Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-372-11 — Registro 4186

Resumen

Se absolvió en primer instancia a los imputados por los delitos de allanamiento de morada, detención ilegal y lesiones. resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LA REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO, ARGUYENDO QUE AL DICTAR UNA SENTENCIA ABSOLUTORIA, EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA VULNERADO LOS ARTÍCULOS 82 Y 90 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 361 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. El Censor arguye que Juzgador de instancia ha vulnerado los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, que consagran el derecho de defensa y la garantía genérica del debido proceso, respectivamente. Entiende que la garantía del debido proceso ha resultado quebrantada cuando en audiencia de proposición de pruebas, no fue admitido a la representación del Ministerio Público el medio de prueba consistente en la declaración del testigo J. O. V. P. Igualmente considera que la inadmisibilidad de este medio de prueba, vulnera el articulo 82 de nuestro Texto Fundamental, donde se establece que: “El derecho de defensa es inviolable”, del que a su vez se deriva el principio de igualdad de armas procesales, en virtud del cual las partes tienen derecho de intervenir en un mismo plano de igualdad durante la sustanciación del proceso penal. Afirma que, si bien cabe la posibilidad de que el Juzgador declare inadmsible un medio de prueba, tal decisión únicamente procederá por su ineficacia o ilegalidad, circunstancias que no han concurrido en el caso de autos. Señala que en la audiencia respectiva, el A Quo se limitó a manifestar escuetamente que “dichos medios probatorios son desproporcionadas e impertinentes en relación a la probanza pretendida por el Ministerio Público”.

por lo que no expuso las razones que le llevaron a considerar la prueba testifical propuesta como desproporcionada, incumpliendo con su deber de motivar impuesto por el artículo 141 del Código Procesal Penal. Esta Sala de lo Penal considera pertinente recordar, que esta tipología de recursos (por infracción de precepto constitucional) es la más amplia de las que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el recurrente debe echar mano de este tipo de recurso cuando no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro, en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Legal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece cuales son los motivos fundamentadores.- La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial, como son las sentencias. Es oportuno recordar que la garantía genérica del debido proceso que consagra el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas; el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc… Por otra parte es oportuno señalar que al tenor de lo dispuesto en el artículo 82 de la Constitución de la República: “El Derecho de Defensa es inviolable…”, mismo que mantiene una estrecha vinculación con la garantía genérica del debido Proceso, en virtud de la cual a toda persona le asiste el derecho de ser juzgada por un tribunal competente e imparcial, con estricta observancia de los derechos y formalidades establecidas en la ley. Del derecho de defensa derivan los sub principios de Contradicción o audiencia y de igualdad de armas procesales. Por el principio de Contradicción, debe entenderse el derecho que le a cualquiera de las partes, por medio de su Apoderado o Representante, para proponer medios de pruebas, formular alegatos o interponer impugnaciones, con los requisitos exigidos por la ley. Por su parte, el derecho de igualdad de armas procesales, alude a que las partes intervinientes en el proceso tengan los mismos derechos, expectativas y cargas, de tal modo que no quepa la existencia de privilegios a favor ni desventajas en contra de alguna de ellas, de tal modo que exista igualdad de condiciones para los medios de ataque y defensa de los intervinientes en el proceso penal, correspondiendo al Juzgador la posición de tutela en orden a garantizar el referido derecho, tal y como lo prevé el artículo 13 del Código Procesal Penal donde se establece que “los jueces y magistrados velarán por la efectiva igualdad de los intervinientes en el proceso.”. En el caso bajo examen, el Tribunal de instancia denegó la admisión del medio probatorio testifical propuesto por la Representación del Ministerio Público consistente en recibir la declaración del señor J. O. V. P., arguyendo en un primer momento que junto a la declaración del señor V. R. D., eran medios de prueba desproporcionados e impertinentes (vid. Folio No. 26). No conforme con la resolución dictada por el Juzgador, el representante del ente acusador interpuso recurso de reposición, mismo que fue declarado sin lugar por dicho Tribunal aduciendo textualmente lo siguiente: “..en ningún momento el Abogado Fiscal argumenta que algunos de los delitos en este caso lesiones haya sido ejecutado con las armas de fuego, a las cuales se refieren los medios de prueba propuestos, de igual manera este tribunal advierte que los medios de prueba, que dieron origen, en primer lugar al encuentro de los casquillos de las supuestas armas disparadas, no son objetivamente confiables, en razón de que no es la persona encargada de la investigación quien las encontró, por lo que parece realmente, o da la impresión de que los mismos inclusive son ilícitos, al no existir o no contar un acta de levantamiento de dicha evidencia y no hacerlo la autoridad respectiva, es evidente que esos casquillos son los que dan origen a los demás medios de prueba, en consecuencia de ello y dado que no encuentra ninguna razón que concatene, los delitos de los cuales el fiscal fundamenta su requerimiento fiscal y los medios de prueba que este tribunal ha declarado inadmisible, de igual forma sustenta su resolución en dichos argumentos, declarando inadmisible el recurso de reposición interpuesto por el agente fiscal”. El artículo 199 del Código Procesal establece que “…los medios de prueba serán admitidos solo si son pertinentes y se refieren, directa o indirectamente, al objeto de la investigación; resultan útiles para la averiguación de la verdad, y no son desproporcionados, ni manifiestamente excesivos en relación con el resultado que se pretende conseguir..” A criterio de esta Sala la proposición del medio de prueba, consistente en la declaración del señor J. O. V. P. en torno al hallazgo de varios casquillos de bala en la vivienda que habitaba el señor J. E. V. P. y su entrega a las autoridades policiales de investigación, no se presenta como un medio probatorio impertinente ni tampoco desproporcionado[1], ya que tiene una relación inmediata con el objeto del proceso como son los hechos esenciales o relevantes objeto de juzgamiento, en tanto que por un lado el Ministerio Público sostiene la hipótesis de que los imputados (ambos agentes de policía) irrumpieron sin orden judicial y en una situación ajena a la flagrancia, en la vivienda que habitaba el señor J. E. V. P., añadiendo que los realizaron varios disparos con armas de fuego que impactaron en dicha vivienda procediendo a detenerle y causarle varios golpes, en tanto que la Defensa ha venido alegando que la captura de aquel, se produjo cuando perpetraba un delito flagrante en la casa de su hermano, el señor C. V. P. con quien se encontraba enfrascado en una riña. Por otro lado, tampoco el medio probatorio en referencia es desproporcionado en tanto que no se presenta como excesivo de tal manera que conste en el proceso otro medio probatorio menos oneroso o gravoso en orden a la acreditación de los hechos objeto de controversia. La inadmisión del medio probatorio antes aludido ha producido una situación de indefensión para el Ministerio Público como interviniente en el proceso, en su función de tutela o garante de los intereses de la sociedad y particularmente de los que corresponden a quien se presenta como víctima[2], vulnerando de ese modo el derecho fundamental a la defensa que consagra el artículo 82 de la Constitución de la República y el principio-derecho de igualdad de armas que encuentra reconocimiento expreso como antes lo señalamos, en el artículo 13 del Código Procesal Penal. Por todas las razones anteriormente expuestas y sin perjuicio del principio-derecho a la presunción de inocencia que siguen gozando los imputados J. O. V. G. y L. G. V. V., al tenor de lo prescrito por el artículo 89 de la Constitución de la República, el presente motivo, formulado por la Representación del Ministerio Público debe declararse con lugar.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de abril de dos mil catorce, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO en su calidad de Coordinador, MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO y JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha tres de junio de dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, mediante la cual falló 1º.-ABSOLVIENDO a los acusados J. O. V. G. Y L. G. V. V., de los delitos de ALLANAMIENTO DE MORADA, DETENCION ILEGAL Y LESIONES, en perjuicio de J. E. V. P.. 2º.- NO CONDENO en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por dicho juicio.-Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma el Abogado R. D. D. R., en su condición de Representante del Ministerio Público.- SON PARTES: La Abogada M. E. G., Agente de Tribunales del Ministerio Público, como parte recurrente; y el Abogado G. H. C. G., Apoderado Defensor de los acusados J. O. V. G. Y L. G. V. G., como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “Valorando conjuntamente las pruebas legítimamente practicadas en juicio de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este Tribunal, declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: UNO: El día diecisiete de marzo del año dos mil diez, como a eso de las once y doce de la noche, en el barrio el Triangulo del municipio de Atima, de este departamento, los policías preventivos J. O. V. G. y L. G. V. V. atendiendo denuncia del señor C. V. P., contra el imputado J. E. V. P., por una riña entre ambos, llegan a dicho y lugar proceden a detener a E. V. P. y lo conducen a la posta Policial del municipio de Atima, el día siguiente fue puesto en libertad por el Juez de Policía P. M. Q., quien llevó a E. V. junto con un familiar a una clínica para que le atendieran algunos golpes y heridas recibidas. “ C O N S I D E R A N D O I.- El Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, es admisible en tanto que reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que ahora debemos pronunciarnos sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- EL ABOGADO R. D. D. R., FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO, PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONA Y POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA DE LA MANERA SIGUIENTE:”EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION.-I POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL: MOTIVO UNICO: “Por Violación de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal.-EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El derecho al debido proceso, el cual se encuentra regulado en el artículo 90 de la Constitución de la República, establece que “Nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”; el cual requiere minimamente, la fijación legal de un programa de carácter legal e inalterable para la investigación y juzgamiento de delitos en el que se resguarde la observancia de formas relacionadas con la acusación, defensa, prueba sentencia y recursos; derecho éste que se encuentra vulnerado cuando en audiencia de proposición de pruebas, le fue inadmitido al representante de la sociedad el medio de prueba consistente en: 1) La declaración del testigo J. O. V. P., con la que se intentaba probar el lugar donde se produjeron los hechos delictivos, ya que este Tribunal incluso equivocadamente, ha tenido como acreditado que el señor J. E. V. fue detenido en la casa de su hermano C. V. y por eso lo ha absuelto por el ilícito penal de Allanamiento. De igual forma la inadmisibilidad del medio de prueba supra relacionado, causó perjuicio a la sociedad al quebrantarse el articulo 82 de la Constitución de la República el cual establece que “El Derecho de Defensa es inviolable” el cual tiene entre sus alcances el Derecho a un proceso con todas las garantías dentro de las que se destacan a) “El Derecho a la igualdad de armas procesales” entendiéndose por ésta, tal y como lo desarrolla (Junio Joan Pico

  1. las garantías constitucionales del Proceso. Editor Barcelona, 1997, pag.
  1. “como aquella exigencia de que las partes cuenten con medios parejos de ataque y defensa, para evitar el desequilibrio entre ellas, por lo que resulta necesario que ambas dispongan de las mismas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación, es decir tiene por objeto evitar la situación de privilegio o supremacía de una de las partes, garantizando así la igualdad efectiva de las posibilidades y cargas del actor y del demandado en la alegación y prueba de los hechos controvertidos para lograr la plenitud del resultado probatorio”; b) “El derecho de intervenir probatoriamente en el proceso penal”, cuya intervención probatoria alcanza su esplendor en el juicio, sin embargo para que ello suceda corresponde que previamente al debate se tomen ciertos recaudos que permitan bajo el principio de contradicción, reunir todo el plexo probatorio, permitiendo a cada parte proponer la prueba propia.-Sobre éste último aspecto si bien es cierto el Tribunal tiene que fundar un juicio de certeza respecto de la circunstancia que amerite el rechazo de la prueba, o bien constatar su ineficacia probatoria o ilegalidad; en el caso que nos ocupa no sucedieron ninguna de las dos, considerando que el Tribunal en la audiencia respectiva se limitó a manifestar que “dichos medios probatorios son desproporcionadas e impertinentes en relación a la probanza pretendida por el Ministerio Público”. Sin embargo al no permitírsele al ente acusador hacer uso de los medios de prueba relacionados con el delito objeto del proceso. por considerarlos impertinentes y desproporcionados, se ha violentado el derecho al Debido Proceso y consecuentemente el derecho de Defensa, que incluye el ofrecimiento de pruebas que apoyen fácticamente sus pretensiones, y que harán valer en juicio ante el respectivo Tribunal; Tomando en consideración además, que como se ha referido en el párrafo anterior, el juzgador no ha expuesto las razones que lo llevaron a considerar la prueba testifical propuesta como desproporcionada, incumpliendo su deber de motivar que e impone al artículo 141 del CPP. y por ende coarto los cuestionamientos que debo efectuar la parte que no está conforme con la resolución, en grave desapegó al mencionado Derecho de Defensa.-En virtud de lo anterior, solicitamos que el presente motivo sea declarado con lugar, a fin de restituir al defensor de la sociedad hacer uso de los instrumentos probatorios necesarios que le permitan correctamente perseguir su finalidad en igualdad de armas. RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LA REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO, ARGUYENDO QUE AL DICTAR UNA SENTENCIA ABSOLUTORIA, EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA VULNERADO LOS ARTÍCULOS 82 Y 90 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 361 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. El Censor arguye que Juzgador de instancia ha vulnerado los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, que consagran el derecho de defensa y la garantía genérica del debido proceso, respectivamente. Entiende que la garantía del debido proceso ha resultado quebrantada cuando en audiencia de proposición de pruebas, no fue admitido a la representación del Ministerio Público el medio de prueba consistente en la declaración del testigo J. O. V. P. Igualmente considera que la inadmisibilidad de este medio de prueba, vulnera el articulo 82 de nuestro Texto Fundamental, donde se establece que: “El derecho de defensa es inviolable”, del que a su vez se deriva el principio de igualdad de armas procesales, en virtud del cual las partes tienen derecho de intervenir en un mismo plano de igualdad durante la sustanciación del proceso penal. Afirma que, si bien cabe la posibilidad de que el Juzgador declare inadmsible un medio de prueba, tal decisión únicamente procederá por su ineficacia o ilegalidad, circunstancias que no han concurrido en el caso de autos. Señala que en la audiencia respectiva, el A Quo se limitó a manifestar escuetamente que “dichos medios probatorios son desproporcionadas e impertinentes en relación a la probanza pretendida por el Ministerio Público”.

por lo que no expuso las razones que le llevaron a considerar la prueba testifical propuesta como desproporcionada, incumpliendo con su deber de motivar impuesto por el artículo 141 del Código Procesal Penal. Esta Sala de lo Penal considera pertinente recordar, que esta tipología de recursos (por infracción de precepto constitucional) es la más amplia de las que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el recurrente debe echar mano de este tipo de recurso cuando no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro, en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Legal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece cuales son los motivos fundamentadores.- La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial, como son las sentencias. Es oportuno recordar que la garantía genérica del debido proceso que consagra el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas; el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc… Por otra parte es oportuno señalar que al tenor de lo dispuesto en el artículo 82 de la Constitución de la República: “El Derecho de Defensa es inviolable…”, mismo que mantiene una estrecha vinculación con la garantía genérica del debido Proceso, en virtud de la cual a toda persona le asiste el derecho de ser juzgada por un tribunal competente e imparcial, con estricta observancia de los derechos y formalidades establecidas en la ley. Del derecho de defensa derivan los sub principios de Contradicción o audiencia y de igualdad de armas procesales. Por el principio de Contradicción, debe entenderse el derecho que le a cualquiera de las partes, por medio de su Apoderado o Representante, para proponer medios de pruebas, formular alegatos o interponer impugnaciones, con los requisitos exigidos por la ley. Por su parte, el derecho de igualdad de armas procesales, alude a que las partes intervinientes en el proceso tengan los mismos derechos, expectativas y cargas, de tal modo que no quepa la existencia de privilegios a favor ni desventajas en contra de alguna de ellas, de tal modo que exista igualdad de condiciones para los medios de ataque y defensa de los intervinientes en el proceso penal, correspondiendo al Juzgador la posición de tutela en orden a garantizar el referido derecho, tal y como lo prevé el artículo 13 del Código Procesal Penal donde se establece que “los jueces y magistrados velarán por la efectiva igualdad de los intervinientes en el proceso.”. En el caso bajo examen, el Tribunal de instancia denegó la admisión del medio probatorio testifical propuesto por la Representación del Ministerio Público consistente en recibir la declaración del señor J. O. V. P., arguyendo en un primer momento que junto a la declaración del señor V. R. D., eran medios de prueba desproporcionados e impertinentes (vid. Folio No. 26). No conforme con la resolución dictada por el Juzgador, el representante del ente acusador interpuso recurso de reposición, mismo que fue declarado sin lugar por dicho Tribunal aduciendo textualmente lo siguiente: “..en ningún momento el Abogado Fiscal argumenta que algunos de los delitos en este caso lesiones haya sido ejecutado con las armas de fuego, a las cuales se refieren los medios de prueba propuestos, de igual manera este tribunal advierte que los medios de prueba, que dieron origen, en primer lugar al encuentro de los casquillos de las supuestas armas disparadas, no son objetivamente confiables, en razón de que no es la persona encargada de la investigación quien las encontró, por lo que parece realmente, o da la impresión de que los mismos inclusive son ilícitos, al no existir o no contar un acta de levantamiento de dicha evidencia y no hacerlo la autoridad respectiva, es evidente que esos casquillos son los que dan origen a los demás medios de prueba, en consecuencia de ello y dado que no encuentra ninguna razón que concatene, los delitos de los cuales el fiscal fundamenta su requerimiento fiscal y los medios de prueba que este tribunal ha declarado inadmisible, de igual forma sustenta su resolución en dichos argumentos, declarando inadmisible el recurso de reposición interpuesto por el agente fiscal”. El artículo 199 del Código Procesal establece que “…los medios de prueba serán admitidos solo si son pertinentes y se refieren, directa o indirectamente, al objeto de la investigación; resultan útiles para la averiguación de la verdad, y no son desproporcionados, ni manifiestamente excesivos en relación con el resultado que se pretende conseguir..” A criterio de esta Sala la proposición del medio de prueba, consistente en la declaración del señor J. O. V. P. en torno al hallazgo de varios casquillos de bala en la vivienda que habitaba el señor J. E. V. P. y su entrega a las autoridades policiales de investigación, no se presenta como un medio probatorio impertinente ni tampoco desproporcionado[1], ya que tiene una relación inmediata con el objeto del proceso como son los hechos esenciales o relevantes objeto de juzgamiento, en tanto que por un lado el Ministerio Público sostiene la hipótesis de que los imputados (ambos agentes de policía) irrumpieron sin orden judicial y en una situación ajena a la flagrancia, en la vivienda que habitaba el señor J. E. V. P., añadiendo que los realizaron varios disparos con armas de fuego que impactaron en dicha vivienda procediendo a detenerle y causarle varios golpes, en tanto que la Defensa ha venido alegando que la captura de aquel, se produjo cuando perpetraba un delito flagrante en la casa de su hermano, el señor C. V. P. con quien se encontraba enfrascado en una riña. Por otro lado, tampoco el medio probatorio en referencia es desproporcionado en tanto que no se presenta como excesivo de tal manera que conste en el proceso otro medio probatorio menos oneroso o gravoso en orden a la acreditación de los hechos objeto de controversia. La inadmisión del medio probatorio antes aludido ha producido una situación de indefensión para el Ministerio Público como interviniente en el proceso, en su función de tutela o garante de los intereses de la sociedad y particularmente de los que corresponden a quien se presenta como víctima[2], vulnerando de ese modo el derecho fundamental a la defensa que consagra el artículo 82 de la Constitución de la República y el principio-derecho de igualdad de armas que encuentra reconocimiento expreso como antes lo señalamos, en el artículo 13 del Código Procesal Penal. Por todas las razones anteriormente expuestas y sin perjuicio del principio-derecho a la presunción de inocencia que siguen gozando los imputados J. O. V. G. y L. G. V. V., al tenor de lo prescrito por el artículo 89 de la Constitución de la República, el presente motivo, formulado por la Representación del Ministerio Público debe declararse con lugar. MOTIVOS DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. PRIMER MOTIVO: No Haber Considerado El Juzgador Prueba de Valor Decisivo.-PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el párrafo primero del artículo 362 numeral 2) del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: Al dar lectura a la sentencia de mérito, se determina que el Juzgador en la fundamentación probatoria, no consideró el acta de inspección realizada en la casa del ofendido J. E. V. P., la cual se encuentra respaldada con fotografías, misma que fuera ratificada en el juicio oral por el técnico en inspecciones oculares Iván Josué López Castillo según se desprende del acta de debate, y la cual entre otras cosas establece lo siguiente: “En la pared de la vivienda se observan cuatro orificios producidos por proyectiles disparados por arma de fuego, observándose también que en la puerta de entrada a lo vivienda presenta señales de forzamiento en el pasador y dos reglas de madera de la parte central zafadas, medio de prueba que corrobora, lo manifestado por el ofendido, en ese sentido, es decir, que los policías imputados cuando llegaron a su casa le rompieron la puerta, realizaron disparos en la misma, lo sacaron de la casa y lo llevaron de arrastra; medio de prueba que si se hubiera valorado por parte del juzgador, necesariamente hubiera arribado a la convicción de la culpabilidad de los encausados en los ilícitos penales que se les atribuye, pues en primer lugar, usaron la fuerza para entrar al domicilio del señor J. sin tratarse de una emergencia que autorizara tal actuación por parte de los agentes de policía preventivos y lógicamente sin el consentimiento del mismo; además se corrobora que ingresaron, porque incluso hicieron disparos dentro de la casa que impactaron en las paredes, sin embargo este Tribunal, si bien la menciona en el numeral tercero de la sección de motivación probatoria no efectúa una valoración descriptiva e intelectiva de la misma, es decir no ha referido si le merece o no valía, medio de prueba que resulta decisivo para calificar el ilícito penal de Allanamiento perpetrado por los encausados y producto de tal omisión ha afirmado erróneamente en el numeral tercero del apartado de fundamentación jurídica lo siguiente: “en relación al caso que nos ocupa, haciendo una valoración de la prueba presentada por el ente fiscal en relación en relación a este delito (allanamiento de morada), ya que J. E. V., manifiesta que la policía llegó a su casa e ingresó a la misma, no es menos cierto que existe una contraindicio en la deposición del señor C. V., quien asegura que J. E. V. llegó a su casa ó machetearte la puerta y agredirlo, y que los agentes policiales llegan a su casa y detienen a E., en tal sentido no podemos enmarcar la conducta de los acusados en este tipo penal”. -Como podrá observarse valoraciones similares a la anterior, se repiten en lo largo del fallo dictado por el juzgador, lo cual se origina por la no consideración del medio de prueba documental, consistente en el acta de inspección hecha en el casa del ofendido y de su simple lectura se desprende, que efectivamente la víctima fue sacado de su casa de habitación, la cual fue objeto de disparos, al extremo de que fue violentado el pasador de la puerta principal y dos reglas de madera de la parte central fueron zafadas, con lo que no cabe ninguna duda que el ofendido en todo momento declaró la verdad, y si el fallo fue absolutorio fue producto de la no consideración del precitado medio de prueba.-Esta apreciación del Tribunal de Sentencia es sobre la cual se centra nuestro reproche recursivo, ya que es la que evidencia el vicio invocado, pues él acta de inspección vinculada con el resto de la prueba aportada, da la certeza de la participación de los acusados en el delito de Allanamiento de Morada, ya que la detención se produjo en la casa del ofendido y no del señor C. V., como presume el ente jurisdiccional, que ha amparado su conclusión en una simple declaración, no estimando el acta de inspección que resulta un medio de prueba idóneo para calificar la conducta de los procesados y que además merece ser considerado por incorporarse legalmente al juicio. En este sentido y siendo que la prueba no considerada por el Tribunal, consistente en el acta de inspección ocular al lugar donde fue detenido el ofendido, hubiera cambiado la conclusión a la que debía arribar el sentenciador en torno a la culpabilidad de los imputados; estimamos que procede casar la presente sentencia, y que si bien no se efectuó reclamación previa alguna a éste momento, es porque el vicio se produjo en el acto mismo de sentenciar.- RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO, ARGUYENDO QUE AL DICTAR UNA SENTENCIA ABSOLUTORIA, EL TRIBUNAL DE INSTANCIA NO HA DEJADO DE CONSIDERAR PRUEBA DE VALOR DECISIVO. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 3) DEL CODIGO PROCESAL PENAL. Esta Sala no se pronuncia sobre el presente motivo, al haber prosperado el que fundando en la infracción de precepto constitucional planteara la Representación del Ministerio Público. SEGUNDO MOTIVO: Al haber dictado el Tribunal de Sentencia un fallo absolutorio inobservó al momento de valorar la prueba, las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el párrafo primero del artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal.-EXPOSICION DEL MOTIVO: Partiendo del razonamiento del Tribunal Sentenciador esgrimido en el fallo que se impugna, El Ministerio Público estima como susceptible de ser censurado por el vicio in procedendo enunciado en la descripción del presente motivo, por cuanto de la prueba evacuada, resulta innegable que se acreditó que los acusados se introdujeron a la casa del ofendido utilizando la fuerza, lo capturaron y lo golpearon, circunstancia esta que es constitutiva de los delitos de Allanamiento de Morada, Lesiones y Detención Ilegal, tal como se evidencia a continuación: J. E. V. P. (ofendido) quien manifestó “el día diecisiete de marzo del año pasado, llegaron dos policías con pasamontañas a su casa rompieron la puerta y haciendo disparos se Introdujeron a su casa lo sacaron a la fuerza y lo llevaron de arrastra hasta la posta policial, ya en ese lugar lo ganaron a patadas, luego le metieron su cabeza en una cubeta de agua, al día siguiente como a las cinco de la tarde el señor P. M., lo sacó de cárcel y lo llevaron al hospital, aduce además que es hermano de C. V. P. y no tiene problema con el.-M. R. V. P.: quien refiere: “que a su hermano lo golpearon y vino en su defensa y no nos podemos quedar callados porque llegaron a media noche a sacarlo de su casa, manifiesta que logró observar desde su casa cuando dos policías empezaron a golpear la puerta, luego la rompieron, empezando la tirazón dentro de la casa, después lo sacaron en calzoncillo llevándoselo a la posta.-Declaró el señor P. M. Q.: Quien expuso: “Que es Juez de Policía del municipio de Atima y que el día 17 de marzo del año pasado lo buscaron dos policías asignados a la posta municipal de Atima, quienes le contaron que recibieron una llamada del Jefe departamental de Policía, para que se presentaran de inmediato a la Jefatura para el traspaso de mando, uno de ellos le entregó la llave de la celda para que sacara a los dos detenidos a las cuatro de la tarde, cuando vino de la municipalidad dejó en libertad a E. y lo llevó a la clínica; declara además, que tiene conocimiento que su hermano C. V. denunció a J. E. V. porque siempre tiene problemas con sus familiares.-Se evacuó mediante lectura autorizada la prueba documental, consistente en el acta de inspección con su respectivo álbum fotográfico, como también los libros de novedades de la posta policial del municipio de Atima, los cuales fueron ratificados por el agente de investigación I. C.; se evacuó también un informe policial de fecha veinticuatro de marzo del dos mil diez, el cual fue ratificado por el jefe de la posta policial del municipio de Atima, M. A. Díaz; se incorporó dictamen pericial psicológico forense No 149-10, ratificado en juicio por el Licenciado O. A., quien concluye que el evaluado J. E. V. P., tiene un retraso mental leve; se evacuo Dictamen Médico Forense No CFSB-055-10, el cual fue ratificado en juicio por el Doctor W. C., quien fuera perito oficial del Ministerio Público, el cual manifiesta que evaluó al ofendido J. E. V. P. en fecha dieciocho de marzo del dos mil diez, haciendo una descripción de las lesiones de la siguiente manera: lesión en la región peri orbitaria de ambos ojos con presencia de equimosis violácea, que compromete los parpados, acompañados de discreto edema, sin compromiso de conjuntivas, ni de su función visual, oreja derecha y región mastoidea del mismo lado, presenta lesión similar, lesiones escoriativas se visualizan en región malar y nasal derecha, con formación de costra serohemáticas y edema. Hay abundante cantidad de lesiones escoriativas que se localizan en ambos hombros, codos, dorso de manos, tórax anterior y abdomen, cadera derecha y ambas rodillas. Concluyendo que las lesiones anteriormente descritas fueron producidas por objeto contuso mediante el mecanismo de percusión y produciendo una incapacidad temporal de doce días a partir del momento del trauma; se evacuó mediante lectura prueba documental consistente en oficio de fecha 17 de mayo donde se adjunta copia de acuerdos de nombramiento y fotografía de los acusados.-El Tribunal le resta valía probatoria a la declaración del ofendido, señalando que la misma presenta inconsistencias, puesto que asegura que los policías que ingresaron a su casa y lo privaron de su libertad andaban tapados su rostro con pasamontañas y aún así los reconoció; al respecto debemos señalar, que esta aseveración no resulta inconsistente, en virtud que si bien la víctima refiere que al llegar a su casa los policías andaban con pasamontañas, pudo reconocerlos una vez que estaba en la posta policial, cuando lo golpearon, ya que ellos son conocidos por la población de ese lugar, al tratarse de un lugar pequeño.-Por otra parte, aunque el ofendido no los hubiera podido reconocer como las personas que ingresaron a su casa sin consentimiento, lo detuvieron y lo golpearon, fueron allegados al proceso otros elementos de prueba que acreditan tal circunstancia, como ser la declaración de la señora M. R. V. P., hermana del ofendido, quien expresa que reconoció a los policías porque ya habían llegado en horas más tempranas a buscar a su hermano; de igual manera, se desprende de la declaración del señor P. M. Q., que los policías L. y el otro muchacho de Apellido V., le pidieron que dejara libre a los dos detenidos que tenía en la posta, porque tenían que ir a Santa Bárbara, lo que evidencia también que fueron los ahora encausados los que participaron en la detención del señor J. E. V.; aunado a ello se encuentra fotocopias debidamente cotejadas del libro de novedades de la Jefatura de Atima, donde se consigna quienes participaron en la detención del ofendido, así como la declaración del agente de policía M. A. D., quien ratificó informe remitido a la Fiscalía de Derechos Humanos. De manera que atendiendo estos aspectos, no resultan válidos los cuestionamientos que efectúa el juzgador en ese sentido, ya que está considerando de forma aislada la declaración del ofendido y no la prueba en su conjunto como exige el sistema de valoración de la sana crítica, vigente en nuestra normativa procesal penal. Asimismo, no puede pretender el Tribunal que la víctima de una agresión por parte de miembros de la policía nacional, esté pendiente de quien hace un disparo o quien lo golpea, pues aplicando las máximas de la experiencia, se debe concluir, que la persona está asustada, y en el caso subjudice, el ofendido ha sido claro en manifestar que los dos policías lo detuvieron y lo golpearon.-Finalmente cabe indicar, que el hecho que la señora M. R. V., testigo ocular de los hechos, no haya referido que a su hermano J. E. se lo llevaron de arrastras, no vuelve la misma contradictoria o inconsistente, como indica el Tribunal, ya que simplemente ella no se pronunció sobre ese aspecto, que nada tiene que ver, con que el ofendido haya andado en calzoncillo.-En el dictamen médico forense practicado al ofendido se concluye: que las lesiones descritas fueron producidas por objeto confuso mediante el mecanismo de percusión y produciendo una incapacidad temporal de doce días a partir del momento del trauma; en el dictamen se describe también que la víctima presenta una contusión fricción, exponiendo que es “cuando una persona hace contacto con una superficie áspera y al mismo tiempo ese contacto no solamente es directo, sino que es sostenido y progresivo, provocando las excoriaciones que se describen.”: sin embargo el juzgador en la valoración que hace de este medio de prueba en su fundamentación jurídica, numeral segundo, manifiesta lo siguiente” si bien es cierto, existe un dictamen médico forense en el que concluye la existencia de lesiones en la humanidad de J. E. V. P., nos quedó la duda en base a la prueba testifical quien produjo las lesiones, si las mismas fueron causadas por los hoy acusados ó si fueron producto de la riña entre E. y su hermano C. V. y de acuerdo a esta premisa no se logró demostrar en juicio que la conducta externado por los acusados en los hechos, se vea mas enfocadas al cumplimiento de un deber y no cometer algún ilícito, esto en razón de que al valorar la prueba objetivamente nos lleva a esa conclusión de acuerdo a la experiencia común que nos permite saber como normalmente suceden las cosas”. Nuevamente el Tribunal arriba a conclusiones erradas, al apreciar de manera aislada las probanzas allegadas al juicio, señalando que existe duda sobre si las lesiones ocasionadas al señor J. E. V., son producto de una riña con su hermano o efectivamente las causaron los policías imputados, cuando resulta claro al relacionar la declaración de la víctima, que dice que los procesados “lo llevaron de arrastras a la posta policial”, con el resultado de la supraindicada pericia, donde indica el forense “que las excoriaciones que presenta el ofendido se producen cuando una persona hace contacto con una superficie áspera y al mismo tiempo ese contacto no solamente es directo, sino que es sostenido y progresivo” que las lesiones las produjeron los enjuiciados, ya que ambos medios de prueba se tornan coherentes entre sí.-Se evacuó el medio de prueba dictamen pericial psicológico forense No 149- 10, el cual fue ratificado por el licenciado O. A., quien concluye que el ofendido tiene un retraso mental leve, no obstante esta apreciación el dictamen es concluyente al destacar “Que el evaluado no sufre de ninguna alteración lo que significa que puede recordar y comunicar cualquier acontecimiento experimentado”; medio de prueba pericial que sin ninguna duda da mas valor a la declaración del ofendido y con lo cual se demuestra que este en todo momento dijo la verdad sobre la forma en que se dieron los hechos.-La defensa por su parte presentó como testigo al señor C. V. P., quien declaró” Que comenzó el pleito con su hermano E. V., como a las once de la noche por un reclamo que no le diera drogo al niño, lo empujó y le dio con el machete a la puerta, luego le pegó una pedrada y lo agarró con un leño, luego se fueron al suelo, le pegó varios golpes, se tiró por la ventana y llamo a la policía, cuando la policía llegó E. le tenia cabal agarrado del cuello, entonces llegaron ellos, y cuando vieron que ellos llegaron sobre él, se fue y sacó el machete y se opuso con ellos, ellos hicieron unos disparos a tierra, entonces vinieron ellos yo no se como él pego carrera, pero lo capturaron a él, y le quitaron el machete pero se agarró con ellos, lo capturaron y se lo llevaron para la posta. Al analizar la declaración dada por este testigo, se evidencia que la misma no resulta creíble, en virtud que al confrontarlo con el resto del acerbo probatorio, no encuentra sustento, pues manifiesta el deponente que el señor E. V. “le pegó una pedrada, y lo agarró con un leño”, sin embargo no se presentó en juicio dictamen médico alguno que confirmara la versión de este testigo; de igual manera este refiere que los policías hicieron disparos a la tierra, lo cual no resulta coincidente con el acta de inspección realizada en la cosa de la víctima, pero si siendo coincidente con lo declarado por la señora M. R. V., quien relata que los imputados hicieron disparos a las paredes. Finalmente falta a la verdad incluso en cuanto al lugar donde se fue detenido el ofendido, ya que este afirma que fue en su casa y que J. E. le macheteo la puerta y del resto de elementos de prueba se determina que fue en la vivienda de su hermano E. Tomando en consideración lo anterior, siendo que existe una supuesta denuncio por parte de este declarante contra el ofendido y que fue consignada en el Libro de Novedades de la Policía, esta no merece credibilidad, ya que más bien parece una coartada para favorecer a los encausados.-Sobre el particular, el jurista José I. Cafferrata Nores, en su libro La Prueba en el Proceso Penal, establece lo siguiente: “2) con relación a la sinceridad del testimonio, son de significativa importancia las siguientes consideraciones: A) Es preciso descubrir si no hay algún interés que pueda influir sobre la voluntad del deponente (v.gr., conveniencia, soborno), u otras circunstancias que influyendo en su ánimo (v.gr., relación de familia, afecto, odio, etc.) puedan hacerlo apartar, conciente o inconcientemente, de la verdad. También será importante verificar sus hábitos en relación con su sinceridad y franqueza. B) El control interno de la declaración es sumamente eficaz para evaluar la veracidad del testigo. El relato dubitativo (“me parece...”), contradictorio, o producido por medio de un “discurso premeditado”, puede resultar sospechoso. Se ha desconfiado tradicionalmente de los testigos que “no indican la causa de su conocimiento”, o que “resultan mendaces en alguna parte de sus declaraciones, y de ahí la regla de razón natural: “ Mendaz in uno, mendaz in totum” (El que es mentiroso en una parte, será mentiroso en todo)”. 3) Será necesario, además, luego de la valoración individual de cada testimonio, cotejarlo con el resto de las pruebas reunidas, a fin de lograr una correcta evaluación de su eficacia probatoria”.Del razonamiento del Tribunal en el apartado de valoración probatoria, resulta el vicio denunciado al vulnerar la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, cuando el juzgador no logró derivar de las mismas la culpabilidad de los imputados, valorándola en forma parcial y arbitraria, como ya se demostró anteriormente. Si bien es cierto el juez penal tiene la potestad de valorar la prueba conforme a las reglas de la Sana Crítica racional, que reconocen su discrecionalidad, le someten a criterios objetivos, que nos permiten librarnos de valoraciones arbitrarias o erróneas. Desde luego, la arbitrariedad o el error pueden darse, como en el presente caso, tanto al rechazar indebidamente elementos de convicción pertinentes, como al atribuir a las pruebas recibidas un contenido inexacto, en síntesis, al violar los principios de la sana crítica conducentes a una correcta determinación de la verdad de los hechos relevantes del caso. En efecto, con sobradas razones como las expuestas, se concluye que el Tribunal de Sentencia recurrido ha infringido las reglas del recto entendimiento humano en la valoración de las pruebas y, como consecuencia de ello, ha absuelto a los procesados en a parte dispositiva de la sentencia.-Es por ello que la decisión tomada por el Tribunal de Sentencia resulta equívoca como resultado de una mala valoración de la prueba evacuada en el debate, y por ende la decisión arribada por el A quo, indudablemente como se ha venido indicando, transgrede la regla lógica de la Derivación en su apartado de Suficiencia, pues del proceso intelectivo de la valoración de la prueba de cargo sólo se puede inferir la culpabilidad de los procesados; por ende el Ministerio Público como recurrente es del firme criterio que se violentó en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica que debe observar el juzgador al momento de valorar la prueba, infringiendo en tal sentido lo dispuesto en el articulo 202 del Código Procesal Penal, en virtud que el ente jurisdiccional omitió valorar la prueba de una manera armónica y concatenada, lo cual ha provocado la creación de un vicio procesal que debe ser enmendado mediante la sentencia que resuelva con lugar el presente recurso de casación. En este sentido y siendo que las pruebas ofertadas, admitidas y evacuadas por el ente acusador generan certeza de culpabilidad de los procesados y evidencian su participación en los delitos de Allanamiento de Morada, Detención Ilegal y Lesiones que persigue el Ministerio Público; por lo cual estimamos que procede casar la presente sentencia, y que si bien no se efectúa reclamación previa alguna a éste momento, es porque el vicio se produjo en el acto mismo de sentenciar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO. Me fundo en los artículos 82 y 90 párrafo primer de la Constitución de la República, artículos 1, 12, 199, 359, 361, 362 numeral segundo, 363 y 364 del Código Procesal Penal.” RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO, ARGUYENDO QUE AL DICTAR UNA SENTENCIA ABSOLUTORIA, EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA INOBSERVADO LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA EN EL PROCESO DE VALORACION DE LA PRUEBA. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 3) PARRAFO IN FINE DEL CODIGO PROCESAL PENAL. Esta Sala no se pronuncia sobre el presente motivo, al haber prosperado el que por infracción de precepto constitucional formulara la representación del Ministerio Público. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361 y 362, numerales 2 y 3 del Código Procesal Penal.- FALLA: I.- DECLARANDO CON LUGAR EL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, en su único motivo formulado por la Representación del Ministerio Público; II.- CASANDO LA SENTENCIA ABSOLUTORIA IMPUGNADA, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara en fecha tres de junio de dos mil once; III.- DECLARANDO LA NULIDAD DEL JUICIO en que se pronunció; IV.- ORDENANDO QUE SE RETROTRAIGAN LAS ACTUACIONES hasta el momento en que se celebró audiencia para la proposición de pruebas, inclusive (Folio No. 24 en adelante). Y MANDA: I.- Que se practiquen nuevamente las actuaciones y el juicio anulados con Jueces distintos a los que participaron en los mismos, II.- Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de origen, para que proceda con arreglo a Derecho.- MAGISTRADO PONENTE: CALIX VALLECILLO.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida a solicitud del Abogado S. C. A., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de agosto del año dos mil catorce.- Certificación de la sentencia de fecha veintinueve de abril del año dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-372-2011.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Sobre la pertinencia y otros presupuestos para la admisibilidad de la prueba, vid. DE DIEGO DIEZ, ALFREDO, en Los Medios de Prueba, Cuadernos de Estudios Judiciales “RAFAEL ALVARADO MANZANO”, Liticom, Tegucigalpa, 2001, pág. 20 y ss.

[2] Vid. artículos 17 No. 1), 25 y 92 del Código Procesal Penal.