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Sentencia CP-437-11 — Registro 4587

Resumen

En primer instancia se condena al imputado por el delito de homicidio, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El Recurso no es de Recibo.- Después de puntualizar los elementos objetivos y subjetivos permisivos de la causa de justificación de la Legitima Defensa propia, la Sala de lo Penal ha llegado a la conclusión que ninguno de éstos se ven reflejados en el relato de los hechos declarados probados y por tanto no es procedente el reclamo del Censor en cuanto a que el Tribunal de Sentencia indebidamente dejo de aplicar dicha figura contenida en el Artículo 24.1 del Código Penal, máxime cuando para ello hace remisión a lo que considera fue acreditado mediante los medios de prueba, olvidando que rige en Casación el Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados y por tanto no es posible en única instancia cuestionar su contenido ni tampoco alejarse de lo que en ellos se ha plasmado. Como consecuencia es procedente declarar sin lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su Único Motivo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve (29) días del mes de Abril del año dos mil catorce (2014), por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, en su calidad de Coordinador, MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO y JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha dieciséis de agosto del año dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, mediante la cual condenó al señor P. C. H., como autor responsable del delito de HOMICIDIO, en perjuicio del señor J. P. H., a la pena de QUINCE (15) años de reclusión, más las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la condena principal, asimismo se le declaró la responsabilidad civil.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, el Abogado N. A. M., actuando en su condición de Apoderado Defensor del señor P. C. H.. SON PARTES: El Abogado N. A. M., Apoderado Defensor Privado del acusado P. C. H., en su condición de Recurrente y el Abogado S. C. A., Agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrido. HECHOS PROBADOS En la Sentencia que se impugna, se fija por el Tribunal de Sentencia como hecho probado el siguiente: “UNO: El día domingo 19 de octubre del año dos mil ocho, como a eso de las cinco y treinta de la tarde, el señor J. P. H. y llega en un aparente estado de ebriedad a la placita pública de la aldea El Pacayalito del municipio de San José de Colinas, departamento de Santa Bárbara, lugar donde comienza a proferir insultos en contra del señor P. C. (padre), al oír los insultos el hoy imputado P. C. (hijo) sabe del interior de la casa y sin mediar palabra alguna saca su arma de fuego de su cintura y dispara en tres ocasiones en la humanidad del señor J. P. H. que le provocaron la muerte en el mismo instante”. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- El Recurrente, Abogado N. A. M., formalizó su Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: “PRIMER MOTIVO: INFRACCION DE LEY SUSTANTIVA PENAL Precepto Autorizante; Artículo 360 del Código Procesal Penal. La Infracción Sucede en la Inobservancia de la aplicación del Artículo 24 del código penal vigente. Explicación de Motivo. Primero.- La sentencia recurrida en los hechos declarados probados establece: PRIMERO: Que el día domingo diecinueve de octubre del año dos mil ocho, como a eso de las cinco y treinta de la tarde, el señor J. P. H., llega en un aparente estado de ebriedad a la placita pública de la aldea Pacayalito, del municipio de San José de Colinas, departamento de Santa Bárbara, lugar donde comienza a proferir insultos en contra del señor P. C. H. (padre), al oír los insultos el hoy imputado P. C. (hijo) sale del interior de la casa y sin mediar palabra alguna saca su arma de fuego de su cintura y dispara en tres ocasiones en la humanidad del señor J. P. H. que le provocaron la muerte en el mismo Instante. Específicamente los hechos declarados establecen lo siguiente: 1. Que el día 19 de octubre del año dos mil ocho, como a eso de las cinco y treinta de la tarde, el señor J. P. H., llega en aparente estado de ebriedad a la placita pública de la aldea Pacayalito, jurisdicción del municipio de San José de Colinas, Santa Bárbara. 2. Estando en ese lugar comienza a proferir insultos en contra del señor P. C. (padre). 3. Al oír los insultos el hoy imputado P. C. H. (hijo) sale del interior de la casa y sin mediar palabra alguna saca su arma de fuego de su cintura y dispara en tres ocasiones en la humanidad del señor J. P. H. que le provocaron la muerte en el mismo instante. En lo atinente a la infracción del artículo 24 del Código Penal sucede por la no aplicación de esta disposición de la ley sustantiva al caso penal que nos ocupa, pues a pesar que el tribunal de sentencia los puntos señalados anteriormente los extrae de la declaración tanto de los testigos de cargo como de descargo quienes describen contundentemente la agresión previa por parte del occiso señor J. P. H., al llegar a la casa de nuestro representado a insultarlo y amenazándolo con un arma de fuego en la mano diciendo que ese era el día en que lo iba a matar, infracción que produce una afectación de los elementos de la teoría del delito. Establece el artículo 24 del Código Penal vigente. Se haya exento de responsabilidad penal: 1. Quien obra en defensa de su persona o derechos, o de la persona o derechos de otro, siempre que concurran las circunstancias siguientes: a)- Agresión Legítima. b)- Necesidad Racional del medio empleado para impedirlo o repelerla y, c)- Falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende. En la presente causa el tribunal de sentencia está infringiendo un precepto penal y privando la aplicación de una norma especial del ordenamiento Jurídico que no establece prohibiciones ni mandatos, pero expresan la permisibilidad a la persona que neutralice la prohibición o se libere del cumplimiento de un mandato contenido en la ley penal misma. La causa de justificación dan a las personas un determinado derecho de necesidad, en el cual se puede ejercer cualquier medio siempre que sea adecuado y necesario para alcanzar el resultado, por ello el fundamento de las justificaciones es precisamente la necesidad por la cual el actor realiza una acción típica. En el presente caso mi representado al mirar el intento por parte del occiso de agredirlo con un arma de fuego tiene el derecho de actuar al momento que aquel intenta atacarlo, cuando lo tiene a pocos metros de distancia; defendiéndose, tal y como lo haría a un el estado en la protección de los intereses de los bienes jurídicos agredidos; con ello se concreta la facultad de poder reafirmar el orden jurídico y la verdadera aplicación de la ley penal sustantiva. He aquí el vicio que genera la contradicción con lo sucedido en juicio con los hechos declarados probados para ello haremos referencia a los aspectos siguientes: 1-A pesar de haberse probado la existencia de la agresión ilegítima previa, consistente en que J. P. H. (occiso) llega a la casa de mi representado a insultarlo diciéndole “Salí hijo de puta culero que hoy es tu día” y sacó un arma de fuego con la intensión de dispararle a la humanidad de mi cliente, hechos que fueron acreditados con los testimonios de los señores T. P. M. y D. R. P., quienes relatan con claridad esos extremos. El tribunal ni siquiera les da credibilidad a estas declaraciones, y colige que dichas declaraciones son contradictorias, porque uno de los testigos menciona un calibre del arma que andaba el occiso y el otro menciona otro calibre, lo cual a criterio de esta defensa no resulta una contradicción ya que dichos testigos no son expertos en armas para poder determinar con certeza el calibre de un arma con sólo observarla una sola vez; lo importante aquí es que ambos testigos observaron cuando el señor J. P. H., sacó un arma de fuego para dispararle al hoy imputado. Pero sin embargo el tribunal dice que estas declaraciones concuerdan en el lugar, día, hora y circunstancias en que sucedieron los hechos, pero lo que extrae de ellas solo son aspectos que perjudican al procesado, aviando hacer al menos el análisis jurídico de la aplicación del artículo 24 del Código Penal Vigente y sus presupuestos, existiendo una clara infracción de la ley sustantiva penal. No cabe duda que al dictar una sentencia invocando un tipo penal sin hacer la valoración o análisis jurídico de un acto formalmente reclamado en juicio, como lo es la invocación de la legítima defensa como causa de justificación que afecta la conformación de los elementos de la teoría del delito se está infringiendo un precepto penal o la norma jurídica sustantiva penal. APLICACIÓN PRETENDIDA El recurrente es del criterio de que si los hechos declarados probados y fundamentación jurídica han excluido la aplicación de la normativa penal, como es la aplicación del artículo 24 del Código Penal Vigente que haría desaparecer la existencia del delito por lo tanto debe dictarse una sentencia Absolutoria. III.- Continúa manifestando el recurrente en su: “SEGUNDO MOTIVO: QUEBRANTAMIENTO DE FORMA POR HABER INCURRIDO EL SENTENCIADOR EN FALTA DE OBSERVACIÓN DE LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA. Precepto Autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: Nuestra ley procesal penal establece que las pruebas serán valoradas de acuerdo a las reglas de la sana crítica, formándose el órgano sentenciador su convicción a través de la valoración que debe hacer en forma conjunta y armónica de toda la prueba producida en juicio, respetando los principios de la recta razón, es decir la lógica, la psicología y la experiencia común, el recurrente alega que en el presente caso habido inobservancia de la reglas de la Sana Crítica como a continuación explico: Indicación. Corresponde en este motivo desarrollar a cabalidad las contradicciones y ausencia de valoración de material probatorio conforme a las reglas de la sana crítica. Apreciación De La Prueba De Cargo. El Ministerio Público para sustentar la acusación sostenida en contra del imputado P. C. H., por el Delito de Homicidio, en perjuicio de J. P. H., se hizo valer de los medios de pruebas siguientes: -Acta de Levantamiento de Cadáver. -Acta de Inspección del Lugar de Los Hechos. -Certificación de Acta de Defunción. - Declaraciones testificales de los señores B. P. H. y J. L. P. H.. El Testigo B. P. H., en su testimonio entre otras cosas manifestó, que el día 19 de octubre del año dos mil ocho, él y su hermano J. P. H. (Occiso) iban para una concentración política al municipio de San José De Colinas, y cuando pasaron por la casa de P. C. el papá de éste les gritó ofendiéndolos, pero ellos continuaron su rumbo, ya en la concentración política, J. P. se tomó unos traguitos porque era un muchacho resentido, y en ese momento andaba resentido por la ofensa que le hizo P. C. (Padre), luego en horas de la tarde como a eso de las cinco y media, llegaron de regreso a la Aldea Pacayalito, y el hoy occiso se puso a decir unas frases, entonces salió P. C. H. a dispararle con una 38, le pegó tres tiros, uno en la boca del estómago, otro en el pecho y otro cerca del muscular, los cuales le causaron la muerte, que en el lugar al momento de los hechos habían de seis a diez personas, pero después de lo sucedido, solo se quedó él y otras tres personas más, y que su hermano murió en una posición boca abajo. Y el testigo J. L. H. P., en su declaración manifestó que ellos iban para una concentración política, es decir él, B. P., el Occiso y otras personas más, y el papá de P. C. H. (Imputado) los ofendido, pero ellos continuaron su ruta, luego que a este señor P. C. (padre) no le bastó y adelante les atravesó un carro, pero ahí no pasó nada y se fueron a la concentración política, a San José de Colinas, que allá J. P. se tomó cinco tragos de Alcohol, luego cuando regresaron a la aldea Pacayalito nuevamente, se bajaron en la placita de la aldea, iban los tres juntos es decir, el occiso, B. P. y L. H., hacia la casa donde vivían, pero J. P. se regresó, se puso a decir unas cosas, frente a la casa de P. C., luego salió éste con la pistola en la mano, J. le reclamó porqué P. C. (padre) los había insultado, entonces el imputado le dijo que a él no le anduviera diciendo eso y le puso tres disparos, uno en el pecho, otro aquí señalando el lado costado derecho y otro en el muslo, los cuales le causaron la muerte, quedando éste boca abajo, mencionó también que el lugar habían más de veinte personas. El tribunal al valorar estas declaraciones testificales, consideró que estas son coherentes y veraces al establecer con certeza que P. C. H. hijo, fue la persona que le infirió tres disparos en la humanidad de J. P. H. y que las mismas se concatenan con el resto de la prueba evacuada en el juicio oral y público. Como ser el Acta de Levantamiento de Cadáver, en donde se describen las heridas que le produjeron la muerte a J. P. H. y el Acta de Inspección que detalla el lugar donde ocurrió el hecho, testimonios que a criterio del tribunal validan el hecho probado. Con todo respeto aquí el Órgano sentenciador a inobservado las Reglas de la Sana Crítica como lo son las leyes o Reglas de la Lógica, ya que los testimonios de los testigos de Cargo, no resulta confiable, ni contundente, mucho menos coherente, ya que en primer lugar, ambos testigos son parientes del hoy occiso el primero es hermano y el segundo primo, lo que significa que aunque ellos no lo manifiesten, tienen un interés directo en la causa, pues la víctima en un pariente que convivía y caminaba junto con ellos, y a todas costas buscarían la manera de culpar a mi representado en el hecho, incluso tratarían de desfigurar los hechos, tal como se puede apreciar en este caso, en donde entre los mismos testigos del Ministerio Público se contradicen, contradicciones que señalo a continuación. El testigo B. dice que cuando iban para la concentración, P. C. (padre) los insultó, luego el testigo L., va más allá y le agrega que además de los insultos, éste los siguió en un carro y se los atravesó en el camino; B. manifiesta que a raíz de los insultos su hermano J. P. (occiso) se resintió y se fue a tomar un trago de alcohol, luego Lenin dice que no fue uno que fueron cinco tragos los que J. se tomó; el testigo B., dice que en el Lugar de los hechos habían de 6 a 10, personas pero que todos se fueron y sólo quedó él y el Testigo L.; en Cambio Lenin, dice que en efecto habían en el lugar como veinte personas; el testigo B. describe las tres heridas que presentaba la víctima, una en la pierna, una en la clavícula y otra en el pecho, y L., describe todas las heridas en el Pecho. El Acta de Levantamiento de cadáver nos indica que el Muerto quedó en posición de Cubito Dorsal, pero ambos testigos declararon que el cadáver quedó boca abajo, posiciones que no son las mismas, existiendo así contradicción también entre la prueba testifical y la documental. Es inexplicable que el Tribunal en su Sentencia no haya tomado en cuenta y no se haya referido sobre estos puntos, con lo cual queda claro, que este Tribunal ha obviado la aplicación de las reglas de la Sana Crítica, pues no ha aplicado de forma clara, sucinta y precisa como realiza la valoración causal entre cada una de las pruebas, es decir no ha dado una correlación lógica, entre el hecho declarado probado, la valoración de la prueba y su fundamentación jurídica, para llegar a esa resolución, por lo tanto al no hacer una valoración lógica omite la aplicación de las reglas de la Sana Crítica. Apreciación de la prueba de descargo. El Tribunal de Sentencia al momento de valorar la prueba de descargo, como lo son las declaraciones de los testigos: T. P. M. y D. R. P., lo hace de una manera superficial, pues no escudriña dentro de las mismas para encontrar los verdaderos elementos fácticos que no dejan ninguna duda, que el señor J. P. H., el día que ocurrieron los hechos, llegó a la Placita de la Aldea, Pacayalito, municipio San José de Colinas, proveniente de una Concentración Política, éste se bajó del carro de M. H., y se dirigió a la casa de P. C. H., a proferir insultos retándolo y diciéndole a mi representado, “Salí P. Salí hoy es el día tuyo, ven Salí para que nos matemos hoy te Moris” se fue viniendo poco a poco hasta ponerse frente a la casa de P. C., continuó retándolo diciendo “Salí hijo de Puta culero quiero verte los huevos hoy” en eso salió el imputado de la casa y le pidió que se tranquilizara, y como J. andaba bajo los efectos del alcohol este le respondió “Cual Mierda hoy es el día que te mato ya que no está tu papa te voy a matar a voz” y dijo a sacar su pistola de la cintura, en ese medio P. C., anduvo más rápido y le disparó primero dos veces, uno en la pierna derecha y el otro en la clavícula derecha, pero al mirar que J. no se detenía e insistía, P. no tuvo otra alternativa, le hizo un tercer disparo que lo infirió en el pecho, fue en ese momento que éste retrocedió cayó al suelo, Luego su hermano B., que estaba también en el lugar se acercó a querer auxiliar a su hermano, pero éste murió al instante, entonces B. le agarró la pistola al muerto se la metió a la cintura y se fue a buscar a sus demás familiares, al momento vinieron los parientes del muerto y sólo ellos quedaron en el lugar, hasta que llegó la policía como cuatro horas después. Sin embargo el Tribunal en su valoración no le da credibilidad a dichas de posiciones ya que a criterio de este Órgano Juzgador, las declaraciones son contradictorias, porque un testigo menciona que el calibre del arma que andaba el occiso es 3.80 y el otro menciona que es 3.57, lo cual esta defensa considera que esa contradicción, no le resta credibilidad a estos testimonios, ya que si no coinciden en los calibres del arma, es porque no tienen la experiencia para determinar a simple vista que calibre es tal arma, pero lo que si es cierto y de suma importancia en esta causa, es que el occiso, andaba un arma de fuego y que con ella intentó agredir a mi representado, elementos que el tribunal excluyó de su valoración, y al no tomarlos en cuenta omite la aplicación de la Sana Crítica. Por otra parte el Tribunal refiere que lo relatado por ambos testigos, al manifestar que el hermano del occiso, señor B. P., después que J. P. cayó muerto, recogió el arma que andaba éste y la guardó; al Tribunal ésto le parece ilógico, ya que al utilizar las máximas de la experiencia y el sentido común, la actuación de B. al ver a su hermano muerto era tomar el arma de fuego y tomar represalias en contra de P. C. y no guardarse el arma en la cintura; no cabe duda que el tribunal toma tal versión para hacer un acomodo a la tesis acusatoria, ya que los testigos de descargo dejaron claro que cuando ocurrió el hecho, P. C., se metió para su casa, lo que le resulta difícil a B. repeler contra él, además no siempre la reacción de una persona es repeler un ataque, cuando un pariente está herido, si no que la reacción es auxiliar que fue lo que hizo el testigo B., además es notorio la manipulación que hubo en la escena, porque los testigos del Ministerio Público manifestaron que el cadáver quedó boca abajo, y cuando llegó la policía está boca arriba (de cubito dorsal) y como junto a la víctima solo parientes quedaron con facilidad B. agarró el arma que andaba su hermano, y la fue a esconder para que la policía no la encontrara, y por esa razón en la escena no aparece dicha arma, de fuego; pero finalmente el Tribunal dice que estas declaraciones, si concuerdan en el lugar, día, hora y las circunstancias en que se dieron los hechos, entonces como o porque no les da credibilidad, claro está aquí una contradicción entre los hechos probados y la Valoración de la Prueba, por lo tanto lo que habido aquí es una inobservancia a las reglas de la sana crítica. El Tribunal al Valorar la prueba de cargo y descargo, debió apreciar entre otros puntos el interés que tenían los testigos del Ministerio Público, en la causa, por ser parientes del occiso, y de ese punto partir para darle credibilidad a estos testimonios, tomar en cuenta el estado que andaba la víctima y los testigos porque todos andaban tomados tal como lo dijeron los testigos de descargo, también valorar las contradicciones entre la declaración de B. P. y L. H., ya que existen reglas simples y básicas como lo es que dos declaraciones que se contradicen entre si son excluyentes; de igual manera tuvo que valorarse la contundencia, el estado en que andaban los testigos de la defensa, cuando observaron los hechos, la distancia, la forma y los ángulos de donde los percibieron, pero todos estos elementos el Juzgador los omite, los excluye de su valoración, ausentándose de hacer una valoración conjunta y armónica de todo el material producido en el juicio, vulnerando los principios de la recta razón, como lo es la lógica, psicología y la experiencia común. RECLAMO. Respecto a la obligación contenida en el artículo 363 del Código Procesal Penal en el sentido de señalar en reclamo que se haya hecho para subsanar vicio procesal, señalo que el vicio se produce en la sentencia definitiva, razón por la cual el reclamo lo constituye el presente recurso”. RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA INTERPUESTO POR EL ABOGADO N. A. M., APODERADO DEFENSOR PRIVADO DEL ACUSADO P. C. H., CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA DIECISÉIS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL ONCE.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 360 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL; NORMA SUSTANTIVA QUE SE CONSIDERA INOBSERVADA: ARTÍCULO 24 DEL CÓDIGO PENAL.- SE DENUNCIA FALTA DE APLICACIÓN DE LA FIGURA DE LA LEGITIMA DEFENSA. IV.- Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…”. Así pues son dos los elementos del recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato de un acontecimiento histórico declarado por el Tribunal de Sentencia, respecto al asunto debatido, mismos que se desprenden de la valoración hecha a los medios de prueba reproducidos en juicio y de los cuales los Juzgadores han podido apreciar de manera directa, colocándolos en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados; y 2. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por Infracción de Precepto Sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la Aplicación de la Ley Sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). V.- Como argumento central El Censor increpa la no aplicación del Artículo 24 del Código Penal por parte del Tribunal de Sentencia, debido a que la prueba testifical de la causa da cuenta de la agresión previa que realizo el occiso Justiniano Perdomo, en contra del acusado, amenazándolo con un arma de fuego, por lo que éste último se defiende. VI.- Para dar respuesta al impetrante es oportuno analizar la naturaleza de las Causas de Justificación, llamadas también Causas de Exclusión del Injusto Penal, y en especial, la Legitima Defensa, por ser ésta la que se invoca como concurrente. Las Causas de Justificación son el aspecto negativo de la Antijuricidad y constituyen la autorización que la ley da a una persona para que haga defensa directa de sus intereses subjetivos que se ven amenazados o lesionados por actos reprochados por el ordenamiento jurídico o por hechos que se desean evitar y de los que no puede dar respuesta de manera inmediata el Estado. Las causas de justificación convierten una conducta humana subsumible en un tipo penal, en un acto conforme a derecho, es decir en un acto jurídicamente lícito y por tanto descarta la existencia de un hecho delictivo por parte de quien actúo a su amparo. La cuna de las Causas de Justificación no es exclusivamente el derecho penal y por tanto el catalogo que contempla el Artículo 24 del Código Penal no es cerrado, éstas pueden encontrarse en todo el ordenamiento jurídico puesto que no crean derechos, sino que reconocen el ámbito de lo permitido o lícito, por tanto desde un punto de vista unitario, la conducta humana deben de ser catalogadas como lícitas o ilícitas alternativamente y no simultáneamente, entonces una conducta permisible en una rama del derecho no puede estar proscrita en otra. Incluso S. R. y R. C.[1] hablan de que cuando no contravengan los postulados inspiradores del derecho, pueden tener origen fuera de él, denominándolas Causales Extralegales o Supralegales de Justificación. Una vez comprobada la existencia de la causa de justificación, ello tendría como consecuencia jurídica[2]:

  1. No Nace el Injusto Penal; La conducta humana típica y antijurídica da paso al injusto penal, más con la existencia de la causa de justificación se afirma que el acto en lugar de ser antijurídico, es jurídicamente lícito y por lo tanto no concurriría el injusto penal.- Al no existir injusto penal no es posible hacer estudio sobre los elementos de la culpabilidad o la punibilidad, tampoco existiría responsabilidad civil derivada del hecho justificado, salvo en los casos de Estado de Necesidad, por disposición expresa del legislador en el Artículo 106 del Código Penal; 2. Los inductores y cómplices de la conducta justificada igualmente están exentos de responsabilidad; 3. No es posible invocar la existencia de una causa de justificación frente a quien de manera legítima actúa en el ejercicio de otra causa de justificación; y 4. Quien actúe bajo una causa de justificación no podrá ser sujeto a ninguna causa de justificación, aun cuando al momento del hecho se encontrare en estado de trastorno mental, dada la inexistencia del injusto penal (Art. 2-D segundo párrafo del C.P.). Entre las causas de Justificación que regula el Código Penal se encuentra la Legítima Defensa Propia, contenida en el Artículo 24.1 y no es más que el ejercicio de la violencia para tutelar o proteger un bien jurídico atacado injustamente. Es una situación en donde un individuo se ve en la necesidad de repeler la agresión ilegítima, actual o inminente, y no provocada, de la que es objeto, causando un daño a un bien jurídico protegido mediante medios proporcionales para impedirla o repelerla. La Legitima Defensa no tiene contenido recíproco, es decir, la persona que ilegítimamente agrede a otra, debe tolerar el ejercicio del derecho de defensa del agredido, no pudiendo invocar a su vez legítima defensa. Explican Sanchez Romero y Rodas Chacon [3] que la Legitima Defensa se basa en dos principios: la protección individual y el prevalecimiento del derecho, lo que implica, por una parte, que nadie está obligado a soportar lo injusto, cuando el Estado no puede intervenir a tiempo para proteger los bienes jurídicos del afectado, y por otra parte, la afirmación del derecho al autorizar al individuo defender lo que esta protegido en la legislación. El Código Penal, en el Artículo 24.1 establece como requisitos para la existencia de la Legítima Defensa: A).- ELEMENTOS OBJETIVOS DE PERMISIÓN: 1.- Conducta Típica: Para el estudio de la legítima defensa se requiere que de previo, exista una conducta humana que se subsuma en un tipo penal por observarse los elementos objetivos y subjetivos de la tipificación; es ésta conducta que se verá justificada; 2.- Agresión Ilegitima: Existencia de una agresión que lesiona o pone en peligro de lesión a un bien jurídico protegido; Agresión que tiene su origen en la conducta de una persona física, realizada directamente o por medio de un instrumento, siendo indiferente si la persona es imputable o inimputable. La agresión puede realizarse a través de una acción que requiere la actividad corporal del sujeto, o a través de una omisión la cual puede ocurrir cuando el agresor tiene una obligación jurídica de actuar, y la agresión se comete, precisamente, no actuando, con lo que causa daño al atacado, de manera que la reacción de este último sería una legítima defensa. La agresión deberá de ser actual o inminente: Es Actual la que se ha comenzado a ejecutar y no se ha concluido; Es Inminente la que no se ha comenzado a ejecutar, realizando el agresor actos inequívocos encaminados a ejecutarla. La agresión que se repele debe de ser antijurídica, indebida, ilícita e injustificada, es decir debe de ser contraria al orden jurídico y no autorizada por la ley, ni cubierta por causa de justificación. 3.- Necesidad Racional del Medio Empleado para Impedirla o Repelerla: El acto de defensa debe de recaer sobre quien es el autor de la agresión ilegitima o sobre sus bienes, no abarcando la causa de justificación aquellos daños que, en aras de ejercer defensa, se produzcan en contra de terceros. El que se defiende debe de utilizar un medio que, bajo un juicio ex ante, sea racionalmente la única forma de repeler o impedir la agresión injusta. Se trata de realizar un análisis de las condiciones en que se encontraba la persona que se defiende en relación con las de su agresor y los medios que tenía el primero a su alcance, eligiendo aquel que, causando el menor daño posible, haya representado como el idóneo para hacer frente a la agresión injusta. Debe de entenderse que la ley no autoriza a quien rechaza un ataque ilícito para recurrir a cualquier medio y causar cualquier daño a quien le agrede, sino solo aquellos medios que guarden proporcionalidad entre el daño que se quiere evitar y el que se puede producir para evitarlo; esta proporcionalidad no debe ser tomada desde una perspectiva matemática de equivalencia de condiciones de ataque, sino más bien es la consideración entre la intensidad de la agresión, la peligrosidad del agresor y la disponibilidad de medios que pueden ser utilizados como defensa; Contrario Sensu habría desproporcionalidad cuando quien se defiende elige conscientemente un medio superior al necesario para lograr su finalidad defensiva, habiendo disponibles otros medios que igualmente idóneos pudiesen producir un resultado menos dañoso. Finalmente, para que el requisito se cumpla, debe existir unidad de acto entre la agresión ilegitima y el acto de defensa, las que no necesariamente deben de ser simultaneas, sino basta que el acto de defensa se realice ante la inminencia de la agresión, durante su ejecución y hasta el momento en que cese el peligro. Por tanto no existiría la causa de justificación la defensa de una agresión que ya ha cesado. Cuando la defensa inicia bajo una amenaza de agresión o bajo la ejecución de la agresión, extendiéndose más allá de cuando ésta ya ha cesado, se produce la figura del Exceso de Legítima Defensa, tema que desborda el contenido de la impugnación que nos ocupa. 4.- Falta de Provocación Suficiente por parte de Quien se Defiende: Quien se defiende no debe de haber actuado de modo de provocar el ataque de su agresor. El legislador al agregar este requisito ha tratado de evitar los casos de Pretexto de Defensa, que se presentan cuando la persona, obrando conscientemente, provoca con su actuar una reacción ofensiva de otro, para luego realizar acto de defensa. El requisito exige la falta de provocación suficiente: Abra provocación cuando la persona incita a otro a que reaccione en contra de él, además ésta será suficiente cuando, conforme a la esfera del Profano, la agresión sea la reacción a esperar como consecuencia de la provocación. Como consecuencia de lo expuesto, se cumplirá éste requisito y por tanto existirá legítima defensa cuando: 1. La provocación no tenga el carácter de suficiente; 2. Cuando la agresión sea realizada por una persona distinta a la que se estaba provocando suficientemente; y 3. Cuando no exista unidad de acto entre la provocación suficiente y la agresión, es decir existe legítima defensa cuando se realiza defensa de una agresión que se realiza después que se ha diluido la provocación suficiente. B).- ELEMENTO SUBJETIVO DE PERMISIÓN: Quien actúa en legítima defensa debe tener la voluntad de defender el bien atacado. La persona debe de conocer que está siendo objeto de una agresión ilegitima de parte de una persona determinada y debe además querer defenderse de dicha agresión. Finalmente es de hacer mención sobre la Legítima Defensa Privilegiada, prevista en el último párrafo del artículo 24.1 del Código Penal, que contempla una presunción Iuris Et De Iure, al señalar que se entenderá que cumple con los elementos objetivos de Permisión de la causa de justificación, quien rechaza el escalamiento o fractura de los cercados, paredes o entradas de una casa o apartamento habitado, o de sus dependencias, o emplea violencia contra el individuo extraño a ella que es sorprendido dentro de los lugares señalados. VII.- DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO.- El Recurso no es de Recibo.- Después de puntualizar los elementos objetivos y subjetivos permisivos de la causa de justificación de la Legitima Defensa propia, la Sala de lo Penal ha llegado a la conclusión que ninguno de éstos se ven reflejados en el relato de los hechos declarados probados y por tanto no es procedente el reclamo del Censor en cuanto a que el Tribunal de Sentencia indebidamente dejo de aplicar dicha figura contenida en el Artículo 24.1 del Código Penal, máxime cuando para ello hace remisión a lo que considera fue acreditado mediante los medios de prueba, olvidando que rige en Casación el Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados y por tanto no es posible en única instancia cuestionar su contenido ni tampoco alejarse de lo que en ellos se ha plasmado. Como consecuencia es procedente declarar sin lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su Único Motivo. RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR EL ABOGADO N. A. M., APODERADO DEFENSOR PRIVADO DEL ACUSADO P. C. H..- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362.3 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL; NO SE CITA NORMA INFRINGIDA. VIII.- El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto; Para que ésta sentencia tenga validez debe de estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; Es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio.- Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso.- Si no se cumplen con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. IX.- Identifica el Censor los Principios de la Lógica, como aquellos que inobservo el Tribunal de Sentencia en la valoración de la prueba, reflexionando que los testigos de cargo, Señores B. P. H. y J. L. H. P., son parientes del fallecido y por tanto con interés directo en la causa que motiva a mentir sobre los hechos, evidenciándose por las múltiples contradicciones entre ellos: 1).- J. H. menciona que el Señor P. C. (Padre) les atravesó un vehículo a su paso, lo que no es mencionado por B. P.; 2).- J. H. menciona que el Señor J. P. se tomó cinco tragos de alcohol, entretanto el Señor B. P. señala que solo fue uno; 3).- J. H. señala que los disparos recibidos por el ofendido fueron en el pecho, entretanto que el testigo B. P. indica que fue en la pierna, clavícula y en el pecho; 4).- El acta de Levantamiento de Cadáver señala que el cuerpo sin vida del ofendido se encontraba de cubito dorsal, mientras que los testigos mencionan que estaba “boca abajo”.- Adicionalmente el Censor protesta por la valoración negativa hecha por los Juzgadores de los testigos de descargo: T. P. M. y D. R. P., porque a su criterio ésta fue superficial y además violatoria a las reglas de la sana critica, en especial en cuanto a la apreciación de una contradicción en la descripción del arma que no tiene la relevancia dada por los Juzgadores y al no considerar que los testigos refieren que B. P.o recogió el arma con que quiso agredir el occiso J. P. al acusado. X.- DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO.- El Recurso no es de Recibo.- No existe controversia entre las partes respecto a que el día domingo 19 de Octubre de 2008, después de las 05:30 p.m. el Señor P. C. (hijo), disparo un arma de fuego contra la humanidad del Señor J. P. con la intención de quitarle la vida, impactándole en tres ocasiones, consiguiendo su cometido de tal forma, hecho éste que era precisamente el contenido de la acusación del Ministerio Público y por lo cual se basa en solicitar que el recurso de Casación que nos ocupa sea desestimado; El punto de controversia es aportado por la Defensa al afirmar que la acción ejecutada por el Señor P. C. (hijo), fue un acto de defensa ante la inminente agresión que iba de sufrir de parte del Señor J. P. y por tanto el hecho se ajusta a la causal de justificación de la legítima defensa, más sin embargo fue criterio de los Juzgadores que tal afirmación la Defensa no pudo acreditarla con los dos testigos que fueron propuestos, prevaleciendo en pie la Teoría Fiscal, criterio que es compartido por la Sala de lo Penal. El Censor apoya su argumento señalando que se ha quebrantado los Principios de la Lógica en la valoración de los testigos de cargo, al no apreciar los Juzgadores las contradicciones que surgieron entre sus declaraciones, contradicciones que considera esta Sala de lo Penal versan sobre hechos que a la postre no mancillan el punto toral debatido que es la muerte del Señor J. P., provocada por el Señor P. C. (hijo), con un arma de fuego; Es pues que en cuanto a lo indicado por el Censor se aprecia: 1).- Existe contradicción cuando dos testigos al referirse sobre un mismo hecho, lo hacen de dos formas diferentes de modo que ninguna de sus versiones pueden subsistir en el mismo plano, debiendo ser una de las versiones necesariamente verdadera y la otra falsa; En el caso de los Testigos B. P. y J. H. no existe contradicción alguna cuando el segundo en su declaración agrega que el Señor P. C. (Padre) atravesó un vehículo en su camino, puesto que sobre esto no existe una manifestación contraria por parte del primero, no existe violación al Principio Lógico de Tercero Excluido. Es de considerar además que éste hecho fue protagonizado por una persona distinta al acusado horas antes en que se produjere la muerte del ofendido y por tanto no tiene significancia alguna en cuanto a lo debatido; 2).- Como motivo para restar la credibilidad de los testigos de cargo, el Censor apunta que los testigos se contradijeron en el número de “tragos” que ingirió el ofendido J. P. previo a los hechos; La Sala de lo Penal advierte que si bien el testigo B. P. H., indico que el ofendido se había tomado un trago (F. 26) y el testigo J. H. que eran “como cinco” (F. 28), este punto de discrepancia no tiene la incidencia como para derivar que los testigos mintieron en todo lo dicho por estos, además este aspecto discrepado por el Censor no jugo ningún tipo de papel en la dinámica de los hechos que después de desarrollaron y que tuvieron como fatal termino la muerte del ofendido; 3).- Alega disparidad el Censor en cuanto al lugar del cuerpo donde recibió el ofendido los impactos de bala reportado por los testigos de cargo, disparidad que es inexistente; Ambos testigos indican que fueron cuatro los disparos hechos por el acusado en contra del ofendido, logrando impactar tres, el testigo B. P. indica que estos fueron impactados en la boca del estómago, en el pecho y otro en el muscular (F. 25), entretanto el testigo J. H. señala que los disparos fueron impactados uno en el cuello, otro en el pecho y otro en el estómago (F. 27 v), además ambos testigos indican que el cuarto disparo impacto en la escuela que se encontraba próxima, por lo que no existe contradicción alguna, considerando que no les es exigible a los testigos que puedan identificar con exactitud el lugar de los impactos de bala ni identificar tal parte del cuerpo con el nombre que correctamente le corresponde; y 4).- Como último punto señala el censor que incurrieron en violación a la lógica los Juzgadores al no apreciar la contradicción entre el acta de Levantamiento de Cadáver donde se señala una posición del cuerpo del ofendido y la declaración de los testigos de cargo quienes refieren que el cuerpo estaba en otra posición; Tal contradicción no existe y en caso de haber existido resultaría intrascendente: El testigo B. P., indica que su hermano cayo “embrocado”, expresión que da a entender que el cuerpo tuvo como posición final decúbito prono (boca abajo) y que al llegar hasta éste le dio vuelta y pudo ver su expresión final (f. 25), coincidiendo con el testigo J. H. quien señala que el Señor B. corrió hasta donde estaba el ofendido después de haber recibido los disparos (F. 27) y es por ello que el acta de Levantamiento Cadavérico reporta que al momento que llego los agentes de policía el cuerpo se encontraba decúbito dorsal (boca arriba). demás el Censor indica que los Juzgadores violentaron las reglas de la sana critica al momento de valorar los testigos de descargo: T. P. M. y D. R. P., sin ocuparse en señalar concretamente que reglas fueron las inobservadas y por tanto imposibilitando a que esta Sala de lo Penal pueda auditar si efectivamente existe la violación que alega el Censor. Por el contrario el Censor se inclinó a señalar su opinión de cómo debieron haber sido valorados los testigos, confundiendo la única instancia con una segunda instancia, debido a la imposibilidad de este Tribunal de revalorar prueba, siendo su tarea único ser vigilante que la valoración probatoria de los Juzgadores sea realizada siguiendo la senda trazada por las reglas de la sana critica. Procede en este caso declarar sin lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los Artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales ; 360 y 362 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su Motivo Único, interpuesto por el Abogado N. A. M., Defensor Privado del acusado P. C. H..- SEGUNDO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Motivo Único, interpuesto por el Abogado N. A. M., Defensor Privado del acusado P. C. H.. TERCERO: Se declara firme y ejecutable la Sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en fecha dieciséis (16) de Agosto del año dos mil once (2011). MANDA: Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- MAGISTRADO PONENTE: ZUNIGA MEDRANO.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de mayo del año dos mil catorce.- Certificación de la sentencia de fecha veintinueve de febrero del año dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-437-2011.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] En Sanchez Romero Cecilia y Rodas Chacón José Alberto; Teoría del Delito, Aspectos Teóricos y Prácticos; Tomo I; Ministerio Público de Costa Rica, Pag 215.

[2] Al respecto ver Velásquez Velásquez, Fernando; Derecho Penal Parte General, Tercera Edición; Editorial Temis S.A., Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1997, pag 468

[3] En Sanchez Romero Cecilia y Rodas Chacón José Alberto; Ob. Cit. Pag 218.