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Sentencia CP-402-12 — Registro 4190

Resumen

Se condenó al imputado en primer instancia por el delito de posesión de vehículo

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL IMPUTADO J. C. G. L., DENUNCIANDO LA VIOLACIÓN A LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA EN EL PROCESO DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 3) DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- 1) El Censor arguye que el Tribunal de instancia al dictar una sentencia condenatoria inobservó las reglas de la sana crítica en el proceso de valoración de la prueba que fuera evacuada en el juicio. Estima que en el caso bajo examen, no se realizaron todas las investigaciones pertinentes para lograr el esclarecimiento de los hechos, lo que ha incidido para que los razonamientos del juzgador sean confusos, y que éste haya vulnerado la regla lógica de la derivación, pues el fallo no está provisto de reflexiones congruentes, verdaderas y suficientes que se deriven del legajo probatorio. Señala que nunca se acreditó en el debate que el señor J. C. G. L., haya actuado con dolo, es decir con la intención de poseer un vehículo robado, ya que fue engañado por el señor N. P., quien le solicitó el favor de guardar el automotor en su casa, mientras un “coyote”, es decir, una persona dedicada ilegalmente al trasporte y guía de emigrantes hacia los Estados Unidos, llegaba a reclamarlo, pues el vehículo era el pago pactado para que lo trasladasen a ese país; enterándose después que el señor N. P. había fallecido. A juicio del recurrente, el imputado J. C. G. L. incurrió en un error de tipo pues como producto del engaño que le hiciera su amigo N. P., poseía el vehiculo sin saber que era robado. 2) Esta Sala considera pertinente recordar, que conforme a lo dispuesto en el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal : “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que..en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica..”. El proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque en virtud del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. El límite de las reglas de la experiencia está en los conocimientos técnicos especializados. En lo que concierne a las reglas de la lógica tenemos que la regla de identidad nos dice que una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Es decir, J. solo puede ser J. y no Juan. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, un argumento "X" solo puede ser "X". No podría por ejemplo una sentencia decir en una parte que se absuelve bajo la certeza de la inocencia, para afirmar más adelante que se absuelve por duda, porque viola el principio de identidad (en lo que interesa al Ministerio Público), pues estaría diciendo que "A" es "B". Diría que la certeza de la inocencia es la duda de la culpabilidad, y eso viola el principio de identidad. El principio de contradicción nos dice que una persona o cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, o sea el tribunal no puede aseverar algo y luego desvirtuarlo, porque solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Y el principio de tercero excluido nos dice que de dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa. A contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. En cuanto a las reglas de la psicología, éstas no están referidas a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos, como la observación del tribunal de mérito en caso de que un testigo se muestre nervioso al contestar una pregunta, que fue disperso al construir sus repuestas, ignorante en cuanto al idioma o cultura general básica, etc. Eso tiene que incluirse en el fallo al hacer la valoración. Podría ser que diga el tribunal, que no se cree al testigo porque se puso nervioso (más de lo normal), o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una de sus respuestas lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración. 3) En el proceso penal la actividad probatoria constituye la fase más trascendental, ya que la función jurisdiccional se asemeja en tal área o ámbito a la historiográfica, pues el Juez lo mismo que el historiador, está llamado a indagar sobre hechos del pasado y averiguar su real existencia estando por ello obligado a realizar no una labor de construir una ficción, sino una obra de elección y construcción sobre datos preexistentes. Para arribar a una sentencia de condena, el Juez debe alcanzar un estado de certeza o certidumbre, que es un estado subjetivo; sin embargo, no ha de ser una simple probabilidad o un mero juicio de verosimilitud, de ahí que la valoración del material probatorio ha de ser racional y lógico, de tal manera que la prueba se aprecie con cientificidad[1] Para que una presunción surta plenos efectos probatorios, es necesaria la conexión entre el hecho base y el hecho presunto, fundamentado en el principio de normalidad, conectado a una máxima de la experiencia. La máxima de la experiencia constituye el origen de toda presunción, en combinación con el hecho presunto, que es el punto de partida inverso, y a su vez el fundamento de la misma a través del principio de normalidad (id quod plerumque accidit). Un ejemplo puede contribuir a aclarar lo que se acaba de decir. Es una máxima de experiencia, o regla de vida, que nadie vende nada por debajo de su valor, sino por encima del precio de costo, con la finalidad de obtener un margen de ganancia. Sólo si concurre una razón de necesidad, o un afán de liberalidad, o cualquier otra causa razonable, se vende un objeto por debajo de su precio. Si alguien vende una cosa por debajo de su valor, sin justificación alguna, existe una razón para sospechar acerca de que el objeto que se trata de vender así no tiene un origen claro, y que probablemente es delictivo. Porque toda venta se hace para obtener el contravalor del objeto vendido, y en el ejemplo propuesto el vendedor sólo obtiene un valor inferior. Esto indica que un precio tan bajo no sólo favorece económicamente al comprador, sino también al vendedor (nadie da nada gratis, salvo causa justificada), para quien todo ese precio es beneficio, toda vez que no ha pagado nada por adquirirlo, a menos que se expliquen las razones de su proceder. Esta máxima de la experiencia permite fundamentar una norma de presunción, en la que el hecho básico es la adquisición de la cosa a precio vil, y el hecho presunto es el conocimiento de la ilícita procedencia de tal objeto. Entre el hecho básico y el hecho presunto concurre un enlace que se asienta en la referida máxima de la experiencia, conectada con el principio de normalidad. A su vez, toda máxima de experiencia se asienta en una clara idea de racionalidad, derivada de aplicar el juicio humano a la observación de casos concretos, para por vía de generalización procurar su aplicación a otros casos similares. La exigencia legal, plasmada en el artículo 1538 del Código Civil, relativa a que entre el indicio y el hecho presunto exista un enlace preciso y directo, según las reglas del criterio humano, está indicando que toda presunción ha de asentarse en una idea de racionalidad. De este modo, el Juez ha de realizar mentalmente el engarce entre el hecho base y el hecho consecuencia, y ello de un modo coherente, lógico y racional, entendida la racionalidad, por supuesto, no como mero mecanismo o automatismo, sino como comprensión razonable de la realidad normalmente vivida y apreciada conforme a los criterios colectivos vigentes. Volviendo al ejemplo planteado líneas arriba, la norma de presunción queda enunciada de la siguiente manera: si se adquiere un objeto a precio vil (hecho básico) es muy probable (enlace) que sepa que tal objeto tiene una procedencia delictiva (hecho presunto). Más exactamente, el enunciado de la presunción es: si se adquiere un objeto a precio vil (hecho básico) es normal (enlace) que sepa que tal objeto tiene una procedencia delictiva (hecho presunto). Para conocer porque es normal o muy probable tal conocimiento habrá que ir al contenido de la máxima de la experiencia, que constituye el fundamento de tal presunción. Si la presunción abstracta establece el enlace entre el hecho básico y el presunto con la expresión “es normal” o “es muy probable”, en la presunción concreta el “es normal” se sustituye por el “es cierto”, una vez que se ha producido el proceso de depuración de la presunción abstracta. Así, a modo de ejemplo, quien posee varias papelinas de droga, junto con una balanza de precisión para pesar cantidades inferiores a un gramo, y además tiene glucosa para mezclar la droga y obtener más dosis, también papelitos preparados para confeccionar las papelinas, se presume que se dedica a la venta de drogas. Porque es máxima de la experiencia que los vendedores de drogas suelen actuar así, o sea, “es normal” o “es muy probable”, que con todos esos indicios su actividad sea la de vender drogas, a menos que justifique cumplidamente porque posee todos esos objetos. Si no logra tal justificación, el “es normal” se convierte en “es cierto”, y se convierte en prueba plena. En definitiva las máximas de la experiencia cumplen una doble función: fundamentan la creación de una norma de presunción, y sirven de indicador para valorar la racionalidad del enlace entre el hecho básico y el hecho presunto[2]. Por otro lado, esta Sala también considera pertinente recordar que la ubicación en la sentencia de los llamados “juicios de inferencia” mediante los cuales se determina el elemento subjetivo para determinados delitos, ordinariamente resultará más adecuada en los apartados relativos a la valoración de las pruebas y en la fundamentación jurídica del fallo[3]. Así las cosas, esta Sala considera que el razonamiento externado por el juzgador de instancia no se opone a las reglas de la sana crítica al señalar que el encartado J. C. G. L. no logró desvanecer los indicios en virtud de los cuales se concluye que poseía el vehículo incautado con el conocimiento de que el mismo era producto de un delito precedente de desapoderamiento, en tanto que las máximas de la experiencia indican por un lado que un automotor de las características del que fuera objeto de la infracción (un pick up de reciente compra y alto precio), no es normalmente adquirido por una persona que presta sus servicios como técnico en refrigeración como empleado de una empresa, y por el otro que no diera razón de la persona a quien supuestamente debía entregar (por encargo de su amigo) dicho automotor, a lo que esta Sala añade que para llevar a cabo la tradición de un vehículo encomendada a un tercero por su propietario, se requiere la documentación respectiva, circunstancia que no concurre en el caso de autos, puesto que el imputado J. C. G. T. no presentó ninguna que pudiera servir para desvirtuar los indicios de que ha sido un poseedor de mala fe. A modo de conclusión podemos decir que de los datos extraídos del factum como de los juicios de inferencia que se desprenden de la valoración probatoria y fundamentación jurídica de la sentencia ahora impugnada, se colige que el endilgado J. C. G. T. es responsable del delito de posesión dolosa de un vehículo robado, infracción por el cual ha resultado condenado. Por todas las razones anteriormente expuestas el motivo formulado por la Defensa, ha de ser desestimado.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de abril de dos mil catorce, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS CARLOS DAVID CÁLIX VALLECILLO en su calidad de Coordinador, MARCO VINICIO ZÚNIGA MEDRANO y JACOBO ANTONIO CÁLIX HERNÁNDEZ, dicta Sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la Sentencia de fecha catorce de Marzo de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falló: 1) CONDENANDO al Señor J. C. G. L., a la pena de NUEVE (09) AÑOS DE RECLUSIÓN, por el delito de POSESIÓN DE VEHÍCULO ROBADO, en perjuicio de INVERSIONES LLUVIA DE ORO.- 2) ABSOLVIENDO al Señor J. C. G. L., por el supuesto delito de POSESIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- 3) NO CONDENÓ en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio.- Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, la Abogada V. E. F., actuando en su condición de Defensora Pública del señor J. C. G. L..- SON PARTES: El Abogado A. A. G. en su condición de DEFENSOR PÚBLICO del imputado como RECURRENTE y la Abogada K. L. M. en su calidad de Representante del MINISTERIO PÚBLICO como RECURRIDA. DECLARACIÓN DE HECHOS PROBADOS PRIMERO: El día siete de agosto del año dos mil diez, varios agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal realizaron allanamiento en la vivienda donde habitaba J. C. G. L., ubicada en Barrio Arenales de esta ciudad de San pedro Sula, Cortés. SEGUNDO: Se encontró estacionado frente al apartamento antes referido, el vehículo marca Mazda tipo píck up, color blanco año dos mil nueve placa PCU 1739, serie MM7UNY0W490828162, propiedad de la empresa Lluvia de oro, y que tenía reporte de robo.- Al proceder a registrar a J. C. G. L. se le encontró en la bolsa derecha de su pantalón una llave con la insignia de Mazda, la cual correspondía al vehículo antes referido el cual tenía reporte de robo y fue adquirido por J. C. G. L., de una persona conocida como N. P. TERCERO: En el mismo allanamiento se encontró en el apartamento que habitaba J. C. G. L. un arma de fuego calibre 38 tipo revolver marca ARMSCOR, modelo 200, serie A 1075953 con cinco cartuchos sin percutir la cual se encontraba guardada en una esquinera ubicada en la sala del referido apartamento.” C O N S I D E R A N D O I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por la Abogada V. E. F. , en su condición de Defensora Pública del encausado J. C. G. L. es admisible en tanto que reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que ahora debemos pronunciarnos sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- LA RECURRENTE ABOGADA V. E. F., EN SU CONDICIÓN DE DEFENSORA PÚBLICA DEL ENCAUSADO J. C. G. L., PROCEDIÓ A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, DE LA MANERA SIGUIENTE: EXPRESIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN. “MOTIVO ÚNICO: No haber observado el Sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: Por una parte la norma sustantiva infringida es el artículo 202 del Código procesal Penal, que expresa: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida.” Artículo que ha aplicado Incorrectamente el Tribunal de Sentencias al no ajustarse la declaración de los hechos probados con el tipo penal que establece este artículo.- EL Tribunal en referencia declaró como probado los siguientes hechos: “PRIMERO: El día siete de agosto del año dos mil diez, varios agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal realizaron allanamiento en la vivienda donde habitaba J. C. G. L., ubicada en Barrio Arenales de esta ciudad de San pedro Sula, Cortés. SEGUNDO: Se encontró estacionado frente al apartamento antes referido, el vehículo marca Mazda tipo píck up, color blanco año dos mil nueve placa PCU 1739, serie MM7UNY0W490828162, propiedad de la empresa Lluvia de oro, y que tenía reporte de robo.- Al proceder a registrar a J. C. G. L. se le encontró en la bolsa derecha de su pantalón una llave con la insignia de Mazda, la cual correspondía al vehículo antes referido el cual tenía reporte de robo y fue adquirido por J. C. G. L., de una persona conocida como N. P.. TERCERO: En el mismo allanamiento se encontró en el apartamento que habitaba J. C. G. L. un arma de fuego calibre 38 tipo revolver marca ARMSCOR, modelo 200, serie A 1075953 con cinco cartuchos sin percutir la cual se encontraba guardada en una esquinera ubicada en la sala del referido apartamento. PRIMERO: En la Sentencia recurrida, el Tribunal valora prueba de cargo no concluyente que para la investigación de la verdad debieron haberse practicado todas las diligencias pertinentes y útiles, para así haber confirmado la acción del imputado y poder determinar la existencia del hecho punible tomando en cuenta las circunstancias que de acuerdo con la ley penal, sean importantes para establecer el grado de responsabilidad y además al hacer el sentenciador el juicio de valor sobre dicha prueba, incurre en claras omisiones, que hace dicha fundamentación confusa e imprecisa, dando como resultado la violación a las reglas de la lógica en su postulado de la derivación. En el presente caso precisa referirnos a las reglas de la lógica por ser esta la más inobservada por el Tribunal de Sentencia y sobre la cual está orientada el ataque al fallo, en vista que la regla de la lógica estando constituida por la ley de la coherencia y de la derivación, esta última ha resultado ignorada por el Tribunal de Sentencia debido que para la observancia de esta ley exige al juzgador que la sentencia resulte provista de razonamiento proveniente de elementos Congruentes, verdaderos y suficientes. Esto lo decimos porque en el transcurso del juicio, ni en el debate se probó que mí representado hubiese actuado con “dolo”, es decir que supiera o que quisiera poseer dicho vehículo sabiendo que el mismo era robado; porque cuando se trata de constatar en un caso concreto sí la conducta de una persona se ejecutó con dolo, se debe determinar que el sujeto actuó con conocimiento de la relevancia típica de la conducta ejecutada, es decir que su actuar haya estado dirigido a lesionar un bien jurídico.- Pero adicionalmente tal acción debió ser desplegada porque ciertamente quería lesionar el bien jurídico.- También se puede decir que una conducta no es dolosa cuando se realiza sin saber que lo que puede ocurrir ocurra, porque en tal caso faltaría el conocimiento. SEGUNDO: Es allí según nuestro criterio, el hecho de no encajar la participación del imputado J. C. G. L. en el acto delictivo de POSESIÓN DE VEHÍCULO ROBADO que se le imputa como Autor, según el comportamiento humano del imputado J. C. G., en el caso que nos ocupa este ejercía una conducta no dolosa, en vista que la génesis de ello fue el engaño por parte de N. P. quien era amigo de mi representado y lo fue a visitar al hospital después de su operación y que posteriormente lo llevara a su casa de habitación donde le manifestó que si podía entregarle dicho vehículo a un coyote porque se lo iba a dar en pago ya que se iba para los Estados Unidos, encontrándose después con unos amigos quienes le manifestaron que N. P. había muerto ya que lo habían matado, preocupándose porque dicho vehículo estaba parqueado frente a su casa de habitación, esta persona (N.) quiérase o no engaño a mi representado fingiendo que dicho vehículo era de su propiedad e involucrarlo en el ilícito penal, es pues entonces donde encontramos desvalor en la acción que se le pretende imputar, en vista que si observamos detenidamente como sucedió el hecho narrado por el imputado y no como lo narra el Juez Sentenciador en sus hechos probados de cómo sucedió, es decir que el Juzgador en ningún momento manifiesta que fue mediante engaño al creerle a su amigo que era de su propiedad y que debía entregárselo al coyote como pago para así poder viajar a los Estados Unidos de Norteamérica, observando desde todo punto de vista no existir dolo o culpa por parte de mi representado, ¿Porqué? porque no hubo conciencia ni voluntad de J. c. G. de realizar el hecho tipificado objetivamente en la figura delictiva de Posesión de Vehículo Robado, él no sabía lo que ocurría, por lo tanto no quería que ocurriera tal hecho (Poseer un Vehículo Robado), dicho de otra manera solo el que sabe lo que ocurre puede querer que ocurra, o sea aplicar su voluntad a conseguir el resultado que tenga en la cabeza, debiendo el sujeto ser candente de que ocurren todos los elementos del tipo objetivo, es decir saber que se trataba de un Vehículo Robado, por lo que sí no conocía tales circunstancias, entonces no existe dolo por parte del imputado J. C. G. L. TERCERO: Por otro lado observamos que nos encontramos frente a un comportamiento atípico por parte de mí representado el señor J. c. G., pues si bien es cierto que el mismo se encontraba en posesión de dicho vehículo y donde fue involucrado por un supuesto amigo mediante engaño, no es menos cierto que este realizó materialmente uno de los elementos del tío sin conocimiento del mismo, por lo que nos hallamos ante un “ERROR DE TIPO” que en este caso excluiría el dolo (es decir el imputado creyó en su amigo N. P. que ese vehículo era de su propiedad y que lo daría en pago para viajar a los Estados Unidos), donde al final lo Involucran en un Robo de Vehículo, por lo que su error de desconocer el hecho impide admitir que este haya querido Poseer dicho vehículo y por lo tanto impide apreciar el dolo, excluyéndose así la aplicación del tipo de Posesión de Vehículo Robado doloso, en vista que como se dijo antes no había conciencia de la actividad a realizarse por parte de su amigo N., que según los hechos probados lo mencionan a él como si hubiera tenido conocimiento del robo del vehículo propiedad de la Empresa Lluvia de Oro, por lo que la responsabilidad debería recaer sobre el autor directo N. P. y no sobre J. C. G. L. a quien utilizaron como instrumento mediante engaño, como se dijo antes, si bien el imputado poseía sin dolo o conocimiento que era robado dicho vehículo, es una contribución bastante desigual viéndolo desde el plano subjetivo, será autor sí actúa con voluntad de autor (anímus Auctoris) y será partícipe sí obra con voluntad de participe (animus Socii), en el entendido que toda responsabilidad pasa a depender de la intención del sujeto, esto es, se convierte en algo exclusivamente subjetivo. Es importante resaltar que mí representado no tiene antecedentes penales, por lo que consideramos que el mismo es una víctima más de la delincuencia que utiliza a personas de buena fe, en este caso a mí representado para ejecutar actos ilícitos, sí bien es cierto J. C. G. L. desde un principio del juicio cuando lo capturan hasta el juicio oral el narra cómo sucedieron los hechos, manifestando que fue engañado al manifestarle que le entregara dicho vehículo al coyote como pago para viajar a los Estados Unidos el señor N. P., y que además sus dichos concuerdan en muchos aspectos con el testigo de la defensa A. M. E., y no como erróneamente lo quiere hacer ver el Juzgador en la valoración de la prueba que existen inconsistencias en cuanto a la forma de cómo se conocieron. CUARTO: Dicho lo anterior sí analizamos exhaustivamente los hechos declarados probados debería de existir un requisito (subjetivo) que nos conduciría a la determinación del dolo que exige el conocimiento y voluntad de realizar todas las circunstancias del tipo objetivo, es decir, el autor debe tener pleno conocimiento, elemento cognitivo, y además debe querer realizar el acto, elemento volitivo. En la Posesión de Vehículo Robado el dolo debe Implicar que todas las acciones tendientes a poseer un vehículo que fuera robado tenga el conocimiento que era robado y la decisión incondicional de ejecutarlo, esto es, que actúa solamente quien quiere, busca o persigue un resultado concreto con su conducta.- Como dice ROXIN: La intención exigida es la correspondiente al resultado y no a las circunstancias que acompañan aquel, lo cual no significa el motivo de la acción, sino que la intención típica concurre aun cuando el resultado perseguido sirva para consecución de ulteriores fines de otra índole, siendo así que el Ministerio Público no probó lo contrario en juicio. No cabe duda púes, que en el presente caso los actos desplegados por mi representado no se adecuan hacia aquél propósito. Por lo que no se establece que el hecho sea típico, púes no se ajusta a lo dispuesto por la norma penal (artículo 218-D de Código Penal) por lo que debe de decirse de manera terminante que el mismo no se probó, por tanto no debió tenerse como tal en los hechos declarados probados, pues la conducta asumida por mi representado no debió encuadrarse dentro de la Posesión de Vehículo Robado, por no quedar demostrado plenamente en juicio que el actuar del mismo era con pleno conocimiento como conducta prohibida.

Examinado lo anterior, la normativa penal establece claramente que solamente son responsables quienes actúan como autores o cómplices, a título de dolo o culpa y no habiéndose probado ni la configuración del tipo penal acusado ni la participación culpable del Infractor como autor del hecho que le fue atribuido, no puede declararse la culpabilidad del mismo debiéndose para tal efecto declarar la libre absolución del Imputado J. C. G. por este delito tal y como lo recomienda el artículo 339 del Código Procesal Penal.

Recordemos Honorables Magistrados que el factum del fallo está orientado a subsumir la acción imputada en el tipo penal contenido en este caso en el artículo 218-D del Código Penal vigente como acción consumada, de tal manera que la calificación del hecho debe de estar en armonía con la parte resolutiva del fallo y siendo que los hechos probados son el cimiento del fallo y que por esa razón son inobjetables, en ese sentido el fallo no se circunscribe como verdad que el señor J. C. G. L. haya participado en el ilícito de Posesión de Vehículo Robado a título de autor y en este caso se produce una incongruencia entre los hechos estimados y declarados probados con el delito del cual se le acusa es decir al delito de Posesión de Vehículo Robado. De lo anterior se desprende que la conducta narrada en los hechos declarados probados por el Tribunal de Sentencias no es constitutivo de una “POSESIÓN DE VEHÍCULO ROBADO” como erróneamente fue calificado, debiendo para tal efecto declararse con lugar el presente recurso. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo”. III.- RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL IMPUTADO J. C. G. L., DENUNCIANDO LA VIOLACIÓN A LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA EN EL PROCESO DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 3) DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- 1) El Censor arguye que el Tribunal de instancia al dictar una sentencia condenatoria inobservó las reglas de la sana crítica en el proceso de valoración de la prueba que fuera evacuada en el juicio. Estima que en el caso bajo examen, no se realizaron todas las investigaciones pertinentes para lograr el esclarecimiento de los hechos, lo que ha incidido para que los razonamientos del juzgador sean confusos, y que éste haya vulnerado la regla lógica de la derivación, pues el fallo no está provisto de reflexiones congruentes, verdaderas y suficientes que se deriven del legajo probatorio. Señala que nunca se acreditó en el debate que el señor J. C. G. L., haya actuado con dolo, es decir con la intención de poseer un vehículo robado, ya que fue engañado por el señor N. P., quien le solicitó el favor de guardar el automotor en su casa, mientras un “coyote”, es decir, una persona dedicada ilegalmente al trasporte y guía de emigrantes hacia los Estados Unidos, llegaba a reclamarlo, pues el vehículo era el pago pactado para que lo trasladasen a ese país; enterándose después que el señor N. P. había fallecido. A juicio del recurrente, el imputado J. C. G. L. incurrió en un error de tipo pues como producto del engaño que le hiciera su amigo N. P., poseía el vehiculo sin saber que era robado. 2) Esta Sala considera pertinente recordar, que conforme a lo dispuesto en el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal : “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que..en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica..”. El proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque en virtud del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. El límite de las reglas de la experiencia está en los conocimientos técnicos especializados. En lo que concierne a las reglas de la lógica tenemos que la regla de identidad nos dice que una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Es decir, J. solo puede ser J. y no Juan. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, un argumento "X" solo puede ser "X". No podría por ejemplo una sentencia decir en una parte que se absuelve bajo la certeza de la inocencia, para afirmar más adelante que se absuelve por duda, porque viola el principio de identidad (en lo que interesa al Ministerio Público), pues estaría diciendo que "A" es "B". Diría que la certeza de la inocencia es la duda de la culpabilidad, y eso viola el principio de identidad. El principio de contradicción nos dice que una persona o cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, o sea el tribunal no puede aseverar algo y luego desvirtuarlo, porque solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Y el principio de tercero excluido nos dice que de dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa. A contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. En cuanto a las reglas de la psicología, éstas no están referidas a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos, como la observación del tribunal de mérito en caso de que un testigo se muestre nervioso al contestar una pregunta, que fue disperso al construir sus repuestas, ignorante en cuanto al idioma o cultura general básica, etc. Eso tiene que incluirse en el fallo al hacer la valoración. Podría ser que diga el tribunal, que no se cree al testigo porque se puso nervioso (más de lo normal), o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una de sus respuestas lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración. 3) En el proceso penal la actividad probatoria constituye la fase más trascendental, ya que la función jurisdiccional se asemeja en tal área o ámbito a la historiográfica, pues el Juez lo mismo que el historiador, está llamado a indagar sobre hechos del pasado y averiguar su real existencia estando por ello obligado a realizar no una labor de construir una ficción, sino una obra de elección y construcción sobre datos preexistentes. Para arribar a una sentencia de condena, el Juez debe alcanzar un estado de certeza o certidumbre, que es un estado subjetivo; sin embargo, no ha de ser una simple probabilidad o un mero juicio de verosimilitud, de ahí que la valoración del material probatorio ha de ser racional y lógico, de tal manera que la prueba se aprecie con cientificidad[1] Para que una presunción surta plenos efectos probatorios, es necesaria la conexión entre el hecho base y el hecho presunto, fundamentado en el principio de normalidad, conectado a una máxima de la experiencia. La máxima de la experiencia constituye el origen de toda presunción, en combinación con el hecho presunto, que es el punto de partida inverso, y a su vez el fundamento de la misma a través del principio de normalidad (id quod plerumque accidit). Un ejemplo puede contribuir a aclarar lo que se acaba de decir. Es una máxima de experiencia, o regla de vida, que nadie vende nada por debajo de su valor, sino por encima del precio de costo, con la finalidad de obtener un margen de ganancia. Sólo si concurre una razón de necesidad, o un afán de liberalidad, o cualquier otra causa razonable, se vende un objeto por debajo de su precio. Si alguien vende una cosa por debajo de su valor, sin justificación alguna, existe una razón para sospechar acerca de que el objeto que se trata de vender así no tiene un origen claro, y que probablemente es delictivo. Porque toda venta se hace para obtener el contravalor del objeto vendido, y en el ejemplo propuesto el vendedor sólo obtiene un valor inferior. Esto indica que un precio tan bajo no sólo favorece económicamente al comprador, sino también al vendedor (nadie da nada gratis, salvo causa justificada), para quien todo ese precio es beneficio, toda vez que no ha pagado nada por adquirirlo, a menos que se expliquen las razones de su proceder. Esta máxima de la experiencia permite fundamentar una norma de presunción, en la que el hecho básico es la adquisición de la cosa a precio vil, y el hecho presunto es el conocimiento de la ilícita procedencia de tal objeto. Entre el hecho básico y el hecho presunto concurre un enlace que se asienta en la referida máxima de la experiencia, conectada con el principio de normalidad. A su vez, toda máxima de experiencia se asienta en una clara idea de racionalidad, derivada de aplicar el juicio humano a la observación de casos concretos, para por vía de generalización procurar su aplicación a otros casos similares. La exigencia legal, plasmada en el artículo 1538 del Código Civil, relativa a que entre el indicio y el hecho presunto exista un enlace preciso y directo, según las reglas del criterio humano, está indicando que toda presunción ha de asentarse en una idea de racionalidad. De este modo, el Juez ha de realizar mentalmente el engarce entre el hecho base y el hecho consecuencia, y ello de un modo coherente, lógico y racional, entendida la racionalidad, por supuesto, no como mero mecanismo o automatismo, sino como comprensión razonable de la realidad normalmente vivida y apreciada conforme a los criterios colectivos vigentes. Volviendo al ejemplo planteado líneas arriba, la norma de presunción queda enunciada de la siguiente manera: si se adquiere un objeto a precio vil (hecho básico) es muy probable (enlace) que sepa que tal objeto tiene una procedencia delictiva (hecho presunto). Más exactamente, el enunciado de la presunción es: si se adquiere un objeto a precio vil (hecho básico) es normal (enlace) que sepa que tal objeto tiene una procedencia delictiva (hecho presunto). Para conocer porque es normal o muy probable tal conocimiento habrá que ir al contenido de la máxima de la experiencia, que constituye el fundamento de tal presunción. Si la presunción abstracta establece el enlace entre el hecho básico y el presunto con la expresión “es normal” o “es muy probable”, en la presunción concreta el “es normal” se sustituye por el “es cierto”, una vez que se ha producido el proceso de depuración de la presunción abstracta. Así, a modo de ejemplo, quien posee varias papelinas de droga, junto con una balanza de precisión para pesar cantidades inferiores a un gramo, y además tiene glucosa para mezclar la droga y obtener más dosis, también papelitos preparados para confeccionar las papelinas, se presume que se dedica a la venta de drogas. Porque es máxima de la experiencia que los vendedores de drogas suelen actuar así, o sea, “es normal” o “es muy probable”, que con todos esos indicios su actividad sea la de vender drogas, a menos que justifique cumplidamente porque posee todos esos objetos. Si no logra tal justificación, el “es normal” se convierte en “es cierto”, y se convierte en prueba plena. En definitiva las máximas de la experiencia cumplen una doble función: fundamentan la creación de una norma de presunción, y sirven de indicador para valorar la racionalidad del enlace entre el hecho básico y el hecho presunto[2]. Por otro lado, esta Sala también considera pertinente recordar que la ubicación en la sentencia de los llamados “juicios de inferencia” mediante los cuales se determina el elemento subjetivo para determinados delitos, ordinariamente resultará más adecuada en los apartados relativos a la valoración de las pruebas y en la fundamentación jurídica del fallo[3]. Así las cosas, esta Sala considera que el razonamiento externado por el juzgador de instancia no se opone a las reglas de la sana crítica al señalar que el encartado J. C. G. L. no logró desvanecer los indicios en virtud de los cuales se concluye que poseía el vehículo incautado con el conocimiento de que el mismo era producto de un delito precedente de desapoderamiento, en tanto que las máximas de la experiencia indican por un lado que un automotor de las características del que fuera objeto de la infracción (un pick up de reciente compra y alto precio), no es normalmente adquirido por una persona que presta sus servicios como técnico en refrigeración como empleado de una empresa, y por el otro que no diera razón de la persona a quien supuestamente debía entregar (por encargo de su amigo) dicho automotor, a lo que esta Sala añade que para llevar a cabo la tradición de un vehículo encomendada a un tercero por su propietario, se requiere la documentación respectiva, circunstancia que no concurre en el caso de autos, puesto que el imputado J. C. G. T. no presentó ninguna que pudiera servir para desvirtuar los indicios de que ha sido un poseedor de mala fe. A modo de conclusión podemos decir que de los datos extraídos del factum como de los juicios de inferencia que se desprenden de la valoración probatoria y fundamentación jurídica de la sentencia ahora impugnada, se colige que el endilgado J. C. G. T. es responsable del delito de posesión dolosa de un vehículo robado, infracción por el cual ha resultado condenado. Por todas las razones anteriormente expuestas el motivo formulado por la Defensa, ha de ser desestimado. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 362 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: ÚNICO: Declarando sin lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo, interpuesto por la Abogada V. E. F. a favor del imputado J. C. G. L.. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a Derecho.- REDACTÓ EL MAGISTRADO CÁLIX VALLECILLO.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de junio del año dos mil catorce.- Certificación de la sentencia de fecha veintinueve de abril del año dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-402-2012.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Vid. CLIMENT DURAN, CARLOS, en La Prueba Penal (Doctrina y Jurisprudencia), Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, pág. 619.

[2] Vid. CLIMENT DURAN, CARLOS, en La Prueba Penal (Doctrina y Jurisprudencia), Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, págs. 643-646.

[3] Vid. en este sentido: LUZON CUESTA, JOSE MARIA: El Recurso de Casación Penal, 2ª Edición, Editorial Colex, Madrid, 2000, págs. 147-148.