Sentencia CP-346-10 — Registro 3702
Resumen
Se absolvió en primer instancia al imputado por el delito de facilitación de droga
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Esta Sala considera pertinente recordar que la causal invocada por el Censor resulta operativa cuando la Sentencia excluye indebidamente una prueba (expresamente la rechaza sin consignar las razones de esa decisión o se le considera ilícita sin serlo), o la resolución no la considera (omite toda referencia a ella). El vicio refleja entonces la Infracción de los Artículos: a) 202 del CPP, que impone al Juzgador la obligación de formar su convicción de la valoración conjunta y armónica de toda la prueba; b) 336 del CPP que señala que el Tribunal solo tendrá en cuenta las pruebas ejecutadas en el debate, las que serán apreciadas en su conjunto; y c) 338 CPP sección cuarta, numeral 2, que manda al Órgano Jurisdiccional justificar el valor que haya dado a las pruebas practicadas durante el juicio. Es decir, el Tribunal de Sentencia tendrá la obligación de pronunciarse sobre la eficacia conviccional que le generan las pruebas rendidas, de tal suerte que si excluye arbitrariamente alguna de ellas o simple y sencillamente deja de mencionarla y consecuentemente valorarla, estaríamos ante la presente infracción, ya que en virtud de los Principios de Verdad Real, Defensa y Contradicción, el Juez debe servirse de las pruebas recibidas en el debate para fundamentar su fallo. No se observaría la infracción en el caso de que el Tribunal exponga las razones por las cuales rechaza la prueba y esa exclusión es correcta, y aun si la prueba hubiese sido valorada de forma desacertada, por lo que en ambos supuestos debe rechazarse el motivo (en el segundo caso, la vía impugnativa correcta es la que se funda en la inobservancia de las reglas de la sana crítica en el proceso de valoración de la prueba)[1]. 3) En el caso bajo examen, el objeto central de la controversia radica en el hecho de que el A-quo descartó del proceso valorativo, al Acta de Inspección Ocular ( Folios 50 al 58), , al considerar que el Allanamiento practicado en la vivienda del imputado J. A. S. M. resultó ILEGAL o ILÍCITO, debido a que dentro del legajo probatorio que presentara el ente acusador, no se encontraba la respectiva Acta de Allanamiento (Folio 37), por tanto no solamente consideró ilícito el allanamiento, sino que igualmente inválidas todas las actuaciones policiales y evidencias recolectadas que surgieron del mencionado registro. Es oportuno establecer que si bien el Sentenciador expuso los motivos que le llevaron a declarar ilegal el allanamiento practicado en el domicilio del imputado, y por tanto excluir de valoración las pruebas que se desprendieran del mismo, tales argumentos y explicaciones no son compartidas por este Tribunal de Casación. El allanamiento de morada constituye una limitación excepcional al derecho fundamental a la Inviolabilidad del Domicilio que consagra el artículo 99 de la Constitución al establecer que : “El domicilio es Inviolable. Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente.” La inviolabilidad del domicilio garantiza la intimidad de la persona y el libre desarrollo de su personalidad en el ámbito más puro de la privacidad. Ahora bien, el Derecho a la Intimidad y a la Inviolabilidad del Domicilio tiene unas excepciones muy bien determinadas, que facultan la entrada en el mismo a las autoridades policiales o de investigación. Estos casos son el consentimiento del titular del domicilio, la existencia de un flagrante delito que se esté cometiendo dentro del domicilio y una resolución judicial motivada que autorice la entrada y registro de una vivienda. El consentimiento o la conformidad implica un estado de ánimo concreto en virtud del cual la persona interesada, ante la situación también concreta que las circunstancias presenten, accede al registro porque soporta, permite, tolera y otorga, inequívocamente, que ese acto tenga lugar. Se trata en suma de una aprobación, una aquiescencia, un asentimiento, una licencia o una venia que soslaya cualquier otra exigencia procedimental[2]. En el caso sometido a juzgamiento, se evacuó como medio de prueba documental la denominada “Autorización” (F 38)” en la cual, el encartado J. A. S. M. permite a los Agentes de Investigación Criminal que realicen las pesquisas pertinentes en su casa de habitación, autorización que en ningún momento fue cuestionada por el encartado S. M., puesto que a lo largo del proceso no denunció haber sido coaccionado para autorizar el ingreso, que desconocía su contenido, o que no reconocía como suya la rúbrica que aparece en el documento, por lo que dicha AUTORIZACIÓN tiene toda la validez legal para confirmar y acreditar, que no existió Violación a la Garantía Constitucional del Domicilio, en tal sentido, el ingreso efectuado en la vivienda del imputado, así como todas las diligencias posteriores realizadas por los entes de investigación, se presentan hasta este momento procesal como válidas. Por todas las razones anteriormente expuestas el presente motivo formulado por la Representación del Ministerio Público ha de ser estimado..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cuatro días del mes de febrero de dos mil catorce, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS CARLOS DAVID CÁLIX VALLECILLO en su calidad de Coordinador, MARCO VINICIO ZÚNIGA MEDRANO y JACOBO ANTONIO CÁLIX HERNÁNDEZ, dicta Sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiséis de abril de dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: 1º.-DECLARANDO LA NULIDAD absoluta de actuaciones del Allanamiento de Morada practicado en la casa de habitación del señor J. A. S. M..- 2º.-ABSOLVIENDO al Señor J. A. S. M., del delito de FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRÁFICO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE HONDURAS.- 3º.-NO CONDENÓ en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio; asimismo no declaró la Responsabilidad Civil del acusado. – Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, el Abogado R. M. A. U., en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público.- SON PARTES: La abogada Y. M. M. L. en Representación del Ministerio Público, como recurrente y el Abogado P. F. E. L., en su calidad de Apoderado Defensor del imputado, como recurrido. DECLARACIÓN DE HECHOS PROBADOS 1.-El día viernes seis de febrero del año dos mil nueve, aproximadamente a las seis de la mañana se hizo un ingreso por parte de agentes de la Dirección General de Investigación Criminal a la vivienda del señor J. A. S. M., ubicada en el Barrio Casamata, Callejón La Esperanza, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, donde se encontró un envoltorio de polvo blanco, que al ser periciado resultó ser cocaína con un peso de siete punto ochenta y cinco gramos (7.85gr). 2.-Para ingresar a la vivienda los agentes de investigación obtuvieron la autorización del señor J. A. S.-M..” C O N S I D E R A N D O I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por el Abogado R. M. A. U., en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, es admisible en tanto que reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que ahora debemos pronunciarnos sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- EL RECURRENTE ABOGADO R. M. A. U., EN SU CONDICIÓN DE FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, PROCEDIÓ A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, DE LA MANERA SIGUIENTE:” EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS PRIMER MOTIVO: El sentenciador excluyó prueba de valor decisivo en la litis, dando como resultado la absolución del acusado J. A. S. M..- PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal.-EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El Precepto penal adjetivo que se invoca como infringido por adolecer la sentencia de vicios in procedendo, es el que a continuación se transcribe: Artículo 362 numeral 2: “Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de esta Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. (Lo resaltado es nuestro).-En el caso de autos el Tribunal Sentenciador estableció como hechos probados lo siguiente: “1. El día viernes seis de febrero de año dos mil nueve, aproximadamente a las seis de la mañana se hizo un ingreso por parte de agentes de la Dirección General de Investigación Criminal a la vivienda del señor J. A. S. M., ubicada en el Barrio Casamata, callejón la Esperanza, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, donde se encontró un envoltorio de polvo blanco, que al ser periciado resultó ser cocaína con un peso de siete punto ochenta y cinco gramos (7.85 gr).2. Para ingresar a la vivienda los Agentes de investigación obtuvieron la autorización del señor J. A. S. M..” Partiendo de estos hechos declarados probados en la sentencia, se infiere, que el Juzgador de la prueba evacuada en el debate, llegó a la convicción de que se hizo un ingreso por parte de los agentes de la Dirección General de Investigación Criminal al domicilio del imputado, que se encontró un envoltorio de polvo blanco que al ser periciado resultó ser cocaína y que para efectuar dicho ingreso se obtuvo la autorización del inculpado.-Es así que al examinar el factum de la sentencia y el alcance de su contenido, como también las probanzas que sirvieron de fundamento al mismo y el basamento jurídico del fallo censurado, se concluye claramente que el Tribunal de Sentencia recurrido EXCLUYÓ PRUEBA DE VALOR DECISIVO, como ser: a) Acta de Inspección Ocular N°0424-09 de fecha seis (6) de febrero del año dos mil nueve (2009).A criterio del Juzgador, esta prueba documental denominada número dos, no se valoró por derivar de prueba ilícita. (Ver numeral tercero del apartado de la valoración de la prueba. Como se puede apreciar, este medio de prueba ni siquiera fue valorado de manera intelectiva por el juzgador, en otras palabras lo excluyó. Sin embargo, a juicio del ente acusador, el mismo medio de prueba reviste singular importancia para la resolución de la causa, pues si bien se admite que por una omisión de la Fiscal de Debate no se incorporó en la vista pública el Acta del Allanamiento practicado en la vivienda del encausado, no se puede negar que si se incorporó de manera valida y legal el Acta de Inspección Ocular arriba descrita, que dicho sea de paso, fue ratificada en el juicio oral y público y reconocida la firma estampada en dicha acta como suya por el Técnico de Inspecciones Oculares, J. M. C., de tal suerte que al examinar su contenido se evidencia, que el objetivo principal era únicamente la localización de posible droga en el lugar, además en ella se detalla la fecha y hora en que se llevó a cabo la inspección, que fue notificado por la Coordinadora del grupo Carmen Sánchez de la existencia de un allanamiento en el Barrio La Cabaña de Tegucigalpa, callejón la Esperanza, casa # 1549, la hora en la que llegaron a la mencionada dirección, autoridades que se hicieron presentes al lugar, las características del inmueble, el llamado que se realizó para que se abriera la puerta del mismo, describe que se autorizó por su propietario el ingreso al interior de la casa y que para poderla requisar se utilizó el método por cuadrantes (del 1° al 9°),encontrando en el cuadrante N°3, entre otras cosas, una cómoda de madera color café de cinco gavetas que fue requisado de manera minuciosa localizando en el interior de la gaveta dos de la cómoda, un bolso pequeño color verde marca clinique que en su interior contiene residuos de hierba seca supuesta marihuana. En el cuadrante N°4, (pasillo localizado en el extremo lateral izquierdo) se requisó sobre una mesa de madera color café una balanza de plástico color negra marca Maxi Matic, un bote de plástico color amarillo, conteniendo en su interior veinte envoltorios plásticos amarrados con hule de color negro cada uno conteniendo un polvo blanco supuestamente droga, terminando la requisa a las 8:20 a.m. y los indicios recolectados en la escena fueron debidamente embalados y remitidos a la fiscalía de turno mediante cadena de custodia a través de los agentes encargados del caso.-De lo anterior se desprende, que si bien es cierto no se contó con el acta de allanamiento, si se cuenta con el Acta de Inspecciones Oculares, que respalda el hallazgo de la evidencia (polvo blanco que resultó ser cocaína en una cantidad de 7.85 gr.), que la droga fue recolectada en la vivienda del enjuiciado, que en ningún momento se han vulnerado garantías constitucionales por que el propio acusado autorizó su ingreso al interior de la casa, y la fecha el lugar y la hora en la que se incautó la droga. En otras palabras, se consignaron detalles pormenorizados como ser situaciones de tiempo y lugar, las personas o autoridades que se hicieron presentes, la evidencia que se recolectó, los actos que ahí se realizaron, la autorización del ingreso al inmueble, de tal manera que nos encontramos ante una prueba totalmente lícita porque de dicha probanza se desprende o se sabe el origen de la prueba recolectada, cumpliendo la finalidad del acta de allanamiento que señaló el Tribunal en el Numeral tercero y cuarto del fallo que se impugna, como es, “controlar las actuaciones de los diferentes órganos policiales o de investigación que tomaron parte en dicha actividad, y al mismo tiempo, hacer constar los indicios, pruebas y /o elementos relacionados con el asunto que motivó el allanamiento de determinada morada”.-Por todo lo anterior estimamos, que si bien es cierto él A quo, tiene la potestad de valorar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica racional, que reconocen su discrecionalidad y le someten a criterios objetivos, que nos permiten librarnos de valoraciones arbitrarias o inconsistentes; en el presente caso el Juzgador ha actuado arbitrariamente, al excluir la prueba recibida y citada anteriormente, cuyo contenido es decisivo para la decisión del presente asunto y al haberla excluido el Tribunal, hace que se emita un fallo incorrecto y lejos del esclarecimiento de la verdad, que es el fin del proceso penal. Conforme a lo expuesto se concluye, que nuestra prueba es fuerte para lograr la pretensión acusatoria y que al considerarla ilícita los sentenciadores recurridos, han incurrido en error in procedendo, pues de haberlas apreciado de la manera en que lo hemos expuesto, indiscutiblemente habrían determinado que el encausado J. A. S. M., es responsable del delito objeto de investigación, tal como se ha dejado demostrado, pues basta hacer una inclusión mental hipotética en el caso de la prueba excluida en el caso que nos ocupa y se reflejara que el fallo hubiese sido diferente por lo cual estimamos que procede casar la presente sentencia, y que si bien no se efectuó reclamación previa alguna a éste momento, es porque el vicio se produjo en el acto de sentenciar.” III.- RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA REPRESENTACION DEL MINISTERIO PÚBLICO, DENUNCIANDO QUE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA EXCLUYO PRUEBA DE VALOR DECISIVO EN LA LITIS.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362.2 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. 1) El Censor cuestiona que no fue objeto de valoración el Acta de Inspección Ocular a pesar de que dicha prueba resulta de particular importancia para acreditar los hechos objeto de juzgamiento. El Juzgador justificó su exclusión al estimar que en el allanamiento practicado en la vivienda del imputado en cuyo transcurso se le capturó, vulneró del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, habida cuenta que el Representante del Ministerio Público no presentó en juicio el acta de allanamiento respectiva, lo que torna ilegal el ingreso domiciliario antes referido, así como todo aquello que es consecuencia del mismo, entre ellos la referida acta de inspección. El Censor alega que si bien es cierto que se no se presentó el acta de allanamiento, si se aportó al juicio el acta de Inspección, documento del cual se puede extraer la misma información esencial que debe contener un acta de allanamiento, es decir, el lugar, la fecha, personas que participaron en el ingreso, evidencias encontradas etc., concluyendo que el Sentenciador excluyó indebidamente un medio de prueba de importancia relevante y decisiva para la acusación. 2) Esta Sala considera pertinente recordar que la causal invocada por el Censor resulta operativa cuando la Sentencia excluye indebidamente una prueba (expresamente la rechaza sin consignar las razones de esa decisión o se le considera ilícita sin serlo), o la resolución no la considera (omite toda referencia a ella). El vicio refleja entonces la Infracción de los Artículos: a) 202 del CPP, que impone al Juzgador la obligación de formar su convicción de la valoración conjunta y armónica de toda la prueba; b) 336 del CPP que señala que el Tribunal solo tendrá en cuenta las pruebas ejecutadas en el debate, las que serán apreciadas en su conjunto; y c) 338 CPP sección cuarta, numeral 2, que manda al Órgano Jurisdiccional justificar el valor que haya dado a las pruebas practicadas durante el juicio. Es decir, el Tribunal de Sentencia tendrá la obligación de pronunciarse sobre la eficacia conviccional que le generan las pruebas rendidas, de tal suerte que si excluye arbitrariamente alguna de ellas o simple y sencillamente deja de mencionarla y consecuentemente valorarla, estaríamos ante la presente infracción, ya que en virtud de los Principios de Verdad Real, Defensa y Contradicción, el Juez debe servirse de las pruebas recibidas en el debate para fundamentar su fallo. No se observaría la infracción en el caso de que el Tribunal exponga las razones por las cuales rechaza la prueba y esa exclusión es correcta, y aun si la prueba hubiese sido valorada de forma desacertada, por lo que en ambos supuestos debe rechazarse el motivo (en el segundo caso, la vía impugnativa correcta es la que se funda en la inobservancia de las reglas de la sana crítica en el proceso de valoración de la prueba)[1]. 3) En el caso bajo examen, el objeto central de la controversia radica en el hecho de que el A-quo descartó del proceso valorativo, al Acta de Inspección Ocular ( Folios 50 al 58), , al considerar que el Allanamiento practicado en la vivienda del imputado J. A. S. M. resultó ILEGAL o ILÍCITO, debido a que dentro del legajo probatorio que presentara el ente acusador, no se encontraba la respectiva Acta de Allanamiento (Folio 37), por tanto no solamente consideró ilícito el allanamiento, sino que igualmente inválidas todas las actuaciones policiales y evidencias recolectadas que surgieron del mencionado registro. Es oportuno establecer que si bien el Sentenciador expuso los motivos que le llevaron a declarar ilegal el allanamiento practicado en el domicilio del imputado, y por tanto excluir de valoración las pruebas que se desprendieran del mismo, tales argumentos y explicaciones no son compartidas por este Tribunal de Casación. El allanamiento de morada constituye una limitación excepcional al derecho fundamental a la Inviolabilidad del Domicilio que consagra el artículo 99 de la Constitución al establecer que : “El domicilio es Inviolable. Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente.” La inviolabilidad del domicilio garantiza la intimidad de la persona y el libre desarrollo de su personalidad en el ámbito más puro de la privacidad. Ahora bien, el Derecho a la Intimidad y a la Inviolabilidad del Domicilio tiene unas excepciones muy bien determinadas, que facultan la entrada en el mismo a las autoridades policiales o de investigación. Estos casos son el consentimiento del titular del domicilio, la existencia de un flagrante delito que se esté cometiendo dentro del domicilio y una resolución judicial motivada que autorice la entrada y registro de una vivienda. El consentimiento o la conformidad implica un estado de ánimo concreto en virtud del cual la persona interesada, ante la situación también concreta que las circunstancias presenten, accede al registro porque soporta, permite, tolera y otorga, inequívocamente, que ese acto tenga lugar. Se trata en suma de una aprobación, una aquiescencia, un asentimiento, una licencia o una venia que soslaya cualquier otra exigencia procedimental[2]. En el caso sometido a juzgamiento, se evacuó como medio de prueba documental la denominada “Autorización” (F 38)” en la cual, el encartado J. A. S. M. permite a los Agentes de Investigación Criminal que realicen las pesquisas pertinentes en su casa de habitación, autorización que en ningún momento fue cuestionada por el encartado S. M., puesto que a lo largo del proceso no denunció haber sido coaccionado para autorizar el ingreso, que desconocía su contenido, o que no reconocía como suya la rúbrica que aparece en el documento, por lo que dicha AUTORIZACIÓN tiene toda la validez legal para confirmar y acreditar, que no existió Violación a la Garantía Constitucional del Domicilio, en tal sentido, el ingreso efectuado en la vivienda del imputado, así como todas las diligencias posteriores realizadas por los entes de investigación, se presentan hasta este momento procesal como válidas. Por todas las razones anteriormente expuestas el presente motivo formulado por la Representación del Ministerio Público ha de ser estimado. IV.- CONTINÚA MANIFESTANDO EL RECURRENTE EN EL SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN: “Adolecer la sentencia proferida de motivación jurídica contradictoria”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal.- EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La motivación para ser lógica debe responder a las leyes del entendimiento humano, con la especial característica de ser coherente, es decir constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, debiendo para ello ser congruente, no contradictoria e inequívoca, por manera que no se le permite al juzgador entrar en juicios inconciliables, esto es, contradictorios entre lo relatado en los hechos probados, lo afirmado o expresado en la valoración, ni con lo manifestado en los juicios de fundamentación jurídica, pues ya el artículo 141 del Código Procesal Penal, nos aclara que en realidad, motivación y fundamentación son la misma cosa.- El vicio que hoy se alega se pone de manifiesto en la sentencia proferida, cuando se denota por parte del Juzgador irrespeto al principio de coherencia, al no existir congruencia en el contenido de la sentencia que constituye un todo armónico, en virtud de haber entrado el Tribunal en juicios inconciliables, es decir contradictorios, en lo relatado en los hechos fácticos, los juicios de la valoración probatoria y la fundamentación jurídica del fallo.-Ello es así, pues basta con examinar lo esgrimido por el Juzgador al momento de emitir la sentencia de mérito, específicamente en lo establecido en el correlato fáctico (hechos probados) y en el numeral tercero, último párrafo del apartado de la valoración probatoria, vicio in procedendo que se explica así: El artículo 338, en su cuarta parte, numeral 2, del Código Procesal Penal, ordena que los jueces deben expresar las pruebas tenidas en cuenta para fijar los hechos probados justificando según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio.-En el presente caso se observa, que el tribunal tiene como probado y cierto que para ingresar a la vivienda los agentes de investigación obtuvieron la autorización del acusado, señor J. A. S. M. sin embargo, en el numeral tercero, último párrafo del apartado de la valoración probatoria, a criterio del sentenciador la prueba documental número uno denominada Autorización de ingreso a una vivienda firmada por J. A. S. M., en la cual no consta fecha y hora de su realización, “no se valora por derivar de una prueba ilícita”.- De lo anterior se aprecia, que el Tribunal recurrido entró en juicios inconciliables y contradictorios, pues de la única probanza por medio de la cual pudo haber arribado al segundo hecho probado, lo constituye indudablemente la prueba documental contenida en el numeral tercero del apartado de la valoración probatoria, denominado “autorización de ingreso a una vivienda firmada por J. A. S. M.”, prueba ésta que como ya se expresó, no se valoró por el juez porque según él, se deriva de una prueba ilícita, lo que consecuentemente produce el vicio denunciado, ya que la Sala Sentenciadora tomó en consideración un elemento probatorio que ella misma lo estimó ilícito o ilegítimo.-Por otro lado, se comenta, que el sentenciador tanto en la valoración probatoria, como en la fundamentación jurídica, refiere en algunos apartados un allanamiento de morada, y por si fuera poco, en la parte resolutiva declaró la nulidad absoluta de actuaciones del “allanamiento de morada practicado en la casa de habitación del señor J. A. S. M. y de la prueba que se deriva directamente de él por infracción de garantías constitucionales...”, sin embargo, se estima, que al no presentarse en juicio el acta que acredite tal diligencia, resulta innecesario y hasta contradictorio que decrete dicha nulidad, pues hasta el mismo Tribunal en el numeral quinto de la fundamentación jurídica admite que sin la existencia del acta exigida por la ley procesal, no se puede constatar la situación en la que se desarrolló dicha actividad investigativa.- Por lo tanto, presentando la sentencia estas inconsistencias; él A quo produjo como consecuencia, que el fallo proferido no resultara coherente, es decir constituido por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, no contradictorios e inequívocos, por ende estas falencias en la sentencia nos conducen indefectiblemente a patentizar el vicio que ahora se reprocha.- En resumen, por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido previamente efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio; no obstante solicitamos que se case el fallo recurrido y se proceda conforme a derecho corresponde.” V.- RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, INTERPUESTO POR LA REPRESENTACION DEL MINISTERIO PÚBLICO DENUNCIADO QUE EL FALLO PROFERIDO ACUSA UNA MOTIVACIÓN JURÍDICA CONTRADICTORIA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362.3 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. Esta Sala no se pronuncia sobre el presente motivo, en virtud de haber prosperado el Primer Motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma, formulado por la Representación del Ministerio Público. POR TANTO: La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre del ESTADO DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 82, 90, 99, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 212, 359, 360, 361, 362.2 y 369 del Código Procesal Penal; FALLA: 1) Declarando CON LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Primer Motivo interpuesto por el Abogado R. M. A. U. en su condición de Representante del Ministerio Público, contra la sentencia dictada en fecha veintiséis de abril de dos mil diez por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa; 2) Casa la sentencia y declara la nulidad del debate en que se pronunció.- Y MANDA: I.- Que se repita el debate con un Tribunal integrado por Jueces distintos a los que conocieron el juicio anulado. II.- Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a Derecho.- REDACTÓ EL MAGISTRADO CÁLIX VALLECILLO.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil catorce.- Certificación de la sentencia de fecha cuatro de febrero del año dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-346-2010.
LUCILA CRUZ MENENDE
SECRETARIA GENERAL
[1] Vid. Cuellar Cruz, Rigoberto. Fernández Entralgo, Jesús. Gomez Colomer, Juan Luis y otros. Derecho Procesal Penal de Honduras (Manual Teórico-Práctico) Agencia Española de Cooperación Internacional. Tegucigalpa Honduras, Año 2004. Páginas 596 y 597
[2] Climent Duran Carlos. La Prueba Penal, Segunda Edición, Tomo II. (Ref. Sentencia del Tribunal Supremo Español del 27 de abril de 1998) Páginas 1284 y 1285.