto en el interior del vehículo que conducía dos armas de fuego, ambas pistolas marca Girzan Parabellum, calibre 9 milímetros, sin contar aquel con el permiso correspondiente para portar dichas armas de fuego o para llevarlas a bordo del vehículo; Estos hechos claramente se encuentran en el ámbito situacional previsto en el artículo 332-B del Código Penal, antes analizado, cuando ordena formular reproche penal a aquella persona que posea y/o transporte arma de fuego de carácter personal sin previo permiso de la autoridad competente. Los hechos probados no dan cuenta de ninguna circunstancia que excluya la tipicidad (error de tipo o ausencia de dolo), que excluya la antijuricidad (causa de justificación), que excluya la culpabilidad (inimputabilidad, error de prohibición o no exigibilidad de otra conducta distinta) o que excluya la punibilidad (causas absolutorias de la pena), por cuanto no existe ningún impedimento para formular reproche al acusado por el delito que se describe en el hecho probado contenido en la sentencia condenatoria, a partir de la aplicación del artículo 332-B del Código Penal, debiendo declararse sin lugar el recurso de casación por infracción de una norma sustantiva. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Infracción de una Ley Sustantiva en su Único Motivo, interpuesto por el Abogado M. J. A. C., Apoderado Defensor Privado del acusado A. G. H. SEGUNDO: Declarar firme y ejecutable la Sentencia de fecha veinticuatro (24) de junio del dos mil once (2011), dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán. MANDA: Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- MAGISTRADO PONENTE ZUNIGA MEDRANO.- NOTIFÍQUESE.- FIRMA Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNÁNDEZ.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL.-”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil catorce.- Certificación de la sentencia de fecha cuatro de febrero de dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Supremo Tribunal de Justicia No.S.P.439=2011.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
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