Sentencia CP-378-11 — Registro 4187
Resumen
En primer instancia se absuelve a la acusada por el delito de tráfico ilícito de drogas, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...". A criterio de esta Sala, el veredicto absolutorio dictado por el Tribunal de Sentencia de Comayagua no se presenta ilógico, arbitrario o irracional en tanto en cuanto que: I.- Entre otros elementos probatorios la Representación del Ministerio Público funda su recurso en lo que considera una incorrecta valoración de varias actas de vigilancia que corren incorporadas al proceso. Este Tribunal de casación constata que ninguno de los agentes policiales que participaron en tales diligencias concurrió al debate, no haciendo posible con ello el contradictorio, es decir los interrogatorios formulados por las partes en un mismo plano de igualdad, que pudieran haber explicado las circunstancias de tiempo, modo y lugar y demás información que se habría recabado como producto de tales actuaciones, de ahí que las mismas no tienen más valor que las de diligencias preliminares de investigación más no el de pruebas de cargo con eficacia para enervar la presunción de inocencia que existe a favor de la imputada C. U. J.; II.- Conforme a la hipótesis acusatoria del Ministerio Público, la encartada fue detenida fuera de su casa de habitación cuando sospechosamente entregaba una cosa a otra persona, en una acción propia de quienes se dedican a la comercialización de sustancias prohibidas, sin embargo, dicha persona no ha resultado identificada ni mucho menos ha comparecido en juicio para reforzar la mencionada hipótesis y contribuir a esclarecer en que circunstancias de tiempo y lugar fue detenida la señora C. U. J.; III.- Frente a la declaración rendida por el único testigo de cargo, el agente de policía S. R. H., que también suscribe las actas de registro personal y decomiso, se encuentran las que rindieran varios testigos propuestos por la Defensa, particularmente vecinos de la encartada, quienes coinciden en señalar que en horas de la madrugada del día en que se produjo la detención de la imputada, varios sujetos irrumpieron en la vivienda que habitaba esta última. Tomando en cuenta que dichos testimonios son contestes en sus aspectos esenciales y que no se aprecian contradicciones sustanciales entre los mismos y que fruto de la inspección in situ realizada por el Tribunal de instancia se pudo acreditar la visibilidad existente al interior de la vivienda de la encartada desde casas cercanas a ella y habitadas por dichos vecinos, se genera una duda más que razonable en cuanto a que la captura y recopilación de evidencias se hicieron en el momento y circunstancias de modo y lugar que sostiene el ente acusador y con ello sin vulneración del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, duda que ha de favorecer a la endilgada. Por todas las razones anteriormente expuestas se declara sin lugar el presente motivo formulado por la Representación del Ministerio Público..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de abril de dos mil catorce, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO en su calidad de Coordinador, MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO y JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ,, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha trece de agosto de dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Comayagua, mediante la cual absolvió a la señora C. U. J., como responsable del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS.- Interpuso el Recurso de Casación, el Abogado C. A. C., actuando en su condición de Representante del Ministerio Público.- SON PARTES: La Abogado I. A. F., Agente de Tribunales del Ministerio Público, como parte recurrente. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma es admisible en tanto que reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que ahora debemos pronunciarnos sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- “HECHOS PROBADOS PRIMERO: El día martes 25 de mayo 2008 agentes de la policía se desplazaban en patrullaje de rutina a las tres (3:30am) con treinta minutos de la madrugada, en persecución de un individuo que se encontraba a inmediaciones del puente peatonal ubicado sobre la carretera CA-5 que conduce a San Pedro Sula, por lo que le dan persecución ingresando a la casa de habitación de la señora C. U. J.”. III.- La recurrente, Abogada L. M. R. U., desarrolló su Recurso de Casación de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO: “No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica”. PRECEPTO AUTORIZANTE: “El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del artículo 362 del CPP.” Para los efectos del presente recurso de casación, se consideran violados el artículo 202 del Código Procesal Penal, que literalmente dice: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando de forma conjunta y armónica toda la prueba producida”; asimismo el artículo 338, sección cuarta, numeral 2) que específicamente manda a los Tribunales a dictar las sentencias justificando, según las reglas de la sana crítica el valor que le haya dado a las pruebas practicadas en juicio. EXPLICACION DEL MOTIVO: Es oportuno tener en claro en qué consiste el sistema de valoración de las reglas de la sana crítica. Conforme al artículo 202 del Código Procesal Penal, el sistema de valoración reconocido en el CPP, es de la sana crítica racional, reglas que de conformidad al artículo 338 del mismo cuerpo legal, debe ser observada por el sentenciador al momento de emitir el fallo. Es en la sentencia, donde el Juez debe emitir un juicio de valor de forma clara, precisa y circunstanciada de los hechos debidamente acreditados, conocido este ejercicio intelectivo como fundamentación fáctica, sobre el cual debe hacer su ejercicio valorativo. Ese cuadro fáctico, debe ser sustentado en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para los efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esta fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en la sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el Juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica. Por eso como lo ha reconocido la jurisprudencia costarricense, debe considerarse que todo problema de violación de las normas del correcto entendimiento humano es un problema de fundamentación, las reglas a que nos referimos son las de la experiencia, la Psicología y la lógica. Las primeras se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de estos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la Psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la Lógica, implican que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para ser verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. La derivación induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficientes (los elementos bases de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). Dicho lo anterior, el Ministerio Público acreditara de manera convincente que el Tribunal de Sentencia en abierta confrontación con las reglas de la sana crítica, específicamente la regla de las máximas de la experiencia común ha soslayado ese límite que las mismas establecen por cuanto extrajo conclusiones que no le informan la prueba evacuada en la vista pública, que de haberlas razonado como se debe, esto es, en respeto absoluto de estas reglas, la conclusión hubiera sido de culpabilidad y no de inocencia tal y como sucedió en el caso de mérito, veamos: El Tribunal sentenciador expresa estimado y declarado probado, en el hecho probado PRIMERO, lo siguiente: “El Veinticinco de Mayo de Dos Mil Ocho, agentes de la policía se desplazan en patrullaje de rutina a la tres y treinta minutos de la madrugada, en persecución de un individuo que se encontraba a inmediaciones del puente peatonal ubicado sobre la carretera CA-5 que conduce a San Pedro Sula, por lo que le dan persecución ingresando a la casa de habitación de la señora C. U. J.”. Estos hechos probados son producto de la incorrecta valoración que el sentenciador a realizado de la prueba que bajo los principios de inmediación, oralidad y concentración fueron evacuadas en la vista pública, arribando a una conclusión de no culpabilidad del imputado descartándose por la coartada que ésta trazo y que el sentenciador fue incapaz de rechazar, por el contrario al darle credibilidad a la tesis de la defensa, se llegó a la conclusión de que éste era inocente a pesar de que el representante del Ministerio Público aportó la prueba pertinente y necesaria que acreditaba la responsabilidad penal de C. U. J. en el delito por el que se le juzgó. Específicamente el sentenciador estableció en el acápite de la valoración de la prueba, numeral Tres que denominó Valoración conjunta del Tribunal, que expresa “El testimonio del testigo revela la manera temeraria y el poco grado de instrucción del policía S. R. H. al momento de la detención de la señora C. U. J., así como la forma de emprender las investigaciones, en relación al momento del ingreso, a la vivienda y como realmente se efectuaron la captura, el registro practicado, la manera de cómo se obtiene la supuesta droga, la falta de autorización para ingresar a la vivienda, ya que lo diferentes actos, el modo de realizar y obtener los mismos, carecen de confiabilidad y las formalidades legales establecidas y requeridas por la Ley Procesal Penal, dicho testimonio deja ver una serie de contradicciones en cuanto a las diferentes vigilancias relata la posibilidad de ser droga, pero no respalda su versión”. Otra apreciación errónea es la siguiente valoración del Tribunal, siempre en la valoración de la prueba y seguidamente del supra citado: “… Actas de vigilancia realizados por los policías S. R. y C. S. no están respaldados por otras diligencias que debieron realizar es decir, actas de registro personal, y la declaración testifical de los compradores de droga y así establecer el acto de propio de comercialización, según refiere en su declaración el testigo S. R. H., cuando fue advertido por la Fiscal que dirigía el caso al manifestarles “que necesita más vigilancia para que hubiera más prueba” y preciso de la necesidad de obtener más prueba, por lo que lo agentes policiales continuaron en su accionar, para el Tribunal demuestra que los agentes del orden actuaron temerariamente sin la dirección del Fiscal a cargo, al efectuar el ingreso a la vivienda, la detención y el registro respectivo…” Estos argumentos son falaces por cuanto provienen de una incorrecta valoración de la prueba que arroja una sola conclusión: que la imputada C. U. J., es la única responsable del delito de Tráfico de Drogas tal y como lo ha venido sosteniendo el Ministerio Público, veamos: No hay duda que a través de la prueba pericial se acreditó que el material encontrado en el delantal decomisado a las afueras de la casa de C. U. se trata de Cocaína Crack, sustancia controlada y prohibida en nuestro país. Este aspecto fue ratificado por la perito forense Doctora G. E. M. S., quien estableció entre los puntos más importantes lo siguiente: Analizó las piedras, teniendo un peso neto de uno punto treinta y siete gramos (1.37g) y corresponde a Cocaína. El sentenciador le concedió plena credibilidad al mismo, máxime que no fue controvertido en el juicio y haber sido emitido por un experto con vasta experiencia en el campo de la toxicología. En armonía con la prueba pericial, el Ministerio Público llevó a juicio al testigo S. R. H.; miembro de la Policía Nacional Preventiva, quien manifestó entre otras cosas y registrado en el acta del Debate del Juicio Oral lo siguiente: “Antes de marzo del dos mil ocho, se recibían denuncias por llamada telefónica a la policía nacional, de muchos ciudadanos que se sentían perjudicados por la venta y consumo de drogas de supuesto crack, en la calle Panamericana, salida a San Pedro Sula, en ese entonces yo fungía como jefe de análisis, ordene que se le pusiera vigilancia, y los policía asignados al caso estaban llenando el informe conforme a los que podían observar, yo me hice presente en una ocasiones, pude observar que el trabajo era positivo, pero no pude ver qué era, luego me hice me presente en una ocasiones, observe muchas personas que les entregaban algo pero no pude ver qué era, pero desde el momento en que ellos se lo guardaban en uno de sus bolsillos, se podría analizar que podría ser algún tipo de sustancia de droga, un día nos dirigíamos a patrullar a unos metros del puente peatonal, observamos a la señora C. J. quien se encontraba con un individuo desconocido, entregándole algo en sus manos el cual se lo guardó en uno de sus manos y los dos salieron a paso rápido, el individuo el individuo salió a paso rápido, la señora fue detenida antes de ingresar al portón de su vivienda, se le pidió que sacara en una sus bolsas del delantal que el cual andaba, cuando en una de sus bolsas andaba sustancia de Crack, seguidamente fue conducida a las oficinas de la policía nacional y remitida a la DGIC”. Mediante las actas de Vigilancia Policial, las cuales se describen por su orden en el Fallo ahora impetrado: 1. Realizada el 28 de Noviembre del año 2008, iniciando a las 20:00 horas, Barrio Independencia, carretera Panamericana de Comayagua, agentes policiales asignados C. S. y S. R.. 2. Realizada en fecha 30 de noviembre del año 2007, siendo las 13:15 horas pm, Barrio Independencia, carretera Panamericana de Comayagua. 3. Realizada en fecha 04 de diciembre del año 2007, a las 11:00 horas, en el Barrio Independencia, carretera Panamericana de Comayagua. 4. Realizada el 06 de diciembre de 2007, a las 13:50 horas, en el Barrio Independencia de Comayagua. 5. Realizada el 24 de marzo del año 2008, siendo las 13:15 horas en el Barrio Independencia de Comayagua. Finalmente, las actas de registro y decomiso o secuestro, realizadas el veinticinco de marzo de dos mil ocho, a las seis y veinte de la mañana, practicado y ratificado por el policía clase dos S. R. H. a orillas de la carretera CA-5, en la colonia Independencia en esta ciudad de Comayagua, y acta se secuestro o decomiso realizada a las seis y veinte de la mañana, en vía pública de la Colonia Independencia en esta ciudad de Comayagua, practicado a la señora C. U. J. procediéndole a decomisar L. 17, 101. 00 en efectivo, tres teléfonos celulares de las marcas Motorota, LG y Samsun y diez (10) piedras de Crack. Así las cosas, al examinar los hechos probados y el la fundamentación jurídica del fallo, específicamente el ordinal primero y quinto de esa sección, nos encontramos con que el sentenciador afirma que la imputada no es responsable del ilícito de Tráfico de Drogas, por cuanto dicha acción no se subsume o cumple los requisitos objetivos y subjetivos del tipo penal antes mencionado, sobre todo porque no existe elementos que establezcan una comercialización del producto ilícito o controlado. Es criterio del sentenciador que el Ministerio Público no acreditó esos elementos. Las máximas de la experiencia común como las define Fernando de la Rúa como: “Aquellas nociones que corresponden al concepto de cultura común, aprehensibles espontáneamente por el intelecto como verdades indiscutibles; la sentencia que razona en contra de esas máximas, o se funda en pretendidas máximas de la experiencia inexistentes, contiene un vicio indudable en su motivación, que solo es controlable por vía de casación. En este sentido, estas máximas de la experiencia común nos enseñan que una persona que recibe, entrega y obtiene dinero de sujetos que llegan sin razón alguna aparente, ejerce sencillamente actos de comercialización de manera clandestina, secreta, oculta. En este sentido, era evidente que la imputada C. U., quien manifiesta haber sido detenida en el interior de su casa, sin explicar la procedencia de la droga, era de esperar que en atención a estas máximas de la experiencia, haya asegurado una coartada de este tipo. En el caso que nos ocupa, quizás la imputada nunca se imagino que la Policía Preventiva la vigilaba días antes y que la capturaría en posesión de crack. La coartada planteada por la misma imputada en la vista pública confronta abiertamente esas máximas de la experiencia común y sobre todo la misma es falaz por cuanto está constituida por hechos no ciertos, que son incompatibles con la experiencia misma. Lo que es más lamentable darlo como una verdad irrefutable es realmente poner en precario no solo estas máximas de la experiencia común sino que a través de esta incorrecta valoración se ha absuelto a una persona que efectivamente fue encontrada en las fueras de su casa de habitación con droga, droga que estaba siendo vendida a vecinos de la Colonia Independencia con los consecuentes daños a la salud de la población, por cuanto el Tribunal de juicio a estructurado un fallo absolutorio fundamentado en premisas falsas y sobre todo en abierta contradicción a lo que la prueba testifical y pericial arroja, valorándola de manera antojadiza, parcial y arbitraria, como ya se ha dejado demostrado, al confrontar lo expuesto en la sentencia ylo que consta en el acta de debate. Si bien es cierto, el Juez tiene la potestad de valorar la prueba conforme a las reglas de la sana critica racional, que reconocen la discrecionalidad, le someten a criterios objetivos, que nos permiten librarnos de valoraciones arbitrarías o erróneas. Desde luego, la arbitrariedad o el error pueden darse, como en el presente caso, tanto al rechazar o excluir indebidamente elementos de convicción pertinentes, como al atribuir a las pruebas recibidas un contexto inexacto o al desdeñar el verdadero. En efecto, con sobradas razones como las ya expuestas, se concluye que el Tribunal de Sentencias recurrido ha infringido las reglas del recto entendimiento humano en la valoración de las pruebas, específicamente las máximas de la experiencia común y como consecuencia ha absuelto a la procesada en la parte dispositiva de la sentencia. Por haberse producido el vicio In procediendo denunciado en este motivo de casación, en el mismo acto de sentenciar, no se ha podido efectuar reclamación alguna para la subsanación del vicio”. RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, INTERPUESTO POR LA REPRESENTACION DEL MINISTERIO PÚBLICO, ARGUYENDO QUE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL DICTAR UNA SENTENCIA ABSOLUTORIA, HA INOBSERVADO LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA EN EL PROCESO DE VALORACION DE LA PRUEBA. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 3) PARRAFO FINAL DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- El Censor señala que a través de la PRUEBA PERICIAL se acreditó que la sustancia encontrada en el delantal decomisado a la imputada C. U., cuando ésta fue detenida en las afueras de su casa de habitación, es cocaína crack, Por otro lado que la PRUEBA PERICIAL observa armonía con la declaración del testigo S. R. H., las ACTAS DE VIGILANCIA POLICIAL y con el ACTA DE SECUESTRO O DECOMISO realizada a las 6:20 de la mañana, en una calle de la Colonia Independencia de la ciudad de Comayagua, practicado a la señora C. U. J., donde se consigna que se le incautaron: “…L.17,101.00 en efectivo, tres teléfonos celulares de las marcas Motorota, LG, Samsung y diez (10) piedras de Crack”. Señala que al examinar los hechos probados y los ordinales primero y quinto de la fundamentación jurídica del fallo, el Juzgador afirma que la imputada no es responsable del delito de Tráfico de Drogas, y que no se ha logrado acreditar los requisitos objetivos y subjetivos del tipo penal antes mencionado, en tanto en cuanto que no existen elementos probatorios en virtud de los cuales se haya corroborado una comercialización del producto ilícito o controlado, conclusión que a criterio del Censor se opone a las MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA COMÚN, las que enseñan: “…que una persona que recibe, entrega y obtiene dinero de sujetos que llegan sin razón alguna aparente, ejerce actos de comercialización de manera clandestina, secreta, oculta.” Afirma que la declaración de la imputada rendida en la audiencia de debate, confronta esa máxima de la experiencia común y es falaz, y que el Juzgador a través de una incorrecta valoración le ha absuelto, a pesar de que fue detenida en las afueras de su casa de habitación en posesión de droga, cuando la vendía a otra persona, con los consecuentes daños a la salud de la población. Finalmente concluye que el A Quo ha estructurado un fallo absolutorio, fundamentado en premisas falsas y en abierta contradicción, a lo que la prueba testifical y pericial arrojan, valorándola de manera antojadiza, parcial y arbitraria, tal como ha quedado demostrado, al confrontarse lo expuesto en la sentencia y lo que consta en el acta de debate. Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que conforme a lo dispuesto en el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal : “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que..en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica..”. El proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque en virtud del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí[1], su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. El límite de las reglas de la experiencia está en los conocimientos técnicos especializados. En lo que concierne a las reglas de la lógica tenemos que la regla de identidad nos dice que una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Es decir, José solo puede ser José y no Juan. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, un argumento "X" solo puede ser "X". No podría por ejemplo una sentencia decir en una parte que se absuelve bajo la certeza de la inocencia, para afirmar más adelante que se absuelve por duda, porque viola el principio de identidad (en lo que interesa al Ministerio Público), pues estaría diciendo que "A" es "B". Diría que la certeza de la inocencia es la duda de la culpabilidad, y eso viola el principio de identidad. El principio de contradicción nos dice que una persona o cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, o sea el tribunal no puede aseverar algo y luego desvirtuarlo, porque solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Y el principio de tercero excluido nos dice que de dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa. A contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. En cuanto a las reglas de la psicología, éstas no están referidas a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos, como la observación del tribunal de mérito en caso de que un testigo se muestre nervioso al contestar una pregunta, que fue disperso al construir sus repuestas, ignorante en cuanto al idioma o cultura general básica, etc. Eso tiene que incluirse en el fallo al hacer la valoración. Podría ser que diga el tribunal, que no se cree al testigo porque se puso nervioso (más de lo normal), o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una de sus respuestas lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración. En el caso bajo examen la controversia fundamental radica en que por un lado el Ministerio Público sostiene que la encartada C. U. J. fue detenida a eso de las seis y veinte minutos de la mañana (6:20 A.M.) del día 25 de marzo de 2008 en una calle ubicada frente a su casa de habitación, ubicada en la Colonia la Independencia de la ciudad de Comayagua, cuando realizaba la conducta sospechosa de entregar una sustancia prohibida (droga) a otra persona no identificada, tras lo cual se le realizó un registro, encontrándose dentro del referido delantal la cantidad de 17,101 lempiras y 20 córdobas en efectivo, tres teléfonos celulares y diez piedras de crack cocaína envueltas en bolsas plásticas, en tanto que el Tribunal de instancia al absolverle, sostiene que de los elementos probatorios evacuados en el debate se concluye que la recopilación de las objetos y sustancias antes mencionadas se produjo con vulneración del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, en tanto que varios agentes policiales irrumpieron en la vivienda de la encausada en horas de la madrugada, sin que hubiere concurrido una situación excepcional que legalmente permitiera el allanamiento de su morada, de tal manera que siendo tales evidencias de origen ilícito lo procedente es dictar un veredicto absolutorio. Como antes lo expresamos líneas arriba, el Tribunal A Quo se encuentra en la posición privilegiada de percibir directamente, es decir, a través de sus propios sentidos (vista, oído, etc..) las pruebas evacuadas en el juicio oral y público, de ahí que a esta Sala le está vedado efectuar una revalorización de tales elementos probatorios como si de otra instancia más se tratara, de tal modo que solamente ha de verificar si el razonamiento seguido por el Juzgador es contrario o no a las reglas de la sana crítica. A criterio de esta Sala, el veredicto absolutorio dictado por el Tribunal de Sentencia de Comayagua no se presenta ilógico, arbitrario o irracional en tanto en cuanto que: I.- Entre otros elementos probatorios la Representación del Ministerio Público funda su recurso en lo que considera una incorrecta valoración de varias actas de vigilancia que corren incorporadas al proceso. Este Tribunal de casación constata que ninguno de los agentes policiales que participaron en tales diligencias concurrió al debate, no haciendo posible con ello el contradictorio, es decir los interrogatorios formulados por las partes en un mismo plano de igualdad, que pudieran haber explicado las circunstancias de tiempo, modo y lugar y demás información que se habría recabado como producto de tales actuaciones, de ahí que las mismas no tienen más valor que las de diligencias preliminares de investigación más no el de pruebas de cargo con eficacia para enervar la presunción de inocencia que existe a favor de la imputada C. U. J.; II.- Conforme a la hipótesis acusatoria del Ministerio Público, la encartada fue detenida fuera de su casa de habitación cuando sospechosamente entregaba una cosa a otra persona, en una acción propia de quienes se dedican a la comercialización de sustancias prohibidas, sin embargo, dicha persona no ha resultado identificada ni mucho menos ha comparecido en juicio para reforzar la mencionada hipótesis y contribuir a esclarecer en que circunstancias de tiempo y lugar fue detenida la señora C. U. J.; III.- Frente a la declaración rendida por el único testigo de cargo, el agente de policía S. R. H., que también suscribe las actas de registro personal y decomiso, se encuentran las que rindieran varios testigos propuestos por la Defensa, particularmente vecinos de la encartada, quienes coinciden en señalar que en horas de la madrugada del día en que se produjo la detención de la imputada, varios sujetos irrumpieron en la vivienda que habitaba esta última. Tomando en cuenta que dichos testimonios son contestes en sus aspectos esenciales y que no se aprecian contradicciones sustanciales entre los mismos y que fruto de la inspección in situ realizada por el Tribunal de instancia se pudo acreditar la visibilidad existente al interior de la vivienda de la encartada desde casas cercanas a ella y habitadas por dichos vecinos, se genera una duda más que razonable en cuanto a que la captura y recopilación de evidencias se hicieron en el momento y circunstancias de modo y lugar que sostiene el ente acusador y con ello sin vulneración del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, duda que ha de favorecer a la endilgada. Por todas las razones anteriormente expuestas se declara sin lugar el presente motivo formulado por la Representación del Ministerio Público. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360, y 362.3 del Código Procesal Penal.- FALLA:
- DECLARANDO SIN LUGAR EL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, en su motivo único interpuesto por la Representación del Ministerio Público contra el fallo absolutorio dictado en fecha trece (13) de agosto de dos mil diez (2010), por el Tribunal de Sentencia, de la ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a Derecho.- REDACTO EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO.- NOTIFIQUESE.
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- FIRMAS Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida a solicitud de la Abogada M. I. G. P., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de agosto del año dos mil catorce.- Certificación de la sentencia de fecha veintinueve de abril del año dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-378-2011.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] Significa dicho principio que la actividad probatoria ha de transcurrir ante la presencia o intervención del órgano jurisdiccional encargado de pronunciar la sentencia. Un procedimiento está presidido por el principio de inmediación cuando el Juez o Tribunal están obligados a formar su íntima convicción y a fundamentar su sentencia exclusivamente con el resultado probatorio que ha podido formarse bajo su directa intervención en el juicio oral. De este modo el proceso lógico seguido por el Tribunal de Instancia en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto a control a través del examen casacional.