Sentencia CP-395-11 — Registro 3706
Resumen
Se condenó en primer instancia por el delito de usurpación de título
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL EN SU UNICO MOTIVO INTERPUESTO POR LA DEFENSA PUBLICA.
I.- La recurrente alega que los sentenciadores incurrieron durante el debate en la violación al derecho Constitucional de Defensa, ya que el Abogado Privado que representaba al acusado R. H. A. M., incurre en una serie de errores injustificables al plantear impugnaciones no permitidas según el Código Procesal Penal, lo que denotaban su falta de conocimiento y experticia en dicho proceso. El mismo Tribunal plasmó en la sentencia: “nos preocupó en suma manera el percatarnos de que el señor defensor no cuenta con los conocimientos suficientes en lo que refiere a la materia recursiva en el ámbito penal, puesto que, esta planteando interponer recurso de apelación contra una sentencia definitiva cuando es de conocimiento que el Recurso de Apelación no procede en una sentencia definitiva, incluso manifestó interponer un recurso de apelación y subsidiariamente un recurso de casación, cuando esas situaciones en el ámbito penal no proceden, el señor Abogado M. Á. B. no tiene suficientes conocimientos en el ámbito recursivo del proceso penal, en consecuencia y siendo de que nos preocupa la situación del procesado puesto que debemos de garantizar su derecho de defensa no obstante la condena emitida, puesto que este fallo de condena podría ser revocado por un órgano superior jerárquico, igualmente la medida cautelar de Prisión Preventiva también puede ser revocado por un superior jerárquico el Tribunal deviene obligado a instar al señor R. A. M., a fin que nos indique si en este momento tiene el nombre de un abogado que le pueda representar de manera mucho más eficiente en el proceso recursivo que se debe enfrentar”. Argumenta la recurrente, que ante el descubrimiento hecho por el Tribunal Sentenciador, respecto a la incapacidad de conocimientos jurídicos sobre el Proceso Penal del entonces Abogado Privado del imputado A. M., hacen dudar a la Defensa Pública respecto a su desempeño a lo largo del Juicio Oral y Público, a todas luces se puede visualizar que el entonces Abogado Privado, no contaba con los conocimientos necesarios para hacerle frente a un proceso penal y esto se tradujo evidentemente en perjuicio del acusado. II.- Para esta Sala de lo Penal, no es de recibo el reclamo de la recurrente, ya que al hacer una revisión del acta de debate (folios # 1173 a 1191), se extrae una participación activa del defensor privado del acusado, en la contestación de cargos, la evacuación de las pruebas, interrogando y contrainterrogando a los testigos y peritos, así como al momento de rendir las conclusiones, sin que pueda establecerse de dicha participación, que el abogado defensor haya actuado con claro desconocimiento y de manera deficiente, que lleve a concluir que ha incurrido en negligencia simple o manifiesta en la defensa del acusado o, que haya causado indefensión a este último. En el proceso “Por medio del defensor se trata de establecer un equilibrio entre la parte acusadora, representada por un conocedor del derecho sustantivo y formal, y el imputado, que es defendido por un técnico en derecho… Mediante la labor de asistencia, el defensor informa al imputado acerca de las normas de derecho de fondo y procesal en relación con el caso, permitiéndole al imputado el ejercicio de la defensa material al recibir esa información… La labor de representación significa la actuación del defensor a nombre del imputado”. Véase: LLOBET RODRIGUEZ, Javier, Proceso Penal Comentado, 1ª Edición, Mundo Gráfico S. A., San José, C.R., 1998, P. 131 y 132. III.- En el caso examiné, efectivamente el A-quo notó que la defensa técnica presentaba algún desconocimiento en materia recursiva, una vez que se profirió el fallo, procediendo a nombrar nuevos defensores al acusado con la finalidad de salvaguardar la eficiencia de su defensa en la etapa recursiva, justamente para que se hiciera uso de la vía impugnativa de manera correcta, sin que por ese nuevo nombramiento haya menoscabado los derechos y garantías constitucionales en el caso concreto el de “defensa”, que más bien se vio salvaguardado por la actuación de los sentenciadores, al percatarse de la deficiencia del defensor privado en el conocimiento técnico para la interposición de los recursos que conforme a derecho correspondían en el momento de dictarse el fallo en el debate; sin que quedase evidenciado negligencia simple o manifiesta por parte de la defensa técnica durante la sustanciación del juicio oral y público, porque como ya se dijo de acuerdo con los antecedentes, mantuvo una participación activa durante el debate haciendo uso de los principios de aportación de pruebas, inmediación y contradicción al momento de la evacuación de las pruebas, contestación de cargos y formular conclusiones; en consecuencia de lo anterior, se declara Sin Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de marzo del año dos mil catorce, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los señores MAGISTRADOS CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, en su condición de Coordinador, MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO y JACOBO CALIX HERNANDEZ, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, contra la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de junio de dos mil once, mediante la cual CONDENÓ al señor R. H. A. M. por encontrarlo culpable de los delitos de USURPACION DE TÍTULO en perjuicio de LA FE PÚBLICA y ESTAFA CONTINUADA en perjuicio de LA EMPRESA TRADING UNLIMITED, ambos en CONCURSO IDEAL MEDIAL; a la pena de DOCE (12) AÑOS Y SEIS (06) MESES DE RECLUSION. Interpuso el Recurso de Casación la Abogada W. C. R., actuando en condición de Defensora Pública del señor R. H. A. M.. SON PARTES: La Abogada D. M. R., actuando en condición de Defensora Pública del señor R. H. A. M., como parte recurrente; la Abogada K. L. M., en su condición de representante del Ministerio Público; y el Abogado I. A. M., en su condición de Acusador Privado, ambos como parte recurrida.
HECHOS PROBADOS
PRIMERO: En fecha veintiséis de febrero del año dos mil ocho, la señora M. L. R. M., actuando en su condición de Gerente General y Representante Legal de la Sociedad Mercantil TABACOS LA FRATERNIDAD, S. de R. L., conocida también como TABACOS LA FRATERNIDAD, procedió a otorgarle Poder Especial de Representación y para Pleitos al imputado R. H. A. M., para que en su condición de Abogado procediera a realizar trámites ante las instancias judiciales y administrativas a favor del a empresa en referencia.
SEGUNDO: Posteriormente, conociendo la señora M. L. R., que la Empresa Tabacos La Fraternidad, contaba con los servicios legales del señor R. H. A. M., tuvo a bien recomendar a éste ante el señor M. D. L. representante legal de la Empresa Trading Unlimited quien en ese momento buscaba los servicios de un profesional del Derecho para que procediera de manera inmediata a gestionar la salida de tres contenedores propiedad de dicha empresa que se encontraban retenidos en las Aduana Las Mesas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos. Siendo así como el señor M. D. L. procedió a suscribir un contrato de servicios profesionales con el imputado R. H. A. M. en fecha doce de marzo del año dos mil ocho, en la creencia de que ostentaba el título de Abogado, a fin de que procediera a realizar cualquier tipo de gestiones ante las instancias legales y/o administrativas correspondientes, para la salida de dichos Furgones propiedad de dicha empresa, comprometiéndose el imputado R. H. A. M. a lograr tal fin, para lo cual solicitó el pago de honorarios profesionales por sus servicios legales.
TERCERO: Fue así como el acusado R. M., procedió a presentar un escrito ante la Secretaría de Salud Pública el cual firmó como Abogado, y otros ante el IHADFA y la Dirección General de Tránsito en los que figuró como representante de la Sociedad Trading Unlimited, así como a emitir opinión jurídica de un caso, y no obstante de no obtener ningún resultado positivo por dichas acciones, el señor R. H. A. M. suscribió otros contratos por servicios profesionales durante el año dos mil ocho y dos mil nueve, por los cuales continuó percibiendo varias cantidades de dinero por supuestos servicios legales brindados. Asimismo, el señor R. M. procedió a realizar gestiones junto con el señor M. D. L., para la creación de la Corporación Legal de Abogados, para lo cual el imputado R. A. M. por el título que supuestamente ostentaba, reclutaría al grupo de Abogados para tal fin, acciones por las cuales también el señor A. M. percibió cantidades de dinero, sin que en ningún momento este hiciera ver al señor M. D. L. que el no era profesional del Derecho.
CONSIDERANDO
I.- El Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, presentado reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II. RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. MOTIVO ÚNICO. “Por violación al Derecho Constitucional de Defensa”. PRECEPTO AUTORIZANTE: “El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal”. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. La norma Constitucional que se invoca como infringida es el artículo 82 de la Constitución de la República que dice: “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes” En relación artículo 14 del Código Procesal Penal prescribe: “El derecho de defensa es inviolable. De lo anterior se desprende que es una obligación del Estado y especialmente de los Tribunales que imparten Justicia en un proceso penal, el no escatimar ningún esfuerzo en la búsqueda de la verdad, para garantizarle a quien lo enfrenta, un Juicio Justo y apegado a derecho; el permitir que un Profesional del Derecho asumiera la Defensa Técnica del imputado sin contar con los conocimientos y capacidades requeridas para enfrentar un Juicio Oral y Público, es una flagrante violación al derecho de defensa de los imputados, lo cual solo puede ser subsanado a través del presente recurso de casación. Tal como aparece consignada en el Acta de Debate, en la páginas 36 y 37, específicamente al momento que el Tribunal de Sentencias, emite de forma verbal la resolución final de condena a la que arriba luego de celebrado el Juicio Oral y Público, el Abogado Privado que representaba al señor R. A. M., incurre en una serie de errores injustificables al plantear impugnaciones no permitidas según el Código Procesal Penal, lo que denotaban su falta de conocimiento y experticia en dicho proceso, razón por la cual el Tribunal de Sentencias resolvió lo siguiente: “Vamos a explicar los motivos del reinicio de la presente audiencia, el Tribunal al salir de la audiencia sintió un poco preocupado por la situación planteada por el Abogado Defensor, habida cuenta que lo que escuchamos de sus deposiciones respecto a la interposición de diferentes recursos, nos preocupó en suma manera en percatarnos de que el señor defensor no cuenta con los conocimientos suficientes en lo que refiere a la materia recursiva en el ámbito penal, puesto que, esta planteando, pretendiendo interponer recurso de apelación contra una sentencia definitiva cuando es de conocimiento que el Recurso de Apelación no procede en una Sentencia definitiva, incluso manifiesto interponer un recurso de apelación y subsidiariamente un recurso de casación, cuando esas situaciones en el ámbito penal no proceden, en consecuencia de ello, el Código Procesal Penal, la Constitución de la República y las Convenciones Interamericanas de Derechos Humanos, obligan al Tribunal garantizar la Defensa del acusado, esto significa, la defensa del acusado no significa solamente que este representado por un Abogado significa que tiene que estar representado por un Abogado que sepa, que conozca el proceso penal y que este enveredado y que en ese ámbito enterado pueda realizar una efectiva defensa material, situación que consideramos no ocurrió en el presente caso si el señor Abogado M. Á. B. no tiene suficientes conocimientos en el ámbito recursivo del proceso penal, en consecuencia y siendo de que no preocupa la situación del procesado puesto que debemos de garantizar su derecho de defensa no obstante la condena emitida, puesto que este fallo de condena podría ser revocado por un órgano superior jerárquico, igualmente la medida cautelar de Prisión Preventiva también puede ser revocado por un superior jerárquico el Tribunal deviene obligado a instar al señor R. A. M. a fin que nos indique si en este momento tiene el nombre de un Abogado que le pueda representar de manera mucho mas eficiente en el proceso recursivo que se debe enfrentar. En lo que respecta le hemos de explicar al señor R. A. M. lo siguiente: las resoluciones que hemos emitidos son dos diferentes: 1) La de la condena y que esta cabe interponer el recurso de casación una vez que se lea la sentencia para lo cual se tiene tramite de veinte días. La segunda resolución es la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva para lo cual solo se puede interponer el recurso de reposición y de manera subsidiaria el de apelación. En ese caso no se interpuso el recuso de apelación, si no que solamente anunció la interposición de recurso de apelación, la interposición del recurso de apelación es en tres días, el mismo tiempo le concede la Ley para que al efecto usted nombre a un defensor de su confianza a efecto de que pueda llevarle el trámite de los recursos si usted así lo viene a bien, en caso de que usted no tenga en este momento le podríamos conceder los tres días, sin embargo esto implicaría el vencimiento del término que la ley exige para que usted presente el recurso de apelación, consecuencia si no tuviese un defensor en estos momentos el Tribunal tendría la obligación de nombrarle un defensor emergente, habida cuenta la situación jurídica que usted esta enfrentando. En consecuencia de lo anterior le estoy preguntando al señor R. A. M. si usted tiene a una persona que le puede servir de defensor, le hemos de acotar que no obstante el fallo condenatorio si nos preocupa situación de defensa para efectos de que la misma sea efectiva y que todos los trámites se realicen conforme a la ley, puesto que si eso no ocurriera y los recursos fueran interpuesto indebidamente o en el tiempo que no fuera establecido, en consecuencia eso le ampararía un perjuicio a la Defensa lo cual no es lo que pretende la ley ni el espíritu de la ley que el Tribunal deviene obligado a cumplir.” Posteriormente a este suceso, el Tribunal le pide al imputado que nombre a otro Abogado de su confianza, pero le advierte que tendrá tres días para nombrarlo, tiempo también durante el cual se le vencerá el término para formalizar la apelación que el Abogado Privado había interpuesto; en vista que el imputado no logra ubicar a un Abogado, el Tribunal en aras de respetarle su Derecho Defensa, nombra a los Defensores Públicos que actualmente nos encontramos representado al señor R. A. M. Ante el descubrimiento hecho por el Tribunal Sentenciador, respecto a la incapacidad de conocimientos Jurídicos sobre el Proceso Penal, del entonces Abogado Privado del imputado A. M., hacen dudar a esta Defensa Pública respecto a su desempeño a lo largo del Juicio Oral y Público, que si bien es cierto, el Tribunal advierte que se hace la sustitución de defensores únicamente para el área recursiva del proceso, no es menos cierto que durante el Juicio Oral y Público, las partes intervinientes en el debate tienen la posibilidad de impugnar resoluciones que dicte el Tribunal, pero sino se cuenta con los conocimiento jurídicos necesarios para hacerlos, evidentemente esto va en detrimento del imputado y se Violenta con ello el Derecho de Defensa. El develamiento hecho por los Sentenciadores, respecto a la falta de conocimientos del Abogado Privado de la Defensa, no era algo nuevo, ya que si leemos detenidamente el acta de debate, podremos descubrir que el referido abogado de la defensa tuvo una participación penosa a lo largo del mismo que afecto directamente la defensa del acusado, por ejemplo si leemos en la pagina 3 de la precitada acta de debate, podremos descubrir que al momento de abrirse un turnos de incidentes para las partes, el defensor privado hace ver al Tribunal que en días anteriores había presentado un escrito de Nulidad a la Secretaría del Tribunal y los Sentenciadores al ver la falta de conocimientos, le explican al Abogado que no es el procedimiento correcto para la interposición de nulidades, ya que se tuvo que presentar la misma en el término concedido por la ley para las Recusaciones, Excusas o Nulidades conforme el artículo 31 6 del Código Procesal Penal o de forma oral como lo establece el artículo 320 del mismo cuerpo legal; el Abogado Privado en uso de la palabra trata de presentar una Nulidad pero desconoce la forma y los fundamentos para hacerlo, comienza expresando comentarios sin sentido y en ningún momento, explica de forma detallada cual es la nulidad alegada sus alcances y sus fundamentos; al momento de que la Fiscalía tiene que expresar su opinión respecto a la nulidad presentada por el Defensor Privado, manifiesta que no puede referirse al mismo debido a que no se entendió que estaba presentando; el Tribunal a la petición de nulidad hecha por la Defensa expreso (Página 4 del acta de debate): “…en relación al incidente de la Defensa hemos de indicarle al defensor que durante el proceso existe un sin numero de incidentes que pueden ir desde la falta de acción porque no ha debido promoverse o proseguirse o un incidente de nulidad relativa o uno de nulidad absoluta, pero no basta decir existe nulidad, es necesario que las partes planteen cuales son los aspectos procesales que se han vulnerado y que por tanto haya viciado el proceso de tal forma que el proceso no deba continuarse, las partes deben presentar la prueba que tiene, definir los aspectos que consideran violentados y jurídicamente en que aspectos del Código Procesal Penal, Constitución y Tratados internacionales que se han vulnerado, pero eso no ocurre en este caso la Defensa alega que el Ministerio Público ha presionado al acusado y en ese sentido hemos de indicar que estar sometidos a un proceso penal no es una cosa fácil para ninguna persona, pero el Ministerio Público incoa una acción penal pública porque considera que, a su criterio, es procedente iniciar un requerimiento, si fue presionado o no es algo que no podemos dilucidar en este momento y si la Defensa considera que hay una vulneración de los derechos del imputado por parte del Ministerio Público, perfectamente puede acudir a las instancias correspondientes, el Ministerio Público tiene la acción pública y puede interponer las acciones pertinentes, si eso intentaba la Defensa era un incidente, no una nulidad e igualmente debía indicar, los alcances de la nulidad, que hechos provocaron la nulidad, que normativa se violento y que medio de prueba tenía para probarlo, en consecuencia, siendo que el planteamiento de la Defensa no ha sido claro al referir que es lo pide en concreto y se declara sin lugar el incidente de la Defensa.” Como podrán observar honorable Tribunal de Casación, nuevamente queda en evidencia la falta de conocimiento básico que tenia el Abogado Privado de nuestro representado, actuación que se viene dando a lo largo de todo el proceso. Tal como lo afirma el Tribunal de Sentencias, el Estado debe garantizar a todo imputado su Derecho a la Defensa, pero no basta con tener un Abogado que lo represente, si no que es necesario que el mismo cuente con todos los conocimientos técnicos y jurídicos para hacer valer a su representado todos los derechos que se le reconocen; en el caso del señor R. H. A. M., a todas luces se puede visualizar que el entonces Abogado Privado, no contaba con los conocimientos necesarios para hacerle frente a un proceso penal y esto se tradujo evidentemente en perjuicio para el nuestro representado ya que se le ha violentado su derecho a una Defensa Técnica adecuada, y por tanto en evidente indefensión. La Defensa Pública considera que ningún sentido ni efecto legal tendría, el hecho de nombrársenos como abogados defensores del señor R. H., si solo fuésemos nombrados para la etapa recursiva del proceso recordemos que impugnaciones pueden presentarse durante todo el debate o juicio oral, por lo que pedimos en aras del respeto irrestricto al Derecho de Defensa, que como Defensa Pública se nos permita representar adecuadamente al señor A. M. en nuevo juicio oral y público, en donde si se respeten de forma adecuada los derechos que a éste le asisten, en ese sentido no estamos solicitando a la Honorable Corte el dictado de una Sentencia Absolutoria, sino la posibilidad que con todos los argumentos y conocimiento jurídicos, podamos defender como conviene a nuestro representado en un nuevo juicio oral, en el que tenga una efectiva y adecuada Defensa. En ese orden de ideas, si el mismo Tribunal a detectado que el Abogado Privado no contó con los conocimiento jurídicos para interponer un recurso de apelación o una nulidad, todas las demás actuaciones también se encuentran viciadas, todas y cada una de ellas las hizo en perjuicio de nuestro representado dejándolo en efectiva indefensión y en clara Violación al Derecho de Defensa, por lo que le solicitamos que se anule el juicio oral y público y en aras del respecto al Derecho de Defensa, se nos permita conformar una defensa adecuada.
DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL EN SU UNICO MOTIVO INTERPUESTO POR LA DEFENSA PUBLICA.
I.- La recurrente alega que los sentenciadores incurrieron durante el debate en la violación al derecho Constitucional de Defensa, ya que el Abogado Privado que representaba al acusado R. H. A. M., incurre en una serie de errores injustificables al plantear impugnaciones no permitidas según el Código Procesal Penal, lo que denotaban su falta de conocimiento y experticia en dicho proceso. El mismo Tribunal plasmó en la sentencia: “nos preocupó en suma manera el percatarnos de que el señor defensor no cuenta con los conocimientos suficientes en lo que refiere a la materia recursiva en el ámbito penal, puesto que, esta planteando interponer recurso de apelación contra una sentencia definitiva cuando es de conocimiento que el Recurso de Apelación no procede en una sentencia definitiva, incluso manifestó interponer un recurso de apelación y subsidiariamente un recurso de casación, cuando esas situaciones en el ámbito penal no proceden, el señor Abogado M. Á. B. no tiene suficientes conocimientos en el ámbito recursivo del proceso penal, en consecuencia y siendo de que nos preocupa la situación del procesado puesto que debemos de garantizar su derecho de defensa no obstante la condena emitida, puesto que este fallo de condena podría ser revocado por un órgano superior jerárquico, igualmente la medida cautelar de Prisión Preventiva también puede ser revocado por un superior jerárquico el Tribunal deviene obligado a instar al señor R. A. M., a fin que nos indique si en este momento tiene el nombre de un abogado que le pueda representar de manera mucho más eficiente en el proceso recursivo que se debe enfrentar”. Argumenta la recurrente, que ante el descubrimiento hecho por el Tribunal Sentenciador, respecto a la incapacidad de conocimientos jurídicos sobre el Proceso Penal del entonces Abogado Privado del imputado A. M., hacen dudar a la Defensa Pública respecto a su desempeño a lo largo del Juicio Oral y Público, a todas luces se puede visualizar que el entonces Abogado Privado, no contaba con los conocimientos necesarios para hacerle frente a un proceso penal y esto se tradujo evidentemente en perjuicio del acusado. II.- Para esta Sala de lo Penal, no es de recibo el reclamo de la recurrente, ya que al hacer una revisión del acta de debate (folios # 1173 a 1191), se extrae una participación activa del defensor privado del acusado, en la contestación de cargos, la evacuación de las pruebas, interrogando y contrainterrogando a los testigos y peritos, así como al momento de rendir las conclusiones, sin que pueda establecerse de dicha participación, que el abogado defensor haya actuado con claro desconocimiento y de manera deficiente, que lleve a concluir que ha incurrido en negligencia simple o manifiesta en la defensa del acusado o, que haya causado indefensión a este último. En el proceso “Por medio del defensor se trata de establecer un equilibrio entre la parte acusadora, representada por un conocedor del derecho sustantivo y formal, y el imputado, que es defendido por un técnico en derecho… Mediante la labor de asistencia, el defensor informa al imputado acerca de las normas de derecho de fondo y procesal en relación con el caso, permitiéndole al imputado el ejercicio de la defensa material al recibir esa información… La labor de representación significa la actuación del defensor a nombre del imputado”. Véase: LLOBET RODRIGUEZ, Javier, Proceso Penal Comentado, 1ª Edición, Mundo Gráfico S. A., San José, C.R., 1998, P. 131 y 132. III.- En el caso examiné, efectivamente el A-quo notó que la defensa técnica presentaba algún desconocimiento en materia recursiva, una vez que se profirió el fallo, procediendo a nombrar nuevos defensores al acusado con la finalidad de salvaguardar la eficiencia de su defensa en la etapa recursiva, justamente para que se hiciera uso de la vía impugnativa de manera correcta, sin que por ese nuevo nombramiento haya menoscabado los derechos y garantías constitucionales en el caso concreto el de “defensa”, que más bien se vio salvaguardado por la actuación de los sentenciadores, al percatarse de la deficiencia del defensor privado en el conocimiento técnico para la interposición de los recursos que conforme a derecho correspondían en el momento de dictarse el fallo en el debate; sin que quedase evidenciado negligencia simple o manifiesta por parte de la defensa técnica durante la sustanciación del juicio oral y público, porque como ya se dijo de acuerdo con los antecedentes, mantuvo una participación activa durante el debate haciendo uso de los principios de aportación de pruebas, inmediación y contradicción al momento de la evacuación de las pruebas, contestación de cargos y formular conclusiones; en consecuencia de lo anterior, se declara Sin Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 360, 361, y 369 del Código Procesal Penal; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; FALLA: PRIMERO: Declara SIN LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, invocado por la Abogada W. C. R., actuando en condición de Defensora Pública del señor R. H. A. M., en la causa que se le siguió por el delito de USURPACION DE TÍTULO en perjuicio de LA FE PÚBLICA y por el delito de ESTAFA CONTINUADA en perjuicio de LA EMPRESA TRADING UNLIMITED, ambos delitos en CONCURSO IDEAL MEDIAL. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que se proceda a ponerla en efectiva ejecución.- Redactó: EL MAGISTRADO CALIX HERNANDEZ. NOTIFIQUESE.
CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO
MAGISTRADO COORDINADOR
MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO
MAGISTRADO
JACOBO CALIX HERNANDEZ
MAGISTRADO
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