Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-416-12 — Registro 14535

Resumen

En primer instancia se condena a los imputados por el delito de secuestro, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el MP

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Los Defensores Públicos de los acusados ROY DANY CABRERA ZELAYA Y MELVIN RAMIRO VELÁSQUEZ RUIZ, exponen idénticos argumentos en sus Recursos por Infracción de Precepto Constitucional, alegando que los juzgadores dictaron la sentencia con violación de los artículos 89 de la Constitución de la República, en relación a los artículos 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 2 del Código Procesal Penal. Para el caso, el principio de inocencia se les ha violentado a los acusados en virtud de no existir suficientes elementos probatorios aportados por parte del Ministerio Público para lograr vulnerar el mismo. Argumentan, que el debido proceso aludido en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Constitución de la República, establece un juicio lógico, integrado en tres elementos: la tesis del acusador o actor, la antitesis del imputado y la síntesis contenida en la sentencia del juzgador, situación que nunca tuvo lugar en dicho proceso, pues los acusados nunca fueron claramente identificados como tales en el lugar de los hechos, siendo la única descripción una escueta vestimenta ya que a la distancia a la que se encontraban los oficiales de policía (75 metros) era imposible que se lograra identificar el rostro de la persona que ven entrar a la casa donde se encontraba la perjudicada. II. Esta Sala recuerda, que “El Debido Proceso” esta regulado por la misma norma primaria en el artículo 90 y que también establece “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. El debido proceso tiene relación con el ideal garantista para juzgar, que no sólo requiere la intervención de un órgano jurisdiccional con independencia e imparcialidad objetiva, sino también una instancia ante la cual las partes puedan debatir sus diferencias en un plano de igualdad de condiciones, por eso es la exigencia constitucional de que el juzgamiento se realice con las formalidades, derechos y garantías establecidas en la ley. Esta Sala recuerda también, que en relación al “Estado de Inocencia” lo que corresponde es comprobar y verificar si en la audiencia de juicio en la que se apreció la prueba, se dispuso en la misma del mínimo de actividad probatoria, llevada a cabo con las debidas garantías constitucionales y procesales. III. Sin el ánimo de hacer valoraciones alternativas a la prueba evacuada, con la misma, los sentenciadores deducen correctamente que se acreditó que los acusados ROY DANY CABRERA ZELAYA Y MELVIN RAMIRO VELÁSQUEZ RUIZ, llegaron en dos ocasiones a la vivienda en donde se mantenía cautiva la víctima, el día de los hechos, llevando la misma vestimenta y en los mismos vehículos en los que fueron detenidos horas después. También se establece que durante la vigilancia de la vivienda entre las dos y cinco de la tarde del día 19 de febrero de 2010, únicamente los acusados en los vehículos Mazda y Nissan Frontier, son los que ingresaron a la vivienda en donde estaba sometida la víctima, lo que se estableció con las actas de allanamiento, inspección a la vivienda y registro personal de los acusados, actas de decomiso, y la declaración de los testigos protegidos Luna y ST1, (folios # 13, 50, 51, 103 a 127, 208 a 211, 522 a 538, 543 a 549), quien escuchó en ese momento la conversación de tres voces masculinas y una femenina, infiriendo que las voces masculinas son las de los acusados quienes fueron los que llegaron en dos ocasiones a la vivienda mientras permanecía cautiva la víctima. También es correcto el razonamiento del A- quo, en cuanto a que el acusado ROY DANY CABRERA ZELAYA, fue detenido cerca de Plaza Premier en La Ceiba, Departamento de Atlántida, en donde habían sido citados los parientes de la víctima para la entrega del dinero, y cerca de la hora indicada fue detenido portando la misma vestimenta que tenia cuando ingresó horas antes a la vivienda en donde tenían retenida a la víctima. Por otro lado, el acusado MELVIN RAMIRO VELÁSQUEZ RUIZ, fue detenido en el parqueo del mall Mega Plaza de la misma ciudad, donde finalizó el seguimiento indicado al salir de la vivienda en donde estaba la víctima, cercano al centro comercial en donde se haría la entrega del dinero, y portando igualmente la misma vestimenta con la que se le vio al ingresar horas antes a la vivienda en donde estaba la víctima, encontrándosele al acusado en posesión del celular de la víctima; por lo que sí es coherente la deducción del Tribunal de Instancia en que los acusados fueron las personas que llamaron a los parientes de la víctima exigiendo dinero en efectivo a cambio de su liberación. Es por ello que con la prueba evacuada en el debate, si se dispuso de un mínimo de actividad probatoria llevada a cabo con las formalidades y garantías establecidas en la constitución y la ley procesal, suficiente para enervar el estado de inocencia de los acusados. Es por ello, que es procedente declarar Sin Lugar los Recursos de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuestos por ambos Defensores Públicos.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."La recurrente plantea que los sentenciadores incurrieron en inobservancia en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica, ya que al momento de la proposición de medios de prueba, la defensa del señor MELVIN RAMIRO VELÁSQUEZ RUIZ, se manifestó en contra de la aceptación de medios prueba documentales como ser las Actas de Registro, Acta de Decomiso y el Acta de Allanamiento, en vista que el Ministerio Público propuso como persona encargada de ratificar dichas actas al Agente Wilfredo Castillo López, quien manifestó que a la fecha había fallecido sin presentar en ese momento ninguna acreditación legal de dicho fallecimiento. Señala, que existe una contradicción entre el Acta de Decomiso y la declaración del Testigo ST-3, quien estuvo presente al momento de la detención del acusado VELÁSQUEZ RUIZ, fue claro al decir que venía de pasajero y que el conductor del vehículo era el señor Guillermo Alfredo Ruiz, y que dentro del vehículo, en el suelo en la parte trasera se encontraron tres (03) celulares. Por lo que queda acreditado que el imputado no portaba ninguno de los celulares. En el interior del carro fue encontrado un traspaso firmado por la señora Diana Aranda, con identidad 0101-1990-03014, documento de compromiso de pago firmado por la señora Diana Aranda. Por lo que se establece que dicho carro no es propiedad del imputado Velásquez Ruiz, desvinculando totalmente toda evidencia encontrada en el interior del mismo. II. Esta Sala recuerda, que dentro de las reglas de la lógica encontramos las leyes fundamentales de la derivación, que no es más que las conclusiones deben ir concordando, o sea, a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella, para ello la motivación debe ser verdadera o auténtica. III. Sin el ánimo de valorar alternativamente la prueba evacuada en el debate, esta Sala de lo Penal, considera que no es de recibo el reclamo del recurrente, ya que los sentenciadores concluyen correctamente, para el caso en lo que respecta a los medios de prueba documentales como ser las Actas de Registro, Acta de Decomiso y el Acta de Allanamiento, que no fueron ratificados por agente de investigación alguno, por argumentar el órgano acusador que había fallecido el suscriptor de dichas actas; para esta Sala, es correcto el razonamiento arribado por el A- quo, que de acuerdo con la ley adjetiva, los medios de prueba documentales se evacuarán con la lectura de los mismos, y serán ratificados “siempre que sea posible”, de manera que si no son ratificados, tampoco se desnaturaliza la condición de prueba documental, y deben ser valorados por el órgano jurisdiccional, bajo la denominación de documentales. En relación con el acta de allanamiento levantada en la vivienda en donde estaba cautiva la víctima, y las actas de inspección y registro personal, razonan bien los juzgadores en cuanto a que a través de este medio de prueba se estableció que se encontraron entre otras cosas, documentos de propiedad del vehículo marca  Mazda, en el que se conducía el acusado MELVIN RAMIRO VELÁSQUEZ RUIZ al momento de su detención, y aunque el vehículo no es propiedad del acusado, es el mismo automotor que fue visto en las vigilancias que llegaba a la vivienda en donde se mantenía a la víctima en contra de su voluntad. En relación a la contradicción entre la declaración del testigo ST3, (folios # 561 f. y v.), y el acta de decomiso, en cuanto a que los celulares decomisados a MELVIN VELÁSQUEZ, que según el testigo estaban tirados en el suelo del vehículo; los Juzgadores, deducen correctamente que si bien existe una contradicción, el Tribunal le da mayor credibilidad a lo consignado en el acta de decomiso, al ser realizada por un agente de investigación distinto al declarante, y que se practicó el mismo día de los hechos, en cambio la deposición fue proferida casi dos años después, siendo correcto el darle mayor credibilidad en cuanto a ese extremo a la prueba documental. Es por todo lo anterior, que no se aprecia que los sentenciadores hayan fundado sus conclusiones irrespetando las reglas de la sana crítica, o que al momento de valorar la prueba el A-quo haya arribado a conclusiones contradictorias, incompletas e incoherentes, siendo que en la sentencia se plasman conclusiones lógicas y concordantes, además de verdaderas, que se extraen como consecuencia de las pruebas legalmente evacuadas en el debate; por lo que esta Sala considera, que en el fallo recurrido no se han violado las reglas de la sana crítica; en consecuencia, se declara Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por la Defensa Pública del señor MELVIN RAMIRO VELÁSQUEZ RUIZ, en su único motivo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de diciembre del año dos mil catorce, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los Magistrados CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, en su calidad de Coordinador, MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO y JACOBO CALIX HERNANDEZ, dicta sentencia conociendo los Recursos de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuestos contra la sentencia de fecha veintiséis de junio de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual falló condenando a los señores MELVIN RAMIRO VELASQUEZ RUIZ Y ROY DANY CABRERA ZELAYA, por el delito de SECUESTRO en perjuicio de S. Y. M. G.; a la pena de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSION, más las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la pena principal. Interpusieron el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, el Abogado CARLOS OBED URBINA, actuando en su condición de Defensor Público del encausado ROY DANY CABRERA ZELAYA; y el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, la Abogada JEANNINE ISABEL HANDAL KAWAS, en su condición de Defensora Pública del encausado MELVIN RAMIRO VELASQUEZ RUIZ. SON PARTES: La Abogada DARIEN MINOU RIVERA PAVON, en su condición de Defensora Pública, como parte recurrente y el Abogado SALVADOR CUESTAS ARÉVALO, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS PRIMERO: En fecha dieciocho de febrero de dos mil diez, sobre las ocho y cuarenta y cinco de la noche, en un lugar no determinado de la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, mientras la joven S. Y. M. G., se disponía a conducir el vehículo tipo turismo, color verde, cuatro puertas, vidrios polarizados, marca Chevrolet Cavalter, Placa # PBT 1844, es interceptada por un individuo que le ordena con voz amenazante, pasar al asiento del pasajero y que no lo mire, al tiempo que se introduce al automóvil, le arrebata su teléfono celular marca Alcatel, color negro y rojo, número 95766037, IMEI012167002301094, y la interroga sobre sus recursos económicos y los de su familia mientras conduce. Minutos más tarde detiene el automóvil, le venda el rostro, llegan dos individuos en otro carro, suben al vehículo y también la interrogan; breves momentos después es llevada a una vivienda color rosado ubicada en las cercanías de la Colonia Herrero de La Ceiba e introducida en una habitación, desde la que escucha tres voces masculinas y una femenina, y donde permanece hasta aproximadamente las cinco de la tarde del día siguiente, cuando es liberada por agentes de policía, período durante el cual los tres hombres vuelven a interrogarla, hacen varias llamadas a familiares de la joven desde el celular de ésta y en su presencia empiezan pidiéndoles ciento cincuenta mil lempiras para liberarla, después de varias llamadas terminan solicitándoles la cantidad de treinta mil lempiras. SEGUNDO: Entre dos y tres de la tarde del diecinueve de febrero de dos mil diez, Melvin Ramiro Velásquez Ruiz vestido con una camiseta azul y pantalón color beige corto, acompañado de otro hombre que vestía pantalón azul jeans y camiseta azul y blanco, a bordo de un vehículo tipo turismo, marca Mazda 626, color dorado, Placas PCF3032, y seguidos de Roy Dany Cabrera Zelaya, vestido con camiseta negra y pantalón corto caqui o blanco hueso y conduciendo un vehículo tipo pick up, marca Nissan Frontier, color crema, con placas PP18548, llegan en dos ocasiones, a la casa de habitación antes descrita, donde permanecen por algunos minutos, en ambas oportunidades llaman a un pariente de S. Y. M. G., desde el celular de ésta al teléfono 99531945 y le indican que la entrega del dinero pactado para la liberación de S. Y., debe realizarse en Plaza Premier de La Ceiba, acto seguido abandonan el lugar, saliendo primero Roy Dany, en el vehículo Nissan y después Melvin y su acompañante en el Mazda, con rumbo a la Gasolinera Texaco Saopin, desde donde es seguido el primero por agentes de policía. TERCERO: Momentos después, y en las proximidades de Plaza Premier, en el semáforo de esa zona, mientras conducía el vehículo Nissan descrito, es detenido y registrado Roy Dany Cabrera Zelaya, vistiendo la misma ropa con la que, ese mismo día y en el mismo vehículo, había estado en la vivienda en la que fue encontrada y liberada S. Y.; decomisándosele el vehículo que conducía y el teléfono celular marca Coral 640, color negro y rojo, con serie de IMEI 355811036781434 de la Compañía Digicel; y un teléfono celular marca Motorola, color gris V3 con Imei 355526001273452 y número de chip 9578-6596. CUARTO: Cerca de las cuatro de la tarde con treinta y cinco minutos del mismo día diecinueve de febrero de dos mil diez, en el parqueo techado del Mall Mega Plaza, a bordo del vehículo Mazda descrito y en compañía del conductor del mismo, es detenido y registrado Melvin Ramiro Velásquez Ruiz, vistiendo la misma ropa con la que, ese mismo día y en el mismo vehículo, había estado en la vivienda en la que fue encontrada y liberada S. Y., decomisándosele: dos teléfonos celulares marca Samsung y el teléfono celular marca Alcatel, color negro y rojo, con serie de IMEI 012167002301094 y número de chip 9576-6037, propiedad de S. Y.. CONSIDERANDO I. Los Recursos de Casación: a) por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por el Abogado CARLOS OBED URBINA, actuando en su condición de Defensor Público del encausado ROY DANY CABRERA ZELAYA; b) Por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por la Abogada JEANNINE ISABEL HANDAL KAWAS, actuando en su condición de Defensora Pública del encausado MELVIN RAMIRO VELÁSQUEZ RUIZ, reúnen los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de los mismos. II. RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. Interpuesto por el Abogado CARLOS OBED URBINA, en su condición de Defensor Publico del encausado ROY DANY CABRERA ZELAYA. MOTIVO UNICO. “Violación de los artículos 89 de la Constitución de la República, en relación a los artículos 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 2 del Código Procesal Penal”. PRECEPTO AUTORIZANTE: “El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal”. EXPLICACION DEL MOTIVO: Las normas constitucionales que se invocan como infringidas son el artículo 89 que establece: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente.” Esta norma constitucional tiene una directa relación con el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre las Garantías Judiciales: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.” Asimismo, con el artículo 2 del Código Procesal Penal sobre el estado de inocencia: “Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este Código. En consecuencia, hasta esa declaratoria, ninguna autoridad podrá tener a una persona como culpable ni presentarla como tal ante terceros. Por consiguiente lo que se informe, se limitará a poner de manifiesto la sospecha que pende sobre la misma. La violación a lo dispuesto en el párrafo anterior obligará a los responsables a indemnizar a la víctima por los perjuicios causados, los que serán exigibles e juicio civil ordinario, sin perjuicio de la responsabilidad penal o administrativa que proceda.” PRIMERO: Con base en lo anterior, es obligación del Estado velar por el cumplimiento del debido proceso, respetando todas las garantías que el mismo establece. Por ello, en el presente caso el principio de inocencia se le ha violentado a mi representado en virtud de no existir suficientes elementos probatorios aportados por parte del Ministerio Público para lograr vulnerar el mismo. El debido proceso aludido en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Constitución de la República establece un juicio lógico, integrado en tres elementos: la tesis del acusador o actor, la antítesis del imputado y la síntesis contenida en la sentencia del juzgador, por lo que la sentencia, en caso de resultar condenatoria debe contar con suficientes elementos, proporcionados por la tesis, que lleven al juez a la convicción de la culpabilidad de mi representado; situación que nunca tuvo lugar en dicho proceso, debido a que mi representado nunca fue claramente identificado como tal en el lugar de los hechos, siendo la única descripción una escueta vestimenta ya que a la distancia a la que se encontraban los oficiales de policía (75 metros) era imposible que se lograra identificar el rostro de la persona que ven entrar a la casa donde se encontraba la perjudicada. SEGUNDO: En el momento de la detención, a mi representado se le realiza en la Plaza Premier y no en la casa donde se encontraba la víctima. Aunado a lo anterior no existe una declaración contundente que vincule al señor ROY DANY CABRERA ZELAYA en la comisión del delito, pues al presente juicio no se aporta declaración alguna de la señora DIANA ELIDUBINA ARANDA quien efectivamente fue encontrada en la casa donde se encontraba retenida la víctima. De igual forma ni la víctima ni el TESTIGO PROTEGIDO ST1 identifican a mi representado como responsable por el delito que se le acusa. TERCERO: Es importante destacar que el señor ROY DANY CABRERA ZELAYA, al momento de la detención, tampoco fue encontrado en su poder ninguna pertenencia de la víctima que pudiera relacionarlo o ligar su persona a la de la víctima. Asimismo, si bien las placas del automóvil son rastreadas por los agentes policiales en virtud de anteriores declaraciones de personas que sufrieron de un secuestro, es fundamental verificar quién es el dueño del vehículo, situación que nunca se verificó o al menos no fue dilucidada en el presente juicio. Por todo lo anterior, concluyo que en el presente caso el Ministerio Público no presentó elementos probatorios suficientes y contundentes para lograr enervar el estado de inocencia de mi representado. De lo antes expuesto, la defensa Pública solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa penal citada. III.- RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. Interpuesto por la Abogada JEANNINE ISABEL HANDAL KAWAS, en su condición de Defensora Pública del encausado MELVIN RAMIRO VELÁSQUEZ RUIZ. MOTIVO PRIMERO. “Violación de los artículos 89 de la constitución de la Republica, en relación a los artículos 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el articulo 2 del Código Procesal Penal”. PRECEPTO AUTORIZANTE: “El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal”. EXPLICACION DEL MOTIVO: Las normas constitucionales que se invocan como infringidas son el artículo 89 que establece: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente.” Esta norma constitucional tiene una directa relación con el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre las Garantías Judiciales: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. “Asimismo, con el artículo 2 del Código Procesal Penal sobre el estado de inocencia: “Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este Código. En consecuencia, hasta esa declamatoria, ninguna autoridad podrá tener a una persona como culpable ni presentarla como tal ante terceros. Por consiguiente lo que se informe, se limitará a poner de manifiesto la sospecha que pende sobre la misma. La violación a lo dispuesto en el párrafo anterior obligará a los responsables a indemnizar a la víctima por los perjuicios causados, los que serán exigibles e juicio civil ordinario, sin perjuicio de la responsabilidad penal o administrativa que proceda.” PRIMERO: Con base en lo anterior, es obligación del Estado velar por el cumplimiento del debido proceso, respetando todas las garantías que el mismo establece. Por ello, en el presente caso el principio de inocencia se le ha violentado a mi representado en virtud de no existir suficientes elementos probatorios aportados por parte del Ministerio Público para lograr vulnerar el mismo. El debido proceso aludido en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Constitución de la República establece un juicio lógico, integrado en tres elementos: la tesis del acusador o actor, la antítesis del imputado y la síntesis contenida en la sentencia del juzgador, por lo que la sentencia, en caso de resultar condenatoria debe contar con suficientes elementos, proporcionados por la tesis, que lleven al juez a la convicción de la culpabilidad de mi representado; situación que nunca tuvo lugar en dicho proceso, debido a que mi representado nunca fue claramente identificado como tal en el lugar de los hechos, siendo la única descripción una escueta vestimenta ya que a la distancia a la que se encontraban los oficiales de policía (75 metros) era imposible que se lograra identificar el rostro de la persona que ven entrar a la casa donde se encontraba la perjudicada y mi representado al momento de la detención se encontraba como pasajero no como conductor del vehículo. Si en la misma acta de Vigilancia establece que no pueden determinar si el NISSAN FRONTIER era GRIS O CREMA. Colores muy diferentes y si no pueden ni definir el color del vehículo como podrían determinar las placas. El mismo testigo nos dijo que no utilizaron ningún equipo técnico, larga vistas, cámaras para poder tener una vigilancia creíble. SEGUNDO: En el momento de la detención, a mi representado se le realiza en el Mall MEGA y no en la casa donde se encontraba la víctima. Aunado a lo anterior no existe una declaración contundente que vincule al señor MELVIN RAMIRO VELÁSQUEZ RUIZ en la comisión del delito, pues al presente juicio no se aporta declaración alguna de la señora DIANA ELIDUBINA ARANDA quien efectivamente fue encontrada en la casa donde se encontraba retenida la víctima. De igual forma ni la víctima ni el TESTIGO PROTEGIDO ST1 identifican a mi representado como responsable por el delito que se le acusa. IV. RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. Interpuesto por la Abogada JEANNINE ISABEL HANDAL KAWAS, en su condición de Defensora Pública del encausado MELVIN RAMIRO VELÁSQUEZ RUIZ. MOTIVO SEGUNDO: “Quebrantamiento de Forma al no haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica”. PRECEPTO AUTORIZANTE: “El presente motivo de casación se encuentra Comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal”. EXPLICACION DEL MOTIVO: Para los efectos de este motivo se cita como infringido el artículo 202 del Código Procesal Penal, en la parte que dice “las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El Órgano Jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida” en relación con el artículo 338 del mismo cuerpo legal. PRIMERO: Al momento de la Proposición de Medios de Prueba, la defensa del señor MELVIN RAMIRO VELASQUEZ RUIZ, se manifestó en contra de la aceptación de medios pruebas documentales como ser las Actas de Registro, Acta de decomiso y el Acta de Allanamiento, en vista que el Ministerio Público propuso como persona encargada de ratificar dichas actas al Agente WILFREDO CASTILLO LÓPEZ, quien manifestaron que a la fecha había fallecido sin presentar en ese momento ninguna acreditación legal de dicho fallecimientos. Las actas fueron firmadas no solo por el agente WILFREDO CASTILLO LÓPEZ, sino por otros agentes que fueron introducidos como testigos protegidos posteriormente en el proceso. Considerando esta defensa que se violentaron los Principios de Contradicción, Inmediación e Igualdad de Partes. Esta defensa no tuvo la oportunidad de indagar sobre los extremos de dichas actas, sino los elementos importantes para determinar la verdad de los sucedió en el mes de septiembre del años dos mil diez. SEGUNDO: Es importante destacar que existe una contradicción entre el Acta de Decomiso y la declaración del Testigo ST-3, quien estuvo presente al momento de la detención de mi representado el señor MELVIN RAMIRO VELÁSQUEZ RUIZ, fue claro al decir que mi representado venía de pasajero y que el conductor del vehículo era el señor GUILLERMO ALFREDO RUIZ, que dentro del vehículo en el suelo en la parte trasera se encontraron tres (03) celulares. Por lo que queda acreditado que mi representado no portaba ninguno de los celulares. Siendo que el Honorable Tribunal de Sentencia igualmente no valoró la falta de prueba ya sea constancias de la Empresa CELTEL S.A., para acreditar la propiedad de dicho numero era de la víctima la joven S. Y. M. G., en virtud que las facturas y el IMEI presentado son de otro teléfono celular. Así mismo en el interior del carro fue encontrado un traspaso firmado por la Señora Diana Aranda con identidad 0101-1990-03014, documento de compromiso de pago firmado por la señora DIANA ARANDA. Por lo que se establece que dicho carro no es propiedad de mi representado desvinculando totalmente toda evidencia encontrada en el interior del mismo. Por todo lo anterior, concluyo que en el presente caso el Ministerio Público no presentó elementos probatorios suficientes y contundentes para lograr enervar el estado de inocencia de mi representado. De lo antes expuesto, la defensa Pública solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa penal citada. DE LA PROCEDENCIA SOBRE LOS RECURSOS DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL EN SU UNICO MOTIVO INTERPUESTO POR AMBOS DEFENSORES PUBLICOS. I. Los Defensores Públicos de los acusados ROY DANY CABRERA ZELAYA Y MELVIN RAMIRO VELÁSQUEZ RUIZ, exponen idénticos argumentos en sus Recursos por Infracción de Precepto Constitucional, alegando que los juzgadores dictaron la sentencia con violación de los artículos 89 de la Constitución de la República, en relación a los artículos 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 2 del Código Procesal Penal. Para el caso, el principio de inocencia se les ha violentado a los acusados en virtud de no existir suficientes elementos probatorios aportados por parte del Ministerio Público para lograr vulnerar el mismo. Argumentan, que el debido proceso aludido en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Constitución de la República, establece un juicio lógico, integrado en tres elementos: la tesis del acusador o actor, la antitesis del imputado y la síntesis contenida en la sentencia del juzgador, situación que nunca tuvo lugar en dicho proceso, pues los acusados nunca fueron claramente identificados como tales en el lugar de los hechos, siendo la única descripción una escueta vestimenta ya que a la distancia a la que se encontraban los oficiales de policía (75 metros) era imposible que se lograra identificar el rostro de la persona que ven entrar a la casa donde se encontraba la perjudicada. II. Esta Sala recuerda, que “El Debido Proceso” esta regulado por la misma norma primaria en el artículo 90 y que también establece “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. El debido proceso tiene relación con el ideal garantista para juzgar, que no sólo requiere la intervención de un órgano jurisdiccional con independencia e imparcialidad objetiva, sino también una instancia ante la cual las partes puedan debatir sus diferencias en un plano de igualdad de condiciones, por eso es la exigencia constitucional de que el juzgamiento se realice con las formalidades, derechos y garantías establecidas en la ley. Esta Sala recuerda también, que en relación al “Estado de Inocencia” lo que corresponde es comprobar y verificar si en la audiencia de juicio en la que se apreció la prueba, se dispuso en la misma del mínimo de actividad probatoria, llevada a cabo con las debidas garantías constitucionales y procesales. III. Sin el ánimo de hacer valoraciones alternativas a la prueba evacuada, con la misma, los sentenciadores deducen correctamente que se acreditó que los acusados ROY DANY CABRERA ZELAYA Y MELVIN RAMIRO VELÁSQUEZ RUIZ, llegaron en dos ocasiones a la vivienda en donde se mantenía cautiva la víctima, el día de los hechos, llevando la misma vestimenta y en los mismos vehículos en los que fueron detenidos horas después. También se establece que durante la vigilancia de la vivienda entre las dos y cinco de la tarde del día 19 de febrero de 2010, únicamente los acusados en los vehículos Mazda y Nissan Frontier, son los que ingresaron a la vivienda en donde estaba sometida la víctima, lo que se estableció con las actas de allanamiento, inspección a la vivienda y registro personal de los acusados, actas de decomiso, y la declaración de los testigos protegidos Luna y ST1, (folios # 13, 50, 51, 103 a 127, 208 a 211, 522 a 538, 543 a 549), quien escuchó en ese momento la conversación de tres voces masculinas y una femenina, infiriendo que las voces masculinas son las de los acusados quienes fueron los que llegaron en dos ocasiones a la vivienda mientras permanecía cautiva la víctima. También es correcto el razonamiento del A- quo, en cuanto a que el acusado ROY DANY CABRERA ZELAYA, fue detenido cerca de Plaza Premier en La Ceiba, Departamento de Atlántida, en donde habían sido citados los parientes de la víctima para la entrega del dinero, y cerca de la hora indicada fue detenido portando la misma vestimenta que tenia cuando ingresó horas antes a la vivienda en donde tenían retenida a la víctima. Por otro lado, el acusado MELVIN RAMIRO VELÁSQUEZ RUIZ, fue detenido en el parqueo del mall Mega Plaza de la misma ciudad, donde finalizó el seguimiento indicado al salir de la vivienda en donde estaba la víctima, cercano al centro comercial en donde se haría la entrega del dinero, y portando igualmente la misma vestimenta con la que se le vio al ingresar horas antes a la vivienda en donde estaba la víctima, encontrándosele al acusado en posesión del celular de la víctima; por lo que sí es coherente la deducción del Tribunal de Instancia en que los acusados fueron las personas que llamaron a los parientes de la víctima exigiendo dinero en efectivo a cambio de su liberación. Es por ello que con la prueba evacuada en el debate, si se dispuso de un mínimo de actividad probatoria llevada a cabo con las formalidades y garantías establecidas en la constitución y la ley procesal, suficiente para enervar el estado de inocencia de los acusados. Es por ello, que es procedente declarar Sin Lugar los Recursos de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuestos por ambos Defensores Públicos. DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA EN SU UNICO MOTIVO INTERPUESTO POR LA DEFENSA PUBLICA DEL ACUSADO MELVIN RAMIRO VELÁSQUEZ RUIZ. I. La recurrente plantea que los sentenciadores incurrieron en inobservancia en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica, ya que al momento de la proposición de medios de prueba, la defensa del señor MELVIN RAMIRO VELÁSQUEZ RUIZ, se manifestó en contra de la aceptación de medios prueba documentales como ser las Actas de Registro, Acta de Decomiso y el Acta de Allanamiento, en vista que el Ministerio Público propuso como persona encargada de ratificar dichas actas al Agente Wilfredo Castillo López, quien manifestó que a la fecha había fallecido sin presentar en ese momento ninguna acreditación legal de dicho fallecimiento. Señala, que existe una contradicción entre el Acta de Decomiso y la declaración del Testigo ST-3, quien estuvo presente al momento de la detención del acusado VELÁSQUEZ RUIZ, fue claro al decir que venía de pasajero y que el conductor del vehículo era el señor Guillermo Alfredo Ruiz, y que dentro del vehículo, en el suelo en la parte trasera se encontraron tres (03) celulares. Por lo que queda acreditado que el imputado no portaba ninguno de los celulares. En el interior del carro fue encontrado un traspaso firmado por la señora Diana Aranda, con identidad 0101-1990-03014, documento de compromiso de pago firmado por la señora Diana Aranda. Por lo que se establece que dicho carro no es propiedad del imputado Velásquez Ruiz, desvinculando totalmente toda evidencia encontrada en el interior del mismo. II. Esta Sala recuerda, que dentro de las reglas de la lógica encontramos las leyes fundamentales de la derivación, que no es más que las conclusiones deben ir concordando, o sea, a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella, para ello la motivación debe ser verdadera o auténtica. III. Sin el ánimo de valorar alternativamente la prueba evacuada en el debate, esta Sala de lo Penal, considera que no es de recibo el reclamo del recurrente, ya que los sentenciadores concluyen correctamente, para el caso en lo que respecta a los medios de prueba documentales como ser las Actas de Registro, Acta de Decomiso y el Acta de Allanamiento, que no fueron ratificados por agente de investigación alguno, por argumentar el órgano acusador que había fallecido el suscriptor de dichas actas; para esta Sala, es correcto el razonamiento arribado por el A- quo, que de acuerdo con la ley adjetiva, los medios de prueba documentales se evacuarán con la lectura de los mismos, y serán ratificados “siempre que sea posible”, de manera que si no son ratificados, tampoco se desnaturaliza la condición de prueba documental, y deben ser valorados por el órgano jurisdiccional, bajo la denominación de documentales. En relación con el acta de allanamiento levantada en la vivienda en donde estaba cautiva la víctima, y las actas de inspección y registro personal, razonan bien los juzgadores en cuanto a que a través de este medio de prueba se estableció que se encontraron entre otras cosas, documentos de propiedad del vehículo marca Mazda, en el que se conducía el acusado MELVIN RAMIRO VELÁSQUEZ RUIZ al momento de su detención, y aunque el vehículo no es propiedad del acusado, es el mismo automotor que fue visto en las vigilancias que llegaba a la vivienda en donde se mantenía a la víctima en contra de su voluntad. En relación a la contradicción entre la declaración del testigo ST3, (folios # 561 f. y v.), y el acta de decomiso, en cuanto a que los celulares decomisados a MELVIN VELÁSQUEZ, que según el testigo estaban tirados en el suelo del vehículo; los Juzgadores, deducen correctamente que si bien existe una contradicción, el Tribunal le da mayor credibilidad a lo consignado en el acta de decomiso, al ser realizada por un agente de investigación distinto al declarante, y que se practicó el mismo día de los hechos, en cambio la deposición fue proferida casi dos años después, siendo correcto el darle mayor credibilidad en cuanto a ese extremo a la prueba documental. Es por todo lo anterior, que no se aprecia que los sentenciadores hayan fundado sus conclusiones irrespetando las reglas de la sana crítica, o que al momento de valorar la prueba el A-quo haya arribado a conclusiones contradictorias, incompletas e incoherentes, siendo que en la sentencia se plasman conclusiones lógicas y concordantes, además de verdaderas, que se extraen como consecuencia de las pruebas legalmente evacuadas en el debate; por lo que esta Sala considera, que en el fallo recurrido no se han violado las reglas de la sana crítica; en consecuencia, se declara Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por la Defensa Pública del señor MELVIN RAMIRO VELÁSQUEZ RUIZ, en su único motivo. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 361, 362.3 y 369 del Código Procesal Penal; y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. FALLA: PRIMERO Declarar SIN LUGAR los Recursos de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en sus dos motivos, invocados por los Abogados CARLOS OBED URBINA, actuando en su condición de Defensor Público del encausado ROY DANY CABRERA ZELAYA, y por la Abogada JEANNINE ISABEL HANDAL KAWAS, actuando en su condición de Defensora Pública del encausado MELVIN RAMIRO VELÁSQUEZ RUIZ, a quienes se les ha seguido causa por el delito de SECUESTRO en perjuicio de S. Y. M. G.. SEGUNDO: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Abogada JEANNINE ISABEL HANDAL KAWAS, actuando en su condición de Defensora Pública del encausado MELVIN RAMIRO VELÁSQUEZ RUIZ, a quien se le ha seguido causa por el delito de SECUESTRO en perjuicio de S. Y. M. G.. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que se proceda a ponerla en efectiva ejecución. Redactó: EL MAGISTRADO CALIX HERNANDEZ. NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL.-” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de Marzo del año dos mil quince.- Certificación de la sentencia de fecha nueve de diciembre de dos mil catorce, recaída en el recurso de Casación Penal ingresado en este Supremo Tribunal bajo el número S.P.416=2012. FIRMA Y SELLO.-

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL.

11