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Sentencia CP-382-12 — Registro 4577

Resumen

En primer instancia se condena al imputado por los delitos de robo de vehículo y portación ilegal de armas, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...."En el caso subjudice, observa esta Sala de lo Penal, que la recurrente es carente de una Debida Técnica Recursiva, porque si bien señala como Garantías Constitucionales violentadas el Derecho de Defensa y el Debido Proceso, no señaló de forma clara y coherente, en qué consistieron esas transgresiones, es decir, cómo el sentenciador quebrantó en perjuicio del imputado su derecho a proponer prueba, a contradecir algún medio probatorio, a la Defensa Técnica o algún otro de los supuestos que implica una violación al Derecho de Defensa, o bien cuáles fueron los procedimientos o procesos, que el Tribunal Sentenciador irrespetó, ya sea para el señalamiento de algún término o para la evacuación de algún medio probatorio, que no se realizaron conforme lo establece la ley y que diera pie al quebranto del Debido Proceso, esta omisión de parte del censor imposibilita el estudio detallado y concienzudo de sus pretensiones. IV.- Debido a la alta connotación y trascendencia que implican las garantías del Debido Proceso y del Derecho de Defensa en la aplicación de Justicia, esta Sala, vista la acusación determina que al imputado M. F. F. G. en todo momento se le respetó su Derecho de Defensa, pues tuvo la posibilidad de presentar prueba, de contradecir la contraria, de realizar a través de su apoderado defensor las peticiones que sirvieran para su estrategia de defensa, de contar con la asistencia técnica idónea, de conocer a cabalidad los hechos que se le estaban imputando; así como también se respetó el Debido Proceso, puesto que el Tribunal ha respetado los procesos legales tanto para la práctica, elaboración e incorporación de toda la prueba evacuada en el debate, realizando las diferentes actuaciones procesales en tiempo y forma, y evacuando cada diligencia conforme lo regula la ley procesal, por tanto, concluimos que se le han respetado al encartado todos las Garantías Constitucionales que gozan las personas sometidas a un proceso penal en un Estado Democrático de Derecho, razón suficiente para desestimar el presento motivo de casación.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de septiembre del año dos mil catorce, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS CARLOS DAVID CÁLIX VALLECILLO en su calidad de Coordinador, MARCO VINICIO ZÚNIGA MEDRANO y JACOBO CÁLIX HERNÁNDEZ, dicta sentencia conociendo el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha doce de enero de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: 1) CONDENANDO al señor M. M. F. G. por el delito de ROBO DE VEHÍCULO en perjuicio del señor P. S. O. E.; a la pena de DIEZ (10) AÑOS DE RECLUSIÓN.- 2) CONDENANDO al señor M. M. F. G. por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; a la pena de TRES (3) AÑOS DE RECLUSIÓN.- 3) CONDENÓ al imputado a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN JUDICIAL, por el tiempo que dure la pena. 4) DECLARÓ al condenado responsable civilmente. 5) NO CONDENÓ en costas a dicho imputado. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma la Abogada B. A. G. M., en su condición de Apoderada Defensora del señor M. M. F. G. SON PARTES: La Abogada B. A. G. M. en su condición indicada como parte recurrente y la Abogada K. L. M. en su calidad de Representante del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS

PRIMERO: A las ocho y treinta del diez de junio del dos mil diez, en el área de auto servicio de la farmacia “PUNTOFARMA” de la colonia Kennedy de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, el señor M. M. F. G., mediante el uso intimidatorio de un revólver de empuñadura de madera y serie Ur0202 despojó al señor P. S. O. de la motocicllk neta marca 948 UM, modelo Sport F Wind, motor 167FML08S11081, con chasis serie LJEPCMLO78A002224, año dos mil ocho, color rojo y placa MPK 6282, el cual una vez que se apropió de dicha motocicleta se alejó de dicho lugar mediante la conducción de la motocicleta en mención. SEGUNDO: A las once de la noche del mismo día, a inmediaciones de la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC) ubicada entre la residencial Honduras y la colonia Kennedy de Tegucigalpa, M.D.C., el señor M. M. F. G. fue capturado por elementos de la policía preventiva, y al momento de su registro personal se le encontró en posesión de un revolver con empuñadura de madera, con serie Ur0202, de la cual el señor M. M. F. G. carecía de la autorización Estatal para portar dicha arma de fuego, encontrándose además en el parqueo de la Universidad en mención, la motocicleta anteriormente descrita que había sido sustraída horas antes al señor P. S. O. E. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por la Abogada B. A. G. M., en su carácter de Apoderada Defensora del señor M. M. F. G., reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo.” II.- La recurrente Abogada B. A. G. M., procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional de la siguiente manera: MOTIVO ÚNICO: Por violación de los Artículos 82 y 90 de La Constitución de la República de Honduras, en relación a lo que establece el Artículo 14 del Código Procesal Penal, así como a lo que establecen los tratados y convenios internacionales, relativos a dichas garantías. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en del artículo 361 del Código Procesal Penal, en donde se instituye el vicio en la Sentencia Definitiva en el caso: EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Bajo este motivo de Casación se alude a la infracción precepto Constitucional del derecho a la Defensa y al debido proceso, de la sentencia definitiva ahora recurrida en Casación, cuando el Tribunal de Sentencia al dictar la sentencia definitiva ahora en Casación no hace una correcta valoración de la prueba evacuada en la audiencia de Juicio Oral y Público, al considerar como suficiente la escasa prueba y sobre valorar la misma, dándole el valor a Medios de prueba que carecían de él, sin Justificar motiva dan? ente dicha sobre valoración como lo manda la Ley, sin justificar motivadamente tal desvalorización como lo manda también la Ley; cuando Infringe Preceptos Legales, si» lógica, si» razón, utilizando solamente criterios personales y no jurídicos. La sentencia condenatoria de fecha doce de enero del año dos mil doce, hoy objeto de Casación, por la abierta violación a las Formalidades, Derechos y Garantías, en donde la Constitución le otorga a todo ciudadano, como lo es el debido proceso (artículo 90 de la Constitución de la República de Honduras) convencida que el Debido Proceso, requiere como mínimo la fijación legal de un programa de carácter legal e inalterable para la investigación y juzgamiento de delitos en el que se resguarde la observancia de firmas relacionadas con la acusación, es decir la interrelación de defensa pruebas sentencia recursos, observando que este derecho se vulnera en el juicio público, puesto que se emite sentencia condenatoria, solamente contando con la declaración del supuesto ofendido, pero que dicho medio de prueba no fue respaldado por otro u otros medios probatorios, tal como lo establece el debido proceso paro su contenido será descrito en lo sucesivo a través de la explicación del motivo de Casación denominado Quebrantamiento de forma, dado a que quebranta el Derecho a la Defensa que todo imputado tiene (Artículo 82 de la Constitución de la República de Honduras) por haber dictado el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, una sentencia condenatoria contraria a lo que prescribe el artículo 14, mismo que refiere “El Derecho de defensa es inviolable… los órganos encargados de la persecución penal estarán obligados a hacer valer con igual celo, no solo los hechos y circunstancias que establezcan y agraven la responsabilidad del imputado, sino también las que lo examinan de ella, la extingan o la atenúen, en relación con lo que establecen los artículos 94 y 101, del mismo Código Procesal Penal, es entendido que el Derecho de Defensa es inviolable, lo que conlleva un proceso en el que se enmarquen todas las garantías procesales, mencionando entre otras; El derecho a la igualdad de Armas procesales; que la doctrina describen “como aquella exigencia de que las partes cuenten con medios parejos de ataque y defensa, para evitar el desequilibrio entre ellas por lo que resulta necesario que ambas dispongan de las mismas posibilidades y cargas de alegación prueba e impugnación es decir que tiene por objeto evitar la situación de privilegio o supremacía de una de las partes garantizando así la igualdad efectiva de las posibilidades y cargas del actor y del demandado en la alegación y prueba de los hechos controvertidas para lograr la plenitud del resultado probatorio” dicho lo anterior considero que tanto el derecho a la Defensa y el derecho al debido proceso conllevan una intrínseca relación en la que la violación a uno de estos preceptos lo es también para el otro, Señores Magistrados de la Honorable Corte Suprema de Justicia, a Sentencia Condenatoria emitida por el Honorable Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán a través de la sala Tercera, restringe y limita el Derecho de defensa contenido en el Artículo 82 de la Constitución de la República, por cuanto a mi defendido en el Tribunal de Sentencia se le ha limitado y despojado del Derecho que tiene para demostrar sus argumentos en defensa de sus Derechos que las Leyes le Otorgan en cuanto se refiere a la escasa o escueta prueba de cargo, considerando la misma como más que suficiente para decretar la culpabilidad del acusado y a la forma en que se desarrollo todo el Proceso penal. Sus Señorías, todas las Actuaciones, del Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en la Sala Tercera, la sentencia condenatoria de mérito, restringe, limita y tergiversa el derecho al debido proceso, cuando violenta normas procedimentales señaladas en el Código Procesal Penal violando entonces, el cumplimiento de los requisitos y formalidades legales que en todo juicio, deben cumplirse al pie de lo señalado en la norma general (Constitución de la República de Honduras) como en la ley especifica Procesal Penal y Código Penal).- En virtud de lo antes relacionado, con todo respeto solicito, que se declare con lugar el presente Recurso, a fin de que se restituyan las garantías constitucionales violentadas a mi defendido, se dicten las resoluciones apegadas a derecho que correspondan, revocando la sentencia condenatoria, emitida por el Tribunal de sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, Sala Tercera y ordenando lo que en derecho corresponde.” III.- La recurrente Abogada B. A. G. M., procedió a Formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente. MOTIVO ÚNICO: En la valoración de la prueba no se observaron las Reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se enmarca en la parte final del numeral 3 del Artículo 362 del Código Procesal penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Recurrente considera que al dictarse sentencia condenatoria en perjuicio de M. F. F. G., en fecha doce de enero del año dos mil doce, esta sentencia contiene vicios, ya que violenta lo establecido en el Artículo 202 del Código Procesal Penal, mismo que refiere que las Pruebas serán valoradas con arreglo a la Sana crítica.- El Órgano Jurisdiccional, formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la Prueba Producida”. En la Normativa de LA SANA CRÍTICA RACIONAL que implementa nuestro Ordenamiento Procesal Penal, en lo que se refiere a la Valoración de la Prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero al contrario, se les exige, que las Conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyan. Dentro de estas normativas, El Juzgador no tiene reglas legales que establezcan El Valor que debe consignársele a cada Prueba, pero esa Libertad tiene Límites, y son: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano.- En la Sana Crítica Racional, El Juzgador logra sus Conclusiones salve los Hechos de la Causa Instruida, Valorando la Eficacia Conviccional de cada Prueba, Libertad, pero respetando al hacerlo los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común . Dentro de las Reglas de La Lógica, a las que debe sujetarse el Juzgador, en la Valoración de la Prueba allegada a su presencia se encuentran las que exigen los Artículos 202 y 336 Numeral 2º, del Código Procesal Penal vidente, y recalcadas, en el Artículo 938, Regla 4°, Numeral 2°, del mismo Código Procesal Penal 4 Justificando, según las Reglas de la Sana Crítica el valor que se haya dado a las practicadas en juicio…..) Aparece EL PRINCIPIO DE RAZÓN SUFICIENTE mismo que refiera….”el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando. Dicho lo anterior, El Tribunal debe estructurar sus Conclusiones de las Pruebas que obren en Juicio, y en la dirección en que éstas apuntan, de tal forma que no puedan establecer su convicción, en un sentido distinto, al que todas ellas se refieren, sobre las circunstancias del hecho, es decir, EL juzgador debe reconstruir conceptualmente los hechos, de la forma en que le informan las pruebas y no en otra dirección, pues de hacerlo vulneraría la característica de la lógica, la que debe reunir la motivación fáctica (de los hechos) o de lo contrario, vulnerando a su vez, el sistema de la sana critica racional, que informa de la valoración de la prueba. Así mismo, en la Valoración de la Prueba que forma parte de la fundamentación de la sentencia. El Juzgador debe fundamentarse en las normas de la experiencia común, que según la doctrina refiere a que: las normas de la experiencia común, son las nociones que corresponden al concepto de cultura común, aprehensibles espontáneamente por el intelecto, como verdades indiscutibles, de tal manera, que la Sentencia que razona en contra de esas máximas, contiene un Vicio en su Motivación, que será controlable en Casación, puesto que al ser del dominio de cualquiera, puede Juzgar con mas propiedad la Información que le brinda la Prueba y así poder, interpretarse mentalmente el acontecimiento Histórico, que pretende reconstruir. En el caso que nos ocupa, El Tribunal de Sentencia al momento de dictar la sentencia condenatoria en contra de M. F. F. G., han violentado las Reglas de la sana Crítica por considerar que las Conclusiones a que arribaron los jueces del Tribunal de Sentencia, de que el acusado, es culpable de cometer dos ilícitos penales, como ser ROBO DE VEHÍCULO y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS creyendo entonces que tal resultado es producto de la Inobservancia a las Reglas de la Sana Crítica, ya que al momento de Valorar La Prueba evacuada. Específicamente el medio de prueba testifical, pues Compareció a la Audiencia el supuesto ofendido, quien en su declaración se puede apreciar que falta a la verdad en vista que menciona entre otras cosas, las características de la persona que lo despojó de su motocicleta, características distintas a las que había mencionado en Audiencia del Juzgado de Letras, aduciendo que no recordaba muy bien por el tiempo que a transcurrido, pero que la experiencia nos dice que un hecho de esos nunca lo olvidamos, en tal sentido este señor no tiene certeza si el acusado es o no el participe de la acción delictiva, vemos que este extremo lo acredita uno de los agentes de la policía, cuando refiere que cuando ellos capturan al acusado, el ofendido se hizo presente y al preguntarle si lo reconocía; claramente dijo, que no estaba seguro si era él, puesto que tenía otra vestimenta, llama mucho la atención de esta recurrente el hecho cuando la fiscalía le pregunta al ofendido si se encuentra en la sala la persona que le despojó de su motocicleta, pues proceden a girar la caja donde se encontraba y al preguntarle la ubicación de esa persona menciona a mi espalda, y según su ubicación este se encontraba donde se sitúa el público, en tal sentido jamás hace una identificación plena que diera la certeza que se trata de este señor, este testigo miente poco, por lo que puede mentir mucho no obstante tal declaración no es respaldada por otra prueba puesto que según el ofendido donde sucedió el hecho fue en un lugar comercial donde es frecuentado por muchas personas y que es seguro que existían cámaras de video, porque no se secuestró la cinta magnetofónica que gravó el hecho no creen que resultaba ser necesario para respaldar lo manifestado por el ofendido sin embargo el Tribunal cree que esta declaración del ofendido es válida y que la misma no posee contradicciones, También como prueba testifical comparecieron dos agentes de la policía que participaron en la detención o captura del acusado, que dicho sea de paso en esa ocasión detienen a un ciudadano, enajenado por el alcohol, ya que según ellos este tipo lo encuentran en total estado de embriagues ya que estaba descalzo y desnudo, dentro de una cuneta en medio de un matorral esto cerca de los predios de la Universidad, llama la atención lo manifestado par estos agentes y que sus declaraciones no son contestes, el primer agente de policía nominado como testigo refiere que llegan a la UNITEC, en busca de una motocicleta abandonada, los guardias de ese centro educativo le dicen que un muchacho la dejó y salió corriendo, que ese muchacho andaba con camisa color negro, se detuvo al acusado por estar cerca del lugar o sea cerca de la Universidad donde encontraron la moto, que dice encontrarse como a doscientos metros de distancia, de esta declaración utilizando criterios propios de la Sana Crítica, se deduce que un borracho no pudo ser partícipe de despojar a una persona normal de un automotor, puesto que conducir una moto requiere de equilibrio físico y mental, no es creíble que si esta persona fue la que llevó la moto a los predios de la Universidad, nos preguntamos dos cosas porque a ese lugar, si se trata de un lugar muy frecuentado incluso con personal de seguridad y otra es que si este fue, por que se quedó en ese lugar, pues lo lógico es que se largue del lugar, dado a que la experiencia nos dice que los agentes de policía nunca llegan luego de suceder un hecho, es más me atrevo a decir que estos siempre llegan horas después de los hechos, pero lo más importante es que estas declaraciones de los agentes manifiestan con exactitud que el acusado no tenía el apoderamiento del automotor, ni del arma, dado a que hablan de distancias considerables, uno de sesenta metros y otro de quinientos metros o sea en el segundo edificio de la Universidad, dicen que fue otro policía el que encontró el arma por una quebrada por lo que a estos agentes no les consta con exactitud donde se encontró el arma ni mucho menos que mi defendido la portaba una Arma que a simple vista se nota que ya no tiene funcionamiento alguno es como un objeto que en algún tiempo fue arma, pero ahora es un pedazo de hierro común, basta señores Magistrados con observarla, otra de la incoherencias entre estas declaraciones es que aducen que ellos hablaron con los guardias de la Universidad pero por último dicen que quien habló con los guardias fue un oficial de apellido Osorio, en tal sentido estas declaraciones testificales brindadas por los policías distan mucho de ser creíbles, otra de las incongruencias es el porqué llegan a la Unitec si uno dice que se entera por denuncia a través de su radio y otro dice que por que el ofendido le salió al camino y le dijo la forma que le habían quitado su motocicleta, el hecho del color de la camisa del que aducen los guardias que dicen que el tipo andaba camisa negra, pero cuando lo encuentran anda sin camisa y según el otro agente el calor de la camisa es amarilla y que la trae en al hombro lastimosamente los señores Jueces le conceden toda la credibilidad, ahora bien la defensa presentó dos testigos que manifiesta que en esa oportunidad pudieron ver al joven acusado que en horas de la tarde se encontraba cerca de los predios de la universidad ingiriendo bebidas alcohólicas, que ellos estuvieron en una reunión en la Residencial Honduras que se encuentra cerca de la Universidad que cuando volvieron al lugar observaron la detención del acusado, pero que a esta declaración testifical el tribunal subvalora y no le da el más mínimo de credibilidad, pero si es posible que mi defendido si se haya encontrado cerca del lugar y que al emborracharse perdieron el sentido a tal extremo de quedarse dormido en el lugar donde los agentes dicen haberlo detenido y considerarlo sospechoso de participar en los hechos sucedidos con anterioridad, pero que a mi criterio está bien que en esa fecha haya sido sospechoso pero a que a la fecha de ser enjuiciado por esas declaraciones haya sido condenado, convencida entonces que esa prueba que el tribunal considera suficiente para condenarlo no lo es, consiente entonces que no se han tomado en cuenta los principios encarnados en la sana Crítica, ahora bien la prueba denominada prueba Documental, tampoco colabora en el esclarecimiento de los hechos, no se sabe con exactitud a quien pertenece la motocicleta véase que se entregó a otra persona diferente a la que dice ser su legítimo propietario, según Certificación de D.E.I., la motocicleta no pertenece al supuesto ofendido, pero según el Tribunal la documentación de la motocicleta en síntesis dice que no hay razón para reputar dicha documentación, en relación a la inspección ocular, veamos que esta se realiza en lugar y horas distintas a la supuesta comisión de los hechos en primer lugar se hace hasta otro día del hecho, en segundo lugar no se hace en el lugar donde la encuentran, sino que la realizan en las instalaciones de la DNIC, pero lo más absurdo que no sacan muestreo de huellas digitales, aduciendo la perito que ya estaba manipulada, considerándose como toral dicha diligencia probatoria, en los demás documentos como ser Actas de Registro y de decomiso, es bárbaro que a estas alturas se obligue a los sospechosos firmar actas de decomiso en las cuales ellos mismos acreditan que no se les ha encontrado a ellos, es increíble, con lo que esta prueba documental carece de credibilidad pero que a criterio del Tribunal es merecedora de toda la credibilidad y que con tal criterio se respalda el actuar de los entes de investigación los que no realizan bien su trabajo teniendo como resultado siempre el imperio de la impunidad vemos que según el tribunal mi defendido tiene participación en el delito de Portación ilegal de Amas, cuando el ente acusador solo presentó constancia del Registro de balístico que dicha arma no se encontraba registrada y se pudo obtener qué se trataba de Un arma deteriorada mohosa que no se puede determinar si en realidad funciona como arma, ya que no se acreditó su funcionamiento, con lo que no hay certeza que sea un arma de fuego que en realidad pueda poner en peligro el bien jurídico protegida. En relación al valor Probatorio brindado por el Tribunal en relación a toda la prueba en su conjunto, pero a mi criterio dichas pruebas carecen de ese valor; lo que en tal sentido afectó su ánimo interior, a tal extremo, que los hizo incurrir en el vicio denunciado, ya que mencionan en sus Motivaciones Valorativas, que esas Declaraciones vertidas por los testigos, así como la prueba documental, fueron congruentes en sus decires, cuando en realidad carecieron de veracidad en sus declaraciones, pues definitivamente que son CONTRADICTORIAS E INCONGRUENTES CON LOS DEMAS MEDIOS DE PRUEBA y Aún así los Jueces de Sentencia, les confieren Valor Probatorio, dicen por ser Creíbles y Congruentes, por no ser contradictorias-. En tal sentido, éste razonamiento judicial es atentatorio contra la regla de la lógica de no contradicción, contemplada la Lógica como una Regla de la Sana Crítica, que se subsume como Vicio de la Sentencia, cuando la Regla es inobservada por los Jueces de Sentencia, al momento de Pronunciar su Fallo Judicial, tal como a continuación lo explico. El Vicio acontece en la Sentencia Recurrida en la Valoración de la Prueba, específicamente en las Declaraciones testificales de tres testigos, uno de ellos considerado el ofendido, a criterio del honorable Tribunal estas declaraciones, SON COINCIDENTES, CREIBLES Y CONSTATABLES CON LOS DEMAS MEDIOS DE PRUEBA, no obstante entre estas declaraciones existe una serie de Contradicciones, como ya lo e referido anteriormente las demás pruebas evacuadas en la audiencia no respaldan estas declaraciones, vemos que la doctrina se refiere en relación a los medios de prueba, “Será necesario además, luego de la valoración individual de cada testimonio, cotejarlo con el resto de las pruebas reunidas, a fin de lograr una correcta evaluación de su eficacia probatorio” ante tal situación puedo asegurar que el Tribunal no tomó en cuenta la valoración en su conjunto ni de manera armónica, toda la prueba vertida en juicio, pues considero que tal resolución se enfoca en el desconocimiento de los medios de prueba probatorios, ya que de acuerdo a la experiencia y la lógica, se encuentra que los testigos han realizado una derivación mental de los hechos conocidos y desconocidos, que subjetivamente los llevan a concluir que este imputado es responsable de este hecho”. Al iniciar mí intervención en el presente Recurso par Quebrantamiento de Forma señaló como bien se sabe, la Violación de la Regla de la Sana Crítica, que corresponde a la Lógica y que surge de el principio de no contradicción el cual, se sustenta en la formula de que una cosa no puede entenderse en dos o más dimensiones al mismo tiempo.- Visto de otra manera, si se afirma una cosa o sujeto o hecho, en atención a una misma situación o relación o circunstancia en que se producen tales hechos, no puede hablarse de premisas jurídicas, unas objetivas, y otras subjetivas al mismo tiempo, o hacer deducciones probables, deducciones de hechos indicados como conocidos o desconocidos, peor así, cuando estas, no provienen de los jueces que conforman el Tribunal de Sentencia, sino que provienen de los testigos, como lo aseguran los jueces sentenciadores, atribuyendo a probabilidades sobre criterios desconocidos la sentencia condenatoria dictada por los miembros de este tribunal sentenciador a lo dicho por los testigos de cargo, y atribuibles a su conocimiento subjetivo de lo conocido y lo desconocido, de los hechos que son causa del juicio criminoso.- Dicho de otra manera, en el análisis por parte de los Jueces Sentenciadores, con respecto de los sujetos activos, pasivos, circunstancias en que produjeron los Hechos controvertidos en el Juicio Penal, los juzgadores, deben remitirse para dictar sentencia al fruto de los hechos reales, conocidos, fehacientemente probados, construidos esto sobre pilares reales y no probables, ya que en Materia Criminal, la Lógica de la Sentencia, ya sea ésta Absolutoria o Condenatoria, como es el caso, debe dictarse sobre realidades, y no sobre supuestos, porque de encontrarse que la Sentencia está basada en probabilidades, la sentencia definitiva por dictarse, debe fundamentarse en la ley , y en consecuencia, nos remite obligatoriamente a la aplicación de la figura jurídica penal, de la duda razonable, (Artículo 339, parte final. del párrafo primero Código Procesal Penal) y por lo tanto, dicha Norma Penal señala, que ante la duda el Tribunal debe proceder a dictar sentencia absolutoria, a favor del Imputado. En el caso de merito, Señorías, queda claramente establecido que los Jueces sentenciadores, le dan credibilidad de los hechos acaecidos, a las declaraciones subjetivas de los testigos de cargo, a pesar de no ser contestes en sus decires, no por haber llegado a tal convencimiento judicial, sino por porque señala en su sentencia, como hechos probados las derivaciones mentales de tales testigos (hechos conocidos y desconocidos que llevan a tos testigos de cargo, a considerar la responsabilidad penal de los hechos de mi defendido, y no al criterio o conclusión jurídica del Sentenciador. La Recurrente es del criterio, que si el Legislador ha establecido el Artículo 338, Regla cuarta, Numeral 2º, del Código Procesal Penal que reza: ”……. 2) VALORACION DE LA PRUEBA.- Seguidamente, se expresarán las Pruebas tenidas en cuenta, para Declarar Probados esos Hechos, Justificando según las Reglas de la Sana Crítica, el Valor que se haya dado a las practicadas en Juicio y, en su caso, el Razonamiento utilizado rara obtener Conclusiones por Presunción a partir de indicios igualmente declarados.” Debe interpretarse, que lo ha hecho, para que dentro de el principio de legalidad y de tutela Judicial efectiva, los Jueces y Magistrados deben formular en esa Declaración, Enunciado, Valoración o Justificación los razonamientos que han utilizado, para darle valora esas pruebas evacuadas en el desarrollo del Juicio oral y público; pero además de esa Cualidad, debe ese razonamiento poseer como atributo Indispensable, que esa Declaración, Enunciado, Valoración o Justificación, que lo contenga, no sea contradictoria en sus términos, es decir, que no anteponga proposiciones que se contrarían entre sí mismas, imposibles de conciliar en razón como ya se dijo, del no poder ser conocidas y desconocidas a un mismo tiempo, como se encuentra Acreditado en la Prueba Testifical de Cargo, Documental, evidencial, etcétera, todas contenidas en las Pruebas de Cargo presentadas, en el Debate Oral y Público.- Ahora bien Sus Señorías, la Razón del Derecho nos señala y debemos tener en cuenta, que el Juicio de culpabilidad o de inocencia que emiten los Jueces de sentencia, deben de tener una estructura de pensamiento, que controle a través de las leyes de la lógica, es decir, vista a través de la sentencia misma como un silogismo, que este compuesta de dos premisas o bases y una conclusión, la premisa mayor es el hecho, la premisa menor es el derecho, que se aplica a ese hecho, y una conclusión a que se llega, como tal, debe tener una estructura de pensamiento.- Tal es el caso que hoy nos ocupa Sus Señorías, los Testigos de Carpo en sus decires, no pueden ser creíbles, ya que según los mismos Sentenciadores, señalan, que Depusieron sobre hechos conocidos y desconocidos, lo que es lo mismo, hechos probables y hechos improbables, cuando el libre convencimiento de los señores Jueces, debe formarse sobre la base de una Prueba conjunta y armónica, pero sustentada sobre realidades y no sobre supuestos. Sus Señorías, tal Declaración, Enunciado, Valoración o Justificación que exponen los Jueces del Tribunal de sentencia constituye en consecuencia, una incoherencia que da vida al vicio de la sentencia ahora recurrida específicamente a la Regla de la Sana Crítica de la Ley Fundamental de la Lógica en su Principio Lógico de no contradicción. RECLAMACIONES PRESENTADAS PARA SUBSANAR EL VICIO PROCESAL que sirve de Fundamento al MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, desarrollado por la Recurrente en el presente Recurso, fue el cometido en el Acto mismo de la Sentencia ahora recurrida, y por lo tanto, por su naturaleza, no se pudo intentar Reclamo alguno para su Subsanación, ya que no era el momento Procesal oportuno, por ello, es hasta ahora que se interpone el presente recurso. DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL EN SU ÚNICO MOTIVO INTERPUESTO POR LA DEFENSA. I.- Estableció la recurrente, la Infracción de Garantías Constitucionales en las que incurrió el Juzgador al momento de dictar sentencia contra el imputado M. M. F. G., específicamente del Derecho de Defensa y del Debido Proceso, consignado como Precepto Autorizante el Artículo 361 del Código Procesal Penal. Explicó la recurrente, que el Tribunal Sentenciador incurrió en una abierta violación a las Formalidades, Derechos y Garantías que la Constitución de la República le concede a todo ciudadano; así mismo, el fallo recurrido restringe y coarta el Derecho de Defensa, pues se le limitó el derecho que tiene de demostrar sus argumentos en defensa de sus derechos, en cuanto a la escasa prueba que presentó la acusación. II.- La esencia del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional estriba en la observancia de Derechos, Garantías y Principios Constitucionales en el Juicio Penal, conocido es que, por su propia naturaleza el Derecho Penal es un medio de control social que implementa los instrumentos más represivos del Estado y, en consecuencia, necesita como límite a ese Derecho de Persecución de Infracciones Penales, una serie de Derechos y Garantías Constitucionales que hagan de esa persecución un proceso que se ajuste a las reglas señaladas por la Ley Procesal, asegurándose el respeto a la Dignidad Humana de la persona sometida al ius puniendi. El Código Procesal Penal señala en el artículo 361, que para interponer el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional bastará para fundamentarlo indicar la infracción, pero se debe señalar concretamente la norma constitucional lesionada, y de qué manera afecta a la defensa. III.- Ahora bien, éste Tribunal de Casación considera oportuno puntualizar que, el Proceso Penal constituye el escenario procesal en el cual las partes deben plantear en igualdad de derechos las pretensiones y oposiciones, contra-pretensiones o resistencia de las partes acusadora y acusada, situadas en un plano de igualdad, es decir, de no discriminación arbitraria. De acuerdo a la naturaleza de contradicción propia del Proceso Penal, por un lado, se afirma que ha ocurrido un hecho que constituye una Infracción Penal (delito o falta) y que de esa infracción es responsable penalmente una persona determinada. Con base en esas afirmaciones se abre el Procedimiento Penal, se procede a la investigación de lo ocurrido y, partiendo de sus resultados, se pretende que el Órgano Jurisdiccional declare esa Responsabilidad Penal respecto de la persona acusada y se le imponga la pena correspondiente cuando se le puede reprochar penalmente el hecho cometido, debiéndose garantizar el derecho de defensa del acusado. Así, el artículo 4 del Código Procesal Penal establece que tanto el imputado como su defensor, tendrán derecho a presentar los elementos probatorios de que dispongan en cualquier etapa del proceso, incluso durante la investigación preliminar, en este último caso, lo harán ante el Fiscal a cuyo cargo se encuentre la investigación. El Principio de Contradicción domina pues, la totalidad del procedimiento y no solo la fase del debate. Durante la investigación, la contradicción se manifiesta como poder de aportación ante el Ministerio Público, en cuanto director de aquélla, de cuantos elementos de juicio se consideren convenientes para la mejor defensa del imputado y de interesar la práctica de actos complementarios de investigación, tanto por el acusador privado como por el imputado. No debemos olvidar, que el Director del Proceso Penal es el Ministerio Público, debiendo intervenir en todas las instancias y diligencias necesarias, así como por el acusador privado o por el propio imputado. En el período intermedio del proceso penal, todas las partes sin excepción, tienen el derecho de intervenir mediante las audiencias programas (Inicial Art. 294 del Código Procesal Penal y Preliminar Art. 301 del Código Procesal Penal) y en todas ellas, las partes tienen la posibilidad de presentar ante el Órgano Jurisdiccional las peticiones, pruebas o solicitar las investigaciones que se requieran para ir conformando la Estrategia que utilizarán tanto la Defensa como la Acusación. Ya en el Juicio Oral, la oportunidad de contradicción se garantiza en la medida en que las partes proponen sus respectivas pruebas para el debate, es decir, en la Audiencia de Proposición de Pruebas (Art. 317 del Código Procesal Penal), lo que da lugar a que las partes conozcan las pruebas con las que se harán valer sus contrarios. En el caso subjudice, observa esta Sala de lo Penal, que la recurrente es carente de una Debida Técnica Recursiva, porque si bien señala como Garantías Constitucionales violentadas el Derecho de Defensa y el Debido Proceso, no señaló de forma clara y coherente, en qué consistieron esas transgresiones, es decir, cómo el sentenciador quebrantó en perjuicio del imputado su derecho a proponer prueba, a contradecir algún medio probatorio, a la Defensa Técnica o algún otro de los supuestos que implica una violación al Derecho de Defensa, o bien cuáles fueron los procedimientos o procesos, que el Tribunal Sentenciador irrespetó, ya sea para el señalamiento de algún término o para la evacuación de algún medio probatorio, que no se realizaron conforme lo establece la ley y que diera pie al quebranto del Debido Proceso, esta omisión de parte del censor imposibilita el estudio detallado y concienzudo de sus pretensiones. IV.- Debido a la alta connotación y trascendencia que implican las garantías del Debido Proceso y del Derecho de Defensa en la aplicación de Justicia, esta Sala, vista la acusación determina que al imputado M. F. F. G. en todo momento se le respetó su Derecho de Defensa, pues tuvo la posibilidad de presentar prueba, de contradecir la contraria, de realizar a través de su apoderado defensor las peticiones que sirvieran para su estrategia de defensa, de contar con la asistencia técnica idónea, de conocer a cabalidad los hechos que se le estaban imputando; así como también se respetó el Debido Proceso, puesto que el Tribunal ha respetado los procesos legales tanto para la práctica, elaboración e incorporación de toda la prueba evacuada en el debate, realizando las diferentes actuaciones procesales en tiempo y forma, y evacuando cada diligencia conforme lo regula la ley procesal, por tanto, concluimos que se le han respetado al encartado todos las Garantías Constitucionales que gozan las personas sometidas a un proceso penal en un Estado Democrático de Derecho, razón suficiente para desestimar el presento motivo de casación. DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA EN SU ÚNICO MOTIVO INTERPUESTO POR LA DEFENSA. I.- Denunció la recurrente, la infracción en la que incurrió el sentenciador de inobservar las Reglas de la Sana Crítica al momento de valorar las pruebas evacuadas en el juicio, estableciendo como Canon que le faculta la interposición de la presente impugnación, el Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Explicó la recurrente, que el juzgador incurrió en violación a las Reglas que rigen el Correcto Entendimiento Humano, específicamente de la Lógica en su Principio de No Contradicción, al realizar sus Juicios de Valor de las declaraciones testificales de los Policías que capturaron al imputado, así como de la Declaración del ofendido, quien en la audiencia de Debate no identificó al imputado, pues dijo reconocer a una persona que estaba atrás de la abogada defensora y eso correspondía al público. También incurre en contradicción la sentencia, porque se le condenó al encartado por un delito de Portación Ilegal de Armas cuando no se le decomisó personalmente el arma, sino que estaba cerca de donde fue capturado por la policía; también cuestionó la reclamante, que estaba señalando como ofendido a una persona que no es el propietario de la motocicleta, porque el señor P. S. O. según la DEI no aparece como propietario del automotor; todas estas inconsistencias hicieron que las pruebas no fueran razonadas adecuadamente. II.- La Casación por Quebrantamiento de Forma va dirigida a la demostración de los vicios ocurridos en la tramitación del juicio que afectan sus regulaciones esenciales. Dentro de ellos, se incluyen los defectos de los que pueda adolecer la sentencia. La inobservancia de esas Reglas es controlable en Casación. El Tribunal de Casación no tendrá ante este tipo de vicios que determinar si el Tribunal de Sentencia aplicó correctamente el Derecho a los Hechos, sino comprobar si cumplió los preceptos jurídicos reguladores de su actividad. La Sala de lo Penal ya ha reiterado, que las Reglas de la Sana Crítica aseguran que el juzgador no llegue a juicios de valor que sean arbitrarios, antojadizos o subjetivos; ya que debe fundarse en parámetros claros, objetivos e identificables como lo son las Reglas de la Sana Crítica. La arbitrariedad puede darse cuando se rechaza indebidamente o se valora inadecuadamente los medios de prueba dándoles un valor que no tienen o restándoles el que razonablemente les corresponde. Para poder apreciar la infracción alegada, la recurrente debe relacionar con claridad cuál de las Reglas de la Sana Crítica -La Lógica, La Psicología, La Experiencia Comúnse ha vulnerado en relación a la valoración efectuada por el juzgador de cada medio probatorio, pues debe ser clara que la valoración del juzgador tiene un grave error de razonamiento que lleva a conclusiones absurdas, arbitrarias o contradictorias. III.- El Artículo 363 del Código Procesal Penal establece: “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo. Con posterioridad a la interposición, no podrá invocar otro distinto. En lo que respecta a la casación en el fondo, deberá citar concretamente en forma clara y precisa los preceptos legales que considera infringidos, el sentido en que lo hubieren sido y expresará también concretamente la aplicación o interpretación que pretende y tratándose de la casación en la forma, deberá también, de manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad, para subsanarlos (La negrita es agregada)”. Si bien, la recurrente señaló la Regla de la Lógica en su Postulado de “No Contradicción” como norma violentada, no señala de forma clara y precisa, cuáles son esos juicios de Valor incorrectos del sentenciador que fueron incluidos en el fallo, cómo se quebrantó la Regla cuestionada y cómo se afectó la defensa del imputado, pues no basta la simple enunciación de la norma infringida, es necesario plasmar cómo se incurre en ese yerro y cómo le afectó a su patrocinado. El planteamiento de la reclamante se basó en efectuar una “revaloración” de las pruebas evacuadas en el juicio, estableciendo cómo -según un criterio subjetivo- debió razonarlas el Juez, lo cual no es posible en esta Etapa de Casación, pues el Tribunal de Casación, no puede realizar una revaloración del legajo probatorio, ya que ha sido el A-quo conforme a los principios que informan el proceso penal -Inmediación, Oralidad y Concentración- quien ha tenido contacto directo con la prueba y su desarrollo. IV.- Si bien, la recurrente no confeccionó correctamente la técnica necesaria para la interposición de la presente impugnación, consideramos importante aclarar algunos señalamientos que ha realizado y cuyas apreciaciones son erróneas, en primer lugar establece que el ofendido P. S. O. E., no reconoció al imputado M. M. F. G., como el responsable de despojarlo de su motocicleta y obligarlo a entregarla amenazándolo con un arma de fuego; éste Tribunal de Alzada ha verificado que el ofendido, tanto en sede policial como judicial se ha mantenido en su posición de que se trata de la misma persona. Otro cuestionamiento de la recurrente es que se condenó al imputado F. G. por un delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS aún y cuando no se le encontró en su persona el arma decomisada, pero los agentes policiales que le dieron captura encontraron el arma a pocos metros de donde estaba tirado el encartado y el ofendido estableció que el arma era la misma con la que le había amenazado. Estos indicios y otras pruebas directas fueron las que razonaron correctamente los sentenciadores y concluyó que el acusado M. M. F. G. fue la misma persona que despojó de su motocicleta al ofendido utilizando para ello un arma de fuego, razonamientos así plasmados en la sentencia que ahora se recurre. Estableció además la censora, que se estaba señalando como ofendido de la Motocicleta Robada al señor P. S. O. E., cuando en los papeles extendidos por la Dirección Ejecutiva de Ingreso (DEI) no aparece él como dueño sino otra persona; al respecto, esta Sala, quisiera aclarar que independientemente a quién pertenezca la motocicleta mencionada, fue al señor P. S. O. E. a quien se le despojó violentamente del automotor, es decir, constituye el sujeto pasivo del delito, y el por qué la poseía en ese momento se puede deber a muchas situaciones, por ejemplo que se la prestaron, que se la vendieron y no había realizado el traspaso respectivo, es decir, el hecho que no aparezca como dueño del bien objeto de este juicio, no significa que la acción realizada por el imputado este legitimada. V.- En Casación, como bien explica Fernando de la Rúa en su conocida obra -la Casación Penal- “La estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas de la sentencia son inatacables en casación, está en cambio sujeto a control el proceso lógico seguido por el juez en su razonamiento. El Tribunal de casación realiza bajo este aspecto un examen sobre la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación de la sentencia”. Consecuente con ese criterio, la Sala de lo Penal ha reiterado en su jurisprudencia, que no basta con el señalamiento de la Regla infringida y enlistar las pruebas mal valoradas, sino que resulta indispensable señalar específicamente cuáles fueron los juicios de valor incorrectos del A-quo, cómo esos raciocinios resultan contrarios a las Reglas de la Sana Crítica y cómo esos razonamientos incoherentes lesionan la defensa, necesariamente, para que el Tribunal de casación pueda efectuar un análisis de la logicidad del fallo recurrido. La falta de una exposición clara en el caso examiné, hacen que el Recurso se haya planteado utilizando una Inadecuada Técnica Recursiva que imposibilita a esta Sala de lo Penal, adentrarse en el estudio valorativo del Legajo Probatorio, por lo que es procedente desestimar el presente motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma. VI.- Detecta esta Sala de lo Penal, que el sentenciador incurrió en un Error Material en la Designación del ofendido y le nombra en la referida sentencia de dos formas diferentes, en la parte introductoria del fallo consignó correctamente el nombre del perjudicado, es decir, P. S. O. E., pero en los Hechos Probados, en la Valoración Probatoria y en la Parte Resolutiva de la misma, le denomina: M. S. O. E., nombre erróneamente utilizado porque esta Sala ha verificado que desde el inicio del proceso el ofendido estableció que su nombre es P. S. O. E., en tal sentido al constituirse esto un Error Material que no incide en la parte resolutiva del Fallo pero conforme lo regula el Artículo 370 del Código Procesal deberán ser corregidos. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 361, 362 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Abogada B. A. G. M. en su condición de Defensora Privada del señor M. M. F. G.. SEGUNDO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Abogada B. A. G. M. en su condición de Defensora Privada del señor M. M. F. G.. Y MANDA: 1) Que con certificación del presente fallo, se remitan las diligencias al Tribunal de origen para los efectos legales correspondientes. Redactó: EL MAGISTRADO CÁLIX HERNÁNDEZ. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de octubre del año dos mil catorce.- Certificación de la sentencia de fecha veintidós de septiembre del año dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-382-2012.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL