Sentencia CP-41-12 — Registro 4160
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Secuestro, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...”. RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ENCARTADO M. L. B. ARGUYENDO QUE AL DICTAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA, EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA INOBSERVADO LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN EL PROCESO DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 3) PARRAFO IN FINE DEL CODIGO PROCESAL PENAL El Censor arguye que en la sentencia impugnada se constata la violación a las reglas de la sana crítica, concretamente del principio lógico de razón suficiente. Asegura el impetrante que tal vulneración se produce al no haberse constatado en el juicio la existencia de los supuestos Doce mil lempiras (L.12.000.00) que la Testigo Protegido A llevaba consigo para pagar por su libertad al momento de producirse la aprehensión del acusado, toda vez que en el interior del vehículo no se encontró ningún objeto de la víctima como monedero o carteras, tarjetas de crédito o de débito, celulares, según se desprende de las declaraciones testificales que rindieran los agentes policiales C. A. C. G. y J. H. M. V., las actas de registro personal, acta de inspección ocular practicada al vehículo tipo turismo, color blanco, marca Toyota, Placas AA H7597 y la evidencia introducida en juicio. Considera que de toda la prueba la correcta conclusión fáctica que ha debido extrerse es que M. L. B., no privó de su libertad al testigo protegido B, ni solicitó nada a cambio de conceder su libertad por lo que no se debió dictar un fallo condenatorio en su contra. Por lo anterior concluye que el A Quo ha vulnerado el estado de inocencia que ampara constitucionalmente a M. L. B. e infringido la regla lógica de la DERIVACION, informada por el Principio de Razón Suficiente, conforme al cual el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando. Esta Sala considera pertinente recordar que el proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque en virtud del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí[2], su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. El límite de las reglas de la experiencia está en los conocimientos técnicos especializados. En lo que concierne a las reglas de la lógica tenemos que la regla de identidad nos dice que una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Es decir, José solo puede ser J. y no J.. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, un argumento "X" solo puede ser "X". No podría por ejemplo una sentencia decir en una parte que se absuelve bajo la certeza de la inocencia, para afirmar más adelante que se absuelve por duda, porque viola el principio de identidad (en lo que interesa al Ministerio Público), pues estaría diciendo que "A" es "B". Diría que la certeza de la inocencia es la duda de la culpabilidad, y eso viola el principio de identidad. El principio de contradicción nos dice que una persona o cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, o sea el tribunal no puede aseverar algo y luego desvirtuarlo, porque solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Y el principio de tercero excluido nos dice que de dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa. A contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. En cuanto a las reglas de la psicología, éstas no están referidas a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos, como la observación del tribunal de mérito en caso de que un testigo se muestre nervioso al contestar una pregunta, que fue disperso al construir sus repuestas, ignorante en cuanto al idioma o cultura general básica, etc. Eso tiene que incluirse en el fallo al hacer la valoración. Podría ser que diga el tribunal, que no se cree al testigo porque se puso nervioso (más de lo normal), o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una de sus respuestas lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración. Un examen detenido de los antecedentes revela que de las pruebas evacuadas en juicio se derivan indicios concomitantes sólidos y suficientes para enervar el estado de inocencia del acusado. Las declaraciones rendidas por el Testigo Protegido A, Testigo Protegido B, Acta de Registro Personal, ratificada en juicio por el Señor C. A. C. G., practicada al encausado M. L. B., que acredita que al momento de su detención se le encontró en posesión de un Arma de fuego, tipo revolver calibre 38 SPL, Marca Smith y Wesson, Serie 357142, cacha de madera color café, pavón plateado, con cinco proyectiles; Acta de decomiso, del arma de fuego practicada al acusado M. L. B., ya descrita; Acta de inspección ocular practicada al vehículo tipo turismo, color blanco, Marca Toyota, Placa AAH7597, con Número de Registro 1697, y la constancia extendida por el Registro Nacional de Armas, en virtud de la cual se constata que el Arma incautada al imputado señor M. L. B., no se encuentra registrada, constituyen elementos probatorios suficientes para derivar los hechos declarados probados por el Juzgador, y que sirven de base fáctica a la sentencia condenatoria dictada en su contra por el delito de secuestro en perjuicio de la Testigo Protegida A. Por lo anterior se concluye que en el presente caso, el Juzgador no ha infringido las reglas de la sana crítica, concretamente de la lógica, en su postulado de derivación, en tanto en cuanto que en el proceso existe prueba de cargo suficiente, auténtica y confiable, para acreditar los hechos que fundan el fallo condenatorio que se impugna. Por todas las razones anteriormente expuestas esta Sala declara sin lugar el motivo de casación invocado por el recurrente..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil catorce, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO en su calidad de Coordinador, MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO y JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, dicta sentencia conociendo de los Recursos de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veinte de octubre de dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual condenó al señor M. L. B., a la pena de VEINTIDOS (22) AÑOS DE RECLUSIÓN, como autor del delito de SECUESTRO, más las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO A.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma, el Abogado J. T. A. Z., actuando en su condición de Apoderado Defensor del imputado M. L. B..- SON PARTES: El Abogado J. T. A. Z., Apoderado Defensor del acusado M. L. B., como parte recurrente; y la Abogada M. E. G., Agente de Tribunales del Ministerio Público, como parte recurrida. CONSIDERANDO I.- Los Recursos de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma son admisibles en tanto que reúnen los requisitos exigidos por la ley, por lo que ahora debemos pronunciarnos sobre la procedencia o improcedencia de los mismos. II.- HECHOS PROBADOS PRIMERO: El día veintitrés de Octubre del año dos mil nueve, después del mediodía, la Testigo Protegido A en compañía de un sobrino menor de edad, abordó un taxi a la altura del Boulevard Morazán, en el cual se conducía el taxista y dos pasajeros, uno de ellos sentado en el asiento que se encuentra a la par del conductor y el otro en el asiento trasero, siendo una de estas personas el señor M. L. B.. SEGUNDO: Cuando el taxi se conducía a la altura del Restaurante Mac Donalds, en el Boulevard Morazán de Tegucigalpa, el pasajero que se conducía en la parte trasera le indicó al taxista que se desviara porque había mucho tráfico y al desviarse el vehículo, trasladaron a la Testigo Protegido A hacia otro lugar de la ciudad sin la voluntad de ésta, luego de lo cual el pasajero que estaba sentado en el asiento trasero sacó un arma y amenazó a la deponente, diciéndole que era un asalto y pidiéndole la cartera y sus pertenencias, lo cual hizo la testigo porque iba acompañada de su sobrino y estaba nerviosa temiendo por su integridad física y de la de su sobrino. Acto seguido, el señor M. L. B. y el otro pasajero procedieron a revisar las pertenencias de la Testigo Protegido A y se enojaron al observar que la Testigo Protegido A no tenía dinero, encontrando una tarjeta de débito y exigiéndole que fueran a un cajero a retirar dinero, a lo cual la Testigo Protegido A indicó que ella no tenía dinero en la cuenta de dicha tarjeta. TERCERO: Ante ello, el taxista, el señor M. L. B. y el otro pasajero decidieron nuevamente conducir el taxi en dirección a Valle de Ángeles, trasladando a la Testigo Protegido A y al menor de edad sin la voluntad de aquella, diciéndole el taxista a la Testigo Protegido A que debía entregarles la cantidad de cincuenta mil lempiras si quería que ella y el niño salieran vivos del taxi, indicándole que caso contrario la llevarían hasta Valle de Ángeles. Ante ello, la Testigo Protegido A les dijo que no tenía tal cantidad y les suplicaba que no hicieran eso, entonces el pasajero que se conducía en el asiento trasero le indicó que entonces les entregara la cantidad de doce mil lempiras y le entregaron a la Testigo Protegido A su celular, a fin de que ésta se contactara con un pariente y consiguiera el dinero. CUARTO: En virtud de lo anterior, la Testigo Protegido A llamó al Testigo Protegido B y le solicitó la cantidad de doce mil lempiras, situación que el Testigo Protegido B consideró sospechosa puesto que la Testigo Protegido A nunca le había solicitado tan alta cantidad de dinero, preguntándole a la Testigo Protegido A si se encontraba en peligro su vida, ante lo cual la Testigo Protegido A solamente contestó “ujummm”. Debido a ello, el Testigo Protegido B le indicó que sí tenía el dinero y la Testigo Protegido A le señaló que iría a buscar el dinero a su casa. QUINTO: Fue así como el taxista, el señor M. L. B. y el otro pasajero, condujeron el taxi hacia la Colonia Reforma, cerca del Barrio San Pablo, llevando siempre a la Testigo Protegido A y al menor de edad que se conducía con ella. Al llegar a dicho lugar, el taxi se estacionó y le indicaron a la Testigo Protegido A que fuera a traer el dinero, dejando en el taxi al menor de edad que acompañaba a ésta y diciéndole que lo dejarían en libertad hasta que ella llevara el dinero, situación a la que se opuso la Testigo Protegido A no obstante, no logró que el taxista, el señor M. L. B. y el otro pasajero le entregaran al niño, al cual dejaron en el taxi, en tanto que la Testigo Protegido A se dirigió a recoger el dinero que el Testigo Protegido B le iba a entregar. SEXTO: En tanto esto sucedía, el Testigo Protegido B había solicitado el auxilio de la policía, indicándole un oficial que le ayudarían debido a la inminencia del hecho. Fue así como la Testigo Protegido A llegó hasta el lugar donde se encontraba el Testigo Protegido B y al observar a la policía se puso nerviosa, sin embargo, el Testigo Protegido B le entregó el dinero y le dijo que si era necesario se lo diera a los malhechores, de tal suerte que la Testigo Protegido A se regresó hacia el lugar donde estaba estacionado el taxi llevando consigo el dinero que el Testigo Protegido B le había entregado, en tanto que éste se dirigió con los policías a la posta policial a fin de dejar a unos militares que andaban con ellos a una posta policial que estaba a escasos metros de donde ellos se encontraban y luego, en su vehiculo particular, emprendió el camino por donde transitaba a pie la Testigo Protegido A, a quien siguieron de cerca hasta que ésta llegó al lugar donde estaba el taxi. SEPTIMO: El Testigo Protegido B y los policías llegaron al lugar donde estaba estacionado el taxi en el preciso momento en que la Testigo Protegido A le iba a entregar el dinero al taxista, observando que también se encontraba en el taxi los dos pasajeros, uno sentado en la parte delantera y el otro en el asiento trasero, y éste último tenía sujeto al menor de edad, a quien le sujetaba contra el vidrio de la puerta al tiempo que le apuntaba en la cabeza con un arma de fuego. Al observar a los policías, el taxista hizo maniobras para mover el taxi y huir del lugar, sin embargo el Testigo Protegido B impactó su vehículo contra el taxi evitando la huída, siendo así como la policía logró detener al taxista, al señor M. L. B. y al otro pasajero, logrando rescatar al menor de edad, luego de lo cual trasladaron a los detenidos hacia la posta policial de El Manchen”. III.- El recurrente Abogado J. T. A. Z., formalizó sus Recursos de Casación por Infracción de Ley y de Forma subsidiaria por Quebrantamiento de Forma, de la siguiente manera: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO: Haber infringido el juzgador un precepto penal sustantivo u otro precepto del mismo carácter que deba ser observado en la aplicación de la ley penal, en relación a los hechos probados establecidos en la sentencia. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Art. 360 del CPP. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Los preceptos penales sustantivos que se invocan como infringidos por aplicación indebida, son el articulo 192 del Código Penal (En adelante CP),.- Dichas normas disponen: Art. 192 CP: “Será sancionado con la pena de reclusión de veinte (20) años a privación de libertad de por vida, aun cuando no consiguiere su propósito, quien con violencia, intimidación, engaño u otra forma que vicie el consentimiento, sustraiga, retenga, desplace, oculte o prive de cualquier otra manera de su libertad a una o mas personas, con cualesquiera de los propósitos siguientes: a).- Obtener a cambio de la libertad de la o las personas secuestradas, dinero, bienes, títulos u otra calidad o beneficio. b) Obligar a alguien a que haga o deje de hacer algo c) Publicitario o político. EXPLICACIÓN DEL VICIO. A) Contenido de los hechos probados. La estructura de hechos probados establecidos en la sentencia que hoy se recurre, y que tiene relación especial y directa con el imputado M. L. B., está referida en los numerales PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO ,SEXTO Y SEPTIMO de la sentencia que hoy se recurre.- El hecho PRIMERO, hace alusión a que el 23 de Octubre de 2009 mi representado se conducía a bordo de un vehículo automotor tipo taxi, en calidad de pasajero en la parte delantera que ocupa el pasajero y que la victima junto a un menor de edad abordaron dicho vehículo automotor a inmediaciones del Boulevard Morazán de la Ciudad de Tegucigalpa. El hecho SEGUNDO, hace referencia a la situación que en esa misma fecha, en el vehículo también se encontraba a bordo en la parte trasera del mismo otra persona por lo que al abordar la unidad la TESTIGHO A, esta persona saco un arma de fuego y la amenazo diciéndole que era un asalto y pidiéndole la cartera y sus pertenencias lo cual hizo la testigo porque iba acompañada de su sobrino y estaba nerviosa temiendo por su integridad física y la de su sobrino. Acto seguido el Señor M. L. B. y el otro pasajero procedieron a revisar las pertenencias de la Testigo Protegido A y se enojaron al observar que la Testigo Protegido A no tenia dinero, encontrando una tarjeta de debito y exigiéndole que fueran a un cajero a retirar dinero a lo cual la Testigo Protegido A indico que ella no tenía dinero en la cuenta de dicha tarjeta. El hecho TERCERO, refiere que el Señor M. L. B., el taxista y el otro pasajero le dijeron a la Testigo Protegido A que la llevarían hasta Valle de Ángeles si no les conseguía la cantidad de cincuenta mil lempiras, la Testigo les manifestó que ella no tenía esa cantidad de dinero y que entonces les entregaría la cantidad de doce mil lempiras, y la testigo llamo a un pariente para que le que le consiguiera el dinero. El hecho CUARTO, es indicativo de que la Testigo Protegido A fue la persona que llamo a su pariente el Testigo Protegido B solicitando la cantidad de doce mil lempiras. El hecho QUINTO, refiere la ruta que se siguió desde el momento que la Testigo Protegido A abordo el vehículo automotor hasta el momento que se dirigió a recoger el dinero que iba a entregar. El hecho SEXTO, refiere al momento que la Testigo Protegido A recoge el dinero, tiene contacto con la Policía, luego se regresa al sitio donde permanece el acusado a bordo del vehículo tipo taxi a la espera del dinero. El hecho SEPTIMO, refiere al momento de la aprehensión de las personas que se conducían en el vehículo automotor tipo taxi en el momento en el cual se les haría la entrega del dinero. B) La manera en que se aplicó indebidamente el Art. 192 del CP. El presente motivo de casación, como en efecto lo cita el Art. 360 del Código Procesal Penal (en adelante CPP), parte de un elemento indispensable: los hechos probados de la sentencia.- Son esos hechos probados la base para la aplicación del derecho, puesto que como su nombre lo indica, son esos los acontecimientos que estructura el juzgador partiendo del análisis de pruebas, y es a esas circunstancias probadas a las que hay que asignarles una norma jurídica para determinar la consecuencia de la sentencia: la absolución o condena del imputado.- Por ello, para estimar si la norma sustantiva ha sido correctamente aplicada, debe necesariamente hacerse una obligatoria referencia a los hechos probados de la sentencia, para así estimar si éstos mantienen correspondencia con el fallo que se emita, producto de la relación que deben tener con la norma jurídica que la resolución les asigna. Trasladando esa significación del vicio de casación anunciado al presente caso, al imputado M. L. B. se le ha condenado por el supuesto hecho de haber solicitado una cantidad de dinero a cambio de la libertad del Testigo Protegido A “ Art. 192 CP: “Será sancionado con la pena de reclusión de veinte (20) años a privación de libertad de por vida, aun cuando no consiguiere su propósito, quien con violencia, intimidación, engaño u otra forma que vicie el consentimiento, sustraiga, retenga, desplace, oculte o prive de cualquier otra manera de su libertad a una o más personas, con cualesquiera de los propósitos siguientes: a).- Obtener a cambio de la libertad de la o las personas secuestradas, dinero, bienes, títulos u otra calidad o beneficio. b) Obligar a alguien a que haga o deje de hacer algo c) Publicitario o político. Esta es la ley que la sentencia considera infringida, y que en efecto, en la apreciación del presente recurso, la que se debe apreciarse es la contenida en el artículo 222 del CP., que establece lo siguiente “ Incurrirá en reclusión de tres (3) a nueve (9) años: a) Quien mediante violencia o amenazas obligare a alguien a hacer o dejar de hacer alguna cosa, a fin de obtener para si o para otros un provecho justo.” Todos los conocedores en materia penal saben de sobra que en esta materia impera como obligación a los juzgadores la aplicación del principio de aplicación de la ley más favorable al reo; por tal razón en el análisis del ilícito por el cual se ha perseguido y se ha sentenciado al señor M. L. B. debe considerarse la infracción a la norma que menos presupuestos establece, y determinar al final si ha resultado infringida, según los hechos probados de la sentencia.- Por ello, el Art. 18 del Código Procesal Penal, es claro en manifestar que: “Interpretación de los pasajes oscuros de la Ley. Los pasajes oscuros o contradictorios de la ley penal se interpretarán de modo que más favorezca a la persona imputada. De la propia prueba aportada por el Ministerio Publico y que consiste precisamente en la declaración del Testigo Protegido A se establece que la intención manifiesta de mi representado y los demás coimputados era el apoderamiento de bienes ajenos es decir despojarla de cantidades de dinero y sus objetos, luego sustraer dinero de un cajero de su cuenta de ahorros y al no lograr este propósito le exigieron que entregara una cantidad de dinero, dinero este que fue solicitado por la propia víctima mediante una llamada telefónica al testigo protegido B, de tal suerte que no puede ser una exigencia en el análisis del tipo penal de SECUESTRO el hecho que el imputado solo tenía la intención de apoderarse de dinero que portaba la víctima y posteriormente la obtención de dinero que ella misma solicito al testigo protegido B y no a la inversa de privarla de su libertad a cambio de obtener un provecho, en este caso dinero a cambio de su libertad, pues está plenamente probado quien fue la victima quien recogió el dinero para ser entregado a los acusados y fue la victima quien solicito el dinero. Partiendo de esta inicial consideración, al confrontar los hechos probados en relación al delito por el cual se condena al imputado M. L. B. y a la norma arriba transcrita arriba, resulta más que evidente que de la lectura de los hechos probados no se relata una situación fáctica que encuentre su correspondencia en el ilícito por el cual ha sido condenado en relación a la infracción ya que para poder encuadrarse los hechos fácticos en el delito de SECUESTRO se requiere haber acreditado que mi representado efectuó una labor de inteligencia previa al hecho, se proveyó de logística, con la ejecución de estrategias previas, dotado de una organización, la selección de la víctima y un propósito definido, y ello en vista que en ningún apartado de los hechos probados se hace referencia alguna a estas circunstancias que conlleve la infracción la norma contenida en el articulo 192 C.P. Y ello se afirma, puesto que, siguiendo la lectura de hechos probados, no se relata, según la hipótesis legal-delictiva por la que ha sido condenado, que haya “quien con violencia, intimidación, engaño u otra forma que vicie el consentimiento, sustraiga, retenga, desplace, oculte o prive de cualquier otra manera de su libertad a una o más personas - Si se observa detenidamente, los hechos probados que corresponden a los numerales PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO Y SEPTIMO , en ellos sólo se explica que mi representado se encontraba a bordo del vehículo automotor, nunca pidió dinero, no efectuó llamadas telefónicas, el vehículo nunca fue conducido hacia Valle De Ángeles, la ruta seguida desde que se abordo el vehículo automotor por parte de la víctima Testigo Protegido A, hasta el sitio donde la Testigo Protegido A desabordo el vehículo y fue en busca de dinero , es la misma ruta donde normalmente transita un vehículo automotor que recorre la ruta del Boulevard Morazán hacia el Barrio San Pablo de Tegucigalpa; pero en ninguna parte del relato fáctico se menciona que se le haya manifestado a la victima que se trataba de un secuestro sino que el apoderamiento de bienes muebles ( dinero de la víctima o sustracción de dinero de su cuenta de ahorros a través de un cajero automático).- De esa forma, la relación de hechos probados resulta insuficiente para inferir la infracción al artículo 192 C.P..- Y esa falta de especificación en el factum de la resolución impugnada, impide la consideración del delito, al no resultar en los hechos probados que el imputado dispuso privar de su libertad al Testigo Protegido A y a cambio de obtener su libertad haya solicitado obtener algún provecho. Por todo esto, también resulta la incorrecta aplicación de esta disposición como norma infringida por mi representado, ya que las exigencias de la misma no aparecen satisfechas por la misma consignación de hechos probados. Así, no es expresivo el encuadre fáctico de la sentencia de la comisión del delito de SECUESTRO, por lo cual es notorio el vicio de casación comentado.- Si los hechos probados no pueden determinar que mi representado tenía la intención de privar de la libertad al Testigo Protegido B a cambio de obtener para si un beneficio, sino el hecho de apoderarse de bienes muebles ( dinero u otro objeto de la victima) y que al final deciden aceptar el ofrecimiento hecho por la victima, no es posible entonces estimar la infracción, del artículo 192 del C.P., y por lo tanto se hace imperativo, como efecto del presente recurso, casar la sentencia para corregir el vicio de la incorrecta aplicación de la norma penal sustantiva”. RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE LEY INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ENCARTADO M. L. B. ARGUYENDO QUE AL DICTAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA POR EL DELITO DE SECUESTRO, EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA APLICADO INDEBIDAMENTE EL ARTICULO 192 DEL CODIGO PENAL.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360 DEL CODIGO PROCESAL PENAL. El Censor recuerda que el Juzgador ha condenado al imputado M. L. B. por el delito de secuestro en perjuicio del Testigo Protegido A, decisión que considera errónea ya que de los hechos declarados probados no se desprende claramente que dicho encartado haya cometido ese ilícito penal por lo que debió observarse lo previsto en el artículo 18 del Código Procesal Penal, donde se prevé que los pasajes oscuros o contradictorios de la ley penal deben interpretarse de modo que más favorezca a la persona imputada. Señala que con prueba aportada por el Ministerio Publico, concretamente con la declaración rendida por el Testigo Protegido A, se acredita que la intención del acusado M. L. B. y demás coimputados era solamente la de apoderarse de bienes ajenos y no cometer un delito de SECUESTRO, ya que no se acreditó en juicio que se hubiere realizado una labor de inteligencia previa, provisión de logística, diseño de estrategias previas, organización, selección de la víctima y propósito definido. Considera que de los hechos probados solamente se desprende que el acusado M. L. B. se encontraba a bordo del vehículo automotor, pero no que haya solicitado dinero, efectuado llamadas telefónicas, o llevado el vehículo en la que se transportaría a la víctima hacia Valle De Ángeles, sino al área del Sitio donde la Testigo Protegido A bajó del vehículo y fue en busca del dinero, tampoco se probó que el acusado haya manifestado a la víctima que se trataba de un secuestro. Esta Sala considera pertinente recordar que a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. El artículo 192 del Código Penal dispone que: “Será sancionado con pena de reclusión de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida, aún cuando no consiguiere su propósito, quien con violencia, intimidación, engaño u otra forma que vicie el consentimiento, sustraiga, retenga, desplace, oculte o prive de cualquier otra manera de su libertad a una o más personas, con cualquiera de los propósitos siguientes: a) Obtener a cambio de la libertad de la o las personas secuestradas, dinero, bienes, títulos u otra utilidad o beneficio…”. De los hechos declarados probados se desprende que el acusado M. L. B., participó directa y materialmente, juntos a otros dos individuos en el acto de privación de la libertad o retención de la Testigo Protegida A y de su sobrino menor de edad, por un lapso de varias horas, utilizando para ello armas de fuego, con la finalidad de obtener para sí y sus compañeros dinero en efectivo, como una condición para devolverles su libertad. Esta Sala es del criterio que el delito de Secuestro es consumado aun cuando la víctima haya sido liberada por las autoridades en poder de sus captores, y aunque estos no hayan logrado obtener el precio o recompensa solicitado a cambio de su liberación, como ha ocurrido en el presente caso. De este modo, concurriendo los elementos típicos antes relacionados el delito se considera consumado aun y cuando hayan las víctimas hayan sido retenidas solamente por algunas horas. Basta entonces que se haya probado en juicio que el acusado M. L. B. y demás participes, han realizado alguno de los verbos rectores del tipo penal, siguientes: sustracción, retención, desplazamiento, ocultamiento o privación de la libertad de una o más personas, habiendo mediado violencia, intimidación, engaño, u otra forma que vicie el consentimiento de las victimas, y que se haya tenido por probado alguno de los elementos subjetivos del tipo penal, en este caso, el querer obtener a cambio de la libertad de la persona secuestrada dinero, bienes, títulos u otra utilidad o beneficio, aunque no se haya logrado obtener el provecho o ventaja solicitada. Tampoco requiere que se haya probado que las victimas hayan sido retenidas por largo lapso de tiempo, o que alguno de los acusados en particular, en este caso el señor M. L. B. haya sido el miembro del grupo que reclamó el dinero a la ofendida[1], o haya sido la persona que hizo las llamadas telefónicas a los familiares para exigirles el pago del dinero, o haya sido quien conducía el vehículo automotor hasta el lugar de la entrega del dinero solicitado. Es de recordar que la co-autoría es una forma de autoría misma que se observa cuando varias personas, bajo un acuerdo común, llevan a cabo un hecho de manera mancomunada. Los requisitos son: 1).- Acuerdo Común: Los autores deben realizar el acto por un acuerdo, el que puede ser previo y expreso o espontáneo y tácito. En el segundo caso, cada uno de los autores debe aceptar la acción del otro; 2).- Cada autor debe reunir las mismas calidades que el autor y el dominio del hecho es común; 3).- Cada autor debe realizar un aporte objetivo al hecho, de tal manera que sea producto de la división del trabajo entre todos los intervinientes (Domino funcional del hecho); 4).- Debe tratarse de delitos dolosos; y 5).- Debe de tratarse de un tipo penal que no requiera realización corporal o personal de la acción típica por parte del autor (De propia mano). De este modo basta que se haya probado de forma inequívoca que en el contexto antes apuntado el acusado M. L. B. era uno de las miembros del grupo que compartía el mismo propósito criminal, para estimar que ha incurrido en responsabilidad criminal a titulo de coautor. Cabe señalar que según se desprende del relato fáctico el propósito inicial del acusado y demás individuos participantes en los hechos objeto de juzgamiento era el apoderamiento de bienes del testigo protegido A, mediante el uso de la intimidación, es decir la comisión de un delito de robo, sin embargo ante la imposibilidad material de obtener dichos bienes en tanto que dicho testigo no llevaba consigo objetos de valor o dinero que pudieran satisfacer las pretensiones económicas de los sujetos que la abordaron, éstos van más allá de su inicial propósito condicionando su libertad y la del menor que le acompañaba a que consiguiera una determinada cantidad de dinero, misma que ante la intimidación ejercida por el encartado y otras personas la testigo protegida A solicitó vía telefónica a un familiar, consumándose así el delito de secuestro en su modalidad básica tipificado en el artículo 192 párrafo primero literal a) del Código Penal. El Censor finalmente considera que la acción realizada por el acusado no constituye un delito de secuestro, sino que a lo sumo se subsumiría en uno de extorsión, tipificado en el artículo 222 No. 1) del Código Penal, de la manera siguiente: “Incurrirá en reclusión de tres (3) a nueve (9) años: a) Quien mediante violencia o amenazas obligare a alguien a hacer o dejar de hacer alguna cosa, a fin de obtener para si o para otros un provecho injusto”. Esta Sala considera que si bien es cierto que el secuestro y la extorsión comparten en su estructura típica el uso de la intimidación o la violencia para obtener un propósito determinado, en el caso del secuestro concurre como elemento esencial e imprescindible la privación de la libertad ambulatoria de la víctima, circunstancia que el tipo penal de extorsión no exige para su realización, de ahí que a criterio de esta Sala el comportamiento del encartado M. L. B. se subsume adecuadamente y atendiendo a las demás circunstancias del caso en el delito de secuestro del artículo 192 párrafo primero literal a) del Código Penal y no en el de extorsión tipificado en el artículo 222 numeral
- del mismo texto punitivo. Por todas las razones anteriormente expuestas se declara sin lugar el presente motivo planteado por la Defensa del imputado. IV.- Continúa manifestando el recurrente en su: “SEGUNDO MOTIVO: Haber incurrido el sentenciador en falta de observación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Art. 362.3 del Código Procesal Penal (en adelante “CPP”).EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. Los preceptos penales adjetivos que se invocan como infringidos por falta de aplicación, prescriben: Art. 202: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. Por su parte, el párrafo primero, del Art. 336, de la misma ley señala: “El Tribunal, para resolver, sólo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica”. También, el Art. 338, que regula la forma de estructurar la sentencia, ordena al Tribunal sentenciador, en el numeral 2), lo siguiente: “…Valoración de la prueba. Seguidamente, se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de los indicios, igualmente declarados probados”. Los hechos probados de una sentencia penal (que constituyen la verdad a la que el Tribunal cree haber arribado) están sustentados en el acervo probatorio que se plasma en la fundamentación probatoria.- La fundamentación probatoria se divide en las fases descriptiva e intelectiva; en la primera (fundamentación probatoria), el Tribunal describe cada una de las pruebas que dan sustento a su decisión; en la segunda (fundamentación intelectiva), el juzgador debe explicar porqué un medio probatorio le merece o no confiabilidad, y, además, porqué un elemento de prueba le conduce a una conclusión determinada.- Sobre esta segunda operación, es que recae el reproche del recurso de casación por violación a las reglas de la sana crítica de acuerdo con el motivo planteado, de tal suerte que la violación a esas reglas que corrigen el correcto entendimiento humano, constituye un problema de fundamentación de la sentencia; por ello el legislador en el artículo 338 del CPP, ubica dentro de la “fundamentación del fallo” (regla cuarta), la valoración de la prueba.- Las reglas de la sana crítica entonces, constituyen la especie dentro del género conocido como fundamentación. En el sistema de sana crítica racional que implementa nuestro sistema procesal penal, en cuanto a la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los Jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se las apoye.- En este sistema el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: Las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano.- En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Dentro de las reglas de la lógica, al que debe sujetarse el juzgador en la valoración de las pruebas, según lo exigen los Arts. 202 y 336 CPP y que recalca el Art. 338, sección cuarta, numeral 2 (“...justificando según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio...”), aparece la característica, exigida por ellas, denominada, según FERNANDO DE LA RUA (La Casación Penal. El Recurso de Casación Penal en el Nuevo Código Procesal Penal de la Nación), como DERIVADA, según la cual, la motivación debe respetar el principio de razón suficiente, para lo cual “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando”.- Para ello, la motivación debe ser CONCORDANTE: A cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder convenientemente un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Resulta, que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta con las reglas de la sana crítica a observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte, en consecuencia, en la violación de los Artículos mencionados: ACLARACIÓN PREVIA En base al derecho de defensa del señor M.O L. B., se solicita a la Honorable Sala de lo Penal, que este motivo de casación se estime como subsidiario o secundario al primer motivo de casación planteado, de tal forma que debe procederse al estudio o análisis del presente, sólo en el caso en que el tipo de infracción de ley sea declarado improcedente.- Ello debido a que el efecto que conlleva dicho motivo es la absolución del señor M. L. B., siendo ésta la aspiración primordial de esta representación.- Por ello, se solicita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia que de forma primaria o preferente se pronuncie sobre el primer motivo de casación, y de forma subsidiaria o secundaria conozca y resuelva el presente. INDICACIÓN DEL VICIO El Tribunal de Sentencia ha concluido, al analizar la probanza relacionada al señor M. L. B., ciertos extremos: 1.- La estructura de hechos probados establecidos en la sentencia que hoy se recurre, y que tiene relación especial y directa con el imputado M. L. B., hace alusión a que el 23 de Octubre de 2009 mi representado se conducía a bordo de un vehículo automotor tipo taxi, en calidad de pasajero en la parte delantera que ocupa el pasajero y que la victima junto a un menor de edad abordaron dicho vehículo automotor a inmediaciones del Boulevard Morazán de la Ciudad de Tegucigalpa. 2.- Se hace referencia a la situación que en esa misma fecha, en el vehículo también se encontraba a bordo en la parte trasera del mismo otra persona por lo que al abordar la unidad la TESTIGO A, esta persona saco un arma de fuego y la amenazo diciéndole que era un asalto y pidiéndole la cartera y sus pertenencias lo cual hizo la testigo porque iba acompañada de su sobrino y estaba nerviosa temiendo por su integridad física y la de su sobrino. Acto seguido el Señor M. L. B. y el otro pasajero procedieron a revisar las pertenencias de la Testigo Protegido A y se enojaron al observar que la Testigo Protegido A no tenía dinero, encontrando una tarjeta de debito y exigiéndole que fueran a un cajero a retirar dinero a lo cual la Testigo Protegido A indico que ella no tenía dinero en la cuenta de dicha tarjeta 3.- Refiere que el Señor M. L. B., el taxista y el otro pasajero le dijeron a la Testigo Protegido A que la llevarían hasta Valle de Ángeles si no les conseguía la cantidad de cincuenta mil lempiras, la Testigo les manifestó que ella no tenía esa cantidad de dinero y que entonces les entregaría la cantidad de doce mil lempiras, y la testigo llamó a un pariente para que le que le consiguiera el dinero. 4.- Es indicativo de que la Testigo Protegido A fue la persona que llamo a su pariente el Testigo Protegido B solicitando la cantidad de doce mil lempiras, refiere la ruta que se siguió desde el momento que la Testigo Protegido A abordo el vehículo automotor hasta el momento que se dirigió a recoger el dinero que iba a entregar. refiere el momento que la Testigo Protegido A recoge el dinero, tiene contacto con la Policía, luego se regresa al sitio donde permanece el acusado a bordo del vehículo tipo taxi a la espera del dinero. 5.- Refiere al momento de la aprehensión de las personas que se conducían en el vehículo automotor tipo taxi en el momento en el cual se les haría la entrega del dinero. Todos estos extremos, probados según el Tribunal, inciden en que al señor M. L. B. se le haya condenado por el delito de SECUESTROI de conformidad al Art. 192 del CP, según lo desarrolla la sentencia en su FUNDAMENTACION JURIDICA. Para que la condena recaída en él sea legítima, desde el punto de vista probatorio el Tribunal debió haber arribado al nivel de conocimiento de la CERTEZA, sobre la realización de un hecho que encaja en una norma jurídico-penal; sobre la participación del imputado en su realización y en la culpabilidad del mismo, único grado de conocimiento que Constitucionalmente faculta a los órganos de justicia penal emitir un fallo de condena; de tal forma que si del resultado de la prueba no se alcanza a la obtención de ese nivel, sino cualquier otro (probabilidad, duda o constatación negativa, sobre cualesquiera de esos extremos), debe absolverse puesto que no se habrá quebrantado el Estado de Inocente del procesado. El defecto de violación de las reglas de la sana crítica, en concreto, de lesión al principio lógico de razón suficiente, resulta, de las diversas conclusiones probatorias a las que llegó el Tribunal de Sentencia, y que le condujo a establecer que el imputado M. L. B. privo de su libertad a la Testigo Protegido A y a cambio de su libertad haya solicitado alguna dadiva o un provecho en su nombre .- Veamos qué medios de prueba contribuyen a establecer que las circunstancias fácticas expresadas no concurren en el actuar de nuestro representado, y que paradójicamente la información que brindan a favor del imputado aparece recogida en la valoración intelectiva de la sentencia. A. El abordaje del vehículo por parte de Testigo Protegido A. Declaración testifical de Testigo Protegido A Dicho testigo manifiesta, entre otras cosas que: ella fue quien hizo señala de parada al vehículo automotor tipo taxi, cuando ella se encontraba a inmediaciones del Boulevard Morazán que la selección de las personas que se trasladaron no fue disposición de mi representado. B.- La manifiesta intención de los ocupantes del vehículo. Asimismo, quedó debidamente acreditado, y lamentablemente desconocido por el Tribunal a través de la declaración testifical de Testigo Protegido A Dicho testigo manifiesta, que la intención de los ocupantes del vehículo desde que ella lo abordo fue el de amenazarla con una arma de fuego para despojarla de los objetos que ella portaba y que al no portar cantidades de dinero se molestaron y le exigieron trasladarse a un cajero automático para sustraer dinero de su cuenta de ahorros pero que el testigo no tenia fondos en su cuenta y por ello no pudieron apropiarse de su dinero y que nunca le manifestaron que se trataba de un secuestro. C.- La ruta seguida desde el abordaje del vehículo hasta la detención. Asimismo, quedó debidamente acreditado, y lamentablemente desconocido por el Tribunal a través de la declaración testifical de Testigo Protegido A Dicho testigo manifiesta que la ruta que siguió el vehículo automotor finalmente la condujo a inmediaciones de su vivienda, ya que del Boulevard Morazan se desviaron hacia la Colonia Palmira, luego se trasladaran hacia el Mercado San Pablo lugar donde fueron aprehendidos por la Policía Nacional, este hecho es corroborado por el Testigo Protegido B y los Policías C. A. C. G. y J. H. M. V.. D.- La petición de dinero Asimismo, quedó debidamente acreditado, y lamentablemente desconocido por el Tribunal a través de la declaración testifical de Testigo Protegido A Dicho testigo manifiesta que fue ella quien llamo por teléfono al testigo protegido B y le solicito le prestara la cantidad de doce mil lempiras, que ella llamo de su propio aparato de teléfono celular manifestándole al testigo protegido B que ella iría hasta el lugar donde residen y recogería el dinero. E.- El traslado hacia el Barrio San Pablo y la recolección del dinero. Quedó debidamente acreditado, y lamentablemente desconocido por el Tribunal a través de la declaración testifical de Testigo Protegido A Dicho testigo manifiesta que fue ella quien llamo por teléfono al testigo protegido B y le solicito le prestara la cantidad de doce mil lempiras, que ella llamo de su propio aparato de teléfono celular manifestándole al testigo protegido B que ella iría hasta el lugar donde residen y recogería el dinero, al trasladarse hacia el lugar el vehículo se estaciono a doscientos metros de la posta policial, la testigo protegido B bajo del vehículo y se condujo hacia donde estaba el testigo protegido B y procedió a recoger el dinero, este hecho se corrobora por el Testigo Protegido B y los Policías C. A. C. G. y J. H. M. V.. F.- El momento de la detención Quedo debidamente acreditado a través del el Testigo Protegido B y los Policías C. A. C. G. y J. H. M. V. Que al momento de la detención mi representado no se encontraba realizando ninguna actividad ilícita, la supuesta persona secuestrada no estaba a bordo del vehículo, mi representado únicamente se encontraba sentado en el interior del vehículo en la parte delantera del lado del pasajero y que no opuso resistencia al momento de su detención. G.- La no constatación de la existencia del dinero a entregar a si como los objetos de la víctima. Por otro lado, no se ha constatado en el presente juicio la existencia de los supuestos doce mil lempiras que la Testigo Protegido A llevaba consigo para pagar por su libertad al momento de producirse la aprehensión de mi representado, asimismo no se encontró en el interior del vehículo ningún objeto de la víctima como ser monedero o carteras, tarjetas de crédito o de debito, celulares etc. esto se corrobora a través de los testimonios de los agentes policiales C. A. C. G. y J. H. M. V. y las actas de registro personal y el acta de la inspección ocular practicada al vehículo tipo turismo, color blanco, marca Toyota, Placas AA H7597 y la evidencia introducida en juicio Conclusión del análisis de prueba. Por todo lo apuntado, es reprochable desde un punto de vista lógico, que el Tribunal de Sentencia haya generado la conclusión de que el imputado haya privado de su libertad al Testigo Protegido A y a cambio de su libertad haya solicitado la obtención de algún provecho - De toda esa relación probatoria expuesta, como lo exigen los Arts. 202, 336 y 338 del CPP, la correcta conclusión fáctica que se extrae es que M. L. B., no privo de su libertad al testigo protegido B ni solicito nada a cambio de obtener su libertad por lo cual, legalmente, no se explica la existencia del fallo condenatorio en su contra, y por tal razón se ha vulnerado el Estado de Inocente que ampara constitucionalmente a M. L. B. y que en la ley procesal se manifiesta en el Art. 339 del CPP, que dispone que no habiendo pruebas suficientes para condenar, debe absolverse, así como al existir duda razonable. Si, según la regla lógica de la DERIVACION, informada por el Principio de Razón Suficiente, el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando, no es posible que en el presente caso la conclusión de hechos se base en una inexistente actividad probatoria de cargo para emitir el fallo condenatorio, y opuestos a elementos de convicción que objetivamente son confiables, y se han expuesto en este apartado del recurso.- Y esta regla lógica de la DERIVACION, ha sido reconocida como norma de logicidad en la valoración probatoria, según la jurisprudencia emanada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, y registradas con los números 164-05 (del 13 de diciembre de 2005) y 01-2007 (del 31 de julio de 2007). Como el vicio descrito ha ocurrido en el acto de dictarse sentencia, no pudo hacerse un reclamo oportuno en contra del mismo.- Y por ello es que hasta este momento se solicita se observe la infracción señalada para lo cual deberá casarse la sentencia y ordenarse el juicio de reenvío, de conformidad al Art. 369 del CPP”. RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ENCARTADO M. L. B. ARGUYENDO QUE AL DICTAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA, EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA INOBSERVADO LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN EL PROCESO DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No.
- PARRAFO IN FINE DEL CODIGO PROCESAL PENAL El Censor arguye que en la sentencia impugnada se constata la violación a las reglas de la sana crítica, concretamente del principio lógico de razón suficiente. Asegura el impetrante que tal vulneración se produce al no haberse constatado en el juicio la existencia de los supuestos Doce mil lempiras (L.12.000.00) que la Testigo Protegido A llevaba consigo para pagar por su libertad al momento de producirse la aprehensión del acusado, toda vez que en el interior del vehículo no se encontró ningún objeto de la víctima como monedero o carteras, tarjetas de crédito o de débito, celulares, según se desprende de las declaraciones testificales que rindieran los agentes policiales C. A. C. G. y J. H. M. V., las actas de registro personal, acta de inspección ocular practicada al vehículo tipo turismo, color blanco, marca Toyota, Placas AA H7597 y la evidencia introducida en juicio. Considera que de toda la prueba la correcta conclusión fáctica que ha debido extrerse es que M. L. B., no privó de su libertad al testigo protegido B, ni solicitó nada a cambio de conceder su libertad por lo que no se debió dictar un fallo condenatorio en su contra. Por lo anterior concluye que el A Quo ha vulnerado el estado de inocencia que ampara constitucionalmente a M. L. B. e infringido la regla lógica de la DERIVACION, informada por el Principio de Razón Suficiente, conforme al cual el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando. Esta Sala considera pertinente recordar que el proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque en virtud del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí[2], su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. El límite de las reglas de la experiencia está en los conocimientos técnicos especializados. En lo que concierne a las reglas de la lógica tenemos que la regla de identidad nos dice que una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Es decir, José solo puede ser J. y no J.. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, un argumento "X" solo puede ser "X". No podría por ejemplo una sentencia decir en una parte que se absuelve bajo la certeza de la inocencia, para afirmar más adelante que se absuelve por duda, porque viola el principio de identidad (en lo que interesa al Ministerio Público), pues estaría diciendo que "A" es "B". Diría que la certeza de la inocencia es la duda de la culpabilidad, y eso viola el principio de identidad. El principio de contradicción nos dice que una persona o cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, o sea el tribunal no puede aseverar algo y luego desvirtuarlo, porque solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Y el principio de tercero excluido nos dice que de dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa. A contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. En cuanto a las reglas de la psicología, éstas no están referidas a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos, como la observación del tribunal de mérito en caso de que un testigo se muestre nervioso al contestar una pregunta, que fue disperso al construir sus repuestas, ignorante en cuanto al idioma o cultura general básica, etc. Eso tiene que incluirse en el fallo al hacer la valoración. Podría ser que diga el tribunal, que no se cree al testigo porque se puso nervioso (más de lo normal), o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una de sus respuestas lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración. Un examen detenido de los antecedentes revela que de las pruebas evacuadas en juicio se derivan indicios concomitantes sólidos y suficientes para enervar el estado de inocencia del acusado. Las declaraciones rendidas por el Testigo Protegido A, Testigo Protegido B, Acta de Registro Personal, ratificada en juicio por el Señor C. A. C. G., practicada al encausado M. L. B., que acredita que al momento de su detención se le encontró en posesión de un Arma de fuego, tipo revolver calibre 38 SPL, Marca Smith y Wesson, Serie 357142, cacha de madera color café, pavón plateado, con cinco proyectiles; Acta de decomiso, del arma de fuego practicada al acusado M. L. B., ya descrita; Acta de inspección ocular practicada al vehículo tipo turismo, color blanco, Marca Toyota, Placa AAH7597, con Número de Registro 1697, y la constancia extendida por el Registro Nacional de Armas, en virtud de la cual se constata que el Arma incautada al imputado señor M. L. B., no se encuentra registrada, constituyen elementos probatorios suficientes para derivar los hechos declarados probados por el Juzgador, y que sirven de base fáctica a la sentencia condenatoria dictada en su contra por el delito de secuestro en perjuicio de la Testigo Protegida A. Por lo anterior se concluye que en el presente caso, el Juzgador no ha infringido las reglas de la sana crítica, concretamente de la lógica, en su postulado de derivación, en tanto en cuanto que en el proceso existe prueba de cargo suficiente, auténtica y confiable, para acreditar los hechos que fundan el fallo condenatorio que se impugna. Por todas las razones anteriormente expuestas esta Sala declara sin lugar el motivo de casación invocado por el recurrente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 y 362.2 y 3 del Código Procesal Penal.- FALLA: Declarando sin lugar EL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA, en su único motivo; y DE QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, en su único motivo, interpuesto por el Apoderado Defensor del encausado M. L. B., contra la sentencia pronunciada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veinte de Octubre de dos mil once.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda con arreglo a Derecho.- REDACTÓ EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO.-NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO.-
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CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.-JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO. LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL.-”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de enero del año dos mi quince.- Certificación de la sentencia de fecha diecisiete de noviembre de dos mil catorce, recaída en el recurso de casación con número de ingreso en este Supremo Tribunal S.P.41=2012.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] Como lo explica MARTIÑON CANO, “…la condición puede ser exigida por cualquier interviniente en el delito con la particularidad, en los casos que existan varios activos, que debe haber concierto o aceptación de todos los implicados en el sentido de exigir el cumplimiento de una condición para liberar al rehén…..el hecho de que los intervinientes sepan que se condiciona la liberación del rehén revela la existencia de un actuar con voluntad y conocimiento de los elementos conformantes de la figura penal…”, vid. MARTIÑON CANO, GILBERTO, en El Delito de Secuestro, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, págs.. 137-138.
[2] En virtud del principio de inmediación el Juez se relaciona directamente con los medios de prueba sobre los que ha de formar su convicción. Significa dicho principio que la actividad probatoria ha de transcurrir ante la presencia o intervención del órgano jurisdiccional encargado de pronunciar la sentencia. Un procedimiento está presidido por el principio de inmediación cuando el Juez o Tribunal están obligados a formar su íntima convicción y a fundamentar su sentencia exclusivamente con el resultado probatorio que ha podido formarse bajo su directa intervención en el juicio oral. De este modo el proceso lógico seguido por el Tribunal de Instancia en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto a control a través del examen casacional.